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jueves, julio 21, 2016

“La espera es un óxido terrible. ¡Sigan nuestra lucha!”



Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Performance : lectores de  La Segunda del 24 de julio de 1975


Dirigiéndose con voz desgarrada  a estudiantes de derecho de la U de  Chile en el conversatorio “41 años de la Lista de los 119”, la señora Rosa Acuña, hermana de Miguel Angel Acuña Castillo,  les exhortó: “Les pido a ustedes, que por favor sigan con fuerza nuestra lucha, que no concluya cuando ya no estemos. Porque nos queda muy poco y necesitamos que se sepa la verdad. La espera por justicia es un óxido terrible. Nos está matando de a poco. Mi madre antes de morir me pidió que buscara a Miguel Angel y lo enterrara junto a ella.” Cuando fue secuestrado el 8 de julio de 1974, Miguel Angel (“Pampa”) tenía 19 años,  era estudiante del Pedagógico y dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER. Su nombre figuró en la fatídica Lista de los 119, publicada en 1975.  
El conversatorio que tuvo lugar en la escuela de derecho, fue organizado por el Colectivo 119 Familiares y Amigos, junto a Actuar Colectivo  y Londres 38 Espacio de Memoria el 20 de julio. Hace 41 años, el 24 de julio,  los diarios del duopolio publicaron la llamada “Lista de los 119”, un montaje transnacional que fue el preludio de la Operación Cóndor y que pretendía encubrir los secuestros y desapariciones de luchadores antidictatoriales.  La  DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo” a este montaje. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de  Lea O Dia, revistas  creadas para ese fin en Argentina y Brasil.
Presentes
Los criminales y sus cómplices de la prensa que aún nos desinforma, nunca imaginaron que los y las caídos en la Operación Colombo seguirían con nosotros, de las más diversas maneras.  Los estudiantes de derecho  aplaudieron al enterarse que por fin este año para los casos de Darío Chávez, Germán Moreno y Cecilia Castro, que pasaron por sus mismas aulas, la justicia comenzaba a hacer su tarea, con fallos de primera instancia en los dos primeros casos, y con acusación en el de Cecilia Castro.

 “Los 119” están asimismo presentes en el 10° Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política "eXcéntrico: Disidencias, soberanías, performance" que se desarrolla en Santiago. En la mañana del jueves 21, la canadiense Christine Brault presenta  “Tejiendo memorias” en Londres 38  mientras que la performance del  Complejo Conejo es “Exterminados como ratones”, en tránsito desde Londres 38 al Teatro Antonio Varas.  
Los sobrevivientes vieron  por última vez a estos luchadores antidictatoriales en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o  Cuatro Alamos y su valiente testimonio ha permitido un avance lento pero sostenido en las demandas por justicia. Al igual que el año pasado, una huelga de hambre de expresos políticos opera como telón de fondo de la impunidad y  desmemoria oficial.

Se llamaban María
Entre las 19 jóvenes mujeres desaparecidas en este montaje de la dictadura, había 7 que se llamaban María, como María Inés Alvarado, M. Angélica Andreoli, M. Teresa Bustillos, M. Teresa Eltit, M. Elena González, M. Isabel Joui, M. Cristina López.  Los otros nombres eran Jacqueline Binfa, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Cecilia Castro, Muriel Dockendorff, Jacqueline Drouilly, Violeta López, Eugenia Martínez, Marta Neira, Patricia Peña, y Bárbara Uribe. En la comuna de Quinta Normal, habrá el 26 de julio una representación teatral de la Compañía Ruta de la Memoria, con la obra “Cuerpo Quebrado”, en homenaje a  ellas, que sufrieron tortura y violencia sexual.


Once de los 119 desaparecidos eran secundarios, y siete de ellos eran egresados del Liceo Manuel de Salas. Del total,  47 eran alumnos, egresados o docentes de la Universidad de Chile, del Pedagógico,  o de Arquitectura, Conservatorio, Medicina, Periodismo, Trabajo Social, Ingeniería; 11 lo eran de la Universidad Técnica,  hoy USACH y 9 eran de la U de Concepción.  Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, o de las poblaciones José María Caro, La Legua, La Bandera, o Lo Hermida. Algunos eran  originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas,  socialistas, del MAPU o sin militancia.

 
Nilda Patricia Peña, "119", Cristian Kirby
Justicia en cámara lenta
A julio de 2016, ha habido 44 fallos de la Corte Suprema, pero tan sólo por 33 de los 119 crímenes los perpetradores cumplen prisión efectiva (ver cuadro 1) ya que en otros casos las penas fueron muy bajas. Apenas en 28 de estas  44 sentencias de la Suprema, los perpetradores recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por los crímenes de la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor  desarrollada posteriormente por la DINA junto  a los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros.
 Además hay 9 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia el alto tribunal, y en total son 34 los fallos de primera instancia (ver cuadro 2) pendientes.

Entre julio de 2015 y julio de 2016 el máximo tribunal emitió un total de 17 fallos que apuntan a revertir la tendencia a la impunidad. Y ahora los fallos de primera instancia emitidos por el ministro Leopoldo Llanos incluyen por primera vez sentencias a veinte años para los principales perpetradores,  en casos como los de las compañeras Jacqueline Drouilly (embarazada), M. Teresa Eltit y M. Isabel Joui, entre otros.  Por su parte, el ministro Hernán Crisosto ha llevado adelante el mayor número de investigaciones y fallos de primera instancia en el período ya señalado. 

