Tocará temas de actualidad en áreas referidas a pueblo mapuche, medio ambiente, terapias de sanación, derechos humanos y otros.
lunes, julio 26, 2010
Juicio oral a mapuche en huelga de hambre
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com
Luego de un año de prisión “preventiva” por la ley antiterrorista, el comunero mapuche Luis Tralcal Quidel (34 años, un hijo de 10; comunidad Mariano Lleubul del sector Yeupeco, cerca de Vilcún) compareció el 26 de julio en Temuco al primer día de su juicio oral, con casi seis kilos menos de peso: lleva 14 días en huelga de hambre. ¿Le preguntarán por qué está en huelga los jueces?
El ya fue juzgado en forma anticipada y pública por el programa Contacto de Canal 13 de Televisión, que lo presentó como terrorista exhibiendo pruebas proporcionadas por la fiscalía, sin dar voz a su defensa. Ya había sido absuelto de otros cargos similares. Los abogados Juan Enrique Prieto y Fernando Sepúlveda, de la agrupación de derechos humanos Liberar, presentaron un recurso de protección en contra de la estación de la Universidad Católica por violación de las garantías ciudadanas (artículo 19 de la Constitución). Con pruebas como las que la acusación levanta contra Tralcal Quidel, otros dos comuneros, Héctor Llaitul y Roberto Painemil acusados por los mismos hechos fueron juzgados en 2008. El tribunal desestimó entonces las inculpaciones hechas bajo tortura, relatadas en el impactante juicio que tuvo lugar también en Temuco y concluyó con la total absolución de los dos imputados.
A la fecha del inicio del juicio a Tralcal, la huelga de hambre es protagonizada por un total de 30 presos políticos mapuche que demandan fundamentalmente el fin de la aplicación de la ley antiterrorista y de la justicia militar (y por tanto de los dobles procesamientos, simultáneos por ley antiterrorista y por la justicia militar); la libertad de todos los comuneros presos, y el fin de la militarización de las comunidades en lucha. Los huelguistas y sus familiares hicieron un llamado a acompañar a Luis Tralcal en el juicio oral, asistiendo masivamente a las audiencias.
Sin control médico independiente
Desde Concepción, los comuneros en huelga de hambre denunciaron en un comunicado público fechado el 24 de julio, que Gendarmería impidió la entrada a médicos independientes que venían a evaluar su estado de salud, “una medida de hostigamiento y presión sicológica”. Por ello convocaron “a nuestro pueblo, a las organizaciones sociales y políticas chilenas a no guardar silencio y a acompañar esta lucha de resistencia que estamos dando desde la cárcel los presos políticos mapuche”.
En la cárcel de Temuco participan 14 comuneros desde el comienzo; en Angol se les unieron 10 en fecha reciente; en Concepción iniciaron el movimiento 5 presos políticos mapuche y en Valdivia se mantiene en huelga de hambre un joven estudiante mapuche.
Los presos en huelga de El Manzano (Concepción) son Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquiqueo Pilqueman, José Huenuche Reimán, Luis Menares Chanilao y Jonathan Huillical Méndez. En la Cárcel de Temuco participan de la huelga de hambre líquida Marco Mauricio Millanao Mariñan, Mauricio Armando Huaiquilao Huaiquilao, los hermanos Daniel Canio Tralcal, Pablo Canio Traical; Luis Tralcal, Sergio Catrilaf Marilef, Claudio Sánchez Blanco, Pedro Cheuque Aedo, Elvis Millán Colicheu, Eliseo Ñirripil Cayupan, Jorge Cayupan Ñirripil, Angel Reyes Cayupan, Francisco Cayupan Ñirripil, y Emilio Berkhoff.
Inhabilitación del fiscal y nulidad de juicio
Cada grupo de comuneros apoya explícitamente las demandas centrales y agrega sus propias reivindicaciones a partir de su experiencia con la justicia chilena. Así es como los comuneros presos en Angol expresaron en su comunicado público que demandaban “la inhabilitación del fiscal anti-mapuche Miguel Ángel Velázquez, por su actitud inconstitucional en los procesos judiciales, por mafioso, torturador y racista; la nulidad al juicio de Lorenzo Alex Curipan Levipan, recientemente condenado a 5 años y un día, y la devolución del territorio ancestral mapuche”. Apelaron asimismo al gobierno de Sebastián Piñera a adoptar en este caso la misma posición política que la asumida frente a los prisioneros políticos cubanos.
