martes, diciembre 29, 2009

Feliz Año Nuevo

 


Estas dos mujercitas, Daniela y Natalia (mis nietas, hijas de Eva María) son portadoras con su mirada de mis deseos para el 2010 que van unidos a la búsqueda de felicidad para ellas y para todos y todas los niños del mundo.
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lunes, diciembre 28, 2009

caso Elena Varela desnuda la democracia chilena




Elena apoyada por Patricio Guzmán ("La batalla de Chile")
Elena y Danielle Miterrand (Fundación France Liberté)

Emblemático juicio en Villarrica antes de la elección presidencial


El próximo ocho de enero – sólo nueve días antes que los chilenos elijan Presidente a Eduardo Frei o a Sebastián Piñera - se iniciará en la sureña ciudad de Villarrica, a una hora de Temuco, el juicio oral a la cineasta Elena Varela. Se trata de una causa emblemática para la libertad de expresión y los derechos humanos, iniciada en mayo de 2008 por el ministerio público, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. La documentalista que aboga por los derechos del pueblo mapuche sufrió tortura, fue sentenciada por los medios como terrorista y enviada a prisión en una cárcel de alta seguridad, seguida por reclusión nocturna. Su material fílmico fue secuestrado junto a su libertad de desplazamiento, por ya casi tres años. En plena zona del conflicto mapuche/Estado chileno/forestales, la elección de los jueces – en este caso, elección de sentencia- tendrá como resultado la defensa irrestricta de la libertad de expresión con la libertad de la imputada, o su condena, mediada por la variante que adopte el tribunal considerando los 15 años de prisión solicitados por el ministerio público y sellando un proceso similar a los realizados en dictadura.

El juicio en Villarrica (a unos 780 km al sur de Santiago y distante alrededor de una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía) se convertirá así en un espejo de las carencias de la antidemocracia en Chile, donde los luchadores sociales y defensores de los derechos de los pueblos indígenas a menudo son detenidos sin respetarse las normas del debido proceso, utilizándose la prisión preventiva y/o la tortura como un mecanismo de control del avance de la movilización social y leyes heredadas de la dictadura. El caso de Elena Varela ejemplifica asimismo las dos caras del gobierno de la Presidenta Bachelet, que por una parte premia a la artista con el FONDART 2007, el más importante concurso de fondos públicos para el cine, para el documental“Newen Mapu, mapuche, la Fuerza de la Tierra” - y por otra, la encarcela y requisa sus entrevistas a líderes de las luchas recientes por recuperación de la tierra ancestral.

En Villarrica, defendida por un reputado equipo jurídico que encabeza el ex juez Juan Guzmán, flanqueada por observadores internacionales y una red de comunicadores, organizaciones feministas, indígenas, artistas y luchadores por los derechos humanos, Varela enfrentará cargos de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). La fiscalía pide quince años de prisión para la detenida por “planear estos delitos, reclutar gente y refugiar a los delincuentes después de acaecidos los hechos”. La acusación se basa en la breve vinculación sentimental que la realizadora tuvo en 2004 con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, que se fugó de la cárcel de Temuco en 2006. Para otros dos chilenos co-imputados detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión.

Elena ¿cómo se siente al acercarse finalmente el juicio oral?

“Tengo toda la fuerza y la convicción de que finalmente toda la verdad saldrá a la luz pública nacional e internacional, y se verá que nada tengo que ver con los asaltos. Este es un juicio político en el que a través de una investigación muy burda se me quiere inculpar. Hay una paranoia del Estado que busca aplacar con montajes los movimientos sociales. Estoy recogiendo lo que sembró la dictadura. Esto es un escarmiento, una manera de matar el monstruo de la guerrilla, del mirismo, de la lucha. Buscan neutralizar a gente de izquierda que está vinculada al movimiento mapuche y lucha contra el sistema, como yo. Pero mi lucha es principalmente artística y cultural. Ser documentalista significa contarle al mundo las injusticias que se cometen contra el pueblo mapuche con el apoyo silencioso de un estado supuestamente democrático, eso es lo que yo hago. Pero el fiscal y la policía dirán que nos hacíamos pasar por cineastas y éramos una célula guerrillera. Ellos insisten en construir y levantar de mí esa imagen sabiendo que mi quehacer profesional para ellos ya es peligroso. Pero me siento fortalecida por la solidaridad recibida y confío en el equipo jurídico con que cuento, que es de gran nivel. Siento que lo que estoy viviendo es como poner la cara por todos, es un acto de resistencia muy grande.”

¿Cómo se plantea frente a las elecciones presidenciales?


Lamentablemente casi no he podido pensar en las elecciones. Para mí esta lucha electoral no es una lucha de un pueblo consciente. Es una puesta en escena del abanico político beneficiado después de la dictadura. Creo que las elecciones cobran sentido cuando nosotros podemos valorar la historia y desde allí proyectar nuestro camino. Allende murió luchando por esto y así también muchas personas, en busca de algo digno para sus vidas. Por eso que creo que cada día que pasa Pinochet resucita en manos del poder. Y la memoria pasa al olvido e incluso parece un pecado capitalista pensar en soñar, pensar otro mundo o siquiera recordar.



Luego tengo fe que en este juicio llegue a desenmascararse una vez más el fascismo, aunque sea a costa de nuestras vidas. Creo que es necesario que mueran los fantasmas del pasado, aquellos que fueron capaces no tan solo de desfigurar nuestro rostro sino también de succionar nuestro espíritu.”

Su historia

Elena es chilena y tiene una hija de 17 años. En los años 80 en el Pedagógico, conoció la represión junto a los que cayeron combatiendo a la dictadura, como Jecar Neghme y los hermanos Vergara. Es licenciada en música por la Universidad de Chile, intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, y Magíster en Artes mención Musicología. Formada inicialmente con los seminarios que daba ARCIS, en 2005 ya había ganado el fondo audiovisual de CORFO (2005) con “Tres Mujeres” (mapuche), juzgadas por la ley antiterrorista. En 2004 trabajó en “Miradas del Sur”, su primera experiencia con FONDART, formando jóvenes documentalistas. Como directora de Cultura en Pucón, creó la Casa de la Cultura de esa comuna promoviendo intercambios con directores de cultura de todo Chile. Siguió un pos título en Gestión Cultural (U de Chile/U Iberoamericana de España) generando un diagnóstico cultural local. Su guión para el largo metraje “Pueblo de los Niños” fue premiado en el Festival de La Habana. En 2006 creó la Orquesta Infantil Intercultural (con niños mapuche) de Panguipulli, que dirigió por tres años.

Ahora habla desde el sur, pero ha pasado la Navidad con su familia en Santiago, y dejó a su hija América con los abuelos, preservándola de la ansiedad de los días previos al juicio.

¿Qué han significado estos dos años y ocho meses de represión?

“Ha sido difícil, mi sentimiento es de una opresión grande…Han sido capaces de mantenerme en una situación de destrucción total de mi vida, mi hija, mi familia. Quisieron cortarme las alas y reducirme por mi condición de mujer. Consideran mis acusadores que como mujer no fui independiente para pensar y si estaba con un hombre tenía que pensar exactamente igual que él. Eso es algo muy tortuoso y denigrante, así lo han interpretado organizaciones feministas que me acompañarán también en el juicio. En esta experiencia dura, lo positivo es que prevalece el amor, la solidaridad, y toda la gente que me apoya. Hace unos días tuve una reunión con diplomáticos de diversas naciones europeas que recorrieron la región para interiorizarse en terreno de lo que sucede en territorio mapuche. Este encuentro lo organizó Fernando Lira, presidente de la organización Liberar y fue excelente que ellos pudieran conocer los detalles del montaje judicial que se ha organizado en mi contra. Me dieron todo su apoyo.”

¿Qué pasó con “Newen Mapuche”?

“Hemos logrado concretar la producción. Pudimos reconstruir la historia y sus relatos e incluso rodearlos de mi historia como documentalista. Ahora comenzamos el montaje, pero antes, esperamos el juicio; quiero tener justicia, dignidad y libertad para seguir adelante por el derecho a crear y pensar distinto. Por la libertad de expresión y de tener la esperanza de una humanidad más justa. Luego podremos terminar esta película.”

Los jueces

El tribunal oral será presidido por el juez Jorge González Salazar, e integrado por los magistrados Oscar Viñuela Aller y Alejandra Rosas. Sólo la jueza es de Villarrica; los dos magistrados vendrán desde Temuco, la capital regional. Las dos juezas de Villarrica se inhabilitaron por haber juzgado ya el robo a la sucursal del Banco de Estado (2004) ocurrido en la vecina localidad de Loncoche. El juez González se ha ganado una reputación antimapuche por su desempeño en juicios cuestionados por organismos de derechos humanos e indígenas. El presidió el tribunal que en 2003 juzgó por segunda vez –a pedido de la Corte Suprema – a los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, absueltos en un primer juicio, y los condenó a cinco años por “amenazas terroristas” al latifundista y político Juan Agustín Figueroa. Redactó asimismo en 2007 una de las sentencias condenatorias a la lonko Juana Calfunao, pero la absolvió de algunas de las acusaciones.

Además de Elena Varela, serán juzgados por este tribunal el artesano Kenny Sánchez –comerciante, ex preso político mirista en dictadura, retornado desde Suecia en 1988, padre de cinco hijos y hoy militante socialista- y el ex supervisor forestal Sergio Reyes. Ellos llevan más de dos años en prisión efectiva y enfrentan posibles condenas a veinte años de cárcel. Kenny Sánchez pertenece a una familia histórica de la combativa población La Victoria de Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda una de las áreas que contribuyó para que el Partido Comunista lograra por primera vez en democracia, contar con representación parlamentaria.

Los testigos

Con más de 150 testigos, el juicio podría extenderse por casi una semana en el caldeado ambiente preelectoral de un país visitado por decenas de corresponsales extranjeros. Villarrica es una ciudad cuyo entorno privilegiado, unido a la feria artesanal mapuche, atrae a miles de visitantes cada verano.

El renombrado documentalista argentino Fernando Birri asistirá al juicio junto a dirigentes de la DOCA y la ADOC, entidades que agrupan a los documentalistas argentinos y chilenos, respectivamente.