La primera sentencia de la Corte Suprema  por estos crímenes fue  dictada en 2004,  confirmando el fallo original del entonces ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de 17condenas. Al morir en 2015 seguía siendo procesado en más causas y sólo cumplió 10 años de prisión.
Juicios sin castigo
La justicia tardía no alcanza. Como clama la señora Rosa, muchas de las madres fallecieron esperando alcanzar justicia. Sin sentencias concluyó el juicio penal por el secuestro de Rodolfo Marchant, ex dirigente sindical de ENAFRI (Empresa nacional de Frigoríficos) en que  todo era insólito.Los condenados eran sólo dos: Marcelo Moren Brito, ex jefe de Villa Grimaldi quien murió el mismo día que se dictó la sentencia, el 11 de septiembre de 2015, y Manuel Contreras, muerto un mes antes. Ellos mantuvieron hasta el fin sus altas pensiones y grados militares. Moren Brito también había sido condenado en septiembre y julio de 2015, respectivamente, por los secuestros y desapariciones de Zacarías Machuca, topógrafo y trabajador de ENDESA, y Germán Moreno - trabajador de la salud y estudiante universitario, lo que se sumaba a otras 17 condenas anteriores.  El principal responsable de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, procesado y prontuariado por estas causas y muchas más, murió sin recibir condena alguna.
El truco de la “Media Prescripción”
Una sentencia de la Corte Suprema en 2009 por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR,  Jacqueline Binfa, aplicó  la “media prescripción” exculpando a todos los criminales, y revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís quien calificó los delitos como de lesa humanidad. En esa sala penal estaba ya el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch,  entusiasta defensor de ese criterio que ignora la doctrina internacional de derechos humanos y es contrario a la opinión de la Corte Interamericana de Justicia. También debido a la prescripción, están libres los criminales responsables de los secuestros  del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el  interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.


Sin sentencia más de la mitad

De los 75 casos restantes, hay 15 con acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 6 de estos casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero hay 14 demandas que no han tenido ningún avance entre 2015 y 2016. La impunidad continúa respecto de los secuestros del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara; del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel,  Jorge Antonio Herrera Cofré; y del joven militante del MIR de Lautaro,  Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni  del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza,   joven estudiante de la USACH.
La justicia ni se asoma por la Bandera,  en el caso del dirigente poblacional  Gary Olmos Guzmán,  ni investiga aun el caso del estudiante de sociología  Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración  y tortura de Cuatro Alamos.

Cartas bajo la manga
Por su edad o enfermedades, varios de los criminales de Punta Peuco pretenden obtener “beneficios carcelarios”, carta bajo la manga de la Corte Suprema, coludida con Bachelet, parlamentarios de oposición y los senadores Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta y Tuma; el jesuita Fernando Montes y el obispo Goic y las fuerzas armadas. Buscan imponer con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado “Nunca Más” y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos. En el Senado hay un proyecto de acuerdo en ese sentido y otros criminales ya están en la calle con la carta ganadora.

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, la impunidad se bate por ser la tendencia dominante. Sólo 14 criminales cumplen sentencia efectiva por los casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 29 casos); Manuel Carevic (Agrupación Purén), Pedro  Espinoza (ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (subdirector de la DINA), Francisco Ferrer (ex jefe DINE), Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA); Rolf Wenderoth (Brigada Mulchén), Fernando Lauriani (ex jefe grupo Vampiro), Gerardo Godoy (ex jefe del grupo Tucán),  Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos; Basclay Zapata integrante del grupo Halcón; y los ex agentesAlejandro Astudillo y Demóstenes Cárdenas.
Todos continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar. Continúa prófugo Ricardo Lawrence (integrante de la agrupación Aguila 1), condenado a 20 años por varios crímenes, entre ellos el secuestro de M. Isabel Joui y el de Alfonso Chanfreau. Usó un cajero automático este año pero la policía es incapaz de detenerlo.


Como señaló en el citado Conversatorio una integrante de “Actuar Colectivo”, la justicia que se ha alcanzado hasta hoy no se logró gracias al impulso del gobierno ni del parlamento ni del poder judicial, sino fundamentalmente por la incesante lucha de los familiares y las organizaciones de derechos humanos. Por ello el único dique de contención de la impunidad es la continuidad de esa lucha, que para trascender, busca vincularse a los movimientos sociales que llevan adelante hoy las demandas y luchas por educación, y por los derechos a la salud y a los bienes comunes como el agua y la semilla, así como los derechos de la nación mapuche. Justamente esa fue la tónica de la conmemoración que tuvo lugar en el Teatro de la Corporación Cultural de Recoleta el pasado 6 de julio, organizada por el Colectivo 119, Familiares y Compañeros, que apuntó en ese sentido, uniendo la lucha por la memoria y justicia con las luchas de los movimientos sociales por la naturaleza, el medio ambiente y el buen vivir. Allí estuvieron lideresas de los movimientos sociales por la Recuperación del Agua y la Vida, de No Alto Maipo y de Chile Mejor sin TPP, acogiendo este llamado. El facebook "119 Memoria y Resistencia" en forma permanente incorpora las luchas sociales de los más diversos sectores, y los integrantes del colectivo a su vez participan en las respectivas movilizaciones. Ellos sostienen que la memoria no es "privatizable" por lo que desarrollan su trabajo en forma autónoma, con la colaboración desinteresada y militante de jóvenes compañeros. 




martes, octubre 27, 2015

INFORMAR Y DENUNCIAR A QUIEN VOTE SI AL TPP


Iniciamos a partir de ahora un despliegue comunicacional y ciudadano destinado a informar, movilizar y denunciar expresando nuestro rechazo al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Nos proponemos alinear a los parlamentarios en el rechazo a este tratado secreto cuya aprobación fue anunciada por la Presidenta Bachelet. Tal como hicimos con éxito en 2014 cuando el Senado debatía la Ley Monsanto, denunciaremos (funa!) a los parlamentarios que tácita o expresamente estén a favor del TPP, dado que en su trámite por el Congreso sólo podrán votar sí o no. El Sí significará la aprobación de la Ley Monsanto/Convenio UPOV 9 1.
 Nos declaramos en estado de movilización y alerta junto a todas las organizaciones ciudadanas que a nivel nacional y también global, en especial en Perú y México, defienden sus derechos frente a esta imposición del gobierno y las transnacionales. Este es  un tratado secreto inaceptable en democracia. El gobierno no ha podido  demostrar ningún beneficio para Chile derivado de este acuerdo. Por el contrario hay impactos negativos para la soberanía del país, para la agricultura, la salud, el derecho a la comunicación, la información y los derechos humanos.
Como campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile y organizaciones ambientales, sociales y de consumidores defensoras de la semilla, la agroecología y la soberanía alimentaria, centraremos nuestra denuncia en los impactos negativos del TPP al patrimonio genético del país, y el consiguiente daño a la soberanía alimentaria. Asimismo a través de “TPP Abierto” y de la “Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP”  unimos nuestras demandas a las de quienes se enfocan en las otras materias que abarca el tratado, y cuya adopción implicará la violación de derechos humanos y de los pueblos originarios que el Estado está obligado a resguardar. Nos preocupa especialmente la privatización de la semilla y del conocimiento. Hay una limitación  del acceso a la información por Internet a quienes pueden pagar por ello y fuerte penalización de las infracciones. En un contexto de secretismo del Estado chileno y las empresas sobre información relacionada con la salud, está amenazada además la investigación periodística y de sectores interesados en develar los daños al ambiente y el patrimonio genético.

