General Llévenes acusado por lonko en un testimonio de tortura

¿Cuál es la política institucional de Carabineros de Chile en relación al alto mando? El general Cristián Llévenes Rebolledo ha sido trasladado como Jefe de Zona desde la Novena Región a la misma función en la Región de Magallanes, por decisión del director, General Eduardo Gordon. Sin embargo en la investigación que se sigue por el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío, la defensa lo acusa de obstrucción de la justicia por presentar pruebas consideradas un montaje para encubrir la ejecución extrajudicial del joven luchador social mapuche. El abogado Jaime Madariaga solicitó al fiscal militar de Angol someter a proceso al entonces jefe de la IX zona de carabineros general Llévenes - diplomado en Sociología, con mención en Manejo de Crisis - y al prefecto de Malleco Iván Bezmalinovic, luego de conocerse el informe del Instituto Médico Legal. La pericia revela que los impactos de perdigones en el chaleco antibalas del carabinero asesino, fueron posteriores al incidente investigado.
El lonko Víctor Marileo (autoridad tradicional de la comunidad precordillerana “Juan Quintrileo”, sector Pitrelawe) sindica al alto oficial Llévenes como responsable de la tortura sufrida por él en febrero de 2003 en la Segunda Comisaría de Temuco. El alto oficial llegó a la Región de la Araucanía el año 2000, luego de haber sido comisario en Magallanes, desempeñándose en la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial y luego en la Segunda Comisaría de Temuco, hasta llegar a la jefatura de zona, según su curriculum institucional. En conversación telefónica sostenida con esta periodista, el lonko Marileo ratificó su testimonio, entregado el 10 de diciembre de 2008 en el Seminario “El pueblo mapuche y la criminalización de sus demandas”, convocado por el Centro de DDHH de la Universidad Central, la Red Iberoamericana de Jueces y la Comisión Etica Contra la Tortura, en Santiago de Chile. Estas fueron las palabras de Víctor Marileo en el Día Internacional de los Derechos Humanos:
“He sido molestado y golpeado por carabineros. A mí me torturaron en la segunda comisaría de Temuco, me esposaron y no hicieron caso de mi calidad de lonko. Me torcieron el brazo, el (entonces) mayor Cristian Llévenes lo ordenó y al carabinero le pasaron un lazo y me lo pusieron en el cuello, así se me cayeron los brazos. Me golpearon con un palo y me quebraron tres costillas. El mayor Llévenes ahora es general de la zona de la Araucanía, y está a cargo de todos.
Yo creo que no se respetan los ddhh de los mapuche. Los parlamentarios en el Senado están sacando una ley para proteger de los insultos a carabineros por el problema mapuche. Quiero contar aquí que está militarizada la comunidad en que yo vivo. Y estoy condenado a una medida cautelar, yo tengo prohibición de ingresar al predio que reivindicamos en el fundo Roble Huacho de la Forestal Masisa, y no puedo salir del país. Siempre estoy controlado por carabineros, ellos están instalados a 100 metros de mi casa. Hay un zorrillo, y dotación policial, ellos filman todo lo que hago. Para la forestal soy un peligro. Pero son ellos los que sacan los recursos de mi familia y dejan un desierto en la comunidad. Ahora sé que piensan quemar con líquido (plaguicida) en las plantaciones, con eso matan todos los remedios, ya no hay plantas medicinales, ahora sólo hay pino y eucalipto. Ya contaminaron el agua, secaron las napas. Nosotros estábamos preparándonos para impedir que ellos vuelvan a plantar y entonces fue cuando me acusaron de robo de madera, pero eso fue un montaje. Siempre la forestal y la policía buscan la forma de encarcelarme, han hecho operativos contra mi vida. Es satánico. Sobornaron a otro peñi para que declarara contra mí, siendo