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lunes, diciembre 28, 2009

caso Elena Varela desnuda la democracia chilena




Elena apoyada por Patricio Guzmán ("La batalla de Chile")
Elena y Danielle Miterrand (Fundación France Liberté)

Emblemático juicio en Villarrica antes de la elección presidencial


El próximo ocho de enero – sólo nueve días antes que los chilenos elijan Presidente a Eduardo Frei o a Sebastián Piñera - se iniciará en la sureña ciudad de Villarrica, a una hora de Temuco, el juicio oral a la cineasta Elena Varela. Se trata de una causa emblemática para la libertad de expresión y los derechos humanos, iniciada en mayo de 2008 por el ministerio público, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. La documentalista que aboga por los derechos del pueblo mapuche sufrió tortura, fue sentenciada por los medios como terrorista y enviada a prisión en una cárcel de alta seguridad, seguida por reclusión nocturna. Su material fílmico fue secuestrado junto a su libertad de desplazamiento, por ya casi tres años. En plena zona del conflicto mapuche/Estado chileno/forestales, la elección de los jueces – en este caso, elección de sentencia- tendrá como resultado la defensa irrestricta de la libertad de expresión con la libertad de la imputada, o su condena, mediada por la variante que adopte el tribunal considerando los 15 años de prisión solicitados por el ministerio público y sellando un proceso similar a los realizados en dictadura.

El juicio en Villarrica (a unos 780 km al sur de Santiago y distante alrededor de una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía) se convertirá así en un espejo de las carencias de la antidemocracia en Chile, donde los luchadores sociales y defensores de los derechos de los pueblos indígenas a menudo son detenidos sin respetarse las normas del debido proceso, utilizándose la prisión preventiva y/o la tortura como un mecanismo de control del avance de la movilización social y leyes heredadas de la dictadura. El caso de Elena Varela ejemplifica asimismo las dos caras del gobierno de la Presidenta Bachelet, que por una parte premia a la artista con el FONDART 2007, el más importante concurso de fondos públicos para el cine, para el documental“Newen Mapu, mapuche, la Fuerza de la Tierra” - y por otra, la encarcela y requisa sus entrevistas a líderes de las luchas recientes por recuperación de la tierra ancestral.

En Villarrica, defendida por un reputado equipo jurídico que encabeza el ex juez Juan Guzmán, flanqueada por observadores internacionales y una red de comunicadores, organizaciones feministas, indígenas, artistas y luchadores por los derechos humanos, Varela enfrentará cargos de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). La fiscalía pide quince años de prisión para la detenida por “planear estos delitos, reclutar gente y refugiar a los delincuentes después de acaecidos los hechos”. La acusación se basa en la breve vinculación sentimental que la realizadora tuvo en 2004 con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, que se fugó de la cárcel de Temuco en 2006. Para otros dos chilenos co-imputados detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión.

Elena ¿cómo se siente al acercarse finalmente el juicio oral?

“Tengo toda la fuerza y la convicción de que finalmente toda la verdad saldrá a la luz pública nacional e internacional, y se verá que nada tengo que ver con los asaltos. Este es un juicio político en el que a través de una investigación muy burda se me quiere inculpar. Hay una paranoia del Estado que busca aplacar con montajes los movimientos sociales. Estoy recogiendo lo que sembró la dictadura. Esto es un escarmiento, una manera de matar el monstruo de la guerrilla, del mirismo, de la lucha. Buscan neutralizar a gente de izquierda que está vinculada al movimiento mapuche y lucha contra el sistema, como yo. Pero mi lucha es principalmente artística y cultural. Ser documentalista significa contarle al mundo las injusticias que se cometen contra el pueblo mapuche con el apoyo silencioso de un estado supuestamente democrático, eso es lo que yo hago. Pero el fiscal y la policía dirán que nos hacíamos pasar por cineastas y éramos una célula guerrillera. Ellos insisten en construir y levantar de mí esa imagen sabiendo que mi quehacer profesional para ellos ya es peligroso. Pero me siento fortalecida por la solidaridad recibida y confío en el equipo jurídico con que cuento, que es de gran nivel. Siento que lo que estoy viviendo es como poner la cara por todos, es un acto de resistencia muy grande.”

¿Cómo se plantea frente a las elecciones presidenciales?


Lamentablemente casi no he podido pensar en las elecciones. Para mí esta lucha electoral no es una lucha de un pueblo consciente. Es una puesta en escena del abanico político beneficiado después de la dictadura. Creo que las elecciones cobran sentido cuando nosotros podemos valorar la historia y desde allí proyectar nuestro camino. Allende murió luchando por esto y así también muchas personas, en busca de algo digno para sus vidas. Por eso que creo que cada día que pasa Pinochet resucita en manos del poder. Y la memoria pasa al olvido e incluso parece un pecado capitalista pensar en soñar, pensar otro mundo o siquiera recordar.



Luego tengo fe que en este juicio llegue a desenmascararse una vez más el fascismo, aunque sea a costa de nuestras vidas. Creo que es necesario que mueran los fantasmas del pasado, aquellos que fueron capaces no tan solo de desfigurar nuestro rostro sino también de succionar nuestro espíritu.”

