Plaguicidas responsables de seis muertes en Chile este año

Por RAP_Chile, Red de Acción en Plaguicidas

El 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional por el NO Uso de Plaguicidas para hacer un llamado de atención, especialmente a las autoridades de Agricultura, Salud y Trabajo, sobre los graves problemas sanitarios y ambientales generados por el uso de agrotóxicos a nivel nacional y global.

En Chile, al mes de septiembre de 2010 hay 379 notificaciones de intoxicaciones agudas por plaguicidas, 39 casos más que el año pasado a la misma fecha. Pero la cifra real es muy superior, porque se estima que sólo se notifica 1 de cada 4 casos. Las mujeres temporeras son las más afectadas, representando un 72% de las intoxicaciones masivas (brotes) registradas en este período. Un 67,3% de las intoxicaciones ocurren en las faenas agrícolas, y un 17,2% son intentos de suicidio o de homicidio. A septiembre de este año, las muertes notificadas son seis, correspondiendo a cuatro suicidios, una muerte de origen laboral y un homicidio (REVEP/MINSAL 2010).

Las regiones que presentan mayor número de casos son: Metropolitana con 130 casos de intoxicaciones (tasa de incidencia acumulada -TIA- de 1,9 por cada cien mil habitantes); O’Higgins, con 66 casos (TIA 7,5); Bío Bío con 44 casos (TIA 2,2); Maule, 35 casos (TIA 3,5). Arica-Parinacota con 35 casos (TIA 18,9). La situación de Arica es preocupante, está ligada a la acelerada expansión de monocultivos, y se puede agravar aun más por el aumento de semilleros transgénicos.

Por otra parte, la estadística oficial nada dice sobre los negativos impactos de las fumigaciones aéreas realizadas sobre comunidades vecinas a faenas agrícolas, un problema que se ha agudizado en los últimos años. Como consecuencia de ello, ha aumentado el número de comunidades organizadas para exigir el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación por plaguicidas. Pese al uso indiscriminado y creciente de plaguicidas, diez años demoró la tramitación de la normativa sobre fumigaciones aéreas. Ahora queda pendiente la regulación sobre aplicaciones terrestres, ambas antiguas demandas de RAP-Chile.

Es relevante destacar que un 23% de los casos ocurridos en Chile fueron causados por plaguicidas de las categorías extremada y altamente peligrosos (1a y 1b), cuyo uso está permitido. En el Senado se encuentra en primer trámite constitucional un proyecto de ley para prohibir este tipo de agrotóxicos. Una iniciativa similar fue boicoteada el año 2009 por parlamentarios con intereses ligados a la industria agroquímica.

La conmemoración del 3 de Diciembre fue establecida por 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 16.000 personas fallecidas en Bophal, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas.

Este y muchos otros graves accidentes han ocurrido en el mundo desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de plaguicidas. Se han contaminado el aire, suelos, aguas y alimentos causando profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos. Además contribuye al cambio climático. Estos costos han sido externalizados por la industria agroquímica y continúan siendo asumidos por la población afectada y el Estado.

El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas, como también a quienes consumimos, sin saberlo, alimentos con residuos de agrotóxicos dañinos para la salud. Esto quedó en evidencia este año, mediante análisis de laboratorio que detectaron residuos de metamidofós (espinaca) y carbendazim (lechuga) sobrepasando la norma chilena, europea y de Estados Unidos (EPA).

En América Latina y en Chile el uso de plaguicidas ha intoxicado a millones de personas, cobrando miles de víctimas, muchos de ellos niños trabajadores del campo o hijos de asalariados agrícolas. Sin embargo, nadie ha asumido la responsabilidad por estos crímenes que permanecen impunes.

En Chile se venden sin restricciones y se usan plaguicidas altamente peligrosos, con efectos cancerígenos, causantes de malformaciones congénitas (detectadas por estudios en la Región de O'Higgins) y alteradores de los sistemas nervioso, reproductivo e inmunológico.

En 2009 se importaron sobre 30.813 toneladas de agrotóxicos, con un valor de US$ 212.392.000 A octubre de 2010, se importaron 28.135 toneladas de plaguicidas, con un valor de US$ 200.148.000 (ODEPA 2010).

Por un Chile libre de plaguicidas y transgénicos y por una alimentación sana, apoyamos la agricultura orgánica y/o agroecológica.

Exigimos que se prohíba el uso de los plaguicidas altamente peligrosos por su efecto agudo y/o crónico, y que el gobierno ponga urgencia y apoye el proyecto de prohibición de los plaguicidas 1a y 1b velando efectivamente por la seguridad de los trabajadores agrícolas. Para todos estos agrotóxicos existen alternativas químicas menos dañinas, como recomienda FAO, y pueden ser reemplazados por métodos agroecológicos de control de plagas y enfermedades. También demandamos se cancele el registro del endosulfán, insecticida organoclorado contaminante orgánico persistente, extremadamente dañino para la salud. Por estas razones, ya ha sido prohibido en 72 países.



Alianza por una Mejor Calidad de Vida
(integrada por ANAMURI, OLCA y CIAL)

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina
(RAP-AL)

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Violencia contra las mujeres en la agroindustria

El modelo agroexportador es el responsable de la masiva violencia contra las trabajadoras de la agroindustria

Lucía Sepúlveda Ruiz
Rebelión


Denegación de justicia e incumplimiento de las leyes de accidentes del trabajo en dos casos de temporeras fallecidas, hijos con malformaciones derivadas del uso de plaguicidas y problemas de salud por las fumigaciones; contratos por faena que duran siete días sin límite horario y son renovados una y otra vez en la temporada para una empresa con distintas razones sociales; acoso sexual y laboral en los packing o campos, y discriminación por sexo, edad o aspecto físico, son algunas de las muestras de violencia laboral contra las mujeres temporeras analizadas el 25 de noviembre por un Tribunal Etico ad hoc que sesionó en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

La actividad fue convocada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI en el Día Internacional contra la Violencia de Género, con la asistencia de mujeres asalariadas agrícolas de diversas regiones del país y organizaciones ligadas al trabajo del campo y el mundo sindical, como RAP-AL, la Red de Acción en Plaguicidas, el Centro de Estudios de la Mujer y otras organizaciones sociales entre las que destacaron representantes de los sindicatos de trabajadores de las universidades privadas.

