Atajar la impunidad, a 42 años de la "Operación Colombo"

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Argentina fue parte de la Operación Colombo, preludio de Condor,  armada por la DINA chilena en coordinación con sus pares de los servicios secretos trasandinos y de Brasil. En “Lea”, una publicación creada en Buenos Aires para la ocasión, se publicó por primera vez la Lista de los 119, con la cual la dictadura buscaba encubrir las detenciones de luchadores antidictatoriales y aterrar al pueblo.

42 años después, en Mendoza, Argentina, culminó el “juicio a los jueces” llevado a cabo durante 3 años, con condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, para cuatro ex magistrados: Luis Francisco Miret, Otilio Romano, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. La información se publicó en el diario argentino La Nación el  26 de julio, pero es ignorada por la prensa chilena. Se vienen juicios similares en Córdoba y posteriormente en San Luis, sin importar la edad de los acusados, en el marco de la doctrina internacional de derechos humanos. En cambio, a este lado de la cordillera, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, junto a parte de la clase política y de la Iglesia, se han confabulado para liberar por razones de “edad” a criminales, autores y perpetradores de delitos de lesa humanidad, y respaldan un proyecto de ley en ese sentido. Ya están libres cuatro criminales que habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad, acogidos a beneficios carcelarios en este país de cárceles-boutique como Punta Peuco, pensiones privilegiadas para los uniformados, y violación y muerte para los niños y niñas pobres en hogares del Estado.

Verdad, justicia y lucha social

El domingo 31 de julio, en la ex Casa de Tortura de calle José Domingo Cañas 1367, en Santiago, madres, esposas y familiares de los 119 chilenos y chilenas desaparecidos en la Operación Colombo renovaron su compromiso de lucha por verdad y justicia, rodeados ahora por artistas, jóvenes, y colectivos de derechos humanos que las ayudan  a sostener ese anhelo, vinculado cada vez más a las demandas sociales de hoy. Al inicio del acto  se pidió a los presentes firmar en apoyo al machi Celestino Córdoba, preso político mapuche, que está solicitando a Gendarmería permiso por 2 días para ir a su rehue (altar) y reencontrarse con la energía de su pueblo para recuperar su salud.   Entre las primeras en firmar estuvieron Luz Encina, que ya tiene 96 años, madre de Mauricio Jorquera, el joven estudiante de sociología y ex alumno del Instituto Nacional;  Mina Antequera, de 86, madre de los hermanos Andrónicos, tocopillanos detenidos cuando trabajaban para armar una radio para la Resistencia,  y Ana Molina, la anciana madre de Pedro Merino, el joven sastre llevado a Colonia Dignidad y desaparecido desde Cuatro Alamos.

Un sobrino de Mina llevó a sus amigos al acto, a rapear por los 119. Una emocionada audiencia se unió a Berta Valdebenito, esposa de Teobaldo Tello y torturada como él en ese recinto, para  aplaudir a su hijo, autista, que bailó su dolor desplegando una tela blanca.   Mónica Pilquil, la esposa de Darío Chávez, el actor y estudiante de leyes desaparecido en la Operación Colombo cantó junto al conjunto del Colectivo 119, que interpretó, entre otros, un poema de Oscar Hahn musicalizado por Bodenhoffer. “El  hueso es un héroe de la Resistencia” decía al final la canción “El Hueso”, resonando en el silencio de esa sala poblada de mujeres que han buscado por cuatro décadas a sus seres queridos y son testigos de los  hallazgos de restos en otros casos de detenidos desaparecidos, pero nunca de los suyos. 

 “Curiosa es la persistencia del hueso/su obstinación en luchar contra el polvo/ su resistencia a convertirse en ceniza”, partía el poema de Hahn. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos recordó en el acto que el vecino del ex recinto de tortura, empresario dueño de Rochet (El Castillo del Jueguete) llevó adelante la demolición de esa casa  donde fueron torturados muchos de los desaparecidos en la Operación Colombo, ante la impotencia de Laurita Moya y de quienes junto a ella se habían organizado para convertir el lugar en una Casa de Memoria. El objetivo se alcanzó parcialmente, partiendo literalmente desde el polvo de la demolición, ya que desde el 2002 la casa es Monumento Nacional.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Claveles rojos y velas fueron depositados al aire libre al atardecer del 31 de julio, bajo las fotos de los 119 compañeros y compañeras atadas al tope de varas en la explanada donde antes estaban las salas usadas para torturar a 28 de ellos:  Jorge y Juan Carlos Andrónico, Francisco Aedo, Jacqueline Binfa, Sonia Bustos, Mario Calderón, Cecilia Castro, Bernardo de Castro, Jorge D´Orival, Jacqueline Drouilly, (embarazada de 3 meses), Modesto Espinoza, Luis Fuentes, Carlos Gajardo, José Jara, Mauricio Jorquera, Néstor Gallardo, María Cristina López,  Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Vicente Palominos, Carlos Pérez, Carlos Salcedo, Ariel Salinas,  Marcelo Salinas, Sergio Lagos, Sergio Reyes, y Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga. El recinto fue comandado entre otros por Marcelo Moren Brito, quien murió en el Hospital Militar en 2015, el día que debía ser notificado de la condena por el secuestro de Rodolfo Marchant, uno de los 119.  Ese juicio se cerró sin condenas a nadie, demostrando que la justicia tardía es sinónimo de impunidad.   

