lunes, junio 30, 2008

Suprema verá caso Elena Varela. Su padre presentó denuncia criminal por tortura


(Activistas por la libertad de Elena Varela en la inauguración de la exposición sobre el Presidente Allende, en el Centro Cultural de La Moneda, frente a la tribuna oficial y a la Presidenta BAchelet).
La Corte Suprema deberá pronunciarse próximamente sobre el caso Elena Varela, luego que la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazara el recurso de amparo presentado en favor de la documentalista, según informó su abogado, Rubén Jerez El recurso se presentó el 26 de junio y fue suscrito por destacados documentalistas y cineastas tales como Francisco Gedda, Paola Castillo, Ignacio Agüero, Pablo Insunza, Peter Chaskel, Orlando Lubbert y Jaime Díaz. Según Jerez, la defensa no solicitó la revisión de la medida cautelar al juzgado de garantía de Rancagua porque fue este tribunal el que determinó la prisión preventiva de la cineasta en una audiencia plagada de graves irregularidades, negándose a cumplir con su deber de fiscalizar que un inocente no sea tratado como culpable.

El pasado miércoles 25 de junio, en la Corte de Apelaciones de Rancagua, los ministros Carlos Bañados y Ricardo Pairicán de la tercera sala votaron por el rechazo al amparo, mientras que el abogado integrante, Mario Márquez Maldonado, estuvo por acoger el recurso señalando que “en la formalización no se entregaron los antecedentes concretos que fundamentaran la participación de la imputada en su participación en calidad de autora de los delitos de robo con homicidio y robo con violencia, planificando, reclutando y ocultando a los partícipes en los referidos delitos”. La reclamación de la defensa denuncia la existencia de montajes y operaciones comunicacionales que recuerdan la época oscura de la DINA, la CNI, DINACOS y el Fiscal Torres. Se lee en el recurso: “Elena Varela fue acusada públicamente de participar, indirectamente, en hechos graves como son dos asaltos y una asociación ilícita. Para esos efectos, la Policía de Investigaciones, realizó un montaje, el 7 de mayo de 2008, en la IX Región, con armas de fantasía y una bandera del MIR, destinada a un documental. Lo anterior, reiteramos, con evidente publicidad y en abierta violación a lo expuesto en el artículo 92 del Código Procesal Penal”. Y a continuación se afirma que las únicas bases de dichas acusaciones acusaciones son los los dichos del fiscal sobre la base de supuestas declaraciones de testigos que hasta la fecha permanecen anónimos.

Amnistía Internacional ha iniciado una campaña a favor de la libertad de Elena Varela, mientras que trabajadores del medio audivisual y del periodismo dentro y fuera del país han calificado los hechos como un aberrante atentado a la libertad de expresión, exigiendo además la recuperación de los materiales filmados que fueron incautados. En un reportaje publicado por el diario La Nación Domingo con fecha 29 de junio, la cineasta, entrevistada por representantes de Amnistía Internacional y del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas expresó: “Estoy presa por mi trabajo profesional como cineasta, por la información que manejo, por interactuar con activistas mapuches que luchan por lo que creen, por entrevistar a personas de comunidades mapuches que han sido muy reprimidas y que no se atreven a decir nada, porque sé muchas cosas tan crueles que me llegan a enfermar. El pueblo mapuche ha sido humillado, ha sido perseguido. ¡He visto tanta gente aplastada emocionalmente, siquiátricamente, tanta gente que no se atreve a hablar! Por eso estoy presa.”

Denuncia criminal por tortura
Por su parte, el padre de Elena, don Hëctor Varela Díaz – que vive en Santiago y es diácono en la iglesia católica – presentó en el Juzgado de Garantía de Rancagua una denuncia criminal contra funcionarios de la policía de investigaciones de Rancagua por tortura, detención ilegal y vejación, y contra el fiscal de Rancagua, Servando Pérez por amenaza y obstrucción a la investigación. De los cien policías que actuaron en los hechos denunciados, entre los que habría miembros de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), los únicos dos funcionarios que pudieron ser identificados son Juan Reyes Gutiérrez y Luis Albornoz Urra. En el mismo recurso, interpuesto por el abogado Hugo Gutiérrez de la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, se relata que luego de ser detenida Elena en su domicilio de la localidad de Lican Ray (Región de la Araucanía), fue conducida al Colegio Claudio Arrau de la comuna de Panguipulli (Región de los Lagos), donde la cineasta y profesora de música trabajaba dirigiendo una orquesta de niños. Llegó al colegio esposada, junto a 30 efectivos de seguridad que la urgían a que confesara públicamente que escondía armas ¡en los instrumentos musicales de los pequeños!

En la denuncia criminal se expone que las únicas armas encontradas en los allanamientos fueron fusiles de fantasía utilizados para un documental y se detallan las torturas y vejaciones sufridas por la cineasta, que permanece en prisión preventiva desde mayo en la Cárcel de Seguridad de Rancagua, en un régimen de aislamiento en que por ejemplo, ella no tiene acceso a periódicos ni radio, y tanto The Clinic como La Nación lograron acceso a ella burlando las medidas burocráticas impuestas por gendarmería para dificultar el trabajo de la prensa. Durante su detención a Elena se le prohibió llamar a sus familiares o a un abogado y “fue obligada a permanecer de pie, por más de cuatro horas, en contra de una pared, a fin de conseguir su confesión… fue objeto de torturas como la incomunicación total y durante 24 horas no le permitieron comer ni beber, mientras recibía amenazas en contra de su integridad y la de su hija América. Fue interrogada por funcionarios desconocidos.”

Jueza impidió denuncia de torturas
La Corte de Apelaciones de Rancagua estimó que la actuación de la jueza de Garantía, Andrea Urbina Salazar se ajustó a la legalidad. Pero el abogado Rubén Jerez declaró a esta periodista: “La jueza de garantía faltó a la verdad en el informe evacuado a la Corte, ya que dijo que Elena Varela no le pidió hacer uso de la palabra y que nadie efectuó reclamaciones respecto de la legalidad de la detención. Eso es falso. Basta escuchar la grabación de la audiencia de formalización, donde en forma grosera, la jueza Urbina impide a Elena Varela denunciar el trato inhumano y la tortura inflingida. Habría sabido que fue expuesta a la prensa, esposada y acusada públicamente por el fiscal y la policía, antes de concurrir a un tribunal; y q obligada, bajo amenaza, a estampar sus huellas digitales en un registro de procedencia y destino desconocido”.

No es el primer montaje armado por la llamada “inteligencia nacional”. Su calidad es similar a la utilizada en otros casos de represión al pueblo mapuche. Sin embargo el método ha resultado útil para mantener en prisión a luchadores sociales por tiempo indefinido, en el marco de la llamada “Operación Paciencia” diseñada por los perseguidores contra las comunidades en conflicto. Un caso ilustrativo es el juicio contra Héctor Llaitul y Roberto Painemil, en que luego de más de un año y medio de prisión preventiva, ambos imputados fueron absueltos de la acusación de incendio. En ese caso, la jueza de garantía de Nueva Imperial Claudia Sánchez también había desestimado la denuncia de tortura que Painemil intentó hacer previamente.

Urbina es jueza y parte
En el recurso que verá la Corte Suprema, la defensa asegura que durante la formalización el tribunal no reveló la identidad del juez que dictó las ordenes de detención en contra los imputados. Ello era relevante dado que a juicio de la defensa, por razones de imparcialidad, resulta impresentable que el mismo juez que decretó las aprehensiones, sea quien se pronuncie sobre la legalidad de las mismas.

El abogado Jerez argumentó asimismo que la formalización y prisión preventiva que pesan sobre Elena Varela son abusivas y arbitrarias, porque la dejaron en la total indefensión, considerando que el fiscal Servando Pérez – que pidió la prisión preventiva - reconoció en la audiencia que los argumentos de la detención estaban en una carpeta reservada y fueron entregados por un testigo anónimo o sin rostro. De esta manera se vulneraron los derechos de la documentalista a la publicidad y a la defensa, pasando a llevar los artículos 83 de la Constitución y 9 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de autorización judicial previa para las actuaciones del fiscal que puedan afectar los derechos de los imputados.
Juicio kakfiano en la “dimensión desconocida”
El profesional que defiende a Elena Varela considera “dignas de Kafka” las características de este juicio, en que las imputaciones vagas generan una total indefensión de los acusados.
La defensa argumenta que el fiscal y la jueza Urbina –que aceptó la versión del fiscal- situaron a Elena Varela en una “dimensión desconocida, ubicada fuera del tiempo y del espacio, y ajena a este mundo” ya que en las acusaciones no se menciona lugar, ni fecha ni circunstancias de los graves hechos que le imputan: planificar un asalto, ocultar a los asaltantes y reclutar gente para delinquir. En consecuencia, no hay cómo organizar la deensa.
El recurso también señala su extrañeza por el hecho de que un fiscal de Rancagua investigue y formalice por hechos ocurridos en Loncoche, el año 2004, como si en esa ciudad del sur no existiera Ministerio Público o Tribunales de Garantía.
También se argumentó que el tribunal imputó hechos y no delitos, es decir conductas penadas por la ley, al omitir mencionar las normas jurídicas que tipificarían los hechos supuestamente investigados.
La jueza Urbina y la ley
La Corte Suprema deberá entonces dirimir el planteamiento de fondo: según la defensa, el tribunal de garantía no cumplió su función esencial de fiscalizar que un inocente no sea tratado como culpable. Las siguientes son las acusaciones formuladas respecto de la jueza Urbina Salazar:
• No preguntó si se informó, a la detenida, por parte de sus aprehensores, de manera específica y clara, acerca de los hechos que se le imputaron, en conformidad al artículo 135 del Código Procesal Penal.
• No verificó si la detenida fue asistida por un abogado desde los actos iníciales de la investigación.
• No preguntó si se le respetó su derecho a guardar silencio.
• No preguntó si fue sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• No preguntó si se le aplicaron métodos prohibidos como los señalados en el artículo 195 del Código Procesal Penal.
En el recurso se pidió a la Corte Suprema escuchar la grabación de la audiencia de formalización y así constatar que “para vergüenza del Poder Judicial , la jueza de garantía no sólo le niega a Elena Varela, la oportunidad de expresarse después de la formalización, como lo previene el artículo 232 del Código Procesal Penal , sino que, con posterioridad, se lo impide, groseramente cuando al pedirle la anuencia para aceptar a su defensora, Elena intenta denunciar los malos tratos a los que fue sometida. Debemos recordar que, a la defensora de Elena Varela, se le permitió ingresar a la sala, después de transcurrida la mitad de la audiencia, con la condición que no discutiera la legalidad de la detención.”

domingo, junio 29, 2008

Elena Varela: Presa por documentar la lucha mapuche


artículo de Jaime Díaz Lavanchy publicado hoy en La Nación Domingo

Ha sido acusada de terrorista, de pertenecer al MIR y participar en un asalto. Sin defensa ante la opinión pública, ha sido vinculada también a un asesinato. La documentalista detenida mientras grababa su película “Newen Mapuche” alega su inocencia.
La documentalista Elena Varela fue detenida el pasado 7 de mayo mientras realizaba su película "Newen Mapuche". Se le acusa de ser la autora intelectual de un asalto supuestamente perpetrado por ex miristas en la VI Región. Desde su detención, la documentalista no ha tenido la oportunidad de comunicar su versión de los hechos, ni menos aún ha podido denunciar las torturas que dice haber sufrido. Sólo la ha visitado su madre, sus hermanos, su padre, que además es diácono, y su hija de 16 años, que está destrozada por el encierro de Elena. Su abogado presentó un recurso de amparo que fue rechazado por la Corte de Rancagua. El pasado viernes acompañamos a Patricio Quevedo, de Amnistía Internacional Chile, y Paulina Acevedo, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, hasta la cárcel de Rancagua y así logramos entrevistar a Elena Varela. Esto es lo que nos dijo.