que soy un lonko, y un lonko en una comunidad es un guía a quien se respeta, es un hombre que da confianza, que tiene una visión, no puede atormentar a su comunidad. Me detuvieron de nuevo el 30 de octubre de 2007, cuando una camioneta de la forestal pasaba por el camino vecinal donde estábamos en la protesta. Carabineros tiró bombas y balines. Yo me acerqué a los carabineros a mediar, pero al llegar me atropellaron con sus dos carros, y me gritaban: ‘Mereces la muerte, a los indios como tú hay que matarlos’. Me vio después un médico muy racista. Me torturaron en la comisaría para desorientarme, quedé con rotura de cabeza y rostro. Fue entonces que dijeron ‘Vamos a tener que matar un mapuche’ y lo hicieron poco después, el 3 de enero de 2008, cuando asesinaron a Matías Catrileo. “
Caseta en lugar del rewe
Víctor Marileo es lonko de la comunidad autónoma Juan Quintremil, del sector Pitrelawe ubicado en la comuna de Padre Las Casas, a pocos km de Temuco, en la zona precordillerana. Con indignación revela: “La forestal ordenó que carabineros nos quemara el rewe ceremonial que nosotros teníamos instalado a la entrada del fundo y ahora instalaron allí una caseta de vigilancia. Nosotros el 26 de agosto estuvimos bloqueando la entrada por unas horas e hicimos una carta a la intendenta Nora Barrientos y a la gerencia de la Forestal Masisa pero no tenemos respuesta. Nadie nos quiere escuchar. Denunciamos que los acuerdos alcanzados en 8 años de conversaciones no se cumplen y las tierras siguen usurpadas.”
¿Qué consecuencias tiene eso para la comunidad?
La juventud se va a la ciudad porque vivimos una situación de pobreza extrema por la drástica reducción de nuestro espacio territorial. Nuestra comunidad está dispuesta al diálogo con la autoridad y con la forestal, pero no tenemos respuesta, nos dijeron que nos iba a recibir el sr. Marifil de CONADI pero con lo que está pasando ahora, creemos que no se va a hacer nada, todo está muerto.
¿Cuál es su situación procesal actual?
Tengo que presentarme el 22 de octubre en el juzgado de garantía en Temuco. Me acusan de manejar mi camión con una licencia errónea. Pero cuando me detuvieron los carabineros, en junio de este año, me acusaron por ‘transportar madera robada’ a la forestal Masisa. El camión yo lo cargué por encargo de una lamngen (señora), y los carabineros de inmediato me interceptaron en el camino, creo que me tienen pinchado el celular. La carga era de madera nativa y era un flete que yo hacía, en la forestal no hay madera nativa, todo eso yo se lo comprobé al juez. Ellos saben eso, pero siempre quieren tenerme controlado, me consideran peligroso. También en esta área detuvieron en mayo a Marcelo Garay, un periodista que venía a reportear lo que nos pasa en la comunidad, le quitaron todos sus materiales y lo mismo hicieron al día siguiente con el comunicador social Jorge Serey Baeza que vive muy cerca de aquí y tampoco recupera todavía su computador y todo lo que se llevaron.

¿Qué pasa con sus tierras?
Nosotros explicamos en la carta a la autoridad que desde el 2001 nosotros estamos tratando de recuperar la tierra, usurpada en tiempos de la dictadura. Primero lo hicimos con la forestal Millalemu, en 2004 se lo planteamos a la forestal Terranova S.A., y desde el 2007 hasta hoy, el conflicto es con la forestal Masisa. Todo se remonta históricamente a la llegada de los primeros colonos, como Juan Searle, Guido Sirotti y otros. Las tierras en litigio se encuentran anexadas al ex fundo Roble Huacho, actualmente en poder de Masisa y fueron tierras legalmente reconocidas de acuerdo a los deslindes naturales, que incluían las tierras históricas, que no fueron contempladas. Nosotros fuimos expulsados de nuestro propio territorio. Tenemos a nuestro favor los antecedentes históricos y legales.”