Entre los 30 testigos a favor de la documentalista están los directores Ignacio Agüero (“El Diario de Agustin”), Dauno Tótoro (“El Despojo”), Francisco Gedda (“Sur del Mundo”, “Frutos del País”), e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El fiscal perseguidor tendrá entre sus testigos principales a los detectives de la Policía de Investigaciones PDI Carlos Sanhueza, Sergio Solar y Joaquín Solar que trabajaron con asesoría de la Agencia Nacional de Inteligencia ANI. Pieza clave es doña Andrea Muñoz Gaete (39 años) testigo protegida del Ministerio Público desde 2005 y viuda de Alfredo Hermosilla, un miembro de ese grupo muerto en el asalto en que participaba en Machalí. Ella nunca fue formalizada. La mujer posibilitó el operativo de seguimiento, control y detención de los acusados. La policía obtuvo su colaboración después de la muerte de su marido que era auxiliar en el Hospital de Temuco. El jefe del grupo, Moreno Venegas (“Leonardo Civitarese” para Elena) solía alojar en casa de los Hermosilla-Muñoz. Andrea Muñoz -también de oficio paramédica - proveía de medicamentos a Moreno. Ella declarará que su marido le dio a conocer los otros integrantes. Su confesión sobre el nacimiento, accionar y objetivos del MIR/EGP y su relación con la policía, permiten encuadrarla como colaboradora eficaz y/o infiltrada de la ANI en el citado grupo, entre 2005 y 2008. Según la mujer, Cristián San Martín Morales, quien se fugó el 2006 de la Cárcel de Temuco, después de dos años de detención por el robo con violencia en Loncoche, había participado en 2002 en Sao Paulo en el secuestro del publicista brasileño Olivetto, junto al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Mauricio Hernández Norambuena y otros chilenos todavía presos en Brasil. La fiscalía deduce mágicamente sólo de esa declaración, que el grupo era una alianza Frente Patriótico Manuel Rodríguez/MIR, organizada para financiar la defensa jurídica del ex frentista Hernández Norambuena,

Elena no sabía inicialmente quién la estaba inculpando. “El fiscal me habló en mayo de un testigo, pero yo sólo accedí a su nombre y su foto de carnet meses después.” La viuda de Hermosilla y la realizadora se conocieron en 2004, cuando “Leonardo” (Juan Moreno) llevó a Elena a casa de ésta para un examen médico.

Dinero y la ANI

Cuantiosos recursos fiscales invirtió la PDI en los 4 años de investigación, para convencer a los jueces que en 2004-2008, Elena Varela integró junto a su pareja y otros, la organización Ejército Guerrillero del Pueblo Patria Libre planificando el robo a la Sucursal del Banco de Estado en Loncoche (20 de diciembre de 2004) y un robo con homicidio en las oficinas del INP de Machalí (10 de junio de 2005).

Elena se convirtió de cineasta en protagonista de este montaje por obra y gracia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que preside el abogado socialista Gustavo Villalobos. La ANI es sucesora de la Dirección de Seguridad Pública y de la “Oficina” (1991), que dirigía entonces el hoy parlamentario Marcelo Schilling. Al inicio de la transición democrática chilena, la Oficina reclutó como colaboradores a algunos prisioneros políticos y ex militantes de grupos de la izquierda revolucionaria, para desmantelar e infiltrar a esas organizaciones. En esa época se creó la primera Cárcel de Alta Seguridad y se aprobó la Ley de Delación Compensada. El uso de la tortura y de la presión a familiares de perseguidos – métodos heredados de la CNI- fueron parte del accionar de la Oficina y la defensa de los imputados sostendrá que eso continúa hoy.

En 2004 y 2008, la realizadora puede demostrar que trabajó sin parar con su productora Ojo Films, en documentales financiados con fondos públicos concursables. El proyecto con el que ganó el 2006 el Fondo Audiovisual CORFO desentierra la historia de la localidad de Neltume (comuna de Panguipulli) antes y después del golpe militar. Todas las pruebas que presentará el fiscal han sido desbaratadas por la defensa, que desmiente el carácter atribuido a las llamadas telefónicas y contactos de la documentalista. Todos los materiales requisados en el allanamiento tenían relación con la producción de los documentales citados. La fiscalía no logró un nuevo aplazamiento del juicio y el equipo jurídico de defensa se encuentra debidamente preparado. Han confirmado asistencia al juicio observadores del parlamento europeo y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde compareció Elena en septiembre de 2009 para denunciar su caso.

La elección que hagan los jueces antes del 17 de enero no será sólo un tema nacional.

lunes, diciembre 07, 2009

Marco en cierre de campaña en Graneros y Rancagua

En una zona campesina, Marco reiteró el domingo 6 su apoyo a la agricultura orgánica y dijo que prohibirá los plaguicidas más peligrosos y se opondrá a la liberación de los transgénicos. María Elena Rozas (en la foto con pañuelo rojo) lo acompañó.

Nota: No pude asistir porque era a la misma hora del funeral de Víctor Jara.

sábado, diciembre 05, 2009

Victor Jara más vivo que nunca


Como una verdadera fiesta de la memoria y la vida puede describirse el funeral de Víctor Jara realizado en Santiago de Chile el sábado 5 de diciembre. “Víctor, estás más vivo que nunca” gritó alguien expresando el sentimiento de la multitud al inicio del colorido y multitudinario cortejo, que en su recorrido por la capital hizo florecer Santiago con canciones y bailes. El cantautor regresó esta tarde al nicho donde fue enterrado en solitario hace 36 años por su viuda, Joan Jara luego de su asesinato por militares que permanece en la impunidad. Pero esta vez entró rodeado del amor de su pueblo, que enarboló su derecho a vivir en paz y demanda ahora justicia por el crimen. Es lo que reconoció Joan Jara al expresar en su despedida: “Tras su horrorosa muerte se congeló el tiempo y nuestra memoria guardó para siempre intacto los recuerdos de una vida compartida abrazadas por su cariño, ternura y alegría de vivir. Sus canciones nos ayudaron a soportar su ausencia, hoy su cuerpo destrozado por la tortura y el metal volverá a la tierra envuelto en el amor de sus hijas y su mujer, y en el enorme amor de su pueblo”.
A la cabeza de la marcha estuvo la Juventud Comunista, protagonista de una jornada en que gran parte de los asistentes eran también jóvenes que junto a los mayores coreaban una a una las canciones de Víctor durante las cuatro horas que duró el recorrido desde la Plaza Brasil, donde se encuentra el Galpón Víctor Jara, hasta el Cementerio General. No hubo despliegue de fuerza policial ni provocación alguna de parte de carabineros, otro hecho inusitado que permitió que las familias con bebés y niños pequeños pudieran continuar el trayecto sin problemas, lo que no ocurre en Chile en ninguna otra manifestación callejera ni menos en las marchas de conmemoración del 11 de septiembre, en que el gas lacrimógeno termina siempre ahogando a los manifestantes.
Emoción pura
Esta tarde las lágrimas no eran por el gas. Era emoción pura, nacida de escuchar, por ejemplo “yo no canto por cantar”, el himno de Víctor entonado por miles de voces (una estimación habla de 12.000 asistentes y carabineros, de 6.000) en marcha cruzando el puente del río Mapocho tras la carroza cargada de flores, o de ver la estrella blanca gigante y los colores de la bandera chilena llevados por decenas de jóvenes con cuerpos pintados enteros de rojo, blanco o azul. Hubo artistas conocidos y desconocidos, grupos musicales famosos y conjuntos de población. Muchos artistas con guitarras cantaban en medio de la marcha. En las esquinas del centro se agolpaban transeúntes para ver pasar este funeral con cuecas, murgas, danzantes de diabladas nortinas vestidos enteros de rojo bailando al sonido de una banda que tocaba “Plegaria a un labrador”, mientras más atrás, otros manifestantes cantaban como despedida a Víctor Jara La Internacional, que resonaba como un canon pues cada grupo la entonaba a un ritmo diferente.
Se vieron –a 8 días de elecciones presidenciales y parlamentarias- carteles apoyando la candidatura a diputado de Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista que iba en el cortejo junto al candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate. Ellos traían el presente electoral a la calle colmada de historia, pero también debieron escuchar consignas pidiendo anular el voto, y se hizo presente una columna del Movimiento de los Trabajadores y el Pueblo (MPT). Gritos por la libertad de los presos políticos mapuche y lienzos pidiendo fin a la ley antiterrorista, enarbolando banderas mapuche o la wiphala andina también se hicieron oír. Organizaciones como las de los ciclistas, o Los de Abajo (la barra brava del club deportivo de la Universidad de Chile), y el Comité bolivariano de Solidaridad con Venezuela se mezclaban en abigarradas columnas con las agrupaciones de ex presos políticos, de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados; la brigada Ramona Parra, organizaciones de la cultura, y muchas otras entidades sociales y políticas.
Entierro campesino
Tres días duró el funeral y en cada hora desfilaron por el galpón de la Plaza Brasil centenares y centenares de personas a rendir su homenaje a Víctor Jara, flanqueado por una guardia de honor que se iba relevando permanentemente para permitir a las organizaciones expresar su solidaridad activa. En una experiencia inédita para la comunicación popular, la Señal 3 de TV de la población La Victoria transmitió en vivo el velorio y el funeral, junto al incipiente canal comunitario que se está formando en la Fundación Víctor Jara (http://fundacionvictorjara.cl/) con su apoyo.
Las pericias dispuestas en julio de este año por el juez Juan Eduardo Fuentes determinaron que él fue asesinado con 44 impactos de proyectiles en el cráneo, tórax, abdomen, piernas y brazos, después de ser torturado. Los resultados fueron conocidos por la familia sólo en noviembre. Comunicadores cercanos a la Fundación me contaron que cuando Joan Jara recibió los restos del artista reveló que ella y Víctor tenían el compromiso de que si cualquiera de los dos moría antes, tendría un funeral como se estila en el campo, donde duran tres días, y que sería muy alegre, con música y bailes. A la cabeza de la fundación que lleva el nombre de Víctor Jara, Joan decidió cumplir la promesa y brindarle a su compañero el homenaje que merecía, para mostrar que Víctor en verdad está vivo. Y para mostrar que todos, aún, estamos vivos.
Ciertamente lo ha logrado.

viernes, diciembre 04, 2009

Copenhague y la ambigüedad del gobierno chileno

Ante el inicio de la reunión mundial sobre Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca, el próximo 7 de diciembre y en conocimiento de la posición formal del Gobierno de Chile dada a conocer hoy, las organizaciones integrantes de la Alianza por la Justicia Climática manifiestan:

1.- Que la postura del Gobierno chileno resulta ambigua y no contiene el compromiso concreto de aportar, de acuerdo a sus condiciones, a la lucha contra la alteración del clima de la Tierra. Chile debe hacer -con recursos propios- un aporte medible, verificable y reportable en la reducción del crecimiento de sus emisiones. Esto debe transformarse en una meta no sólo gubernamental, sino que nacional, involucrando al conjunto de la ciudadanía en su logro.