Tu abogado asegura que has sido víctima de torturas. ¿Puedes explicar tu versión de los hechos?
A mí me detienen en el sur, entran a mi casa más de 20 policías armados y sólo uno llevaba placa de Investigaciones. Los demás estaban todos vestidos de civil. Me subieron a un auto de vidrios polarizados y me llevaron encañonada todo el rato. No me dejaron hablar con un abogado en 24 horas, no me dijeron de qué se me acusaba. Me detuvieron a las nueve de la mañana del día 7 de mayo y me tuvieron sin comer ni tomar agua durante todo el día. Además, me obligaron a estar de pie toda la tarde, como seis horas, mirando contra la pared. Después de todo eso, me interrogaron. A las dos de la mañana un oficial golpeaba la mesa tratando de obligarme a decir lo que él quería escuchar.

¿Eso fue lo peor?
No, lo peor fue que los policías me hacían pensar que a mi hija podía pasarle algo malo si su madre no estaba con ella. Eso me afectó mucho. Yo trato de seguir optimista, no puedo imaginar que todo pueda ser tan malo, que esta sociedad pueda ser tan perversa. Pero lo que más me afecta es mi hija que viene todos los domingos. La América sólo tiene 16 años y está muy dañada. Ella es la que más me preocupa. Tiene miedo de estar en la casa, miedo de salir a la calle, miedo de que me pase algo a mí. Está aterrorizada, se está enfermando, la veo muy mal.

¿Alguien más te apoya, te visita?
Yo sé que afuera hay mucha gente que me está apoyando, gente que está pidiendo mi libertad. Aquí he tenido el apoyo de toda mi familia. Me visitan mis padres y mis hermanos, vienen todas las semanas. Eso ayuda mucho. Mi familia es muy cristiana, muy unida y mi padre es diácono. Nos apoyamos los unos en los otros y confiamos en Dios y en que todo tiene que tener algún sentido.

"SOY UNA PRESA POLÍTICA"

¿En qué circunstancias te detuvieron?
Me detuvieron cuando estaba grabando mi película "Newen Mapuche", sobre el conflicto entre los mapuches y las forestales. Pero no supe hasta que llegué a Rancagua que me estaban acusando de un asalto.

¿Y tú aseguras que eres inocente?
Sí, soy inocente.

¿Por qué estás presa, entonces?
Por realizar "Newen Mapuche", una película que tiene financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual, pero que es bastante conflictiva para el Estado, para el sistema. Yo creo que estoy en la cárcel por hacer mi película.

¿Se trata de un montaje?
Sí, las policías, los sistemas de inteligencia, tienen la visión de que el pueblo mapuche es revolucionario, es terrorista y que está vinculado a grupos de izquierda subversivos, y basta que uno entreviste a algún activista prófugo de la Ley Antiterrorista para que al tiro te acusen de lo mismo, de ser terrorista.

¿Confirmas que la principal motivación de tu procesamiento sería incautar tu documental con fines de inteligencia?
Sí, estoy presa por mi trabajo profesional como cineasta, por la información que manejo, por interactuar con activistas mapuches que luchan por lo que creen, por entrevistar a personas de comunidades mapuches que han sido muy reprimidas y que no se atreven a decir nada, porque sé muchas cosas tan crueles que me llegan a enfermar. El pueblo mapuche ha sido humillado, ha sido perseguido. ¡He visto tanta gente aplastada emocionalmente, siquiátricamente, tanta gente que no se atreve a hablar! Por eso estoy presa.

¿Qué es lo que más te duele?
¡Los niños, los niños enfermos de Temucuicui! Se ve en sus dibujos. En sus dibujos ellos pintan militares dentro de sus casas, explosiones de bombas lacrimógenas. ¡Eso es lo que no quieren que se sepa! Y quieren saber, además, dónde están los mapuches que están luchando, para exterminarlos, como quieren hacer conmigo. Yo quise hacer una película y me encarcelaron. Esta es una manera de exterminarme, de silenciarme.

¿Te sientes una presa política?
Sí, me siento presa política. Pero no porque tenga militancia política. Yo me considero militante de la vida, de la humanidad, del planeta. No soy de ningún partido. Soy sensible a los problemas sociales. Soy sensible cuando a alguien lo persiguen, soy cristiana también. Entonces no puedo ocultar lo que está sucediendo, el dolor de la gente mapuche.

"LO QUE YO QUERÍA CONTAR"

¿Cómo nace tu preocupación por el pueblo mapuche?
Sinceramente, cuando yo me fui a investigar, a grabar a la IX Región, tenía una visión academicista de los mapuches. Lo que yo quería era investigar la música mapuche, saber cómo construían sus instrumentos, porque yo además de cineasta soy profesora de música. Pero el primer día que entré a una comunidad empecé a darme cuenta de la represión que sufren, y pensé: "¡No saco nada con estudiar la música mapuche, si ellos no pueden vivir!".

¿Qué viste que te cambió tanto?
Vi que están empobrecidos, que sus tierras están secas, que detrás de las forestales hay todo un aparataje político, político-militar, y vi que la industria forestal se gasta toda la plata que sea necesaria para acallar a cualquier persona que se rebele contra el sistema. Los allanamientos a las comunidades mapuches son constantes y terribles. Yo creo que algunos todavía buscan entre los mapuches a ese terrorista que imaginó Pinochet, un terrorista que nunca van a encontrar en la zona mapuche, porque no existe.

¿Hubo algún momento clave en el proceso de acercamiento al mundo mapuche?
Un día en que allanaron estuve detenida con los mapuches, sólo unas horas. Y de repente dicen: "¡Ya, usted no es mapuche, entonces puede irse!". En ese momento yo vi discriminación y racismo. Después vi el sufrimiento de los niños, conocí a los presos políticos mapuches, en fin. Uno no puede quedarse inmóvil cuando ve tanto dolor.

¿Eso querías contar en tu película?
Quería dejar impregnada esa realidad, la que vive el pueblo mapuche. Yo no pensé en retratar a un Estado o Gobierno. Yo quería mostrar un mundo cruel, ¿me entiendes? Un mundo que nosotros mismos estamos fomentando, que estamos amparando como sociedad, gracias a que existen leyes hechas para reprimir, para encarcelar.

¿De dónde viene la represión?
De este mundo cruel, de este sistema injusto que busca proteger sus intereses políticos y económicos, de este sistema maquillado que por un lado habla de justicia y por el otro nos trata con injusticia.

Tú le pediste a la ministra de Cultura que viniera a visitarte. ¿Por qué?
Le pedí que viniera para contarle bien lo que había pasado, porque aquí también hay un problema que afecta al arte, a mi película, a mi libertad para expresarme.

¿Y sabes si piensa venir?
No, no me ha dicho nada, sólo me escribió una carta donde me decía que iban a hacer una copia de mi documental, para que no se perdiera. No puedo decirte más porque casi no sé nada de lo que pasa afuera.

¿Te arrepientes de lo que hiciste o te lo cuestionas?
No, al contrario. Tengo un dolor muy grande por no poder mostrar lo que tenía para mostrar. Pero tengo que ser fuerte, porque el dolor de los mapuches lo estoy sufriendo ahora yo, en carne propia.

* Fuente: LND

viernes, junio 27, 2008

Que no torturen mas Presidenta Bachelet!


En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, 26 de junio, integrantes de la Comisión Etica Contra la Tortura hicieron llegar a la Presidenta Michelle Bachelet un documentado informe http://www.elmostrador.cl/c_pais/documentos/informemapuche.pdf sobre actos de tortura y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile durante su mandato, y reiteraron su demanda de poner fin a la impunidad y de que cese la represión a los sectores sociales que luchan por sus derechos y al pueblo mapuche. Texto completo del informe en

Estos planteamientos fueron expuestos durante una hora y media en La Moneda por una delegación de esta organización, que luego de entregar el informe de 67 páginas en la oficina de partes, se reunió a las cinco de la tarde con María Luisa Sepúlveda, asesora de la Presidenta en el tema. En el encuentro participaron la dirigente de la Comisión Etica Juana Aguilera, junto a Alicia Lorca, por la Agrupación de Familiares de Ejecutados, Beatriz Brinkman, de CINTRAS y Mireya García, por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Las activistas de derechos humanos pasaron revista a las tareas pendientes respecto de verdad, justicia y reparación, como en relación a la prisión política, al no reconocimiento del exilio político como violación de los derechos humanos, y a la calificación de víctimas de la tortura. También se abordó, entre otros temas, la situación de los chilenos que aun sufren penas de extrañamiento y la necesidad de poner término a las atribuciones actuales de la justicia militar.
La tortura hoy
El documento dirigido a la Presidenta Bachelet aborda en su primera parte la situación de los derechos humanos en el país, la persistencia de tortura y malos tratos en las cárceles y la actuación policial frente a la protesta social. La segunda parte del informe documenta la tortura y represión al pueblo mapuche entre marzo de 2006 y mayo de 2008, incluyendo 2 casos de tortura y violencia innecesaria con resultado de muerte (Matías Catrileo Quezada y Johnny Cariqueo Yáñez) y 55 casos detallados de prisión política en las cárceles de Angol, Victoria, El Manzano,Arauco, Lebu, Traiguén, Temuco (de Hombres y de Mujeres), Nueva Imperial, Lautaro y Rancagua y los procesamientos con medidas cautelares vigentes al 30 de mayo. Se ha incluido también el caso de Elena Varela, considerado como un montaje policial orientado a impedir la difusión de documentales sobre las luchas mapuche. Se detallan asimismo casos de tortura y violencia innecesaria ilustrados a través de recursos judiciales (10 casos), o denunciados por comunidades (montaje contra Héctor Llaitul/Roberto Painemil; represión en comunidades Antonio Ñiripil, Temucuicui , Juan Paillalef, José Guiñón, Newen Mapu) y una selección de casos citados en informes de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Cambio social y tortura
En la declaración pública distribuida hoy, la Comisión Etica Contra la Tortura sostiene que la conciencia de la humanidad ha constatado que la tortura se practica para excluir de todo ámbito de participación y reprimir la voluntad de cambio político, económico, social y cultural de los sectores pobres y conscientes de la sociedad. La tortura sistemática promueve la existencia de sistemas políticos represivos y facilita las inversiones de capital nacional y foráneo.
Agrega que Chile no es una excepción, y así lo demuestra el cinismo de quienes justifican la tortura y los crímenes como necesarios para lograr el progreso económico. El modelo neoliberal se impuso a través de la violencia sistemática de la dictadura militar. La tortura, la represión, la desaparición forzada de personas no fueron accidentes históricos ni el resultado de faltas individuales de los agentes del Estado, sino la aplicación de un proyecto de desarrollo capitalista excluyente y autoritario. La Comisión Etica llama a no aceptar más explicaciones falaces para ocultar la responsabilidad de los ejecutores y autores intelectuales y políticos de esos crímenes ni para justificar a quienes se enriquecieron apoderándose de manera espuria de las riquezas del país.
Homenaje al Presidente Allende
Al ratificar hoy su compromiso con la verdad y la justicia y homenajear a todas las víctimas de la dictadura militar, la Comisión Etica Contra la Tortura rindió un tributo especial al Presidente Salvador Allende Gossens, quien consagró su vida a la búsqueda de la plena integración y realización de los derechos humanos, jurídicos, civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de los chilenos. Un grupo de integrantes de la Comisión marchó por la Alameda en la mañana dirigiéndose hacia el monumento al Presidente Allende luego de detenerse por unos instantes en Morandé 80.
Como parte de su compromiso con la Verdad y la Justicia, la Comisión Etica exige:
• el fin del Decreto Ley de auto-amnistía (al unísono con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales)
• la destitución de los violadores de derechos humanos designados en cargos oficiales.
• la eliminación por ley de la cláusula que impide, por un lapso de 50 años, el acceso de los tribunales de justicia a las imputaciones concretas de delitos de tortura denunciados ante la Comisión Valech. Este silencio consagra la impunidad para los hechores.
• El establecimiento de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución;
• la instauración de una instancia no gubernamental de Derechos Humanos, ajena a una nueva mascarada de “punto final”;
• el término de la “guerra preventiva interna” contra las manifestaciones públicas;
• el cese inmediato de la represión, la tortura a los presos políticos mapuches y de las violaciones a la libertad de expresión y de movimiento que hoy mantiene encarcelada, entre otros, a la cineasta Elena Varela.
• el reconocimiento del pueblo-nación mapuche, hoy bajo asedio militar y económico;
• la ratificación y el cumplimiento, por el Estado chileno, de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y pueblos originarios;
• la reapertura inmediata e indefinida de una instancia abierta a todas las personas cuyos derechos humanos, tanto ayer como hoy, hayan sido vulnerados;
• el término del exilio y el extrañamiento para cientos de chilenos que combatieron a la dictadura y que aún no pueden retornar al país;
• la supresión absoluta de la justicia militar como rama orgánica jurisdiccional y la derogación de la ley antiterrorista.
La Comisión Etica Contra la Tortura hizo saber a la asesora presidencial que espera una respuesta formal a los planteamientos expresados en su documento titulado “Primer Informe de la Comisión Etica Contra la Tortura a la Presidenta de Chile señora Michelle Bachelet Jeria”, y fechado el 26 de junio de 2008.

