Bajaron huelga de hambre en Angol y agradecen solidaridad

Foto y fuente del comunicado: web País mapuche.org


Los Prisioneros Políticos Mapuche que mantuvimos la huelga de hambre en la cárcel de Angol, el Hospital de Victoria, comunicamos a la opinión pública local, nacional e internacional lo siguiente:

Que con fecha 8 de Octubre de 2010 hemos puesto fin a la huelga de hambre iniciada el 26 de Julio de este año en virtud de las negociaciones que llevaron adelante nuestros pu Werken y que se darán a conocer próximamente.

A través de este comunicado queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron en esta huelga, las organizaciones Sociales, colectivos, agrupaciones de Derechos Humanos, Estudiantes, redes de apoyos, organizaciones y comunidades Mapuche, personas anónimas, ya sea mediante visitas, actos de solidaridad o bien en las movilizaciones que se llevaron a cabo en las distintas ciudades tanto del territorio mapuche como en otros países y a todos quienes manifestaron su respaldo y preocupación incondicional a la movilización.

Queremos dar un agradecimiento especial al Lonko Eric Vargas Quinchaman, el peñi Diego Montiel Paillan y el profesor Jaime Contreras, de Puerto Montt y Valparaíso, así como también a las personas del extranjero quienes estuvieron en huelga de hambre en apoyo a nuestras justas causa, transformándose para nosotros en personas valiosas y respetada por nuestro Pueblo Nación Mapuche.

Por último, hacemos un amplio llamado a todos quienes participaron de las distintas movilizaciones locales, nacional e internacional a estar atentos a lo que pueda ocurrir con el cumplimiento de los acuerdos tomado con el Gobierno.

RRUME MAÑUM KOM PU PEÑI LAMMIEN (muy agradecido de todo Ustedes hermanos y hermanas).

MARRICHIWEU

LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLITICOS MAPUCHE.

Prisioneros Políticos Mapuche cárcel de Angol y hospital de Victoria.

Wallmapuche, PEWUN KUÑEN, sábado 09 de Octubre de 2010

Agonía o Ley Corta y artículo único para lograr fin de la huelga de hambre mapuche

Una ley corta, de artículo único transitorio, vigente hasta la promulgación posterior de un nuevo cuerpo legal que reforme la actual legislación antiterrorista, es la salida a la huelga de hambre. Este es el análisis postulado por defensores de los presos políticos mapuche, al ver ya en la antesala de la agonía a sus defendidos. El artículo transitorio debería establecer que las conductas por las que se juzga a comuneros de la octava y novena región y en las cuales se utiliza la ley antiterrorista, sean juzgadas de acuerdo a la ley común, para los casos comprendidos en el período que va de los años 2005 a 2010 las cuales no serán considerados como delitos terroristas. La ley corta debiera aprobarse antes del 4 de octubre para que pueda aplicarse en los juicios en curso. Es el gobierno el que debe dar el paso en ese sentido, pues la oposición ya se mostró dispuesta a hacerlo. En cambio, el proyecto de que acaba de ser despachado por el senado, no tiene relevancia alguna para la huelga de hambre, reiteran las fuentes vinculadas a los procesos, y una modificación de fondo a la legislación antiterrorista debería encararse con otros tiempos que posibiliten un amplio debate.
La rápida promulgación de una ley corta, en cambio, daría respuesta a la demanda más importante de los comuneros, dejando al parlamento y el gobierno la tarea de fondo respecto de una modificación de la legislación antiterrorista acorde a los estándares internacionales. Porque la campaña comunicacional del gobierno no logra revertir lo central: que la huelga continúa y la situación se agrava minuto a minuto; que el apoyo ciudadano crece y que lejos de estar aislados del resto de su pueblo, los presos políticos mapuche en huelga han movilizado a los mapuche de territorios que van mucho más allá de las comunidades en conflicto, incorporando territorios y organizaciones que habitualmente no se movilizan en formas radicales.
La llegada a Santiago de madres de los huelguistas de hambre, la presencia de dirigentes indígenas latinoamericanos de visita en Chile, la solidaridad de los estudiantes secundarios y universitarios, la declaración del Presidente de la Corte Suprema respecto del carácter no democrático de la ley antiterrorista, y la creciente protesta a nivel internacional operan como datos de la causa a favor de una salida inmediata. Los malentendidos entre voceros, elevados a la categoría de división no tienen la trascendencia que les dan los medios, como se verá en las próximas horas.


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Sacerdotes y religiosas ayunan en Iglesia San Francisco

Este martes en la noche sacerdotes y religiosas iniciarán una Jornada de Oración y Ayuno solidario, en apoyo a los presos políticos mapuche en la Iglesia San Francisco ( Alameda c/Sn Francisco). El miércoles a las 19 horas se sumarán a la marcha convocada por las organizaciones sociales.

“Queremos hacer un gesto de solidaridad con las justas demandas de los comuneros en huelga de hambre y pedirle al gobierno que se acoja al diálogo para no poner más en riesgo la vida de nuestros hermanos” señalaron los organizadores.

Los religiosos piden a los cristianos sumarse a las actividades abiertas y a movimientos y organizaciones, demandan que los acompañen pastoralmente.

Para comunicaciones, el contacto es nuevasgeneracionesconferre@gmail.com

El detalle del programa a continuación:

Martes
21.00 Oración cantada por el Pueblo Mapuche
22.00 Velatón
23.00 Declaración pública. Comienzo ayuno solidario de religiosos y sacerdotes.

Miércoles
8.00 Continuación ayuno.
10.00 Misa abierta.
19.00 Oración de cierre y envío a marcha de Coordinadora Autónoma Mapuche.

Natividad Llanquileo, hermana de Ramón y Víctor en Huelga de Hambre en Concepción y Angol

Cámara de Luis Carvajal, Dalka imagen.


(entrevista realizada antes del inicio de la huelga de hambre, en el seminario sobre la Legislación Antiterrorista realizado en la Universidad Alberto Hurtado). Hoy los hermanos de Natividad, Ramón y Víctor Llanquileo, que forman parte de los 34 comuneros en huelga de hambre están en delicado estado de salud, al igual que el resto de los presos políticos mapuche movilizados por su libertad y contra la legislación antiterrorista.

Llaitul: “Nuestra fuerza –nehuen- nos alimenta y nos dará la libertad”

en huelga de hambre en la Cárcel El Manzano de Concepción



A la entrada de la cárcel de El Manzano, una señora bajita espera con paciencia su ingreso al penal. Pronto será mediodía, pero ella llegó en la madrugada desde Osorno. En el Instituto Médico Legal, unos 250 metros más allá, un padre, también mapuche, inicia una larga y dolorosa espera por el cuerpo de su hijo de 19 años, Richard Ñegüey, que se suicidó tres días después de asistir a la apertura del juicio oral en Cañete, donde se les juzgaría a ambos, y a otros 20 comuneros. La señora mapuche no viene desde una comunidad porque ella, la madre de Héctor Llaitul, uno de los cinco presos políticos mapuche en huelga de hambre en ese penal, no tiene tierra y ha debido trabajar con su marido toda su vida en la ciudad. La fiscalía espera que Llaitul pase 103 años presos, eso es lo que demanda en la acusación al tribunal. Antes de abrazar a su hijo cuando llega del control de peso que realiza gendarmería, la señora me dice: “Yo lo que más hago es darle mi apoyo y lo haré mientras pueda y mientras viva”. Héctor ha perdido más de 17 kilos en 52 días de ayuno, tomando sólo agua y mate. Un total de 34 presos políticos mapuche están en huelga al 2 de septiembre, y dos de ellos son menores. Todos demandan un juicio justo y el fin de la ley antiterrorista. El pasado 23 de agosto en El Manzano los cinco estaban animados con las visitas de familiares y ellos mismos cebaron el mate para las visitas. Héctor atendió a su madre y luego se dispuso a responder.
¿Qué pueden conseguir con esta acción, que puede verse desde fuera como desesperada? No conozco otros casos en que vayan a declarar en su mismo juicio presos políticos en huelga de hambre, como está ocurriendo aquí.
Pareciera contradictorio, pero nosotros buscamos oxigenación para seguir luchando. Nos alimentamos de nehuen, de fuerza. Nos gusta mucho que la gente - y no sólo los mapuche - se movilice. Además, uno no es imprescindible. La moral es fuerte y la consecuencia importa harto. Nos da mucha fuerza saber que nuestra gente nos reivindica como sus presos, como sus weichafe. Lo que no nos gusta es el inmovilismo, la falta de conciencia. Buscamos el fin de los procesamientos por ley antiterrorista, y dos huelguistas han salido libres desde el inicio de la huelga. Los jueces y el poder político se sienten presionados. Si no pasara nada, el poder no se enteraría de nada… Pueden tener mil presos en el país, y nada. Pero con la huelga de hambre, hay un efecto nacional e internacional . Estamos logrando algo, en el juicio esperamos tener más logros. Se van a desvirtuar las acusaciones. Va a quedar claro que sólo hay montajes, y la gente va a salir mejor parada, vamos a lograr libertad al máximo. Cuántas libertades logremos, dependerá de nuestra fuerza. Pero no vamos más todos a la prisión.
¿Qué analogía hacen respecto de la situación de los mineros?
Los mineros al principio, no tenían cómo salir del entierro en el socavón. Y nosotros, ¿cómo podemos salir del encierro si entramos con los dos procesos encima, por la justicia civil y la militar? ¿Quién podrá afirmar lo contrario, que no somos violentos, cuando existe una campaña mediática compacta y uniforme, como la que enfrentamos? La televisión es tendenciosa. Los fiscales dicen lo preciso y los medios les dan cobertura. El silencio que guardaron frente a la huelga, es porque no les conviene hablar de los presos. Los testigos sin rostro que declaran contra nosotros reciben un pago del Estado, del Ministerio público, para que haya menos cuestionamiento que cuando lo hacían directamente los propietarios de predios, por ejemplo Osvaldo Carvajal, en el sector del lago LleuLleu. Nos sentimos muy bien cuando la gente se moviliza a pesar de esa tremenda campaña. En el juicio en Temuco, van a tener como testigos protegidos hasta a policías colombianos, de la CIA, ya el juicio es a escala latinoamericana o global.
A ustedes los acusan de realizar acciones violentas. ¿Por qué han escogido esas formas de lucha?
Aquí no hay ningún instrumento político que se pueda usar para pelear. No estaríamos presos en un gobierno como el de Venezuela. Si estuviéramos allá, seríamos miembros del parlamento venezolano. En el parlamento chavista los indígenas pelean con la oligarquía y también con los sectores reformistas, unidos a los revolucionarios. La lucha política está dada por los instrumentos con que se cuenta. En cambio el mapuche sigue viviendo la invasión, está bajo una dictadura militar. Hasta hoy no salimos de la ocupación ancestral de nuestro territorio por sucesivos Estados. Arrastramos históricamente la dominación. Estamos en miserables tierras bajo una legislación de ocupación. La posibilidad que el Estado ofrece de recuperar tierras es si hay título de merced, los cuales fueron concedidos después de la ocupación, por una mínima parte del territorio. Pero toda la tierra ancestral que se recupere, es considerada ilegal. El Estado no nos ha consultado ni antes ni ahora sobre nada; han resuelto el tema dentro de su estructura material, ideológica y cultural. Nuestra lucha mapuche apunta a sentar las bases para crear una propuesta de liberación nacional. Va ahí recién, en la creación de esas bases. Y eso pasa por darle un sustento político ideológico muy coherente a contenidos tan profundos como la demanda de territorio y autonomía, demandas que son la garantía final de los planteos históricos de nuestro pueblo. Esos son los ejes fundamentales para la reconstrucción de una nación.
¿Cómo relacionan las luchas de hoy con la historia de su pueblo?
Algunos historiadores dicen que no hubo una dirección común en la lucha. Pero ¿y qué nos dicen de Pelantaro? (jefe de la rebelión mapuche de 1598) Lo que él y sus guerreros lograron fue parte de una acumulación de fuerzas de un pueblo en lucha, una concatenación de cosas. Las acciones de resistencia se van desarrollando sobre la base de una construcción. De otro modo, lo que hay es el seguidismo de las políticas corto placistas y de genocidio del Estado.
¿Y qué pasa si ustedes hablan en público sobre estas luchas?
En mi caso, no soy de andar apareciendo en público, lo mío es el trabajo en terreno, en la comunidad. Pero me invitaron los jóvenes, después que quedé libre en otro juicio en 2008. Una de las acusaciones que yo enfrento en el proceso es haber hecho una exposición de dos horas ante estudiantes de la Universidad de la Frontera sobre la lucha del pueblo en su arista de resistencia, insisto, sobre la lucha de un pueblo, no de un grupo afiebrado. Todos aquí somos indígenas de tomo y lomo. Somos producto de una realidad de pisos de tierra y padres alcoholizados. Ellos dan el salto porque hay convicciones y dignidad. Todos los presos son comuneros y su proyecto de lucha que arranca desde la comunidad.