2.- Por otra parte, estimamos que Chile debiese exigir con claridad a los países industrializados el reconocimiento de su deuda histórica, constituida por el impacto de sus emisiones acumuladas desde la revolución industrial. Al mismo tiempo, debe exigir a estos países que contribuyan a que las naciones más pobres y vulnerables se encaminen hacia formas de vida no destructivas y puedan adaptarse debidamente a los cambios climáticos que tengan lugar, entregando un mayor protagonismo a las comunidades afectadas.

3.- En cuanto al rol del comercio de carbono, cuestionamos que éste se transforme en el mecanismo central para el financiamiento de la reducción de emisiones en nuestro país. Los Mecanismos de Desarrollo Limpio permiten a los países industrializados eludir sus responsabilidades de reducción de emisiones, las que debiesen efectuarse domésticamente, y facilita la implementación de proyectos ambiental y socialmente insustentables, constituyendo las más de las veces sólo un lavado verde por parte de las empresas que los ejecutan.

4.- La mitigación y adaptación de nuestro país a este cambio global ofrece una oportunidad para iniciar cambios estructurales en la política pública nacional. En este marco, el gobierno de Chile debe reformular el capítulo de acciones del Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, incorporando la participación de las organizaciones ciudadanas. Este Plan debe priorizar una Política Energética compatible con el Cambio Climático, orientada a reducir las emisiones de gases que afectan el ambiente local y global y a prevenir nuevos pasivos ambientales, reemplazando el actual esquema basado en megaproyectos y controlado por grandes corporaciones privadas. Es necesario diversificar la matriz energética, priorizando y acelerando la introducción de Energías Renovables No Convencionales y establecer una moratoria a la instalación de nuevas centrales termoeléctricas a petróleo y carbón. Son necesarias igualmente medidas en los ámbitos de urbanismo (frenar la expansión urbana) y transporte (desincentivar el uso del automóvil, desarrollo de sistemas eficientes de transporte público y promoción de transporte no motorizado).

5.- Finalmente, manifestamos nuestro convencimiento de que la vulnerabilidad de nuestro territorio nos plantea un desafío de tremenda magnitud. Para enfrentarlo, el Estado de Chile debe liderar cambios fundamentales en los sistemas de producción y consumo en nuestro país, para lo cual es imprescindible lograr la plena incorporación de la ciudadanía a este esfuerzo. En este camino, las organizaciones ciudadanas preocupadas del Calentamiento Global, coordinaremos e intensificaremos nuestros esfuerzos para colaborar en esta tarea de sobrevivencia planetaria, inspirados por los valores de responsabilidad y justicia ambiental, social y climática.



Alianza por la Justicia Climática

Esta alianza se constituye para representar y movilizar a la ciudadanía chilena en su demanda por Justicia Climática, la que está intrínsecamente vinculada a la necesidad de cambiar el rumbo político y económico de nuestro país, hacia un modelo social y ambientalmente sustentable, hacia una sociedad realmente participativa, con comunidades soberanas que deciden sobre el destino de sus territorios.



Integrantes: Acción Ecológica, ANAMURI, Chile Sustentable, CODEFF – Amigos de la Tierra Chile, Defensores del Bosque Chileno, Acción por la Tierra – EarthAction Santiago, EcoUchile (estudiantes U. de Chile), Fiscalía del Medio Ambiente- FIMA, Observatorio Ciudadano, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA, Red de Jóvenes Investigadores ante el Cambio Climático, Sustentable UC (estudiantes UC), Fundación Defendamos la Ciudad, Red por la Defensa de la Precordillera de Santiago.

Adhieren: Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Via Campesina, Confederación Ranquil, Plataforma Rural por la Tierra, Centro Ecocéanos, Radio del Mar, Programa Radial Pulso Ambiental, Programa Radial Semillas de Agua, Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social RAJAS, RAP-AL Chile.

Marco apoya prohibición de plaguicidas más peligrosos


Marco Enríquez-Ominami: “En mi gobierno, vamos a prohibir la importación, distribución y uso de plaguicidas pertenecientes a las categorías 1 A y 1B”
En el día mundial del NO uso de plaguicidas.

El candidato independiente a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami, en el día mundial del NO uso de plaguicidas, reafirmó su compromiso, para que los trabajadores agrícolas, tengan las mejores condiciones laborales posibles.

En este día, el candidato independiente a la presidencia, le quiso mandar un saludo a los trabajadores del campo, indicando que “a partir de marzo, vamos a buscar todos los mecanismos, que nos permitan mejorar las condiciones laborales de los miles de chilenos y chilenas que trabajan en el agro”.En ese sentido, y como primera medida, Marco Enríquez-Ominami, expresó que “en mi gobierno, vamos a prohibir la importación, distribución y uso de plaguicidas pertenecientes a las categorías 1 A y 1B sustituyendo estos productos por el uso de técnicas de Control de plagas agrícolas sustentables y eficientes”.

Finalmente, el candidato de la mayoría progresista, señaló que “a cambio, utilizaremos técnicas basadas en prácticas orgánicas de control, tales como el uso de medios biológicos, repelentes vegetales, prácticas culturales u otras técnicas orientadas a preservar el medio ambiente y la salud de las personas que trabajan en el agro”.
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Comentario mío:
Puedo dar fe que Marco no es oportunista ya que siempre nos ha acompañado en este tema, presentó un proyecto de ley en la Cámara sobre esto, que fue aprobado por unanimidad por los diputados pero los senadores lo bloquearon. Yo le creo,no son declaraciones para campaña como las que hace Girardi que jamás ha reaccionado sobre este problema que tiene que ver con la salud de las temporeras y con el ambiente.

jueves, diciembre 03, 2009

3 Diciembre: Día Internacional por el NO Uso de Plaguicidas



El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional por el NO Uso de Plaguicidas para hacer un llamado de atención, especialmente a las autoridades, sobre los graves problemas sanitarios y ambientales que genera el uso de agrotóxicos a nivel global.

Esta fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 16.000 personas fallecidas en Bophal, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas.

Este y muchos otros graves accidentes han ocurrido en el mundo desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agrotóxicos. Se ha contaminado el aire, suelos, aguas y alimentos causando profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos.

El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas, como también a quienes consumimos, sin saberlo, alimentos con residuos de agrotóxicos.

En América Latina el uso de plaguicidas ha intoxicado a millones de personas y ha cobrado miles de víctimas, muchos de ellos niños. Sin embargo, nadie ha asumido la responsabilidad por estos crímenes que permanecen impunes. Sólo en Brasil hay más de un millón y medio de trabajadores rurales intoxicados crónicos por esta causa.

En Chile se venden sin restricciones y se usan plaguicidas con efectos cancerígenos, causantes de malformaciones congénitas y alteradores de los sistemas nervioso, reproductivo e inmunológico. En 2008 se importaron sobre 32.000 toneladas de agrotóxicos, 20% más que en 2007.

Según el Ministerio de Salud, en 2008 hubo 849 casos notificados y confirmados de intoxicaciones por plaguicidas. Pero son muchos más, porque se estima que sólo se notifica 1 de cada 4 casos. De enero a septiembre de 2009 ya habían ocurrido 6 muertes y 320 intoxicaciones, a las que se suman más de 500 personas que sufrieron diversos niveles de intoxicación con plaguicidas el pasado mes de noviembre en la Región del Maule.

Por un Chile libre de plaguicidas y por una alimentación sana, exigimos que se prohíba el uso de los plaguicidas más tóxicos (1a y 1b, según la OMS) y se cancele el registro del endosulfán, insecticida organoclorado extremadamente dañino para la salud y de prolongada permanencia en el ambiente. Por estas razones, ya ha sido prohibido en muchos países de América Latina y del mundo.

Alianza por una Mejor Calidad de Vida (integrada por ANAMURI, OLCA y CIAL)


Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina
(RAP-AL)

Más informaciones:
RAP-AL: Fono/Fax 3416742
Correo electrónico: info@rapal.cl
Avda. Providencia N° 365, oficina N°41, Santiago.
www.rap-al.org / www.rap-chile.com

lunes, noviembre 30, 2009

El fiscal Ljubetic arremete contra mujer de un preso político mapuche


(Pamela Pessoa en el juicio en que Llaitul fue absuelto, el año pasado)

Esposa de líder mapuche acusa persecución política de Fiscal Regional de Temuco y defiende su derecho al trabajo
-Pamela Pessoa responde dichos de fiscal Ljubetic