miércoles, junio 25, 2008

Consulta Nacional sobre Educación: 2,3 y 4 de julio


Esta es la palabra de la FECH (Federación de Estudiantes de Chile:
Mientras el gobierno cierra las puertas a la discusión sobre un nuevo proyecto de educación para el país, y el parlamento vota a la rápida leyes que no representan el sentir de la mayoría de los chilenos y chilenas, los estudiantes invitamos a la ciudadanía a expresar su opinión, a tomar la palabra.Realizaremos una Consulta Nacional sobre Educación los días 2, 3 y 4 de Julio. Nuestra invitación es para todos quienes compartan este sueño de construir con más democracia, con más participación, un nuevo modelo de educación para el país.
Ciudadana
Michelle Bachelet Jeria
Presente :

Hacemos llegar a Ud. esta carta en su calidad de ciudadana, en la condición en que es igual en derechos y deberes a nosotros y al resto de los chilenos.
Sabemos que Ud. antes de asumir la primera magistratura de la nación, expresó un sentir de esperanzas para millones de compatriotas que no tiene parangón con otras figuras políticas desde la vuelta de la democracia. Y a falta de otros mecanismos de participación, aquellos sueños fueron su principal fuerza electoral, más allá incluso, como bien sabe, del peso de cada partido por separado.

Los políticos siempre han convocado a los jóvenes a inscribirse en los registros electorales y participar de las decisiones del país. Aunque las movilizaciones sociales desde nuestro punto de vista también son legítimas formas de participación, hoy venimos los jóvenes a solicitarle a Ud., en su calidad de ciudadana, que participe del proceso de Consulta Nacional de Educación que los movimientos sociales estamos preparando.

Queremos que los poderes de esta sociedad no sólo nos escuchen a nosotros. Queremos que escuchen a la gente, a los mismos que en su momento depositaron en Usted ciudadana muchos de sus sueños y esperanzas. Sin renunciar por un minuto a la lucha en las calles, hemos decidido hacer una convocatoria al pueblo a las urnas, a nuestras humildes urnas de los movimientos sociales, de todas las organizaciones estudiantiles –de universitarios y secundarios- y de muchas otras organizaciones que nos están ayudando. Esta consulta se realizará durante los días Miércoles, Jueves y Viernes de la próxima semana. Ubicaremos una urna junto a su lugar de trabajo, y esperamos que participe; garantizaremos en cualquier caso su seguridad y tranquilidad si decide hacerlo. La consulta tratará de materias clave en educación –incluso fuera de la propia LGE- que a nuestro gusto merecen ser zanjadas por la mayoría de los chilenos.

Esperando buena acogida, se despide atentamente:

Directiva FECh
Federación de Estudiantes
Universidad de Chile

El Compañero Presidente



Hace cien años que nació quien fuera nuestro compañero Presidente

A modo de homenaje comparto aquí palabras de Mario Amorós, autor de la obra "Compañero Presidente: Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo" (Universidad de Valencia,2008), lanzado ayer en Santiago el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) en presencia del autor, y teniendo como panelistas a Jorge Arrate, ex ministro del gobierno de la Unidad Popular y a Guillermo Teiller, secretario general del Partido Comunista.

El 26 de junio se conmemora el centenario del nacimiento de Salvador Allende, una de las grandes personalidades políticas del siglo XX. De Allende perdura el recuerdo imborrable de su inmolación en el Palacio de La Moneda, del sacrificio de su vida como prueba definitiva de su lealtad al pueblo, que le confío la Presidencia de la República en 1970. Sin embargo, su memoria se ha quedado atrapada en la tragedia del 11 de septiembre de 1973: su prolongada trayectoria política anterior a 1970, su defensa de un socialismo democrático y revolucionario o su solidaridad con las luchas del Tercer Mundo (Vietnam y Cuba, principalmente) han caído en el olvido; ni siquiera las grandes conquistas de sus mil días de gobierno son comúnmente reconocidas. Y, sin embargo, junto con el 11 de septiembre, conforman su legado político.

Allende nació en Valparaíso siete meses después de la masacre obrera de la escuela Santa María de Iquique, en un tiempo histórico en el que la clase obrera pugnaba por convertirse en un actor relevante de la vida nacional. Se incorporó a las luchas sociales en su etapa como estudiante de Medicina en Santiago, cuando se sumó a las movilizaciones contra la dictadura del general Ibáñez (1927-1931), actividad por la que fue encarcelado y expulsado temporalmente de la Universidad.

Uno de los hechos determinantes fue su participación en la fundación en 1933 del Partido Socialista, del que pronto se convirtió en uno de sus principales dirigentes, como secretario regional de Valparaíso en 1935, subsecretario general en 1938 y secretario general entre enero de 1943 y julio de 1944. En 1937, con sólo 29 años, fue elegido diputado y después dirigió en Valparaíso la campaña del radical Pedro Aguirre Cerda, vencedor como candidato del Frente Popular en las históricas elecciones presidenciales de 1938, que quebraron una hegemonía oligárquica cuyas raíces se hundían en la colonia. Como diputado y desde octubre de 1939 hasta 1941 como ministro de Salubridad de Aguirre Cerda, defendió varios proyectos para mejorar las precarias condiciones de vida de las grandes mayorías.

En 1945, logró un escaño en el Senado por las provincias australes, hasta entonces un feudo conservador, y confirmó su prestigio en la política nacional. En 1948, criticó la persecución del Partido Comunista [1] impulsada por el gobierno de González Videla y defendió que los principios socialistas estaban impregnados de un profundo humanismo y entrelazados, de manera inseparable, con los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

En 1951, cuando la mayor parte del socialismo decidió respaldar la candidatura presidencial del ex dictador Ibáñez, con un proyecto populista que podía evocar al peronismo, impulsó su candidatura para las elecciones presidenciales de 1952 con el apoyo de un sector minoritario de los socialistas y del Partido Comunista desde la clandestinidad, en una coalición que se denominó Frente del Pueblo. Aunque apenas obtuvo 51.975 votos, a partir de entonces se convirtió en el adalid de la unidad de la izquierda, que se concretó con la creación del Frente de Acción Popular en 1956 y la reunificación del socialismo en 1957. En las elecciones de 1958, en la que venció el derechista Jorge Alessandri, se quedó a apenas 33.000 votos de La Moneda: había nacido el “allendismo”, un movimiento popular que se formó en torno a sus propuestas de transformación del país y que rebasaba las fronteras de los partidos Socialista y Comunista.

En 1964, con una gigantesca “campaña del terror” financiada por la CIA y el apoyo de la derecha, el democratacristiano Eduardo Frei le derrotó, pero en 1970 la Unidad Popular alcanzó la anhelada victoria y logró derrotar las maniobras de Washington y de la derecha para impedir su elección como Presidente por el Congreso Nacional tras su apretado triunfo del 4 de septiembre. Lo que sucedió después es ampliamente conocido.

En 2008 Salvador Allende regresa. Regresa el joven que fue capaz de asumir un compromiso temprano con los valores de la democracia y del socialismo y que consagró toda su vida a hacerlos realidad. Regresa el diputado y el senador que impulsó numerosas iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las clases populares. Regresa el militante socialista que dedicó sus energías a unir a la izquierda en torno a un programa político para transformar la realidad chilena. Regresa el dirigente que nunca abandonó la crítica al capitalismo y no claudicó en el anhelo de construir el socialismo. Regresa el Presidente de la República que nacionalizó el cobre y erradicó el latifundio, promovió la participación de los trabajadores en la dirección de la economía nacional, convirtió a los campesinos en ciudadanos, impulsó el reparto de medio litro de leche diario a todos los niños, defendió ante las Naciones Unidas un nuevo orden económico mundial y ante la nación más poderosa del planeta, la determinación de su pueblo a construir el socialismo.

lunes, junio 23, 2008

Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la Tortura: Programa


26 de junio – Día Internacional contra la tortura
10:30 horas: Homenaje a los caídos y torturados durante
la dictadura. En Londres 38 – Ex centro de Torturas y exterminio

11:00 – 11:30 horas:Homenaje a Salvador Allende Gossens (frente a su monumento)
Entrega de Informe sobre la Tortura hoy en Chile, en La Moneda

27 de junio – 19:00 horas: Acto Solemne de Reconocimiento a Defensores de Derechos Humanos
Entrega de medalla Alicia Vega Pais:
Lugar: calle Carabineros de Chile 33, sede de Agrupación de Familiares de Ejecutados.
Metro Baquedano - Santiago

29 de junio – 11:00 horas Feria de Derechos Humanos
Libros, música, material de asociaciones
Plaza de Armas de Santiago

31 de junio – 4 de julio Ciclo de Videos
18:00 a 20:00 horas Librería de “Le Monde Diplomatique”
San Antonio 434 – Local 14 - Santiago

-Lunes 30 de junio: 'El nuevo orden criminal mundial'.
-Martes 1 de julio: 'Asesinato de sindicalistas en Colombia'.
-Miércoles 2 de julio: 'Una vida verdadera. El sacrificio de Miguel Woodward'
-Jueves 3 de julio: 'No olvidar'. Foro dirigido por Ignacio Agüero, director.
-Viernes 4 de julio: 'Salvador Allende', documental inédito de Francisco Silva.