 


La Ley Monsanto vía TPP
El tratado, en su artículo QQA.O punto 2c, exige a Chile ratificar el Convenio UPOV 91, que es la versión internacional de la Ley Monsanto de privatización de la semilla, tal como lo filtró Wikileaks. Los términos del Convenio UPOV 91 se repiten tal cual en la Ley Monsanto. Esta exigencia la constatamos en la reunión del llamado Cuarto Adjunto, un tardío espacio abierto por el gobierno para que la sociedad civil conozca los contenidos del tratado secreto. El proyecto de ley Monsanto = UPOV 91 fue retirado en marzo de 2014 de la discusión en el Congreso por la presión social, con lo cual Monsanto y las transnacionales biotecnológicas sufrieron una derrota. El gobierno no pudo entonces suscribir el convenio UPOV 91 que impide el libre intercambio de semillas, pone en riesgo el patrimonio genético, y genera condiciones para la expansión de los cultivos transgénicos. Pero ahora este tratado, que defiende los intereses del agronegocio y las corporaciones, forzará la aprobación de la ley Monsanto para cumplir con la exigencia de ratificación del Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla campesina e indígena. 
Asociamos la inclusión del UPOV 91 y de diversos mecanismos que benefician al agronegocio a la tarea desarrollada desde el inicio por Islam Siddiqui, el negociador (hasta 2013) del gobierno de Estados Unidos para temas de agricultura. Siddiqui se desempeñaba anteriormente como lobbista de Monsanto y vicepresidente de Crop Life, que agrupa también a Syngenta, Dupont/Pioneer y Dow.
La privatización de  la semilla y del acceso a información ocupa mucho espacio a lo largo del tratado en diversos capítulos, sin embargo sobre el acceso libre a la semilla o a un bien, en  QQ.B.x:l sólo hay 2 frases destinadas a reconocer en forma general y no vinculante  el dominio público. No hay garantías tampoco para asegurar que las semillas registradas vuelvan al dominio público y estén disponibles efectivamente una vez terminado el tiempo de registro acordado por la normativa.
Conocimiento tradicional
El capítulo referido a la propiedad intelectual  incluye también párrafos sobre el conocimiento tradicional (ancestral) llamando en el punto QQ.B.xx:d) a establecer “cooperación” para capacitar en la entrega de  patentes relacionadas con conocimiento tradicional asociado a semillas (para ellos recursos genéticos), tema sobre el cual Chile NO tiene legislación alguna. Esto es un nuevo estímulo para la biopiratería y un desconocimiento de la obligación legal  de consultar a los pueblos indígenas sobre estas materias, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169. Por el contrario nuestra posición es el rechazo absoluto a las patentes a plantas las cuales son un patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas al servicio de la humanidad, según la definición de Vía Campesina.   
Protección a transnacionales
La escasa información entregada por  el jefe de los negociadores chilenos, señor Felipe Lopehandía (del ministerio de Relaciones Exteriores)  aclara que a partir de la vigencia del tratado se aplicará un freno para nuevas  leyes de protección efectiva  nuestro derecho a una alimentación sana y libre de transgénicos y agrotóxicos. Es decir Monsanto y las transnacionales lograron, entre otros,  eliminar el peligro de una futura ley de etiquetado de transgénicos o una moratoria a los cultivos transgénicos. La actual normativa chilena sigue el modelo norteamericano impidiendo que los consumidores ejerzan el derecho a saber lo que comen.
Se “congelará” de esta manera toda iniciativa que pueda orientar a las madres y familias,  beneficiar a los consumidores y campesinos, si esta es contraria a los intereses de la industria alimentaria y biotecnológica tradicional. Sin moratoria, y con Ley Monsanto habrá nuevos estímulos legales para expandir el negocio de los transgénicos al mercado interno y de paso ahogar la agricultura familiar campesina y la agroecología.  Seguirán las empresas impunemente fumigando los campos chilenos con plaguicidas cancerígenos como el glifosato y usando  insecticidas neonicotinoides que matan las abejas e insectos benéficos. Toda normativa contraria sería objetada en tribunales especiales de arbitraje, externos al país, y denunciada por este tratado como obstáculos al comercio y la inversión. La agroecología no será una opción estimulada por el Estado, y tanto la agricultura orgánica como la biodinámica y la agroecología encontrarán serios obstáculos para poder desarrollarse en este contexto que extenderá la contaminación y el deterioro de suelos, aguas y biodiversidad.
Secreto pero no para Monsanto
Este  tratado fue negociado en secreto durante más de cinco años por un bloque de 12 países encabezado por Estados Unidos. Ahora sólo falta la firma de la Presidenta Bachelet  y una votación tipo plebiscito (Sí o No) por el Congreso para su ratificación.
Las reglas del proceso incluían no informar a los ciudadanos y sus organizaciones mientras se negociaba, y tampoco a los respectivos congresos. Pero al mismo tiempo permitían la participación oficial de unos 600 asesores de Comités Comerciales (Trade Advisors) de Estados Unidos, en representación de sus corporaciones transnacionales. La publicación del texto completo del tratado  se hará en inglés en una fecha desconocida, para luego presentarse la versión en español concordada con Perú y México, los otros países hispano parlantes involucrados en el TPP. Las referencias previas provienen sólo de Wikileaks, es decir son filtraciones, la única alternativa de información.
Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam acordaron este tratado  a espaldas de sus pueblos pues las negociaciones han sido secretas incluso para los respectivos Congresos. Chile de esta manera da carta blanca  a Estados Unidos para el intento de Barak Obama de retomar el deteriorado liderazgo norteamericano en la región y el mundo.
El pueblo chileno no acepta ser un instrumento de los intereses de Estados Unidos, de Monsanto y  las transnacionales. Por tanto llamamos al Congreso a rechazar este tratado. En Santiago, Valparaíso, Ovalle, La Serena, Curicó, Talca, Concepción, Temuco,Valdivia y  localidades de todo Chile,  la tarea es informar, movilizar y funar (denunciar), para defender nuestra soberanía y nuestros derechos.     