Renuncia de Oviedo 

Muchos de los asistentes al acto participaron también en la marcha realizada el 28 de julio en Santiago por organizaciones de derechos humanos y sociales,  para rechazar la impunidad en curso. En la Plaza de Armas, al finalizar la movilización los manifestantes ovacionaron  a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos por  exigir asimismo la renuncia del comandante en jefe del Ejército, General Humberto Oviedo que presionó por la libertad de los criminales en presencia de altas autoridades de la república. Recalcó también Alicia Lira que también demandan justicia por los crímenes cometidos en democracia como la desaparición de José Huenante, y las muertes de Nelson Quinchillao y Manuel Gutiérrez, entre otros luchadores sociales.

 Las escandalosas pensiones de “invalidez postraumática” de que gozan criminales de lesa humanidad, unidas a las pensiones también millonarias de los perpetradores recluidos en Punta Peuco, y  la huelga de hambre de los ex presos políticos en demanda de reparación, fueron el telón de fondo de la movilización.

Diversos actos conmemorativos de los 42 años de la Operación Colombo, como un conversatorio en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se suceden en estos días.   

El montaje, los medios y las pensiones

En el acto se recordó como los medios chilenos  encubrieron la desaparición de 119 luchadores antidictatoriales (19 de los cuales eran mujeres) detenidos entre el 8 de julio de 1974 y el 20 de enero del 75,  "informando" en grandes titulares de sus muertes “por vendettas internas”.Reprodujeron notas de  Lea y O Dia, revistas  creadas para ese fin en Argentina y Brasil.  La Segunda inició la maniobra, con su escalofriante titular de portada del 24 de julio de 1975: “Exterminados como ratas”. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial del montaje. Entre los secuestrados, 94 eran militantes del MIR, 9 eran socialistas 7 comunistas, y 1 del MAPU.  Había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Cuando desaparecieron, la mitad de ellos tenía entre 18 y 25 años. La mayoría eran de Santiago, pero algunos de los detenidos habían llegado a la capital huyendo de la represión desatada en sus regiones de origen (Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, BioBio, Maule, Araucanía).

Viejos criminales

Sólo en algunos de los 36 secuestros fallados hasta hoy por la Corte Suprema, los criminales que perpetraron la Operación Colombo cumplen prisión efectiva, porque 12 de las sentencias fueron irrisorias (ver cuadro 1). Dos de los responsables máximos de esta siniestra trama, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff han estado ad portas de abandonar el penal de Punta Peuco para irse a su casa, postulando a beneficios carcelarios, apoyados en la campaña que recubre la impunidad con canas y certificados médicos. En el juicio que se sigue por la desaparición de Germán Moreno, funcionario del hospital San Borja, y estudiante de Derecho en la U, la Corte de Apelaciones rebajó de 8 a 3 años la condena que se había impuesto a Krassnoff. Los integrantes de la cuarta sala, ministros Cristóbal Mera, M. Rosa Kittsteiner y Pedro Advis de esta manera posibilitaban la salida de Krassnoff puesto que sólo se cumplen en forma efectiva las penas de 5 años y un día.

Sin embargo este año Krassnoff había recibido nuevas condenas en primera instancia. El Ministro Crisosto lo sentenció a 20 años por los secuestros de Francisco Aedo, los hermanos Andrónicos Antequera, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Agustin Fiorasso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes, Gilberto Urbina e Ida Vera. Asimismo fue sentenciado en forma separada a 15 años por Martín Elgueta y María Inés Alvarado; otros 15 por María Cristina López y nuevamente, por Roberto Chaer. Por Carlos Cubillos deberá cumplir 10 años, por Manuel Villalobos, 8 y por Mónica Llanca, 7 años.  Por eso es que requieren una ley especial; las nuevas condenas les impiden  salir.

Krassnoff ,  experto en montajes,  fue condenado a otros 20 años en el fallo definitivo por el caso de la Rinconada de Maipú que significó la masacre de la familia Gallardo (hechos ocurridos entre el 18 y 19 de noviembre), y a 10 años por el asesinato de Augusto Carmona, presentado también como “enfrentamiento”. De todas formas, seguirá recibiendo su jugosa pensión de $ 2.489.658.  

En el caso de Iturriaga, el criminal enfrenta nuevas condenas por Arturo Barría (7 años), Eugenia Martínez (15 años) y 20 años por los 14 casos investigados por el juez Crisosto. En la llamada “cárcel boutique” de Punta Peuco, Iturriaga recibe mensualmente una pensión de $2.143.977. Pero el 9 de enero de este año,  el 29° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda civil por daño moral presentada por cuatro hijos del poblador de Arrieta,  Modesto Espinoza,  uno de los 119,  detenido el 23 de agosto de 1974, en la Región Metropolitana. Su esposa también fue detenida y hostilizada y debió marchar al exilio con sus niños en 1982. En el juicio por reparación civil, la magistrada María Morales aplicó la prescripción, acogiendo los argumentos del Estado de Chile. La familia tampoco obtiene aun la sentencia definitiva en el juicio penal.  El tiempo corre a favor de los perpetradores, no de quienes sufren por la impunidad que ha regido por décadas.

Complicidad de la Suprema

Respecto de los 119 secuestros y desapariciones, la  Corte Suprema apenas dictó 4 sentencias a firme entre julio de 2016 a julio 2017.  Así terminó la espera para los familiares de la ex funcionaria del registro civil Mónica Llanca, los del estudiante de sociología Manuel Villalobos, el dirigente poblacional de Lo Hermida Carlos Cubillos, y el estudiante de medicina Jorge Ortiz Moraga. En cambio la impunidad es total  para los familiares tras las desapariciones del albañil del sector de Las Rejas Sur, Eduardo Alarcón;  del activista de la lucha de los mapuche en Lautaro, Ramón Labrador; y de la  secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile, la actriz Violeta López. Lo mismo ocurre en los casos del comerciante Juan Bautista Maturana, del dirigente sindical de la Corporación de Mejoramiento Urbano CORMU, Edgardo Morales Ch;  del futbolista de barrio en Lo Valledor, Leopoldo Muñoz; del estudiante de la Universidad de Santiago Ramón Núñez,  y del estudiante de sociología de la Chile, Carlos Salcedo. No hay absolutamente ningún avance en los juicios entablados para condenar a los responsables de su desaparición.

