Indignación global por plan de FAO de aliarse con CropLife Int. = Bayer/Monsanto, Syngenta y otras

Hoy 19 de noviembre, cientos de organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas interpelaron a esta agencia de las Naciones Unidas, demandando que renuncie a su alianza anunciada con Crop Life International. 350 organizaciones de 63 países que representan a cientos de miles de agricultores, pescadores, trabajadores agrícolas y otras comunidades, así como instituciones de derechos humanos, religiosas, de justicia ambiental y económica, entregaron una carta al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Qu Dongyu instándole a detener los planes anunciados recientemente para profundizar la colaboración con CropLife International.

CropLife es una asociación comercial internacional que representa los intereses de las empresas productoras y promotoras de los plaguicidas, incluyendo aquellos que son altamente peligrosos (PAP o HHPs por su nombre en inglés). Según la carta, los PAP “son responsables por un amplio rango de devastadores daños a la salud de agricultores, trabajadores rurales y familias campesinas de todo el mundo” y estas sustancias químicas han “diezmado las poblaciones de polinizadores y también están causando estragos a la diversidad y los frágiles ecosistemas”.

“Esta alianza propuesta es profundamente inapropiada y sabotea directamente los objetivos de FAO de apoyar sistemas alimentarios que sean saludables, resilientes y productivos al tiempo que se salvaguarda la sostenibilidad del medio ambiente”, dice Sarojeni Rengam, directora de Pesticide Action Network (PAN) Asia Pacífico. “El propósito de CropLife, por otro lado, es abogar por el uso continuo de los plaguicidas que venden sus miembros. Estas soluciones químicas peligrosas y anticuadas plantean obstáculos mortales para la transición que se necesita con urgencia hacia enfoques innovadores e intensivos en conocimientos ecológicos para la agricultura “.La Sra. Rengam entregó la carta hoy en nombre de PAN International, otras diez organizaciones y redes copatrocinadoras y cientos de signatarios.

La carta destaca un análisis reciente de los archivos de la industria el cual establece que sus compañías miembros: CropLife, Basf, Bayer Crop Science, Corteva Agriscience, FMC y Syngenta, generan más de un tercio de sus ingresos vía las ventas de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), que son los plaguicidas más dañinos para la salud de los seres humanos y el ambiente. La proporción de ventas de PAP es aún más alta en los países en desarrollo, según denuncia la carta, lo que no ocurre en aquellos países cuyas regulaciones de seguridad son a menudo menos robustas y los daños a la salud de seres humanos y el ambiente son mayores.

“Muchos de nuestros niños yaquis han muerto y sufrido discapacidades de por vida por la exposición a plaguicidas tóxicos que fueron prohibidos por los países que los exportaron para ser utilizados en nuestros territorios”, dijo Mariano Ochoa Millán, ex miembro de la Junta del Consejo Internacional de Tratados Indios de Rio Yaqui Sonora, México. Millán, quien falleció por COVID-19 el 31 de agosto, hizo esta declaración en respuesta a la declaración del 9 de julio de 2020 del Relator Especial de la ONU sobre Tóxicos en la que pedía a las naciones ricas que detuvieran la práctica de exportar pesticidas prohibidos. Muchas de las empresas miembros de CropLife son firmes defensores de esta práctica.

La carta tuvo el patrocinio conjunto de una importante cantidad de organizaciones internacionales y redes globales de amplia base: La Alianza Africana por la Soberanía Alimentaria, (Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA), el Centro por una Legislación Ambiental Internacional (Center for International Environmental Law,CIEL); FIAN Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, Friends of the Earth International), el Instituto para Políticas de Agricultura y Comercio (Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP), el Consejo Internacional de Tratados Indios (International Indian Treaty Council, IITC), la Red Internacional por la Eliminación de Contaminantes International (Pollutants Elimination Network IPEN), Asociaciones Internacionales de Sindicatos de Alimentación, trabajadores rurales, de la hotelería, restoranes, catering, tabaco y sindicatos unidos (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations IUF), la Red de Acción en Plaguicidas Internacional, (Pesticide Action Network PAN), Ojo Público Internacional (International, Public Eye) y Red del Tercer Mundo (Third World Network).