Su historia

Elena es chilena y tiene una hija de 17 años. En los años 80 en el Pedagógico, conoció la represión junto a los que cayeron combatiendo a la dictadura, como Jecar Neghme y los hermanos Vergara. Es licenciada en música por la Universidad de Chile, intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, y Magíster en Artes mención Musicología. Formada inicialmente con los seminarios que daba ARCIS, en 2005 ya había ganado el fondo audiovisual de CORFO (2005) con “Tres Mujeres” (mapuche), juzgadas por la ley antiterrorista. En 2004 trabajó en “Miradas del Sur”, su primera experiencia con FONDART, formando jóvenes documentalistas. Como directora de Cultura en Pucón, creó la Casa de la Cultura de esa comuna promoviendo intercambios con directores de cultura de todo Chile. Siguió un pos título en Gestión Cultural (U de Chile/U Iberoamericana de España) generando un diagnóstico cultural local. Su guión para el largo metraje “Pueblo de los Niños” fue premiado en el Festival de La Habana. En 2006 creó la Orquesta Infantil Intercultural (con niños mapuche) de Panguipulli, que dirigió por tres años.

Ahora habla desde el sur, pero ha pasado la Navidad con su familia en Santiago, y dejó a su hija América con los abuelos, preservándola de la ansiedad de los días previos al juicio.

¿Qué han significado estos dos años y ocho meses de represión?

“Ha sido difícil, mi sentimiento es de una opresión grande…Han sido capaces de mantenerme en una situación de destrucción total de mi vida, mi hija, mi familia. Quisieron cortarme las alas y reducirme por mi condición de mujer. Consideran mis acusadores que como mujer no fui independiente para pensar y si estaba con un hombre tenía que pensar exactamente igual que él. Eso es algo muy tortuoso y denigrante, así lo han interpretado organizaciones feministas que me acompañarán también en el juicio. En esta experiencia dura, lo positivo es que prevalece el amor, la solidaridad, y toda la gente que me apoya. Hace unos días tuve una reunión con diplomáticos de diversas naciones europeas que recorrieron la región para interiorizarse en terreno de lo que sucede en territorio mapuche. Este encuentro lo organizó Fernando Lira, presidente de la organización Liberar y fue excelente que ellos pudieran conocer los detalles del montaje judicial que se ha organizado en mi contra. Me dieron todo su apoyo.”

¿Qué pasó con “Newen Mapuche”?

“Hemos logrado concretar la producción. Pudimos reconstruir la historia y sus relatos e incluso rodearlos de mi historia como documentalista. Ahora comenzamos el montaje, pero antes, esperamos el juicio; quiero tener justicia, dignidad y libertad para seguir adelante por el derecho a crear y pensar distinto. Por la libertad de expresión y de tener la esperanza de una humanidad más justa. Luego podremos terminar esta película.”

Los jueces

El tribunal oral será presidido por el juez Jorge González Salazar, e integrado por los magistrados Oscar Viñuela Aller y Alejandra Rosas. Sólo la jueza es de Villarrica; los dos magistrados vendrán desde Temuco, la capital regional. Las dos juezas de Villarrica se inhabilitaron por haber juzgado ya el robo a la sucursal del Banco de Estado (2004) ocurrido en la vecina localidad de Loncoche. El juez González se ha ganado una reputación antimapuche por su desempeño en juicios cuestionados por organismos de derechos humanos e indígenas. El presidió el tribunal que en 2003 juzgó por segunda vez –a pedido de la Corte Suprema – a los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, absueltos en un primer juicio, y los condenó a cinco años por “amenazas terroristas” al latifundista y político Juan Agustín Figueroa. Redactó asimismo en 2007 una de las sentencias condenatorias a la lonko Juana Calfunao, pero la absolvió de algunas de las acusaciones.

Además de Elena Varela, serán juzgados por este tribunal el artesano Kenny Sánchez –comerciante, ex preso político mirista en dictadura, retornado desde Suecia en 1988, padre de cinco hijos y hoy militante socialista- y el ex supervisor forestal Sergio Reyes. Ellos llevan más de dos años en prisión efectiva y enfrentan posibles condenas a veinte años de cárcel. Kenny Sánchez pertenece a una familia histórica de la combativa población La Victoria de Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda una de las áreas que contribuyó para que el Partido Comunista lograra por primera vez en democracia, contar con representación parlamentaria.

Los testigos

Con más de 150 testigos, el juicio podría extenderse por casi una semana en el caldeado ambiente preelectoral de un país visitado por decenas de corresponsales extranjeros. Villarrica es una ciudad cuyo entorno privilegiado, unido a la feria artesanal mapuche, atrae a miles de visitantes cada verano.

El renombrado documentalista argentino Fernando Birri asistirá al juicio junto a dirigentes de la DOCA y la ADOC, entidades que agrupan a los documentalistas argentinos y chilenos, respectivamente.