4 de julio a partir de las 20: 00 horas Convivencia en “El sindicato” Maipú 424 – Entre Catedral y Compañía

Cena bailable pro fondos
$ 4.000

domingo, junio 22, 2008

Periodistas pidieron perdón por los montajes


En la foto Ernesto Carmona, Luis Conejeros, Isabel Gallardo, Alfredo Taborga, Juanita Rojas

(texto de Ernesto Carmona)
Una nutrida concurrencia de medios informativos y familiares de las víctimas presenció la inédita ceremonia en que el Colegio de Periodistas de Chile pidió perdón por los reporteros que, en 1975, ayudaron a disfrazar como “enfrentamientos” los asesinatos de 125 personas en los casos “Rinconada de Maipú” y “Operación Colombo”. Los ocho periodistas involucrados en las mentiras fueron sancionados e diferente grado –incluso con expulsión– en dos sumarios de los tribunales éticos de la orden profesional solicitados por las familias de las víctimas, pero los medios de prensa y televisión en que trabajaban siguen guardando silencio. El Mercurio omitió la noticia del acto del perdón, aunque concurrió el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, pero no ocultó la información en su versión electrónica, www.Emol.cl.
Llegó tanta gente hasta la sala del reuniones del Círculo de Periodistas, en el tercer piso del edificio institucional, que hubo que trasladar el encuentro a un auditorio del piso 8, que fue colmado por unas 200 personas, entre periodistas que acudieron a la cobertura, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y público general. Los familiares llevaron pancartas y folletos informativos sobre los asesinatos y las víctimas.
Intervinieron Luis Conejeros, Presidente del Colegio; Juanita Rojas, Presidenta del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED); Alfredo Taborga, Presidente del Tribunal Regional Metropolitano (TRED); Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de La Rinconada; y Roberto D’Orival, que tiene un hermano entre los 119 desaparecidos de la Operación Colombo. También habló el ministro Vidal y como conductor se desempeñó Ernesto Carmona, consejero nacional del Colegio y coordinador del departamento de Derechos Humanos.
Periodistas sancionados
En el caso Rinconada, los periodistas sancionados con suspensión temporal de su colegiatura y censura pública fueron Claudio Sánchez, quien en 1975 trabajaba en el Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica; Julio López Blanco, Roberto Araya –el único expulsado–, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol, todos de Televisión Nacional (TVN) - Canal 7, cuando ocurrió el montaje. Sánchez recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, pero su reclamo fue rechazado el 2 de junio.
Por la difusión de noticias falsas en la Operación Colombo fueron suspendidos y censurados públicamente los ex directores de medios Fernando Díaz Palma, de Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio; y Alberto Guerrero Espinoza, de La Tercera; y la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio. Por haber fallecido, se declaró no imputables a los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda –también de El Mercurio–, Mario Carneyro. Los familiares también acusaron a la periodista de El Mercurio Mercedes Garrido Garrido, pero el tribunal la absolvió porque no pudo probar su culpabilidad.
El acto de mea culpa
El Colegio reconoció que no estuvo a la altura de las circunstancias ni de las demandas de información veraz de la ciudadanía durante los 17 años de dictadura, pero también advirtió que los vacíos legales todavía no garantizan una tuición ética efectiva de los colegios profesionales. Básicamente, quiso cerrar un capítulo bochornoso del periodismo y, a la vez, dar una señal política a los medios involucrados, que todavía guardan silencio sobre su responsabilidad en la fabricación y “pauteo” de noticias falsas.
Luis Conejeros dijo que "la impecabilidad de nuestro Tribunal Metropolitano como del Tribunal Nacional ha sido una vez más respaldada y reconocida, ahora por la Corte de Apelaciones de Santiago". Añadió que las instancias éticas institucionales "no juzgan personas, juzgan hechos, y en sus casos, estos juicios dicen que algunos de los nuestros abandonaron la esencia del periodismo. Por decirlo de algún modo, dejaron de servir al periodismo, a la verdad, a la libertad, a la humanidad, para servir a otros amos. En ese tiempo, dicen los tribunales, el Colegio dejó de estar del lado de ustedes. Por eso hemos venido a pedirles perdón. Por eso les ofrecemos nuestras excusas públicamente".
Asimismo, precisó que "si algunos periodistas, en algunas oportunidades, y el Colegio de Periodistas como institución no estuvieron a la altura, nuestros medios de comunicación, aquellos para quienes trabajábamos, aquellos que eran dueños de las cámaras, de los micrófonos, de las rotativas, también hicieron su parte y de ellos hasta hoy no he escuchado palabra alguna". Agregó que "los periodistas y los medios nos sentimos autorizados a pedir cuentas a todos, a exigir transparencia a todos, a inmiscuirnos en la vida de todos", pero, "lamentablemente aún no se ven con la frecuencia que debiera nuestras propias cuentas públicas, la cuentas de los medios, los defensores del lector, del auditor; aún no se ve una actitud socialmente responsable de rendición de cuentas en la prensa chilena y quizás cuantas veces más estaríamos obligados a pedir perdón, no sólo por lo que pasó hace treinta años, sino por la falta de rigor o de impecabilidad en que incurrimos ayer o anteayer".
Enseguida, dirigiéndose al ministro Vidal, dijo que "si los tribunales de Ética fueran reconocidos por la legislación, si se crearan los tribunales especiales para no colegiados, si se restituyera a la Colegios la tuición ética, estas familias que están hoy día acá y a quienes les pedimos perdón, podrían ver sanciones efectivas, sanciones ejemplares". Reclamó que "la democracia está en deuda con un Chile que necesita cada vez más profesionales responsables, con altos estándares y con efectivo control ético", mientras los "proyectos para avanzar en este sentido, que hoy son apoyados por parlamentarios de todas las bancadas, continúen en sueño sin urgencia alguna en la Secretaría General de la Presidencia y en el Parlamento".
Juanita Rojas, presidenta del TRINED, dijo que “más que pedir disculpas” había que rendir un homenaje a la tenacidad de las familias de las víctimas por buscar no sólo justicia y sanción en los tribunales ordinarios, sino también en la instancia que rige a los periodistas. También recordó un crudo “mea culpa” público de la ex periodista de El Mercurio, María Angélica de Lukigi, que contiene frases tan duras como ésta: “Mientas a otras chilenas les rompían la vagina con animales, botellas, electricidad, les daban puñetazos y mataban a sus hijos y padres, yo le leía cuentos a mi hijo, pololeaba, iba a las cabañas de los periodistas en El Tabo, usaba suecos y minifalda y correteaba. ¿Era feliz? Lo siento”.
La impunidad de "Alexis"
Alfredo Taborga, Presidente del TRED, dijo que "así como la Constitución defiende a los medios de comunicación, así también debe defender a la sociedad contra el manejo interesado y manipulador de la verdad que pueden hacer esos medios". Puso de relieve "la necesidad de que se establezca, también con rango Constitucional, el derecho de la sociedad a estar adecuada, oportuna y verazmente informada, no sólo con el criterio del medio que entrega la noticia sino con aquel que respete la verdad, independientemente de los intereses empresariales, gubernamentales o municipales de los propietarios de medios".
"El Tribunal Metropolitano en una instancia que puede proyectarse ante la ciudadanía como un referente al que pueden concurrir los habitantes de Chile cuando estimen que los periodistas no estamos cumpliendo a cabalidad nuestras obligaciones éticas en el ejercicio profesional", dijo Taborga. Añadió que el Colegio "tiene la seriedad de poder investigar conductas y sancionar cuando corresponda a los periodistas que puedan apartarse del camino ético con que deben cumplir su deber en la sociedad".
"Y lo estamos haciendo adecuadamente, tal como lo acaba de ratificar la Corte de Apelaciones al rechazar la apelación impuesta por el colega Claudio Sánchez contra un fallo que lo sancionó emitido por el TRED Metropolitano en el caso Rinconada de Maipú. La Corte estableció que lo obrado por nuestra instancia fue correcto, apegado a las disposiciones y normas vigentes y con el respeto a las formalidades del caso", agregó.
Taborga llamó la atención ante "la total impunidad que hasta el día de hoy existe sobre un personaje que en todas las declaraciones e instancias de la investigación del caso [de Los 119] aparecía como un responsable central", incluso reconocido por altos miembros de la dictadura y en los documentos desclasificados de EEUU: "Me refiero, dijo, a un personaje que se hacía llamar Álvaro Puga o Alexis, del cual nunca más se tuvo noticias". Añadió que "con los escasos medios de los tribunales de nuestro colegio, se pudo establecer su alta participación en el montaje de estas operaciones de inteligencia que significaron una burla sangrienta para todo el pueblo de Chile".
Las familias
Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de La Rinconada, expresó complacencia porque el Colegio “haya sido capaz de, auto-críticamente, realizar un acto simbólico de esta naturaleza por hechos ocurridos hace 33 años”. Dijo que la importancia de este acto, la vemos en el contexto de la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado, por sanidad mental, pero también la vemos en el contexto de dar un ejemplo, en tanto podemos sacar enseñanzas y conclusiones, para el presente y el futuro”. Añadió que “estas enseñanzas que son consecuencias de aquellos hechos de dolor, son las que aspiramos a que lleguen hasta las mismas personas que planearon, manipularon, ejecutaron y difundieron las distorsionadas informaciones que nos enlodaron”.
“Hoy comprendemos ¡qué distintas! pudieron haber sido las cosas, si aquellos periodistas, en esos momentos, hubieran usado todos esos medios todos esos recursos para decir la Verdad. La verdad de los terribles hechos de represión que sufrimos no sólo en este caso, sino también en un espectro más amplio, como pueblo chileno, durante 17 años de Dictadura Militar”, dijo Gallardo. Agregó que “vemos en este acto un valor profundo, contenido en este gesto que el Colegio de Periodistas nos está ofreciendo; este valor es uno de los más preciados, de los más nobles de los seres humanos: el de asumir una culpa y pedir una disculpa; también vemos que en este acto, el gremio de los periodistas está asumiendo, colectivamente, la responsabilidad que le cabe a unas cuantas personas, con nombres y apellidos, lo que le da un valor mucho más alto; es decir, el Colegio nos está dando una Cátedra Magistral en tanto está asumiendo la responsabilidad de personas que no se han hecho cargo de sus actos”.
Roberto D’Orival, hermano de uno de Los 119, recordó que el periodista José Carrasco Tapia, asesinado por órdenes del esbirro Álvaro Corbalán en 1986, encabezó una huelga de hambre en la cárcel para denunciar en 1975 que la Operación Colombo era un montaje periodístico de la dictadura. Añadió que todavía quedan tareas pendientes en la cobertura de los medios, como “la constante criminalización y estigmatización de las protestas populares, en particular los reclamos de los estudiantes y el movimiento mapuche, sometidos, además, a una feroz represión”.
Repercusiones en la prensa
La presencia del ministro Vidal atrajo a más periodistas de todos los medios a la cobertura del acto, porque además el secretario de Estado le pidió a los reporteros que habitualmente cubren el palacio presidencial La Moneda para reportearlo el día sábado que concurrieran a escuchar sus declaraciones políticas en el Colegio de Periodistas. "Todos debemos pedir perdón a los familiares de las víctimas de la violación de derechos humanos en Chile", afirmó Vidal.
Vidal dijo que cuando fue presidente de TVN, hace menos de un año se retransmitió por primera vez en esa estación la imagen en blanco y negro de Julio López “reporteando” en 1975 las huellas de los extremistas en el falso enfrentamiento La Rinconada de Maipú: unos cartuchos de bala vacíos que examinó en cuclillas, aparentemente “en vivo y en directo”, pero era un film de 16 mm. "Todos hemos aprendido de esta experiencia", señaló Vidal, quien se sumó a la petición de perdón.
El periodista Jorge Escalante destacó en La Nación del domingo que Julio López admitió que al Canal 7 – TVN llegaban agentes de la DINA a pautear a los editores y periodistas, y que estos entregaban incluso los libretos de lo que había que difundir. Además, conducían a los reporteros y camarógrafos a las locaciones de supuestos enfrentamientos, como ocurrió en Rinconada de Maipú.
Escalante añadió que en 1987, Julio López fue contratado por Álvaro Corbalán, el entonces jefe del cuartel Borgoño de la Central Nacional de Información (CNI), ex DINA, como “subdirector” de la revista “A Fondo”, creada para la difusión del movimiento Avanzada Nacional, un invento del sicario en sus esfuerzos por convertirse en líder político del pinochetismo.
También reveló que el ex director de La Tercera, Alberto Guerrero, fue estrecho amigo de Corbalán. Asistió a una cena de gala el 13 de junio de 1987, en el hogar del sicario, "horas antes de que la dictadura asesinara a doce militantes del FPMR entre los días 15 y 16 de junio de 1987", en la Operación Albania, afirmó Escalante. Su fuente es la hoja de la guardia de la CNI que custodiaba el ingreso a la casa de Corbalán, adjuntada "a fojas 5163" del expediente del proceso abierto por esta masacre: “A esta hora (la hora aparece borrada) ingresan los siguientes invitados: Patricio Vildósola y señora, Carlos Portales y señora, Sergio Miranda y señora, Carlos Cruz Coke y señora, señorita Dennis, Benjamín Matte y señora, Miguel Ananías y señora, Guido Poli y señora, Alberto Guerrero y señora, René Sotomayor y señora, Juan Carlos R. y señora, Manfredo Mayol y Willy Bascuñán”. Hoy Corbalán está preso por el asesinato del periodista José Carrasco, la Operación Albania y otros crímenes.
Emol, la versión electrónica de El Mercurio, publicó la noticia que su casa matriz ocultó. Y además, aportó información de su propio archivo, al indicar que "la "Operación Colombo" fue "montada en 1975 por el régimen militar (1973-1990) para encubrir la desaparición de 119 opositores, en la que incluso se fabricaron revistas apócrifas en Argentina y Brasil para vincular las muertes a pugnas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)". En efecto, "las fuentes de información" de El Mercurio fueron las publicaciones O Novo Diario y Lea, que aparecieron en Brasil y Argentina por una sola vez, sólo para dar la "noticia" de dos enfrentamientos en "las pampas argentinas", donde hubo un total de 119 "extremistas muertos en combate", 60 ante la Gendarmería y 59 que “se mataron entre ellos mismos, por diferencias políticas”.
La versión electrónica de El Mercurio recordó que "la prensa de entonces publicó titulares como "Exterminados como ratas", por las circunstancias en las que las 119 víctimas habían sido detenidas en Chile meses antes y por su posterior desaparición desde campos de tortura de la policía secreta, como constaba en recursos presentados por sus familias ante los tribunales que fueron rechazados". Ese título fue utilizado por el vespertino La Segunda, ...de la cadena El Mercurio.

