Montajes contra Waikilao y Tralcal llegan a la justicia -hubo absoluciones en 26 casos similares

(Mauricio Waikilao)

Luis Tralcal


Mientras se desarrolla en Temuco el juicio contra Mauricio Waikilao y Luis Tralcal, dos luchadores sociales mapuche que pasaron dos años en prisión por acusaciones presentadas por los fiscales antimapuche, es ilustrativo destacar que en los dos últimos años hubo 26 casos de absoluciones judiciales que derrumbaron otros montajes de distintos fiscales del ministerio público. Incluso el propio Luis Tralcal Quidel, originario de la Comunidad Mariano Lleubul, sector Yeupeko (Vilcún, Región de la Araucanía) fue absuelto una vez, en el juicio oral realizado en Temuco en julio de 2010, de los cargos de incendio al fundo Las Praderas de Cholchol. Mauricio Wuaiquilao, detenido el 6 de febrero de 2009, y también originario del sector Yeupeko, Vilcún, ha sido acusado de quema de maquinarias agrícolas y cosecha en Lautaro (2005); incendio terrorista, incendio simple, homicidio frustrado y “amenaza terrorista” contra Eduardo Luchsinger (16 agosto 2008), dueño del fundo en que fue asesinado por la espalda Matías Catrileo, mientras participaba en una recuperación de tierra.

En 26 casos ha habido fallos absolutorios de la justicia militar o la justicia civil, según un seguimiento realizado por esta periodista. La denuncia pública y el desenmascaramiento de los montajes ante organizaciones de derechos humanos a nivel internacional; la creciente solidaridad con los presos políticos mapuche y el impacto de las huelgas de hambre, unidos a la defensa legal y en algunos casos, a la presencia de observadores internacionales, fueron factores determinantes para hacer caer los montajes estrepitosamente. El enojo de los fiscales y el desconcierto de la prensa oficial fueron notorios. La prensa y la televisión los habían declarado culpables desde el momento mismo de su detención y acusación por el ministerio público. Estos son los casos de absoluciones:

a) Sentencias de la justicia militar: Los cuatro comuneros mapuche juzgados por intento de homicidio al fiscal Elgueta y otras imputaciones, quienes sin embargo fueron condenados en junio de 2011 por la justicia civil chilena a durísimas penas.

1.-Héctor Llaitul Carrillanca,
2.-Ramón Llanquileo Pilquiman,
3.-José Huenuche Reiman y
4.- Jonathan Huillical Méndez fueron absueltos por el juzgado Militar de Valdivia, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 25 de mayo, cuando los comuneros cumplían 71 días de huelga de hambre. Los delitos por los que se les absolvió son los mismos por los que fueron condenados en el juicio oral realizado en Cañete en febrero y marzo de 2011.
b) Sentencias de tribunales civiles
• Absueltos en el juicio oral por el tribunal de Cañete luego de pasar más de un año en prisión preventiva. Habían sido acusados de delitos de robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, maltrato de obra a carabineros, daños a propiedad fiscal y homicidio frustrado en contra del fiscal Elgueta
5.- Víctor Llanquileo Pilquimán Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, sector San Ramón, Tirúa. Detenido el 25 de noviembre de 2009 en su trabajo de soldador en Mejillones.
6.- Luis Menares Chamilao, Comunidad Nalcahue, de CholChol, menor de edad detenido el 11 de abril de 2009. Como tenía doble procesamiento (justicia civil y militar) fue absuelto por partida doble.
7.- Eduardo César Painemil Peña (18 años) comunidad Pascual Coña, sector Huentelolén, Cañete, detenido el 15 de agosto de 2009 (12 abril 2009), procesado por ley antiterrorista.
8.- Carlos Muñoz Huenuman, comunidad de Puerto Choque, Tirúa, se presentó voluntariamente en mayo de 2009. Procesado por ley antiterrorista.

9.- Juan Manuel Muñoz Huenuman, procesado por ley antiterrorista.

10.- Segundo Ñeguei Ñeguei, detenido el 11 de abril de 2009 Comunidad Benancio Ñeguei, Puerto Choque, Tirúa. Procesado por ley antiterrorista.

12.- Marco Mauricio Millanao Mariñán, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de octubre. Aun debe enfrentar juicio acusado de ataque a tres camiones y un bus en Bypass Temuco (29 de julio de 2009). procesado por ley antiterrorista.

