Chile: la semilla campesina en peligro. Hoy a las 18 horas.

Alicia Muñoz, presidenta de ANAMURI y Javier Souza, coordinador regional de RAP-AL, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, me acompañan hoy 24 de junio en el lanzamiento del libro "Chile: la semilla campesina en peligro", que se hará a las 18 horas, en Manuel Rodríguez en la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales, en Manuel Rodríguez Sur 253 (nivel subterráneo.
El libro de mi autoría es un aporte de nuestra Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile), integrada por ANAMURI, OLCA, CIAL a la campaña contra los transgénicos y en defensa de la semilla nativa. Es un amplio reportaje a la semilla y sus guardadoras, mujeres campesinas y hombres de la tierra que ahora se ven amenazados por los proyectos de ley de legalización de los transgénicos y de patentes a las semillas. Alerta sobre los posibles impactos a la agricultura orgánica y agroecológica y denuncia a las transnacionales y sus socios chilenos que están detrás del negocio de los transgénicos, que genera un mayor uso de plaguicidas.

No más secreto sobre transgénicos ni amparo a Monsanto.

Histórico fallo de Consejo para la Transparencia

-Acogido recurso de RAP-Chile sobre derecho ciudadano a saber.

Santiago de Chile, 6 de julio de 2010.- María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP Chile valoró hoy la decisión del Consejo para la Transparencia que resolvió por unanimidad el 25 de junio acoger el amparo (Rol A59-09) interpuesto por ella hace un año contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). “Esta es una decisión trascendente, que sienta jurisprudencia y alienta la participación social en el debate sobre el problema de los transgénicos, instruyendo al SAG a entregar en 15 días hábiles la información sobre la ubicación exacta y el nombre del propietario y/o entidad responsable autorizados para cultivar y acopiar semilla transgénica, que para el Consejo es de información pública y no secreta como alegaban el SAG y Monsanto a nombre de las transnacionales.”

Para la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP-Chile este fallo se da en un momento de claras señales sobre decisiones del gobierno tendientes a extender las siembras transgénicas al ámbito del mercado interno, lo que afectaría la biodiversidad, la salud de los chilenos (investigaciones asocian los transgénicos a problemas crónicos como tumores, aumento de infertilidad y otros); los intereses de todos los productores agrícolas – convencionales y orgánicos- y los derechos de los consumidores. Los transgénicos resistentes a plaguicidas, van asociados a un mayor uso de agroquímicos como glifosato, lo que está comprobado ampliamente en Argentina y otros países del mundo. Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales sostuvo: “Esta es una contribución que hacemos las organizaciones ciudadanas respecto al derecho saber. Este fallo histórico rompe 20 años de secretismo y de política de hechos consumados y alienta la participación informada de la ciudadanía en este debate hasta ahora restringido a niveles de parlamentarios, gobierno y de científicos comprometidos con las trasnacionales agroquímicas exportadoras de semilla transgénica. ” Consultados sobre qué harían con la información, los patrocinantes del amparo llamaron a las organizaciones de productores agrícolas a ejercer local y regionalmente su derecho de protegerse del riesgo de contaminación genética por transgénicos. Convocaron asimismo a los agricultores, las organizaciones sociales y ambientales, y a los parlamentarios a defender la semilla nativa, exigir la moratoria a la introducción de transgénicos en el mercado y la fiscalización de los cultivos de exportación ya existentes.

El recurso de amparo por denegación de información se presentó el 4 junio de 2009, primer día de vigencia de la Ley de Transparencia. Al cabo de una larga y acuciosa investigación del Consejo para la Transparencia, su resolución –de 30 páginas de extensión- fue notificada a RAP-Chile (con fecha 25 de junio de 2010), al SAG y a Monsanto, entre otras empresas que intervinieron como terceros opuestos a la entrega de información. Los descargos empresariales sumaban aproximadamente 20.000 fojas.