Chile, Octubre de 2015
Campaña Yo No Quiero  Transgénicos en Chile; Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, Red de Semillas Libres,  Nación Aymara, Consejo Territorial de Chapiquiña, Coordinadora Yo No Quiero TPP (V Región), Cooperativa Verde, Red SocioAmbiental del Maule, Colectivo de Mujeres de Curicó, Cabildo en Rebeldía, Colectivo MapuExpress, Red SocioAmbiental de Talca, Asociación de Consumidores de Valdivia ACOVAL.

“Yo No Quiero Transgénicos en Chile” es una alianza de carácter horizontal creada en 2011, que articula redes sociales y ambientales de Arica a Chiloé,  así como a independientes, organizaciones no gubernamentales, comunidades e instituciones que trabajan por una agricultura, ganadería, acuicultura y alimentación sanas y seguras. Por tanto, promovemos la participación y la información de la ciudadanía y la sociedad civil organizada para impedir la introducción de transgénicos y defender el derecho a alimentos, forraje, cultivos, ganado y peces, libres de transgénicos

Nota: El diputado Daniel Núñez se comprometió públicamente a rechazar el TPP, gesto que valoramos altamente.  Los parlamentarios del Maule acaban de ser interpelados por organizaciones socio ambientales y ciudadanas de su región, y se espera la respuesta en los próximos días. NO descansaremos hasta generar suficiente presión social para que el voto sobre el TPP se convierta en un dilema nacional!

domingo, julio 19, 2015

Los 14 casos de Operación Colombo sin avances judiciales y los 25 que sólo cuentan con procesamientos


La Corte Suprema: prescripción total y media en el caso de los 119 desaparecidos x Operación Colombo


La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad




El 24 de julio se cumplen 40 años de la publicación de la “Lista de los 119”  en diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose  la investigación del montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR,  Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.   
"Exterminados como ratas", tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la libertad. De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio. Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia,  la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran  originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas,  socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron  por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o  Cuatro Alamos.
Los medios chilenos en dictadura  habían encubierto los crímenes "informando" en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de  Lea y O Dia, revistas  creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”. Así lo establece el fallo  emitido en 2006 por el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, al que recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado en 2013 por el ministro Mario Carroza a raíz de  la querella interpuesta por  miembros del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.


Prisión efectiva con pensiones para 10
Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro  Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos (2); y Basclay Zapata integrante de Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos.
Concierto contra la impunidad
Para conmemorar el aniversario, el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones  sociales y populares convocan este viernes 24 al Concierto “Por Justicia Contra la Impunidad”, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, desde las 17 horas. Se respira impunidad en estas causas pero también a nivel país, sostienen los organizadores del Colectivo Familiares y Amigos de los 119. Los ex presos políticos que con sus testimonios contribuyeron de forma generosa y decisiva al avance de los juicios, son una vez más ninguneados por el Estado chileno, sordo a sus demandas de justicia y reparación expresadas en una prolongada huelga de hambre.

Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material de un crimen del  caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el cumplimiento de sus sentencias.

El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 Familiares y Amigos impide, sin embargo, que a  la impunidad se sume el olvido. Diversas iniciativas artísticas y académicas florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad de Chile, se abrió recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”), varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos de Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.

Impunidad “biológica”
The Clinic entrevistó en marzo de 2014,  al ya retirado ministro Alejandro Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos humanos. Expresó Solís: “Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto?  Se van muriendo los familiares de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica.”

Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos de la Operación Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de primera instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de 2013, las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera instancia. Estas demoras son habituales.

Entre las argucias usadas por las defensas, está  solicitar la actualización de exámenes de facultades mentales por el Servicio Médico Legal. Es obligatorio hacerlo para condenas superiores a 15 años y un día, o cuando el condenado tenga más de 70 años. Imposible olvidar que el principal responsable de las acciones de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de sus crímenes, aunque fue procesado y prontuariado por estas causas. 

Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014),   en las 1045 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, se han dictado  247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y 30, absolutorias.

El truco de la media prescripción
En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007, la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o algunos de los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que el Ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias para posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos recientes.

La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo  “La jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (Revista del Magister y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de “proporcionalidad y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos, claramente contrarios al derecho internacional.

Están libres los criminales responsables de los secuestros  del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el  interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sentencias a más de 10 años
Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de  estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor  que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue como  el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas. Fue un día de júbilo para Chile y el mundo.   

Otra sentencia de trascendencia internacional  fue la emitida a fines de 2014 por  el  secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en 2011 en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta condena en el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una instancia de comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años,  con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales www.cels.org.ar .

Méritos de Contreras y Krassnoff
Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, y Carlos Künsemüller  en el fallo por el secuestro de Jaime Robotham Bravo, emitida en 2011,  “condenando” a 5 años presidio menor (es decir en libertad) a Manuel Contreras, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216  sobre Medidas Alternativas a las penas)“precisamente en mérito de los antecedentes personales consignados por sus defensas, tomando en consideración el largo tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos punibles, como asimismo el mérito que emana de los antecedentes...se les concede la libertad vigilada....por un lapso similar al de la pena principal sufrida por cada uno de ellos.”

La escuela del ministro Solís
Para el Colectivo 119 es destacable  el trabajo del ministro Alejandro Solís que hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados, incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de derechos humanos, así como testimonios y contexto. Por esa senda caminan ahora los ministros Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación Colombo, el ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015 y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos dictó 11 sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de primera instancia sumando las de otros ministros.

La espera sin fin

De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 13 casos aún no se adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario, o bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel,  Jorge Antonio Herrera Cofré; del joven militante del MIR de Lautaro,  Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni  del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza,   el joven estudiante de la USACH de quien el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en Naciones Unidas: “No tiene existencia legal”.

Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán,  ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina, y rugbista y para el estudiante de sociología  Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración  y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura,  sin que en su conjunto los tribunales actúen consecuentemente.