“Esto es una persecución política. El fiscal regional Francisco Ljubetic está cuestionando mi derecho a trabajar. Yo soy asistente social en el hospital de Cañete, miembro de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS, y me desempeño en el sector público desde hace unos 12 años, mucho antes que se conformara la Coordinadora Arauco Malleco. Con mi marido nuevamente preso, soy jefa de hogar, como todas las mujeres de los presos políticos mapuche y tengo 5 hijos e hijas que mantener.” El reclamo lo formula Pamela Pessoa –que no es mapuche- pareja de Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco quien está recluido en la cárcel El Manzano de Concepción. Sus hijos,Lautaro, Neyen, Ernesto, Pelentaru y Victoria tienen edades que van entre los quince y los cuatro años.
La indignada reacción de Pamela Pessoa surgió en respuesta a las acusaciones de Ljubetic al diario La Tercera (portada del domingo 29 de noviembre) en la que el alto funcionario del Ministerio Público señala que él “ha estado poniendo el ojo” al hecho de que “activistas importantes y reconocidos” como la esposa del dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Pamela Pessoa, y otros cuatro familiares de Llaitul “tengan trabajo estable proporcionado por el Estado “en circunstancias que están vinculados a personas procesadas por hechos violentos.
¿Por qué cree usted que se hacen estas declaraciones?
Las declaraciones las hace justo ahora en que surgen voluntades de diálogo que buscan evitar la violencia y la muerte de comuneros, y surge esta provocación. Pareciera que al Ministerio Público no le interesara que el conflicto se solucione. Tampoco a la derecha, ya que escuché en la radio que el senador de la UDI, Víctor Pérez, lo apoyó, sosteniendo que de parte del Ministerio de Salud había una suerte de “financiamiento indirecto” a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”.
Derechos conculcados
Las amenazas del fiscal regional de Temuco provocaron estupor y rechazo en medios de derechos humanos, ya que es universalmente reconocido el derecho de los familiares de presos políticos (y comunes) a organizarse y apoyar los procesos judiciales buscando obtener la libertad de los afectados. El activismo al que hace relación el fiscal regional sólo puede referirse a las denuncias formuladas a nivel nacional e internacional por Pamela Pessoa y los restantes familiares de presos políticos mapuche, que impidieron hace unos meses que se produjera el traslado de los presos a cárceles ubicadas a miles de km de sus familias.
Las denuncias de montajes político/policiales para inculpar a comuneros mapuche formuladas por abogados de derechos humanos, también han sido avaladas por los familiares de los más de cincuenta presos políticos que permanecen en distintas cárceles de las regiones del Bío Bio, Araucanía y Los Ríos. El hecho de que los 15 detenidos por la supuesta emboscada al fiscal Elgueta en Tirúa estén siendo juzgados al mismo tiempo por la justicia militar y por la justicia civil también ha sido criticado por los familiares. Pero en el palacio de La Moneda, en Santiago, a escasos días de las elecciones presidenciales, no hay receptividad para estas apreciaciones. Recientemente el informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales que formuló también críticas respecto de la aplicación de la legislación antiterrorista a los mapuche, la criminalización de la lucha social, la desaparición forzada de un joven mapuche, y la permanencia de la justicia militar para juzgar a civiles fue airadamente rechazado por el gobierno. El tema mapuche ha estado ausente de prácticamente todos los debates de los candidatos a presidente.
Responsabilidad del fiscal
Un examen de la conducta del Fiscal Ljubetic a la luz de las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, cuyo título III se refiere a la responsabilidad de los fiscales deja en claro contravenciones a la norma. El artículo 63, letra d) establece que los fiscales no pueden “efectuar actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, sin autorización judicial previa”.
También están impedidos de usar su cargo con fines ajenos a sus funciones. Más aún, el artículo 64 dice que los fiscales “deberán abstenerse de emitir opiniones acerca de los casos que tuvieren a su cargo.” Si bien el fiscal regional no tiene directamente a su cargo estos casos, no hay duda que son los hechos derivados del conflicto mapuche/Estado/forestales los que más atención concitan y los que más recursos humanos y materiales requieren de parte de la fiscalía regional.
De acuerdo a la ley, el fiscal regional dura en su cargo 10 años y cualquier acusación relativa a su desempeño debe plantearse ante el Fiscal Nacional.
Llamado de la sociedad civil
Los polémicos dichos del Fiscal de la Araucanía se producen al mismo tiempo que circula en Chile y el exterior un llamado de organizaciones de la sociedad civil, a entablar un diálogo real del Estado chileno con el pueblo mapuche. Convocados por la Comisión Etica Contra la Tortura, los firmantes solicitan como condición mínima un alto a la represión en territorio mapuche, el retiro de las fuerzas policiales instaladas en las comunidades y de las demandas judiciales presentadas por funcionarios del Estado; la aplicación por la justicia del debido proceso, y la aplicación de sanciones (y reparación) en los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía. Exigen asimismo que se resguarde en especial la integridad física y psicológica de los menores y jóvenes mapuche, y se respete el derecho a la vida. El llamamiento dirigido a la Presidenta Bachelet fue entregado el viernes 27 de noviembre en La Moneda, junto al listado de firmas que avalan la iniciativa, y ha continuado recibiendo numerosas adhesiones de personalidades y organizaciones sociales.
Para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos se dará a conocer el listado completo de firmantes y se entregará el documento a los candidatos a la presidencia de la república. En la carta se establece que sólo será viable el diálogo si se cumplen las condiciones ya citadas, y se ofrece el apoyo activo a ese proceso como sociedad civil y como defensores de los derechos humanos.

viernes, noviembre 27, 2009

Cerca de 500 trabajadores intoxicados por plaguicidas en la Región del Maule




* RAP-AL hace un llamado urgente a la acción. Este es parte del costo oculto de las manzanas que Chile exporta cada año. Maule exporta 79 miles de millones de dólares de manzanas frescas (MMUS$79) variedad royal gala, según la entidad de gobierno de fomento a la exportación PROCHILE, que en la web publicita la región “como productor líder de frutas, productos forestales y vinos de calidad, y el gran protagonista de la oferta agroalimentaria de Chile al mundo.” La Unión Europea, Estados Unidos y Latinoamérica continúan siendo los principales mercados de destino.

Santiago, 24 de noviembre de 2009. Dos brotes – intoxicaciones masivas por plaguicidas- se produjeron en los últimos días en distintas comunas de la provincia de Linares, Región del Maule, en la zona central de Chile, clave para la agroexportación. La primera ocurrió el sábado 21 de noviembre en el fundo El Antojo, ubicado en el sector rural de Pipuyén, comuna de Yerbas Buenas. Según informaciones de la prensa regional alrededor de 60 trabajadores resultaron intoxicados cuando se fumigaban manzanos en un fundo vecino. De acuerdo a la oficina de Salud Ocupacional, del Secretario Regional Ministerial del Maule, 7 trabajadores llegaron a centros de salud en demanda de atención médica. Hasta ahora se desconoce el tipo de plaguicida aplicado.

El segundo brote ocurrió durante el fin de semana, aunque sólo se hizo público el lunes 23 de septiembre. Se presentó en el Huerto Casablanca de la empresa Delifrut, localizado 20 kms al oriente de Longaví, y fue mucho más masivo. En total, 458 personas resultaron afectadas por la aplicación de plaguicidas, también cultivos de manzanos. Según la información oficial, 48 personas fueron atendidas en el Consultorio de Longaví, 7 en la Asociación Chilena de Seguridad y 3 en el Hospital de Linares. Los equipos médicos locales se vieron colapsados por la emergencia. Otras 400 personas fueron atendidas en un hospital de campaña improvisado en la Escuela Pública La Paz del sector Esperanza, entre ellos más de 200 alumnos de ese centro educacional ubicado en las cercanías del predio fumigado. Todos ellos fueron derivados a sus domicilios sin medicamentos. Los pacientes asistidos fueron tratados con ampollas de atropina, metamizol, clorfenamina, hidrocortisona, suero fisiológico y suero glucosalina.
Al lugar llegaron la gobernadora de la provincia de Linares, María del Carmen Pérez; personal de la municipalidad de Longaví; Oficina Nacional de Emergencia, Onemi del Maule; Carabineros; Inspección del Trabajo; Acción Sanitaria del Maule; Brigada de Homicidios de la PDI y Bomberos de Longaví.

La mayor parte de las personas intoxicadas eran trabajadores que inhalaron los plaguicidas que se estaban aplicando y experimentaron síntomas como problemas respiratorios, dolores de cabeza, mareos y vómitos. El Seremi de Salud del Maule inició sumarios sanitarios para investigar ambos brotes de intoxicación. Por su parte, la Dirección del Trabajo también inició un sumario en el fundo Casa Blanca y decretó suspensión de faenas.

Plaguicidas aplicados

Según información preliminar entregada por Salud Ocupacional del Seremi de Salud del Maule, en el Huerto Casa Blanca se aplicaron el insecticida Pyrinex y el fungicida Clarinet. Es probable que durante la investigación, que se encuentra en estado inicial, se identifiquen otros plaguicidas.
En todo caso, el insecticida Pyrinex, producido por la transnacional Arysta LifeScience (con sede en Japón), cuyo principio activo es el clorpirifós, es un plaguicida organofosforado que afecta el sistema nervioso de los seres humanos y de los animales. Puede producir una variedad de efectos sobre el sistema nervioso como dolores de cabeza, visión borrosa, lagrimeo, excesiva salivación, secreción nasal, mareo, confusión, temblores musculares, náuseas, diarrea y cambios bruscos en el latido del corazón. La exposición a altos niveles puede producir sudor profuso, pérdida del control intestinal, convulsiones, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. A largo plazo puede provocar leucemia y anormalidades en el sistema inmunitario. Por este motivo, ha sido restringido en Estados Unidos. Sin embargo, en Chile está clasificado en la Categoría II, como “moderadamente peligroso”.

En cuanto al fungicida Clarinet, contine los principios activos fluquirconazole y pyremethamil, y es fabricado por Aventis, filial de la transnacional Bayer. También está clasificado en Chile en Cartegoría II ("moderadamente peligroso"), a pesar que la propia empresa fabricante advierte que en caso de intoxicación con Clarinet el afectado puede llegar a la inconciencia (coma). Afecta el hígado, las funciones respiratorias y cardiacas, además del sistema nervioso central. Es tóxico para organismos acuáticos y extremadamente riesgoso para el agua.

Urgente llamado a la acción

Ante estas intoxicaciones masivas, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) Chile, hace un urgente llamado a las autoridades a tomar medidas de fondo para evitar la repetición de este tipo de hechos año tras año.
En primer lugar, llama a regular las fumigaciones de plaguicidas por avión y vía terrestre. Actualmente sólo en algunas regiones hay reglamentación exclusivamente para las fumigaciones aéreas. El Ministerio de Salud lleva años elaborando un reglamento nacional sobre fumigaciones aéreas y terrestres que todavía no ve la luz.
En segundo lugar, es necesario realizar una verdadera fiscalización por parte de los organismos de Salud y Trabajo encargados de esta área. En esta época cualquier persona que viaje por las carreteras de la zona central podrá comprobar que las fumigaciones con plaguicidas se realizan a destajo, a toda hora, a pleno sol, con vientos que esparcen los químicos en cualquier dirección. Los fumigadores trabajan las más de las veces sin protección alguna y, desde luego, sin control de la autoridad.
En tercer lugar, RAP-AL reitera la necesidad de prohibir el uso de los plaguicidas más tóxicos, entre los cuales están los organofosforados (clasificados por la OMS como 1a y 1b).
Según el propio Ministerio de Salud, en el año 2008 hubo 849 casos notificados y confirmados de intoxicaciones. Pero se estima que sólo se notifica 1 de cada 4 casos de intoxicaciones, así que la cifra se elevaría a 3.400 personas intoxicadas anualmente. La mayor parte de las víctimas son mujeres que trabajan como temporeras para la agroindustria de exportación.
Ya se informó oficialmente que este año entre enero y septiembre habían 340 casos de intoxicaciones y seis muertes, dos de ellas en la región del Maule y las restantes en las regiones de Arica y O’Higgins. Aunque hay un llamado formal del Ministerio de Salud a estar “alerta”, aún no se termina de romper la rutina funcionaria y, por tanto, no se llega a una acción efectiva.

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina
(RAP-AL) Chile
Contactos: 3416742, cel. 900 23729 y 829 74730

jueves, noviembre 26, 2009

CORRE HOY UN LAGRIMA ROJO Y NEGRA


Toño Román: DONDE TODOS NOS CONOCIMOS: UNED.