En Angol están haciendo huelga de hambre Waikilaf Cadin Calfunao (comunidad Juan Paillalef, Cunco), Victor Llanquileo Pilkiman (Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque); el sábado 24 se sumaron también al movimiento Víctor Hugo Queipul Millanao, José Eugenio Queipul Huaiquil, Camilo Hipólito Tori Quillanao, Felipe Huenchullan Cayul (Comunidad Autónoma de Temucuicui), Lorenzo Curipan Levil (de comunidad mapuche Rankilco); Fernando Enrique Millacheo Marin, José Guillermo Millacheo Marin (Comunidad José Millacheo, de Newen Mapu Chequenco) y Eduardo Osses Moreno (simpatizante y amigo de la causa mapuche). A ellos se agrega en la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia Andrés Coña Gutiérrez. Anunciando que se plegaban a la huelga de hambre, los presos hicieron un amplio llamado “a la conciencia de las organizaciones sindicales de trabajadores, agrupaciones estudiantiles, hogares mapuches, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y a todas nuestras organizaciones y comunidades Mapuche en general, a solidarizar con nuestra movilización, manifestando su descontento y haciéndose parte de nuestras demandas, además de estar en alerta por nuestra salud.”
Solidaridad campesina
Al mismo tiempo que en Angol se iniciaba la huelga de hambre, el sábado 24 de julio, en la localidad rural de El Carmen, Región del BioBio, solidarizaban con la huelga de hambre los asistentes a una jornada de celebración del Día del Campesino y la Campesina, en la escuela local. Allí un cerrado aplauso a los huelguistas de hambre, y un homenaje teatral a Moisés Huentalaf y Alejandro Manque, luchadores mapuche de la década de los 70, dieron cuenta de los sentimientos de los campesinos nucleados en la Federación Sindical Campesinos de Ñuble, y otras organizaciones presentes en el acto. También ellos, en su mayoría pequeños productores agrícolas nucleados en seis sindicatos, mantienen una lucha contra la invasión de las forestales y expresaron de diversas formas su rechazo a la criminalización de las luchas de los mapuche y sus propias demandas por una agricultura sustentable que se niega a ser “el patio trasero” de la agricultura chilena y aspira a mantener su identidad y dignidad.
En el acto estaban también representantes de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, la Coordinadora de Estudiantes por la Agroecología, la Federación Campesina Lautaro, de Cañete; miembros de Juntas de Vecinos de Chillán, y organizaciones de Huertas Orgánicas de Tomé, Quirihue y Coelemu; la Red de Acción en Plaguicidas Chile, así como Inquietando Desde el Margen, entre múltiples colectivos y organizaciones sociales.
Visitas y gendarmería
Ese mismo día sábado 24 gran parte de las visitas provenientes de Santiago, Temuco y comunidades fueron impedidos de ingresar al penal de El Manzano (Concepción). Por ello los presos en ese recinto carcelario denunciaron a las autoridades carcelarias en su comunicado público por romper un acuerdo respecto de las visitas. Todos los prisioneros en huelga de hambre se mantienen convencidos de las acciones emprendidas a favor de su derecho a un juicio justo. En Temuco, los días de visita son los miércoles y sábado de 13:45 a 16:30.
A nivel internacional se suceden las acciones que buscan sensibilizar al gobierno chileno respecto de las demandas planteadas por los comuneros mapuche y sus familiares, organizados en un colectivo de apoyo al movimiento. El médico José Venturelli, vocero de la sección europea de la Comisión Etica Contra la Tortura, se dirigió en carta abierta a la Secretaria Regional Ministerial de Justicia de la Araucanía, doña Javiera Sabugo, haciéndole ver que cada día aumenta el riesgo para la vida de los detenidos políticos mapuche. Señala la misiva: “Eso es una responsabilidad del sistema judicial chileno que es el que los ha apresado, mantenido en esas condiciones con ausencia de evidencias, violencias innecesarias y problemas mayores que usted, estoy seguro, reconoce. Quiero expresarle mi deseo de que en su rol de representante del Ministerio de Justicia Ud haga todo lo posible porque justicia sea hecha y esta huelga no se transforme en un acto adicional de violencia y de violación de los derechos de las personas.... Tampoco deseamos muertes por desidia.
La mayoría de los presos políticos en su región lo son porque los Fiscales los acusan de terrorismo. Les aplican la injusta e indeseable ley anti-terrorista en un contexto absolutamente ajeno y que no corresponde. Los pueblos indígenas no son terroristas ni en Chile ni en lugar alguno. Atribuirles esa acusación es irresponsable y denota falta de criterio y manipulación política. Más aún, el gobierno chileno ha negado internacionalmente que usa dicha Ley... porque sabe de su injusticia y de que está muy reñida con los principios democráticos que dice respetar.”