¿Sólo consideran válidas las acciones de recuperación de tierras? ¿Y en la ciudad?
Nosotros mantenemos distintos niveles de trabajo y frentes de construcción. Pero no desde un partido, sino desde la comunidad.…tenemos movilizaciones en otros frentes, en calles, en plazas por la libertad de los pp. Para la migración, sólo decimos que se vuelvan a la comunidad. Los que viven en la ciudad solo son diáspora y migración. La única forma de integrarlos también, es que vivan en relación a toda la concepción mapuche, porque desde ahí parte todo, eso incluye la religión y la espiritualidad. Si no lo planteamos así, se pierde la esencia. Es parte del pueblo originario, de lo contrario, sus derechos más elementales no podrían ser sustentados. Sin embargo en nuestra lucha todo sirve: el apoyo, un rayado, o que los padres les digan a nuestros niños que se vistan con su vestimenta tradicional, eso también es Resistencia. Se convierte en un acto subversivo porque está ligado a un proyecto político de liberación. La reconstrucción no es sólo poder antisistémico, sino es también mantener lo propio. Es el despertar y la reconstrucción de muchas cosas, tiene un aspecto ideológico también.
¿Cómo evalúa la llegada de Piñera al gobierno?
Después de la transición pactada, la izquierda no se encarnó en el mundo de los oprimidos para seguir luchando. Y dejó que otros ocuparan ese terreno. La izquierda abandonó un proyecto político real y no educa al pueblo. La Concertación le allanó el camino a la derecha y operó con la Justicia militar. No buscaron las modificaciones legales. Viera Gallo, representando ante Naciones Unidas el año pasado al gobierno de Bachelet tuvo que responder allí a 24 cuestionamientos por el accionar que llevaron ellos contra el pueblo mapuche. ¿Cuántos puntos tendrá que responder Piñera? La práctica de la tortura, la muerte, y los allanamientos no comenzó ahora. Pero se agudizó. Porque la derecha ya tenía todo, sólo le faltaba el poder político. Ahora se intensifica el avance de las forestales y mineras, para seguir apoderándose de los territorios mapuche y otros pueblos. El Plan Araucanía que impulsa el gobierno, para nosotros es una copia en pequeño del Plan Colombia.
¿Y cómo se plantean frente a la implementación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas?
No hay fuerza política aquí para que eso funcione. Es un bluff. No hay que olvidar que el proyecto estuvo 17 años en el Congreso, y al igual que la creación del Fondo de Tierras, eso se aprobó porque había un proceso de fuerza en curso –las recuperaciones de tierra - que llevó a eso. Pero en la práctica el Convenio no se aplica. Porque dentro de sus normas está la consulta en caso de que se vayan a vulnerar derechos ancestrales por otros agentes. Las Forestales lo hacen, aplican el robo, la represión. El convenio no opera para nada, no defiende a ninguna comunidad. Si queremos defender el territorio, entendemos que hay que hacerlo, que eso no va a venir por decreto. Nosotros luchamos por recuperar el territorio metro a metro.

¿Qué responden a quienes los acusan de ser dirigidos o entrenados desde el exterior?
Nuestra definición es propia, así como otros pueblos tienen sus propias definiciones. El movimiento Bolivariano no sirve para los pueblos originarios y tampoco son consistentes las acusaciones respecto de entrenamiento en Colombia, nosotros no necesitamos que nos conduzca nadie. Nosotros luchamos basados en los principios y en la historia que heredamos de nuestros antepasados, como Lautaro, ¡y sobre eso nosotros incluso podemos enseñar a otros!. A veces se olvida que nuestro pueblo tiene un gran legado histórico de resistencia. Además, históricamente, Bolivar fue responsable del genocidio y colonialismo, el proyecto bolivariano implicaba la destrucción del sistema comunitario. Se impuso el castellano a los pueblos. No podemos converger en eso, pero sí nos une a ellos y a otros pueblos movilizados, la lucha de liberación del hombre, que para nosotros es la lucha del hermano mapuche con un pensamiento propio. Nosotros no reconocemos vinculación en los términos que dicen los fiscales; reconocemos sí cercanías ideológicas, posturas morales en relación a las luchas de otros pueblos.

¿Qué comentarios les merece la aplicación de la ley antiterrorista por el gobierno a un sector de jóvenes de la sociedad chilena?
La ley antiterrorista tiene su origen en tiempos dictatoriales, es una ley de excepción, una ley especial que en el fondo buscaba aniquilar a la oposición a los movimientos sociales que se oponían a un régimen. Esta ley ha sido aplicada hoy en un contexto también de aniquilamiento y persecución política hacia aquellos que luchamos por justicia. Hemos visto aplicársela al pueblo mapuche desde tiempo concertacionista y ahora más en tiempos de la derecha, lo que trasgrede muchas de las garantías procesales y de acceso a un debido proceso. Aplicarla ahora a otros, es parte de una estrategia para decir que no hay racismo.
Nosotros consideramos que luchar para derogar la ley antiterrorista es una demanda que trasciende la causa mapuche. Si bien hoy nos la aplican a nosotros, más tarde o temprano se la aplicarán a cualquier otro movimiento que se levante a luchar que luche por condiciones más dignas de vida, por un proyecto político más justo más humano. No desconocemos que pueda ser utilizada para esos grupos. Que se les aplique a estos hermanos del movimiento libertario como se definen ellos o anarquistas como dice la prensa, debe ser porque ahí hay un planteo antisistémico y un compromiso de alguna gente con ciertos procesos que molesta, que trasgrede la política de un Estado de este tipo.

Huehuelguistas de hambre rechazan alimentación forzada

(en la foto, el lonko Lorenzo Curipan, recientemente condenado, que se unió a la huelga de hambre).
22 de agosto

Prisioneros Políticos Mapuche Cárcel de Angol

Nosotros los Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol, ante el recurso de Amparo Preventivo interpuesto por Gendarmería de chile, manifestamos lo siguiente.

1. Rechazamos categóricamente, el recurso de amparo preventivo interpuesto por gendarmería de chile, puesto que con el recurso pretenden por medio de la fuerza alimentarnos, mostrando supuesta preocupación por la vida de cada uno de nosotros quienes nos encontramos en Huelga de Hambre.

2. El Estado Chileno con dicho recurso, pretende confundir a la opinión Pública Internacional, mencionando que está por asegurar la vida, pero sin embargo en la práctica continua violentando nuestros Derechos, lo más grave aún es que a pesar del debilitamiento físico y sicológico en que nos encontramos, realizan diariamente allanamientos al interior de nuestras celda, siendo golpeados y obligado a salir semi desnudo al patio. Por esta razón nosotros de ninguna forma aceptaremos la alimentación forzada.

3. Nuestras movilización lo hemos manifestado con fuerza y claridad que llegara hasta la últimas consecuencias, estamos convencido de la legitimidad de nuestras demandas y derechos que han sido negado y vulnerado sistemáticamente por este Estado, nuestras vida la hemos puesto a disposición de la lucha de nuestros Pueblo Nación Mapuche, para que algún día nuestros niños sean libres en nuestra tierra y territorio.

Lorenzo Curipan Levipan Comunidad Rankilko

José Millacheo Marín Comunidad Nehuen Mapu, lof Chequenko

Fernando Millacheo Marin Comunidad Nehuen Mapu, lof Chequenko

Eduardo Osses Moreno Comunidad Autónoma Temucuicui

Victor Queipul Millanao Comunidad Autonoma Temucuicui

José Queipul Huaiquil Comunidad Autonoma Temucuicui

Camilo Tori Quiñinao Comunidad Autonoma Temucuicui

José Millanao Millape Comunidad Autonoma Temucuicui

Felipe Huenchullan Cayul Comunidad Autonoma Temucuicui

Victor Llanquileo Lof Choque lleulleo.

Wuaikilaf Cadin Calfunao Comunidad Juan Paillalef Villarica.

fuente: mapuexpress.net

“Ofertón” de los fiscales y montajes en zona mapuche

En la foto, Andrés Cruz, fiscal de Cañete (gentileza de www.paismapuche.org)