No más “responsabilidad social”
Masisa se especializa en tableros (placas), madera aserrada, puertas y molduras. Según su sitio web, cuenta con la certificación ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001. La forestal Masisa (ex Millalemu- Terranova) integra al holding "Nueva" ligado anteriormente al magnate suizo Stephan Schmidheiny. El año 2005 la Fundación Prohumana (Chile) consideró a Masisa como una de las 10 empresas destacadas por su Responsabilidad Social, junto a Gerdau Aza, Asociación Chilena de Seguridad, Mc Donald´s, y Nestlé, entre otras. Las tierras en conflicto con la comunidad autónoma Juan Quintremil estaban en comodato hasta el año 2007, en un acuerdo adoptado anteriormente a la espera del subsidio fiscal para la compra de tierras. Pero ese año, la trasnacional impidió con resguardo policial el ingreso de los comuneros mapuche a la tierra después de la tala del bosque. Así lo denunció ese año Aucán Wilkaman, dirigente del Consejo de Todas las Tierras, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, según se registra en una entrevista realizada por Alberto Dufey del periódico digital SwissLatin www.swisslatin.ch .
El acuerdo de 1999
Aucán Huilcamán recuerda que en 1999 llegó a un acuerdo con 'Terranova' que pertenecía al magnate suizo del cemento y el amianto, Stephan Schmidheiny, con cartel de filántropo en América Latina.
En la nota de Swiss Latin, Huilkaman da su interpretación sobre el cambio de postura de los suizos, afirmando: “Pensamos que se trata de intereses nacionales, de personas ajenas a los suizos, porque vecino a la forestal se encuentran los predios de Hernán Büchi, otro empresario de origen suizo y ex ministro de Pinochet, el predio de Angel Délano, otro ex ministro de Pinochet, y el predio de Luisa Durán, la esposa del ex presidente Ricardo Lagos. Pensamos que por ese lado vienen las presiones, pues son familias poderosas en el país. Si Masisa transfiere tierra a las comunidades, sus tierras pueden también hacer parte del mismo proceso de recuperación después”.
En la entrevista concedida a Aucán Huilcamán, él asevera que cuando Schmidheiny llegó a Chile, recibió por parte de la dictadura militar 120.000 hectáreas de tierras mapuches, compradas en un remate. Sostuvo entonces:
“Tal vez él no estaba informado, pero compró tierras con un problema histórico y con aval del Estado chileno que ha participado de esa práctica de usurpación. Ahora si no hay diálogo, es lo que trataré de restablecer aquí, las comunidades seguirán su camino de lucha...”, advirtió hace dos años.

Pueblo mapuche: los nuevos condenados de la tierra

Esta es la familia de Roberto Painemil Parra, en el Juzgado de Garantía de Temuco, a la espera de la sentencia del tribunal en junio pasado. El llevaba un año y medio preso sin juicio, y
había sido torturado para que "confesara". El desconsuelo de los suyos, es el de centenares de familias de los presos políticos mapuche que viven dolores y angustias similares a las que vivieron nuestras familias en los tiempos de la dictadura militar. Por eso, entre otras muchas razones es que escribo y machaco tanto sobre este tema. Nos costó muchas vidas recuperar la democracia. Nada puede justificar que para algunos, para los que luchan por la tierra, nada haya cambiado y sigan viviendo como en dictadura.

La Comisión Ëtica Contra la Tortura, organismo chileno en el que participo y que está integrado por personalidades de destacada trayectoria en la lucha antidictatorial y por organizaciones cristianas y de derechos humanos (entre ellos el cura José Aldunate, Helmut Frenz, y miembros de la CONFERRE, la entidad que agrupa a los religiosos de Chile), se encuentra a la espera de la respuesta del gobierno a un informe entregado a la Presidenta Michelle Bachelet sobre la tortura en Chile durante su período presidencial. Desde el año 2001 en que se fundó, esta organización ha entregado cada 29 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un documento al Presidente de la República con un estado de situación del tema en el país. Este 29 de junio de 2008 representantes de la Comisión Etica, entre ellos Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: Juana Aguilera, coordinadora de la Comisión y ex Presa Política; Beatriz Brinkman, del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS; Alicia Lorca, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y el académico cristiano Hervi Lara, dialogaron con María Luisa Sepúlveda, la asesora de la Presidenta en derechos humanos, quien mostró interés en el informe, que en su primera parte aborda temas como la impunidad en delitos cometidos en tiempos de dictadura, y asuntos pendientes en materia de justicia, verdad y reparación. La segunda parte del informe revisado con la asesora presidencial, se refiere a casos de tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes llevados a cabo por fuerzas policiales en el marco de la lucha mapuche por la recuperación de sus tierras.