Entre los 30 testigos a favor de la documentalista están los directores Ignacio Agüero (“El Diario de Agustin”), Dauno Tótoro (“El Despojo”), Francisco Gedda (“Sur del Mundo”, “Frutos del País”), e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El fiscal perseguidor tendrá entre sus testigos principales a los detectives de la Policía de Investigaciones PDI Carlos Sanhueza, Sergio Solar y Joaquín Solar que trabajaron con asesoría de la Agencia Nacional de Inteligencia ANI. Pieza clave es doña Andrea Muñoz Gaete (39 años) testigo protegida del Ministerio Público desde 2005 y viuda de Alfredo Hermosilla, un miembro de ese grupo muerto en el asalto en que participaba en Machalí. Ella nunca fue formalizada. La mujer posibilitó el operativo de seguimiento, control y detención de los acusados. La policía obtuvo su colaboración después de la muerte de su marido que era auxiliar en el Hospital de Temuco. El jefe del grupo, Moreno Venegas (“Leonardo Civitarese” para Elena) solía alojar en casa de los Hermosilla-Muñoz. Andrea Muñoz -también de oficio paramédica - proveía de medicamentos a Moreno. Ella declarará que su marido le dio a conocer los otros integrantes. Su confesión sobre el nacimiento, accionar y objetivos del MIR/EGP y su relación con la policía, permiten encuadrarla como colaboradora eficaz y/o infiltrada de la ANI en el citado grupo, entre 2005 y 2008. Según la mujer, Cristián San Martín Morales, quien se fugó el 2006 de la Cárcel de Temuco, después de dos años de detención por el robo con violencia en Loncoche, había participado en 2002 en Sao Paulo en el secuestro del publicista brasileño Olivetto, junto al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Mauricio Hernández Norambuena y otros chilenos todavía presos en Brasil. La fiscalía deduce mágicamente sólo de esa declaración, que el grupo era una alianza Frente Patriótico Manuel Rodríguez/MIR, organizada para financiar la defensa jurídica del ex frentista Hernández Norambuena,

Elena no sabía inicialmente quién la estaba inculpando. “El fiscal me habló en mayo de un testigo, pero yo sólo accedí a su nombre y su foto de carnet meses después.” La viuda de Hermosilla y la realizadora se conocieron en 2004, cuando “Leonardo” (Juan Moreno) llevó a Elena a casa de ésta para un examen médico.

Dinero y la ANI

Cuantiosos recursos fiscales invirtió la PDI en los 4 años de investigación, para convencer a los jueces que en 2004-2008, Elena Varela integró junto a su pareja y otros, la organización Ejército Guerrillero del Pueblo Patria Libre planificando el robo a la Sucursal del Banco de Estado en Loncoche (20 de diciembre de 2004) y un robo con homicidio en las oficinas del INP de Machalí (10 de junio de 2005).

Elena se convirtió de cineasta en protagonista de este montaje por obra y gracia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que preside el abogado socialista Gustavo Villalobos. La ANI es sucesora de la Dirección de Seguridad Pública y de la “Oficina” (1991), que dirigía entonces el hoy parlamentario Marcelo Schilling. Al inicio de la transición democrática chilena, la Oficina reclutó como colaboradores a algunos prisioneros políticos y ex militantes de grupos de la izquierda revolucionaria, para desmantelar e infiltrar a esas organizaciones. En esa época se creó la primera Cárcel de Alta Seguridad y se aprobó la Ley de Delación Compensada. El uso de la tortura y de la presión a familiares de perseguidos – métodos heredados de la CNI- fueron parte del accionar de la Oficina y la defensa de los imputados sostendrá que eso continúa hoy.

En 2004 y 2008, la realizadora puede demostrar que trabajó sin parar con su productora Ojo Films, en documentales financiados con fondos públicos concursables. El proyecto con el que ganó el 2006 el Fondo Audiovisual CORFO desentierra la historia de la localidad de Neltume (comuna de Panguipulli) antes y después del golpe militar. Todas las pruebas que presentará el fiscal han sido desbaratadas por la defensa, que desmiente el carácter atribuido a las llamadas telefónicas y contactos de la documentalista. Todos los materiales requisados en el allanamiento tenían relación con la producción de los documentales citados. La fiscalía no logró un nuevo aplazamiento del juicio y el equipo jurídico de defensa se encuentra debidamente preparado. Han confirmado asistencia al juicio observadores del parlamento europeo y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde compareció Elena en septiembre de 2009 para denunciar su caso.

La elección que hagan los jueces antes del 17 de enero no será sólo un tema nacional.

viernes, septiembre 11, 2009

Waikilaf Cadín detenido el 11 de septiembre Operan como en dictadura, denuncia su abogado



El joven líder mapuche Waikilaf Cadin alcanzó a estar en libertad sólo una semana luego de salir de la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia, en la austral región de Los Lagos. Hoy 11 de septiembre fue detenido arbitrariamente en Temuco. Cadin es hijo de la encarcelada lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, y del werken Antonio Cadin, preso hasta hace poco en Temuco. En La Moneda, en Santiago, a la misma hora, se cumplía el ritual de homenaje al Presidente Salvador Allende y las autoridades del gobierno desoían las palabras de su último discurso, aquel en que el “compañero presidente” que se inmoló en el palacio de gobierno, aseguraba que los trabajadores y el pueblo abrirían las grandes alamedas.

Acusado de la colocación de una bomba en Temuco el 29 de diciembre de 2008, Waikilaf Cadin pasó seis meses en prisión preventiva muy lejos de su comunidad de origen, ubicada en la comuna de Cunco, en la región de la Araucanía. Detenido el 27 de marzo de 2009, el joven ex estudiante de Derecho fue enjuiciado por la ley antiterrorista y, como un ejemplo más de una táctica policial orientada a neutralizar los liderazgos del pueblo mapuche usando las medidas cautelares como mecanismo de control de la lucha política y social.