 Son sólo 36 los casos con sentencias a firme. Hay 55 casos con sentencia de primera y segunda instancia.  A este ritmo (ver cuadro 2) muchos  criminales seguirán muriendo antes de que se les sentencie o bien zafarán de prisión con la venia y complicidad de los jueces, terminando sus días impunemente en sus domicilios particulares. El Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, ha dado a entender que los delitos de lesa humanidad son como cualquier otro delito, y por tanto a los condenados en Punta Peuco se les debiera permitir abandonar el penal por su avanzada edad. La interminable espera de justicia tiene terribles costos sicológicos y morales para los demandantes. Muchas de las madres y familiares han fallecido de cáncer en estos años.  Armados de dignidad y amor por los suyos y por su pueblo, y organizados en distintos espacios los familiares, amigos y compañeros de los 119 siguen alzando su voz contra la impunidad, porque la impunidad del pasado garantiza la injusticia de hoy.    

“La espera es un óxido terrible. ¡Sigan nuestra lucha!”

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Performance : lectores de  La Segunda del 24 de julio de 1975

Dirigiéndose con voz desgarrada  a estudiantes de derecho de la U de  Chile en el conversatorio “41 años de la Lista de los 119”, la señora Rosa Acuña, hermana de Miguel Angel Acuña Castillo,  les exhortó: “Les pido a ustedes, que por favor sigan con fuerza nuestra lucha, que no concluya cuando ya no estemos. Porque nos queda muy poco y necesitamos que se sepa la verdad. La espera por justicia es un óxido terrible. Nos está matando de a poco. Mi madre antes de morir me pidió que buscara a Miguel Angel y lo enterrara junto a ella.” Cuando fue secuestrado el 8 de julio de 1974, Miguel Angel (“Pampa”) tenía 19 años,  era estudiante del Pedagógico y dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER. Su nombre figuró en la fatídica Lista de los 119, publicada en 1975.  

El conversatorio que tuvo lugar en la escuela de derecho, fue organizado por el Colectivo 119 Familiares y Amigos, junto a Actuar Colectivo  y Londres 38 Espacio de Memoria el 20 de julio. Hace 41 años, el 24 de julio,  los diarios del duopolio publicaron la llamada “Lista de los 119”, un montaje transnacional que fue el preludio de la Operación Cóndor y que pretendía encubrir los secuestros y desapariciones de luchadores antidictatoriales.  La  DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo” a este montaje. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de  Lea y O Dia, revistas  creadas para ese fin en Argentina y Brasil.

Presentes

Los criminales y sus cómplices de la prensa que aún nos desinforma, nunca imaginaron que los y las caídos en la Operación Colombo seguirían con nosotros, de las más diversas maneras.  Los estudiantes de derecho  aplaudieron al enterarse que por fin este año para los casos de Darío Chávez, Germán Moreno y Cecilia Castro, que pasaron por sus mismas aulas, la justicia comenzaba a hacer su tarea, con fallos de primera instancia en los dos primeros casos, y con acusación en el de Cecilia Castro.

 “Los 119” están asimismo presentes en el 10° Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política "eXcéntrico: Disidencias, soberanías, performance" que se desarrolla en Santiago. En la mañana del jueves 21, la canadiense Christine Brault presenta  “Tejiendo memorias” en Londres 38  mientras que la performance del  Complejo Conejo es “Exterminados como ratones”, en tránsito desde Londres 38 al Teatro Antonio Varas.  

Los sobrevivientes vieron  por última vez a estos luchadores antidictatoriales en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o  Cuatro Alamos y su valiente testimonio ha permitido un avance lento pero sostenido en las demandas por justicia. Al igual que el año pasado, una huelga de hambre de expresos políticos opera como telón de fondo de la impunidad y  desmemoria oficial.

Se llamaban María

Entre las 19 jóvenes mujeres desaparecidas en este montaje de la dictadura, había 7 que se llamaban María, como María Inés Alvarado, M. Angélica Andreoli, M. Teresa Bustillos, M. Teresa Eltit, M. Elena González, M. Isabel Joui, M. Cristina López.  Los otros nombres eran Jacqueline Binfa, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Cecilia Castro, Muriel Dockendorff, Jacqueline Drouilly, Violeta López, Eugenia Martínez, Marta Neira, Patricia Peña, y Bárbara Uribe. En la comuna de Quinta Normal, habrá el 26 de julio una representación teatral de la Compañía Ruta de la Memoria, con la obra “Cuerpo Quebrado”, en homenaje a  ellas, que sufrieron tortura y violencia sexual.

Once de los 119 desaparecidos eran secundarios, y siete de ellos eran egresados del Liceo Manuel de Salas. Del total,  47 eran alumnos, egresados o docentes de la Universidad de Chile, del Pedagógico,  o de Arquitectura, Conservatorio, Medicina, Periodismo, Trabajo Social, Ingeniería; 11 lo eran de la Universidad Técnica,  hoy USACH y 9 eran de la U de Concepción.  Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, o de las poblaciones José María Caro, La Legua, La Bandera, o Lo Hermida. Algunos eran  originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas,  socialistas, del MAPU o sin militancia.

