El Partido Demócrata de California votará SI en propuesta por etiquetado de transgénicos

Anaheim.30 de Julio, por Anne Sewell  

El diario Digital Journal informó el 29 de julio que el Partido Demócrata de California anunció  su respaldo al “Sí” en la Propuesta 37 postulada por  la Campaña por el Derecho a Saber si nuestro alimento es transgénico. (La propuesta deberá votarse en las próximas elecciones que tendrán lugar en Noviembre 2012, Nota de la Traductora). El partido está de acuerdo con la arrolladora mayoría de norteamericanos que quieren ejercer el derecho a saber si lo que comen contiene transgénicos.

Después del respaldo dado el 25 de julio por la Mesa de Resoluciones del Partido Demócrata, que votó casi unánimemente para apoyar la medida, el Comité Ejecutivo la adoptó el Domingo 29 sin debate. A pesar de que había opositores a la propuesta, incluyendo a una docena de lobbyistas que estaban en la reunión, los líderes del partido escogieron estar en el lado correcto de la historia. En forma entusiasta se unieron al movimiento popular, demandando mayor transparencia en nuestro sistema alimentario, para que las familias y las personas pudieran adoptar decisiones informadas en cuanto al alimento que lleven a su mesa.

Christine Pelosi, Presidenta del Caucus de Mujeres del Partido Democráta de California y Co-Presidenta Honoraria del Consejo de Líderes de la Proposición 37 expresó:

“Como mamá, yo creo que todas las familias tienen derecho a saber qué hay en el alimento que damos a nuestros niños. Como amiga de los trabajadores, yo confío en los trabajadores rurales y en los trabajadores de la salud pública que apoyan el etiquetado de alimentos transgénicos. Por eso estoy orgullosa de unirme al movimiento de base por el Sí a la Propuesta 37."

Las buenas noticias también se dieron el 27 de Julio, cuando la campaña recibió tres importantes respaldos, con el apoyo de los 2,2 millones de miembros de la organización por la Legislación Laboral en California, y dos altos líderes en sus respectivos cuerpos legislativos: la senadora Barbara Boxer y el Senador Mark Leno. La congresista Maxine Waters también firmó en apoyo a la campaña.

Steve Smith, Director de comunicaciones de la Federación Sindical de California dijo: "Los trabajadores merecemos el derecho a saber qué contienen los alimentos que damos a nuestras familias. La proposición 37 es una medida de sentido común que asegura a nuestras familias poder hacer opciones informadas sobre el alimento que adquirimos. Estamos orgullosos de unirnos a millones de californianos en apoyo al derecho a saber qué contiene nuestro alimento”.

Las encuestas muestran casi unánime apoyo transversal al abanico político para el etiquetado de alimentos transgénicos. Nueve de cada diez votantes en Estados Unidos y California respaldan el etiquetado según recientes encuestas (ver Mellman 2012, CBS 2012 and Zogby 2012). Esto quiere decir que la mayoría de los norteamericanos afiliados a los dos partidos políticos importantes, sin importar de dónde, desean que se etiqueten los alimentos transgénicos.

Actualmente Estados Unidos está virtualmente solo, como uno de los pocos países industrializados que no etiqueta los productos transgénicos. Al menos 49 países que incluyen a toda Europa, Japón, China y Rusia entregan información a los consumidores de alimentos.

Ana Mascareñas, Directora de Política y Comunicaciones de Médicos por la Responsabilidad Social, de Los Angeles, declaró:

“Nosotros aconsejamos a la gente hacer este ejercicio y adoptar decisiones informadas sobre qué alimentos van a consumir, sin embargo se ha dejado a los californianos en la oscuridad sobre los alimentos transgénicos. No hay estudios de largo plazo de los efectos en la salud de estos alimentos. Tenemos derecho a saber con qué estamos alimentando a nuestras familias.”

Fuente: http://digitaljournal.com/article/329691

Traducción: Lucía Sepúlveda, de Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, para campaña Yo No Quiero Trangénicos en Chile.

Nota nuestra: Reenviar esta información a los parlamentarios chilenos para que se ubiquen. En Chile no hay etiquetado de transgénicos y un proyecto de etiquetado duerme el sueño del lobby en el Senado.

Senadora Rincón y diversas organizaciones demandan retiro de proyecto transgénicos y fin de urgencia al proyecto de obtentores vegetales

Santiago, 2 de abril de 2011. Flanqueada por miembros de organizaciones sociales y ambientales, la senadora Ximena Rincón entregó hoy una carta al Presidente Sebastián Piñera en La Moneda pidiéndole al gobierno que dé el tiempo necesario para desarrollar un debate a fondo de las iniciativas legales relacionadas con la introducción de los cultivos transgénicos y con sus impulsores, los llamados “obtentores vegetales”. En concreto, se le pide que retire la moción sustitutiva a la ley de transgénicos y quite urgencia a la tramitación del proyecto de obtentores.