Anteriormente Cadin había cumplido condena pasando más de un año en la cárcel de alta seguridad de Santiago, saliendo en libertad sólo en enero de 2008.
Sobre su intempestiva detención informó minutos atrás su abogado, Lorenzo Morales, que este 11 de septiembre está redactando un recurso de amparo a favor del joven dirigente mapuche. Expresa el abogado en comunicación con esta periodista:
“Hace menos de una hora iba con mi amigo Waikilaf en el centro de Temuco, en una auto conducido por su compañera Nele Loos, en una esquina se cruzó un auto y se bajaron tres sujetos con pistolas. Me bajé inmediatamente y me apuntaron mostrándome sus placas de Carabineros. En total eran tres autos y doce funcionarios de civil.Yo les mostré mi única arma, mi carnet de abogado. Pero a la fuerza, sin escuchar razones y por encima de mis peroratas e improperios, se llevaron a mi amigo por una orden verbal del Fiscal Mililtar. Lo llamé e increpé y ahora espero me reciba. Estoy en la antesala, y al mismo tiempo estoy redactando un recurso de amparo...Sí, de esos mismo que se interponían en dictadura.”

Detenciones y procesamientos
En este último año de gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet hay 87 presos políticos y/o procesados (7 mujeres) mapuche, una lista que incluye algunos activistas chilenos solidarios con su causa. De ellos, 38 casos corresponden a personas que cumplen prisión efectiva actual. El ministerio público, por instrucciones del gobierno del ex Presidente Lagos, y ahhttp://www.blogger.com/img/blank.gifora de Bachelet, ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, en 35 oportunidades
Existen otros 44 casos de condenados y/o procesados con medidas cautelares.
Cuatro mujeres están en prisión y 3 viven con medidas cautelares que restringen sus libertades democráticas. Una de las mujeres, Mireya Figueroa, padece de un cáncer terminal y espera en el Hospital Barros Luco de la capital ser llevada a juicio oral al sur. Las estadísticas no incluyen aun las numerosas detenciones practicadas luego de las últimas recuperaciones de tierras. Para ejemplificar como se cumplen en Chile las medidas cautelares, basta constatar que José Patricio Jara Muñoz el carabinero de Fuerzas Especiales que asesinó por la espalda al comunero, está en libertad por decisión unánime de la Corte Marcial.

jueves, septiembre 10, 2009

Elena Varela lleva su caso a Europa


“La autorización para viajar que me ha dado el juzgado de garantía de Loncoche la considero un triunfo, ya que el ministerio público se oponía con argumentos tan inconsistentes como los cargos que me hacen,” expresó la documentalista Elena Varela. En los próximos días viajará a Europa previo pago de una fianza de un millón de pesos a participar en las Jornadas “Cosmovisión Indígena y Resistencia” que se celebrará del 16 al 18 de septiembre en Oviedo, España.

Fue invitada por el Principado de Asturias, una de las 17 comunidades autónomas del país europeo, y por la ONG Pachakuti-Sol de Paz, de solidaridad con los pueblos del sur del mundo y los indígenas. En el encuentro participarán representantes de pueblos originarios de Guatemala, Colombia y Bolivia. Pero ése es sólo el punto de partida para la cineasta.

En Naciones Unidas
Desde Oviedo, la capital de Asturias, Varela seguirá rumbo a Ginebra, donde - blindada por la ex primera dama francesa y activista de derrechos humanos Danielle Miterrand, presidenta de Frances Liberté - expondrá en la 12ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que verá el caso chileno el 24 de septiembre. Allí denunciará su caso como vulneración a la libertad de expresión y se referirá a la criminalización y judicialización de los movimientos sociales e indígenas. En esa sesión se presentará el informe sobre Chile del relator de Naciones Unidas para temas indígenas, James Anaya, elaborado a partir de su visita al país este año.

El Ministerio público está pidiendo quince años de prisión para la profesional detenida el 7 de mayo de 2008, cuando registraba la lucha de las comunidades mapuche en su documental. Nos informa ahora: “Voy a llevar un nuevo trailer de mi documental “Newen Mapu Che”, la fuerza del pueblo mapuche, y materiales que reemplazan las filmaciones secuestradas por el ministerio público. Yo seguí trabajando en ese proyecto FONDART y estoy decidida a terminar la obra. La invitación a Ginebra y a actividades en Francia con organizaciones sociales surgió de Danielle Miterrand, de la Fudnación France Liberté. Así podré dar a conocer ampliamente no sólo mi caso sino todas las violaciones a la libertad de expresión, y la realidad que hoy se está viviendo en tierra mapuche. Voy a hablar también sobre Mireya Figueroa, presa política mapuche que está con un cáncer terminal y deberá ir próximamente desde el hospital a un juicio oral!”.

El juicio oral
A su regreso la cineasta deberá enfrentar a su vez en el sur, un juicio oral –aun sin fecha – por graves acusaciones consideradas un montaje político/ policial por los artistas, intelectuales y organizaciones de derechos humanos chilenos. Actualmente ella está sujeta a medidas cautelares de reclusión nocturna. Una campaña internacional de solidaridad y defensa de la libertad de expresión.logró liberarla en agosto de 2008 de la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, donde debió cumplir tres meses de rigurosa prisión. El equipo que defiende a la documentalista está encabezado por el ex juez Juan Guzmán Tapia e integrado por los abogados Sandra Pinto, Jaime Madariaga y Marisol Reyes.