 

Nilda Patricia Peña, "119", Cristian Kirby

Justicia en cámara lenta

A julio de 2016, ha habido 44 fallos de la Corte Suprema, pero tan sólo por 33 de los 119 crímenes los perpetradores cumplen prisión efectiva (ver cuadro 1) ya que en otros casos las penas fueron muy bajas. Apenas en 28 de estas  44 sentencias de la Suprema, los perpetradores recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por los crímenes de la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor  desarrollada posteriormente por la DINA junto  a los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros.

 Además hay 9 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia el alto tribunal, y en total son 34 los fallos de primera instancia (ver cuadro 2) pendientes.

Entre julio de 2015 y julio de 2016 el máximo tribunal emitió un total de 17 fallos que apuntan a revertir la tendencia a la impunidad. Y ahora los fallos de primera instancia emitidos por el ministro Leopoldo Llanos incluyen por primera vez sentencias a veinte años para los principales perpetradores,  en casos como los de las compañeras Jacqueline Drouilly (embarazada), M. Teresa Eltit y M. Isabel Joui, entre otros.  Por su parte, el ministro Hernán Crisosto ha llevado adelante el mayor número de investigaciones y fallos de primera instancia en el período ya señalado. 

La primera sentencia de la Corte Suprema  por estos crímenes fue  dictada en 2004,  confirmando el fallo original del entonces ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de 17condenas. Al morir en 2015 seguía siendo procesado en más causas y sólo cumplió 10 años de prisión.

Juicios sin castigo

La justicia tardía no alcanza. Como clama la señora Rosa, muchas de las madres fallecieron esperando alcanzar justicia. Sin sentencias concluyó el juicio penal por el secuestro de Rodolfo Marchant, ex dirigente sindical de ENAFRI (Empresa nacional de Frigoríficos) en que  todo era insólito.Los condenados eran sólo dos: Marcelo Moren Brito, ex jefe de Villa Grimaldi quien murió el mismo día que se dictó la sentencia, el 11 de septiembre de 2015, y Manuel Contreras, muerto un mes antes. Ellos mantuvieron hasta el fin sus altas pensiones y grados militares. Moren Brito también había sido condenado en septiembre y julio de 2015, respectivamente, por los secuestros y desapariciones de Zacarías Machuca, topógrafo y trabajador de ENDESA, y Germán Moreno - trabajador de la salud y estudiante universitario, lo que se sumaba a otras 17 condenas anteriores.  El principal responsable de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, procesado y prontuariado por estas causas y muchas más, murió sin recibir condena alguna.

El truco de la “Media Prescripción”

Una sentencia de la Corte Suprema en 2009 por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR,  Jacqueline Binfa, aplicó  la “media prescripción” exculpando a todos los criminales, y revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís quien calificó los delitos como de lesa humanidad. En esa sala penal estaba ya el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch,  entusiasta defensor de ese criterio que ignora la doctrina internacional de derechos humanos y es contrario a la opinión de la Corte Interamericana de Justicia. También debido a la prescripción, están libres los criminales responsables de los secuestros  del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el  interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sin sentencia más de la mitad

De los 75 casos restantes, hay 15 con acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 6 de estos casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero hay 14 demandas que no han tenido ningún avance entre 2015 y 2016. La impunidad continúa respecto de los secuestros del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara; del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel,  Jorge Antonio Herrera Cofré; y del joven militante del MIR de Lautaro,  Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni  del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza,   joven estudiante de la USACH.

La justicia ni se asoma por la Bandera,  en el caso del dirigente poblacional  Gary Olmos Guzmán,  ni investiga aun el caso del estudiante de sociología  Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración  y tortura de Cuatro Alamos.

Cartas bajo la manga

Por su edad o enfermedades, varios de los criminales de Punta Peuco pretenden obtener “beneficios carcelarios”, carta bajo la manga de la Corte Suprema, coludida con Bachelet, parlamentarios de oposición y los senadores Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta y Tuma; el jesuita Fernando Montes y el obispo Goic y las fuerzas armadas. Buscan imponer con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado “Nunca Más” y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos. En el Senado hay un proyecto de acuerdo en ese sentido y otros criminales ya están en la calle con la carta ganadora.

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, la impunidad se bate por ser la tendencia dominante. Sólo 14 criminales cumplen sentencia efectiva por los casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 29 casos); Manuel Carevic (Agrupación Purén), Pedro  Espinoza (ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (subdirector de la DINA), Francisco Ferrer (ex jefe DINE), Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA); Rolf Wenderoth (Brigada Mulchén), Fernando Lauriani (ex jefe grupo Vampiro), Gerardo Godoy (ex jefe del grupo Tucán),  Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos; Basclay Zapata integrante del grupo Halcón; y los ex agentesAlejandro Astudillo y Demóstenes Cárdenas.

Todos continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar. Continúa prófugo Ricardo Lawrence (integrante de la agrupación Aguila 1), condenado a 20 años por varios crímenes, entre ellos el secuestro de M. Isabel Joui y el de Alfonso Chanfreau. Usó un cajero automático este año pero la policía es incapaz de detenerlo.