Junto al senador Alejandro Navarro y a representantes de la Red Socio Ambiental de Valparaíso; la organización Tierra Nueva, de Limache; la Alianza por una Mejor Calidad de Vida RAP-Chile (OLCA y ANAMURI); Tierra Viva Agricultores Orgánicos; MODATIMA, y Chile sin Transgénicos, la senadora sostuvo que el proyecto de ley de transgénicos sólo beneficia a las corporaciones ligadas al negocio de la semilla y los plaguicidas. A su juicio, su aprobación tendría consecuencias tan trascendentes para la salud de las personas y la biodiversidad, que resulta impresentable legislar sobre ello sin darse el tiempo necesario para estudiarlo y debatir.

Al mismo tiempo, frente a la prensa, los senadores Navarro y Rincón recibieron el texto de la Moción pro Moratoria de Transgénicos aprobada por el Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo, realizado el 2 de abril en esa comuna. El alcalde Felipe Aylwin y más de 40 organizaciones campesinas, ambientales, de productores orgánicos de la región y del país que acudieron a la convocatoria del propio edil junto a la Asociación Gremial de Productores Orgánicos del BioBio, demandan de los parlamentarios la moratoria a los transgénicos que podrá ser revisada en cinco años. Esto, siempre que a en esa fecha se cuente con investigaciones independientes que prueben de manera fehaciente que los vegetales genéticamente modificados no generan impactos negativos de significación en la salud de las personas, en el ambiente y en la producción campesina convencional, agroecológica y orgánica. Y siempre que en ese plazo el Estado de Chile haya suscrito el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica.

Otra indicación plantea que los titulares de semilleros de VGMs para exportación, y los consorcios nacionales y transnacionales de investigación de carácter privado existentes en Chile deberán elaborar un plan de cierre y abandono de sus actividades empresariales y/o de investigación, respectivamente. Este plan deberá cumplir con medidas de bioseguridad, biomonitoreo y remediación de impactos de la contaminación transgénica, determinadas en un reglamento elaborado por un Grupo Especial de Trabajo conformado por un representante de los ministerios de Salud, Ambiente, y Agricultura, junto a tres representantes de organizaciones de la sociedad civil y tres académicos independientes.

Las características y plazos del plan de cierre y abandono se publicarán en el Diario Oficial y la web del Gobierno de Chile.

Finalmente la voluntad ciudadana expresada en el Cabildo demanda el etiquetado de alimentos transgénicos importados y el fin de las importaciones de ese tipo de alimentos por la JUNAEB, exigiendo que los alimentos para los comedores escolares provengan de países que no tengan cultivos transgénicos.

De esta manera, dos zonas del país envían una potente señal al poder ejecutivo y al Parlamento respecto de estos proyectos. La carta que la senadora Rincón entregó en representación de los grupos ciudadanos que hoy la acompañaron en la manifestación insiste en el derecho a saber, considerando imposible que en los plazos definidos la ciudadanía y los parlamentarios se informen adecuadamente de todas las implicancias de la indicación sustitutiva presentada recientemente por el gobierno al proyecto de bioseguridad y del proyecto de obtentores vegetales, que tiene 30 días para su discusión.

La senadora expresa que no desea que Chile “entre al tristemente célebre grupo de no más de 30 países en el mundo que hoy se lamentan de los daños producidos por los transgénicos en sus tierras y buscan desesperadamente que sus autoridades pongan freno a esta catastrófica situación.”

Más adelante cita a Olivier De Schutter, relator de la ONU que advirtió recientemente: “El gran problema de los transgénicos es la fuerte dependencia económica (de los pequeños productores) y el hecho de que el poder esté concentrado en una multinacional”.

Desde el punto de vista ambiental y de la exposición a plaguicidas, agrega la carta: “Quisiéramos poner en su conocimiento, señor Presidente, que en la vecina República de Argentina y en conjunto con Estados Unidos se produce el 84% de las semillas transgénicas sembradas, pero con más herbicida (veneno) que el que nunca se había usado en ningún país del mundo: 165 millones de litros (330 mil tanques) por hectárea. Demás está decirle las consecuencias que estas sustancias tienen para la salud humana, situación que empeora por la alta resistencia a las plagas que se produce tras un tiempo de aplicación de agrotóxicos, lo que redunda en el uso en dosis cada vez mayores de plaguicidas casi en desuso por su extrema toxicidad, tales como 2,4 D y paraquat, como ha venido ocurriendo en Argentina los últimos años, además de herbicidas como el glifosato o insecticidas como el endosulfán (que ya ha sido prohibido en más de 70 países), entre muchos otros”.