 














martes, septiembre 10, 2013

Semillas libres de patentes y transgénicos: en marcha del 8 de septiembre

El domingo 8 de septiembre marché en Santiago con miles y miles  en la conmemoración del golpe militar, por la memoria y los derechos humanos.  Imposible recorrer completa la enorme marcha porque a cada paso algo captura el interés. Brigadas de serigrafía fueron pegando los afiches a lo largo de muros en toda la trayectoria mientras grupos de danza y música hacían que los pasos de todos y todas fueran más ligeros. Los más variados colectivos de derechos humanos, políticos, sociales y de todo tipo formaron una interminable marea de caminantes este domingo 8 de septiembre. Siguiendo otra iniciativa de las múltiples que florecieron hoy, miles de marchantes portaban el rostro de un detenido desaparecido o un ejecutado político dando cuenta que su memoria y su proyecto sigue en nosotros. Era casi imposible retratar tan alegre diversidadn unánime en el homenaje a Salvador Allende, el "compañero Presidente" y en el compromiso de seguir en la lucha por romper la herencia de la dictadura y avanzar en verdad, justicia y derechos del pueblo. En mi facebook está el album completo. 
Pero aquí quiero destacar algo importante: nuestra lucha en defensa de la semilla campesina, y nuestra consigna lanzada desde RAP-Chile y la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, fueron recogidas por jóvenes luchadores por los derechos humanos que la "sembraron" a lo largo de la marcha.
¡Hermosa señal!
Un signo que habla de una memoria viva, atenta a
las luchas que hoy libra el pueblo.

miércoles, julio 11, 2012

Gobierno de Piñera mantiene a cuarenta y cuatro mapuche condenados o imputados por luchar por la tierra


(actualización)

por Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com

La Comisión Etica Contra la Tortura, en la sección Represión y violencia a los Movimiento Sociales de su Informe de Derechos Humanos 2012 “La Tortura es el Miedo a las Ideas de los Otros” (Editorial Quimantú, Santiago de Chile), denuncia que a comienzos de junio de 2012  se registraba en Chile un total de cuarenta luchadores políticos mapuche condenados o imputados por la justicia, de los cuales 9 cumplen prisión política efectiva en cárceles. El informe se lanzó en un acto realizado el 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. En el período analizado, desde mayo de 2011 a junio de 2012, se registró 1 suicidio de un preso político mapuche, en la cárcel de Temuco. Al 8 de julio de este año, la cifra se eleva a 14 presos en cárceles y un total de 44 imputados. A lo registrado en el informe 2012,  hay que agregar que el 27 de junio, la Corte de Apelaciones de Temuco determinó la prisión preventiva para otros dos comuneros mapuche, (Editorial Quimantú) y el 6 de junio hubo 4 nuevos detenidos que fueron formalizados y llevados a prisión, quedando en 14 el número de detenidos en prisión, cifra siempre sujeta a cambios y confirmaciones por la dinámica represiva y de lucha social.
La presión de los organismos de derechos humanos a nivel internacional y nacional, las huelgas de hambre de los presos políticos mapuche y la modificación a la ley antiterrorista posterior a la huelga de hambre realizada en 2010, han determinado un cambio en las formas de castigo que el Estado impone a los luchadores sociales mapuche. Es así como en el período analizado disminuye considerablemente el número de mapuche en prisión efectiva. Se conceden medidas cautelares de restricción de la libertad que evitan la prisión preventiva, y aumentan las absoluciones pero continúa la represión masiva, expresada en allanamientos a las comunidades en lucha, realizados con Fuerzas Especiales de Carabineros.
Las largas condenas a prisión a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco dictadas por la Corte Suprema en junio de 2011 sobre la base de pruebas aportadas por testigos sin rostro (permitidos sólo en caso de juicios por ley antiterrorista) encierran un elocuente mensaje al resto de las organizaciones y comunidades en lucha. A mayo de 2012, 40 luchadores sociales mapuche cumplían condena o esperaban juicio por acusaciones relacionadas con la recuperación de tierras ancestrales, siempre respaldadas por testigos secretos al margen de la legislación penal aplicada al resto de la población de Chile. El abogado Lautaro Loncón, quien comentó este informe en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado el 26 de junio pasado,  no dudó en caracterizar al Estado chileno como racista, y en particular se refirió a los jueces y fiscales del ministerio público y la policía que en su práctica profesional hacen gala de ese comportamiento sin que la sociedad y los otros poderes del Estado reaccionen.
A continuación, el detalle de las variantes del castigo del Estado a quienes participan en acciones de reivindicación de territorios ancestrales, la mayoría de los cuales están actualmente en poder de grandes empresas forestales como Mininco y Forestal Arauco.



Hombres en prisión efectiva                                                     14
Condenados con beneficios carcelarios:                                    6
Imputados(as) con cautelares a la espera de juicio:                24
Total de condenados e imputados                                             43

Suicidio en prisión,  en cárcel de Temuco                                  1

Lorenzo Llevul Antimil, de 40 años, fue detenido  el 22 de enero de 2012 e imputado por el Ministerio Público como autor de varios focos de fuego que destruyeron un bosque en el sector Conoco Chico de Cholchol, región de la Araucanía. Llevul Antimil fue capturado por la PDI sobre la base de acusaciones formuladas por miembros de la misma comunidad a la que pertenecía. Se suicidó en la cárcel de Temuco el 3 de marzo de 2012.



Listado de prisioneros políticos mapuche (por recinto)