Como señaló en el citado Conversatorio una integrante de “Actuar Colectivo”, la justicia que se ha alcanzado hasta hoy no se logró gracias al impulso del gobierno ni del parlamento ni del poder judicial, sino fundamentalmente por la incesante lucha de los familiares y las organizaciones de derechos humanos. Por ello el único dique de contención de la impunidad es la continuidad de esa lucha, que para trascender, busca vincularse a los movimientos sociales que llevan adelante hoy las demandas y luchas por educación, y por los derechos a la salud y a los bienes comunes como el agua y la semilla, así como los derechos de la nación mapuche. Justamente esa fue la tónica de la conmemoración que tuvo lugar en el Teatro de la Corporación Cultural de Recoleta el pasado 6 de julio, organizada por el Colectivo 119, Familiares y Compañeros, que apuntó en ese sentido, uniendo la lucha por la memoria y justicia con las luchas de los movimientos sociales por la naturaleza, el medio ambiente y el buen vivir. Allí estuvieron lideresas de los movimientos sociales por la Recuperación del Agua y la Vida, de No Alto Maipo y de Chile Mejor sin TPP, acogiendo este llamado. El facebook "119 Memoria y Resistencia" en forma permanente incorpora las luchas sociales de los más diversos sectores, y los integrantes del colectivo a su vez participan en las respectivas movilizaciones. Ellos sostienen que la memoria no es "privatizable" por lo que desarrollan su trabajo en forma autónoma, con la colaboración desinteresada y militante de jóvenes compañeros. 

Los 14 casos de Operación Colombo sin avances judiciales y los 25 que sólo cuentan con procesamientos

La impunidad permanece en 90 casos de la Operación Colombo

La Corte Suprema: prescripción total y media en el caso de los 119 desaparecidos x Operación Colombo

La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad

El 24 de julio se cumplen 40 años de la publicación de la “Lista de los 119”  en diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose  la investigación del montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR,  Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.   

"Exterminados como ratas", tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la libertad. De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio. Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia,  la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran  originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas,  socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron  por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o  Cuatro Alamos.

Los medios chilenos en dictadura  habían encubierto los crímenes "informando" en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de  Lea y O Dia, revistas  creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”. Así lo establece el fallo  emitido en 2006 por el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, al que recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado en 2013 por el ministro Mario Carroza a raíz de  la querella interpuesta por  miembros del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.

Prisión efectiva con pensiones para 10

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro  Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos (2); y Basclay Zapata integrante de Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos.

Concierto contra la impunidad

Para conmemorar el aniversario, el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones  sociales y populares convocan este viernes 24 al Concierto “Por Justicia Contra la Impunidad”, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, desde las 17 horas. Se respira impunidad en estas causas pero también a nivel país, sostienen los organizadores del Colectivo Familiares y Amigos de los 119. Los ex presos políticos que con sus testimonios contribuyeron de forma generosa y decisiva al avance de los juicios, son una vez más ninguneados por el Estado chileno, sordo a sus demandas de justicia y reparación expresadas en una prolongada huelga de hambre.

Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material de un crimen del  caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el cumplimiento de sus sentencias.

El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 Familiares y Amigos impide, sin embargo, que a  la impunidad se sume el olvido. Diversas iniciativas artísticas y académicas florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad de Chile, se abrió recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”), varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos de Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.

Impunidad “biológica”

The Clinic entrevistó en marzo de 2014,  al ya retirado ministro Alejandro Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos humanos. Expresó Solís: “Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto?  Se van muriendo los familiares de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica.”

Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos de la Operación Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de primera instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de 2013, las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera instancia. Estas demoras son habituales.

Entre las argucias usadas por las defensas, está  solicitar la actualización de exámenes de facultades mentales por el Servicio Médico Legal. Es obligatorio hacerlo para condenas superiores a 15 años y un día, o cuando el condenado tenga más de 70 años. Imposible olvidar que el principal responsable de las acciones de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de sus crímenes, aunque fue procesado y prontuariado por estas causas. 

Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014),   en las 1045 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, se han dictado  247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y 30, absolutorias.

El truco de la media prescripción

En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007, la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o algunos de los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que el Ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias para posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos recientes.

La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo  “La jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (Revista del Magister y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de “proporcionalidad y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos, claramente contrarios al derecho internacional.

Están libres los criminales responsables de los secuestros  del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el  interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sentencias a más de 10 años

Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de  estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor  que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue como  el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas. Fue un día de júbilo para Chile y el mundo.   

Otra sentencia de trascendencia internacional  fue la emitida a fines de 2014 por  el  secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en 2011 en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta condena en el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una instancia de comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años,  con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales www.cels.org.ar .

Méritos de Contreras y Krassnoff

Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, y Carlos Künsemüller  en el fallo por el secuestro de Jaime Robotham Bravo, emitida en 2011,  “condenando” a 5 años presidio menor (es decir en libertad) a Manuel Contreras, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216  sobre Medidas Alternativas a las penas)“precisamente en mérito de los antecedentes personales consignados por sus defensas, tomando en consideración el largo tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos punibles, como asimismo el mérito que emana de los antecedentes...se les concede la libertad vigilada....por un lapso similar al de la pena principal sufrida por cada uno de ellos.”

La escuela del ministro Solís

Para el Colectivo 119 es destacable  el trabajo del ministro Alejandro Solís que hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados, incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de derechos humanos, así como testimonios y contexto. Por esa senda caminan ahora los ministros Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación Colombo, el ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015 y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos dictó 11 sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de primera instancia sumando las de otros ministros.

La espera sin fin

De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 13 casos aún no se adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario, o bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel,  Jorge Antonio Herrera Cofré; del joven militante del MIR de Lautaro,  Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni  del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza,   el joven estudiante de la USACH de quien el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en Naciones Unidas: “No tiene existencia legal”.

Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán,  ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina, y rugbista y para el estudiante de sociología  Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración  y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura,  sin que en su conjunto los tribunales actúen consecuentemente.

 

La Operación Colombo y 119 de Nosotros

En julio recordamos especialmente a los caídos en la Operación Colombo. Me impactó saber, a través de la Casa de Miguel, que Angel Guerrero, el compañero que fue finalmente identificado y sepultado el domingo pasado, es el PRIMER detenido desaparecido del MIR cuyos restos son identificados, entregados a su familia, y honrados por sus compañeros y compañeras. ¿Cuántos meses de julio más pasarán hasta que podamos reencontrarnos con los 119? Pero eso en rigor no es tan así. Yo los veo a cada rato, a ellos y a tod@s los caídos, en las luchas de los jóvenes de hoy.