Marcia Ishii, científica senior de PAN Norteamérica, explicó las serias implicaciones de la colaboración propuesta: “La decisión de la FAO de iniciar una asociación formal con CropLife es una mala noticia para los millones de agricultores cuya salud y sustento han sido devastados por los plaguicidas altamente peligrosos fabricados por empresas miembro de CropLife.”

Desafortunadamente, desde la llegada del Sr. Qu a la FAO, la institución parece estar abriéndose a una colaboración más profunda con las empresas de plaguicidas, que probablemente explotarán esa relación para hacer un lavado de imagen, influir en el desarrollo de políticas y mejorar el acceso a los mercados mundiales. No es de extrañar que la Directora General Adjunta recientemente nombrada por la FAO, Beth Bechdol, llegue a la FAO con un historial de estrechos vínculos financieros con Corteva (anteriormente Dow / DuPont), un miembro de Croplife con sede en el estado natal de Bechdol, Indiana, EE. UU.

Un grupo internacional de 286 científicos e investigadores también están expresando su preocupación por la alianza anunciada, entregando una carta al Director General Q hoy, e instándole a no profundizar la colaboración con CropLife.

Shiney Varghese, analista senior de políticas del Instituto de Política Agrícola y Comercial, señala que, si bien la FAO dice que quiere minimizar los daños de los plaguicidas en todo el mundo, los miembros de CropLife obtuvieron más de un tercio de sus ingresos de la venta de plaguicidas altamente peligrosos en 2018. “En el contexto de esta asociación propuesta entre la FAO y CropLife, lo que es aún más importante es que muchas de esas ventas se realizaron a agricultores de países de ingresos bajos y medios como Brasil, India y Tailandia, mientras que solo el 27 por ciento se realizaron en países de ingresos altos. No es sorprendente que CropLife International quiera tener una asociación, pero ¿por qué la FAO querría poner en riesgo a estos países de ingresos bajos y medianos? “

“Necesitamos una FAO fuerte, independiente de la industria de plaguicidas y libre de los intereses de mercado de las corporaciones globales, comprometida con alimentos seguros y saludables y sistemas agrícolas sostenibles para el beneficio de todas las personas”, dice Susan Haffmans de PAN Alemania. Con este compromiso con la agroecología, la FAO se ha embarcado en este camino sustentable. La FAO no debe poner en peligro sus éxitos en agroecología ni su integridad cooperando precisamente con esa rama de la industria que es responsable de la producción de plaguicidas altamente peligrosos y cuyos productos contribuyen a envenenar a las personas y su entorno en todo el mundo “.

“En América Latina, necesitamos políticas que apoyen la eliminación gradual de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y la ampliación de la agroecología. La asociación propuesta entre la FAO y CropLife socavaría este objetivo “, dijo Fernando Bejarano, coordinador de la Oficina de IPEN para América Latina y el Caribe, quien ha supervisado varios informes sobre la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en países de la región.

Cabildo de Chillán Viejo demandó moratoria a los transgénicos

- Alcalde comunal selló alianza con campesinos, consumidores, vecinos y ambientalistas

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

El Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo, presidido por el Alcalde de la comuna, Felipe Aylwin y el presidente de BioBio Orgánico, Guillermo Riveros, acordó el sábado 2 de abril demandar a los parlamentarios asumir nuevas indicaciones al proyecto de ley sobre transgénicos que se tramita en el Senado (Moción de Bioseguridad), ahora referidas a una moratoria total a la introducción de los transgénicos en Chile, y al etiquetado de los alimentos transgénicos importados. Al mismo tiempo, la propuesta paralela del cabildo a este planteamiento de rechazo a las indicaciones del gobierno que buscan legalizar esos cultivos – desde electores de una zona netamente campesina con la mayor producción orgánica y agroecológica del país - es fortalecer desde todos los ámbitos y quehaceres, el desarrollo de la agricultura orgánica y agroecológica para lograr la soberanía alimentaria, asegurar el derecho de los productores a escoger sus cultivos, preservar el libre acceso a la semilla, y garantizar a los consumidores la opción de comer alimentos sanos, culturalmente apropiados, y libres de plaguicidas y transgénicos.