Con alguna frecuencia se están conociendo denuncias sobre el comportamiento de los fiscales del ministerio público en causas relacionadas con el conflicto mapuche/Estado chileno/forestales. Los familiares de los presos políticos mapuche sostienen que para evitar el derrumbe de determinados montajes, a falta de pruebas los fiscales ofrecen la libertad o ciertas granjerías a un detenido en prisión preventiva, a cambio de inculpar a otros presos. Previo al ofrecimiento, los presos han sido presionados sicológicamente y/o sometidos a tortura por funcionarios de la policía. Los tres casos que aquí se reseñan son aquellos en que la maniobra ha sido rechazada por los prisioneros interpelados. No es posible cuantificar la situación contraria.
El fiscal Jorge Granada
Desde Lautaro, comuna ubicada 32 km al norte de Temuco, en la región de la Araucanía, el denominado Lof Muko denunció el 7 de enero de 2009 que un fiscal local, Jorge Granada, le ofreció al detenido Angel Reyes Cayupan (20 años) obtener rebaja de condena, cambio de identidad, traslado a otra región, casa y trabajo, si firmaba una confesión en la que involucrara como autores de la quema de un galpón en el fundo San Leandro , en enero de 2009, a su primo, el menor Cristian Cayupan Morales (18 años) y a otros miembros de su comunidad. Reyes Cayupan y su pariente habían sido detenidos el día 27 de noviembre. Según esta denuncia difundida por la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago - publicada en www.mapuexpress.net el 7 de enero - , Reyes Capupan fue sometido a tortura e intensas presiones psicológicas en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Lautaro, como parte del interrogatorio previo a la oferta. Luego se le trasladó incomunicado a la cárcel de Temuco, donde el 10 de diciembre el fiscal y el defensor público, abogado Ricardo Cáceres Setien, habrían reiterado el ofrecimiento. Cristian Cayupan fue enviado luego al centro de reclusión de menores de Cholchol distante unos 62 km de Lautaro, donde –por otras acusaciones- permanece recluido también el baleado menor Leonardo Quijon, de la comunidad José Guiñón de Ercilla, sin recibir atención médica. A través de dos cartas públicas ambos han reiterado su adolorida inocencia: “Nos trataron de inculpar con amenazas y golpes de parte de Investigaciones de Chile (PDI). Como no tienen prueba ahora salieron con testigos protegidos que no sabemos verdaderamente si existen o no….Pero no podrán callar nuestra voz por la injusticia que se comete contra nuestro pueblo por parte de un gobierno tan cobarde y traicionero y nos tienen aquí injustamente. Entonces, ¡cómo quieren que creamos en ellos, si cada día alimentan nuestros corazones con rabia y dolor!”
Una oferta similar a la recibida por Angel Reyes Cayupan, hizo la policía con otro comunero del lof Muko, Elvis Millan, víctima de la tortura conocida como “submarino” en el mismo cuartel de Investigaciones, después de haber sido llevado a constatar lesiones. Millan fue detenido el 3 de diciembre.
El 31 de diciembre el lof Muko fue allanado violentamente por fuerzas policiales, un hecho que se repite periódicamente y en el que la policía suele dejar heridos a bala, desde que en septiembre de 2009 los comuneros retomaron un proceso de recuperación del fundo Tres Luces, reivindicando tierras que consideran usurpadas por Pablo Herdener Truan. El lof Muko se presenta a sí mismo como “una comunidad autónoma que lucha por la liberación nacional mapuche, camino por el que transitan nuestros weichafe (luchadores) que no pertenecen ni están vinculados a partidos políticos ni a organizaciones legalistas funcionales a intereses propios del Estado”.
Los ofertones no son la única irregularidad en este proceso, ya que otros dos inculpados, Andrés Gutiérrez Coña y Miguel Angel Tapia cumplen ya once meses de prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia sin ser llevados a juicio, habiéndose sobrepasado el plazo legal fijado para la investigación. Pero además, Cristián Cayupan, Elvis Millan, junto a Eliseo Ñirripil Cayupan y Daniel Canio Traical fueron formalizados por segunda vez, acusados además por el “incendio terrorista” del fundo Brasil ocurrido el 11 de septiembre en Vilcún. La jueza María Teresa Villagrán acoagió la postura del fiscal Miguel Angel Velásquez, alargando aun más su prisión preventiva. Esta es una modalidad que se está imponiendo en el último tiempo, como un recurso adicional a los ofertones de los persecutores.
El fiscal Andrés Cruz
Por otra parte, según informa el 12 de enero el sitio www.paismapuche.org el fiscal Andrés Cruz, de Cañete, envió un emisario a la cárcel de Lebu, comuna ubicada a más de 140 km de Concepción, en la región del BioBio. A Eduardo César Painemil Peña, detenido el 15 de agosto de 2009 le ofrecieron “excarcelación inmediata, dinero, casa, trabajo y cambio de identidad para que declare e inculpe a dos de los comuneros inculpados junto a él por la quema de un camión grúa y cabañas en el lago Lleu Lleu”. Los afectados iban a ser Mauricio Millanao y Juan Carlos Millanao Painemil, también detenidos el 15 de agosto. Los tres son miembros de la comunidad Pascual Coña sin tierra. Pero Eduardo Painemil rechazó el ofertón, por lo que el fiscal encontró otra forma de mantenerlos en prisión y/o condenarlos: la reformalización. El 27 de enero obtuvo del juez de garantía John Landeros, 35 días más para investigar y agregó como cargo la asociación ilícita terrorista, incorporando además otros cinco incendios “terroristas” ocurridos en cabañas de veraneo de la provincia de Arauco en los últimos cuatro años. La táctica de formular nuevos cargos diferenciados por grupos, se empleó contra los 23 comuneros de la zona del Lleu Lleu procesados inicialmente por la supuesta emboscada al fiscal Mario Elgueta en Puerto Choque. El juicio oral se realizaría recién en mayo o junio, lo que extendería la prisión preventiva a más de un año.
Por su parte, los abogados defensores Pelayo Vial, Adolfo Montiel y Nelson Miranda, aseguraron que más que una reformalización con cargos que desconocían hasta la fecha y de los cuales no podían defender a los imputados, el juez debería haber procedido a absolverlos de los cargos, ya que terminado el plazo de investigación no existían pruebas por parte de la fiscalía.
El fiscal Andrés Cruz paralelamente ha estado a cargo de una investigación sobre posibles vinculaciones de ETA con el conflicto mapuche, con indicios tales como la presencia en la zona de Arauco, tiempo atrás, de activistas de la ONG independentista vasca Askapena.
El fiscal Servando Pérez
El tercer caso conocido corresponde al fiscal de Rancagua, Servando Pérez, en el proceso contra la documentalista Elena Varela y los co-imputados Kenny Sánchez y Sergio Reyes, relacionado con el tema mapuche por el secuestro del su material fílmico sobre la lucha por recuperación de tierras. En carta enviada desde la prisión de alta seguridad por el ex chofer de Mininco Sergio Reyes, difundida recientemente por radio BioBio, el detenido afirma que el fiscal Pérez le habría presionado para inculpar a Elena Varela y al artesano y ex preso político mirista Kenny Sánchez, de participación en un robo con homicidio, un robo con violencia y asociación ilícita. Esos son los delitos que Servando Pérez intenta probar desde que en mayo detuvo en un mediático operativo a estas tres personas y otras cinco que debió liberar posteriormente. La autenticidad de la misiva de Reyes fue corroborada a esta periodista por Susana Sánchez, hermana de Kenny Sánchez, en tanto que el abogado de Varela, Jaime Madariaga declaró que la denuncia confirmar algo que ya se conocía.
Sergio Reyes afirma en su carta: “En una oportunidad fui avisado que tenía visita, estaba el abogado de la defensoría en compañía del Fiscal Servando Pérez quien me dice: ‘Reyes, le vengo a ofrecer un trato; le doy una condena de 7 años si se inculpa como cómplice e inculpa a Kenny Sánchez y Elena Varela’…Más adelante agrega Reyes que en una segunda visita el fiscal sostuvo: ‘Sr. Reyes, yo necesito de usted y usted de mí; le ofrezco 5 años firmando en su casa, acusarlo como encubridor, pero usted tiene que declarar en contra de Kenny y Elena’.
Continúa Reyes expresando:
“De golpe, se me aclaró la razón del porqué yo fui detenido por funcionarios de la A.N.I., se aclararon las presiones que ejercieron sobre mí en relación a mi esposa, se me aclaró por qué me amenazaban con delitos como la fuga de una persona de la cárcel de Temuco, con supuestas bombas y reuniones en el extranjero, con conocer a personas que por lógica, yo no había conocido, como es Mauricio Hernández (preso desde hace muchos años), delitos por los cuales debí haber sido formalizado por lo menos y eso nunca ocurrió. La razón estaba ahí, ante mis ojos y yo nunca la vi… Y es que la investigación de la Fiscalía era tan mala que no tenían pruebas, no podían tenerlas y necesitan de mí para poder probar una culpabilidad inexistente. Obviamente, me negué.”
Reacción de documentalistas
Al conocer la carta de Reyes Matus, los colegas de Elena Varela y miembros de la Asociación de Documentalistas de Chile, ADOC reaccionaron expresando públicamente “preocupación e indignación ante la posibilidad de que las presiones denunciadas resulten ser efectivas, puesto que ello significaría la vulneración de las normas que rigen el Estado de Derecho y el debido proceso en nuestro país. Exigimos a las autoridades que Elena Varela tenga un juicio justo, con total e irrestricto apego a las normas internacionales en estas materias, y que se investigue la veracidad de las graves denuncias realizadas por el señor Sergio Reyes Matus. De lo contrario se están vulnerando sus derechos ciudadanos y los de todos nosotros.” La declaración está firmada por Ignacio Agüero, María Paz González, Flor Rubina, Pachi Bustos, Alejandra Carmona, Paola Castillo, Paola Coll, Soledad Cortés, Pedro Chaskel, Vivi Erpel, Pablo Fernández, Lorena Giachino, María Paz González, Andrea Henríquez, Pablo Insunza, María Teresa Larraín, Tatiana Lorca, Germán Liñero, Magali Meneses, Patricio Muñoz, Carmen Luz Parot, Pablo Rosenblatt, Marcela Said, PaulaTalloni, y Dauno Tótoro.
Hostigamiento a Kenny Sánchez
La percepción de familiares de Kenny Sánchez, el otro afectado por la maniobra inculpatoria del fiscal Servando Pérez, es que existe un cerco comunicacional que dificulta denunciar nuevas fórmulas utilizadas para sostener las graves imputaciones. En enero, Sánchez expresó a su vez en carta pública: “Nuevamente debo señalar que la denegación de los medicamentos y las amenazas veladas ocurridas durante la semana pasada, están íntimamente relacionados a los golpes recibidos por mi persona el día 16 de diciembre en el transcurso de otro allanamiento al Módulo Nº 1, así como al montaje de las supuestas amenazas que yo habría proferido a un funcionario de gendarmería. Todo ello encadenado al montaje original de la fiscalía de Rancagua y a mi actitud de no transar principios y no callar ante las graves arbitrariedades cometidas tanto en la detención inicial como al interior del penal de Rancagua.
Una vez más debo advertir la gravedad de esta situación en tanto este penal se ha ido destacando por los malos tratos a los internos y, a pesar de visitas que las instancias de garantía ha realizado al recinto, los malos tratos continúan a la orden del día.
Reitero que la situación en que me encuentro es realmente peligrosa, que ha tendido a escalar y que no son descartables otras formas de hostigamiento, como la aparición entre mis pertenencias de elementos prohibidos, supuestos intentos de fuga o lisa y llanamente nuevas agresiones físicas.”
En el caso de Elena Varela, Kenny Sánchez y Sergio Reyes, detenidos en mayo de 2008 el juicio oral ya tiene fecha definitiva en Villarrica, en plena zona mapuche. El margen de maniobra del fiscal Servando Pérez sólo se extiende hasta el 2 de marzo. Con los ojos del país y buena parte del mundo vueltos en esos días hacia La Moneda, a la espera de la entrada triunfal de los herederos de la dictadura, en Villarrica estarán nuevamente a la orden del día la defensa de los derechos humanos, el debido proceso y la libertad de expresión.
En cambio, los más de 50 presos políticos mapuche que esperan llegar a juicio oral lo harán varios meses después de la toma de posesión de Piñera y cía. Mientras, en las últimas semanas se han reiniciado las recuperaciones de terreno y acciones en contra de forestales y latifundistas. “Nada que celebrar”, coreaban los mapuche el pasado 12 de octubre refiriéndose al publicitado Bicentenario. Sin duda tampoco habrán de celebrar el próximo 11 de marzo.