En las semanas siguientes a la elaboración del documento, la situación continúa agravándose en lo referido al tema mapuche. La petición del Ministerio Público - la entidad que formula en Chile los cargos - solicitando la nulidad del juicio que a comienzos de junio, absolvió a Héctor Llaitul y Roberto Painemil, fue acogida por la Corte de Apelaciones de Temuco. Acusados como autores de incendio de maquinaria de Forestal Mininco, ellos habían permanecido más de un año y medio en prisión. La Corte de Apelaciones de Temuco resolverá el próximo 25 de julio si vuelven a la cárcel y se les hace un nuevo juicio. Por otra parte, Pedro Vivanco Rebolledo, dirigente pehuenche de la comunidad TrapaTrapa-Butalelbum (comuna del alto Bio Bío, Octava Región) pidió asilo político en Argentina. El líder pehuenche fue sentenciado junto al lonko Roberto Manquepi Vita (que permanece en prisión) por “usurpación de tierras y robo con fuerza” en la recuperación del fundo Cochico en 2003. Es el segundo caso de asilo. El primero lo protagonizó Pascual Pichún Collonao, hecho recogido en el informe de la Comisión Etica que da cuenta de las diversas formas en que se expresa la llamada “judicialización” de las movilizaciones de las comunidades que han iniciado procesos de reivindicación de tierras ancestrales.
El estudio presentado a la Presidenta Bachelet y a organizaciones internacionales de derechos humanos, denuncia la impunidad frente a dos casos de violencia innecesaria con resultado de muerte: el asesinato por carabineros de dos jóvenes mapuche, ambos de 23 años de edad. El 3 de enero de 2008 el estudiante Matías Catrileo Quezada fue baleado por la espalda cuando participaba en una acción de recuperación de tierras en el fundo Santa Margarita, sector Vilcún, Región de la Araucanía. La familia de Matías Catrileo, a través de un escrito de su madre, Mónica Quezada, presenta directamente los hechos en el informe. La investigación del asesinato de Matías Catrileo está en manos del fiscal militar José Pinto Aparicio y el procesado, cabo segundo Walter Jonathan Ramírez Inostroza se encuentra en libertad provisional, sin que hasta ahora se haya formulado acusación contra otros involucrados.
En la Región Metropolitana, donde viven asimismo miles de familias mapuche, Johnny Cariqueo Yáñez, joven hiphopero, recibió una feroz golpiza luego de ser detenido el 29 de marzo de 2008 en Pudahuel, en la Plaza Víctor Jara. Fue trasladado a la 26º Comisaría de Pudahuel, a un consultorio, y luego a la 1º comisaría de Santiago en estado lamentable. Falleció debido a un infarto el 31 de marzo, horas después de ser liberado. El caso de Cariqueo no está siendo investigado en tribunales.
El informe da cuenta de más de cincuenta y cinco casos de hombres y mujeres mapuche que han vivido o viven la prisión política. En mayo todavía permanecían en prisión 24 presos políticos mapuche (ver listado en otra entrada del blog). Entre 2007 y 2008, cuatro presos fueron liberados por cumplimiento de condena. Hay 4 casos de penas remitidas, es decir que se cumplen en libertad condicional. Se describen asimismo 24 aplicaciones de medidas cautelares de restricción de libertad aplicadas por los jueces. Los afectados deben, por ejemplo, presentarse ante una repartición policial diariamente, desplazándose desde sus comunidades a la ciudad, invirtiendo su escaso dinero en viajes y descuidando sus labores en el campo. No existen estadísticas oficiales, pero las estimaciones de afectados por medidas cautelares que se hacen a nivel de las organizaciones mapuche, son superiores a las listadas en este registro.