Representantes de sindicatos campesinos, productores(as) orgánicos, biodinámicos, de la permacultura; organizaciones de consumidores y comercio justo; profesionales de la salud, apicultores, dueñas de casa, periodistas, portuarios, profesores, maestras de yoga, estudiantes y ambientalistas; jóvenes y adultos mayores, acordaron hacer presente estos acuerdos a los legisladores de la zona y en especial a la senadora Ximena Rincón, de la vecina región del Maule. El lunes 4 de abril – último día en que se pueden presentar indicaciones a esta ley en el senado – la senadora entregará en La Moneda un petitorio junto a miembros de la sociedad civil convocados por el mismo tema. Entre las indicaciones que el Cabildo pide incluir para sustituir las indicaciones del gobierno, está solicitar que los términos de referencia de las licitaciones públicas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB incluyan como requisito el origen no transgénico de los alimentos o la procedencia de países donde esos cultivos no estén autorizados. Ello sería coherente- se comentaba en los pasillos- con la campaña nacional que desarrolla el gobierno por alimentos sanos publicitada en la televisión, ya que actualmente la dieta de escolares incluye soya transgénica importada de Argentina y no se ha logrado nunca que una municipalidad acepte abastecerse al menos parcialmente con productos locales producidos en forma sana. En el cabildo se denunció la actuación del alcalde de El Carmen que ha negado esa posibilidad. Se mencionaba que en países como Bolivia, Ecuador o Venezuela la agricultura orgánica cuenta con apoyo estatal que asegura alimentación sana para los menores abasteciendo a los comedores con esos productos.

Lo nuevo en Chillán Viejo
“Abro las puertas de Chillán Viejo para construir ese mundo, para refundar un nuevo país, en conjunto con ustedes desde esta comuna que es la cuna de la Patria, pero también la cuna de lo nuevo, de un mundo diferente que queremos para todos, en el cual se respete las semillas que Dios puso aquí, para lograr que lo natural siga existiendo”, expresó el alcalde Aylwin (independiente) al inaugurar el cabildo, mientras Guillermo Riveros abría el debate dando la bienvenida a todos y especialmente a los representantes de las federaciones Ñuble y Ranquil. Por primera vez se unían en un frente común los productores orgánicos y biodinámicos con los pequeños productores campesinos que practican la agroecología y defienden la soberanía alimentaria, hasta ahora ausentes en el incipiente debate sobre transgénicos.

En el cabildo sostuvo el edil chillanvejano: “Necesitamos la unión de todos para impedir el avance de los transgénicos, porque detrás de este proyecto sólo hay ambiciones personales para aumentar la exportación. A los grandes intereses económicos representados por las transnacionales, no les interesa cuidar nuestro patrimonio. Los que estamos aquí estamos tomando conciencia de los posibles efectos de esta tecnología, estamos haciéndonos más conscientes de lo que sucede con nuestras vidas, con nuestro cuerpo y con la sociedad por la forma que estamos viviendo y alimentándonos, que no se corresponde con el mandato de la naturaleza. Hoy estamos fijando una ruta para el futuro, para impedir que de los cultivos transgénicos se pase a la autorización de mutaciones genéticas para lograr la selección de personas, a partir de criterios como qué es o no hermoso y qué es lo mejor para hacer negocio. ”

Al mediodía el alcalde había compartido impresiones en la feria de productores orgánicos, donde degustó jugos de arándonos, compró vino orgánico para su señora y recibió de obsequio el libro “Chile: La Semilla Campesina en Peligro”, de Lucía Sepúlveda. Así los vecinos y las productoras agroecológicas del sector Rinconada de la comuna de El Carmen, de la Federación Campesina Ñuble, y miembros de la Unión comunal de Juntas de Vecinos de Chillán conocieron a un alcalde vegetariano y defensor de los derechos de los animales, que impulsa la plantación de árboles nativos en las calles y escuelas de su comuna y está dispuesto a convertir Chillán Viejo en una comuna agroecológica que apoye decididamente la producción limpia y se convierta en un referente para otras municipalidades del país.