Cárcel de Angol, en Los Confines s/n (Región de la Araucanía)
1.- Jonathan Sady Huillical Méndez (originario de Villa Icalma, Lonquimay). Condenado a 8 años de prisión en sentencia de la Corte Suprema de junio de 2011 que remplaza la emitida en el juicio en Cañete y avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterrorista, entre otros vicios legales. Caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente de aceptación.Estudiante, detenido el 11 de abril de 2009. Vinculado a comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, Tirúa.
2.- Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán. Condenado a 8 años de prisión en sentencia de la Corte Suprema de junio de 2011 que remplaza la emitida en el juicio en Cañete y avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterrorista, entre otros vicios legales. Caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente de aceptación. Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, Tirúa. Detenido el 11 de abril de 2009.
3.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca. Condenado a 15 años de prisión en sentencia de la Corte Suprema de junio de 2011 que remplaza la emitida en el juicio en Cañete y avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterrorista, entre otros vicios legales. Caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente de aceptación. Detenido el 15 de julio de 2009, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco. En 2008 había sido absuelto en un juicio por incendio. Condenado por homicidio frustrado contra el fiscal Elgueta y otras acusaciones. (Los cuatro prisioneros antes mencionados, miembros de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, sostuvieron en 2011 una huelga de hambre de 85 días ligada a su demanda de nulidad del juicio de Cañete y fin de la ley antiterrorista).
4.- Daniel Levinao Montoya (18 años)  Comunidad Wente Winkul Mapu, sector Chequenco, Ercilla. Detenido el 2 de noviembre de 2011. La preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de Collipulli. El fiscal Chamorro pide 12 años de prisión y 800 días por porte ilegal de arma de fuego convencional, acusándolo de homicidio frustrado reiterado a carabineros que custodiaban vehículos de una empresa forestal, y de disparar contra el helicóptero desde el cual Bezmalinovic dirigía el operativo, y contra el propio general. Sostiene la acusación que se trabó la pistola (calibre 22) al momento del disparo.
5.- Bernardo Montoya Melinao, Comunidad Wente Winkul Mapu, sector Chequenco, detenido el 2 de abril de 2012, formalizado por homicidio frustrado de carabinero durante el allanamiento realizado a la comunidad en esa fecha por ataques al agricultor Juan de Dios Fuentes realizado en octubre de 2011. En este allanamiento que resultó muerto otro carabinero, por “fuego amigo” según los comuneros, y por encapuchados en una emboscada, según la versión oficial. Montoya fue detenido minutos antes de la muerte del sargento del GOPE Hugo Albornoz. El caso se encuentra en etapa de investigación.
6.- Paulino Levipán Coyan, Comunidad Wente Winkul Mapu, sector Chequenco, Ercilla. Detenido el 2 de noviembre de 2011. La preparación de juicio oral está sin fecha, en el Juzgado de Garantía de Collipulli. El fiscal Luis Chamorro pide 15 años de prisión, y 800 días por porte ilegal de arma de fuego convencional, acusándolo de homicidio frustrado reiterado a carabineros que custodiaban vehículos de una empresa forestal, y de disparar contra el helicóptero desde el cual Bezmalinovic dirigía el operativo, y contra el propio general.
7.- Camilo Tori Quilinao, Comunidad Temucuicui, detenido el sábado 12 de mayo, fue formalizado por robo con intimidación, porte ilegal de armas (escopeta y arma blanca) y receptación por hechos ocurridos en el Liceo Pailahueque de Ercilla  a 15 kilómetros de su comunidad. El comunero se encontraba con arresto domiciliario desde enero de este año, luego de haber pasado dos años en la cárcel acusado de delitos terroristas (caso peaje Quino) y participó en la huelga de hambre de presos políticos realizada el año 2010.
8.- Rodrigo Melinao (comunidad Loloko, de Ercilla) detenido en febrero de 2012 mientras trabajaba como temporero en la Región de O’Higgins y formalizado en Collipulli por cargos de tentativa de homicidio a carabineros, daños a un bus de Forestal Cautín y quema de un bosque en el sector Requén- Chiguaihue, en Ercilla. (hecho ocurrido en 28 de octubre de 2011). Se le acusa también de atentar contra un camión aljibe de la forestal Bosques Cautín. La Corte de Apelaciones ordenó el 27 de junio su prisión preventiva, revocando la libertad provisional dispuesta por la juez de Collipulli.

9.- Héctor Melinao Neculpan, comunidad Folil Mapu, Ercilla Fue detenido en un allanamiento realizado a fines de junio y sólo por acusaciones de un testigo secreto, formalizado por cargos de homicidio frustrado e incendio. La corte de Apelaciones de Temuco ordenó el 27 de junio su prisión preventiva, revocando la libertad provisional dispuesta por la juez de Collipulli.


Cárcel de Temuco (Región de la Araucanía)

10.- Mario José Cheuque Sandoval  comunidad Lof Yeupeko Catrileo, comuna de Vilcún. Detenido el 6 de junio en el ex fundo Santa Margarita (legalmente recuperado por la comunidad) luego del operativo de desalojo del fundo El Natre. Formalizado por homicidio frustrado a carabineros y delito de lesiones menos graves y amenazas
11.- Ernesto Gabriel Chachallao Painemil, comunidad Lof Yeupeko Catrileo, comuna de Vilcún. Detenido el 6 de junio  en el ex fundo Santa Margarita (legalmente recuperado  por la comunidad)luego del operativo de desalojo del fundo El Natre. Formalizado por homicidio frustrado a carabineros y delito de lesiones menos graves y amenazas. Pendiente reformalización por acusaciones de incendio maquinaria de Forestal Mininco en fundo Las Praderas, hecho ocurrido en 2006 del que se le acusa también. Según la policía es alto dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco CAM y estaba prófugo desde ese año.

12.- Bernardo Carrillán Trupán comunidad Lof Yeupeko Catrileo, comuna de Vilcún. Detenido el 6 de junio  en el ex fundo Santa Margarita (legalmente recuperado  por la comunidad) luego del operativo de desalojo del fundo El Natre. Formalizado por homicidio frustrado a carabineros y delito de lesiones menos graves y amenazas.

13.- Fernando Millacheo Marín, comunidad Newen Mapu de Chequenko, detenido el 5 de junio de 2012, acusado por robo con intimidación en el sector Chiguaihue. El ha estado detenido en varias oportunidades, fue absuelto en 2010 de acusaciones de incendio a un camión forestal y participó en la huelga de hambre llevada adelante ese mismo año.

Cárcel de Lebu  (Región del BioBio)

14.- José Santiago Huenuche Reimán (comuna de Cañete). En junio de 2012 logró la salida dominical. Condenado a 8 años de prisión en sentencia de la Corte Suprema de junio de 2011 que remplaza la emitida en el juicio en Cañete y avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterrorista, entre otros vicios legales. Caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente de aceptación. Detenido desde el 11 de abril de 2009. En mayo se le había concedido por el Tribunal Oral Cañete el beneficio de salida dominical (llevaba años de prisión preventiva cumplida) pero ello se suspendió debido a que el prisionero se negó a que se le efectuara el examen de ADN que gendarmería requirió.[1] El director regional de Gendarmería, Eleuterio Cofré, fue sindicado por familiares de presos políticos mapuche como responsable de insistir en un criterio ya dejado de lado por la Corte de Apelaciones de Temuco en un recurso similar, presentado por Lorenzo Curipán.