Las absoluciones objetadas
Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, fue absuelto del cargo de incendio de maquinaria de la forestal Mininco en el fundo Las Praderas de Chonchol (diciembre de 2006) y de porte de armas y receptación, en un juicio oral realizado en Temuco (junio de 2008). A Roberto Painemil, comunero del sector Tres Cerros, de Yeupeco, (comuna de Vilcún) se le sentenció en el mismo juicio, por porte de armas, pero fue absuelto del delito de incendio. Habían sido condenados previamente a través de los medios de comunicación. El vuelco judicial fue posible porque la defensa la asumió un equipo de profesionales de derechos humanos encabezado por el ex juez Juan Guzmán, y organizado por los abogados del Partido Humanista Enrique Prieto y Fernando Lira (vicepresidente del PH), junto a Pablo Ortega, abogado de Concepción. Juan Guzmán ha manifestado que el Ministerio Público no tendrá éxito en su intento de anular el juicio pues debió probar la culpabilidad de los imputados durante el año y medio que los tuvo en prisión y no corresponde pedir ahora nueva rendición de pruebas.
El juicio oral se extendió a lo largo de una semana en Temuco, con declaraciones contradictorias de un testigo sin rostro y de carabineros contra Painemil, y sólidos testimonios presentados por la defensa cuyos testigos –de la localidad de Labranza, que atestiguaron haber estado con Llaitul cuando ocurrían los hechos denunciados - fueron amedrentados por Investigaciones luego de declarar en el tribunal. El tribunal escuchó la estremecedora denuncia de tortura hecha por Painemil y traducida del mapudungun por intérpretes puestos por el tribunal y CONADI. Esta periodista pudo escuchar su explicación, acerca de que el miedo provocado por las torturas y las amenazas contra su familia lo forzaron a autoinculparse e implicar a Llaitul en los hechos. El síndrome del torturado se evidenció al narrar el imputado los hechos vividos en la comisaría de Cholchol. En varias oportunidades Painemil se vio doblegado por la emoción y el dolor producidos al reconstruir su penosa experiencia que apenas podía relatar.
Cuando Héctor Llaitul salió de prisión, se dirigió con su esposa e hijos y amigos más cercanos "a ver el lugar de reposo de Matías Catrileo. El fue mi hermano, mi amigo que me acompañó en los días de prisión. Fui a rendirle homenaje".
¿A qué atribuye su libertad?
"La absolución fue un triunfo que me sorprendió. Se conjugaron varias cosas. Esta fue una defensa organizada desde los nuestros y desde los que respetan a los nuestros, y a nuestra propuesta. La defensoría pública está comprometida con los intereses del estado y del gobierno. Es parte del andamiaje del poder. No sólo la forestal estaba actuando aquí. Es el gobierno en sí y sus instituciones. Sin embargo pude constatar que hay gente en la sociedad chilena que tiene respeto a nuestros planteamientos. Teníamos que armar una defensa más independiente, como la que tuvimos. Antes no teníamos la capacidad de emplazarlos, pero ahora logramos ganar en el terreno que el gobierno acostumbraba, porque cometieron muchos errores e ilegalidades, realizaron un montaje burdo. "
¿Cómo ve su actividad a futuro?
No dejaré de ser lo que soy ni de tener las ideas por lo que me persiguieron. Mantengo mi postura política y compromiso. Algunos pensaban que en la CAM había puras cabezas calientes, que era un aparato o un proyecto ideologizado, pero eso no ha sido nunca nuestra idea. Somos expresión de mucho más. Y sin embargo ahora se vió que hay pueblo, y eso es lo que yo represento. Y eso convence a la gente.
¿Demandará una indemnización a la forestal o el Estado por el año y medio pasado en prisión?
No. Yo puedo sostenerme, eso no me interesa. Voy a trabajar como siempre, y también disfrutar a mi familia y los niños. Conté con el respaldo integral de mi compañera y eso fue muy importante. También tuve el apoyo de medios independientes, lo que valoro.