Intervinieron en el cabildo ciudadanos provenientes, de diversas comunas de Ñuble, Linares, Concepción y Talcahuano así como representantes de redes y organizaciones que van desde las regiones de Valparaíso y Maule hasta el sur de Chile, luego de informarse sobre el proyecto de ley que el gobierno impulsa y cuyo debate se iniciaría esta semana en la Comisión de Agricultura del Senado. El debate se extendió al proyecto de ley de privatización de la semilla nativa –o Derechos de Obtentores Vegetales- también en discusión en el Senado. A las documentadas presentaciones relativas al impacto de los transgénicos en la agricultura campesina, a cargo de Gabriel Riveros (Federación Campesina Ñuble); en la apicultura, de Patricio Ortiz (CET Sur), y en el comercio, desarrollada por Héctor Ramírez (Gaia), siguió un análisis del proyecto del gobierno, las indicaciones sustitutivas a la Moción de Bioseguridad, presentado por Lucía Sepúlveda (Alianza por una Mejor Calidad de Vida).

El proyecto “express” del gobierno
El proyecto de gobierno fue descrito como una vía rápida o express para la aprobación de los transgénicos en medio de la desinformación ciudadana y sin garantías de protección a la biodiversidad, violando el derecho ciudadano a saber y beneficiando solamente a las autoras/beneficiarias del proyecto, las transnacionales productoras de semillas transgénicas (Monsanto, Syngenta y DuPont/Pioneer) y de plaguicidas que acompañan ese paquete tecnológico. La iniciativa deja las decisiones sobre autorizaciones (artículo 27) en manos del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, un servicio sin competencia ni capacidad instalada para una tarea nacional de esa complejidad y trascendencia. Incoherencias como el hecho de que la ley enuncie como objetivo (artículo 1) la regulación de los alimentos transgénicos y en cambio sólo contenga un etiquetado voluntario sujeto a sanciones para los alimentos no transgénicos (artículo 17), provocaron la hilaridad de la concurrencia.
La ley implícitamente respalda el criterio de la “equivalencia sustancial” de los alimentos transgénicos con los convencionales, una teoría añeja, sin respaldo científico, desechada en los países europeos con que Chile comercia, donde el etiquetado de los transgénicos es obligatorio. También se aludió al “Sí pero No”, para graficar que el articulado del proyecto sostiene que no habrá cultivos transgénicos en centros de origen de especies o en áreas protegidas, pero en las líneas siguientes habla de que el SAG sí podrá autorizarlos discrecionalmente en casos excepcionales; o que se suprima de la antigua Ley de Medio Ambiente (Nº19.300) la Evaluación de Impacto Ambiental para los transgénicos, pero nada se diga de la nueva Ley de Medio Ambiente que mantiene esa medida. Se calificó como una farsa el tipo de participación ciudadana contenido en el proyecto, sin acceso asegurado a la información sobre la autoevaluación de riesgo del proponente (conflicto de interés), ni a las características del transgénico o al lugar en que se localizarán los cultivos (artículos 7,10 y 15). También hubo críticas a que la ley no se refiera al riesgo de contaminación irreversible de cultivos orgánicos y convencionales por los transgénicos ni contemple compensaciones por ello, y se llamó la atención al hecho de que se impone de hecho la coexistencia entre ambos tipos de cultivos, opción que se ha demostrado como imposible en España, México o Canadá (caso de la linaza) donde la coexistencia ha sido sinónimo de contaminación encareciendo los costos de los productores convencionales y orgánicos. Todo ello constituye, según se expresó, un pésimo negocio para Chile tanto por la amenaza a la biodiversidad y a la salud de las personas como por los efectos económicos, dado el peso de las exportaciones de la agroindustria, que perderán su denominación de origen como país libre de transgénicos, por ejemplo en el caso del vino y la uva de mesa.