Procesados en libertad con medidas cautelares,  a la espera de juicio

1.- Juana Montoya Levinao de la Comunidad Wente Winkul Mapu, sector Chequenco, detenida el 2 de abril de 2012, formalizada por tenencia de arma de fuego. El caso se encuentra en etapa de investigación.
2.- Miguel Angel Tapia Huenulef (Santiago). Luego de más de dos años en prisión preventiva obtuvo en 2012 la medida cautelar. Detenido el 11 de febrero de 2009, acusado de incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, además de hurto e incendio simple (Fundo San Leandro, Lautaro, el 12 de enero de 2009). También se le acusa de tenencia de armas y explosivos.
3.-  Javier Levinao Esparza, de la comunidad de Loloko, formalizado  con medida cautelar de firma quincenal por cargos de incendio en el sector Chiguaihue (28 de octubre, Bosques Cautín, sector Requem) y además homicidio frustrado en contra de Carabineros y daños. La fiscalía usó testigo protegido para sustentar los cargos.
4.- Mijael Carbone Queipul, (23 años) werken de la comunidad Ignacio Queipul deTemucuicui, con medida cautelar de arraigo en Ercilla y Collipulli. Se  presentó voluntariamente al tribunal el 5 de diciembre de 2011  siendo formalizado por los delitos de receptación de animales, amenazas a Carabineros y homicidio frustrado a Carabineros.  El fiscal Miguel Angel Velásquez pide una pena de 15 años.

Imputados por hechos ocurridos en fundo Brasil:
5.- Eliseo Efraín Ñirripil Cayupan, Aplazada en marzo de 2012 nuevamente la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. Detenido el 17 de enero de 2010, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, comuna de Lautaro. Acusado de incendio y robo en el fundo Brasil de Elsa Fernández (ocurrido el 11 de septiembre de 2009, en la comuna de Vilcún).
6.-  José Ñirripil Pérez, Aplazada en marzo de 2012 nuevamente la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. Detenido en octubre de 2009, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko. Idem caso de Eliseo Ñirripil.
7.- Elvis Millán Colicheu, Aplazada nuevamente en marzo de 2012 la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. detenido el 3 de diciembre de 2009, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, Lautaro. Acusado además de incendio común y robo con intimidación al fundo Brasil (11 septiembre 2009, Vilcún).
8.- Cristian Cayupan Morales, MENOR, Aplazada en marzo de 2012 la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, detenido el 27 de noviembre de 2009. Causa: Incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, además de hurto e incendio simple (Fundo San Leandro, Lautaro, 12 de enero 2009). Más de un año en prisión en Cholchol.

9.- Job Morales Ñirripil, Aplazada en marzo de 2012 la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, acusado de incendio común y robo con intimidación al fundo Brasil (11 septiembre 2009, Vilcún).

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Imputados por usurpación de tierras en Trafun  (Región de los Ríos)
10.- Manuel Reinahuel Callicul (longko de la comunidad Reinahuel del territorio cordillerano de Trafun, región de Los Ríos), detenido violentamente en febrero de 2012 y formalizado por fiscalía de Panguipulli. Se le acusó de hurto y usurpación no violenta de tierras del fundo Trafun de la empresa forestal Las Vertientes, aunque la comunidad contaba con autorización de carabineros para revisar el estado del nguillatue (sitio en que se realiza la ceremonia del guillatún) de Trafun. La medida cautelar es prohibición de acercarse al administrador del citado fundo y su familia.
11.- Juan Reinahuel Reinahuel (werken de la comunidad Reinahuel), idem caso Manuel Reinahuel.
12.- Francisco Hueitra Reinahuel, (comunero de Reinahuel), idem caso Manuel Reinahuel.
13.- Guillermo Colipan Queupumil (comunero de Reinahuel) idem caso Manuel Reinahuel.
14.- Aliro Reinahuel Reinahuel (comunero de Reinahuel) idem caso Manuel Reinahuel.
Imputados por incendio simple de un peaje en Quino (11 de octubre de 2009), asociación ilícita y homicidio frustrado.
La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó en mayo de 2012 el fallo de la jueza de Victoria Evelyn Zelaya que  durante la preparación del juicio oral por el incendio del peaje Quino, retiró del juicio al fiscal Miguel Angel Velásquez, por desacato y a la empresa concesionaria del peaje, Ruta de la Araucanía. El fiscal se negó a retirar el calificativo de terrorista a los delitos imputados. En consecuencia, el juicio sólo fallará sobre incendios simples. En los tres años de investigación el fiscal había preparado un gran montaje desbaratado en esta oportunidad. El testigo protegido que les acusa (Raúl Castro) ha estado involucrado en tráfico de drogas y tiene prontuario policial.

Esperan fecha del juicio oral que tendrá lugar en Angol los siguientes comuneros (además de Camilo Tori que está en prisión):
15.- Juan Patricio Queipul (MENOR, 15 años, Comunidad Temucuicui). Detenido en abril de 2011 en un violento operativo policial luego de vivir más de un año en la clandestinidad.
16.- Víctor Hugo Queipul Millanao, hijo del lonko de la Comunidad de Temucuicui, detenido el 11 de octubre de 2009.
17.- José  Eugenio Queipul Huaiquil (comunidad Temucuicui)
18.- Felipe Huenchullan Cayul, Comunidad de Temucuicui, detenido el 21 de marzo de 2009.
19.- Juan Huenchullan (comunidad de Temucuicui) se presentó voluntariamente en noviembre de 2011, permaneció 2 años en clandestinidad. Quedó en libertad.
20.- José Osvaldo Millanao Millape
21.- Luis Marileo Cariqueo (MENOR), comunidad José Guiñon, condenado en abril de 2012 a 301 días de arresto nocturno y el pago de una multa de $ 400.000 por el robo de un celular a un testigo protegido que vive en su comunidad. La defensa ha solicitado la nulidad de ese juicio ya que el hecho habría ocurrido en julio de 2011 mientras Marileo cumplía arresto domiciliario por los cargos relacionados con el caso Quino. La Corte Suprema debió intervenir para que la Corte de Apelaciones de Temuco finalmente le concediera la libertad condicional. Había sido detenido por fuerzas especiales el 13 de abril de 2010, mientras se encontraba en la sala de clase del Liceo Técnico Profesional Pailahueque Comuna de Ercilla.
22.- Ernesto Cayupan Meliñan
23.- Jorge Mariman Loncomilla En febrero de 2011, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario parcial. Fue detenido el 29 de diciembre de 2009. Es hijo de la machi Adriana Loncomilla y del Lonko José Cariqueo de la Comunidad José Guiñón.
24.- Ailio Pereira, ex lonko de Trapa Trapa, en la zona del Alto BioBio está procesado por usurpación de tierras en demanda presentada por el particular Hugo Vásquez. No hay fecha de juicio.



