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miércoles, diciembre 01, 2010

Plaguicidas responsables de seis muertes en Chile este año



Por RAP_Chile, Red de Acción en Plaguicidas

El 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional por el NO Uso de Plaguicidas para hacer un llamado de atención, especialmente a las autoridades de Agricultura, Salud y Trabajo, sobre los graves problemas sanitarios y ambientales generados por el uso de agrotóxicos a nivel nacional y global.

En Chile, al mes de septiembre de 2010 hay 379 notificaciones de intoxicaciones agudas por plaguicidas, 39 casos más que el año pasado a la misma fecha. Pero la cifra real es muy superior, porque se estima que sólo se notifica 1 de cada 4 casos. Las mujeres temporeras son las más afectadas, representando un 72% de las intoxicaciones masivas (brotes) registradas en este período. Un 67,3% de las intoxicaciones ocurren en las faenas agrícolas, y un 17,2% son intentos de suicidio o de homicidio. A septiembre de este año, las muertes notificadas son seis, correspondiendo a cuatro suicidios, una muerte de origen laboral y un homicidio (REVEP/MINSAL 2010).

Las regiones que presentan mayor número de casos son: Metropolitana con 130 casos de intoxicaciones (tasa de incidencia acumulada -TIA- de 1,9 por cada cien mil habitantes); O’Higgins, con 66 casos (TIA 7,5); Bío Bío con 44 casos (TIA 2,2); Maule, 35 casos (TIA 3,5). Arica-Parinacota con 35 casos (TIA 18,9). La situación de Arica es preocupante, está ligada a la acelerada expansión de monocultivos, y se puede agravar aun más por el aumento de semilleros transgénicos.

Por otra parte, la estadística oficial nada dice sobre los negativos impactos de las fumigaciones aéreas realizadas sobre comunidades vecinas a faenas agrícolas, un problema que se ha agudizado en los últimos años. Como consecuencia de ello, ha aumentado el número de comunidades organizadas para exigir el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación por plaguicidas. Pese al uso indiscriminado y creciente de plaguicidas, diez años demoró la tramitación de la normativa sobre fumigaciones aéreas. Ahora queda pendiente la regulación sobre aplicaciones terrestres, ambas antiguas demandas de RAP-Chile.

Es relevante destacar que un 23% de los casos ocurridos en Chile fueron causados por plaguicidas de las categorías extremada y altamente peligrosos (1a y 1b), cuyo uso está permitido. En el Senado se encuentra en primer trámite constitucional un proyecto de ley para prohibir este tipo de agrotóxicos. Una iniciativa similar fue boicoteada el año 2009 por parlamentarios con intereses ligados a la industria agroquímica.

La conmemoración del 3 de Diciembre fue establecida por 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 16.000 personas fallecidas en Bophal, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas.

Este y muchos otros graves accidentes han ocurrido en el mundo desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de plaguicidas. Se han contaminado el aire, suelos, aguas y alimentos causando profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos. Además contribuye al cambio climático. Estos costos han sido externalizados por la industria agroquímica y continúan siendo asumidos por la población afectada y el Estado.

El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas, como también a quienes consumimos, sin saberlo, alimentos con residuos de agrotóxicos dañinos para la salud. Esto quedó en evidencia este año, mediante análisis de laboratorio que detectaron residuos de metamidofós (espinaca) y carbendazim (lechuga) sobrepasando la norma chilena, europea y de Estados Unidos (EPA).

En América Latina y en Chile el uso de plaguicidas ha intoxicado a millones de personas, cobrando miles de víctimas, muchos de ellos niños trabajadores del campo o hijos de asalariados agrícolas. Sin embargo, nadie ha asumido la responsabilidad por estos crímenes que permanecen impunes.

En Chile se venden sin restricciones y se usan plaguicidas altamente peligrosos, con efectos cancerígenos, causantes de malformaciones congénitas (detectadas por estudios en la Región de O'Higgins) y alteradores de los sistemas nervioso, reproductivo e inmunológico.

En 2009 se importaron sobre 30.813 toneladas de agrotóxicos, con un valor de US$ 212.392.000 A octubre de 2010, se importaron 28.135 toneladas de plaguicidas, con un valor de US$ 200.148.000 (ODEPA 2010).

Por un Chile libre de plaguicidas y transgénicos y por una alimentación sana, apoyamos la agricultura orgánica y/o agroecológica.

Exigimos que se prohíba el uso de los plaguicidas altamente peligrosos por su efecto agudo y/o crónico, y que el gobierno ponga urgencia y apoye el proyecto de prohibición de los plaguicidas 1a y 1b velando efectivamente por la seguridad de los trabajadores agrícolas. Para todos estos agrotóxicos existen alternativas químicas menos dañinas, como recomienda FAO, y pueden ser reemplazados por métodos agroecológicos de control de plagas y enfermedades. También demandamos se cancele el registro del endosulfán, insecticida organoclorado contaminante orgánico persistente, extremadamente dañino para la salud. Por estas razones, ya ha sido prohibido en 72 países.