Curadoras de semillas
Concluyeron los presentes asimismo en la Casa de Cultura chillanvejana que los proyectos analizados constituyen una amenaza a nuestro patrimonio genético custodiado por los campesinos y especialmente por las mujeres rurales e indígenas, y a la salud de las personas por el mayor uso de plaguicidas que acompaña estos monocultivos, como ya se ha visto en Argentina. Jacqueline Arriagada, de Quillón, dirigenta de ANAMURI, intervino a nombre de la Red de Mujeres Protectoras de la Biodiversidad relatando que como parte de la resistencia que llevan adelante contra estas leyes, están realizando escuelas de curadoras de semillas. Aludió a la experiencia vivida en Brasil donde las mujeres presentes en la cumbre de los pueblos paralela a la Conferencia de las Partes COP 8, lograron que se mantuviera la moratoria a la semilla Terminator, una semilla estéril que las transnacionales trataban de imponer. Sostuvo finalmente que aquí es necesario construir una alianza campo-ciudad para que el movimiento social tenga también esa fuerza e imponga en los hechos la moratoria. “Tenemos que volver a mirarnos, y sumar fuerzas” dijo la dirigenta que garantizó que las mujeres seguirán manteniendo la semilla en poder de los pueblos originarios, los campesinos y campesinas, y la compartirán con quienes ellas decidan.

Pehuenches acusan al Estado

Uno de los problemas que deberá enfrentar Sebastián Piñera a partir del 11 de marzo, es la respuesta que dará como gobierno a la acusación presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDHH por la aprobación ambiental dada por el Estado chileno a la construcción en el río BioBio de una tercera central hidroeléctrica, llamada Angostura. El hecho es considerado por los reclamantes como una violación del denominado “acuerdo amistoso” suscrito en 2003 entre el Estado de Chile –entonces presidido por Ricardo Lagos- esa entidad, y las familias mapuche-pehuenche, para destrabar la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el Alto BioBio. Piñera se ha pronunciado siempre a favor de los megaproyectos energéticos, en tanto que el tema indígena, ausente de su discurso público le saltará a la cara ahora, porque el Estado chileno se comprometió entonces a no autorizar nuevos megaproyectos en tierras indígenas del Alto Biobio. Pero con el descaro habitual, en febrero de este año la empresa Colbun ya inició los trabajos de tala de árboles y faenas en los cerros sin que nadie diga nada.
La negociación citada ante la CIDHH permitió a Endesa llevar adelante su proyecto, que había generado un prolongado conflicto entre el gobierno del ex presidente Lagos, el mundo indígena y los ambientalistas. En tiempos de Ralco, Endesa tenía proyectada esta central, que llamaba Huequecura y vendió el proyecto a su socio Colbún, del grupo Matte, que lo rebautizó como Angostura. Su construcción tendría un serio impacto social y ambiental. La cuenca del río Bío-Bío contiene al 41% de las especies nativas de peces de Chile, con un total de 19 especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Recursos escasos como el agua y únicos, como estos peces, serán negativamente afectados por el megaproyecto energético, y el reclamo indígena resonará con fuerza en el ámbito internacional.
En suspenso
El abogado Roberto Celedón, que participó en el citado acuerdo, aceptó llevar el proceso a la Corte Interamericana por encargo de los afectados actuales y por los firmantes de entonces, Berta Quintreman, Rosario y Mercedes Huenteao y Aurelia Marihuan, que se sienten traicionados. La denuncia a la entidad interamericana por incumplimiento, presentada a fines de 2008, se reactivó a comienzos de 2010, luego de la aprobación del proyecto por la Corema (Comisión Regional de Medio Ambiente) de la región del BioBio en noviembre del año pasado. En la actualidad Angostura se encuentra suspendido por una reclamación presentada ante Conama por Freddy Nolberto Pérez Sanhueza en representación de la organización Aguas Libres, opositora al proyecto, además de Juana del Carmen Méndez Curriao, y René Renato Flores Arévalo, por las familias que serían desplazadas.
A la lucha contra el proyecto Angostura de Colbún se unieron también organizaciones medioambientales y sociales de Santiago, como la Red de Justicia Ambiental, el Observatorio de Conflictos Ambientales, Ecosistemas, Codeff, Feministas Autónomas, el Colectivo No a Pascua Lama, el Centro Ecoceanos, la Liga por la Justicia Climática, y el movimiento Patagonia Sin Represas. Las organizaciones fueron informadas de la situación por Freddy Pérez (Aguas Libres de Quilaco) y Ronny Leiva del Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, en una reunión ampliada.