El veredicto del tribunal concluyó que los casos denunciados a través de un impactante video protagonizado por mujeres campesinas sometidos a esas prácticas en zonas como Los Choapinos (región de O’Higgins), en San Clemente y Parral (región del Maule), en San Pedro Quillota (región de Valparaíso) son representativos de la realidad laboral de las cuatrocientas mil mujeres rurales e indígenas del país, y forman parte del costo oculto del modelo agroexportador chileno, que en el último tiempo ha intensificado sus prácticas de superexplotación laboral para aumentar la rentabilidad del sector a costa de la salud y el desamparo de las trabajadoras del campo. El trabajo por faena, sin elementos de protección personal y sin cotizaciones constituye una constante en la agroindustria, que para ahorrar costos, ahora exige a una trabajadora realizar la misma labor que antes hacían varias mujeres y pretende hoy legalizar esta práctica extendiendo aún más (“flexibilizando”) la jornada de trabajo.

Las violaciones a los derechos humanos descritas por temporeras de Los Choapinos que se desempeñan en empresas transnacionales como David del Curto, UniFruit, Del Monte y Massai , responsables de condiciones de trabajo existentes, incluyen un trato degradante por parte de las jefas de línea descrito por las testigos: “Te cambio de puesto por gorda" o "No me sirven las viejas porque van muy seguido al baño"; “Nos aplican el plaguicida a pocos metros de nosotras y la nube nos alcanza, pero nos dicen que no es problema porque el olor es sólo un repelente”.

Momentos de gran emotividad se vivieron con la representación teatral de cómo se vive por las temporeras el momento en que se recibe el pago, siempre menor de lo esperado, y la interacción entre las compañeras de trabajo. En el reparto actoral estaban las mujeres del sindicato “Cecilia Ortiz” de temporeras constituido en la región de Atacama homenajeando a su compañera muerta a causa de un accidente resultante de las pésimas condiciones de trabajo.

Luego de escuchar los testimonios y relatos, Ana Orrego, presidenta de la Federación de trabajadores de universidades privadas intervino para solidarizar y relatar que también ellos sufren el acoso sexual y laboral y realizó una dinámica que comprometió a las asistentes –tomadas de la mano y gritando a viva voz su dolor - a convertir la rabia y la impotencia en organización, en lucha, y acción.

Conducta de las transnacionales de la agroindustria

El veredicto del tribunal concluyó al respecto que las empresas de la agroindustria utilizan mecanismos como la certificación en buenas prácticas agrícolas para ocultar estos hechos con propaganda y visitas guiadas en las que, según se denunció, se coloca a las trabajadoras jóvenes para dar buena imagen de las empresas. Denunció asimismo el tribunal al Estado chileno por el incumplimiento de la legislación laboral vigente y por el nulo interés de las fiscalías regionales para actuar con celo en los casos que afectan a las trabajadoras, por lo que se acordó reactivar los procesos iniciados y buscar el fin de la impunidad en los hechos fatales acaecidos anteriormente, que afectaron a Cecilia Ortiz trabajadora de la empresa RUTA (Ruiz Tagle) de Villa María, Copiapó y a Victoria Alicia Muñoz Araya, cuyo empleador era Agrícola Aurora, de San Clemente y que son sólo la punta del iceberg de una realidad que de a poco comienza a ser conocida.

Destacó asimismo el tribunal como un ejemplo emblemático para el sector, el trabajo realizado por la comunidad en la localidad de San Pedro Quillota, donde se conjugaron en red los esfuerzos del Centro de Salud Familiar, con los miembros de juntas de vecinos y organizaciones locales, junto a personas afectadas por fumigaciones, y organizaciones de apoyo para llevar adelante una campaña de información al público sobre los efectos de los agrotóxicos y de impulso a la alimentación sana, con el apoyo del municipio. En esta comunidad, a raíz de esa campaña la madre de una niña que padece una malformación congénita –que vivía con sentimiento de culpa- pudo recién establecer la causa por la cual su hija había nacido así: su marido trabajaba desde muy joven como aplicador de plaguicidas y ella, desconociendo los efectos de esos venenos, lo acompañaba, también sin protección, y además, lavaba su ropa junto a toda la de la familia.

Del jurado formaron parte Mireya Baltra, ex Ministra del trabajo del gobierno del Presidente Salvador Allende; el Padre Alfonso Baeza, de histórica vinculación con las luchas sindicales a través de la Pastoral Obrera, Pamela Caro, del CEDEM y Lucía Sepúlveda, de RAPAL, quienes junto a quienes iniciaron el trabajo en 2009 (María Elena Rozas, Ester Feres, el abogado Ariel Espinoza, Vicky Quevedo y Gustavo Molina darán continuidad al trabajo iniciado el año 2009 en este sentido.

Por su parte, las mujeres asalariadas llevaron a sus regiones el libro que recupera la experiencia del 2009 “Tribunal Etico: Basta de Violencia hacia las mujeres en el Trabajo”, que se lanzó en la actividad y será utilizado como una herramienta de trabajo ante autoridades, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con el fin de visibilizar este problema, una cara menos conocida que el maltrato doméstico a las mujeres, pero con consecuencias igualmente graves.