sábado, junio 21, 2008

Baleado joven mapuche en allanamiento


Dos jóvenes mapuche de la asediada comunidad Cacique José Guiñon (sector Pidima, comuna de Ercilla, región de la Araucanía) resultaron heridos a bala en un violento allanamiento realizado por Carabineros en la mañana del sábado 21 de junio. La fuerza policial alegaba buscar un caballo fina sangre robado en la zona. Sin embargo, había un recurso de protección interpuesto por los comuneros, en favor de la seguridad de sus familias.

Los heridos son el estudiante de enseñanza media Jorge Andrés Mariman Loncomilla hijo de la machi de la comunidad, Adriana Loncomilla y del werken José Cariqueo –ex preso político mapuche- , y Luis Marileo, sobrino del werken. Los policías además les propinaron a los jóvenes una golpiza con las culatas de sus armas de servicio. El allanamiento se realizó justo cuando muchas comunidades preparaban la celebración del We Xipantu, el año nuevo mapuche. Jorge presenta fractura en el brazo derecho y balines en los pies y Luis Marileo fue atendido por fractura en el rostro.

Los hechos ocurrieron al ser allanada la casa de la señora Lorenza Saravia, madre de Juan Patricio y Jaime Marileo Saravia, presos políticos mapuche que cumplen condena de diez años por el caso Poluco Pidenco, en las cárceles de Victoria y Angol. El herido a bala y el contuso fueron atendidos en el Hospital de Collipulli en la tarde. Hasta el establecimiento asistencial llegaron decenas de indignados comuneros a solidarizar con la comunidad agredida y mostrar su malestar por el permanente maltrato policial.
Represión constante
La represión ha recrudecido en esta comunidad a raíz del incendio de un camión maderero en abril de este año, en un camino público, frente a una de las casas de la comunidad José Guiñón, ubicada a un kilómetro de la localidad de Pidima, donde vive Carolina Marileo, hermana de los presos. Ella ha sufrido tres allanamientos desde entonces, por lo que los hechos de hoy sólo han agravado el clima de intimidación y violencia que los afecta.
Voceros de la comunidad han denunciado que en abril de 2008, el Fiscal Miguel Angel Velásquez intentó sobornar a testigos para inculpar a los cinco mapuches de la comunidad Newen Chequenco detenidos en Temuco a raíz del incendio del camión. Su intento fracasó.
Denuncia de la comunidad
En mayo de este año, la familia Toro Marileo había denunciado hechos ocurridos el 27 de abril pasado, y que involucran al citado fiscal en un intento de soborno a miembros de la comunidad para que declaren contra otros comuneros. Después del incendio, carabineros de fuerzas especiales, dotados de armamento de guerra, allanaron en tres ocasiones la casa de Carolina Marileo, hermana del preso político Mapuche, Jaime Marileo. La interrogaron y amenazaron delante de su hija de seis años, exigiendo que declarara sobre el incendio. Al negarse a hablar, la comunera fue trasladada a la comisaría de Ercilla junto a su marido, Juan Toro y un primo. Posteriormente, en la mañana del domingo 27 de abril –según denuncia Carolina Marileo- llegó el fiscal Velásquez a la misma vivienda amenazando a Juan Toro señalándole que “estaba cometiendo un delito y si no declaraba lo metería preso por diez años”. Velásquez les dejó una nueva citación para declarar el lunes siguiente en el tribunal de Collipulli. Al día siguiente el fiscal, según los denunciantes intentó sobornar a Carolina Marileo, ya que le señaló que si declaraba todo, él les ayudaría económicamente, agregando “No tenga miedo, su declaración la sabremos sólo nosotros, no se hará pública”. Luego le dijo que nombrara a cualquier persona de la comunidad, “porque si no colaboraba con la justicia la iba a meter presa”.
Frente a estos hechos, dirigentes de la comunidad José Guiñon afirmaron en un comunicado público: “Como comunidad creemos que esta persecución y hostigamiento obedece a una reacción premeditada debido a que en nuestro territorio existen varios peñis y lamngen que han sido perseguidos, inculpados y condenados bajo la Ley Antiterrorista.” Finalmente la comunidad aclara que ningún miembro de la comunidad José Guiñon atestiguó en contra de los cinco comuneros que permanecerán en prisión preventiva por cinco meses en la cárcel de Temuco, acusados a raíz del incendio del camión. Dos de los detenidos son hijos del lonko de la comunidad Newen Mapuche, Juan Ciriaco Millacheo, que está clandestino por el caso Poluco Pidenco.
Otro hecho que confirma el clima imperante en José Guiñon es el recurso de protección presentado el 16 de enero de 2008 contra el jefe de la IX Zona de la Araucanía general, General Mario Hernán Bocchi Correa y contra el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, para resguardar la seguridad personal y comunitaria, interpuesto por el padre del joven herido, José Osvaldo Cariqueo Saravia, de la comunidad Cacique José Guiñón, sector San Ramón, Comuna de Ercilla y por Waikilaf Cadin, de la comunidad Juan Paillalef, ubicada en la comuna de Cunco, entre Villarrica y Pucón. En la oportunidad, ellos expusieron la difícil situación que viven sus familias por los constantes allanamientos a que son sometidos y relataron que muchas veces se utiliza como pretexto la búsqueda de animales robados, en circunstancias que jamás los comuneros han incurrido en delitos de abigeato. Aunque el recurso fue acogido a tramitación, no se conoció de una respuesta positiva hasta la fecha.

Fuente: Red Pulchetun y archivo personal

Mario Amorós: Memoria Rebelde en Museo Vicuña Mackenna el lunes


"La Memoria Rebelde : Testimonios sobre el exterminio del MIR: de Pisagua a Malloco, 1973 - 1975", de Mario Amorós se lanzará este lunes 23 de junio, a las 19 horas en el Museo Vicuña Mackenna (V.Mackenna 94), Santiago. Estará presente el autor, el historiador y periodista español Mario Amorós para comentar su obra, junto al historiador Sergio Grez, y Lucía Sepúlveda. El libro es de la colección Rojo y Negro de Escaparate Ediciones (Concepción).

Amorós se ha especializado en la historia de Chile desde el período de la Unidad Popular en adelante. Sus textos tienen la poco habitual característica de unir el rigor con el relato periodístico, generando un aporte extremadamente valioso para la memoria de las luchas de nuestro pueblo.

Desde ya anuncio que el libro me parece excelente pero su título no me parece el mejor. La palabra exterminio me duele y no la uso en lo personal desde este lado de la historia. Bueno, de eso y otras yerbas voy a hablar cuando me toque el lunes...

jueves, junio 19, 2008

Colegio de Periodistas pide perdón a familiares de caídos en Operación Colombo y Rinconada de Maipu

(foto de La Nación) Los mentirosos en el caso Rinconada de Maipú fueron Julio López y Claudio Sánchez.
El Colegio de Periodistas de Chile pedirá disculpas públicas por la conducta impropia de sus afiliados que en 1975 mintieron para coadyuvar al montaje de falsos “enfrentamientos” fraguados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para justificar la desaparición de un total de 125 personas, en los casos conocidos como “Rinconada de Maipú” y el de “Los 119” u “Operación Colombo”, adscrita a la transnacional “Operación Condor”.
La decisión de honrar la memoria de las víctimas en presencia de sus familiares fue acordada como “un gesto pendiente” por la entidad profesional después que fracasara una impugnación del fallo de sus Tribunales de Ética y Disciplina introducida ante la Corte de Apelaciones de Santiago por Claudio Sánchez, uno de los periodistas sancionados. Todos los demás afectados acataron los fallos éticos de la entidad profesional.
En el acto, programado para el sábado 21 de junio, a las 11 horas, en la sede del Colegio –Amunátegui 31–, intervendrán Luis Conejeros, presidente del Colegio, quien explicará el sentido de este gesto; Juanita Rojas, presidenta del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED) y Alfredo Taborga, presidente del Tribunal Regional Metropolitano (TRED), correspondiente a Santiago, quienes se referirán al procedimiento ético-disciplinario. También hablarán Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas del caso “Rinconada de Maipú” y Roberto D’Orival, del Colectivo de Familiares y Compañeros de Los 119 y hermano de uno de los desaparecidos.
El encuentro concluirá con la entrega de un documento que formalizará simbólicamente la solicitud de disculpas institucionales en desagravio a la memoria de las víctimas por la participación de sus afiliados en la fabricación de acciones armadas que nunca existieron. Incluso hubo periodistas de TV que “reportearon desde el sitio del suceso” –Rinconada de Maipú– mostrando la locación donde supuestos terroristas ya asesinados por la DINA habrían enfrentado a las fuerzas represivas, exhibiendo casquillos vacíos de proyectiles, pero sin mostrar ningún cadáver. La revista Qué Pasa llegó a citar como “testigo presencial” a un niño de 8 años.