“Señor Colbún”
La palabra de Pedro Suárez, de Malla Malla, werken del Lof Newen Mapu del Alto BioBio llegó a ellos a través de un video filmado en terreno que muestra un momento único: la visita técnica a terreno de una comisión gobierno – empresa, en la que irrumpieron los campesinos. El dirigente pehuenche reaccionó así:
“Yo le digo al señor representante de la empresa, al señor de gobierno, de CONAMA acá, nuevamente están atropellándonos, están en ese camino de genocidio. … Antes que nada deberían conversar con nosotros, que somos los dueños de esta tierra quieran o no quieran(…) Si acá está Falabella, si acá está tal persona particular, ellos sabían que esta tierra era de nosotros, que lo hayan comprado es problema del mismo Estado … yo le digo, señor Colbún, usted debe entrar en una conversación con el pueblo pewenche del Alto y Bajo Bío Bío. Tenemos muchos niños estudiando afuera, en cualquier accidente si se rompe cualquier represa va a haber una tragedia muy grande. A mucha gente no mapuche y mapuche no le importa nada, simplemente porque han perdido el tema del valor humano. Quizás los tiene locos el asistencialismo o el mismo sistema de vida que hoy se vive. Y por eso mismo yo, quiero dejar bien claro acá, al señor gobierno de CONAMA, que aquí no solo existe un Kuel. Para nosotros ¡Todos los lugares son sagrados! No solo ha muerto gente aquí por un solo régimen de persecución, aquí hay mucha gente de nuestro pueblo bañada en sangre, en este lugar y de todos los lugares del sur. Entonces que ustedes hoy día sin considerarnos a nosotros, lleguen y hagan las cosas, caminen por allá por acá y filmen, hagan lo que sea, ese es un atropello a nuestro derecho. Yo pienso que deben conversar y agendar desde ya una reunión con Colbún pero en forma, como pueblo mapuche, ¡No como comuna Alto Bío Bío! Porque a nosotros eso no nos representa. Ustedes mismos saben que esa es una estructura del Estado Chileno, nosotros somos aparte y seguimos vivos y por eso decimos no a la represa, no se construye aquí la represa”.
Dos veces desplazados
El proyecto está ubicado en la confluencia de los ríos BioBio y Huequecura, que para los pehuenche marca la entrada al territorio ancestral mapuche-pehuenche del Alto BioBio. La empresa sostiene que no hay indígenas en el sector porque no existen comunidades reconocidas por CONADI, pero la realidad es diferente. Son más de 40 las familias indígenas que viven en los tres lugares que serán inundados: Los Notros, Lo Nieve y Los Nogales (comuna de Santa Bárbara) y la localidad de San Ramón (comuna de Quilaco). Entre los afectados hay 5 personas que fueron relocalizados en Los Notros a raíz de la construcción de la central Ralco. La escuela G 967 de Los Notros, y tres campings que se encuentran en el área serán inundados también. En el área de influencia del proyecto, la mayoría de los habitantes siguen sin tener luz ni agua potable y en Quilaco la electricidad es más cara que en Los Angeles. Para ellos no hay ventajas sino la pérdida irreparable de un hábitat que aman por su paisaje, historia y diversidad.
En el área impactada directamente hay un sitio de significación cultural y religiosa denominado Kuel ( en mapudungun,“que sostiene la creación”), un centro ceremonial emplazado en lo alto de un sitio desde donde se domina toda el área, de impresionante belleza. En ese lugar, en la década de los 90 y a principios de 2000, el fallecido Lonko Antolin Curriao realizó rogativas en el contexto de la lucha contra los megaproyectos Pangue y Ralco. El kuel –ubicado en la localidad de Los Notros, a una media hora de la comuna de Santa Bárbara- es una construcción natural de roca en forma de pirámide, con senderos naturales y una escalera de piedra. Explica Roni Leiva: “Un kuel es un lugar de sabiduría, está ahí para que podamos aprender de él y es parte de nuestro patrimonio espiritual como pueblo, esto ha sido incluso reconocido por Conadi en el oficio 578 del año 2008”. El frente mapuche-chileno de oposición al proyecto ha realizado varias vigilias en este espacio de espiritualidad ancestral mapuche, algunas presididas por un machi, como parte de la retoma de posesión del lugar y fortalecimiento espiritual para una lucha que requerirá de mucha energía.
Impacto en la cuenca
La aprobación dada por Corema al proyecto desestimó importantes objeciones ambientales, en una decisión política y no técnica. El estudio presentado por la empresa no tomó en consideración el impacto acumulativo de esta nueva central en el entorno ya afectado por Pangue y Ralco e ignoró que el área es una cuenca y un ecosistema. Colbún presentó una línea de base incompleta criticada por el Centro Eula de la Universidad de Concepción y por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca, que hizo observaciones sobre la fauna del río Huequecura, que tiene 32 km de largo.
Para este servicio, los datos generados durante el período de seguimiento de las centrales existentes en Alto Bío Bío establecen que la comunidad íctica de la cuenca del río Bío-Bío contiene un total de 19 especies de peces nativos. Tres de las especies representadas, el tollo, el pez gato o bagrecito y carmelita de Concepción están en categoría de peligro de extinción. La construcción de la presa que inundará 641 hectáreas, embalsando 100 millones de metros cúbicos, va a dejar aisladas las poblaciones de peces de la zona alta de los ríos Huequecura y Queuco, con el consiguiente impacto sobre la variabilidad genética de sus poblaciones.
Por otra parte, las centrales hidroeléctricas generan también un impacto en el cambio climático y las emisiones. La inundación de áreas completas con seres vivos, llamados técnicamente "materia orgánica", genera metano, lo que contribuye al calentamiento global, echando por tierra la propaganda oficial acerca de que las megacentrales hidroeléctricas son "energía limpia" que contribuye a evitar las emisiones.