Fábrica de terroristas
En esa presentación a la Seremi de Justicia, Venturelli recuerda lo sucedido durante la huelga de hambre de Patricia Troncoso, para solicitar que no se repitan las violaciones a las normas éticas mundiales imperantes respecto del trato que debe recibir de parte de los médicos, un paciente en huelga de hambre, explicitadas en la Declaración de Malta de la Asociación Mundial Médica. Venturelli señala finalmente: “La responsabilidad (actual) está en las autoridades chilenas que fabrican terroristas” por lo que a ellas corresponde hacer progresos en justicia.
martes, julio 13, 2010
Con huelga de hambre presos políticos mapuche exigen a Piñera el fin de la ley antiterrorista
El lunes 12 de julio más de una veintena de presos políticos mapuche encarcelados en Concepción y Temuco, comenzaron una huelga de hambre líquida, emplazando al gobierno del Presidente Sebastián Piñera a abordar su situación, "tal como lo ha hecho con los presos de la derechista disidencia Cubana", tema que ha ocupado grandes espacios en la prensa chilena.
Siete de los presos en la cárcel El Manzano de Concepción están siendo juzgados simultáneamente por la justicia civil y la militar, en clara vulneración de sus derechos. Su decisión es un llamado a visibilizar los montajes de los que han sido objeto, según acusan, a través de los fiscales y la policía con la colaboración de la prensa. Alegan que se les ha condenado en forma anticipada a través de los medios, que los sindican como terroristas aunque ninguno de ellos ha estado involucrado en hechos de sangre. Todos los imputados han participado en acciones ligadas a recuperación de tierras ancestrales.
Existe un total de 57 presos políticos mapuche en la actualidad (incluyendo 2 mujeres y 2 menores de edad), repartidos en cárceles ubicadas en Concepción (El Manzano), Lebu, Los Angeles, Cañete, Angol, Victoria, Traiguén, el Centro de Reclusión de Menores de Cholchol, Temuco y Valdivia. Al sumarles los procesados con medidas cautelares, la cifra se eleva a 96, según el informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura. La entidad ha documentado el uso de la tortura en un número importante de las detenciones practicadas.
Demandas de los huelguistas
Las demandas de los presos en Concepción y Temuco se centran en el fin de la ley antiterrorista creada por Pinochet y de la justicia militar, ambas legislaciones utilizadas hoy contra los mapuche; libertad a todos los presos políticos mapuche encarcelados a lo largo de Chile y derecho al debido proceso, sin utilización de testigos sin rostros, sin tortura ni extorsión. Se manifiestan finalmente por la desmilitarización de las comunidades y zonas mapuche constantemente allanadas por reivindicar derechos políticos y territoriales.
Por la utilización de la justicia militar, Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Caso Palamara), en tanto que organismos dependientes de Naciones Unidas han representado al gobierno chileno en diversas oportunidades la inconveniencia de aplicar la legislación antiterrorista a la lucha social. Los informes de los relatores especiales han sido claros al respecto, pero el Estado chileno hasta ahora no cumple las recomendaciones formuladas por esas instancias.
Jueza Roa y abogado Schneider
Desde Temuco, a las demandas ya citadas, los presos políticos agregan en un comunicado público que exigen la inhabilidad de la jueza del tribunal de Lautaro, doña Haydee Roa, "por sus conocidos compromisos con el poder político y latifundistas de la zona que la llevan a cometer arbitrariedades". Los prisioneros denuncian que la magistrado "persiste en su actuar injusto y racista" pese a haber sido amonestada de oficio por la corte de Apelaciones de Temuco.
También postulan la inhabilidad del abogado querellante de la intendencia, Alexander Schneider Oyanedel, por actuar simultáneamente como defensor público y como querellante en el atentado al fundo San Leandro de Lautaro, uno de los hechos de los que se acusa a los imputados.
Ellos demandan asimismo "el encarcelamiento inmediato de los testigos protegidos", por estar confesos de delitos investigados por la fiscalía. Los presos políticos llaman "a nuestro pueblo Mapuche, al pueblo chileno y a todos los pueblos originarios y oprimidos del mundo" a solidarizar con sus reivindicaciones.
En Cañete
53 testigos sin rostro se preparaban para declarar contra los prisioneros políticos en el juicio a realizarse en Cañete, ligado al proceso de recuperación territorial de Puerto Choque, varias veces diferido (la última fecha conocida era junio) lo que mantiene en prisión por cerca de dos años a algunos de los imputados. La Corte de Apelaciones de Concepción había confirmado recientemente a John Landeros Salgado como el juez encargado de la preparación del juicio oral, considerado un “mega juicio” por la cantidad de imputados (23 en total) y la gravedad de las penas solicitadas. En ese juicio los abogados defensores se aprestan a exigir la entrega de los nombres de los testigos protegidos que inculpan a sus defendidos.