Los co-imputados en el proceso también aguardan que se fije la fecha del juicio, varias veces postergado. El artesano Kenny Sánchez –comerciante, ex preso político mirista en dictadura, retornado desde Suecia en 1988, padre de cinco hijos y hoy militante socialista- y el supervisor forestal Sergio Reyes llevan más de un año en prisión y enfrentan posibles condenas a veinte años de cárcel. La cineasta (43 años, una hija de 16, intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, Magister en Artes mención Musicología) es acusada de planificar un robo a la Sucursal del Banco de Estado en Loncoche (20 de diciembre de 2004) y un robo con homicidio en las oficinas del INP de Machalí (10 de junio de 2005), proporcionando supuestamente refugio a quienes participaron en los hechos e incurriendo en asociación ilícita.
Trayectoria
Sin embargo, precisamente entre los años 2004 y 2008, la realizadora trabajó sin parar con su productora Ojo Films, siempre en documentales financiados con fondos públicos concursables. El proyecto con el que ganó el 2006 el Fondo Audiovisual CORFO, “Sueños del Comandante” desentierra la historia de la localidad de Neltume (comuna de Panguipulli), algo que según Elena “sólo está en la conciencia colectiva y la expresión oral del pueblo y es lo que me hizo ir a buscar con la cámara. El síndrome colectivo de no poder recordar es lo que yo más destaco. El nombre ‘Sueños del Comandante’ se debe a que esos sueños retornan el año 81 cuando un grupo de sobrevivientes vuelve, a armar la guerrilla.” Elena agrega que al formular su proyecto ganador “Newen Mapu Che” (2007, FONDART) su objetivo era que la gente despertara y comprendiera -desde el corazón -la represión que viven los mapuche de Arauco y Malleco, calificados como terroristas por recuperar sus tierras.

La campaña
Las medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía obligan a Elena a repartir su tiempo entre Santiago y el sur. En los días que está en la capital, además de compartir con su familia, presenta su caso ante diversos auditorios y personalidades de talla internacional. Entre ellos han estado el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, el documentalista chileno Patricio Guzmán ("La Batalla de Chile") y el cineasta venezolano Angel Palacios. Su colega argentino, Fernando Birri y la Asociación de Documentalistas Argentinos DOCA han participado activamente en la campaña por su libertad en la que también se inscriben Ignacio Agüero (“El Diario de Agustín”) por los documentalistas nacionales, Rosa Ramírez, por los actores de teatro, Amnistía Internacional, y políticos como Tomás Hirsch, del Partido Humanista, el senador Carlos Ominami y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, entre muchas otras personalidades del mundo de la cultura y de todos los medios de comunicación comunitarios y/o independientes.

La cineasta también se suma a las actividades por la libertad de los presos políticos mapuche que se desarrollan en Temuco y Concepción. En Santiago, a fines de agosto estuvo en la Facultad de Humanidades del campus San Joaquín de la Universidad Católica en un foro denominado “Cuestión Mapuche”, junto a un sacerdote jesuíta, un representante del Observatorio Ciudadano y un lonko (autoridad ancestral) mapuche. Días después estuvo en el foro “Ideas en Prisión” en la Universidad Tecnológica de Chile, junto a Flor Domínguez, la esposa de Kenny Sánchez, uno de los imputados en su causa. “Expuse mi experiencia de vida como presa política en tiempos de 'dictadura civil”, relata la documentalista por teléfono, en el breve espacio que le deja el tiempo que toma para el almuerzo mientras filma a toda velocidad, para recuperar el tiempo perdido y las imágenes desaparecidas.

sábado, abril 18, 2009

Los hechos de Puerto Choque: la otra colusión





La historia se repite: en la foto, fuerzas policiales y fiscales utilizando como centro de operaciones el camping Los Castanos de Santos Jorquera, un ex colaborador de la DINA y CNI en tiempos de dictadura.


Incomunicados en la cárcel de El Manzano (Concepción) hasta el lunes 20 de abril quedaron los comuneros José Huenuche, Ramón Llanquileo y el estudiante Jonathan Huillican luego de ser interrogados por el fiscal militar Fernando Grandón en la capital penquista. La esposa de José Huenuche –trabajador a jornal y nochero en Cañete- Millaray Paillalef, denunció que se está aplicando una doble sanción por una misma causa. Los detenidos ya habían sido formalizados en Cañete –junto a otros ocho mapuche, también arrestados el pasado 11 de abril- por los mismos hechos, su presunta participación en la emboscada al fiscal que se dedica con exclusividad a perseguir a los luchadores mapuche en la provincia de Arauco, Mario Elgueta. Las detenciones practicadas en marzo y abril han aumentado a un número cercano a la cincuentana el número de presos políticos mapuche en Chile, que en enero de este año eran 32. Una colusión en derechos humanos entre policía y empresas forestales que no ocupa los titulares de prensa.

Nueve meses de prisión preventiva
Millaray Paillalef agregó que la madre del estudiante Huillican –que reside en Lonquimay y viajó a Lebu a verlo- no logró visitarlo. Para todos los familiares el traslado de los presos a Concepción representa un castigo adicional pues ellos viven en Cañete o Tirúa, a más de costosas cuatro horas de viaje. Todos permanecerán en prisión los nueve meses que decretó la jueza para la investigación.
“El defensor público, Egon Matus no puede solicitar la libertad de ellos porque la carpeta de investigación es secreta por un lapso de 40 días, lo que nos parece muy mal”, agregó Millaray. Como en otras oportunidades, existen supuestos testigos cuyas identidades son secretas y la defensa desconoce por completo las pruebas que acreditarían las acusaciones de la fiscalía.

