Mostrando las entradas con la etiqueta justicia chilena. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta justicia chilena. Mostrar todas las entradas

miércoles, octubre 16, 2019

Empresa austríaca RP El Arroyo se autoinvolucra en caso Macarena Valdés





La transnacional RPArroyo, ex RP Global, a través de su abogado, solicitó y obtuvo acceso irregular a la carpeta investigativa del caso de Macarena Valdés, defensora mapuche del agua, el territorio y la semilla cuya muerte es considerada por sectores sociales cada vez más amplios, como un feminicidio empresarial. Se trata de la empresa que construyó una central hidroeléctrica de paso en el sector de Tranguil donde vivía la joven, de 32 años, que encabezaba la lucha de resistencia contra el proyecto de RP Arroyo, entonces RP Global cuya casa matriz está en Austria.Rubén Collio, pareja de Macarena y padre de sus cuatro hijos denunció recientemente ante la Fiscalía Regional de los Ríos al fiscal de Panguipulli, Jaime Calfil, por esta violación del secreto del sumario. Explica Rubén Collío: “En la fase investigativa del proceso, sólo los imputados pueden tener acceso a estos documentos, y legalmente no se puede investigar ni imputar a una empresa por lo cual el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez deberá investigar lo sucedido.” Los hechos serán denunciados por él este martes 15 en una entrevista que se difundirá en el matinal de Chile Visión. Más antecedentes entregará Collío durante un conversatorio que tendrá lugar en la Casa Central de la Universidad de Chile el jueves 24 de octubre, a las 10.30 horas, convocado por la vicerrectoría de Extensión de esa casa de estudios.
La reflexión feminista
La demanda de justicia por Macarena Valdés ha sido enarbolada en forma especial por el movimiento feminista. Este año ella fue un estandarte de la Huelga Feminista del 8 de marzo y ha seguido presente junto al movimiento mapuche en las movilizaciones posteriores, como la masiva y reprimida manifestación que tuvo lugar en el anfiteatro del Museo de DDHH el 22 de agosto, al cumplirse tres años del asesinato. El Encuentro Feminista Socio Ambiental que tuvo lugar en La Ligua, v región en agosto pasado, se denominó precisamente “Macarena Valdés”. En septiembre frente a La Moneda, la Cueca Sola bailada por mujeres de la Coordinadora Feminista 8M fue también por Macarena, y en octubre, la jornada de feministas de la zona sur oriente de Santiago estuvo presidida por su retrato. En estos encuentros se cuestiona los diversos modos de explotación de la tierra basados en el capitalismo patriarcal que ha mercantilizado en forma absoluta la tierra, agua y semilla, imponiendo una visión que concibe a la naturaleza como un objeto de dominación y explotación, idéntico a las mujeres. Mujeres que se rebelan por las heridas del cuerpo-territorio no son funcionales a ese sistema. “Golpear a una mujer en el corazón de un territorio, es mandar un mensaje a todas las demás, porque en una comunidad esta juega un rol central. Que ella sea objeto de un crimen brutal, con su hijo ahí presente –uno que la encuentra y el otro, que es una guagua, que está ahí cuando se producen los hechos– es ordenar que no te metas nunca en nada”, señalaban en un foro el 22 de agosto haciendo presente que las mujeres nunca más callarán. El asesinato en este caso y en el de otras defensoras del territorio en América Latina, es el resultado final de las diferencias de género, clase y raza, dominantes en la sociedad actual. Para Macarena Valdés no hay justicia por ser mujer, mapuche y pobre. La justicia entra en el negacionismo del crimen encubriendo el montaje y dándole patente de impunidad a los sicarios y a los autores intelectuales del asesinato.  
Fiscalía en tela de juicio
RPGlobal está en antecedentes del contenido de la carpeta desde marzo de este año, pero este hecho sólo fue informado en la web del poder judicial en la causa respectiva pocas semanas atrás. Este ocultamiento agrega nuevas interrogantes. Collío protestó formalmente primero ante el fiscal Calfil, ante quien representó un listado significativo de hechos que a su entender no pueden ser calificados de “errores” como los llama Calfil, sino son directamente indicios de obstrucción de la justicia que perjudican el avance de la causa. Además, dar acceso a la carpeta implica que la empresa puede conocer las diligencias pendientes y los interrogatorios que la defensa puede haber solicitado, exponiendo así los resultados de aquello. 
Asegura Rubén: “No puedo llamar un error a que en forma reiterada se extravíen piezas importantes. Las fotos del sitio del suceso, de importancia clave para determinar cómo ocurrieron los hechos, estuvieron perdidas dos años. A la fiscalía se le entregaron en 2017 los resultados de la exhumación de Macarena solicitada por nosotros, con el informe del doctor Ravanal, y las conclusiones del estudio histológico, sin embargo el fiscal, meses después sólo conocía el informe del perito e ignoraba que entregamos un estudio de tejidos que destruía por completo la tesis del suicidio; tuve que enviárselo por segunda vez, ahora por celular! Cuando se llevó a cabo la exhumación, no se cumplieron las normas mínimas, no había cadena de frío, ni sellaron el ataúd para el trayecto que debía recorrer. La fiscal Alejandra Anabalón, que tenía la causa anteriormente, la cerró en 2017 declarándola concluida pese a que estaba autorizada y en curso la exhumación. Obligamos a reabrir la causa, que ahora se llama hallazgo de cadáver, aportando nuevos antecedentes, y tenemos nuevos estudios de John Clark perito de la Corte Penal Internacional y de un forense de Guatemala, que estarán pronto en manos de la fiscalía, pero tenemos presente que lo haremos en paralelo con estas actuaciones irregulares de la justicia”.  