Juicio a Elena Varela para marzo: la historia sin fin

“Por solidaridad con el derecho de Kenny Sánchez a contar con un abogado defensor estoy de acuerdo con el aplazamiento del juicio”


Para el próximo 3 de marzo se postergó –por tercera vez - el juicio oral a la documentalista que aboga por los derechos del pueblo mapuche, Elena Varela, y a los co-imputados, el artesano y ex preso político mirista Kenny Sánchez y el ex trabajador forestal de Mininco, Sergio Reyes. Para los tres detenidos en mayo de 2008, la fiscalía pide condenas a 15 años (para ella) y 20 años (ellos) por su presunta participación en un robo con homicidio y un asalto a banco, en un juicio considerado emblemático para la libertad de expresión, pues la policía mantiene secuestrados los materiales fílmicos de “Newen Mapuche, la fuerza de la gente de la tierra” (FONDART 2007) que realizaba la cineasta antes de su arresto (nuevo trailer disponible en http://www.youtube.com/watch?v=qwXy5zFf6a8). Media hora deliberó el tribunal antes de tomar la resolución de aplazamiento solicitada por el abogado defensor de Sánchez, Pablo Ortega, reputado defensor de presos políticos mapuche. El planteó ante el tribunal que vio por primera vez a su cliente el viernes 8 de diciembre, al inicio del juicio en Villarrica, porque el ex defensor Fernando Monsalves abandonó intempestivamente la causa de Kenny Sánchez.
Al respecto expresó Elena Varela en conversación telefónica con esta periodista, camino al balneario de Licanray, lugar donde fue detenida en 2008 y reside nuevamente desde que se le cambiaron las medidas cautelares de reclusión nocturna:
“Una vez más debo continuar esperando. Esto es como la ‘historia sin fin’ de un juicio plagado de irregularidades…Sin embargo yo estoy de acuerdo con la postergación por razones de solidaridad y por razones elementales de derechos humanos, ya que el Fiscal Servando Pérez pretendía que en dos días el nuevo abogado se interiorizara del caso y el juicio comenzara este lunes. ¡Ahora está apurado! Debe ser porque en mayo próximo se cumplen los tres años de la detención y si no hay juicio para entonces, se anulan los cargos. Creo que los jueces adoptaron la resolución adecuada, que vela por los derechos humanos de un imputado. Tienen que haber tomado en consideración que éste es un caso de gran importancia judicial, y va a tener una trascendencia internacional. No podían arriesgarse a que fuera declarado nulo después el juicio, porque un acusado para el que se pedía una pena de veinte años, no había contado con la debida defensa…En el juicio la investigación suma cuatro tomos y más de 2000 páginas. Se han demorado tanto en llevarnos a juicio porque buscan y buscan pruebas pero no cuentan con ellas. Yo espero poder demostrar mi total inocencia de los hechos que se me acusan en este juicio, que considero un juicio político.”
¿Quiénes se hicieron presentes hoy en el tribunal como observadores de la causa?
Me sentí muy respaldada, ya que entre otros pude ver a Estelle Varas, representante del Parlamento Europeo; a abogados de la Asociación Americana de Juristas, entre ellos Graciela Alvarez; a Gilles Piquois, representando a Danielle Miterrand de la Fundación France Liberté; a Jaime Valdés, de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos acreditada ante la OIT; la Asamblea por los Derechos Humanos, junto a representantes del Observatorio Ciudadano, la Asociación de Documentalistas Argentinos, DOCA, y de la ADOC de Chile. También había ex presos políticos mapuche como Víctor Ancalaf, y estaba uno de mis entrevistados, un sobreviviente de la guerrilla de Neltume, el médico Pedro Cardin. Llegaron las organizaciones mapuche de Panguipulli que luchan contra megaproyectos energéticos, y familiares de Kenny Sánchez y Sergio Reyes con pancartas de apoyo. Previamente me escribieron dándome fuerza los documentalistas Patricio Guzmán y Fernando Birri, entre muchos otros, y Joe Higgins representante del Partido Socialista irlandés en el Parlamento europeo, asimismo de Soldepaz Pachakuti la organización de derechos humanos de Asturias que visité en mi gira a Europa del año pasado, antes de ir a la sesión de derechos humanos en Ginebra. También documentalistas venezolanos y organizaciones de ese pueblo me han dado todo su apoyo.
Estamos a muy pocos días de la segunda vuelta en la elección presidencial. ¿Algún político se ha pronunciado sobre su causa?
No, ningún político se ha manifestado al respecto. En algo tan importante para la libertad de expresión y los derechos humanos, debían haberse hecho presentes. Esto me hace pensar en lo enajenado, parcial y superficial que es su enfoque de la realidad. Yo esperaba en realidad que se hicieran presente de algún modo los diputados del medio audiovisual y de cultura que me dieron su apoyo visitándome en los peores momentos cuando estuve casi cuatro meses recluida en la cárcel de alta seguridad de Rancagua, eso yo lo aprecié mucho. Pero en fin, espero que sí vengan en marzo.
¿Y había prensa chilena presente?
Sí, estaba la radio BioBio, y creo que algunos diarios, incluido Azkintuwe, el periódico mapuche. Un gran logro es que estamos logrando romper el cerco de la censura por la fuerza de los hechos. A la salida del tribunal me entrevistó TELESUR y la nota salió en vivo para toda su audiencia global. Eso será muy significativo ya que estaban haciendo un reportaje sobre el conflicto en territorio mapuche, aquí mismo donde se está desarrollando el juicio y donde cada día en la zona hay nuevos detenidos, allanamientos y tortura, y en ese marco me entrevistaron y pude hablar sobre mi detención, sobre el montaje mediático y policial y la pretensión de acallar a quienes difundimos con nuestra cámara las luchas y hablamos de los dolores del pueblo mapuche y de su lucha por recuperar sus tierras ancestrales. Buscaban darme un escarmiento, el fiscal está buscando matar el monstruo de la guerrilla, del mirismo, de la lucha y neutralizar a gente de izquierda vinculada al movimiento mapuche y lucha contra el sistema, como yo. Mi lucha se expresa en la cámara. Ser documentalista significa mostrar por ese ojo las injusticias que se cometen contra el pueblo mapuche con el apoyo silencioso de un estado supuestamente democrático. Pero el fiscal y la policía quieren mostrarme como parte de una célula guerrillera.Yo me siento muy fortalecida por la solidaridad recibida y confío en el equipo jurídico encabezado por el ex juez Juan Guzmán junto a los abogados Jaime Madariaga y Sandra Pinto, todos ellos de gran nivel.”

¿Ahora se dedicará a terminar Newen Mapuche?
No sé si me alcance el tiempo para eso de aquí a marzo. Tengo un ofrecimiento muy importante, el mejor montajista de Cuba me ha ofrecido que viaje para realizar en la isla el trabajo que falta para concluir el documental, que ya tiene lista toda la parte de producción. Eso sería fabuloso para mí, pero una vez más tengo que pasar por todos los trámites de pedir autorización a la justicia para viajar, en fin…Tengo arraigo nacional. Es muy temprano para tomar decisiones al respecto todavía. Hay informes favorables de Gendarmería al respecto, por eso me autorizaron antes, ya que las pericias sicológicas y siquiátricas que me hicieron les demostraron quién soy de verdad. En esos informes no aparece la “terrorista” que dibujará el fiscal en su alegato o la pobre mujer sin capacidad de razonamiento que sigue órdenes de otro. Por lo demás, he salido en varias oportunidades al extranjero y cada vez he regresado a Chile, a asumir por duro que ello sea, pues sé que puedo demostrar que todo esto es un montaje y soy inocente de las acusaciones.
Antes de la asunción presidencial
El juicio se realizará definitivamente –se espera- en Villarrica (a unos 780 km al sur de Santiago y distante alrededor de una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía) y con más de 150 testigos, podría extenderse por más de dos semanas. Villarrica es una ciudad cuyo entorno de lagos y volcanes convierte el área en un lugar privilegiado, donde un atractivo adicional es la feria artesanal mapuche. Miles de visitantes llegan allí cada verano pero en marzo sólo quedarán los locales, en tanto que las condiciones nacionales también habrán variado. Los chilenos habrán hecho su elección respecto del próximo presidente de Chile. Con seguridad el mal llamado “conflicto mapuche” habrá retomado su intensidad y la atención de la prensa nacional y extranjera se centrará en la nueva situación política, quizás puesta a prueba por la decisión que adopte el tribunal respecto de la cineasta y los otros dos imputados.

El tribunal oral seguirá estando presidido por el juez Jorge González Salazar, e integrado por los magistrados Oscar Viñuela Aller y Alejandra Rosas. Sólo la jueza es de Villarrica; los dos magistrados vendrán desde Temuco, la capital regional. Las dos juezas de Villarrica se inhabilitaron por haber juzgado ya el robo a la sucursal del Banco de Estado (2004) ocurrido en la vecina localidad de Loncoche.

La única “prueba” contra Elena Varela no refutable por la defensa, es la breve vinculación sentimental que la realizadora tuvo en 2004 con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, que se fugó de la cárcel de Temuco en 2006. El enfoque de género del fiscal y de la policía y su capacidad para construir fábulas es ilustrativo: para ellos, Elena Varela necesariamente debía seguir el camino y el accionar de su pareja, sin capacidad para adoptar decisiones propias. Además, la fiscalía deduce mágicamente a partir de la declaración de una testigo “protegida”, que el grupo era una alianza Frente Patriótico Manuel Rodríguez/MIR, organizada para financiar la defensa jurídica del ex frentista Hernández Norambuena. “Un constructo”, lo denomina Elena, agregando que están sosteniendo de hecho que el ex MIR sigue vivo. Por tanto, asume ella, también es legítimo pensar que igualmente está viva la ex CNI –el organismo represivo de la dictadura- ya que la policía chilena utilizó los mismos métodos que los órganos de “inteligencia” pinochetista: seguimiento y operaciones encubiertas que duraron tres años antes de la detención; secuestro, tortura, juicio mediático, y montaje con armamento inexistente. No falta nada en el libreto policial asumido por el fiscal Servando Pérez, que incluso como justificativo adicional menciona supuestos vínculos del grupo que realizó las acciones armadas, con las FARC colombianas, igualmente mencionadas en relación a detenciones de comuneros mapuche juzgados por la ley antiterrorista heredada de Pinochet y utilizada en tiempos de Lagos y Bachelet asiduamente.

En la cárcel de Rancagua
Pocos días antes del fijado para el inicio del juicio, Kenny Sánchez – retornado en 1988, desde Suecia, país al que lo expulsó la dictadura; padre de cinco hijos y hoy militante socialista - se dirigió a los organismos de ddhh para denunciar su situación: “ A los órganos represivos no les basta el montaje que han pretendido ejecutar contra mi persona a través de una nueva acusación contra mí por “amenaza” a un funcionario de Gendarmería, sino que…entran directamente a la agresión física, como un modo de provocación burda y brutal. El día miércoles 16 de diciembre se realizó un allanamiento al módulo en que estoy. Habiéndonos hecho salir a todos los internos de nuestras celdas y mientras caminaba con las manos en la nuca hacia el lugar en el cual estaban concentrados los demás internos del módulo de improviso fui golpeado en la cabeza, por la espalda... Estando en el lugar de concentración, también con las manos en la nuca y mirando hacia el suelo, fui nuevamente golpeado, ahora para que bajara aún más la cabeza. Nunca pude ver al funcionario que me golpeó. Fui llamado para hacerme presente en mi celda, motivo por cual fui tomado desde el suelo, con las manos y muñecas torcidas desde atrás, situación a la cual el mayor Ferrada puso fin, dejando de manifiesto la violencia innecesaria que estaban empleando contra mi persona los miembros del grupo de traslado del penal de Rancagua. .En conversación con el mayor éste señaló que él no era el responsable del operativo sino el mayor Fuentes… Esta actitud de Gendarmería o de algunos de sus funcionarios, podría derivar en otros tipos de provocaciones, como por ejemplo en la “aparición de elementos prohibidos” al interior de mi celda o lisa y llanamente nuevas agresiones. Por ello, nuevamente llamamos a los organismos de Derechos Humanos a manifestar preocupación por los malos tratos que en este penal se aplica contra todos los internos, haciéndolos responsables por las consecuencias que este tipo de provocaciones
pueden tener.”