“El allanamiento realizado para detener a José fue muy violento”, explicó Millaray, embarazada de siete meses, entrevistada telefónicamente por esta periodista. “Yo vivo en Cañete. Derribaron la puerta de mi casa, y me sacaron en ropa interior, sin presentar orden judicial, lo mismo hicieron en las comunidades.”
Interrogada acerca de qué se llevó la la policía, responde: “Libros, películas, cámaras fotográficas, celulares y otras cosas que incluso pertenecen a mi mamá y tienen que ver con su trabajo”.
Torturas
Ella agrega que dos de los presos requiere urgente atención médica: Segundo Ñeguey tiene incrustados varios perdigones en la rodilla, y Jonathan resultó con graves lesiones en el oído medio como resultado de los golpes en la cabeza que le dio la policía en Temuco luego de la detención. También fue amenazado con que le aplicarían corriente y tomarían represalia con su familia si no cooperaba.

-¿Ha presentado la familia una denuncia por torturas?
“No, ellos aún no han podido verlo pues viajaron desde Lonquimay a Lebu pero cuando llegaron, a su hijo lo trasladaron a Concepción. Los gendarmes están tratando de intimidar a los familiares y a los presos. A nosotros nos dijeron que si hacíamos protesta afuera de la cárcel, ellos dispararían a matar adentro.

-¿Cuál es la vinculación del estudiante con los comuneros detenidos?
“Aquí en el verano llegan muchos estudiantes, esta es una zona turística, por el lago, y los jóvenes hacen amistad muy pronto, vienen a ayudar en la cosecha”.

A Huenuche, Llanquileo y Huillican, y a otros ocho detenidos Segundo Ñeguey, los hermanos Juan, Norberto y César Parra Leiva, Luis Menares Chamilao, Juan Muñoz Huenuman, Alcides Pilquiman, Richard Ñeguey y Javier Navarro, se les acusa de homicidio frustrado en contra de un fiscal y dos carabineros, además de robo con intimidación y asociación ilícita terrorista. El gobernador Rodrigo Daroch presentó el requerimiento para que se aplique la legislación antiterrorista que data de tiempos de dictadura. El gobierno de Michelle Bachelet está aplicando esta ley, criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, en el caso de Miguel Tapia Huenulaf, detenido en Santiago el 13 de febrero de este año en un episodio denunciado ante James Anaya, relator de Naciones Unidas como un montaje policial. También se juzgó por ley antiterrorista a Jonathan Vega y Fénix Delgado, estudiantes universitarios simpatizantes de la causa mapuche en Temuco detenidos en octubre de 2008.

Tácticas de la Fiscalía Antimapuche

El caso de César Parra, de la comunidad Esteban Yebilao, del sector Puerto Choque - escenario de importantes recuperaciones de tierras del fundo La Puntilla usurpadas por las forestales Mininco y Volterra, y de escaramuzas con la policía que corresponden a intentos de desalojo - es ilustrativo de la táctica que está utilizando la fiscalía antimapuche. Ello consiste en buscar por todos los medios mantener en prisión “preventiva” a los dirigentes y activistas sociales mapuche, y cuando salen liberados por falta de pruebas, formular nuevas acusaciones.César Parra alcanzó a estar apenas unos días en libertad, pues desde el 17 de octubre de 2007 permanecía recluido en El Manzano acusado de atacar con una motosierra a carabineros, en junio de ese año. La propia Fiscalía Militar le dio la libertad condicional el 2 de abril. Parra había resultado herido en el supuesto ataque y en cambio el carabinero que lo acusaba, no pudo acreditar lesión alguna.
Persecución a la CAM
La policía pretendía también que regresara a prisión Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, absuelto en Temuco en un juicio oral en mayo de 2008, luego de pasar más de un año en prisión. Según Richard Curinao, de la web Werken Kvrvf, http://werkenkvrvf.blogspot.com más de 30 efectivos de la PDI, la mayoría encapuchados, llegaron a su domicilio de San Ramón, Tirúa, encañonando a sus tres hijos menores de edad y obligándolos a salir de la casa. Pero su padre no dormía en casa esa noche.
En marzo el tribunal oral de Angol dictó condenas a cinco años de cárcel efectiva a Luis Millacheo Ñanco, y a 4 años remitidos para Andrés Licán Licán y Juan Licán Melinao, considerados por el tribunal culpables de incendiar un camión forestal en Pidima, Ercilla. Otros dos comuneros, Fernando y José Guillermo Millacheo, fueron absueltos luego de pasar varios meses en prisión. Sin embargo la táctica de la fiscalía no resuelve el denominado “conflicto mapuche.” El 6 de abril de 2008, 18 comuneros de ese mismo sector de Pidima, fueron formalizados por “usurpación”, luego de participar en un intento de recuperación de tierras.