Presunciones infundadas contra ANAMURI
Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI afirmó que las asalariadas del campo sufren en terreno las consecuencias de las prácticas abusivas de Monsanto y por ello continuarán en su lucha en favor de la vida. Francisca Rodríguez, encargada internacional de ANAMURI desestimó las acusaciones hechas por Monsanto sobre acciones vandálicas y reivindicó su pertenencia a Vía Campesina, organización que tiene un camino opuesto al de las transnacionales. “Ellos saben ahora que no pueden actuar con impunidad; somos un ojo vigilante, una pesadilla para ellos y una esperanza para la humanidad”. Así respondió a Monsanto que presentó al Consejo recortes de prensa internacional sobre atentados a plantaciones y laboratorios de semillas transgénicas. La agroquímica argumentó que ANAMURI solidarizó con las mujeres de Vía Campesina en Brasil que ocuparon una hacienda perteneciente a una papelera multinacional (Stora Enso). Por tanto, presume que al conocer ANAMURI la ubicación de sus cultivos transgénicos, estos serán objeto de actos violentos. El Consejo consideró que ese es un riesgo remoto porque hasta ahora nadie ha reportado en Chile ninguna acción violenta contra cultivos transgénicos. Agrega la resolución: “Además debe reprocharse la presunción que hacen los terceros respecto de uno de los patrocinantes del amparo (ANAMURI), que ha declarado solidaridad con otros grupos que en el extranjero han cometido hechos ilícitos. Éstos no se han cometido en Chile y no puede fundamentarse la preocupación de los terceros en una declaración de principios que no se ha materializado”, concluyendo que es tarea de las fuerzas policiales impedirlo.
Camila Montecinos, de GRAIN expresó: “Monsanto debe explicar a qué se refiere cuando argumenta que dar a conocer la ubicación de los cultivos transgénicos tendría efectos en la salud. Nosotros sabemos que entre otros, los farmacultivos de Bayer y Monsanto son drogas que presentan un gran riesgo para la salud, generando posibles procesos de contaminación de la producción agrícola alimentaria con genes tóxicos.”

El Consejo sostuvo en los fundamentos de la resolución: “…mantener en reserva la ubicación de los lugares de cultivos transgénicos, no suministrará beneficios o ventajas.... Al contrario la publicidad de la información –dentro de un tema tan relevante como el medioambiental– proveerá, en opinión de este Consejo, un mayor beneficio para la sociedad y para el debate y la opinión pública”. Cita asimismo similar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Corte Europea (febrero de 2009). En sus conclusiones, el Consejo para la Transparencia “declara que dicha información es pública y que, habiéndose rechazado todas las causales de secreto o reserva legales invocadas en el procedimiento, se procederá a acoger el amparo en esta parte. A mayor abundamiento, debe señalarse que el conocimiento de la información requerida permite el control social del procedimiento que utiliza el SAG para la internación y liberación en nuestro país de los OVM, así como para su fiscalización, existiendo un alto beneficio al revelar dicha información. En efecto, esto permitirá que el debate público sobre los transgénicos en Chile cuente con una mayor participación social. “

Carácter público de la información
Los fundamentos del fallo rechazan la argumentación empresarial que consideraba esta información como privada. La transnacional Monsanto, que concentra la producción y venta de semillas a nivel mundial, sostenía además que divulgar esta información afectaba la seguridad, la salud, los derechos comerciales, económicos y de propiedad industrial de sus empresas. María Elena Rozas agregó que el fallo ha sido acogido como un gran logro, entre otras por organizaciones como la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Chiloé (Chiloé Orgánico) y la Red de Asociaciones de Consumidores Sur/Austral (Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé). Al encuentro con la prensa se sumó Osvaldo Zúñiga, dirigente de la central campesina Ranquil, afiliada a Vía Campesina. Zúñiga dijo que se oponen a la introducción de los transgénicos porque “se abre una cadena de contaminación que no para y continúa a través del aire. No confiamos en que se adopten los cuidados necesarios, este tipo de agricultura va en contra de la agricultura familiar, nosotros pedimos al Estado que apueste a favor de nosotros y nos apoye efectivamente”.
Al otorgar el carácter de información pública a la información solicitada, el Consejo explica: “Se trata de un fundamento o documento que le sirve de sustento o complemento directo y esencial al acto administrativo de la autoridad. Por lo tanto, se estima que la información requerida sobre la ubicación exacta y el responsable de los cultivos y el acopio de semillas genéticamente modificadas es pública, en conformidad con el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución y el artículo 5° de la Ley de Transparencia”.