Kenny Sánchez pertenece a una familia histórica de la combativa población La Victoria de Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una de las áreas que contribuyó para que el Partido Comunista lograra por primera vez en democracia, contar con representación parlamentaria.
Tampoco existen pruebas contra Sánchez que puede demostrar fehacientemente que cuando ocurrieron los hechos de los que se le acusa, estaba a centenares de km de distancia, en eventos familiares que compartió con decenas de personas. El rechaza el mote de terrorista que se le ha dado a partir de su pasado mirista en dictadura, reafirmando su orgullo de haber pertenecido en esos tiempos a una organización que escribió parte de la historia de la lucha antidictatorial en Chile para recuperar la democracia, pagando por ello un alto precio en prisión y muerte de muchos de sus integrantes.

La historia de Elena
Elena es chilena y tiene una hija de 17 años. En los años 80 como estudiante en el Instituto Pedagógico de la capital, conoció la represión junto a jóvenes que cayeron combatiendo a la dictadura, como Jecar Neghme y los hermanos Vergara. Es licenciada en música por la Universidad de Chile, intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, y Magíster en Artes mención Musicología. Formada inicialmente con los seminarios que daba ARCIS, en 2005 ya había ganado el fondo audiovisual de CORFO (2005) con “Tres Mujeres” (mapuche), juzgadas por la ley antiterrorista. En 2004 trabajó en “Miradas del Sur”, su primera experiencia con FONDART, formando jóvenes documentalistas. Como directora de Cultura en Pucón, creó la Casa de la Cultura de esa comuna promoviendo intercambios con directores de cultura de todo Chile. Siguió un pos título en Gestión Cultural (U de Chile/U Iberoamericana de España) generando un diagnóstico cultural local. Su guión para el largo metraje “Pueblo de los Niños” fue premiado en el Festival de La Habana. En 2006 creó la Orquesta Infantil Intercultural (con niños mapuche) de Panguipulli, que dirigió por tres años. Los documentalistas argentinos la nombraron miembro de honor de su organización por su trayectoria.
El proyecto con el que ganó el 2006 el Fondo Audiovisual CORFO (“Sueños del Comandante”) desentierra la historia de la localidad de Neltume (comuna de Panguipulli) antes y después del golpe militar.

“Haré saber a jueces y fiscales que en este país aun se tortura, se persigue y se niega la verdad”

Palabras de la documentalista Elena Varela

Mientras se prepara para declarar en el juicio oral, la documentalista chilena Elena Varela ha estado recibiendo el apoyo de diversas personalidades de la cultura y de organizaciones sociales y de derechos humanos de Chile y el mundo a quienes solicitó actuar para que “el grito ´libertad´ se levante desde el sur de Chile y traspase todas las fronteras”. La documentalista, que el viernes 8 de enero deberá comparecer en un juicio en que la fiscalía pretende acallarla con 15 años de prisión, se dirigió al movimiento solidario forjado para rechazar el montaje que se desplegará en los tribunales de Villarrica, en el corazón lacustre de la zona mapuche.
Expresó Elena Varela:
“Quiero compartir estos momentos con quienes me han acompañado a lo largo de esta lucha por la libertad. Fui detenida el 07 de mayo del 2008 y desde ese momento ustedes han estado conmigo. Algunos alzando sus voces clamando justicia, otros con abrazos como lo hacen los hermanos. los compañeros, otros con sus cantos y el apoyo político social. Casi son dos años de esfuerzo y de dolor, de prisión, persecución y de injusticia, esto sin contar los cuatro años de investigación de inteligencia. Este 08 de enero comienza el juicio en mi contra donde con más fuerza he tenido que levantarme para decir la verdad, para hacerles saber a jueces y fiscales que en este país aun se tortura, se persigue y se niega la verdad. Quiero decirles que no soy una delincuente, ni tampoco una terrorista. Que la vida se me ha ido construyendo una sociedad más linda, entre niños y viejos. Les pido en estos momentos toda su presencia como ustedes saben hacerla. Que el grito LIBERTAD se levante desde el sur de Chile y traspase todas las fronteras. Por la Justicia y por la dignidad de nosotros los que pensamos y decimos la verdad, los que creemos que es posible aun y a pesar de todo, construir un mundo fraterno y solidario.”

caso Elena Varela desnuda la democracia chilena

Elena apoyada por Patricio Guzmán ("La batalla de Chile")
Elena y Danielle Miterrand (Fundación France Liberté)

Emblemático juicio en Villarrica antes de la elección presidencial

El próximo ocho de enero – sólo nueve días antes que los chilenos elijan Presidente a Eduardo Frei o a Sebastián Piñera - se iniciará en la sureña ciudad de Villarrica, a una hora de Temuco, el juicio oral a la cineasta Elena Varela. Se trata de una causa emblemática para la libertad de expresión y los derechos humanos, iniciada en mayo de 2008 por el ministerio público, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. La documentalista que aboga por los derechos del pueblo mapuche sufrió tortura, fue sentenciada por los medios como terrorista y enviada a prisión en una cárcel de alta seguridad, seguida por reclusión nocturna. Su material fílmico fue secuestrado junto a su libertad de desplazamiento, por ya casi tres años. En plena zona del conflicto mapuche/Estado chileno/forestales, la elección de los jueces – en este caso, elección de sentencia- tendrá como resultado la defensa irrestricta de la libertad de expresión con la libertad de la imputada, o su condena, mediada por la variante que adopte el tribunal considerando los 15 años de prisión solicitados por el ministerio público y sellando un proceso similar a los realizados en dictadura.

El juicio en Villarrica (a unos 780 km al sur de Santiago y distante alrededor de una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía) se convertirá así en un espejo de las carencias de la antidemocracia en Chile, donde los luchadores sociales y defensores de los derechos de los pueblos indígenas a menudo son detenidos sin respetarse las normas del debido proceso, utilizándose la prisión preventiva y/o la tortura como un mecanismo de control del avance de la movilización social y leyes heredadas de la dictadura. El caso de Elena Varela ejemplifica asimismo las dos caras del gobierno de la Presidenta Bachelet, que por una parte premia a la artista con el FONDART 2007, el más importante concurso de fondos públicos para el cine, para el documental“Newen Mapu, mapuche, la Fuerza de la Tierra” - y por otra, la encarcela y requisa sus entrevistas a líderes de las luchas recientes por recuperación de la tierra ancestral.

En Villarrica, defendida por un reputado equipo jurídico que encabeza el ex juez Juan Guzmán, flanqueada por observadores internacionales y una red de comunicadores, organizaciones feministas, indígenas, artistas y luchadores por los derechos humanos, Varela enfrentará cargos de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). La fiscalía pide quince años de prisión para la detenida por “planear estos delitos, reclutar gente y refugiar a los delincuentes después de acaecidos los hechos”. La acusación se basa en la breve vinculación sentimental que la realizadora tuvo en 2004 con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, que se fugó de la cárcel de Temuco en 2006. Para otros dos chilenos co-imputados detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión.

Elena ¿cómo se siente al acercarse finalmente el juicio oral?

“Tengo toda la fuerza y la convicción de que finalmente toda la verdad saldrá a la luz pública nacional e internacional, y se verá que nada tengo que ver con los asaltos. Este es un juicio político en el que a través de una investigación muy burda se me quiere inculpar. Hay una paranoia del Estado que busca aplacar con montajes los movimientos sociales. Estoy recogiendo lo que sembró la dictadura. Esto es un escarmiento, una manera de matar el monstruo de la guerrilla, del mirismo, de la lucha. Buscan neutralizar a gente de izquierda que está vinculada al movimiento mapuche y lucha contra el sistema, como yo. Pero mi lucha es principalmente artística y cultural. Ser documentalista significa contarle al mundo las injusticias que se cometen contra el pueblo mapuche con el apoyo silencioso de un estado supuestamente democrático, eso es lo que yo hago. Pero el fiscal y la policía dirán que nos hacíamos pasar por cineastas y éramos una célula guerrillera. Ellos insisten en construir y levantar de mí esa imagen sabiendo que mi quehacer profesional para ellos ya es peligroso. Pero me siento fortalecida por la solidaridad recibida y confío en el equipo jurídico con que cuento, que es de gran nivel. Siento que lo que estoy viviendo es como poner la cara por todos, es un acto de resistencia muy grande.”

¿Cómo se plantea frente a las elecciones presidenciales?

Lamentablemente casi no he podido pensar en las elecciones. Para mí esta lucha electoral no es una lucha de un pueblo consciente. Es una puesta en escena del abanico político beneficiado después de la dictadura. Creo que las elecciones cobran sentido cuando nosotros podemos valorar la historia y desde allí proyectar nuestro camino. Allende murió luchando por esto y así también muchas personas, en busca de algo digno para sus vidas. Por eso que creo que cada día que pasa Pinochet resucita en manos del poder. Y la memoria pasa al olvido e incluso parece un pecado capitalista pensar en soñar, pensar otro mundo o siquiera recordar.



Luego tengo fe que en este juicio llegue a desenmascararse una vez más el fascismo, aunque sea a costa de nuestras vidas. Creo que es necesario que mueran los fantasmas del pasado, aquellos que fueron capaces no tan solo de desfigurar nuestro rostro sino también de succionar nuestro espíritu.”

Su historia

Elena es chilena y tiene una hija de 17 años. En los años 80 en el Pedagógico, conoció la represión junto a los que cayeron combatiendo a la dictadura, como Jecar Neghme y los hermanos Vergara. Es licenciada en música por la Universidad de Chile, intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, y Magíster en Artes mención Musicología. Formada inicialmente con los seminarios que daba ARCIS, en 2005 ya había ganado el fondo audiovisual de CORFO (2005) con “Tres Mujeres” (mapuche), juzgadas por la ley antiterrorista. En 2004 trabajó en “Miradas del Sur”, su primera experiencia con FONDART, formando jóvenes documentalistas. Como directora de Cultura en Pucón, creó la Casa de la Cultura de esa comuna promoviendo intercambios con directores de cultura de todo Chile. Siguió un pos título en Gestión Cultural (U de Chile/U Iberoamericana de España) generando un diagnóstico cultural local. Su guión para el largo metraje “Pueblo de los Niños” fue premiado en el Festival de La Habana. En 2006 creó la Orquesta Infantil Intercultural (con niños mapuche) de Panguipulli, que dirigió por tres años.

Ahora habla desde el sur, pero ha pasado la Navidad con su familia en Santiago, y dejó a su hija América con los abuelos, preservándola de la ansiedad de los días previos al juicio.

¿Qué han significado estos dos años y ocho meses de represión?

“Ha sido difícil, mi sentimiento es de una opresión grande…Han sido capaces de mantenerme en una situación de destrucción total de mi vida, mi hija, mi familia. Quisieron cortarme las alas y reducirme por mi condición de mujer. Consideran mis acusadores que como mujer no fui independiente para pensar y si estaba con un hombre tenía que pensar exactamente igual que él. Eso es algo muy tortuoso y denigrante, así lo han interpretado organizaciones feministas que me acompañarán también en el juicio. En esta experiencia dura, lo positivo es que prevalece el amor, la solidaridad, y toda la gente que me apoya. Hace unos días tuve una reunión con diplomáticos de diversas naciones europeas que recorrieron la región para interiorizarse en terreno de lo que sucede en territorio mapuche. Este encuentro lo organizó Fernando Lira, presidente de la organización Liberar y fue excelente que ellos pudieran conocer los detalles del montaje judicial que se ha organizado en mi contra. Me dieron todo su apoyo.”