Notas póstumas (por Chamo)
...La Bernarda me confirmaba lo que ya era un hecho, te alejabas de la mediocre cotidianidad que no pudimos ni nos dejaron transformar, los sueños de ochentero están aún más relucientes que ayer por ti, por mí y por todos los que a ti se parecen...descansa en paz compañero que ahí seguiremos entonando las canciones del santiago del nuevo extremo..." en mi ciudad murió un día, el sol de primavera me fueron avisar...”


Hace un par de semanas te veía reluciente y con ganas y voluntad de apoyar a a otro ochentero, Claudio Narea en Lo Prado y me sonaba como aquellos años de vuelta la democracia...putas que pena.

....Quizá se dio cuenta del estrecho espacio que va quedando para almas generosas y quiso ceder su lugar en un testimonio final de su grandeza


Hasta siempre Toño, el de la UNED, el dirigente universitario, el de las jornadas, el de encuentros clandestinos,(todos apoyamos tus campañas de joven mirista), impulsor de la JRME, de trabajos voluntarios...ufff... Mis últimos encuentros casi mágicos: en micro, me comentas textos de Petras.


2.- año 93, golpeo la sede de Max Neef para unirme a la campaña, se abre la puerta, la primera persona que veo es..el Toño Román. 3.-y último, alegría y vino, cantamos con otros "aquí nadie muere compañero, aquí nadie cesa de luchar, aquí nada termina compañero, aquí cada día es continuar..." Luego nos perdemos la pista, como tantos. Un abrazo fuerte y mis lágrimas de hombre para ti, hermano.

Que difícil es ver partir a un amigo, aunque sé que ya te has reencontrado con tantos entrañables que partieron antes.
Sin duda en algún lado de otra vida ya suena la salsa y tú no te contienes las ganas de bailar.
Con nosotros queda tu sonrisa compañero.

Querido Toño...El pasado sábado nos regalamos uno de los días más hermosos desde hace mucho tiempo... Gracias por pasar a despedirte con tu gran abrazo de reencuentro... te recordaremos con tu último grito rojo y negro...te recordaremos junto a Marco y a tantos que ya han partido...podemos sentirnos orgullosos y privilegiados porque vivimos en una época de Gigantes.

Nos unió una visión de futuro, un sueño, una esperanza a construir, como también el dolor y la obligación moral de cambiar el orden triste e injusto, hoy recuerdo cuantos encuentros en el sur de chile, nos separo la distancia del tiempo, ya no podremos acá, recuperar ese tiempo, pero si podré contar de tu ejemplo y con ello conservar tus sueños y esperanzas, en fin seguirás vivo entre nosotros...

Desde lejos, pero ahí estaré. Los acordes con que nos hizo resonar la vida se van transformando, seguimos resonando con bases sólidas que vienen del contrapunto que un día hicimos juntos. Nos faltarás, Toño, así como todos los amigos hoy ausentes de la orquesta que hicimos juntos...

Te encontramos con Robin en alguna calle de Santiago, parece que te fuiste lejos, como otros de mi generación, pero que sirva como dice Fesal para darnos cuenta que siempre somos los mismos, donde estemos...siempre nos encontramos...aunque nos perdamos....hasta cuando seguimos pedidos?

Chamo

martes, noviembre 24, 2009

Alto a la represión para hacer posible diálogo real gobierno/pueblo mapuche



Convocados por la Comisión Etica Contra la Tortura, destacados luchadores por los derechos humanos, junto a académicos, personalidades, profesionales y miembros de diversas organizaciones sociales suscribieron un llamado al gobierno de la Presidenta Bachelet y al Estado de Chile, demandando un diálogo real con el pueblo mapuche, que se haga cargo de sus demandas y respete sus valores. Para hacer viable este diálogo, solicitan al gobierno un alto a la represión en territorio mapuche, el retiro de las fuerzas policiales instaladas en las comunidades y de las demandas judiciales presentadas por funcionarios del Estado; la aplicación por la justicia del debido proceso, y la aplicación de sanciones (y reparación) en los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía. Exigen asimismo que se resguarde en especial la integridad física y psicológica de los menores y jóvenes mapuche, y se respete el derecho a la vida. El llamamiento será entregado el viernes 27 de noviembre en La Moneda, junto al listado de firmas que avalan la iniciativa. Asimismo se hará llegar a los candidatos a la Presidencia.
Los firmantes ofrecen el apoyo activo de la sociedad civil a un diálogo de esta naturaleza, inédito en la historia republicana chilena. Entre quienes encabezan este llamamiento se encuentran Monseñor Luis Infanti, Vicario Apostólico de Aysén, Helmut Frenz, Pastor luterano, el padre Alfonso Baeza, vicepresidente de Cáritas Chile; Hernán Vergara y Fernando Aliaga, Presidentes de Amnistía Internacional Chile y del Servicio Paz y Justicia Serpaj, respectivamente; el sociólogo Manuel Antonio Garretón (Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007); los historiadores Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia 2008), Sergio Grez Toso (Director del Museo Vicuña Mackenna), Margarita Iglesias, Jorge Pinto Rodríguez, Alberto Díaz Araya; el ex Juez Juan Guzmán Tapia, y los abogados Alejandra Arriaza y Susana Machuca; Manuel Cabieses, director de Punto Final, Juan Pablo Cárdenas, director de la radio Universidad de Chile y Máximo Kinast, corresponsal de prensa.
A estos nombres se agregan, entre muchos otros, los de renombrados académicos como Felipe Portales, Manuel Fábrega, Myrna Villegas, Angélica Pizarro, Patricia Albornoz, Bernardo Subercaseaux, y Andrés Monares junto al ex vicepresidente de la FECH Felipe Hazbún, a Ariel Antillanca, dirigente mapuche, y a Pedro Alejandro Matta. Organizaciones como el Comité de Retornados del Exilio, el Comité Oscar Romero, el Comité de DDHH Kamarikun, Observadores de la Escuela de las Américas, Red Latina sin Fronteras y Ecoceanos también suscriben las demandas de diálogo y alto a la represión. Profesores, abogados, médicos, antropólogos, educadoras de párvulos, ingenieros, sacerdotes y agentes pastorales se han hecho parte de este planteamiento al gobierno desde la sociedad civil.
La convocatoria comienza con un diagnóstico de la situación actual, que caracteriza como “una guerra de baja intensidad del Estado chileno contra el pueblo mapuche a través del gobierno, sus fuerzas policiales y los órganos del poder judicial”. Subraya la impunidad reinante respecto de los casos de mapuche muertos por acción de las fuerzas del Estado (Alex Lemún, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo y Jaime Mendoza) y el caso del menor José Huenante, desaparecido en democracia. Recuerda que hay más de 50 presos políticos mapuche sufriendo prisión efectiva producto de montajes policiales y/o siendo juzgados por la justicia militar o por la ley antiterrorista heredada de la dictadura. Destacan que la mayoría de los detenidos ha sido torturado al momento de su detención.
El documento califica como vanas las prácticas que el gobierno chileno ha realizado en respuesta a anteriores llamados al diálogo y a una solución pacífica del conflicto, pero reafirma que “aún un posible un diálogo real y necesario y que se cumpla con el mandato del Convenio 169 de la OIT” .
Los firmantes se manifiestan comprometidos con la justicia y la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y sostienen un rotundo rechazo a la práctica de la tortura y la utilización de tratos inhumanos, crueles y degradantes.
La Comisión Etica Contra la Tortura ha estado realizando un seguimiento del conflicto mapuche/Estado/forestales desde el año 2007, constatando un alarmante incremento de la represión, paralelo a una absoluta falta de respuesta del gobierno frente a los hechos denunciados.

martes, noviembre 03, 2009

"119 de nosotros" en Madrid con Lucía Sepúlveda



Este martes 3 de noviembre a las 19.30h tendrá lugar en Madrid, en la librería Traficantes de Sueños, la presentación del libro "119 de nosotros" a cargo de su autora Lucía Sepúlveda, periodista chilena colaboradora de Punto Final y Rebelión. Con la participación de José Manuel Martín Medem, periodista y Mario Amorós, historiador.


El 24 de julio de 2009 se cumplieron 34 años del día en que los nombres de 119 chilenos y chilenas fueron portada en la prensa y la TV chilena. Citando datos de periódicos montados expresamente para la ocasión en Curitiba, Brasil, y Buenos Aires, se informó en Chile de que 119 “supuestos desaparecidos” habían sido asesinados en el exterior por sus propios compañeros de izquierda. Para el vespertino La Segunda, habían sido “exterminados como ratones”. Ese fue el titular y la tónica de las informaciones. Culminaba así un montaje mediático que la DINA llamó “Operación Colombo” y que fue denunciado por sus familiares como la “Lista de los 119”. Esta maniobra de guerra psicológica fue el inicio informal de la Operación Cóndor, la criminal alianza trasnacional de Pinochet para eliminar opositores, apoyado en los servicios secretos de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, entre otros países. El Colegio de Periodistas de Chile pidió perdón públicamente en junio de 2008 por el rol de la prensa en ese montaje.

Ladrón que robó vidas


Sin embargo, Pinochet murió sin ser juzgado por estos crímenes, aunque estuvo desaforado por ellos y por ladrón. Este libro es sobre el robo de la vida de 119 vidas de hombres y mujeres, la mayoría muy jóvenes, que se jugaron enteros por un Chile más justo y libre de la tiranía. Eso no le importó a la justicia chilena ni al ex gobernante Eduardo Frei (actual candidato a presidente por la Concertación), que rescató de la cárcel de Londres al ex dictador asegurando la impunidad. Ellos desaparecieron, lanzados al mar o a los volcanes del sur.