Estos comuneros enfrentan posibles condenas que van de los 103 a los 30 años de cárcel. Hay diversos precedentes anteriores en que luchadores sociales mapuche han sido condenados a través de testimonios de testigos sin rostro, aunque existen también algunas excepciones recientes en que los jueces se han negado a considerar como válidas ese tipo de declaraciones y pruebas. El werkén (mensajero) de la comunidad Newen Mapu, José Pedro Millacheo, acusado de incendiar un camión forestal en el sector rural de San Ramón, localidad de Pidima, fue absuelto el 7 de julio en un juicio oral en Angol, luego de dos años de persecución que incluyeron un período de clandestinidad y en total, casi un año de prisión. El tribunal desestimó la prueba rendida por un testigo protegido.
En declaración pública, por su parte, los familiares de presos políticos recluidos en la cárcel El Manzano (Concepción) sostuvieron: “Denunciamos que Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos políticos miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aun prevalece en este país…. nuestros familiares están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos de los latifundistas, de los dueños de las compañías hidroeléctricas, mineras y forestales, lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones.” Previo a la huelga de hambre, los familiares habían solicitado la presencia de observadores que contribuyeran a trasparentar esta última etapa del proceso judicial y a lograr “estándares adecuados que permitan al pueblo mapuche igualdad de condiciones ante la ley frente a un sistema que los propios chilenos nos han impuesto” .
miércoles, julio 07, 2010
martes, julio 06, 2010
No más secreto sobre transgénicos ni amparo a Monsanto.
Santiago de Chile, 6 de julio de 2010.- María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP Chile valoró hoy la decisión del Consejo para la Transparencia que resolvió por unanimidad el 25 de junio acoger el amparo (Rol A59-09) interpuesto por ella hace un año contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). “Esta es una decisión trascendente, que sienta jurisprudencia y alienta la participación social en el debate sobre el problema de los transgénicos, instruyendo al SAG a entregar en 15 días hábiles la información sobre la ubicación exacta y el nombre del propietario y/o entidad responsable autorizados para cultivar y acopiar semilla transgénica, que para el Consejo es de información pública y no secreta como alegaban el SAG y Monsanto a nombre de las transnacionales.”
Para la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP-Chile este fallo se da en un momento de claras señales sobre decisiones del gobierno tendientes a extender las siembras transgénicas al ámbito del mercado interno, lo que afectaría la biodiversidad, la salud de los chilenos (investigaciones asocian los transgénicos a problemas crónicos como tumores, aumento de infertilidad y otros); los intereses de todos los productores agrícolas – convencionales y orgánicos- y los derechos de los consumidores. Los transgénicos resistentes a plaguicidas, van asociados a un mayor uso de agroquímicos como glifosato, lo que está comprobado ampliamente en Argentina y otros países del mundo. Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales sostuvo: “Esta es una contribución que hacemos las organizaciones ciudadanas respecto al derecho saber. Este fallo histórico rompe 20 años de secretismo y de política de hechos consumados y alienta la participación informada de la ciudadanía en este debate hasta ahora restringido a niveles de parlamentarios, gobierno y de científicos comprometidos con las trasnacionales agroquímicas exportadoras de semilla transgénica. ” Consultados sobre qué harían con la información, los patrocinantes del amparo llamaron a las organizaciones de productores agrícolas a ejercer local y regionalmente su derecho de protegerse del riesgo de contaminación genética por transgénicos. Convocaron asimismo a los agricultores, las organizaciones sociales y ambientales, y a los parlamentarios a defender la semilla nativa, exigir la moratoria a la introducción de transgénicos en el mercado y la fiscalización de los cultivos de exportación ya existentes.
El recurso de amparo por denegación de información se presentó el 4 junio de 2009, primer día de vigencia de la Ley de Transparencia. Al cabo de una larga y acuciosa investigación del Consejo para la Transparencia, su resolución –de 30 páginas de extensión- fue notificada a RAP-Chile (con fecha 25 de junio de 2010), al SAG y a Monsanto, entre otras empresas que intervinieron como terceros opuestos a la entrega de información. Los descargos empresariales sumaban aproximadamente 20.000 fojas.