¿Qué pasó con “Newen Mapuche”?

“Hemos logrado concretar la producción. Pudimos reconstruir la historia y sus relatos e incluso rodearlos de mi historia como documentalista. Ahora comenzamos el montaje, pero antes, esperamos el juicio; quiero tener justicia, dignidad y libertad para seguir adelante por el derecho a crear y pensar distinto. Por la libertad de expresión y de tener la esperanza de una humanidad más justa. Luego podremos terminar esta película.”

Los jueces

El tribunal oral será presidido por el juez Jorge González Salazar, e integrado por los magistrados Oscar Viñuela Aller y Alejandra Rosas. Sólo la jueza es de Villarrica; los dos magistrados vendrán desde Temuco, la capital regional. Las dos juezas de Villarrica se inhabilitaron por haber juzgado ya el robo a la sucursal del Banco de Estado (2004) ocurrido en la vecina localidad de Loncoche. El juez González se ha ganado una reputación antimapuche por su desempeño en juicios cuestionados por organismos de derechos humanos e indígenas. El presidió el tribunal que en 2003 juzgó por segunda vez –a pedido de la Corte Suprema – a los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, absueltos en un primer juicio, y los condenó a cinco años por “amenazas terroristas” al latifundista y político Juan Agustín Figueroa. Redactó asimismo en 2007 una de las sentencias condenatorias a la lonko Juana Calfunao, pero la absolvió de algunas de las acusaciones.

Además de Elena Varela, serán juzgados por este tribunal el artesano Kenny Sánchez –comerciante, ex preso político mirista en dictadura, retornado desde Suecia en 1988, padre de cinco hijos y hoy militante socialista- y el ex supervisor forestal Sergio Reyes. Ellos llevan más de dos años en prisión efectiva y enfrentan posibles condenas a veinte años de cárcel. Kenny Sánchez pertenece a una familia histórica de la combativa población La Victoria de Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda una de las áreas que contribuyó para que el Partido Comunista lograra por primera vez en democracia, contar con representación parlamentaria.

Los testigos

Con más de 150 testigos, el juicio podría extenderse por casi una semana en el caldeado ambiente preelectoral de un país visitado por decenas de corresponsales extranjeros. Villarrica es una ciudad cuyo entorno privilegiado, unido a la feria artesanal mapuche, atrae a miles de visitantes cada verano.

El renombrado documentalista argentino Fernando Birri asistirá al juicio junto a dirigentes de la DOCA y la ADOC, entidades que agrupan a los documentalistas argentinos y chilenos, respectivamente.

Entre los 30 testigos a favor de la documentalista están los directores Ignacio Agüero (“El Diario de Agustin”), Dauno Tótoro (“El Despojo”), Francisco Gedda (“Sur del Mundo”, “Frutos del País”), e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El fiscal perseguidor tendrá entre sus testigos principales a los detectives de la Policía de Investigaciones PDI Carlos Sanhueza, Sergio Solar y Joaquín Solar que trabajaron con asesoría de la Agencia Nacional de Inteligencia ANI. Pieza clave es doña Andrea Muñoz Gaete (39 años) testigo protegida del Ministerio Público desde 2005 y viuda de Alfredo Hermosilla, un miembro de ese grupo muerto en el asalto en que participaba en Machalí. Ella nunca fue formalizada. La mujer posibilitó el operativo de seguimiento, control y detención de los acusados. La policía obtuvo su colaboración después de la muerte de su marido que era auxiliar en el Hospital de Temuco. El jefe del grupo, Moreno Venegas (“Leonardo Civitarese” para Elena) solía alojar en casa de los Hermosilla-Muñoz. Andrea Muñoz -también de oficio paramédica - proveía de medicamentos a Moreno. Ella declarará que su marido le dio a conocer los otros integrantes. Su confesión sobre el nacimiento, accionar y objetivos del MIR/EGP y su relación con la policía, permiten encuadrarla como colaboradora eficaz y/o infiltrada de la ANI en el citado grupo, entre 2005 y 2008. Según la mujer, Cristián San Martín Morales, quien se fugó el 2006 de la Cárcel de Temuco, después de dos años de detención por el robo con violencia en Loncoche, había participado en 2002 en Sao Paulo en el secuestro del publicista brasileño Olivetto, junto al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Mauricio Hernández Norambuena y otros chilenos todavía presos en Brasil. La fiscalía deduce mágicamente sólo de esa declaración, que el grupo era una alianza Frente Patriótico Manuel Rodríguez/MIR, organizada para financiar la defensa jurídica del ex frentista Hernández Norambuena,

Elena no sabía inicialmente quién la estaba inculpando. “El fiscal me habló en mayo de un testigo, pero yo sólo accedí a su nombre y su foto de carnet meses después.” La viuda de Hermosilla y la realizadora se conocieron en 2004, cuando “Leonardo” (Juan Moreno) llevó a Elena a casa de ésta para un examen médico.

Dinero y la ANI

Cuantiosos recursos fiscales invirtió la PDI en los 4 años de investigación, para convencer a los jueces que en 2004-2008, Elena Varela integró junto a su pareja y otros, la organización Ejército Guerrillero del Pueblo Patria Libre planificando el robo a la Sucursal del Banco de Estado en Loncoche (20 de diciembre de 2004) y un robo con homicidio en las oficinas del INP de Machalí (10 de junio de 2005).

Elena se convirtió de cineasta en protagonista de este montaje por obra y gracia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que preside el abogado socialista Gustavo Villalobos. La ANI es sucesora de la Dirección de Seguridad Pública y de la “Oficina” (1991), que dirigía entonces el hoy parlamentario Marcelo Schilling. Al inicio de la transición democrática chilena, la Oficina reclutó como colaboradores a algunos prisioneros políticos y ex militantes de grupos de la izquierda revolucionaria, para desmantelar e infiltrar a esas organizaciones. En esa época se creó la primera Cárcel de Alta Seguridad y se aprobó la Ley de Delación Compensada. El uso de la tortura y de la presión a familiares de perseguidos – métodos heredados de la CNI- fueron parte del accionar de la Oficina y la defensa de los imputados sostendrá que eso continúa hoy.

En 2004 y 2008, la realizadora puede demostrar que trabajó sin parar con su productora Ojo Films, en documentales financiados con fondos públicos concursables. El proyecto con el que ganó el 2006 el Fondo Audiovisual CORFO desentierra la historia de la localidad de Neltume (comuna de Panguipulli) antes y después del golpe militar. Todas las pruebas que presentará el fiscal han sido desbaratadas por la defensa, que desmiente el carácter atribuido a las llamadas telefónicas y contactos de la documentalista. Todos los materiales requisados en el allanamiento tenían relación con la producción de los documentales citados. La fiscalía no logró un nuevo aplazamiento del juicio y el equipo jurídico de defensa se encuentra debidamente preparado. Han confirmado asistencia al juicio observadores del parlamento europeo y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde compareció Elena en septiembre de 2009 para denunciar su caso.

La elección que hagan los jueces antes del 17 de enero no será sólo un tema nacional.

Observatorio Ciudadano responde a Fiscalía de la Novena Región

En declaración pública dada a conocer hoy el Observatorio Ciudadano, organización que ha sido mencionada en el marco de la campaña policial contra el pueblo mapuche, expresa lo siguiente: "Representamos que el Sr. Fiscal Regional, excediéndose en sus atribuciones institucionales, haga imputaciones públicas e infundadas sobre la labor de los organismos de derechos humanos. Cuestiona con ello un derecho humano básico hoy internacionalmente reconocido: el derecho a la defensa. Esta lógica podría llevar al Fiscal regional a interpelar la acción de la propia Defensoría Penal Pública, la que ha asumido diversas causas de imputados mapuche vinculados a los conflictos por tierras en los últimos años, imputados que, dicho sea de paso, en su mayoría han sido absueltos de los cargos de los que la Fiscalía les ha acusado."
A continuación el texto completo de la declaración del Observatorio Ciudadano (antes llamado Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, que amplió su quehacer a raíz de la criminalización de la protesta social)y que en diversas ocasiones ha defendido a luchadores sociales mapuche:

Sobre el incendio ocurrido este domingo 17 de agosto 2008 en el Fundo Santa Rosa, Comuna de Vilcún, y que afectó a la familia Luchsinger.

1. Manifestamos nuestra condena categórica a este hecho de violencia y esperamos que se realice una investigación acuciosa, transparente y con pleno respeto a los derechos humanos para determinar quiénes fueron sus responsables. No obstante, hacemos un llamado a no estigmatizar al pueblo mapuche a raíz de este hecho como lo han manifestado algunas autoridades, y exigimos que estos lamentables sucesos no constituyan una nueva carta blanca para continuar con la política gubernamental de criminalizar las protestas y reivindicaciones mapuches, que ha terminado en violentos procedimientos policiales con saldos de personas heridas y muertas.

2. En opinión del Observatorio Ciudadano este reprochable hecho no contribuye a la reivindicación del pueblo mapuche en pro del reconocimiento y plena exigibilidad de sus derechos y, por el contrario, puede poner en riesgo algunas conquistas importantes tales como: la ratificación plena del Convenio 169 y la no aplicación de la Ley Antiterrorista a los presos mapuches procesados en el marco del conflicto territorial, como ha sido exigido por organismos internacionales de derechos humanos.
3. Rechazamos la reacción del Alto Mando de Carabineros que llama a "endurecer" la labor policial tras los atentados al fundo Santa Rosa, a implementar tácticas del tipo "antiguerrilla", al reforzamiento del contingente con personal de regiones vecinas y fortalecimiento del trabajo de inteligencia contra los focos de activismo en la Araucanía. Estas estrategias a lo largo de los años han derivado indefectiblemente en la represión de comunidades mapuche, de sus dirigentes y miembros, que plantean demandas justas.
Particularmente graves son las expresiones del Ministerio Público, organismo que previo a la investigación de rigor anuncia acciones que implican nuevas modalidades de intervención y allanamientos en comunidades mapuche.
4. Sobre las opiniones vertidas por el Fiscal Regional Sr. Francisco Ljubetic y el abogado Carlos Tenorio, representante del Sr. René Urban, agricultor en conflicto con comunidades mapuche, en la edición de este martes 19 de agosto de diario El Mercurio, que vinculan estos hechos con el trabajo del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano) impugnando la labor de defensa legal que efectúa nuestra institución, manifestamos lo siguiente:



4.1 Reafirmamos que la labor de los organismos de derechos humanos es monitorear los avances y las violaciones que se producen en diversas materias de derechos humanos y proveer defensa legal, en especial en aquellos casos que involucran a poblaciones vulnerables como son los pueblos originarios en Chile. Los principales organismos internacionales de derechos humanos han constatado en Chile situaciones de vulneración sistemática de derechos indígenas, numerosos hechos de violencia contra personas de origen mapuche y comunidades de responsabilidad del estado y sus agentes y, asimismo políticas de gobierno que no responden a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas. En este contexto, el Observatorio solo cumple con su misión de promover espacios para que los derechos de estos pueblos y sus miembros sean respetados en Chile.
4.2 Representamos que el Sr. Fiscal Regional, excediéndose en sus atribuciones institucionales, haga imputaciones públicas e infundadas sobre la labor de los organismos de derechos humanos. Cuestiona con ello un derecho humano básico hoy internacionalmente reconocido: el derecho a la defensa. Esta lógica podría llevar al Fiscal regional a interpelar la acción de la propia Defensoría Penal Pública, la que ha asumido diversas causas de imputados mapuche vinculados a los conflictos por tierras en los últimos años, imputados que, dicho sea de paso, en su mayoría han sido absueltos de los cargos de los que la Fiscalía les ha acusado.
5. Finalmente hacemos un llamado a la opinión pública a repudiar estos hechos que solo tienen como resultado una ola de violencia y represión hacia las comunidades mapuche. En este ánimo, instamos a aquellos gremios empresariales regionales, que han exigido una mayor intervención policial, a que depongan su actitud confrontacional con las comunidades mapuche y velen por el término de la discriminación y pobreza de las que éstas han sido víctima.