Este video es del lanzamiento del libro "119 de Nosotros" (LOM, 2005) de Lucía Sepúlveda Ruiz, en el Teatro Camilo Henríquez del Círculo de Periodistas, el 26 de septiembre de 2005.
La obra narra las historias de vida de los y las desaparecidos que integraron la llamada Lista de los 119, montaje que la DINA cifró como Operación Colombo.

Entrando y saliendo del Museo de la Memoria con los 119

(foto de Pablo Andrés López Romero, de Umbral TV).




El 25 de julio, en el Museo de la Memoria, nos reencontramos con los 119, a 36 años de la desaparición de estos chilenos y chilenas por la DINA. Gracias a la lucha de sus familiares y amigos de hoy y ayer, organizados en el Colectivo 119 y en Londres 38, justo a la entrada del imponente edificio lleno de cristales y altas techumbres estaban como dándonos la bienvenida Ariel Salinas, (ex dirigente de la FEC de Concepción de los años 70) y Carmen Bueno, actriz, junto a María Angélica Andreoli, estudiante universitaria. Ariel seguro ya está enterado del montaje policial contra Recaredo Gálvez, el dirigente actual de la FEC que los pacos acusaron impunemente como homicida y que la Corte de Apelaciones liberó después.

Los tres forman parte de la lista de 119 chilenos y chilenas desaparecidos en la Operación Colombo, la mayoría muy jóvenes luchadores sociales de la resistencia al régimen de Pinochet en sus más feroces años: 1974 y 75. La instalación que representa a nuestros compañeros y compañeras detenidas en la Operación Colombo permanecerá durante agosto y septiembre en el Museo de la Memoria.

A ellos los instaló la DINA en un montaje mediático armado con el fin de amedrentar y desconcertar a los familiares de los desaparecidos y a los organismos de derechos humanos. Buscaban encubrir los secuestros presentándolos como hechos delictuales ocurridos en el extranjero (“Los miristas se matan entre sí” decían algunos titulares), y desprestigiar la lucha de resistencia. Contaron para ello con la complicidad de La Segunda y toda la cadena de El Mercurio, la tv y la prensa oficial.

Justo frente a las siluetas gigantes de Ariel Salinas y Carmen Bueno - asumiendo que muchos y muchas jóvenes de hoy ni siquiera saben que existió el horror de esos días - se exponen en el Museo fotos de los memoriales contra el olvido: majestuosos o pequeños, simbólicos o tradicionales, grandes estructuras o pequeñas placas que se han erigido a lo largo de Chile por las organizaciones y familiares junto a quienes nos negamos al olvido y cultivamos la semilla de la justicia y la verdad. Ahí están por ejemplo el memorial del Liceo Manuel de Salas (cinco de los 119 habían sido alumnos de ese liceo experimental de Santiago) o el de la Escuela de Economía (en la Lista de los 119 había varios alumnos de esa escuela de la Universidad de Chile).

Memoria y acción
Antes de entrar al Museo hubo en el auditórium anexo, un taller de memoria/acción en que se buscaba unir presente y pasado, sacar lecciones de la (escasa) justicia lograda y de la (inmensa) injusticia pendiente. Allí se habló de vincular las luchas y demandas sociales, y todos saludaron las masivas movilizaciones, acordando también presionar para que en el Senado se vote una iniciativa que impida que la impunidad siga avanzando, ahora por la vía de posibles indultos gubernamentales.

Magdalena Navarrete, dirigente del Colectivo 119 y de la AFDD línea fundadora, madre de Sergio Reyes, estudiante de Economía, con voz entrecortada por la emoción reiteró al inaugurar la muestra, que su organización comparte las demandas de los jóvenes de hoy y que en ellas ven renacer la esperanza de sus hijos. Ellos, los 119 también están en la calle, en las tomas y en las marchas estudiantiles y ciudadanas exigiendo educación pública, expresaba Roberto D’Orival, hermano de Jorge D’Orival, veterinario cuyo nombre también figuró en la Lista de los 119. El Museo rindió un homenaje especial al arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Francisco Aedo, también desaparecido en la Operación Colombo.

El ambiente era un poco surrealista porque desde el piso de arriba, llegaban los ecos apagados de consignas y cánticos de los años 70, que forman parte de la banda sonora de algunos de los videos exhibidos allí para recrear el ambiente de esos años.

Más abajo, esa noche, estaba iluminada la silueta del activista que impulsaba los consejos comunales campesinos en Linares, Juan Molina, al lado de Pedro Merino, el sastre y dirigente de las Juventudes Comunistas cuyo caso es uno de los pocos que este año avanzó en tribunales con una sentencia de primera instancia para los criminales. También en ese grupo estaba Luis Guajardo, el ciclista y activista mirista en Pudahuel, entonces llamado "Barrancas". Los estudiantes Bárbara Uribe y Erick Van Yurik estaban juntos, como siempre, mirándose... una pareja hermosa. Casi a la bajada de la escala se ubicó Antonio Cabezas, ex interventor de la textil Comandari. Era una larga tarea la de saludar a los sobrevivientes, a los familiares, y a los que partieron. Así me encontré con Cecilia Radrigán cuando ella ya partía y cuando comenté que no podía evitar emocionarme, me confesó que ella sentía que la estaban mirando, que todo el tiempo sintió eso cerca de donde estaba parada la silueta de su hermano, Osvaldo Radrigán. Por ahí andaba también Mario Calderón, el periodista de Valparaíso. Y cuando finalmente ya entrada la noche salí del museo hacia el metro Matucana, allí me despidió en ese pasillo Leopoldo Muñoz Andrade, de Lo Valledor, fuera de la instalación, como diciéndome que estaban ahí pero en realidad preferían estar afuera…

Esas siluetas maravillosas las hizo un artista, el pintor y escultor José Rodríguez, a partir de los retratos de estos luchadores sociales, junto a un potente equipo de familiares, amigos y estudiantes que trabajaron en el local de la FECH el año 2005 y las pasearon desde Londres 38 hasta la misma Moneda, donde se instalaron cuando se cumplían 30 años de la desaparición. Ahora las restauraron para este nuevo aniversario.