Pero la memoria de los 119 está hoy en las marchas por la libertad de los presos políticos mapuche y no mapuche, y en la exigencia de “tortura nunca más”. Escribiendo sus historias de vida, este libro de Lucía Sepúlveda Ruiz (LOM Ediciones, 572 páginas) buscó entregarles un sitio privilegiado en la memoria, una conexión real y virtual con nuestros sueños, con las luchas de las nuevas generaciones y con los montajes mediáticos y el uso de la tortura en Chile, que reproduce viejas prácticas heredadas de la dictadura de Augusto Pinchet.

martes, octubre 27, 2009

La justicia militar, Bachelet y los mapuche

Al filo del fin de su mandato, la Presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que le quitará competencia a la justicia militar para juzgar a civiles –entre ellos a los mapuche – y creará nuevos órganos militares: juzgados de garantía, tribunales orales y ministerio público para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Es difícil que la iniciativa pueda avanzar, dado el receso anunciado para el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados debido a las campañas electorales. Para la discusión del proyecto que implicará un elevado gasto en recursos para los nuevos mecanismos, sólo restará el escaso tiempo que queda desde el 13 de diciembre, día de la elección presidencial hasta la segunda vuelta (10 de enero). Lo que ocurra después, dependerá de quién sea elegido presidente de Chile, y hasta ahora ningún candidato ha puesto este tema entre sus prioridades, por lo que no se avizoran cambios en el futuro inmediato. En lo formal, sin embargo - aunque nada cambie en el país- la Presidenta podrá afirmar ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que ha dado respuesta a las exigencias planteadas en ese sentido, en especial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente sobre el tema “Justicia militar en causas mapuche” expusieron en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 21 de octubre, en un auditorio colmado de público mayoritariamente mapuche, el historiador Sergio Grez, el jefe de prensa de radio BioBio, periodista Nibaldo Mosciatti, el padre de un preso político mapuche, Sadi Huillical, y los abogados especializados en derechos humanos José Galiano y Alberto Espinoza. La exitosa convocatoria partió de la agrupación mapuche Kilapán y los familiares de presos políticos mapuche, y apuntaba a contra lo que Mosciatti calificó ese día como “la brutal indiferencia de la mayoría de los chilenos sobre este conflicto, una indiferencia que es también desprecio…y desconocimiento por gran parte de los ciudadanos”. De ese foro surgió la voluntad de impulsar un amplio movimiento de solidaridad con los presos políticos mapuche.
Emplazamiento a los candidatos
Alberto Espinoza, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, abogado de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de presos políticos de ayer y de presos políticos mapuche hoy, sostuvo:
“A lo largo de los gobiernos de la Concertación se han cursado distintos proyectos y a más de 20 años del término de la dictadura, ninguno de ellos ha prosperado. ¿No sería bueno emplazar a los candidatos sobre esto? No encontramos proyectos en los que se materialice una reforma profunda, pese a que se ha consensuado la necesidad de introducirla. La justicia militar se validó a raíz de la reforma procesal penal. Fue a raíz de la Reforma Procesal Penal y la creación del ministerio público, que se introdujo una modificación a la Constitución del 80 en que por primera vez se reconoce la justicia militar y su independencia. En esa oportunidad se desperdició una gran oportunidad de haber reformado la justicia militar.”
A juicio del abogado Espinoza, no se justifica una jurisdicción especial de tipo militar. “Bastaría que se incorporara un capítulo en el Código Penal donde se establezcan los delitos militares y que los procedimientos para juzgar a los militares se desarrollaran dentro de las reglas universalmente aceptadas. No se justifica ni siquiera la existencia de un código militar. Los procedimientos deberían ser los mismos que los dispuestos para el resto de las personas.”
El profesional aclaró que respecto de los mapuche, el problema no es sólo la aplicación de la justicia militar. Afirmó: “Sería un error cargar la crítica exclusivamente al tema de la jurisdicción penal militar, ya que tanto esta como la de la reforma procesal penal tienen los mismos objetivos y las mismas características, que en la práctica privan a los imputados de su legítimo derecho a la defensa y a contar con las garantías procesales reconocidas para todos los seres humanos.”
Abuso de poder del Estado
Nibaldo Mosciatti agradeció la confianza de los mapuche en su radio. Al iniciar el foro, los organizadores habían comparado el rol de la BioBio con el de radio Cooperativa en dictadura (“la voz de los sin voz”), afirmando que en el campo mapuche se escuchan las noticias de ese medio para saber qué pasa en las comunidades.
El afirmó: “El Estado chileno ha recurrido a instrumentos como el uso de la ley antiterrorista, de testigos anónimos, y el privilegio de las amplias facultades de la justicia militar, que en la práctica constituyen abuso de poder. Es una herencia de la transición chilena…y una deuda fundamental de la democracia y de una transición que en aras de la estabilidad, estuvo dispuesta a sacrificar valores fundamentales de la democracia, como es la justicia. El acuerdo de no tocar el poder de los militares y civiles afines a la dictadura, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones a la justicia militar. Nos acostumbramos a excluir, a segregar, a discriminar a los mapuche pero también no sólo a ellos. Los actores del conflicto se han ido deshumanizando, fruto de mucha humillación, mucha opresión e imposición de modelos, un modelo que tiene como única lógica la economía, la producción, y mira los territorios sólo como fuentes de recursos naturales explotables. Y a su vez, la respuesta de los humillados asume la lógica de la exclusión, la lógica de la negación del otro”.
Respecto del rol del gobierno, valoró la disposición al diálogo del ministro Viera Gallo en contraposición a “voces de autoridades que suenan como si tuvieran más vocación de esbirros que de políticos. Llaman al orden pero un orden desde la imposición, desde la amenaza de la fuerza…desde la defensa de los intereses de los poderosos”.
Sostuvo que a nivel del Estado, hay falta de imaginación para abordar los nuevos temas, y “falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, por ello enfrentamos el peligro de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos. Muchas veces sus declaraciones no son más que la repetición de fórmulas retóricas, vacías de sentido propósito y voluntad.”
Hizo un llamado a todos los actores del conflicto a intentar entender qué hay detrás de los gestos, las arengas y las declaraciones, a reconocer la diversidad, valorarla e intentar entender al otro. “Al final todos somos eternamente un otro. Y si no valoramos la condición humana de cualquier otro, no habrá espacio a su vez para que nos entiendan”, alegó Mosciatti, que había iniciado su intervención advirtiendo que iba a hablar “desde el corazón”.
Concluyó aseverando: “A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes me pregunto si la solución no pasa primero por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Esa es mi esperanza.”
Los requerimientos
Alberto Espinoza se remontó a los orígenes del concepto de “requerimiento”, que actualmente es la acción judicial presentada por ley antiterrorista o por ley de seguridad interior del estado contra los luchadores sociales mapuche. En 1502, un documento llamado “Requerimiento” elaborado por una junta de juristas de Burgos, España, legitimó el concepto de guerra justa para reprimir y aplastar a los pueblos originarios, con el aval del Papa y el rey.
Criticando la aplicación de la ley antiterrorista a quienes son detenidos por atentados incendiarios, recalcó que para la definición de terrorismo, la afectación del bien jurídico de la vida debe estar presente y también se requiere que el supuesto terrorista cuente con armas de gran poder destructivo “y no creo que lo sean las piedras, las hondas y los palos. Se les aplica esta ley a los comuneros cuando frente a ellos, están los carabineros que sí tienen armas de gran poder destructivo. Es una fuerza policial que en la realidad está militarizada. Sería interesante determinar cuál es el poder de fuego y el tipo de armas e instrumentos que utiliza. Cuenta con armas no sólo defensivas, y opera con tanquetas, helicópteros, que son medios propios de una guerra. Es un tema que requiere un análisis más a fondo.” Alberto Espinoza tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco.
Ahondando en la justicia militar, sostuvo que no cumple con principios básicos del debido proceso. Recordó que el juez militar es el comandante de división de cada zona, y deja ese cargo si es trasladado, lo que afecta principios como la imparcialidad, la inamovilidad y la independencia. Aunque toda sentencia debiera estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, “en la justicia militar eso no existe porque se aplica el sistema inquisitivo - nombre que proviene de la Inquisición- en el cual el derecho a defensa está profundamente limitado debido al secreto del sumario.” Por tiempo indefinido –pues el sumario no tiene plazo- el abogado que ve estas causas no conoce los cargos que hay contra los imputados ni los elementos sobre los que se construyen esos cargos.
¿Carabineros son militares?
Alberto Espinoza criticó que la justicia militar incluya actualmente a Carabineros ya sea como víctimas o como acusados. “En la constitución Carabineros es reconocido como fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la Policía de Investigaciones. Algunos jueces de garantía han promovido contiendas de competencia respecto de carabineros, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional las han rechazado, estrechando filas para consolidar esa institucionalidad, ante la indiferencia de los legisladores y el poder ejecutivo. “
El abogado destacó sin embargo que en los dos últimos años la Corte Suprema ha dictado fallos respecto de que los menores no pueden ser juzgados nunca por la justicia militar. Adelantó asimismo que a partir de la vigencia del convenio 169, está explorando cómo fundamentar una incompetencia de la justicia militar para procesar al pueblo mapuche.

Guerra de baja intensidad
El historiador Sergio Grez, director del Museo B. Vicuña Mackenna, y uno de los impulsores de dos declaraciones/manifiestos en apoyo al pueblo mapuche ante los asesinatos de comuneros, recalcó que “como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía. Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.”

Para él, los métodos empleados para quebrar la resistencia mapuche son “la militarización del territorio mapuche a través de la instalación permanente de Carabineros como guardia pretoriana de los empresarios en las zonas más álgidas; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas”.

Describió asimismo el acoso permanente a las comunidades que luchan por recuperar sus tierras, recalcando: “Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judicializadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.”
Agregó que los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la justicia civil como por la justicia militar bajo la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.”
Explicó también que si una causa criminal parece no prosperar, los fiscales civiles y militares “se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión”. Reveló que eso es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Llamados a la guerra
Por su parte Mosciatti se refirió a una declaración reciente de la CAM, señalando: “Cuando escucho convocatorias que llaman a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido nada de nuestra historia reciente acerca de los efectos del uso de la violencia en nuestra patria. La violencia, aunque sea justa, al hacerse habitual termina degradando también a quien la ejerce. La violencia es lo mismo que el poder….corrompe, pero primero brutaliza, porque da excusas para el abuso, justifica el abuso. Hemos vivido siglos de guerras y revoluciones, y ¿para qué? Yo sólo veo rumas de cadáveres que terminaron matando los ideales de esas guerras o revoluciones. Las palabras inflamadas, detrás de la violencia y las proclamas…sólo sirven para despertar a nuestros más bajos instintos, azuzar a la bestia que vive en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que el odio, a punta de palizas, de discriminación, acorralamiento, de quema de camiones, sea el que trace el camino? ¿Hay así un camino posible?”
Recuerdos de la DINA
Ligando pasado y presente Sergio Grez afirmó que los procedimientos de los fiscales le recuerdan las “condenas clandestinas” de la DINA durante la dictadura de Pinochet, que él conoció en el campo de concentración de Puchuncaví, en 1975. “Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación.”