Los sancionados

Los dos procedimientos ético-disciplinarios del Colegio acogieron denuncias de familiares de las víctimas de ambos casos presentadas en 2006 y 2007 contra los periodistas y los medios en que trabajaban, entre otros Canal 13 de la Universidad Católica, el estatal Canal 7 o Televisión Nacional (TVN), El Mercurio, La Segunda, Las Ultimas Noticias y La Tercera. Las empresas periodísticas jamás pidieron disculpas a sus lectores por mentirles, ni a las víctimas, por deshonrar su memoria.
Por su participación en el montaje de Rinconada de Maipú, la entidad profesional sancionó con la expulsión a Roberto Araya Silva y suspendió la colegiatura, con censura pública, a Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita, Manfredo Mayol –todos de TVN-Canal 7 en 1975– y a Claudio Sánchez, entonces en Canal 13 UC.

En el Caso de Los 119 sufrieron suspensión y censura pública Fernando Díaz Palma, en 1975 director de Las Últimas Noticias, matutino de circulación nacional de la cadena El Mercurio; Alberto Guerrero Espinoza, entonces director de La Tercera, y Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio.

Por fallecimiento, fueron declarados no imputables los entonces directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda –también de El Mercurio–, Mario Carneyro. Todos esos medios también infringieron la ética profesional al difundir informaciones falsas respecto de los crímenes de la Operación Colombo.

El Tribunal de Ética determinó que quienes publicaron las informaciones sobre el caso Colombo "no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otras fuentes que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho a recibir". En este caso fue absuelta la periodista de El Mercurio Mercedes Garrido Garrido, porque "las acusaciones formuladas en su contra no fueron probadas".

Rinconada y Colombo

En el fallo de Rinconada de Maipú, el Tribunal de Ética estimó que Julio López y Claudio Sánchez tenían responsabilidades diferentes. Según el proceso, que es público, López admitió ante la fiscal del Colegio, Doris Jiménez haber mentido en su despacho porque agentes de la DINA le entregaron el libreto listo y lo llevaron hasta el lugar para filmar el falso enfrentamiento, con el propósito de justificar el asesinato de seis militantes del MIR y del PC, torturados y acribillados en Villa Grimaldi. López incluso se mostró arrepentido y manifestó su disposición a pedir disculpas públicas a los familiares de las víctimas.

Sánchez fue sancionado por negarse a concurrir a declarar, pero Canal 13 envió una carta al Colegio reconociendo que éste periodista efectivamente aparece en una cinta informando sobre el mismo suceso, pero se negó entregar el video por un juicio laboral con Sánchez, que a la postre el periodista también perdió. También recurrió ante la Corte de Apelaciones contra la sentencia del Tribunal de Ética, pero perdió por votación unánime.

En el caso Operación Colombo, también en 1975, la dictadura pretendió hacer creer que 119 presos políticos, habían huido a Argentina donde encontraron la muerte en un combate con fuerzas militares o matándose entre ellos mismos, en dos episodios ficticios distintos. Los medios citados en el juicio ético difundieron ampliamente la mentira y agregaron de su propia cosecha toda clase de injurias contra las víctimas.

Yo Claudio

Sánchez apeló ante la justicia ordinaria, reclamando –diccionario en mano– por el trato de “imputado” que le dio el lenguaje del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, aunque en 1975 vilipendió a las víctimas de la Rinconada de Maipú. Hoy sólo aparece como “locutor en off “ del noticiario de Megavisión, después de haber sido el hombre ancla de esa estación del multi-millonario Ricardo Claro.

Al disparar en la Corte sus dardos contra el Tribunal de Ética de la Región Metropolitana del Colegio de Periodistas alegó que “además, ante esa instancia ética recibí un trato de "imputado" que es término propio y exclusivo de la jurisdicción penal y sólo atribuible respecto de quien quede sujeto a procedimiento, y existan presunciones fundadas que a él le ha cabido una participación de actor, cómplice o encubridor en los hechos que se investigan”.

Su apelación fue admitida –y finalmente el fallo le fue adverso, sin posibilidad de recurrir a la Corte Suprema– aunque uno de los ministros estimó que había apuntado mal sus dardos. En la página 8 de la causa 6455, el 21 de septiembre de 2007 quedo constancia de lo que sigue: “Para resolver sobre la admisibilidad del recurso, pídase informe al Tribunal de Ética Región Metropolitana del Colegio de Periodistas y la causa en cuestión. Ofíciese”.
Pero también se registró la disconformidad de uno de los dos ministros: “Se previene que el Ministro Sr. Pfeiffer estuvo por declarar inadmisible el recurso de apelación, desde luego, teniendo presente para ello que de conformidad con lo dispuesto en el Título XVIII de¡ Libro 1 del Código de Procedimiento Civil, la apelación –en su carácter de recurso ordinario que da origen a la segunda instancia– debe ser interpuesto ante el mismo Tribunal que dictó la resolución recorrida "para ante" el Tribunal Superior respectivo, dentro de los plazos y con las formalidades establecidas por el artículo 189 del citado Código, requisitos que, en la especie, no fueron observados por el apelante”. El otro ministro fue Juan Manuel Muñoz Pardo, más el abogado ntegrante Benito Mauriz Aymerich.
Pero al final, Sánchez perdió ante la unanimidad de los ministros de la novena sala de la Corte de Apelaciones, que el 2 de junio de 2008 fallaron así: “Teniendo presente que el fallo recurrido ha sido dictado conforme al mérito de los antecedentes de hecho existentes, en que se funda, y con arreglo a derecho, sin que en la tramitación de los autos aparezca infringida alguna garantía jurídica del recurrente, se confirma la sentencia apelada de veintiuno de agosto de dos mil siete, que se lee a fojas 66 y siguientes. Regístrese y devuélvase.
La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fue presidida por la ministro Dobra Lusic Nadal y conformada por el ministro Mario Rojas González y la abogado integrante Claudia Chaimovich Guralnik. Yo Claudio quedó oleado y sacramentado…
Fuente: ERnesto Carmona, de Mapocho Press con foto de La Nación
Agregado mío:
En el caso Operación Colombo, la investigación determinó que la noticia mentirosa se originó en el edificio Diego Portales y fue obra de Alvaro Puga, un personaje que dirigía las comunicaciones de la dictadura y que fue el autor del infamante título "Exterminados como ratas". Pero Puga no es periodista por tanto no pudo ser juzgado ni sancionado en esta instancia, aunque sí podría serlo en Tribunales de justicia por atentar contra la honra de las personas, mentir en despoblado, asociarse a una maniobra de la DINA etc etc.

miércoles, junio 18, 2008

La voz de la asamblea del liceo Darío Salas


La foto es de Ximena Riffo. El texto, de la asamblea del Darío Salas:
EL ESTUDIANTADO DEL LICEO DARÍO E. SALAS CONTINUARÁ MOVILIZADO A PESAR DE LAS MANIOBRAS DEL GOBIERNO Y SUS CÓMPLICES, ENTRE ELLOS: LA DIRECCIÓN DEL LICEO COLUDIDA CON LA REPRESIÓN POLICIAL
Hoy, junio 2008, nosotr@s, darían@s participantes de las Asambleas Estudiantiles damos a conocer a estudiantes, apoderad@s, profesor@s, paradocentes, inspectores, auxiliares del Liceo, la situación que vivimos alumnas y alumnos adherentes al Movimiento Nacional contra la Educación de Mercado, y el replanteamiento de la Movilización Estudiantil 2008.
El día jueves 22 de mayo, en nuestro Liceo, los estudiantes desarrollamos una votación democrática para definir nuestra adherencia o no a la Toma convocada por la Asamblea Metropolitana de Estudiantes Secundarios, AMES. El procedimiento para votar fue transparente y su resultado fidedigno. Cada voto correspondió a un estudiante y todos los estudiantes presentes ese día pudieron votar. Un comité conformado por delegados y delegadas de curso llevo a cabo el conteo. Más de dos tercios del alumnado estuvo a favor de la Toma, y todos ya habíamos aceptado, de común acuerdo, que la opción que tuviera a su favor sobre el 50% de los votos, sería la opción a seguir. El resultado de la votación fue publicado antes de finalizar la jornada escolar de ese día a través de un lienzo que colgamos desde el tercer piso del pabellón B.
Desde ese momento, coherentemente con nuestras decisiones, nos movilizamos: ocho veces fuimos a Toma y las ocho, fuimos desalojados. Carabineros de Chile ha actuado con brutal violencia. El día jueves 29 de Mayo, efectivos de la 2ª Comisaría de Santiago, entró al establecimiento en Toma, llevándose a siete detenidos, a dos de los cuales –varones- golpeó duramente. Tod@s fuimos llevados a punta de forcejeos e insultos a la misma comisaría. Las agresiones cesaron sólo cuando se hicieron presentes abogados de DDHH que acudieron junto a nuestras apoderadas y a la Presidenta del Centro General de Apoderados. Sin embargo, el día 9 de junio, sucedió una detención aún más violenta y masiva de los mismos carabineros (2ª Comisaría). Un grupo de compañeros fueron sacados del establecimiento a empujones y golpes, niñas que se encontraban en la calle, fueron detenidas y arrastradas por varios efectivos -llegando a golpear entre cinco hombres uniformados a una sola niña-. Más tarde un grupo de unos 30 compañeros fueron detenidos en la calle y maltratados como “castigo” por haber mantenido el Paro, luego del desalojo.
Siempre la violencia policial se ha desarrollado con la complicidad de las autoridades de Liceo al mando del señor director Julio García Provoste. Los procedimientos descritos -golpes, humillación, desalojos, detenciones- han sido aceptados sin un gesto de contrariedad de parte del profesorado –con escasas y honrosas excepciones- a pesar de que, en el discurso, ha manifestado “apoyo” al movimiento y sus demandas.

Replanteamiento de la Movilización Estudiantil 2008
Los estudiantes movilizados del Liceo Darío E. Salas continuamos en nuestra lucha y para ello, decidimos replantear nuestras acciones. Creemos que tomarnos las calles es una forma efectiva de ejercer presión y hacemos propias las exigencias de la Asamblea Metropolitana de Estudiantes Secundarios:

FIN A LA MUNICIPALIZACIÓN (ESTATIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN).
• FIN A LA LOCE, NO A LA LGE, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
• GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN TODOS SUS NIVELES
• FIN AL LUCRO CON RECURSOS PÚBLICOS
• CONSEJOS ESCOLARES RESOLUTIVOS
• FIN A LA PSU (BACHILLERATO)
• TNE, TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL, REALMENTE NACIONAL
• TARIFA ESCOLAR GRATUITA
• RECONOCIMIENTO DE INTERNADOS COMO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y FINANCIAMIENTO ESTATAL.
• CONVIVENCIA BASADA EN LA INTERCULTURALIDAD
• CREACIÓN DE LEYES ESPECIALES PARA LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE LICEOS TÉCNICO PROFESIONALES
• REVISIÓN A LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA encargada)

Porque la LGE es más de lo mismo -una “LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza”- que continúa reproduciendo el modelo de mercado que rechazamos y que no entrega educación de calidad, ya que es el legado de la dictadura que en vez de un bien y un derecho, nos ha “heredado” una mercancía en la que se “abaratan costos” y que, como siempre, discrimina a las y los más pobres.