El allanamiento en Tres Cerros
Antes de enterarse de la petición de nulidad del juicio, la familia del comunero Roberto Painemil Parra, quien cumple en libertad una pena menor impuesta en el juicio oral, expresó también su alegría por la sentencia. Don Alfredo Painemil, su padre, consideró que la presencia como abogado defensor del ex juez Juan Guzmán y de Juan Enrique Prieto, director de la Fundación Laura Rodríguez, era una verdadera "bendición de Dios". El estima que el defensor público, Jaime López, no hizo nada por su hijo. Painemil padre lamentó no haber denunciado ante el tribunal que luego del allanamiento a su domicilio, su esposa que estaba sola, fue obligada por carabineros a estampar su pulgar en un papel en que ella aseguraba haber recibido buen trato. Pero la señora Lucía Parra Sandoval no sabe leer ni escribir. Agregó que López sostuvo que la familia debía abstenerse de denunciar el robo de dinero y especies por carabineros "porque yo no tenía factura para comprobar que los $180.000 que se robaron eran míos".
Sergio Painemil, hermano del imputado, denunció el constante amedrentamiento que viven, con baleos en el camino todas las noches que les impiden salir de sus casas por temor.
A la salida del tribunal, mientras aguardaba la sentencia, la madre, que prefiere expresarse en mapudungun, dijo a esta periodista: "Yo siento mucho sufrimiento. Estos años que el hijo está preso son un dolor muy grande. La comida no la puedo aprovechar. La como entre lágrimas. A raíz de este problema de los que llevan la justicia me he enfermado, tuvieron que llevarme al hospital. Espero que dejen en libertad a mi hijo y me lo entreguen en buenas condiciones, como estaba él al ser detenido."
Revivió luego el allanamiento el día de la detención de su hijo: "Me decían. 'vieja mentirosa', me dieron un trato muy duro. Buscaban armas, pero en mi casa ni una cosa de armas hay, lo que mostraron en la televisión son mentiras. Me he quedado con un trauma de cómo fueron tan violentos. Pero mi nieto chico que apenas camina, me dijo 'no tenga pena, yo te voy a proteger cuando sea grande'.
Las medidas cautelares
De los 24 casos de comuneros que deben cumplir medidas cautelares luego de haber pasado varios meses en prisión, doce afectados viven en la comunidad de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía. Uno de ellos es su werken o mensajero, Jorge Huenchullan, periódicamente detenido y procesado simultáneamente en varias causas. Otros afectados son jóvenes de la zona del lago LleuLleu y de los alrededores de Concepción o San Pedro, que se movilizaron a comienzos de 2008 en apoyo a la huelga de hambre que Patricia Troncoso Robles mantuvo por más de 100 días, demandando la libertad de los presos políticos mapuche y el fin de la militarización de las comunidades.
Prisión preventiva
La aplicación de meses y años de prisión preventiva a la espera del juicio, una medida que habitualmente aplican los jueces de garantía, es interpretada por los mapuche como un intento de neutralizar a sus dirigentes. Ello se ha denunciado dentro y fuera del país. En 2006, en medio de la creciente presión de organismos internacionales de derechos humanos, un juicio oral exculpó a José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, de la comunidad Cacique José Guiñón de las acusaciones de incendio terrorista en el fundo Poluco-Pidenco. Asimismo, en junio de 2008, el werken Jorge Huenchullan, de la sitiada comunidad Temucuicui –que está rodeada por un retén policial instalado en un fundo vecino para proteger esa propiedad privada - fue una vez más declarado inocente de los cargos imputados. También fue exculpada la anciana Mercedes Paillalef – madre de la encarcelada lonko Juana Calfunao y de su hermana Luisa - quien sufrió medidas cautelares vigentes durante el año 2007, pero al momento del juicio, no fue acusada. Por su parte, la dirigente Mireya Figueroa de la comunidad Tricauco (caso Poluco Pidenco) se mantiene en la clandestinidad desde 2004.