15.- Juan Carlos Millanao Painemil, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de agosto de 2009, en Nueva Imperial.
16.- César Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009 comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. Procesado por ley antiterrorista.

17.- Juan Carlos Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. procesado por ley antiterrorista.

18.- Nolberto Fidel Parra Leiva, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. comunero del sector Puerto Choque (Tirúa) Pasó en prisión preventiva más de un año. procesado por ley antiterrorista.

19.- Leonel Carilao Liencura, presidente de la comunidad Venancio Ñehuey de la localidad de Puerto Choque, Tirúa, detenido en agosto de 2009 y formalizado por cargos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado contra el fiscal Elgueta y robo con intimidación. Procesado por ley antiterrorista.

20 .- Jorge Andrés Santi Leal, comunidad Pascual Coña, detenido el 15 de agosto y formalizado por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista de un camión grúa, una cabaña y un galpón el 8 y 9 de agosto de 2009. Estuvo más de medio año en prisión.
21.- Simón Eras Millas Paillan detenido el 17 de agosto de 2009, comunidad Pascual Coña. Procesado por Asociación ilícita terrorista y de incendio terrorista. Estuvo más de medio año en prisión.
Richard Ñehuei Pilquiman detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Beñancio Ñehuey, Puerto Choque no se presentó al juicio. Se suicidó. Procesado por ley antiterrorista. (hasta aquí absueltos en el juicio oral llevado a cabo en Cañete).
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• Otras absoluciones en juicios orales
22.- José Pedro Millacheo Ñanco, recapturado el 21 de enero de 2010, werken de la Comunidad Newen Mapu de Chequenco (Ercilla), hijo del lonko de la comunidad Juan Ciriaco Millacheo, y miembro del Parlamento Autónomo de Malleco. Absuelto en julio de 2010 de la acusación de ataque incendiario a camión forestal (26 abril 2008, Pidima, Ercilla).
23.- Fernando Millacheo Marín, de la comunidad Newen Mapuche de Chequenco, Ercilla. Detenido el 2 de junio de 2010. Absuelto de acusación de ataque incendiario a camión forestal. Pero aún espera juicio por otras acusaciones.
24.- Luis Tralcal Quidel de la Comunidad Mariano Lleubul, sector Yeupeko, fue absuelto en juicio oral realizado en Temuco en julio de 2010 de los cargos de incendio al fundo Las Praderas de Cholchol.
25.- Eduardo Osses Moreno, procesado por supuesta participación en la quema de dos camiones, hecho ocurrido en septiembre del 2009 en la cercanía de la localidad de Pidima, en la carretera 5 sur. Fue absuelto por el Tribunal de Angol el 4 de noviembre, después de permanecer preso por un año y medio, procesado por ley antiterrorista.

• Menores absueltos
26.- Bania Edith Queipul Millanao (15 años), absuelta el 16 de junio de 2010 de la acusación de daños simples por participación en protesta de liceanos de Ercilla el 13 de agosto de 2009, por la muerte del comunero Mendoza Collio. El fiscal César Chibar pidió anular el juicio pero la absolución quedó a firme en agosto de 2010.

(Extractado del capítulo “Prisión política, despojo y criminalización de las comunidades y luchadores sociales mapuche” del Informe 2011 sobre Tortura (Editorial Quimantú), publicado en junio de este año por la Comisión Etica Contra la Tortura, Editorial Quimantú

Cien presos políticos mapuche ad portas del Bicentenario

(En la foto, Jaime Huenchullan cuando hizo huelga de hambre en prisión)
A 100 se eleva ya el número de presos políticos y/o comuneros mapuche procesados (entre ellos 7 mujeres) en Chile del bicentenario gobernado por la Presidenta Bachelet. Es la cifra más alta desde el inicio de la transición, según el registro llevado por la Comisión Etica Contra la Tortura y las propias organizaciones de esa nación originaria, actualizado a septiembre de este año. Existen 43 casos de prisión efectiva actual, en 34 de los cuales la justicia ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, a instancias del gobierno. A ello se agregan 16 casos recientes de detenciones (por horas) de menores de edad y/o escolares. En total son 57 los mapuche condenados y/o procesados que están en libertad condicional, sometidos a medidas cautelares de distinto tipo. De las tres mujeres recluidas en prisión, una padece un cáncer terminal; otras 3 están afectadas por medidas cautelares.