Criticó asimismo la política del gobierno de pretender dividir al movimiento mapuche en “buenos” (que podrán recibir tierras) y “malos” (los que luchan y son considerados violentistas) y alertó sobre la formación de cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano.
Al reseñar las características de la justicia militar, agregó que la imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Denuncia por tortura
Sadi Huillicán viajó a Santiago desde el poblado cordillerano de Icalma enclavado en el sur profundo, a más de 900 km de esta capital, y cerca de la frontera con Argentina, El es el padre de Jonathan Huillican Méndez (24 años) y dio testimonio en el foro sobre la detención de su hijo, torturado desde que fue detenido en Temuco por la PDI para que se culpara a sí mismo o a otro, de haber participado en una emboscada contra el fiscal Elgueta ocurrida. “Esto para mí y el sentimiento de los mapuche es sólo un montaje político en contra de nuestro pueblo. Es pura mentira.” El joven estudiante pehuenche lleva ya seis meses preso en la cárcel El Manzano, de Concepción, por ley antiterrorista. Su padre afirmó: “Con la gracia de Dios tengo la certeza y la convicción mediante el expediente que ya se abrió, que no hay ninguna prueba que justifique la acusación. Aquí se ve que sólo hay una intención del Estado contra nuestro pueblo, el Estado lo único que quiere es la extinción de nuestra cultura y nuestras raíces.” Agregó que los ocho presos de la cárcel de El Manzano fueron llevados a una reconstitución de escena en Cañete, pero se abstuvieron de participar porque no tenían que ver con esos hechos. Informó asimismo que el 25 de septiembre de 2009 presentó en tribunales de Temuco una querella criminal contra los responsables de la tortura a Jonathan, patrocinada por el abogado Pablo Ortega y agradeció la solidaridad recibida en Concepción y ahora en Santiago.

lunes, octubre 19, 2009

José Galvarino Lepicheo entre la zanahoria y el garrote




El “diálogo” que lleva adelante el gobierno de la Presidenta Bachelet con el pueblo mapuche incluye la práctica de la zanahoria y el garrote. José Galvarino Lepicheo (19 años), joven mapuche del sector Huentelolén ubicado en las cercanías del lago Lleu Lleu, logró obtener la beca estatal para dar la prueba de ingreso a la universidad (PSU) en diciembre. Pero no podrá presentarse a rendirla. Desde el 15 de agosto de 2009, el joven estudiante está preso en Lebu bajo acusaciones de la ley antiterrorista. El próximo viernes 23 de octubre, el Juzgado de Garantía de Cañete decidirá si José Galvarino Lepicheo permanecerá en prisión preventiva los ocho meses originalmente fijados como medida cautelar, o si el juez le permitirá retomar sus estudios en el Centro de Educación Integrada de Adultos “Quimahue” de esa ciudad, donde cursaba tercero y cuarto medio. Si no se presenta en noviembre, no podrá concluir esos estudios y perderá su única oportunidad de usar la beca de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, que sólo se otorga una vez. En la marcha del pasado 12 de octubre en Santiago, podía observarse un lienzo pidiendo su libertad y apoyando su derecho a estudiar. En diversos centros de estudio de la capital y regiones han aparecido afiches denunciando su caso.
Premio y castigo
José Lepicheo Machacan y Claudio Tranamil Ñanco - joven dirigente de la comunidad Nicolás Calbullanca - fueron detenidos al interior de una escuela ubicada en la Comunidad Pascual Coña, en el sector del Lago Lleu-Lleu, el 15 de agosto, en vísperas del funeral del comunero Jaime Mendoza Collío, asesinado por Carabineros en la comuna de Ercilla. Esta escuela fue abandonada por el Estado chileno, arguyendo el nivel de conflictividad del sector, y los propios mapuches están desarrollando un proyecto de autogestión educativa con sus propios programas y clases. Los jóvenes están acusados de asociación ilícita terrorista y la “prueba” de la fiscalía son imágenes de un corte de ruta en el camino de Cañete a Tirúa, en que fueron heridos unos policías al día siguiente del asesinato de Mendoza Collio, captadas por la cámara filmadora de Lepicheo. La cámara fue ganada por él en un concurso de cuentos organizado por FUCOA (Fundación de Comunicaciones del Agro). Lepicheo obtuvo el segundo lugar con el relato “La machi recuperando sus medicinas para la gente”.
Detención en 2007
José Lepicheo vive en el sector de Huentelolen, cercano al lago Lanalhue. El Estado chileno está a punto de de lograr que pierda por segunda vez su año escolar, producto de la prisión. Cuando fue detenido, cumplía en libertad vigilada una sentencia de tres años. Había sido arrestado en noviembre de 2007, a los 17 años, constituyéndose en el primer caso de preso político mapuche menor de edad. Se le condenó por el incendio de un vehículo durante una movilización desarrollada durante la huelga de hambre de Patricia Troncoso. Su padre, José Ignacio Lepicheo Machacán, y su mamá, Domitila del Carmen Macacan Huenul, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción denunciando que su hijo resultó herido en un ojo derecho y fue objeto de golpizas y maltratos en el centro de detención de menores de Coronel (CERECO), lo que generó un amplio movimiento de solidaridad que permitió su libertad condicional.
El bisnieto de Angelita Huenuman
En la audiencia del 23 de octubre también se verá la revisión de medidas cautelares de Carlos Muñoz Huenuman, bisnieto de Angelita Huenuman, quien inspirara la canción homónima de Victor Jara. El es un respetado líder de su comunidad Venancio Ñeguey, de la cual ha sido presidente. También se pedirá la libertad de otros presos del sector Puerto Choque: Juan Carlos Parra Leiva y Claudio Marcelo Tranamil Ñanco, todos ellos detenidos por la ley Antiterrorista en la cárcel de Lebu.
Carlos Muñoz y Juan Carlos Parra Leiva permanecen en prisión desde el 8 de abril de este año, acusados, entre otros montajes, del atentado al fiscal Elgueta. La acusación solo estaba respaldada por el secreto de las declaraciones de los testigos protegidos. Su abogado defensor, Nelson Miranda, logró finalmente acceso a estas declaraciones, llegando a la convicción que las pruebas no tienen el carácter que les atribuye la fiscalía.

Juan Carlos Parra Leiva trabajaba en Rancagua para paliar la grave situación económica que afecta a su familia. Claudio Tranamil Ñanco es un joven dirigente que ha viajado a exponer la situación de su pueblo a Europa. Su detención le impidió viajar a un encuentro en Australia. Los jóvenes comuneros representan una muestra de los nuevos liderazgos en la nación mapuche. El montaje policial que les afecta es considerado por sectores de derechos humanos y las organizaciones del pueblo mapuche como un intento de desarticulación de las luchas por la recuperación de su territorio ancestral.
Las comunidades de la zona de Lleu-Lleu han anunciado que asistirán a la audiencia a apoyar a los jóvenes comuneros.

Universidad Alberto Hurtado: debate sobre rol de la Justicia Militar


Un historiador, dos abogados, un periodista y un familiar de preso político mapuche analizarán el miércoles 21 de octubre el rol de la justicia militar en las causas mapuche, en un seminario que tendrá lugar en Santiago en el auditorio de Erasmo Escala Nª 1822, de la Universidad Alberto Hurtado, a las 19 horas.

Las exposiciones de Sergio Grez (director del museo Vicuña Mackenna), Alberto Espinoza y José Galiano (de FASIC y ARCIS), Nibaldo Mosciatti (director de Radio BioBio), más un miembro de la agrupación de familiares de los presos políticos mapuche - que organiza la actividad junto a la agrupación mapuche Kilapan - posibilitarán un debate con el público sobre el tema.

La voz del gobierno
Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y del subsecretario Patricio Rosende reafirmando la aplicación de la legislación antiterrorista a los detenidos por acciones relacionadas con el conflicto mapuche, serán la referencia obligada respecto de la posición del gobierno, fuertemente criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El senador Alejandro Navarro, ex candidato presidencial, ha sostenido que los altos funcionarios pasaron a llevar el compromiso adoptado por la Presidenta Bachelet el año 2006, de no volver a aplicar esa legislación y recordó que la Presidenta, incluso presentó entonces un proyecto de ley para impedir la aplicación de esa normativa por delitos contra la propiedad. Para Navarro, ello implica un alarde innecesario de fuerza y constituye un montaje orientado a detener las movilizaciones por recuperación de tierras.

Cien veces aplicada
Desde hace 10 años, aproximadamente, con el inicio del mal llamado “conflicto mapuche” protagonizado por las forestales, el Estado Chileno y las comunidades que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales, el gobierno de la Concertación ha utilizado la Justicia Militar como una de sus herramientas de represión y control social. Por esa vía más de un centenar de mapuche han sido procesados. En el gobierno de Bachelet, la cifra se eleva a 34 casos, incluyendo en ellos a activistas que apoyan la lucha mapuche.

Actualmente, quince comuneros de Choque y otras comunidades, y varios activistas no mapuche están siendo procesados por la Ley Antiterrorista. Además cinco de estos
Presos Políticos Mapuche están siendo víctimas de un doble procesamiento gracias una colusión entre la Justicia Civil (Ley Antiterrorista) y la Justicia Militar (Fiscalía Militar de Concepción).

Para el abogado de derechos humanos, Alberto Espinoza (FASIC Fundación Social de Ayuda de las Iglesias Cristianas) “la aplicación de la Justicia Militar constituye una doble militarización pues se procesa a mapuche en comunidades militarizadas por el propio Estado chileno”. Para los familiares de los presos, la aplicación de la Justicia Militar impuesta por el Estado Chileno a mapuche “no sólo viola los derechos humanos si no que constituye, además, un acto de discriminación racial”.

A 20 años del fin de la dictadura militar, aún se aplica la Justicia Militar a civiles y Mapuche en Chile. Entre las interrogantes posibles de formularse está si a los Presos Políticos Mapuche se les considera sujetos de derecho, qué calidad tienen como imputados, si se les garantiza una real protección judicial, dado que en la mayor parte de los casos sólo cuentan con defensores públicos que cumplen deficientemente su rol. Y por otra parte, también se analizará si este accionar está acorde a los principios y garantías contenidos en la actual Reforma Procesal Penal, la Constitución y los Tratados Internacionales vigentes. Para los observadores y organismos de derechos humanos, la respuesta sobre la independencia e imparcialidad necesarias para investigar las causas Mapuche resulta obvia al estudiar los resultados de las causas juzgadas en los tribunales militares y en especial la impunidad respecto de las muertes de comuneros por efectivos de carabineros.

martes, octubre 13, 2009

Nueva sentencia de 21 años para Antonio Guerrero, cubano antiterrorista



Rechazando el acuerdo negociado entre el gobierno EEUU y los abogados de defensa de Antonio Guerrero, que recomendó una sentencia de 20 años, la jueza Joan Lenard rehusó los términos del acuerdo. Después de una sesión de cuatro horas en la corte, la jueza impuso una sentencia de 21 años, 10 meses.