La carta se refiere también a estadísticas oficiales del gobierno argentino respecto de que en los últimos diez años se ha registrado un aumento de 300% de malformaciones congénitas, 400% de abortos espontáneos y 300% de aumento en la aplicación de plaguicidas en las zonas agrícolas donde se cultivan transgénicos.

”Tampoco es casualidad que en el vecino país y tras la irrupción transgénica, se verifique una disminución de un 27% en la producción lechera (hoy importada desde Uruguay) y que se haya producido un fenómeno similar en la producción de arroz y carne. ¿Queremos para nuestro país el mismo mal negocio que hizo el Estado argentino con los transgénicos?

”Respecto de los impactos en la salud derivados de la alimentación con transgénicos, estudios de científicos tales como los de Seralini (Universidad Caen, Francia), Alexander Surof (Instituto Surov de Ecología y Evolución de la Academia de Ciencias Rusa) y los efectuados por la Asociación Nacional para la Seguridad Genética del Instituto de Ecología y Evolución, y la Asociación Americana de Medicina Ambiental de Estados Unidos, entre otras muchas investigaciones independientes, llaman a no consumir transgénicos y advierten de alteraciones que éstos han generado en ratas y cobayas, como: alteraciones del hígado, páncreas, sangre, riñón, aparato reproductivo, etc.

”Teniendo en cuenta los planteamientos aquí expuestos, sabiendo que no está comprobada la inocuidad de estos productos y amparados en el principio de precaución, es que solicitamos concurra a nuestros requerimientos. Esto es: que se retire la urgencia al proyecto de ley de obtentores vegetales para que se desarrolle un análisis detallado y serio, y que se suspenda la tramitación del proyecto de ley de vegetales genéticamente modificados, con el objeto de discutir como país y con el debido tiempo requerido las implicancias que este tipo de productos podrían generar en las futuras generaciones de chilenos y chilenas”.

Por Lucía Sepúlveda,
RAP-Chile

No más secreto sobre transgénicos ni amparo a Monsanto.

Histórico fallo de Consejo para la Transparencia

-Acogido recurso de RAP-Chile sobre derecho ciudadano a saber.

Santiago de Chile, 6 de julio de 2010.- María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP Chile valoró hoy la decisión del Consejo para la Transparencia que resolvió por unanimidad el 25 de junio acoger el amparo (Rol A59-09) interpuesto por ella hace un año contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). “Esta es una decisión trascendente, que sienta jurisprudencia y alienta la participación social en el debate sobre el problema de los transgénicos, instruyendo al SAG a entregar en 15 días hábiles la información sobre la ubicación exacta y el nombre del propietario y/o entidad responsable autorizados para cultivar y acopiar semilla transgénica, que para el Consejo es de información pública y no secreta como alegaban el SAG y Monsanto a nombre de las transnacionales.”

Para la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP-Chile este fallo se da en un momento de claras señales sobre decisiones del gobierno tendientes a extender las siembras transgénicas al ámbito del mercado interno, lo que afectaría la biodiversidad, la salud de los chilenos (investigaciones asocian los transgénicos a problemas crónicos como tumores, aumento de infertilidad y otros); los intereses de todos los productores agrícolas – convencionales y orgánicos- y los derechos de los consumidores. Los transgénicos resistentes a plaguicidas, van asociados a un mayor uso de agroquímicos como glifosato, lo que está comprobado ampliamente en Argentina y otros países del mundo. Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales sostuvo: “Esta es una contribución que hacemos las organizaciones ciudadanas respecto al derecho saber. Este fallo histórico rompe 20 años de secretismo y de política de hechos consumados y alienta la participación informada de la ciudadanía en este debate hasta ahora restringido a niveles de parlamentarios, gobierno y de científicos comprometidos con las trasnacionales agroquímicas exportadoras de semilla transgénica. ” Consultados sobre qué harían con la información, los patrocinantes del amparo llamaron a las organizaciones de productores agrícolas a ejercer local y regionalmente su derecho de protegerse del riesgo de contaminación genética por transgénicos. Convocaron asimismo a los agricultores, las organizaciones sociales y ambientales, y a los parlamentarios a defender la semilla nativa, exigir la moratoria a la introducción de transgénicos en el mercado y la fiscalización de los cultivos de exportación ya existentes.

El recurso de amparo por denegación de información se presentó el 4 junio de 2009, primer día de vigencia de la Ley de Transparencia. Al cabo de una larga y acuciosa investigación del Consejo para la Transparencia, su resolución –de 30 páginas de extensión- fue notificada a RAP-Chile (con fecha 25 de junio de 2010), al SAG y a Monsanto, entre otras empresas que intervinieron como terceros opuestos a la entrega de información. Los descargos empresariales sumaban aproximadamente 20.000 fojas.