Este será uno de los aspectos analizados el 24 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al revisar el desempeño del gobierno chileno ante los requerimientos ya planteados anteriormente por esa instancia.

Una victoria de los ddhh
Hay una victoria que pueden contabilizar a su haber los presos políticos mapuche en favor de sus derechos humanos y los de sus hijos e hijas. El gobierno debió retroceder en su intento de dispersión territorial del grupo más compacto, los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto (CAM) y de otros comuneros detenidos a quienes se acusa de asociación ilícita terrorista y homicidio frustrado, entre otros cargos. Judicialmente la medida de traslado, apelada por la defensa, había salvado todas las vallas pero fue resistida por los presos de la cárcel El Manzano con una prolongada huelga de hambre que sólo se levantó cuando oficialmente el gobierno informó la no vigencia de esos cambios.

La denuncia de los familiares, que permanecieron días y noches en vigilia permanente a la espera de los traslados anunciados, y la sólida argumentación de los abogados de derechos humanos que veían en ello la adopción de prácticas de la dictadura de Augusto Pinochet, sumados al impacto que a nivel nacional e internacional tuvo el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío por carabineros, impidieron la materialización del plan de Gendarmería. La medida consistía en trasladar los presos a ciudades como Puerto Montt, Rancagua y Valdivia, ubicadas a centenares de km de sus comunidades de origen, en desmedro de sus derechos humanos y de su defensa. Un recurso presentado por los hijos de Héctor Llaitul defendiendo su derecho a mantener el contacto con su padre fue rechazado a destiempo por la Corte de Apelaciones, cuando ya la medida no estaba vigente.

Permanecen otras irregularidades que obstaculizan el derecho al debido proceso, derivadas de la aplicación de la ley antiterrorista de tiempos de Augusto Pinochet (testigos secretos) y sobre todo, de la competencia de la justicia militar. Hay detenidos que habían sido trasladados lejos de sus familias anteriormente cuyos derechos siguen estando vulnerados. Los abogados son mantenidos por meses sin acceso a la investigación y sin conocer los nombres de los testigos, y cuando lo consiguen, no pueden hacer pública la información. Varios detenidos son procesados por la justicia civil y por la justicia militar por un mismo supuesto delito. Muchos mapuche sólo tienen acceso a defensores públicos que en ocasiones han actuado en connivencia con la fiscalía, y en otras oportunidades están sobrecargados de casos sin poder atenderlos a cabalidad. Las medidas cautelares de “prisión preventiva” operan como verdaderas condenas anticipadas, al extenderse por más de ocho o nueve meses operando como una nueva forma de control de los luchadores sociales.

Por otra parte, se discrimina a los imputados mapuche forzándolos –sin éxito muchas veces- a entregar muestras de su ADN, práctica rechazada por los presos que temen por su experiencia anterior con montajes político judiciales, que ello sea utilizado en su contra en situaciones futuras de conflictos. Además, la persecución y búsqueda de comuneros con órdenes de detención, justifica para la policía la realización de allanamientos de extrema violencia con uso de fuerzas combinadas, que incluyen carabineros y civiles armados, y el empleo de balas y gases lacrimógenos afectando crecientemente a los niños, mujeres y ancianos. Los insultos de carácter racista y la tortura son práctica común al momento de la detención así como en los cuarteles y centros de detención, con aplicación deliberada de golpes en los oídos y en la zona abdominal, para no dejar huellas y obstaculizar las denuncias. A medida que se extiende la movilización por el territorio en que hoy viven los mapuche del campo y los mapuche que viven en las ciudades, el brazo represivo acoge también a los menores de edad que se manifiestan en marchas o mitines.

Pero para el gobierno de la Presidenta Bachelet, estos temas considerados “delictuales” no revisten importancia. Su llamado público al diálogo y la producción del inconsulto “reglamento” del Convenio 169, va paralelo a la negación tanto de la existencia de la prisión política mapuche, como la criminalización de sus luchas por la recuperación de las tierras, y la militarización del territorio de las comunidades en conflicto. El gobierno no logra reconocer políticamente que estas luchas ya se extienden no sólo a Arauco y Malleco sino también a zonas de la Región de la Araucanía y la Región de los Lagos, acompañadas de nuevas organizaciones territoriales más vinculadas a los liderazgos tradicionales.

La parafernalia del bicentenario no da cuenta de estas complejidades. Pero esa fiesta recién comienza y los invitados no son los de siempre.