Comunicado
de prensa
Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile
16 de enero de 2015
“El estudio sobre alternativas de protección
jurídico-normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales
relacionadas con la agricultura, dado a conocer esta semana por ODEPA (Oficina
de Planificación Agraria) y realizado por docentes de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Chile junto a otros académicos, es una propuesta funcional
a la reactivación del proyecto de Ley
Monsanto (Ley de Obtentores Vegetales). No aborda el convenio UPOV 91, la
principal amenaza legal que se cierne
sobre la semilla, la agricultura
familiar campesina y la biodiversidad”, afirma María Elena Rozas, coordinadora nacional
de RAP-Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en
Chile. Lucía Sepúlveda, encargada del
área de semillas de la organización agrega: “No vamos a legitimar ningún truco
del gobierno que esté orientado a ocultar o maquillar los verdaderos objetivos
de la Ley de Obtentores Vegetales. Seguiremos adelante con la campaña de
defensa de la semilla campesina e indígena, junto a todos los consumidores que
buscan contar con alimentos sanos y quieren alimentar a sus familias con
alimentos libres de transgénicos, patentes y plaguicidas.”
El tema de la semilla y su efectiva protección
no ha sido una preocupación del Estado chileno en sucesivas administraciones. Pero la campaña ciudadana contra la Ley
Monsanto obligó a la Presidenta Bachelet a suspender en marzo de 2014 la tramitación
del cuestionado proyecto e iniciar la búsqueda de diferentes mecanismos para
viabilizar ley, tales como el estudio [1]que
comentamos y la redacción de indicaciones al proyecto original, dadas a conocer
por el Ministerio de Agricultura en un proceso unilateral que no ha tenido carácter nacional ni ha
significado una rectificación de las ideas centrales del proyecto. Tampoco lo
ha hecho coherente con la soberanía alimentaria, objetivo que había señalado la
propia mandataria durante su campaña electoral.
UPOV 91
es lo central
Al revés de los consultores que realizaron
este estudio, las organizaciones sociales, campesinas y ambientales tenemos muy claros los objetivos centrales del
proyecto de ley de Obtentores Vegetales: promulgar el convenio UPOV 91 que
cercena derechos fundamentales de los y las campesinas e indígenas, amenaza la
biodiversidad y pavimenta el camino para la expansión de los transgénicos y su
introducción al mercado interno. Así quedan a disposición de los obtentores
(las grandes transnacionales) todas las semillas tradicionales que podrán ser
“puestas a punto” o “descubiertas” para
luego ser registradas a nombre de las empresas. Todos los agregados que se hagan a esta ley
pretendiendo resguardar los derechos campesinos serán letra muerta frente a la
preeminencia del convenio internacional,
como ha ocurrido en otros países. La decisión del gobierno de eludir la
consulta indígena respecto de la Ley Monsanto y de realizar reuniones sobre las
modificaciones a la ley sólo en Santiago, agravan la situación. La consultoría por
su parte, de la que participa el vicedecano de la Facultad de Agronomía, Carlos
Muñoz, Presidente del Comité de FitoMejoradores creado por ANPROS en 2008, limitó
su investigación a un estrecho universo con baja participación campesina (un total
de unos 60 participantes en dos talleres en Santiago y uno en Temuco,) que excluyó a organizaciones campesinas históricas como
ANAMURI y a otras organizaciones
ambientales con investigación y trabajo en el tema como RAP-AL.
RAP-AL ha manifestado públicamente que no se
necesita una ley de obtentores e hizo entrega en cambio, en esta oportunidad, a
la directora de ODEPA, Claudia Carbonell de las propuestas de políticas
públicas a favor de la agroecología
elaboradas por organizaciones
campesinas, ambientales y de consumidores de todo el país en un taller realizado
con ese fin en Santiago en agosto de 2014.