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile), integrada por:

Asociación Nacional de Mujeres Indígenas (ANAMURI)
Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Contacto
María Elena Rozas aplagui@rdc.cl, fono 02/ 3416742

Productores orgánicos, ambientalistas, y consumidores movilizados contra liberación de los transgénicos

Desde el norte hasta Chiloé, organizaciones de agricultores, sociales, de salud, ambientales y de consumidores acordaron movilizarse contra la amenaza de liberación de los transgénicos al mercado interno que avanza con dos proyectos diferentes que se tramitan en el Senado, y a través de la nueva institucionalidad ambiental ya convertida en ley de la república. La ley ahora contempla la incorporación de los transgénicos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Una amplia alianza de productores y productoras agrícolas, junto a organizaciones sociales y ambientales rechaza estas iniciativas y la nueva institucionalidad ambiental aprobada, que vulneran la biodiversidad y la salud de los chilenos. La declaración (adjunta) llama a ejercer una activa vigilancia y movilización transversal de carácter nacional e internacional y entrega los fundamentos de este rechazo. Se propone así defender a los campesinos y medianos productores orgánicos y convencionales que actualmente generan nuestra canasta alimentaria, y rescatar la semilla nativa de su privatización por las transnacionales, asegurando la salud de todos los consumidores chilenos.

Los autoconvocados ciudadanos abajo firmantes llaman así a bloquear el avance del proyecto de ley denominado “Derechos de Obtentores Vegetales” (boletín Nº6355-01) así como los intentos del gobierno de agilizar la tramitación del proyecto de liberación de transgénicos denominado “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” (Boletín 4690-01). Rechazan asimismo todo intento de reglamentar la liberación de los transgénicos a través de la nueva Ley Nº 20.417. Se plantean en síntesis defender en las esferas parlamentarias y de gobierno las propuestas siguientes:
1) Apoyo a una moratoria total a la liberación de los transgénicos en Chile y el establecimiento de etiquetado para los productos finales importados que son transgénicos.

2) Rechazo al avance del establecimiento de todas las disposiciones jurídicas que impliquen en forma abierta o encubierta la autorización de la liberación total de siembra de cultivos transgénicos en el país poniendo en peligro todas las exportaciones agrícolas.

3) Impulso al establecimiento de un sistema de biomonitoreo, y la adopción de medidas tendientes a mitigar/revertir la contaminación transgénica provocada por los actuales semilleros de exportación.

4) Apoyo a las demandas de las organizaciones de los agricultores orgánicos orientadas a lograr la promoción y apoyo efectivo de una agricultura orgánica o realizada sobre bases agroecológicas, sana y segura, libre de plaguicidas y transgénicos.

5) Apoyo a las medidas tendientes a defender los derechos de los pequeños y medianos productores y productoras agrícolas que actualmente abastecen de productos alimentarios a nuestra población y cuyo modo de producción se ve gravemente amenazado por el avance de estas leyes.

6) Apoyo a las demandas de la Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Chiloé al SAG sobre acceso a la ubicación exacta de las plantaciones transgénicas; y su llamado a que el Estado asegure el libre acceso a las semillas y la continuidad de la práctica tradicional del intercambio de semillas entre agricultores.

7) Apoyo a las demandas de la red de asociaciones de consumidores Sur Austral de Chile exigiendo a los organismos públicos cesar la vulneración de los derechos ciudadanos por parte del Estado en materia de información y participación, y emplazando a los parlamentarios a defender los intereses reales de la ciudadanía y no los intereses económicos de las empresas.

8) Exigencia de la revisión de la situación de los altos funcionarios públicos que evidencien conflicto de interés en materia de bioseguridad de transgénicos, y su destitución al probarse esos vínculos.

9) Exigencia de que se asignen fondos públicos para financiar investigación independiente sobre los efectos de los transgénicos en la salud de los consumidores.

10) Disponibilidad para aportar y trabajar en torno a la elaboración y aprobación de una Ley de Protección a la Biodiversidad que asegure la conservación y resguardo de la semilla nativa y del patrimonio genético de nuestro país.