Reafirmamos nuestro ineludible compromiso de mantener e incrementar nuestros esfuerzos de exigir la libertad inmediata de nuestros Cinco hermanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, por ser ellos inocentes de los cargos que el gobierno de Estados Unidos les imputa.

Hoy martes, 13 de octubre de 2009, se celebró en esta ciudad de Miami, en el Tribunal Federal de Distrito del Sur de la Florida, la audiencia de reducción de condena de uno de nuestros Cinco hermanos, Antonio Guerrero, una de las tres ordenadas en septiembre de 2008 por el Pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito. El Tribunal Federal de Distrito aún no ha fijado la fecha o fechas en que se celebrarán las otras dos audiencias de reducción de condenas: las de nuestros hermanos Ramón Labañino y Fernando González.

En septiembre de 2008 el Pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito anuló las condenas a cadena perpetua a Antonio y a Ramón por el cargo de Conspiración para Cometer Espionaje como también anuló la condena a 19 años de prisión a Fernando por otros delitos impuestas a ellos en diciembre de 2001.

Hoy el Tribunal Federal de Distrito le impuso a Antonio una condena de 21 años y 10 meses de prisión por el falso delito de Conspiración para Cometer Espionaje

Independientemente del proceso judicial y de las decisiones que de él emanen en el que se ven envueltos nuestros Cinco hermanos, nuestro compromiso de exigir la inmediata libertad de los Cinco se mantiene y se mantendrá inalterable hasta lograr su libertad.

El caso judicial seguido en contra de nuestros Cinco hermanos es uno que nada tiene que ver con la justicia. Este es, y siempre ha sido, un caso político.

Los gobiernos de Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 han mantenido contra el pueblo de Cuba una política de agresión permanente. Parte fundamental de esa política de agresión permanente ha sido el uso de la violencia en contra del pueblo cubano. Los gobiernos de Estados Unidos han estado durante estas décadas involucrados directamente, o indirectamente a través de organizaciones terroristas de la extrema derecha cubano americana en Estados Unidos, en innumerables acciones terroristas en contra del pueblo cubano que han causado la muerte a más de 3,478 cubanas y cubanos como también han resultado en más de 2,099 cubanas y cubanos incapacitados trágicamente afectando la paz, la seguridad y el bienestar de ese pueblo.

En un acto de autodefensa de su pueblo el gobierno de Cuba, como haría cualquier otro gobierno responsable, asignó a estos Cinco la tarea de infiltrar a las organizaciones terroristas de la extrema derecha cubano americana que en Miami durante décadas han impunemente llevado a cabo campañas de muerte y terror en contra del pueblo de Cuba. Esa y no otra era la tarea de estos Cinco.

En vez de arrestar a los terroristas y llevarlos ante los tribunales por sus crímenes, el gobierno de Estados Unidos, partícipe de esas nefastas campañas de muerte y terror, arrestó a los Cinco, hizo 11 años el pasado mes de septiembre, y desde entonces los ha mantenido arbitrariamente encarcelados.

Es por estas razones que hoy en Miami reafirmamos y dejamos saber a nuestros Cinco hermanos, a sus familiares, a todas nuestras compañeras y compañeros del movimiento por la libertad de los Cinco en el resto de Estados Unidos y el mundo, así como al pueblo cubano, nuestra inalterable decisión de continuar e incrementar nuestros esfuerzos por lograr su inmediata libertad.

- Comité Nacional de Estados Unidos por la Libertad de los Cinco,
-el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, y las
- Organizaciones de la emigración cubana que en Miami integramos la Alianza Martiana: la Brigada Antonio Maceo, la Alianza Martiana (como organización individual), la Alianza de Trabajadores de la Comunidad Cubana (ATC), la Asociación José Martí y el Círculo Bolivariano de Miami.

En Miami, 13 de octubre de 2009

lunes, octubre 12, 2009

Observadores Internacionales en juicio a Elena Varela





En la marcha del 12 de octubre en la Alameda, tras un enorme lienzo azul con la frase “Newen Mapuche –Libertad a los presos políticos mapuche” encontramos a la documentalista Elena Varela. Está acompañada del equipo de producción OjoFilms de “Newen Mapuche” y filma la última escena de su documental sobre la represión a la lucha de las comunidades por la recuperación de su tierra ancestral. Esa lucha es el eje de la movilización que reunió en Santiago a cerca de siete mil personas, y registrar esa lucha en Arauco y Malleco, trajo a la cineasta tortura y cárcel, luego de su detención en mayo de 2008. La audiencia en que se fijará la fecha del juicio oral de Elena Varela tendrá lugar en Loncoche - localidad ubicada en el límite sur de la región de la Araucanía, a 85 km de Temuco - en diez días más, el 22 de octubre.

En septiembre de este año, su caso, denunciado por sus pares y organizaciones de ddhh como un montaje policial y un atentado contra la libertad de expresión, fue conocido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A Ginebra viajaron Elena Varela y su abogado Jaime Madariaga, miembro del equipo defensor encabezado por el ex juez Juan Guzmán. La documentalista concurrió flanqueada por Danielle Miterrand, ex primera dama francesa y directora de la Fundación France Liberté. Posteriormente Varela visitó la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. Había comenzado su viaje mostrando el trailer de su película en Oviedo, España, invitada por el Principado de Asturias, una de las 17 comunidades autónomas del país europeo, y por la ONG Pachakuti-Sol de Paz, de solidaridad con los pueblos del sur del mundo y los indígenas.

El juez de la causa había permitido levantar temporalmente la orden de arraigo, ya que el Ministerio Público pide 15 años de prisión para la documentalista (43 años, una hija de 16, intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, Magíster en Artes mención Musicología.) acusándola de planificar el robo a la Sucursal del Banco de Estado de Loncoche (2004) y un robo con homicidio en las oficinas del INP de Machalí (2005). Todo el material filmado para el documental –financiado con fondos públicos- y otras grabaciones originales fueron requisadas en el allanamiento realizado en forma simultánea con otras detenciones en localidades del sur del país.

¿Cómo evalúa su viaje a Europa?
Recibí un apoyo internacional muy grande. Se comprometió la presencia en el juicio de veedores internacionales de derechos humanos, entre ellos un juez de la Corte Penal Internacional y miembros del parlamento europeo que han solidarizado con la causa. Estos últimos realizarán además una misión de observación en territorio mapuche. Hoy me siento muy contenta de compartir en esta marcha la lucha y el esfuerzo de los hermanos mapuche y los compañeros solidarios chilenos presentes. Se nota que hay fuerza y que tiene que haber entendimiento en algun momento.
¿Qué comentarios le merece la demora en fijar el juicio oral?
A lo largo de todo el proceso, el ministerio público se ha comportado en forma negligente, no ha sabido llevar bien la causa, no ha sido respetuoso de los procedimientos. La acusación que me hacen no tiene fuerza pero ellos siguen sosteniéndola, con testigos falsos y pruebas falsas.
¿En el juicio insistirán en que se trata de un montaje?
La fiscalía y el ministerio público comenzaron los montajes judiciales con el tema mapuche y en el caso mío esto es una práctica dual, ya que se junta el tema de castigar la solidaridad con los mapuche con la persecución política hacia la izquierda.
¿Logró concluir su documental?
Ya hicimos una primera edición que se presentará al FONDART, el organismo del estado al que concursé ganando este proyecto. Así demuestro que el trabajo está hecho, pese a los tres meses de prisión en la cárcel de alta seguridad de Rancagua, y con lo difícil que me fue después trabajar, debido a la reclusión nocturna con firma en Santiago y en el sur. En la audiencia del 6 de octubre ganamos una batalla. Aunque el fiscal se oponía, la jueza María Angélica Baeza accedió a cambiar la medida cautelar, ahora sólo tengo arraigo y firma semanal en Loncoche, pero ya la mayor parte del trabajo está hecho. Esperamos estar estrenando la película en el verano del 2010.
¿Y los materiales secuestrados?
Eso nunca lo recuperé . Muchas escenas las tuve que rehacer, y otras las cambié. Está pendiente el montaje y el trabajo de post producción.

Hitos de la gira
Recapitulando sobre su gira europea, Elena destaca la acogida de Danielle Miterrand, y el apoyo de Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones de derechos humanos en París, junto a quienes dio una conferencia de prensa. Valoró especialmente el respaldo recibido del destacado cineasta chileno Patricio Guzmán (“La Batalla de Chile”) quien probablemente se hará presente también en el juicio. Hasta Francia, viajaron desde Suecia, Italia, Bélgica y Canadá miembros de la Red internacional de apoyo a Elena, que renovaron su compromiso con la campaña por su libertad. En Bruselas, el europarlamentario irlandés Joe Higgins, la acogió en la sede del Parlamento europeo.

Españoles en la marcha
En Santiago, una misión de derechos humanos de la organización anfitriona de Elena en Asturias, Pachakutik Sol de Paz, de visita en Chile, se hizo presente en la marcha del 12 de octubre convocada por la organización urbana MeliWixan Mapu bajo la consigna Bicentenario: Nada que celebrar. Eran las últimas horas de su estadía, iniciada una semana atrás. Dos de los integrantes de Pachakutik, Ana García Vallejas y Clara Zamorano, comprobaron en el sur las denuncias relacionadas con el trato que reciben los familiares de los presos políticos mapuche y quienes solidarizan con ellos. La misión visitó a los presos de las cárceles de Valdivia, Angol y Victoria y también algunas comunidades.
Mientras sus compañeros hacían tomas de la marcha, Ana García expresó: “Gendarmería nos obligó a desvestirnos completamente cuando ingresámos a visitar a los presos políticos mapuche en el recinto penitenciario de Victoria. Es un trato vejatorio. Nos han dicho que esa medida se aplica a todas las mujeres. En España la gente común no conoce lo que pasa en Chile, no sabe de este tipo de prácticas.La gran prensa no publica noticias sobre la represión a los mapuche, sólo es posible encontrarlas cuando se conocen los sitios de internet que dan espacio a estos temas. Hemos sabido que la agencia EFE informó lo que nos pasó, y eso es positivo porque nos permitirá explayarnos sobre esta experiencia. ”
Los miembros de la ONG española solicitarán al gobierno regional de Asturias que pida explicaciones al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sobre el trato dado a las mujeres que visitan el recinto penitenciario. Por otra parte, se mantendrán atentos al desarrollo del juicio a Elena Varela y reiteraron la solidaridad de su organización con las luchas del pueblo mapuche en demanda de su territorio ancestral.