Alianza por una Mejor Calidad de Vida
(integrada por ANAMURI, OLCA y CIAL)

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina
(RAP-AL)

Más informaciones:
RAP-AL: Fono/Fax 3416742
Correos electrónicos: secretaria@rapal.cl; aplagui@rdc.cl
Avda. Providencia N° 365, oficina N°41, Santiago de Chile.
www.rap-al.org / www.rap-chile.com

viernes, diciembre 04, 2009

Copenhague y la ambigüedad del gobierno chileno

Ante el inicio de la reunión mundial sobre Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca, el próximo 7 de diciembre y en conocimiento de la posición formal del Gobierno de Chile dada a conocer hoy, las organizaciones integrantes de la Alianza por la Justicia Climática manifiestan:

1.- Que la postura del Gobierno chileno resulta ambigua y no contiene el compromiso concreto de aportar, de acuerdo a sus condiciones, a la lucha contra la alteración del clima de la Tierra. Chile debe hacer -con recursos propios- un aporte medible, verificable y reportable en la reducción del crecimiento de sus emisiones. Esto debe transformarse en una meta no sólo gubernamental, sino que nacional, involucrando al conjunto de la ciudadanía en su logro.

2.- Por otra parte, estimamos que Chile debiese exigir con claridad a los países industrializados el reconocimiento de su deuda histórica, constituida por el impacto de sus emisiones acumuladas desde la revolución industrial. Al mismo tiempo, debe exigir a estos países que contribuyan a que las naciones más pobres y vulnerables se encaminen hacia formas de vida no destructivas y puedan adaptarse debidamente a los cambios climáticos que tengan lugar, entregando un mayor protagonismo a las comunidades afectadas.

3.- En cuanto al rol del comercio de carbono, cuestionamos que éste se transforme en el mecanismo central para el financiamiento de la reducción de emisiones en nuestro país. Los Mecanismos de Desarrollo Limpio permiten a los países industrializados eludir sus responsabilidades de reducción de emisiones, las que debiesen efectuarse domésticamente, y facilita la implementación de proyectos ambiental y socialmente insustentables, constituyendo las más de las veces sólo un lavado verde por parte de las empresas que los ejecutan.

4.- La mitigación y adaptación de nuestro país a este cambio global ofrece una oportunidad para iniciar cambios estructurales en la política pública nacional. En este marco, el gobierno de Chile debe reformular el capítulo de acciones del Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, incorporando la participación de las organizaciones ciudadanas. Este Plan debe priorizar una Política Energética compatible con el Cambio Climático, orientada a reducir las emisiones de gases que afectan el ambiente local y global y a prevenir nuevos pasivos ambientales, reemplazando el actual esquema basado en megaproyectos y controlado por grandes corporaciones privadas. Es necesario diversificar la matriz energética, priorizando y acelerando la introducción de Energías Renovables No Convencionales y establecer una moratoria a la instalación de nuevas centrales termoeléctricas a petróleo y carbón. Son necesarias igualmente medidas en los ámbitos de urbanismo (frenar la expansión urbana) y transporte (desincentivar el uso del automóvil, desarrollo de sistemas eficientes de transporte público y promoción de transporte no motorizado).

5.- Finalmente, manifestamos nuestro convencimiento de que la vulnerabilidad de nuestro territorio nos plantea un desafío de tremenda magnitud. Para enfrentarlo, el Estado de Chile debe liderar cambios fundamentales en los sistemas de producción y consumo en nuestro país, para lo cual es imprescindible lograr la plena incorporación de la ciudadanía a este esfuerzo. En este camino, las organizaciones ciudadanas preocupadas del Calentamiento Global, coordinaremos e intensificaremos nuestros esfuerzos para colaborar en esta tarea de sobrevivencia planetaria, inspirados por los valores de responsabilidad y justicia ambiental, social y climática.



Alianza por la Justicia Climática

Esta alianza se constituye para representar y movilizar a la ciudadanía chilena en su demanda por Justicia Climática, la que está intrínsecamente vinculada a la necesidad de cambiar el rumbo político y económico de nuestro país, hacia un modelo social y ambientalmente sustentable, hacia una sociedad realmente participativa, con comunidades soberanas que deciden sobre el destino de sus territorios.



Integrantes: Acción Ecológica, ANAMURI, Chile Sustentable, CODEFF – Amigos de la Tierra Chile, Defensores del Bosque Chileno, Acción por la Tierra – EarthAction Santiago, EcoUchile (estudiantes U. de Chile), Fiscalía del Medio Ambiente- FIMA, Observatorio Ciudadano, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA, Red de Jóvenes Investigadores ante el Cambio Climático, Sustentable UC (estudiantes UC), Fundación Defendamos la Ciudad, Red por la Defensa de la Precordillera de Santiago.

Adhieren: Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Via Campesina, Confederación Ranquil, Plataforma Rural por la Tierra, Centro Ecocéanos, Radio del Mar, Programa Radial Pulso Ambiental, Programa Radial Semillas de Agua, Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social RAJAS, RAP-AL Chile.