Miércoles 20 de agosto 2008

Elena Varela libre y los magnolios, en flor

De vuelta de la manifestación en que nos felicitamos porque Elena Varela está libre, yo venía en un bus del tan mentado Transantiago cuando los magnolios en flor se encargaron de mantenerme sonriendo todo el viaje. Elena Varela fue dejada en libertad ayer por un juez (diferente del anterior, todavía no sé el nombre) que decidió que permanezca con "arraigo nacional" y reclusión nocturna. Eso, si se mira al lado de lo que es estar tres meses como ella estuvo en una cárcel de alta seguridad parece plena primavera! Y nos hizo explotar de alegría hoy junto a los documentalistas y a todo el colectivo ciudadano armado en la Plataforma por la Libertad de Expresión que hicimos la campaña por su libertad. Lo sentimos como un triunfo. Por supuesto no dejo de pensar que la decisión no puede ser ajena al hecho de que en estos días pisará Chile un enviado oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se le había solicitado incluir en su agenda una visita a esa cárcel.

Los magnolios en flor están uno tras otro en Avenida Los Leones (Providencia). son árboles jóvenes, casi tímidos, que están floreciendo de a poquito. Otros no se atreven aun y levantan avergonzados sus ramas desnudas al lado de sus hermanos que ya están esplendorosos en blanco y lila o rosa viejo.
Qué hermoso fue verlos. Y qué alegría saber que la denuncia y la campaña por la libertad de Elena Varela permitieron al menos que ella pueda estar con su familia y su hija América. Dicen que en diez días recuperará su material fílmico. Estaremos alerta.

En Angol Gendarmería encerró a preso político mapuche junto a violadores

José Huenchunao, preso por “incendio terrorista” se declaró en huelga de hambre

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Gendarmería de la cárcel de Angol ordenó recientemente el ingreso de nueve presos comunes, y de condenados por violación y delitos sexuales, a la celda del preso político mapuche José Huenchunao. Gendarmería le quitó además todas las garantías obtenidas en las diferentes huelgas de hambre por los condenados –como él - a diez años y un día del caso Poluco Pidenco, aumentando a 14 sus horas de encierro. Aunque Huenchunao sufre de gastritis, ahora le impiden incluso cocinar para sí mismo y recibir alimentos básicos para su dieta, como la harina tostada y el mote, elementos de la cocina típica mapuche. José Huenchunao inició una huelga de hambre el 11 de agosto.

A su vez, las comunidades de Huentelolén, Antiquina, Pascual Coña, Caupolicán, Nicolás Calbullanca, El Malo y Tirúa Sur respaldaron a José Huenchunao y sostuvieron en declaración pública firmada como “Comunidades Mapuche en conflicto del territorio Lleu Lleuche (en la ribera del lago Lleu Lleu codiciado por transnacionales mineras) que “el Estado de Chile se está haciendo parte y cómplice de un posible atentado contra la vida de nuestro werken José Huenchunao tal como lo hizo con Julio Huentecura, quien fue asesinado en septiembre de 2004 en la penitenciaría de Santiago”. En ese caso Gendarmería adujo que se trató de una pelea entre reos comunes. Para las comunidades esta es una nueva muestra de criminalización y negación de derechos. La declaración fue dada a conocer a esta periodista por la red mapuche Pulchetun.

José Huenchunao Mariñán, de 37 años, es originario de la comunidad El Malo y fue werken de las comunidades en conflicto de Lleu Lleu. Fue detenido en marzo de 2007, luego de pasar en la clandestinidad 3 años después de haber sido condenado en agosto de 2004 por supuesto “incendio terrorista” del fundo Poluco Podenco de Forestal Mininco. Huenchunao es uno de los 19 presos y presas políticas mapuche que permanecen en diferentes cárceles ubicadas en Angol, Victoria, El Manzano, Arauco, Lebu, Lautaro, Rancagua, Los Angeles, y en la Cárcel de Hombres y la Cárcel de Mujeres de Temuco. Estos 19 casos forman parte de 55 casos de prisión política, medidas cautelares y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes que afectan a miembros de comunidades mapuche y fueron denunciados recientemente a la Presidenta Bachelet por haber ocurrido durante su período de gobierno.

Las conquistas conculcadas por Gendarmería de Angol, se habían obtenido en diversas huelgas de hambre de los presos políticos mapuche condenados por la legislación antiterrorista heredada de Pinochet. La primera huelga se inició en marzo de 2006 y duró 73 días. En otra huelga que partió el 10 de octubre de 2007, Patricia Troncoso Robles protagonizó más de 100 días sin ingerir alimentos logrando finalmente una parte de sus demandas, el acceso a beneficios carcelarios para ella y el resto de los prisioneros. José Huenchunao también participó en esa movilización durante los meses de noviembre y diciembre.
Según informan los comuneros, los derechos alcanzados a través de esas luchas eran: permanecer presos en un espacio territorial básico digno, recibir visita en su propio módulo y no en el gimnasio, en días diferentes que los días de visita para presos comunes, además de la visita prolongada los 2º sábados de cada mes; recibir de sus familiares alimentos propios de la cultura mapuche, como son harina tostada, mote; visitas, y obtener un trato digno “como es propio de un preso politico mapuche y no de un delincuente”.
La declaración de las comunidades concluye señalando: “Convocamos a manifestar nuestro repudio y realizar actos de protesta y solidaridad para apoyar al pueblo Mapuche. Por último no podemos dejar de mencionar el constante hostigamiento que sufrimos las comunidades en conflicto de Arauko ya que acá también tenemos presos políticos mapuche en muy malas condiciones carcelarias, como son el lonko Avelino Meñaco y Pedro Lepicheo recluidos en la cárcel de Lebu.” Ellos tendrán audiencia de preparación del juicio el próximo 25 de Agosto en el Tribunal Oral de Cañete.
Avelino Meñaco es lonko de la comunidad Pascual Coña y fue detenido el 26 de diciembre de 2007. Con declaraciones anónimas, se le acusa de una supuesta quema de una cabaña, pero había sido liberado al demostrarse que estaba en su comunidad a la hora del incendio. Su libertad fue revocada sin embargo, por la Corte de Apelaciones de Concepción. Fue recapturado porque había decidido no presentarse ante el tribunal por estimar que no tenia garantías de un debido proceso. A Pedro Lepicheo Machacán, miembro de la comunidad Juan Ignacio Catrileo Marinao Uno, del sector de Huentelolén, comuna de Cañete, se le acusa de incendiar el vehículo del periodista Daniel Roa durante una manifestación en solidaridad con la huelga de hambre de Patricia Troncoso y los presos políticos mapuche. Fue detenido en noviembre de 2007 con su hermano menor, José Galvarino Lepicheo (quien está en libertad con medida cautelar, luego de pasar tres meses en prisión preventiva).

“Chile es un estado policial que no respeta las libertades democraticas”

El académico cristiano Hervi Lara, integrante del equipo ejecutivo de la Comisión Etica Contra la Tortura afirmó que en Chile se está viviendo la lógica de una “guerra preventiva” en la que los jóvenes que protestan por no tener futuro, los estudiantes que se oponen al lucro en la educación, los trabajadores que luchan por un salario digno y los mapuche que exigen la restitución de sus tierras ancestrales han sido declarados enemigos y son objeto de una brutal represión. Se está configurando, agregó, un estado policial similar al existente en tiempos de la dictadura militar

La conferencia de prensa del organismo tuvo lugar en la mañana del 6 de agosto en la flamante sede de la Conferencia de Religiosos CONFERRE, de calle San Ignacio, en Santiago. La Comisión Etica Contra la Tortura, organismo integrado por personalidades de destacada trayectoria en la lucha antidictatorial y por organizaciones cristianas y de derechos humanos, sostuvo que en el país están desapareciendo los indicadores de un sistema democrático: la libertad de expresión y reunión, el respeto a la integridad física y síquica y el respeto a la vida.
Hechos recientes como la represión a los trabajadores del holding Santander Banefe, la expulsión de la estudiante María Música Sepúlveda de su liceo, los constantes casos de torturas y maltratos al pueblo mapuche, y la muerte de dos jóvenes de 26 años Matías Catrileo y Johnny Cariqueo como resultado de la violencia policial en el campo y la ciudad, se citan como fundamentos de esa afirmación. La organización advierte que informará de estos hechos al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ya que Chile es signatario de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
Policía de mala calidad
Monseñor Alfonso Baeza, actual vicepresidente de Cáritas y ex Vicario de la Pastoral Obrera, que integra la Comisión, denunció que en Chile la tortura se manifiesta a través de la violenta represión que se descarga “cada vez que trabajadores o estudiantes salen a la calle”. El sacerdote sostuvo que hay una “mala calidad” de la policía, y reivindicó el uso de la calle como “el único lugar de expresión que tienen los más débiles”, recordando que las movilizaciones sindicales de trabajadores de empresas como el Banco Santander, Telefónica y Copec no aparecen en la televisión que sólo informa de crímenes. Agregó además que las condiciones que se viven al interior de las cárceles son de gravísima violencia tanto para los gendarmes como para los presos.

El pastor luterano Helmuth Frenz por su parte, también miembro de la CECT, afirmó que el Estado de Chile y nuestra sociedad están enfermos, porque los mecanismos democráticos no funcionan. Dijo que para los gobernantes ha sido más fácil gobernar dentro de un sistema “casi dictatorial” y por eso han aceptado la herencia pinochetista. Frenz, uno de los fundadores del Comité Pro Paz, nacionalizado chileno por gracia como homenaje a su rol en la defensa de los derechos humanos en dictadura, aseguró: “La parte sana de la sociedad es la que protesta, es la juventud que reclama y el pueblo mapuche “. Deploró al mismo tiempo la criminalización de las demandas de los movimientos sociales. Demandó de las autoridades otro tipo de entrenamiento para los carabineros y reiteró que la calle “es nuestra, es de los ciudadanos libres”.