Suscriben esta declaración (al 12 de mayo de 2010):

- Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Biobio

- Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Chiloé (Chiloé Orgánico)

- Asociación Gremial de Agricultura Biológica- Biodinámica



Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile) integrada por

- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)

- Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA)

- Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)

- Grain

- Red Ambiental del Norte

- Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca - Región de Coquimbo

- Huertos de Reñaca (Valparaíso)

- Jardín del Arca (de la Red de Permacultura y Ecoaldeas) Valparaíso

- Consejo de Salud San Pedro, Quillota

- Centro general de Padres y Apoderados Colegio Italiano, población Enrique Arenas, San Pedro, Quillota

- Revista Virtual de Arte Escáner Cultural, subdirectora

- Club Juvenil Engrupo, San Pedro, Quillota.

- Club deportivo social 20 de septiembre, San Pedro, Quillota

- Club de Rayuela Enrique Arenas, San Pedro, Quillota

- Grupo de ayuda Casa Acogida San Pedro, Quillota

- Corporación Juntos E.V., San Pedro, Quillota

- Organización Arte, Cultura y Salud, San Pedro, Quillota.

- Centro Cultural Social y del Medio Ambiente Ceibo, Maipú

- Ecosistemas, Ñuñoa, Región Metropolitana

- Asociación de Consumidores Conscientes (Linares)

- Parque Educativo de Agrotecnología de la Sociedad Educacional El Huerto (Linares)

- Centro de Iniciativas Ecológicas/Chile

- Red de Asociaciones de Consumidores Sur Austral (Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé)

-Ecoceanos



Contactos para mayor información

María Elena Rozas aplagui@rdc.cl, fono 3416742

Lucía Sepúlveda secretaria@rapal.cl, fono 3416742

Obispo Ysern defiende derechos ancestrales a la semilla

La necesidad de “reconocer los derechos que los campesinos y pueblos indígenas ya tienen respecto de las semillas nativas” destacó monseñor Juan Luis Ysern, obispo Emérito de Ancud y actual Presidente de Caritas Chile, el martes 28 de julio en la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales*, iniciativa rebautizada por organizaciones sociales y ambientales como de Apropiación de la Semilla Nativa por las Transnacionales y sus filiales locales.

El prelado, de nacionalidad española, ejerció su magisterio en Chiloé por más de 30 años. Es medalla nacional Pablo Neruda (2005) por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre muchas otras distinciones que incluyen la orden de Isabel La Católica conferida por Juan Carlos, Rey de España, por su aporte en el rescate de la cultura chilota. Ysern dialogó con los parlamentarios en torno a los potenciales impactos del proyecto, acompañado de Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).

El obispo evaluó positivamente su paso por la Comisión: “Después de escuchar mi exposición, algunos parlamentarios me hablaron de que se podría ‘conceder’ derechos a los campesinos sobre las semillas. Respondí expresando que precisamente ése es el centro del problema, puesto que, por el contrario, hay que partir del reconocimiento de sus derechos. Al conceder, estamos hablando de algo que harán las empresas, los poderosos”. El calificó como situación de injusticia la concesión de todos los derechos al “obtentor” y el no reconocimiento de los derechos colectivos ancestrales campesinos e indígenas. Sin duda, expresó, en el trasfondo hay una concepción de propiedad vinculado a las ganancias, contrapuesto al concepto humanizador que reconoce el patrimonio común de la humanidad. En este sentido, él se preguntaba: “¿Es posible patentar bienes que son parte esencial de la vida humana: el agua, los genes, la vida misma?”.

Relató, asimismo, que entregó a los parlamentarios un ejemplar de la nueva encíclica papal “Caridad en la Verdad”, que aborda el tema del desarrollo, también citado en su planteamiento ante la citada Comisión, en la que pidió que frente a cualquier decisión se considere a la persona integralmente, como eje de la sociedad que queremos construir.
Atropello a la identidad cultural
El obispo -que el año 2000 fue declarado miembro del Pueblo Huilliche por el Consejo de Caciques de Chiloé- sostuvo que la iniciativa implica un atropello a la identidad cultural campesina e indígena puesto que no ha existido el diálogo que permita discernir lo mejor entre lo existente y lo nuevo, con referencias críticas que sean humanas.