Comunicaciones Darío E. Salas en MovimieSantiago, Lunes 16 de junio de 2008

lunes, junio 16, 2008

La gente del valle del Huasco vale más que el oro



Frente a la estrategia de Barrick Gold, dueña del megaproyecto minero Pascua Lama, de anunciar por todos los medios masivos que comienzan sus operaciones en septiembre, la comunidad del Valle de Huasco de la Región de Atacama, caminó llena de colores para decir 'agua sí, oro no' el pasado sábado 14 de junio. Esta extensa jornada comenzó con una cicletada desde Alto del Carmen en que seis jóvenes pertenecientes al colectivo Jeo de Vallenar recorrieron 40 kilómetros en sus bicicletas decoradas con banderas blancas y verdes. Luego vendría la 5º marcha por la vida y el agua que recorrió las céntricas calles de Vallenar. Las actividades concluyeron con un acto artístico cultural en la plaza de armas de la ciudad pasadas las 22 hrs. Son todos ellos y ellas los que no han dejado de defender con todas sus fuerzas su territorio y quienes no han permitido por ocho años que Barrick se instale en la alta cordillera.

Estas marchas se han constituido en una importante instancia de convocatoria y reunión de la resistencia a este atropello y nacen del deseo de la comunidad local organizada para oponerse abiertamente al proyecto minero binacional Pascua Lama. Este 14 de junio se caracterizó por la masiva asistencia de jóvenes quienes ya reclaman en las calles el derecho a construir un mundo más fraterno y más sustentable. Esta versión incluyó además la adhesión de organizaciones sindicales que han hecho suyo también este conflicto como la Central Única de Trabajadores regional y provincial. Como año a año estuvieron presente con todas sus energías y convicción la Confederación de Religiosos y Religiosas (Conferre), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, la Coordinadora contra Pascua Lama del Valle del Huasco y de Santiago, La Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, La Pastoral Salvaguarda de la Creación, El Grupo Ecológico Atacama Limpio, Colectivo Geo de Vallenar, Sindicato de la Construcción, Organizaciones Sociales y Culturales de Huasco, Freirían, La Serena y Copiapó, la Pastoral de la parroquia Cruz de Mayo, Colectivo Rexistencia, el Movimiento Ciudadano No Pascua Lama, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), entre otros que se manifestaron con lienzos y pancartas.

A las 10:30 de la mañana comenzó la caminata por la vida desde el puente Talca para llegar a eso de las 13 horas llegar a la céntrica plaza donde se dieron unas palabras de cierre de los organizadores. Luego del almuerzo, se llevó a cabo la iniciativa autogestionada 'Músikos por la vida', donde diversos intérpretes de distintos estilos musicales cantaron sus temas para apoyar al Valle del Huasco en su lucha por un río limpio y el derecho a la autodeterminación.
Se calcularon más mil adherentes a esta convocatoria. Los asistentes llegaron de lo largo y ancho del Valle, desde el interior hasta la costa de Huasco, así como grupos desde Valparaíso y Santiago, todos entonando gritos como "eo eo eo, el agua no la veo", o más alarmante como "vecino, vecina, un río se secó.,.. no queremos que nos pase como a Copiapó", recordando que esa provincia ya sufre las consecuencias de mineras que consumen más agua de la que hay disponible.

Aquellos que sólo salían a mirar lo hacían con respeto hacia quienes explicitaban su postura en el espacio público. Muchos compraron el nuevo número del boletín "Aguasi" que se vendía como un modo de levantar iniciativas que nos permitan estar informados de lo que aquí pasa. En Avenida Brasil los colectiveros hacían sonar sus bocinas en señal de solidaridad con la manifestación.

Sin duda esta actividad sirvió para fortalecer lazos y seguir con más ánimos. Se cumplió completamente el objetivo de convocar mucha gente a pesar del despliegue de publicidad llevado a cabo por la minera en cada una de las localidades. Como decía la convocatoria radial: "El valle del Huasco la tiene clarita" y salió nuevamente a defender su vida y su agua.

El Valle del Huasco Sigue en Pie
Escucha “Simillas de Agua”:

Red Profeta FM. Freirían y Huasco 94.9 – Vallenar 102.7 – Alto del Carmen 96.1 (Jueves al Medio Día) o en www.radioprofeta.cl

Santiago, Radio Tierra 1300 AM. www.radiotierra.com (Viernes 15:00 a 16:00 hrs.)
Fuente: www.olca.cl

sábado, junio 14, 2008

Otilia Vargas, madre de 5 hijos asesinados por la dictadura, falleció hoy



El 14 de junio, al atardecer falleció en Santiago la señora Otilia Vargas Vargas, madre de cinco militantes del MIR asesinados durante la dictadura militar, entre ellos su hijo mayor, Dagoberto Pérez Vargas (28 años), dirigente nacional de esa organización, caído en Malloco en octubre de 1975. En la foto (de Punto Final) junto al Memorial del Detenido Desaparecido, recordando a dos de sus hijos, desaparecidos, Carlos Freddy (Operación Colombo/lista de los 119, 25 años) y Aldo (23 años), detenido pocos días después, ese mismo septiembre de 1974.
Otilia murió de cáncer, como muchas de las madres de desaparecidos. El dolor de la pérdida, la impotencia por más de tres décadas de impunidad ante estos crímenes de la dictadura, se corporizaron finalmente en el tumor que logró abrirse paso sólo cuando el cansancio y los años lo hicieron posible. Porque antes, Otilia no se dio tregua alguna. Ella siguió luchando, pidiendo justicia, alentándonos a todos con serenidad, con amor, con una sabiduría de maestra - ésa era además su profesión- y de madre, que vaya sí supo serlo! Crió hijos formidables, la sobrevive una hija hermosa y golpeada por la tragedia a quien quiso proteger siempre desde esos aciagos días.
Migajas de justicia
Parece irónico, pero pocas semanas antes de la muerte de Otilia, el 19 de mayo, el ministro en visita Alejandro Solís anunció el procesamiento de varios agentes de la DINA por el secuestro y ejecución (homicidio calificado) de Mireya. Al igual que su hermano mellizo Iván, Mireya (de apenas 21 años de edad) murió en manos de la DINA el 24 de febrero de 1976, en circunstancias que Solís califica como un crimen de lesa humanidad. Mireya Pérez Vargas -dice el fallo - resultó herida a bala en una pierna cuando la Dina llegó disparando a una casa del pasaje Juan Ramón Jiménez (ubicado en la Avenida Vicuña Mackenna, comuna de La Florida). "Ella vestía pantalón verde y blusa floreada de seda y la trasladaron hasta Villa Grimaldi, allí fue vista por varios testigos, fue interrogada, torturada y en horas de la tarde fue ultimada en este recinto en presencia de los agentes de la DINA". Iván su hermano, había sido acribillado por la DINA previamente en el patio de la casa. También cayó herido de muerte Amador del Fierro, que también militaba en el MIR, y en los hechos murieron un agente de la DINA, Tulio Pereira y una pequeña de siete años que jugaba en el lugar. Señala textualmente el ministro Solis en el fallo: "por haber fallecido en el operativo un agente de la DINA, se le da (a Mireya) un tratamiento diferente a los empleados con (otros) miembros del MIR y se le da muerte en Villa Grimaldi en presencia de los agentes de la DINA, de lo que resulta que dicho delito es de naturaleza especial, que lo diferencia de un delito común, de modo que, en la terminología del Derecho Penal Internacional, debe considerarse como 'un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos fundamentales”, como es la vida, a una parte de la población civil, con determinada opción ideológica, con la participación del Poder político, por la intervención de agentes del Estado, destinados, 'en comisión de servicios', a la Dirección de Inteligencia Nacional y concluirse, por ende, que estamos en presencia de 'un delito de lesa humanidad”.

La noche que supe del fallo, como otras veces que había novedades relacionadas con los juicios, quise contarle a Otilia la noticia de los procesamientos a Manuel Contreras,ex Director de la DINA y sus compinches Carlos López Tapia (coronel(R) de ejército, jefe de Grimaldi, ex alcalde de Hijuelas, involucrado en la Caravana de la Muerte) y Miguel Krassnoff, este último al mando de la Brigada Halcón encargada de exterminar al MIR. Ellos ya cumplen condena por otros crímenes en el recinto penal “Cordillera”, al igual que Basclay Zapata Reyes. José Enrique Fuentes Torres,incluido en la resolución, deberá continuar en prisión preventiva en el Regimiento de Telecomunicaciones. Todos ellos fueron procesados como autores de los delitos de secuestro y homicidio calificado de Mireya. Fuentes Torres está procesado por primera vz, actuó en Rinconada de Maipu,pasó por el centro de torturas de Londres 38, integró el grupo Halcón y también estuvo en la casa de José Domingo Cañas y en Villa Grimaldi.
La versión oficial de la dictadura en esos años, fue que Mireya había muerto durante el enfrentamiento. Pero la investigación judicial probó que fue torturada y ejecutada en Villa Grimaldi. En el fallo se menciona a Iván como víctima de la violencia política (citan el informe Rettig), pero los procesamientos son sólo por Mireya que fue secuestrada y luego torturada y finalmente asesinada.
Otilia siempre estaba atenta a las noticias, escuchaba radio y la TV y pedía que le leyeran revistas, especialmente Punto Final. Ya estaba prácticamente ciega pero su obstinada lucha por verdad y justicia la mantenía alerta.

Pensé que la animaría saber de esta tardía pero necesaria gota de justicia, que se une al procesamiento de los resposables del secuestro de Carlos Freddy Pérez Vargas, (Lista de los 119) y de su hermano Aldo, dictados por el juez Victor Montiglio a comienzos de mayo. El juez Guzmán había iniciado esa investigación y ya en 2005 dictó procesamientos por el caso de Carlos. Es el fruto largamente demorado de los esfuerzos de Otilia y de todos los luchadores por los derechos humanos. Ella misma así como muchos ex presos que vieron a Mireya en Villa Grimaldi habían declarado ante el ministro Solis revelando los hechos.
Pero esa noche Paty, su hija, respondió al teléfono y me contó que la salud de Otilia había empeorado y ya no pude comentarlo con ella. Cuando este martes 10 me despedí de Otilia, con un beso en la frente, ella me apretó la mano con cariño. Una de sus personas más cercanas me contó hoy que encontraron la forma de contarle las novedades judiciales y que creían eso había sido para ella como una suerte de último regalo...
Otilia tenía 80 años, y era profesora primaria. Sus hijos Dagoberto,
miembro de la comisión política del MIR; Carlos, Aldo, Mireya e Iván Pérez
Vargas, militantes de ese partido, fueron asesinados entre 1974 y 1976. Carlos
y Aldo se cuentan entre los centenares de detenidos desaparecidos bajo la
tiranía.
La señora Otilia Vargas estuvo en la clandestinidad después del golpe militar y
luego vivió en el exilio en Cuba entre 1976 y 1992, junto con Patricia, y su esposo, Osvaldo, fallecido hace varios años. Ella libró una larga lucha por la verdad y la justicia. Escribió un libro, “La dictadura me arrebató cinco hijos” (Editorial Mosquito) que relata la dramática experiencia de su familia.
Sus restos serán velados en la Iglesia Don Bosco, Gran Avenida 8340, y los funerales se realizarán el lunes 16 de junio al mediodía, en el cementerio parque de La Florida.

Para contactos: fono 559 1735.

lunes, junio 09, 2008

Painemil declaró: Nadie me creía, me golpeaban y no pude más

Vine a Temuco a cubrir el juicio a Roberto Painemil y Héctor Llaitul. Este es mi despacho a horas de salir del tribunal.