Testimonio de la Hermana Cristina
En representación de la Conferencia de Religiosos, la Hermana Cristina Hoar, recordó los deberes que tienen los Estados respecto del cumplimiento de los Derechos Humanos, y citó párrafos marcados de la Constitución chilena sobre los derechos ciudadanos, interrogándose públicamente: “¿Qué informes hacen los países a Naciones Unidas? ¿Algunas mentiras más o la verdad?”
Dio un emocionado testimonio de la represión vivida cuando caminaba junto a enfermeras en una marcha pacífica por sus derechos y fueron agredidas por un guanaco que lanzó agua tóxica, y llamó a respetar la dignidad y el valor de las personas, incluyendo a los más desfavorecidos, tales como los indígenas que vivían en estas tierras antes que llegaran los colonizadores. Citó palabras de Gandhi sobre el poder del dolor y concluyó clamando “bienaventurados los no violentos”.
La periodista Lucía Sepúlveda se refirió a los montajes mediáticos y policiales que se utilizan para aplastar las luchas sociales, remitiéndose al informe elaborado por la Comisión sobre 55 casos de prisión política a luchadores mapuche en el período de la Presidenta Bachelet, en que se relata el abuso de medidas cautelares y prisión preventiva, y la práctica de allanamientos similares a los vividos en dictadura. Recordó la existencia de dos querellas por tortura: de Waikilaf Cadin, y de Elena Varela, condenada sin juicio a través de los medios, que aún permanece en prisión preventiva en una Cárcel de Alta Seguridad sometida a trato inhumano, cruel y degradante.
Los derechos del Niño y Música
El tratamiento dado por la prensa y televisión a la estudiante María Música Sepúlveda fue señalado como otra muestra de la desinformación. Los medios exaltaron una interpretación descontextualizada del episodio del jarro de agua lanzado contra la Ministra, ignorando la violenta agresión policial a que había sido sometida previamente la niña y que era precisamente lo que ella intentó explicar a la Ministra en el inexistente diálogo ciudadano al que fue convocada. También se rechazó la medida de expulsión de la estudiante en un proceso que no respetó los Derechos del Niño,pues la niña nunca fue convocada por sus inquisidores para dar su versión de los hechos. La CECT hizo un llamado a la Ministra a retirar la demanda judicial entablada contra Música.

Hervi Lara, parafraseando a Monseñor Romero, concluyó el encuentro con la prensa con un solemne llamado: “¡En nombre de Dios, paren la represión!”

Corte de Temuco rechazó pedido de nulidad de juicio a Llaitul y Painemil

Defensa Legal de los comuneros: Juan Enrique Prieto, (P.Humanista) ex juez Juan Guzmán y Pablo Ortega (ddhh, Concepción)

El 25 de julio, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la solicitud de nulidad a juicio realizado a comienzos de junio contra los comuneros mapuche. La sentencia de la corte impide las intenciones del Ministerio Público de efectuar un nuevo juicio para condenarlos, y mantiene la sentencia del juicio oral que decretó la libertad de Héctor Llaitul (Coordinadora Arauco Malleco) y las medidas cautelares de firma mensual a Roberto Painemil. En definitiva ambos gozarán de libertad.
Esto cierra el caso basado en un montaje armado por el gobierno a través de la fiscalía local de Nueva Imperial y en declaraciones obtenidas bajo tortura al comunero Painemil. Los acusados permanecieron más de un año y medio en prisión.
A los mapuche se les enjuició acusados de ser los autores del incendio ocurrido el 25 de diciembre del 2006 en Chol Chol, que tuvo como consecuencia la destrucción de un camión forestal, una torre de madereo y una máquina trineumática, sin poder comprobar de parte de los acusadores, el origen de este hecho. Ambos imputados fueron absueltos del cargo de incendio. Sin embargo el tribunal oral consideró que Painemil había portado armas ilegalmente y lo castigó por ello, aunque en rigor las municiones encontradas en casa de sus padres habían sido "sembradas" allí como parte del montaje en los violentos allanamientos que siguieron a la detención del comunero del sector Tres Cerros.
Los montajes y las detenciones preventivas forman parte de la estrategia del gobierno de la Concertación, que buscan así neutralizar a los dirigentes de las comunidades mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales. Las detenciones se anuncian con gran cobertura mediática, se muestran "pruebas" incautadas y se cuenta de esta manera con una condena mediática al mejor estilo de la dictadura que imperó en el pasado.
La resolución de la Corte de Apelaciones es una buena señal de rechazo a este tipo de prácticas, aunque no está claro si existe la posibilidad de una apelación del Ministerio Público a la Corte Suprema insistiendo en la realización de un nuevo juicio. En otras oportunidades, así ocurrió.

La "mala" noticia para la fiscal Vania Arancibia de Nueva Imperial que formuló las acusaciones desestimadas por el tribunal oral y ahora por la corte de apelaciones de Temuco, provino de la primera sala presidida por el Ministro Archivaldo Loyola, e integrada por el Ministro Alvaro Mesa Latorre y la fiscal judicial Tatiana Román. Para la Corte no existían antecedentes para anular el juicio pues las pruebas presentadas por la Fiscalía ya habían sido analizadas debidamente por el tribunal oral.
Ver texto completo de la sentencia en http://www.observatorio.cl/contenidos/naveg/navTpl.php?id=20080725125927
Observatorio Ciudadano

Los “pingüinos” de ayer

Muchos de los 119 caídos en la Operación Colombo, eran estudiantes o profesores o habían dejado su quehacer para dedicarse a las tareas de organización de la resistencia. Pero antes de su detención habían sido (o eran) profesores, como Arturo Barría, quien daba clases en el Liceo Darío Salas, donde ahora estudia Música Sepúlveda, la alumna que limpió con agua pura la cara de la ministra de Educación chilena, exigiendo que se escuche a los jóvenes. María Elena González había sido directora de una escuela rural. Sergio Reyes estudiaba Economía en la Universidad de Chile. Seis de los caídos en 1974 eran ex alumnos del Liceo Experimental Manuel de Salas –María Inés Alvarado, Martín Elgueta, Luis Fuentes, Jaime Robotham, Jaime Buzio y Edwin van Yurick- y había un alumno del Instituto Nacional (Mauricio Jorquera) y una ex alumna del Liceo 7 (Bárbara Uribe). Cuatro de los 119 fueron detenidos cuando eran todavía estudiantes secundarios, dos de ellos en el Instituto Comercial Nº 2 (Alejandro Espejo y Mario Carrasco) y Jorge Antonio Herrera en el Liceo 6 de San Miguel, que en el tiempo del presidente Salvador Allende se llamaba Liceo Che Guevara.


Cuarenta y tres de ellos fueron alumnos/docentes o titulados de la Universidad de Chile, entre ellos Francisco Aedo, destacado arquitecto socialista/mirista y académico de esa casa de estudios, que ya estaba jubilado. Diez eran egresados de la actual Universidad de Santiago, que antes se llamaba Universidad Técnica del Estado, y nueve lo eran de Concepción. Sólo tres eran de la Universidad Católica, entre ellos la actriz Carmen Bueno (“A la Sombra del Sol” y “La Tierra Prometida”), que estudió en la escuela de Arte y Comunicación y era pareja de Jorge Müller, camarógrafo de La Batalla de Chile, desaparecido como ella. Mario Calderón, periodista, era de Valparaíso. Sergio Reyes era economista. Violeta Löpez actuaba en el grupo de Teatro de Ferrocarriles y después del golpe trabajó en Cecinas Loewer como obrera. Jacqueline Drouilly estaba embarazada y nunca se supo qué ocurrió con su hijo.

Jacqueline era estudiante de Servicio Social, como lo eran también María Teresa Bustillos, Juan Ibarra, Alfredo García y Jacqueline Binfa. Varios eran santiaguinos, de barrios ubicados en Ñuñoa/Peñalolén, en la Villa Francia, en la población José María Caro. Pero otros habían llegado a la capital eludiendo la represión desde Temuco, Valdivia, o Concepción. Algunos eran nortinos como los hermanos Andrónicos Antequera, en cuyo hogar se hicieron las primeras experiencias de fabricación de una radioemisora clandestina.

Había dos sastres, Miguel Angel Sandoval y Pedro Merino, y dos concertistas: Patricia Peña (piano) y Luis Jaime Palominos (corno francés). Otros eran mecánicos, veterinarios, ingenieros, ingenieros, topógrafos, albañiles. Eugenia Martínez era obrera textil y vivía en La Legua. José Villagra había sido dirigente sindical, era obrero textil y luego municipal, y vivía en Villa Francia. Varios eran periodistas, mecánicos, secretarias, vendedoras, empleados públicos, arquitectos, técnicos agrícolas, o jardineros. La lista incluía un ex detective, Teobaldo Tello, una empleada del Registro Civil, Mónica Llanca, y una de la Policía de Investigaciones, Sonia Bustos, que trabajaban en la red de resistencia proveyendo información y materiales para confeccionar cédulas de identidad en los talleres clandestinos.

En el grupo, 102 detenidos tenían ente 18 y 30 años, y 13 de ellos estaban entre los 30 y los 40. La mayoría militaba en el MIR pero también había socialistas, comunistas, mapucistas e independientes. Entre todos tenían 84 hijos al momento de su detención, y venían otros 13 niños en camino. Muchos habían sido dirigentes estudiantiles, sindicales o poblacionales antes de 1973.


Dos de los desaparecidos – Miguel Angel Pizarro Meniconi y Rodrigo Ugas - tuvieron hijos póstumos mellizos. Los hijos de Manuel Cortez Joo, Luis Guajardo y Washington Cid nacieron en prisión. Sus madres sobrevivieron.

Los procesamientos del Ministro Montiglio se refieren a los secuestros de Francisco Aedo Carrasco, los hermanos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Cecilia Castro Salvadores, Alejandro Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Mario Calderón Tapia, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Gilberto Urbina Chamorro, Miguel Ángel Acuña Castillo, María Angélica Andreoli Bravo, Rubén Arroyo Padilla, Arturo Barría Araneda, Francisco Bravo Núñez, Carmen Bueno Cifuentes, Juan Chacón Olivares, Darío Chávez Lobos, Washington Cid Urrutia,
Bernardo de Castro López, Luis Durán Rivas, Héctor Garay Hermosilla, María Cristina López Stewart, Zacarías Machuca Muñoz, Jorge Olivares Graindorge, Vicente Palominos Benítez, Juan Carlos Perelman Ide, Carlos Pérez Vargas, Asrael Retamales Briceño, Ariel Salinas Argomedo, Teobaldo Tello Garrido, Enrique Toro Romero, Rodrigo Ugas Morales, Eduardo Ziede Gómez, y Héctor Cayetano Zúñiga Tapia.

La voz de una hija

En abril de 2008, en un acto de homenaje realizado en la Facultad de Filosofía de la U de Chile, Natalia, hija de Alfonso Chanfreau expresaba (en párrafos editados de su intervención): “hasta el día de hoy debemos enfrentarnos a una sociedad que funciona como si esto no hubiese pasado. Son contados con los dedos de una mano los lugares identificados como sitios de memoria. ¿Cuántas casas de tortura han sido oficialmente entregadas, tal vez simplemente con una plaquita que diga: aquí se torturó? donde se visibilice no sólo el horror sino también a sus víctimas, en todas sus dimensiones…. Uno logra moverse por el mundo con una cierta normalidad hasta que el peso real de la desaparición cae nuevamente sobre nuestros cuerpos y nos hace pedacitos, y nos volvemos a preguntar como manejar tanto dolor, como manejar tanta impunidad cotidiana. Pero finalmente logramos salir nuevamente a flote ... les puedo contar que mi papá era lindo…de una voz particular, alto, estudioso militante, hijo regalón, compañero… Chile entero ha sido y seguirá estando marcado por lo que fue la dictadura y estos años de impunidad, en la vida de mis hijos y en la de todos los que crecerán en este país. El juicio que esperamos en Francia es un tremendo llamado de atención respecto de lo que pasa aquí en Chile. No puede ser que las condenas sean tan bajas, que los juicios se alarguen por años y años sin avances significativos para la mayoría, no puede ser que este país se haga el sordo y ciego frente a lo ello. Esto es un llamado de atención a cada uno de nosotros a no bajar la guardia, a no olvidar. ¡Verdad y Justicia ahora, no a medias, no por partes, sino toda, nada más ni nada menos!”