La prensa y los montajes
En el acto de la prensa hubo alusiones a la prensa actual en Chile, solo para constatar que es la misma de ayer: fabricante/cómplice de montajes, urdidora de mentiras, vendiendo un país de fantasía y cómplice de los dueños del poder en Chile. ¡Cincuenta años cumplió esta misma semana el vespertino La Segunda, sin jamás pedir perdón por su rol en esta macabra operación de la DINAy su titular: “Exterminados como ratones”! El Colegio de Periodistas sí lo hizo en 2007, como resultado de un juicio ético que llevó a cabo a solicitud del Colectivo 119, bajo la presidencia de Alejandro Guillier.

Pero también estaba en el Museo de la Memoria la prensa popular, muchas cámaras de corresponsales independientes, un equipo de Umbral Tv de la Villa Francia (de donde eran José Villagra, Enrique Toro, y Eduardo Lara). Pablo, hijo de José Villagra, director del periódico virtual www.elirreverente.cl, trabaja también en un documental sobre montajes de los medios de comunicación. Allí también se hicieron presente audiovisualistas de Londres 38, varios medios barriales y virtuales, tesistas que indagan en la memoria y otros. Lo nuevo con lo viejo, el ying y el yang, el dolor con la esperanza, sobrevivientes y jóvenes que pisan esas calles nuevamente,
marchando por la Alameda.

Los criminales
Según un informe de la Universidad Diego Portales (Balance de Causas DDHH en Chile, Observatorio de DDHH, julio 2011) divulgado en el Taller Memoria/Acción, de los 87 casos de la Operación Colombo en que hay causa judicial abierta, se han logrado 19 condenas definitivas (lo que implica un 21,8% de los casos investigados), pero la mayoría de las causas (59) apenas están en etapa de sumario. Hay 4 condenas de primera instancia, y 1 condena emitida por la Corte de Apelaciones. Y en muchos casos ni siquiera hay un juicio entablado.

Augusto Pinochet Ugarte, el máximo responsable de estos crímenes, sólo será juzgado por la historia ya que la complicidad de los tribunales chilenos le permitió finalmente eludir la acción judicial con su muerte. El propio dictador, Augusto Pinochet Ugarte, desaforado en 2006, estuvo encausado por la Operación Colombo, por resoluciones adoptadas por los Ministros de fuero Alejandro Solís y por Victor Montiglio, el juez recientemente fallecido que procesó a 98 agentes partícipes en estos crímenes. Pero los procesamientos no siempre culminan en una sentencia. La muerte llegó antes para el ex dictador, frustrando las expectativas de justicia de los chilenos que luchan contra la impunidad.
Hay consenso que los avances en materia de justicia se han logrado por la lucha de los familiares y organizaciones secundados por los abogados de derechos humanos, y que en cambio no ha habido voluntad política de los sucesivos gobiernos de la Concertación de hacer justicia. Una muestra de ello es que nunca se logró derogar el decreto ley de amnistía y por el contrario, en varias oportunidades gobiernos intentaron que el congreso aprobara leyes de punto final.

Más de 68 de los procesamientos dictados desde 2005 en estos casos, son para Manuel Contreras, el ex director de la DINA, la policía secreta de Pinochet que tuvo ese nombre en los primeros años de dictadura y fue reemplazada luego por la CNI. En las 84 sentencias judiciales que se han dictado hasta ahora, según el informe citado, han sido declarados culpables de 14 de estas desapariciones el ex Director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, (ex jefe de la Brigada Halcón de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi). Por estas y otras causas, Contreras tiene más de 239 años de cárcel confirmados. En 9 casos fue hallado culpable el suboficial Basclay Zapata Reyes (Brigada Halcón), en tanto que Pedro Espinoza Bravo (ex jefe de la DINA) recibió 7 sentencias de culpabilidad. Antes de su muerte, Osvaldo Romo (Brigada Halcón) fue condenado en 4 casos, en tanto que 3 sentencias en su contra acumulan los criminales Francisco Ferrer Lima (Ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército), Palmira Guzmán (jefa de la plana mayor de la Villa Grimaldi), Rodolfo Wenderoth Pozo (Brigada Mulchén y Villa Grimaldi). Raúl Iturriaga Neumann (jefe de la sección exterior de la DINA) y Fernando Laureani (jefe de la brigada Vampiro) han sido condenados por 2 de los 87 casos tardíamente investigados por los tribunales chilenos. Gerardo Godoy (Brigada Tucán) fue condenado por una desaparición, al igual que Fernando Gómez Segovia, Jefe de la Brigada Sur (Chillán) de la DINA. También en ocasiones la Corte Suprema ha aplicado la amnistía. En enero de 2009, la Corte Suprema absolvió a los criminales de la DINA identificados como autores de la desaparición de la estudiante de servicio social Jacqueline Binfa, una de las compañeras desaparecidas en la Operación Colombo. El alto tribunal absolvió de toda responsabilidad penal a la cúpula del servicio secreto de la dictadura pinochetista por el secuestro calificado de la universitaria, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida el 27 de agosto de 1974, en Santiago.