Presunciones infundadas contra ANAMURI
Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI afirmó que las asalariadas del campo sufren en terreno las consecuencias de las prácticas abusivas de Monsanto y por ello continuarán en su lucha en favor de la vida. Francisca Rodríguez, encargada internacional de ANAMURI desestimó las acusaciones hechas por Monsanto sobre acciones vandálicas y reivindicó su pertenencia a Vía Campesina, organización que tiene un camino opuesto al de las transnacionales. “Ellos saben ahora que no pueden actuar con impunidad; somos un ojo vigilante, una pesadilla para ellos y una esperanza para la humanidad”. Así respondió a Monsanto que presentó al Consejo recortes de prensa internacional sobre atentados a plantaciones y laboratorios de semillas transgénicas. La agroquímica argumentó que ANAMURI solidarizó con las mujeres de Vía Campesina en Brasil que ocuparon una hacienda perteneciente a una papelera multinacional (Stora Enso). Por tanto, presume que al conocer ANAMURI la ubicación de sus cultivos transgénicos, estos serán objeto de actos violentos. El Consejo consideró que ese es un riesgo remoto porque hasta ahora nadie ha reportado en Chile ninguna acción violenta contra cultivos transgénicos. Agrega la resolución: “Además debe reprocharse la presunción que hacen los terceros respecto de uno de los patrocinantes del amparo (ANAMURI), que ha declarado solidaridad con otros grupos que en el extranjero han cometido hechos ilícitos. Éstos no se han cometido en Chile y no puede fundamentarse la preocupación de los terceros en una declaración de principios que no se ha materializado”, concluyendo que es tarea de las fuerzas policiales impedirlo.
Camila Montecinos, de GRAIN expresó: “Monsanto debe explicar a qué se refiere cuando argumenta que dar a conocer la ubicación de los cultivos transgénicos tendría efectos en la salud. Nosotros sabemos que entre otros, los farmacultivos de Bayer y Monsanto son drogas que presentan un gran riesgo para la salud, generando posibles procesos de contaminación de la producción agrícola alimentaria con genes tóxicos.”
El Consejo sostuvo en los fundamentos de la resolución: “…mantener en reserva la ubicación de los lugares de cultivos transgénicos, no suministrará beneficios o ventajas.... Al contrario la publicidad de la información –dentro de un tema tan relevante como el medioambiental– proveerá, en opinión de este Consejo, un mayor beneficio para la sociedad y para el debate y la opinión pública”. Cita asimismo similar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Corte Europea (febrero de 2009). En sus conclusiones, el Consejo para la Transparencia “declara que dicha información es pública y que, habiéndose rechazado todas las causales de secreto o reserva legales invocadas en el procedimiento, se procederá a acoger el amparo en esta parte. A mayor abundamiento, debe señalarse que el conocimiento de la información requerida permite el control social del procedimiento que utiliza el SAG para la internación y liberación en nuestro país de los OVM, así como para su fiscalización, existiendo un alto beneficio al revelar dicha información. En efecto, esto permitirá que el debate público sobre los transgénicos en Chile cuente con una mayor participación social. “
Carácter público de la información
Los fundamentos del fallo rechazan la argumentación empresarial que consideraba esta información como privada. La transnacional Monsanto, que concentra la producción y venta de semillas a nivel mundial, sostenía además que divulgar esta información afectaba la seguridad, la salud, los derechos comerciales, económicos y de propiedad industrial de sus empresas. María Elena Rozas agregó que el fallo ha sido acogido como un gran logro, entre otras por organizaciones como la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Chiloé (Chiloé Orgánico) y la Red de Asociaciones de Consumidores Sur/Austral (Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé). Al encuentro con la prensa se sumó Osvaldo Zúñiga, dirigente de la central campesina Ranquil, afiliada a Vía Campesina. Zúñiga dijo que se oponen a la introducción de los transgénicos porque “se abre una cadena de contaminación que no para y continúa a través del aire. No confiamos en que se adopten los cuidados necesarios, este tipo de agricultura va en contra de la agricultura familiar, nosotros pedimos al Estado que apueste a favor de nosotros y nos apoye efectivamente”.
Al otorgar el carácter de información pública a la información solicitada, el Consejo explica: “Se trata de un fundamento o documento que le sirve de sustento o complemento directo y esencial al acto administrativo de la autoridad. Por lo tanto, se estima que la información requerida sobre la ubicación exacta y el responsable de los cultivos y el acopio de semillas genéticamente modificadas es pública, en conformidad con el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución y el artículo 5° de la Ley de Transparencia”.
Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile), integrada por:
Asociación Nacional de Mujeres Indígenas (ANAMURI)
Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Contacto
María Elena Rozas aplagui@rdc.cl, fono 02/ 3416742