Presunciones infundadas contra ANAMURI
Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI afirmó que las asalariadas del campo sufren en terreno las consecuencias de las prácticas abusivas de Monsanto y por ello continuarán en su lucha en favor de la vida. Francisca Rodríguez, encargada internacional de ANAMURI desestimó las acusaciones hechas por Monsanto sobre acciones vandálicas y reivindicó su pertenencia a Vía Campesina, organización que tiene un camino opuesto al de las transnacionales. “Ellos saben ahora que no pueden actuar con impunidad; somos un ojo vigilante, una pesadilla para ellos y una esperanza para la humanidad”. Así respondió a Monsanto que presentó al Consejo recortes de prensa internacional sobre atentados a plantaciones y laboratorios de semillas transgénicas. La agroquímica argumentó que ANAMURI solidarizó con las mujeres de Vía Campesina en Brasil que ocuparon una hacienda perteneciente a una papelera multinacional (Stora Enso). Por tanto, presume que al conocer ANAMURI la ubicación de sus cultivos transgénicos, estos serán objeto de actos violentos. El Consejo consideró que ese es un riesgo remoto porque hasta ahora nadie ha reportado en Chile ninguna acción violenta contra cultivos transgénicos. Agrega la resolución: “Además debe reprocharse la presunción que hacen los terceros respecto de uno de los patrocinantes del amparo (ANAMURI), que ha declarado solidaridad con otros grupos que en el extranjero han cometido hechos ilícitos. Éstos no se han cometido en Chile y no puede fundamentarse la preocupación de los terceros en una declaración de principios que no se ha materializado”, concluyendo que es tarea de las fuerzas policiales impedirlo.
Camila Montecinos, de GRAIN expresó: “Monsanto debe explicar a qué se refiere cuando argumenta que dar a conocer la ubicación de los cultivos transgénicos tendría efectos en la salud. Nosotros sabemos que entre otros, los farmacultivos de Bayer y Monsanto son drogas que presentan un gran riesgo para la salud, generando posibles procesos de contaminación de la producción agrícola alimentaria con genes tóxicos.”

El Consejo sostuvo en los fundamentos de la resolución: “…mantener en reserva la ubicación de los lugares de cultivos transgénicos, no suministrará beneficios o ventajas.... Al contrario la publicidad de la información –dentro de un tema tan relevante como el medioambiental– proveerá, en opinión de este Consejo, un mayor beneficio para la sociedad y para el debate y la opinión pública”. Cita asimismo similar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Corte Europea (febrero de 2009). En sus conclusiones, el Consejo para la Transparencia “declara que dicha información es pública y que, habiéndose rechazado todas las causales de secreto o reserva legales invocadas en el procedimiento, se procederá a acoger el amparo en esta parte. A mayor abundamiento, debe señalarse que el conocimiento de la información requerida permite el control social del procedimiento que utiliza el SAG para la internación y liberación en nuestro país de los OVM, así como para su fiscalización, existiendo un alto beneficio al revelar dicha información. En efecto, esto permitirá que el debate público sobre los transgénicos en Chile cuente con una mayor participación social. “

Carácter público de la información
Los fundamentos del fallo rechazan la argumentación empresarial que consideraba esta información como privada. La transnacional Monsanto, que concentra la producción y venta de semillas a nivel mundial, sostenía además que divulgar esta información afectaba la seguridad, la salud, los derechos comerciales, económicos y de propiedad industrial de sus empresas. María Elena Rozas agregó que el fallo ha sido acogido como un gran logro, entre otras por organizaciones como la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Chiloé (Chiloé Orgánico) y la Red de Asociaciones de Consumidores Sur/Austral (Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé). Al encuentro con la prensa se sumó Osvaldo Zúñiga, dirigente de la central campesina Ranquil, afiliada a Vía Campesina. Zúñiga dijo que se oponen a la introducción de los transgénicos porque “se abre una cadena de contaminación que no para y continúa a través del aire. No confiamos en que se adopten los cuidados necesarios, este tipo de agricultura va en contra de la agricultura familiar, nosotros pedimos al Estado que apueste a favor de nosotros y nos apoye efectivamente”.
Al otorgar el carácter de información pública a la información solicitada, el Consejo explica: “Se trata de un fundamento o documento que le sirve de sustento o complemento directo y esencial al acto administrativo de la autoridad. Por lo tanto, se estima que la información requerida sobre la ubicación exacta y el responsable de los cultivos y el acopio de semillas genéticamente modificadas es pública, en conformidad con el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución y el artículo 5° de la Ley de Transparencia”.

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile), integrada por:

Asociación Nacional de Mujeres Indígenas (ANAMURI)
Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Contacto
María Elena Rozas aplagui@rdc.cl, fono 02/ 3416742