En total por todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, hay en Chile 1446 causas activas tanto por ejecuciones, como por desapariciones, torturas y exhumación ilegal. 546 represores están procesados o condenados sin sentencia definitiva, 159 criminales fueron condenados pero gracias a la Corte Suprema y su teoría de aplicación de la “media prescripción” (rebaja de penas) lo hacen sin pasar un día en prisión. El estudio de la UDP no menciona los casos de aplicación de amnistía por desapariciones, que han ocurrido cuando la composición de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema integra a determinados ministros partidarios de la impunidad total.
Discriminación judicial
Es así como culpables de delitos de lesa humanidad, juzgados de acuerdo a las leyes penales antiguas salen a la calle, o cumplen penas irrisorias (firmar en un registro) sin control alguno, mientras la nueva justicia penal chilena condena, por ejemplo, a penas de más de 20 años de cárcel al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul, y a 15 años a otros luchadores sociales que han actuado en la recuperación del territorio ancestral de su pueblo y no son responsables de ningún hecho de sangre. Asimismo, la justicia militar deja sin castigo hasta ahora a los asesinos de jóvenes mapuche asesinados por la espalda en recuperaciones de tierra.
Sólo 66 de estos autores de crímenes de lesa humanidad en Chile bajo dictadura, están cumpliendo sus penas en la cárcel. Por supuesto la mayoría son ex oficiales y cuentan con todas las comodidades en cárceles especiales de Punta Peuco y el Regimiento de Telecomunicaciones.

Las sentencias definitivas que significaron justicia, aunque tardía (desde 2005 en adelante), son las del secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; los estudiantes de ingeniería Luis Guajardo y Julio Fidel Flores Pérez (en 2009); y el estudiante de filosofía, Jorge Espinosa Méndez, todos ellos militantes del MIR. También hubo sentencia del máximo tribunal en el caso del estudiante secundario Mario Carrasco Díaz, socialista. Por la desaparición de Espinosa el único sentenciado, sin embargo, es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión. Entre las sentencias a firme más recientes dictadas por la Corte Suprema está la dictada en julio de 2009 por la desaparición del veterinario Jorge D’Orival, confirmándose las condenas a la cúpula de la DINA.
Justicia en Francia
El 17 de diciembre de 2009, el Tribunal Criminal de París condenó en ausencia a 14 militares chilenos por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses durante el gobierno militar. Entre ellos está Alfonso Chanfreau –cuyo nombre figuró en la Lista de los 119- junto a Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet-Fernández, desaparecidos en otras circunstancias. El juez Hervé Stephan condenó a presidio perpetuo a Manuel Contreras y a su segundo en la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza. Herman Brady, ex ministro de Defensa de Pinochet fue condenado a 30 años de cárcel, al igual que Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko. Esta la única condena que recibió Brady, procesado por la desaparición de 12 asesores del presidente Allende, antes de morir en el Hospital Militar en mayo de este año.


Más información sobre quiénes eran los 119, en mi libro "119 de nosotros" (LOM 2005).

En Londres 38, a 35 años de la Lista de los 119

Esta tarde, a las 18.30 nos vemos para conmemorar los 34 años de la publicación de la Lista de los 119, el infame montaje mediático hecho por la DINA para encubrir la desaparición de estos compañeros.
Ahora Londres 38 será un recinto de memoria gestionado por todos los colectivos que lucharon por rescatar el lugar de manos de los herederos de la dictadura.

Para los que no sepan del tema, pueden informarse leyendo "119 de nosotros" (editorial Lom, 2005), es una investigación que hice sobre los blancos de la DINA en 1974 y 1975, que busca rescatar del olvido a esos hombres y mujeres y reconstruir la historia del primer período de la lucha de resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet, presentando a estos 119 protagonistas.
La obra está dedicada a los hijos de los caídos, a los jóvenes de hoy, a todos los que dejaron su vida en la resistencia, y a los ex presos políticos por su contribución a la memoria y a la justicia.

La autora, periodista (Universidad de Chile), trabaja en la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAP-AL) y colabora en Punto Final y en medios electrónicos como Rebelión, Clarín, PiensaChile y Mapuexpress. Publicó anteriormente obras relacionadas con temas medio ambientales y formó parte del equipo redactor de "Morir es la Noticia", sobre los periodistas asesinados en dictadura.


En portada del libro que hice en 2005 (con LOM),la imagen es de Bárbara Uribe, cuando frente a La Moneda, ese año instalamos pancartas gigantes que representaban los cuerpos de los desaparecidos.

Había 18 mujeres entre los 119 desaparecidos:
María Inés Alvarado Borgel secretaria, ex alumna del Manuel de Salas; María Angélica Andreoli Bravo, estudiante de nutrición; Jacqueline del Carmen Binfa Contreras, trabajo social; Carmen Bueno Cifuentes, actriz; María Teresa Bustillos Cereceda, trabajo social; Sonia Bustos Reyes, funcionaria de Investigaciones: Cecilia Castro Salvadores, estudiante de derecho; Muriel Dockendorff Navarrete, estudiante de economía; Jacqueline Drouilly Yurich, estudiante trabajo social; M.Teresa Eltit Contreras, estudiante de secretariado; María Elena González Inostroza, profesora; María Isabel Joui Petersen, estudiante de economía; Violeta López Díaz, obrera de fábrica de cecinas; M.Cristina López Stewart, estudiante de historia, Eugenia Martínez Hernández, obrera textil; Marta Neira Muñoz, empleada particular; Patricia Peña Solari, concertista en piano; y Bárbara Uribe Tamblay ex alumna del Manuel de Salas.