Fundamentó su postura aseverando: “Cuando una persona cambia siguiendo esas referencias, no pierde su identidad. La identidad no consiste en mantenerse haciendo siempre lo mismo, sino en ser él mismo. La identidad es un proceso de crecimiento como protagonista responsable de su propio camino. En el momento que alguien se masifica y, simplemente, se deja llevar del ambiente dominante, pierde su identidad. Los campesinos e indígenas que de pronto son impedidos para seguir de acuerdo a sus normas de cultivo, sin haber participado en mesas de trabajo para buscar formas nuevas y poder tomar decisiones personales, son atropellados en su identidad. Es un atropello a la dignidad de esas personas humanas.”

Más adelante se refiere al nuevo atropello que se produce cuando el proyecto de ley sale en defensa del “obtentor” en el caso que los campesinos e indígenas actúen según sus costumbres disponiendo libremente del producto de su cosecha. Así puede deducirse de lo establecido para quienes sean acusados de no cumplir con la ley (artículos 53, 54, 55).
Rechazo al modelo de desarrollo
En su exposición referida a los aspectos éticos de la ley, el obispo planteó que el modelo de desarrollo que impulsa lo reduce al simple progreso de la técnica, generando un resultado deshumanizado al hacer uso de recursos que pertenecen a toda la humanidad. Criticó que en el proyecto de ley “no sólo no existe una real preocupación por las personas, ni por el diálogo, sino que además, se abre la posibilidad para despojar a los campesinos e indígenas de su derecho a seleccionar, mejorar, y guardar la semilla de su cosecha (Artículo 48) y para la apropiación indebida de los recursos biológicos del país, la privatización de los conocimientos y la protección de la propiedad privada de las empresas transnacionales sobre el patrimonio colectivo de las comunidades campesinas e indígenas. Se abre el paso a la expropiación de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al extender los llamados derechos de obtentor a todas las especies vegetales (Artículos 2, 6, 7, 8,9)”.

Para el obispo, ello implica que el país se mantiene en el criticado modelo de desarrollo que nos ha llevado a la actual crisis, y que redunda en provecho de de grandes empresas que se enriquecen sin medida.
El medio ambiente

Con relación al medio ambiente recordó a los parlamentarios que “tenemos un deber muy grave de entregar la tierra a las generaciones futuras de modo que la puedan habitar dignamente y continuar cultivándola. Somos cuidadores de la naturaleza “para custodiarla, hacerla productiva y cultivarla también con métodos nuevos y tecnologías avanzadas, de modo que pueda acoger y alimentar dignamente a la población que la habita” (Caritas en Veritas, 50). De ninguna manera somos dueños para hacer lo que se nos ocurra sin pensar en los demás”.

Denunció asimismo que la biotecnología favorecida por este proyecto conduce hacia la uniformidad genética con pérdida de la biodiversidad en los campos, donde se imponen monocultivos extensivos. Con los cultivos transgénicos se produce daño a la fauna y los insectos benéficos, con negativas consecuencias para el medio ambiente.

El obispo insistió en la necesidad del diálogo, como proceso que permita a todos asumir, aportar e incorporarse en esta dinámica de cambio. “No se puede forzar a nadie a entrar en esos procesos sin dar posibilidad al discernimiento y sin dejar que use su libertad. Quienes entran en esa situación son personas que así pierden su identidad, no han sido partícipes protagónicos de este proceso que les incumbe y les afectará la calidad de sus vidas y la de sus descendientes. Esto clama justicia y respeto a la dignidad de esas personas.”, agregó.

Por mi parte, no puedo dejar de opinar aquí, en mi propio espacio: ¡qué alegría re-conocerme en la palabra de un obispo! de quien, desde luego no esperaba menos, por su trayectoria en favor de los huilliches y de la biodiversidad y la cultura en Chiloé. Esta es la iglesia que respeto y de la que provengo. Ojalá hubiera muchos otros obispos así.


*El proyecto de ley que se discute es sobre Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales que deroga Ley 19.342 (Mensaje Nº454-356), 22 diciembre 2008. Texto completo de la ley, por cierto escrita en un lenguaje ininteligible y equívoco, en Boletín Nº 6355-01 de la Cámara de Diputados, www.camara.cl