4.3       Con sentencia y beneficios penitenciarios
Dos casos vinculados al Convenio 169:
1.- Waikilaf Cadin Calfunao (hijo de la lonko Juana Calfunao), Comunidad Juan Paillalef, Cunco, detenido el 13 de mayo de 2010 en una marcha en Temuco, denuncia montaje en allanamiento para acusarlo de fabricación de bombas. Fue condenado a cuatro años y medio de presidio por una presunta infracción a la Ley de Armas y Explosivos y su defensor, abogado Lorenzo Morales solicitó la nulidad del juicio por las irregularidades  que hubo en el proceso.  En respuesta a la solicitud, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió cambiar la sentencia, invocando el convenio 169 y permitiendo que la condena se cumpla en libertad. La sentencia de remplazo dictada el 25 de abril de 2012 establece que de acuerdo a lo señalado en el Convenio Nº169 …”en  cuanto a darse preferencia a tipos de sanciones distintas a la del encarcelamiento cuando se trate de indígenas,  permiten formar convicción de que un cumplimiento penal alternativo como el de la libertad vigilada  aparece en el caso particular de autos como adecuado para una efectiva readaptación y resocialización del sentenciado.” Por ello   “ se suspende la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado Waikilaf Antonio Cadin Calfunao …  otorgándosele el beneficio de la libertad vigilada, fijándose en cinco años  el plazo de tratamiento y observación a que queda sujeto el sentenciado, debiendo cumplir con las demás condiciones pertinentes que señala el artículo 17 de la Ley 18.216.”[2]


2.- Joel Paillama Reimán, de la comunidad Hueico, de Lumaco, fue condenado a cumplir 541 días de cárcel con el beneficio de reclusión nocturna,  por el delito de incendio de un bosque,  en un juicio abreviado realizado en el Juzgado de Garantía de Traiguén. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió en agosto de 2011 un recurso interpuesto por el jefe de la Defensoría Penal Mapuche, abogado Ricardo Cáceres Setien, permitiéndole cumplir la condena en libertad en su comunidad.
Ricardo Cáceres argumentó ante la Corte apelando al artículo 10 N°1 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que establece que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”. La defensa demostró la dificultad que tenía el imputado para cumplir su condena: hay 30 km entre su comunidad y Traiguén, con un alto costo en pasajes.
3.- Roberto Carlos Painevilo Saavedra, werken del lof Mawizache, fue condenado a un año de pena remitida, con firma mensual. Se le enjuició en el juzgado de Garantía de Pitrufquén  vinculándolo al corte de camino realizado en 2011.
4.- Luis Hernán Millacheo Ñanco, de la Comunidad Newen Mapuche de Chequenco, Ercilla. Cumple condena en su comunidad con medidas cautelares,  condenado por incendio de camión de forestal Mininco, a cinco años y un día de cárcel, en juicio oral realizado en Angol el 10 de marzo de 2009.
5.- Daniel Huentecura  (comunidad Currihual Huenchual) sector Taife, Carahue. Cumple con medida cautelar de firma mensual la condena a  541 días de presidio  por el delito de incendio y 300 días por microtráfico dictada el 13 de abril de 2012 en un procedimiento abreviado llevado a cabo por el juez  de garantía Mauricio Torres. El imputado, cuya familia ha denunciado constantes amedrentamientos,  aceptó los cargos de participación en un incendio de un camión en el camino Nueva Imperial-Carahue y tenencia de más de 100 gramos de marihuana en su domicilio formulados por el fiscal Cristian Voullieme. Había sido detenido el 8 de abril de 2011. Daniel Huentecura es primo de Julio Huentecura, preso político mapuche que fue asesinado en octubre de 2004 mientras se encontraba en prisión preventiva, hecho que afectó a toda la familia.
6.- Lorenzo Alex Curipan Levipan. Cumple condena con beneficios carcelarios. El Tribunal Oral de Angol lo condenó a 5 años y un día de prisión efectiva por el delito de incendio, en contra de un predio de Forestal Mininco, ocurrido el 26 de octubre de 2009. Las respectivas apelaciones fueron desechadas tanto por la Corte de Apelaciones de Temuco como por la Corte Suprema (octubre de 2010).  En reiteradas oportunidades se le denegó por las autoridades la libertad condicional, beneficio al cual sólo accedió en mayo de 2012. Debió interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones para evitar que se le extrajeran muestras de ADN a la fuerza, con el pretexto de que se requerían para acceder a la libertad condicional.  Estaba detenido desde el 26 de octubre de 2009. Pertenece a la comunidad Rankilko que ha llevado adelante su defensa y sigue sosteniendo que fue condenado como resultado de un montaje policial.

Con sentencia cumplida
Roberto Manquepi Vita, de la Comunidad de Butalelbun, Alto Bio Bio cumplió su condena de 5 años y un día,  más el pago de una multa de 11 UTM, el 15 de Noviembre de 2011. Estuvo en prisión por participar en recuperación de tierras ancestrales de su comunidad, calificado por la justicia como “robo con violencia”.  El robo se refiere a su participación en la recuperación de las veranadas para su ganado en su tierra ancestral, el fundo Cochico, usurpado por colonos. El también estuvo presente en las luchas territoriales del Valle del Queuco.




[1] http://www.werken.cl/?p=214
[2] Sentencia Corte de Apelaciones de Temuco, comunicación personal abogado Lorenzo Morales.