Obispo Ysern defiende derechos ancestrales a la semilla

La necesidad de “reconocer los derechos que los campesinos y pueblos indígenas ya tienen respecto de las semillas nativas” destacó monseñor Juan Luis Ysern, obispo Emérito de Ancud y actual Presidente de Caritas Chile, el martes 28 de julio en la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales*, iniciativa rebautizada por organizaciones sociales y ambientales como de Apropiación de la Semilla Nativa por las Transnacionales y sus filiales locales.

El prelado, de nacionalidad española, ejerció su magisterio en Chiloé por más de 30 años. Es medalla nacional Pablo Neruda (2005) por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre muchas otras distinciones que incluyen la orden de Isabel La Católica conferida por Juan Carlos, Rey de España, por su aporte en el rescate de la cultura chilota. Ysern dialogó con los parlamentarios en torno a los potenciales impactos del proyecto, acompañado de Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).

El obispo evaluó positivamente su paso por la Comisión: “Después de escuchar mi exposición, algunos parlamentarios me hablaron de que se podría ‘conceder’ derechos a los campesinos sobre las semillas. Respondí expresando que precisamente ése es el centro del problema, puesto que, por el contrario, hay que partir del reconocimiento de sus derechos. Al conceder, estamos hablando de algo que harán las empresas, los poderosos”. El calificó como situación de injusticia la concesión de todos los derechos al “obtentor” y el no reconocimiento de los derechos colectivos ancestrales campesinos e indígenas. Sin duda, expresó, en el trasfondo hay una concepción de propiedad vinculado a las ganancias, contrapuesto al concepto humanizador que reconoce el patrimonio común de la humanidad. En este sentido, él se preguntaba: “¿Es posible patentar bienes que son parte esencial de la vida humana: el agua, los genes, la vida misma?”.

Relató, asimismo, que entregó a los parlamentarios un ejemplar de la nueva encíclica papal “Caridad en la Verdad”, que aborda el tema del desarrollo, también citado en su planteamiento ante la citada Comisión, en la que pidió que frente a cualquier decisión se considere a la persona integralmente, como eje de la sociedad que queremos construir.
Atropello a la identidad cultural
El obispo -que el año 2000 fue declarado miembro del Pueblo Huilliche por el Consejo de Caciques de Chiloé- sostuvo que la iniciativa implica un atropello a la identidad cultural campesina e indígena puesto que no ha existido el diálogo que permita discernir lo mejor entre lo existente y lo nuevo, con referencias críticas que sean humanas.