Privatización
de la semilla
Las propuestas del estudio encargado por ODEPA
apuntan en lo central a fortalecer formas de
protección intelectual de la semilla, como son los registros de semillas tradicionales,
y son consistentes con el contenido de
la versión 2 del proyecto de Ley Monsanto que el gobierno chileno reactivará en forma
pronta, al parecer sin realizar la
consulta indígena. Otras propuestas de este mismo estudio, van en sentido
contrario y apuntan a resguardar los derechos de los campesinos a vender, usar
e intercambiar libremente la semilla, pero
estas buenas intenciones pierden todo sentido si se promulga el convenio UPOV
91. La Ley Monsanto, al ser promulgada precisamente derogaría la actual ley de
semillas que los consultores proponen modificar. Los académicos hacen
recomendaciones sobre varios instrumentos internacionales como el Protocolo de
Nagoya y el TIRFA (sobre Recursos Fitogenéticos, de FAO) pero no se pronuncian
sobre el UPOV 91 ni sobre el Protocolo de Cartagena, pese a mencionar el
Convenio de Biodiversidad. Cuando en 2011 el Tribunal Constitucional analizó –a
pedido de 21 senadores- la legalidad del convenio UPOV 91 aprobado por el
Senado, entre quienes defendieron la privatización de la semilla estuvo Carlos
Muñoz, en representación del Comité de Fitomejoradores ligado a ANPROS, la
Asociación Nacional de Productores de Semillas.
Transgénicos
y centros de origen
El estudio licitado por ODEPA aborda la
relación entre la existencia de cultivos transgénicos y la protección de la
semilla campesina, y de forma implícita avala la coexistencia entre estas dos
formas antagónicas de cultivo. Las consecuencias de la adscripción al Convenio
UPOV 91 incluyen en la práctica la expulsión de los campesinos de su territorio,
facilitando la expansión de los cultivos transgénicos y su introducción al
mercado interno.
La contaminación de los cultivos tradicionales
o convencionales por transgénicos, es un riesgo real y los daños están
comprobados en Chile y otros países. Sin
embargo ,los consultores y agrónomos Ricardo Pertuzé, Carlos Muñoz y Dinko Covacevich no consideran que sea
necesario exigir al SAG que monitoree la posible contaminación genética de los
cultivos emparentados con maíz transgénico. Esa propuesta de protección fue
presentada en el estudio en forma
separada por M. Isabel Manzur (Chile Sustentable), Salvador Millaleo (experto
en derecho indígena) y Blanche Magarinos-Rey
(abogada francesa de la ong Kokopelli), quienes también integraron el equipo
consultor. Los citados académicos de la
Facultad de Agronomía de la Universidad
de Chile se manifiestan contrarios a que los nuevos cultivos transgénicos se
sometan un estudio de impacto ambiental, propuesta apoyada por los consultores disidentes. Esto, por lo demás, es parte de la
actual legislación aunque no se ha elaborado el reglamento respectivo. Muñoz, Pertuzé y Covacevich sostienen que sólo
el Ministerio de Agricultura debe intervenir en las autorizaciones, haciéndolo
caso a caso y sin Evaluación de Impacto Ambiental.
El estudio también incluye un análisis de la legislación
comparada pero omite mencionar la moratoria a los transgénicos vigente en Perú
como medida de protección a la semilla. El equipo consultor no incluye la
moratoria a los transgénicos entre las propuestas a ser consideradas o
incorporadas y dedica escaso espacio a
la relación entre la semilla y la ingeniería genética y a las consecuencias de
ello.
En el curso de la presentación de esta
consultoría ante la sociedad civil, la directora de ODEPA, Claudia Carbonell,
confirmó que los consultores conocieron la versión 2 de la Ley de Obtentores Vegetales
(Ley Monsanto), elaborada por Hugo Martínez, asesor del ministro Furche, cuyo
contenido ya fue rechazado por organizaciones ambientales y campesinas en las
reuniones en que se presentaron estos agregados. No entregó fechas para el
reinicio de la tramitación en el Senado de la Ley Monsanto pero afirmó que el
estudio y la revisión de la ley habían sido procesos paralelos.
RAP-Chile, junto a la campaña YNQT en Chile
llama a las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de consumidores
a mantenerse unidas y alerta frente a este nuevo intento de aprobar una ley que
sólo beneficia a las transnacionales del agronegocio, y que constituye una amenaza para la
biodiversidad, la agricultura familiar
campesina y la soberanía alimentaria, vulnerando
también el derecho a la alimentación sana que
todos y todas tenemos.
[1] http://www.odepa.cl/estudio/