Sentencias 2008
Cumpliendo penas en libertad condicional se encuentran hasta ahora Roberto Painemil Parra (Tres Cerros, en Yeupeko, comuna de Vilcún), Carolina Cadin Calfunao y Roknelia Neculman Calfunao (en la Comunidad Juan Paillalef, comuna de Cunco) quienes cumplen dos años y 1 día; Luis Amable Catrimil Huenupi (comunidad Tricauco, comuna de Ercilla), sentenciado por incendio simple en Poluco Podenco, a pena de 4 años y un día. Ernesto Arturo Lincopán Villagrán (comunidad Newen Kiñe Mapu, comuna de Villarrica) tiene arraigo nacional por un año.
El informe destaca además que en 2007 cumplieron su condena de 5 años y un día el lonko Pascual Pichun Paillalao (comunidad Antonio Ñirivil, comuna de Traiguén) y su hijo Rafael Pichun Collonao, así como los comuneros José Nain Curamil (Temucuicui, comuna de Ercilla), libre luego de 5 años de condena en Angol, y Waikilaf Cadin Calfunao (comunidad Juan Paillalef, comuna de Cunco), liberado tras permanecer en la Cárcel de Alta Seguridad cumpliendo su pena de 500 días de cárcel y el pago de costas del juicio, descontado de sus días de prisión. Waikilaf es hostigado permanentemente por la policía de Temuco.
Huelgas de hambre
Durante el mandato de la Presidenta Bachelet se han realizado dos huelgas de hambre de presos políticos denunciando la ley antiterrorista que los condenó. La huelga más prolongada, de la activista de la causa mapuche Patricia Troncoso Robles, logró su objetivo de romper el cerco comunicacional que invisibiliza la situación de represión de las comunidades en conflicto, y permitió a varios presos acceder a beneficios carcelarios. Este fue también el contexto en que se produjo el acercamiento entre los abogados del Partido Humanista y familiares de Héctor Llaitul y Patricia Troncoso.
Recursos judiciales
Asimismo el informe detalla que en diez casos se ha presentado recursos judiciales contra carabineros por allanamientos con violencia innecesaria en las comunidades de Temucuicui (comuna de Ercilla), Yeupeko (comuna de Vilcún), Cacique José Guiñón (Ercilla); por tortura y detención arbitraria (a Waikilaf Cadin, en la cárcel de Temuco y luego en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago); y por violencia y maltrato a menores (en las comunas de Collipulli y Coronel). Igualmente se incorporan declaraciones públicas de las comunidades sobre torturas y maltratos (sobre Luisa Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, sector Curaco, comuna de Cunco y otros casos). La comunidad de Temucuicui registra un historial de 10 violentos allanamientos masivos en los últimos dos años.
Las organizaciones de las comunidades en conflicto caracterizan como "montajes políticos" los operativos con armamento de guerra –como el que tuvo lugar para detener a Iván Llanquileo, lonko de la comunidad Cacique Juana Millahual (comuna de Contulmo) en septiembre de 2007 en la zona del lago Lleulleu (en la Región del BioBio), – realizados por fuerzas de la policía civil e investigaciones. Desde entonces Llanquileo permanece en prisión preventiva. El montaje policial contra la documentalista Elena Varela, directora de "Newen Mapu" (La Fuerza de la Tierra) constituye la más reciente muestra de esta metodología que el Ministerio del Interior chileno ha denominado "Operación Paciencia". En ese marco se entiende la expulsión de videístas extranjeros que han registrado episodios de ocupaciones de fundos o de represión policial. El objetivo del gobierno es golpear y neutralizar tanto a las organizaciones y comunidades que están haciendo experiencias de recuperación productiva de tierras usurpadas, como a quienes simpatizan con la lucha mapuche.

En territorio mapuche allanan igual que antes a las poblaciones . Y sus montajes son tan burdos como aquellos, con la diferencia que ahora usufructúan de la credibilidad de la gente y del dominio total de los medios de comunicación por parte de los poderosos de este país. ¿Dónde asestarán el próximo golpe y qué nuevo montaje se estará preparando en la Agencia Nacional de Inteligencia ANI que tan bien está copiando los métodos de su predecesora, la CNI?