Roberto Painemil Parra, comunero mapuche acusado en el juicio oral que se está desarrollando en Temuco por supuesta autoría del incendio de una maquinaria de la Forestal Mininco, dio a conocer la versión completa de los hechos ocurridos al atardecer del día 25 y el 26 de diciembre de 2006, fundamentalmente la feroz golpiza que recibió de manos de carabineros luego de ser detenido (horas antes de la quema) por civiles que lo hicieron arrodillarse acusándolo de ser ladrón de ganado.

Sindrome de tortura

El síndrome del torturado era visible en el declarante: se le quebró la voz al recordar su paso por el calabozo y el patio de un recinto que no pudo identificar, (pero que se estima es el retén de Cholchol pues estos carabineros lo condujeron después a Nueva Imperial para ser formalizado). Debió tomar agua, y repetía que "tenía miedo, mucho miedo, me torcieron los brazos, me daban patadas y golpes en el trasero, en el pecho, estaba descalzo, me mostraron una máquina con cables y me preguntaban si yo entendía qué era eso, yo no sabía ni qué hora era ni qué día, mi familia dijo que era mediodía cuando me llevaron a la fiscalía" y frecuentemente a las preguntas respondía que no podía recordar más. También explicó que había un "bueno" que le aconsejaba que hablara y que entonces saldría de inmediato en libertad, y que otra persona lo filmaba y fotografiaba. Detalló las amenazas contra su madre que lo indujeron a autoinculparse del incendio y a sindicar a Héctor Llaitul –que está siendo juzgado junto a él- como autor del atentado. Afirmó que no fue examinado por un médico antes del control de detención porque le dijeron que él no tenía derecho a defensa ni a nada, agregando que el Fiscal Moya y los carabineros lo instaban a mantener el "trato" hecho bajo tortura. Las palabras de Moya que repitió Painemil en el tribunal, mirando a ese Fiscal, presente en el juicio, eran: "Estai sonado huevón porque encontraron las armas en tu casa; firma no más".



La declaración de Painemil, hecha en mapudungun con algunas palabras (los insultos) en español, fue traducida por dos intérpretes validados ante el tribunal. Dos frases fueron una constante en la declaración formulada por Painemil el 9 de junio: "No me creyeron" y "Tenía pánico, mucho miedo y ya no supe más". Se refería a que al ser detenido por primera vez, mientras lo tenían de rodillas y lo insultaban gritándole "indio ladrón", intentó sin éxito explicar al grupo de la junta de vigilancia – paramilitares que actúan contra el abigeato en la comuna- que su vecino Sergio Trancal lo había contratado para que lo condujera donde una machi del sector de Chonchol. A la salida de la comuna de Padre Las Casas, dos personas les hicieron dedo y con la venia de Trancal, subieron a la camioneta, compraron cerveza y se mantuvieron en el vehículo, subiendo y bajando del mismo "para beber o ir al baño", hasta llegar al sector donde ocurrieron los hechos. Los dos desconocidos se bajaron junto a Trancal. Mientras Painemil esperaba a su vecino –que no regresó nunca- un grupo de hombres que llevaban sus caras cubiertas y uno de los cuales portaba un arma corta, se subieron a la camioneta y lo obligaron a continuar viaje con ellos, dejando luego de copiloto de la camioneta al hombre armado.
Comentando estos hechos el ex Juez Juan Guzmán había declarado anteriormente a la prensa: "Roberto Painemil Parra cayó como un zorzal, fue engañado y llevado a este sector por personas interesadas. Estoy convencido además que las personas de la junta de vigilancia le preparan todo el terreno para que posteriormente le sean colocadas dos armas de fuego, una perteneciente a un suboficial de la Fuerza Aérea, otra perteneciente a un carabinero, respecto de la cual jamás hubo denuncia, después se le pusieron dos celulares, de los cuales dos pertenecen a carabineros, es bien curioso". El equipo defensor, que integran también los abogados Juan Enrique Prieto y Pablo Ortega han calificado la acusación como "un montaje". El Ministerio Público,y hasta poco tiempo atrás, también el gobierno a través de la intendencia regional, imputa a Painemil y a Llaitul –este último dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco la comisión del delito de incendio de maquinaria forestal y de 0.74 hectáreas de terreno del fundo Las Praderas de la comuna de Chol Chol, administrado por la forestal Mininco, hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2006. Se les imputa además el porte ilegal de armas de fuego, pidiéndose una condena de entre cinco a diez años de prisión.



La defensa de Roberto Painemil presentó como testigo a una vecina del sector, Norma Parra Sandoval, quien sostuvo que el imputado había estado trabajando en su casa arreglando un galpón los días 18, 19 y 20 de diciembre en que testigos de la Fiscalía habían asegurado que había sido visto por Cholchol. También atestiguaron los hermanos de Painemil, Sergio y Verónica, y su padre, Alfredo Painemil quienes relataron los dos violentos allanamientos que sufrió el hogar de Painemil mientras su progenitor estaba en Imperial en la mañana del 26 de diciembre averiguando junto a Sergio qué había ocurrido. El padre de Painemil se manifestó desolado por no haber podido declarar en mapudungun puesto que ya no estaban en la sala los traductores, explicó que en castellano él se pone más nervioso y le cuesta hilvanar su discurso, y por eso olvidó que su señora le contó que le hicieron firmar un papel de conformidad por el allanamiento en circunstancias que ella no sabe leer ni escribir. Alfredo Painemil, agricultor, al regresar a su hogar vio los destrozos en ventanas y puertas, un catre roto y también denunció al tribunal que la fuerza policial le robó $380.000, se llevaron un computador nuevo de su hija y joyas de oro y negó enfáticamente que en su casa hubiese habido armas. Su hijo Sergio reforzó ese relato y agregó que desde ese día está siendo permanentemente amedrentado y por las noches carabineros apostados cerca de su casa hacen disparos sumiendo a su hogar en el temor y la indignación. Verónica relató que llegó a casa de su madre desde Temuco justo cuando unos 50 carabineros abandonaban el lugar negándose a darle ninguna explicación sobre el robo del computador y lo que había sucedido en su hogar.

Para la familia, Roberto destaca en el desempeño de su trabajo tanto en la agricultura como en sus tareas como carpintero y artesano y por ser muy solidario con los vecinos a quienes suele trasladar en camioneta sólo cobrando el precio de la bencina. Sergio, su hermano, dijo a los jueces que esto era "todo un invento no más".

También compareció ante el tribunal Karina González, antropóloga que conoció la denuncia de tortura de Roberto Painemil en enero de 2007, a pocas semanas de ocurridos los hechos y los describió en forma similar al relato del comunero, asegurando que en esos momentos no se tomó acción legal al respecto debido a que la familia estaba muy atemorizada.
Amedrentamiento frustrado en Labranza
Venciendo el amedrentamiento, este lunes se presentaron asimismo a declarar ante el tribunal varios miembros de la familia que acogió a Llaitul en Navidad de 2006 en Labranza y Oscar Coñuepan Calfin, ex marido de Ximena Galleguillos, quienes aseguraron al tribunal que en la noche del 25 y también el día 24, Héctor Llaitul había permanecido en el hogar de Ximena Galleguillos, donde ya se encontraban Nano y Lautaro, hijos del imputado. La fiscalía intentó en todo momento desacreditar a los y las testigos, por ejemplo pidiendo a Coñuepan que dijera al tribunal si había sido condenado alguna vez. El testigo sonrió y –ante la algazara de la sala- respondió que sí, que tenía una condena por haber robado chocolate en un supermercado. Cuatro días atrás, el 5 de junio Oscar Coñuepan y Ximena Galleguillos habían presentado en la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de amparo contra la policía de investigaciones por seguirlos hasta su domicilio en Labranza luego del juicio y darles la burda explicación de que lo hacían porque el lugar era "refugio de delincuentes muy peligrosos".
Mañana continuará el juicio y deberá declarar la madre de Painemil, la señora Lucía Parra Sandoval que requiere la presencia de los intérpretes hoy ausentes.
La solidez de los testigos de la defensa y su impecabilidad ha contrastado con los errores y contradicciones que han evidenciado los testimonios de los testigos aportados por la fiscalía, todos carabineros. Interrogada sobre esa condición cuando abandonaba la sala, la fiscal Vania Arancibia se negó a responder la pregunta acerca de la peculiaridad de un juicio que hasta hace poco era patrocinado por el gobierno y en el cual son los carabineros los únicos que aportan "pruebas" contra los imputados.
El tribunal de Temuco y las machis
Un miembro del Tribunal recibió toda un pequeña clase de parte de Alfredo Painemil respecto de por qué una persona visita a una machi. La acusación había señalado que en Cholchol no había machi. El padre de Roberto Painemil, don Alfredo, se encargó de averiguar lo c ontrario, e informó al juez que la machi no sólo existe sino participa en el programa de Medicina Intercultural del hospital de Nueva Imperial, se llama María Cayul y desde luego atiende la mayor parte del tiempo en su domicilio. El comunero mapuche debió explicar al tribunal que hay diferentes tipos de machi, unas más calificadas que otras y según eso son escogidas por las personas, ya que se le había preguntado por qué iban a ir a buscar una machi a otro lado si en Tres Cerros, donde habita Painemil, también hay machi.

Saludable es el interés por la cultura mapuche mostrado por uno de los 3 magistrados del tribunal oral, que mañana profundizará su conocimiento sobre el tema pues declarará la machi Sonia Cheuque Aedo. Una querella criminal había presentado el Observatorio de Derechos Indígenas el 15 de enero de 2007 contra todos quienes resulten responsables del delito de daños y ultrajes, durante el allanamiento realizado el 26 de diciembre del año 2006 en el domicilio de la Machi Sonia Cheuque Aedo, ubicado en la comunidad Yeupeko (Vilcún), sector Tres Piedras, comuna de Padre las Casas. El allanamiento policial fue ordenado por la jueza de Nueva Imperial Vania Arancibia en el marco de esa investigación, pues la camioneta en que Roberto Painemil transportó a su vecino y compañía, era precisamente de la machi Sonia Cheuque.
Destrucción de un rehue
En la querella se denuncia que el rehue (altar hecho con ramas, al aire libre) de la machi resultó completamente destruido, lo que a juicio de los afectados y del Observatorio constituye un atentado grave a los símbolos culturales del pueblo mapuche y vulnera su derecho a la libertad de conciencia. "La destrucción del rehue se produjo porque a juicio de los efectivos policiales podrían existir armas o artefactos explosivos ocultos en medio de las 'ramas`, lo cual resulta una burla y un acto aberrante que debe ser condenado por todos los sectores de la sociedad". A las familias afectadas en ningún momento se les exhibió la orden de allanamiento. Carabineros interrogó allí ilegalmente a una menor de 5 años de edad, vulnerándose con ello todos los derechos que protegen a los menores, provocando con ello un trauma psicológico en la niña, que por falta de recursos no ha recibido tratamiento médico adecuado. La querella fue presentada por Richard Caifal Piutrin y el abogado Antonio Collados Sariego, del Observatorio y los hechos sin duda serán relatados mañana al tribunal, mostrando el clima de militarización que imperó desde entonces en el sector y que describió a esta periodista la familia Painemil Sandoval al salir del tribunal, manifestando su esperanza que ahora pueda haber justicia.
Para ellos su defensor público, Jaime López, nada hizo, sólo pedirles que esperaran por falta de pruebas a favor de Roberto, "así es como mi hijo lleva casi dos años en la cárcel", dijo afligida su madre, quien confiesa que no puede comer tranquila y ha debido tratarse en el hospital por la angustia que deriva de esta situación." Todos se sienten reconfortados por el aporte del equipo de abogados de derechos humanos, que según creen, está permitiendo un vuelco en la historia.