No más colonialismo europeo: a
congelar el Tratado de Asociación con la UE
A los parlamentarios
europeos que nos visitan en nombre de los negocios del empresariado europeo, les informamos que la nueva constitución fue
la respuesta ofrecida por el sistema institucional, a la revuelta popular
iniciada el 18 de octubre de 2019 demandando una asamblea constituyente. El pueblo
constituyente a su vez observa y participa de este proceso. Es un alarde de colonialismo puro y duro, pretender
dejar amarrada la aprobación del nuevo TLC con la Unión Europea antes que ese
proceso llegue a su término y establezca las nuevas reglas. Esto ocurre además
a 2 meses de una elección presidencial.
La
vergonzosa injerencia de estos convidados de piedra, desmiente desde ya el contenido del anexo vigente sobre Derechos Humanos del tratado de asociación
con la Unión Europea. Seguir negociando en secreto y a espaldas del pueblo con el
gobierno negacionista de Sebastián PIñera que violó sistemáticamente los DDHH,
es una práctica inaceptable. Reiteramos que los sectores más impactados por
este tipo de acuerdos jamás han sido consultados (pueblos indígenas, y
campesinos).
El
hermetismo que rodeó esta visita es similar al de todas las negociaciones de
tratados de libre comercio, conocidos en detalle sólo tras su firma. Los llamados
Cuartos Adjuntos son espacios de información dosificada, no de participación.
No queremos más de eso. Sabemos que para Chile hay poca o ninguna ventaja, y en
cambio para la UE esto sigue siendo un negocio redondo para sus exportaciones de
automóviles, maquinarias y medicamentos y asegurar una matriz energética
diferente y con electromovilidad. Los europeos verán alimentos del sur en su
mesa, pero no querrán ver, en cambio, los impactos de la extracción masiva del litio
desde los salares ubicados en comunidades de pueblos indígenas, o del avellano
europeo cultivado con plaguicidas peligrosos que generan cáncer y
contaminación, o la celulosa y los monocultivos de palta que han secado y
contaminado territorios de los pueblos a lo largo del país.
La UE ha
puesto sobre la mesa 24 propuestas con capítulos cuyos nombres son similares a
los del Tratado Transpacíifico, TPP11, y
tratan dela protección de las inversiones, la solución de diferencias
(controversias), la propiedad intelectual, y los obstáculos técnicos al
comercio entre otros temas. Chile sólo presentó 8 propuestas. La UE reconoce en
sus análisis que los beneficios serán “modestos” para la economía chilena. Y que
existirán impactos en las pymes, las mujeres, sector rural, minería,
construcción y turismo.
¿Nos traen trabajo?
Nos hablan
de trabajo y desarrollo. Pero la
Fundación Sol estableció que el trabajo sólo existe al inicio de los
proyectos, y la curva cae junto con el
patrimonio ecológico. A ello se sumará cada vez más la robotización, disminuyendo
el empleo. El 49,6% de la fuerza de
trabajo en Chile ya se desempeña en zonas de sacrificio. La minería es el sector
con más subcontratación y en las actividades
agrícolas, ganadería, silvicultura y pesca propiciadas por este tratado, la
precarización es evidente: un 11,8% no tiene contrato de trabajo.
En plena
crisis ecológica planetaria, este tratado no incorpora ningún sistema de
obligaciones para el inversor respecto de los impactos ambientales que genere y
de la consiguiente aceleración del calentamiento
global y aumento de las emisiones. Sólo hay “paneles de expertos” si hay algún
reclamo pero no contempla ningun mecanismo vinculante respecto de los derechos
humanos ambientales y de la naturaleza. Hay un régimen global de impunidad
corporativa del cual la UE se ha hecho parte. Las y los Defensores del Territorio no son
amparados por este tratado.
¿Cómo protegerán ellos sus inversiones?
De los 27 estados de la UE que son partes del Tratado,
Chile ya tenía acuerdos bilaterales de inversión con 19 de ellos, pero varios ya estaban vencidos. Este acuerdo los renueva automáticamente. Y los
27 estados podrán demandar a Chile en un sistema paralelo de Cortes de
Inversiones, cuando se adopten normas o leyes que ellos consideren constituyen
una expropiación directa o indirecta. Si se denuncia el tratado, la cláusula de
salida permite a los inversores demandar por 20 años más a contar de ello.
Teniendo
presente que la Convención deberá discutir temas como la desprivatización del agua (que puede afectar
a la minería, el agronegocio y las forestales), la reforma de sistema de pensiones, o la desprivatización de servicios
públicos como la electricidad y el agua y la estructura tributaria, entre muchos
otros, queda al desnudo la intención de la visita de los legisladores europeos
y la voluntad de Piñera de acelerar la firma de este y otros tratados.