Fundamentó su postura aseverando: “Cuando una persona cambia siguiendo esas referencias, no pierde su identidad. La identidad no consiste en mantenerse haciendo siempre lo mismo, sino en ser él mismo. La identidad es un proceso de crecimiento como protagonista responsable de su propio camino. En el momento que alguien se masifica y, simplemente, se deja llevar del ambiente dominante, pierde su identidad. Los campesinos e indígenas que de pronto son impedidos para seguir de acuerdo a sus normas de cultivo, sin haber participado en mesas de trabajo para buscar formas nuevas y poder tomar decisiones personales, son atropellados en su identidad. Es un atropello a la dignidad de esas personas humanas.”

Más adelante se refiere al nuevo atropello que se produce cuando el proyecto de ley sale en defensa del “obtentor” en el caso que los campesinos e indígenas actúen según sus costumbres disponiendo libremente del producto de su cosecha. Así puede deducirse de lo establecido para quienes sean acusados de no cumplir con la ley (artículos 53, 54, 55).
Rechazo al modelo de desarrollo
En su exposición referida a los aspectos éticos de la ley, el obispo planteó que el modelo de desarrollo que impulsa lo reduce al simple progreso de la técnica, generando un resultado deshumanizado al hacer uso de recursos que pertenecen a toda la humanidad. Criticó que en el proyecto de ley “no sólo no existe una real preocupación por las personas, ni por el diálogo, sino que además, se abre la posibilidad para despojar a los campesinos e indígenas de su derecho a seleccionar, mejorar, y guardar la semilla de su cosecha (Artículo 48) y para la apropiación indebida de los recursos biológicos del país, la privatización de los conocimientos y la protección de la propiedad privada de las empresas transnacionales sobre el patrimonio colectivo de las comunidades campesinas e indígenas. Se abre el paso a la expropiación de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al extender los llamados derechos de obtentor a todas las especies vegetales (Artículos 2, 6, 7, 8,9)”.

Para el obispo, ello implica que el país se mantiene en el criticado modelo de desarrollo que nos ha llevado a la actual crisis, y que redunda en provecho de de grandes empresas que se enriquecen sin medida.
El medio ambiente

Con relación al medio ambiente recordó a los parlamentarios que “tenemos un deber muy grave de entregar la tierra a las generaciones futuras de modo que la puedan habitar dignamente y continuar cultivándola. Somos cuidadores de la naturaleza “para custodiarla, hacerla productiva y cultivarla también con métodos nuevos y tecnologías avanzadas, de modo que pueda acoger y alimentar dignamente a la población que la habita” (Caritas en Veritas, 50). De ninguna manera somos dueños para hacer lo que se nos ocurra sin pensar en los demás”.

Denunció asimismo que la biotecnología favorecida por este proyecto conduce hacia la uniformidad genética con pérdida de la biodiversidad en los campos, donde se imponen monocultivos extensivos. Con los cultivos transgénicos se produce daño a la fauna y los insectos benéficos, con negativas consecuencias para el medio ambiente.

El obispo insistió en la necesidad del diálogo, como proceso que permita a todos asumir, aportar e incorporarse en esta dinámica de cambio. “No se puede forzar a nadie a entrar en esos procesos sin dar posibilidad al discernimiento y sin dejar que use su libertad. Quienes entran en esa situación son personas que así pierden su identidad, no han sido partícipes protagónicos de este proceso que les incumbe y les afectará la calidad de sus vidas y la de sus descendientes. Esto clama justicia y respeto a la dignidad de esas personas.”, agregó.

Por mi parte, no puedo dejar de opinar aquí, en mi propio espacio: ¡qué alegría re-conocerme en la palabra de un obispo! de quien, desde luego no esperaba menos, por su trayectoria en favor de los huilliches y de la biodiversidad y la cultura en Chiloé. Esta es la iglesia que respeto y de la que provengo. Ojalá hubiera muchos otros obispos así.


*El proyecto de ley que se discute es sobre Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales que deroga Ley 19.342 (Mensaje Nº454-356), 22 diciembre 2008. Texto completo de la ley, por cierto escrita en un lenguaje ininteligible y equívoco, en Boletín Nº 6355-01 de la Cámara de Diputados, www.camara.cl