Puerta giratoria
La comunidad mapuche autónoma Temucuicui acaba de denunciar una nueva faceta de esta táctica, una suerte de “puerta giratoria” entre la fiscalía y los juzgados orales. Ellos recusaron al juez Andrés Villagra, pidiendo se le inhabilite en el juicio que el 28 de mayo próximo enfrentarán Jaime Huenchullan Cayul y Julio Caihuan Nahuelpi. Sostienen los dirigentes que Andrés Villagra fue fiscal adjunto de Collipulli entre los años 2000 y 2002. En el ejercicio de esas funciones imputó a varios integrantes de su comunidad en supuestos hechos en contra del latifundista René Urban, de los cuales han sido absueltos posteriormente, una y otra vez. Sostienen que además, como juez se ha pronunciado directamente ante ellos considerando culpables a los comuneros antes de realizarse los juicios respectivos y adelantando que se les condenaría “como sea”.

Colaboradores de la policía
La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas, una práctica que posiblemente no tiene asidero legal. Pero el mismo día que los abogados intentaban infructuosamente conocer los testigos y las pruebas montadas por la fiscalía, en Santiago, El Mercurio informaba que el fiscal nacional Sabas Chahuán “propuso una modificación a la ley contra conductas terroristas, de manera de usar incluso agentes encubiertos o informantes en esas causas.” Este ya es el caso del informante y colaboarador Santos Jorquera, dueño del camping “Los Castaños”, reconocido en la zona de Tirúa como cómplice de la DINA y la CNI, donde fueron detenidos miembros de las comunidades de Choque, Ranquilhue y Miquihue. Su casa es actualmente el centro de operaciones de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que lo usa también como centro de detención e interrotgatorio cuando detiene a mapuche en caminos interiores y de acceso a la comunidad de Choque.A los doce detenidos el 12 de abril en Puerto Choque se les acusa precisamente de “agresión a Santos Jorquera”.

Cacería de mapuches
El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad considera los hechos descritos en esta nota como una verdadera cacería de mapuches, y rechazó en un artículo publicado en Clarín de Chile, las expresiones del ministro del Interior subrogante que se congratuló públicamente de los operativos. Expresa Roberto Avila en una carta pública:
“A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada
y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de
poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas
actualmente en trámite, el Ministro considera a los imputados ya como
culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’.
El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son
personas sino un ‘cuarteto’, de ciudadanos queda poco o nada. ¿Qué
garantías procesales de un debido proceso tiene ese “cuarteto”, si ya
el ministro del interior los condenó públicamente como delincuentes?
El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de
resoluciones judiciales sino una verdadera cacería.”

martes, agosto 12, 2008

En Angol Gendarmería encerró a preso político mapuche junto a violadores



José Huenchunao, preso por “incendio terrorista” se declaró en huelga de hambre

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Gendarmería de la cárcel de Angol ordenó recientemente el ingreso de nueve presos comunes, y de condenados por violación y delitos sexuales, a la celda del preso político mapuche José Huenchunao. Gendarmería le quitó además todas las garantías obtenidas en las diferentes huelgas de hambre por los condenados –como él - a diez años y un día del caso Poluco Pidenco, aumentando a 14 sus horas de encierro. Aunque Huenchunao sufre de gastritis, ahora le impiden incluso cocinar para sí mismo y recibir alimentos básicos para su dieta, como la harina tostada y el mote, elementos de la cocina típica mapuche. José Huenchunao inició una huelga de hambre el 11 de agosto.

A su vez, las comunidades de Huentelolén, Antiquina, Pascual Coña, Caupolicán, Nicolás Calbullanca, El Malo y Tirúa Sur respaldaron a José Huenchunao y sostuvieron en declaración pública firmada como “Comunidades Mapuche en conflicto del territorio Lleu Lleuche (en la ribera del lago Lleu Lleu codiciado por transnacionales mineras) que “el Estado de Chile se está haciendo parte y cómplice de un posible atentado contra la vida de nuestro werken José Huenchunao tal como lo hizo con Julio Huentecura, quien fue asesinado en septiembre de 2004 en la penitenciaría de Santiago”. En ese caso Gendarmería adujo que se trató de una pelea entre reos comunes. Para las comunidades esta es una nueva muestra de criminalización y negación de derechos. La declaración fue dada a conocer a esta periodista por la red mapuche Pulchetun.

José Huenchunao Mariñán, de 37 años, es originario de la comunidad El Malo y fue werken de las comunidades en conflicto de Lleu Lleu. Fue detenido en marzo de 2007, luego de pasar en la clandestinidad 3 años después de haber sido condenado en agosto de 2004 por supuesto “incendio terrorista” del fundo Poluco Podenco de Forestal Mininco. Huenchunao es uno de los 19 presos y presas políticas mapuche que permanecen en diferentes cárceles ubicadas en Angol, Victoria, El Manzano, Arauco, Lebu, Lautaro, Rancagua, Los Angeles, y en la Cárcel de Hombres y la Cárcel de Mujeres de Temuco. Estos 19 casos forman parte de 55 casos de prisión política, medidas cautelares y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes que afectan a miembros de comunidades mapuche y fueron denunciados recientemente a la Presidenta Bachelet por haber ocurrido durante su período de gobierno.