El Sistema
de Resolución de Controversias incorporado en el TPP, que era parte del tratado
entre la UE y Estados Unidos, era altamente impopular, por lo cual la UE ideó
un Sistema de Cortes de Inversión y lo vistió con un traje de seda. Pero es
casi idéntico al sistema ya mencionado, que José Gabriel Palma llama “las
Cortes Mickey Mouse”. Está igualmente por
encima de los tribunales nacionales e internacionales, y es un sistema paralelo
que da más derechos a los inversores que los establecidos en las leyes europeas
y de los países donde invierten. Si el inversor gana la demanda contra el Estado, deberá
ser compensado por expropiación directa
o indirecta al interferir con las legítimas expectativas de ganancia del
inversor. Los estados pueden legislar como quieran, pero se tienen que atener a las
consecuencias: podrán ser demandados.
Los
inversores europeos que están en Chile ya acumulan un historial de demandas en
otros países: en las AFP está Plan Vital, del fondo Generali de Italia que ya ha demandado a Panamá. En el negocio del Agua está Secyr, empresa
española que ya demandó a Panamá; en los servicios de electricidad ENEL es del
grupo italiano Fortuna, que ya demandó en 2019 a Panamá por 11 millones de
euros. Por su parte, Sodexo (servicios alimentarios), demandó a Hungría por expropiación
indirecta, al perder la concesión de establecimientos penitenciarios. El Estado
debió pagarle 73 millones de euros. Telecom (del cual es filial Movistar) tiene historial de demandas con Argentina,
México, y Colombia esta última por 394 millones de dólares por no renovarle la
concesión.
Otras ventajas para la UE
Entre el
2003, fecha de inicio del Acuerdo, y el 2019, el
valor de las exportaciones de maquinarias de la gran empresa europea, subió de
US$ 3.287 millones a US $10.856 millones, con un aumento anual del 7,7%. En medicamentos
y agrotóxicos, las exportaciones
aumentaron en un 135%; en vehículos un 145%, y en maquinaria un 56%.
¿Habrá progreso con este nuevo TLC?
Chile en
estos 20 años siguió exportando lo mismo a Europa: materia prima sin mayor valor
agregado, de los sectores minero, frutícola, vitivinícola y forestal que
representan el 90% de las exportaciones. Este tratado incorpora nuevas normas
de propiedad intelectual que harán más difícil la producción oportuna de
medicamentos genéricos y para enfermedades raras. El UPOV 91, convenio sobre la
protección de los obtentores y privatizadores de la semilla, también
contemplado en este tratado, amenaza la recuperación y protección de la semilla
campesina porque facilita aun más el registro (un tipo especial de patente) a los obtentores
de las semilleras, y criminaliza el libre intercambio de semillas. Las normas
del tratado favorecen el agronegocio de exportación, con uso intensivo de
plaguicidas peligrosos y de semilla industrial y perjudican la agricultura
familiar campesina e indígena y los cultivos agroecológicos, obstaculizando el
camino para la soberanía alimentaria, tan necesaria en tiempos de crisis. No incorpora normas de protección al ambiente
y la salud que impidan a empresas como Bayer/Monsanto o Syngenta exportar a
Chile agrotóxicos que están prohibidos en Europa. Contraloría ya ha hecho
evidente que esto ocurre, y el tratado no lo impedirá, dañando entre otros
seres vivos a las abejas, cuya población ha disminuido considerablemente por
los monocultivos y efecto de los plaguicidas neonicotinoides producidos por
Bayer entre otros.
¿Qué buscan?
Ya tienen arancel cero para el litio. Pero su
punto es cambiar su matriz energética, modificando
el status de material estratégico del litio en Chile, que impide concesionarlo
a extranjeros. Lograrían así una UE con electromovilidad en tanto que en Chile,
visibilizado en la práctica como colonia proveedora, las comunidades atacameñas serían expulsadas
de su territorio por el despojo del agua,
en tanto que los salares y los ecosistemas serán destruidos.
¿Nos traen trabajo?
Nos hablan
de trabajo y desarrollo. Pero la
Fundación Sol estableció que el trabajo sólo existe al inicio de los
proyectos, y la curva cae junto con el
patrimonio ecológico. A ello se sumará cada vez más la robotización, disminuyendo
el empleo. El 49,6% de la fuerza de trabajo en Chile ya se desempeña en zonas
de sacrificio. La minería es el sector con más subcontratación y en las actividades agrícolas, ganadería,
silvicultura y pesca propiciadas por este tratado, la precarización es
evidente: un 11,8% no tiene contrato de
trabajo.
¿Y el capítulo sobre las mujeres?
El Tratado
se dirige a las mujeres en tanto empresarias, es sobre” Mujeres y Comercio” y
no es vinculante. Las trabajadoras no
están. Las temporeras que trabajan en los packing del agronegocio y cuyas comunidades están afectadas por cáncer,
saqueo de sus aguas y contaminación, no son mencionadas acá. Las mujeres
campesinas e indígenas tampoco.
Los empleos
de los sectores abarcados en el tratado tienen una participación de mujeres no
mayor del 24% (en el sector de
agricultura), y bajan hasta llegar a un 7%
en otros sectores. Para las mujeres, los tratados de libre
comercio sólo han traído mayor precarización y subcontratación, además de
aumentar las tareas de cuidado, por los impactos en la salud de los plaguicidas
peligrosos y el despojo de las aguas por diversos tipos de proyectos
extractivistas.