Las conquistas conculcadas por Gendarmería de Angol, se habían obtenido en diversas huelgas de hambre de los presos políticos mapuche condenados por la legislación antiterrorista heredada de Pinochet. La primera huelga se inició en marzo de 2006 y duró 73 días. En otra huelga que partió el 10 de octubre de 2007, Patricia Troncoso Robles protagonizó más de 100 días sin ingerir alimentos logrando finalmente una parte de sus demandas, el acceso a beneficios carcelarios para ella y el resto de los prisioneros. José Huenchunao también participó en esa movilización durante los meses de noviembre y diciembre.
Según informan los comuneros, los derechos alcanzados a través de esas luchas eran: permanecer presos en un espacio territorial básico digno, recibir visita en su propio módulo y no en el gimnasio, en días diferentes que los días de visita para presos comunes, además de la visita prolongada los 2º sábados de cada mes; recibir de sus familiares alimentos propios de la cultura mapuche, como son harina tostada, mote; visitas, y obtener un trato digno “como es propio de un preso politico mapuche y no de un delincuente”.
La declaración de las comunidades concluye señalando: “Convocamos a manifestar nuestro repudio y realizar actos de protesta y solidaridad para apoyar al pueblo Mapuche. Por último no podemos dejar de mencionar el constante hostigamiento que sufrimos las comunidades en conflicto de Arauko ya que acá también tenemos presos políticos mapuche en muy malas condiciones carcelarias, como son el lonko Avelino Meñaco y Pedro Lepicheo recluidos en la cárcel de Lebu.” Ellos tendrán audiencia de preparación del juicio el próximo 25 de Agosto en el Tribunal Oral de Cañete.
Avelino Meñaco es lonko de la comunidad Pascual Coña y fue detenido el 26 de diciembre de 2007. Con declaraciones anónimas, se le acusa de una supuesta quema de una cabaña, pero había sido liberado al demostrarse que estaba en su comunidad a la hora del incendio. Su libertad fue revocada sin embargo, por la Corte de Apelaciones de Concepción. Fue recapturado porque había decidido no presentarse ante el tribunal por estimar que no tenia garantías de un debido proceso. A Pedro Lepicheo Machacán, miembro de la comunidad Juan Ignacio Catrileo Marinao Uno, del sector de Huentelolén, comuna de Cañete, se le acusa de incendiar el vehículo del periodista Daniel Roa durante una manifestación en solidaridad con la huelga de hambre de Patricia Troncoso y los presos políticos mapuche. Fue detenido en noviembre de 2007 con su hermano menor, José Galvarino Lepicheo (quien está en libertad con medida cautelar, luego de pasar tres meses en prisión preventiva).

domingo, julio 27, 2008

Corte de Temuco rechazó pedido de nulidad de juicio a Llaitul y Painemil





Defensa Legal de los comuneros: Juan Enrique Prieto, (P.Humanista) ex juez Juan Guzmán y Pablo Ortega (ddhh, Concepción)

El 25 de julio, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la solicitud de nulidad a juicio realizado a comienzos de junio contra los comuneros mapuche. La sentencia de la corte impide las intenciones del Ministerio Público de efectuar un nuevo juicio para condenarlos, y mantiene la sentencia del juicio oral que decretó la libertad de Héctor Llaitul (Coordinadora Arauco Malleco) y las medidas cautelares de firma mensual a Roberto Painemil. En definitiva ambos gozarán de libertad.
Esto cierra el caso basado en un montaje armado por el gobierno a través de la fiscalía local de Nueva Imperial y en declaraciones obtenidas bajo tortura al comunero Painemil. Los acusados permanecieron más de un año y medio en prisión.
A los mapuche se les enjuició acusados de ser los autores del incendio ocurrido el 25 de diciembre del 2006 en Chol Chol, que tuvo como consecuencia la destrucción de un camión forestal, una torre de madereo y una máquina trineumática, sin poder comprobar de parte de los acusadores, el origen de este hecho. Ambos imputados fueron absueltos del cargo de incendio. Sin embargo el tribunal oral consideró que Painemil había portado armas ilegalmente y lo castigó por ello, aunque en rigor las municiones encontradas en casa de sus padres habían sido "sembradas" allí como parte del montaje en los violentos allanamientos que siguieron a la detención del comunero del sector Tres Cerros.
Los montajes y las detenciones preventivas forman parte de la estrategia del gobierno de la Concertación, que buscan así neutralizar a los dirigentes de las comunidades mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales. Las detenciones se anuncian con gran cobertura mediática, se muestran "pruebas" incautadas y se cuenta de esta manera con una condena mediática al mejor estilo de la dictadura que imperó en el pasado.
La resolución de la Corte de Apelaciones es una buena señal de rechazo a este tipo de prácticas, aunque no está claro si existe la posibilidad de una apelación del Ministerio Público a la Corte Suprema insistiendo en la realización de un nuevo juicio. En otras oportunidades, así ocurrió.

La "mala" noticia para la fiscal Vania Arancibia de Nueva Imperial que formuló las acusaciones desestimadas por el tribunal oral y ahora por la corte de apelaciones de Temuco, provino de la primera sala presidida por el Ministro Archivaldo Loyola, e integrada por el Ministro Alvaro Mesa Latorre y la fiscal judicial Tatiana Román. Para la Corte no existían antecedentes para anular el juicio pues las pruebas presentadas por la Fiscalía ya habían sido analizadas debidamente por el tribunal oral.
Ver texto completo de la sentencia en http://www.observatorio.cl/contenidos/naveg/navTpl.php?id=20080725125927
Observatorio Ciudadano