miércoles, agosto 01, 2012

Lautaro Guanca: vergonzosa condena en venganza por oponerse a las inmobiliarias y defender Peñalolén



Declaración de Pobladores de Peñalolén

Nosotros que defendimos la comuna con un rotundo NO al plan regulador de las inmobiliarias y de la expropiaciones, queremos que hoy te enteres de lo que le pasa  al único concejal Lautaro Guanca quien denunció lo que querían hacer con la comuna Orrego y sus concejales. El que sacó a la luz pública lo que estaba pasando y nunca estuvo de acuerdo que se ocultara la verdad a los pobladores de Peñalolén. El que no quiso que se vendiera la comuna a puerta cerrada
Nosotros los pobladores fuimos al concejo municipal,  junto con el concejal Lautaro a ver lo que se estaba haciendo con nuestra comuna. Al ver tanta gente no hallaron nada mejor que llamar a carabineros para que apalearan a la gente.  Todos fuimos todos reprimidos junto al concejal Lautaro Guanca.

No quedando conformes, la municipalidad de Peñalolén, Carabineros de la 43 Comisaria, la Fiscalía y la Intendencia. demandan al concejal Lautaro Guanca:
La Sentencia fue hoy día 31 07 2012 y es la siguiente: 4 años y 61 días firmando y queda inhabilitado para siempre para ejercer ningún cargo público ni político.

¡Qué injusticia para el pueblo! A quienes nos representan y defienden, se les quiere hacer callar con la cárcel.
¡Apoyemos al concejal del pueblo, demostremos una vez más que el pueblo manda!

Firman Los Pobladores de Peñalolén,  julio 2012

miércoles, septiembre 07, 2011

Montajes contra Waikilao y Tralcal llegan a la justicia -hubo absoluciones en 26 casos similares

(Mauricio Waikilao)



Luis Tralcal


Mientras se desarrolla en Temuco el juicio contra Mauricio Waikilao y Luis Tralcal, dos luchadores sociales mapuche que pasaron dos años en prisión por acusaciones presentadas por los fiscales antimapuche, es ilustrativo destacar que en los dos últimos años hubo 26 casos de absoluciones judiciales que derrumbaron otros montajes de distintos fiscales del ministerio público. Incluso el propio Luis Tralcal Quidel, originario de la Comunidad Mariano Lleubul, sector Yeupeko (Vilcún, Región de la Araucanía) fue absuelto una vez, en el juicio oral realizado en Temuco en julio de 2010, de los cargos de incendio al fundo Las Praderas de Cholchol. Mauricio Wuaiquilao, detenido el 6 de febrero de 2009, y también originario del sector Yeupeko, Vilcún, ha sido acusado de quema de maquinarias agrícolas y cosecha en Lautaro (2005); incendio terrorista, incendio simple, homicidio frustrado y “amenaza terrorista” contra Eduardo Luchsinger (16 agosto 2008), dueño del fundo en que fue asesinado por la espalda Matías Catrileo, mientras participaba en una recuperación de tierra.

En 26 casos ha habido fallos absolutorios de la justicia militar o la justicia civil, según un seguimiento realizado por esta periodista. La denuncia pública y el desenmascaramiento de los montajes ante organizaciones de derechos humanos a nivel internacional; la creciente solidaridad con los presos políticos mapuche y el impacto de las huelgas de hambre, unidos a la defensa legal y en algunos casos, a la presencia de observadores internacionales, fueron factores determinantes para hacer caer los montajes estrepitosamente. El enojo de los fiscales y el desconcierto de la prensa oficial fueron notorios. La prensa y la televisión los habían declarado culpables desde el momento mismo de su detención y acusación por el ministerio público. Estos son los casos de absoluciones:

a) Sentencias de la justicia militar: Los cuatro comuneros mapuche juzgados por intento de homicidio al fiscal Elgueta y otras imputaciones, quienes sin embargo fueron condenados en junio de 2011 por la justicia civil chilena a durísimas penas.

1.-Héctor Llaitul Carrillanca,
2.-Ramón Llanquileo Pilquiman,
3.-José Huenuche Reiman y
4.- Jonathan Huillical Méndez fueron absueltos por el juzgado Militar de Valdivia, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 25 de mayo, cuando los comuneros cumplían 71 días de huelga de hambre. Los delitos por los que se les absolvió son los mismos por los que fueron condenados en el juicio oral realizado en Cañete en febrero y marzo de 2011.
b) Sentencias de tribunales civiles
• Absueltos en el juicio oral por el tribunal de Cañete luego de pasar más de un año en prisión preventiva. Habían sido acusados de delitos de robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, maltrato de obra a carabineros, daños a propiedad fiscal y homicidio frustrado en contra del fiscal Elgueta
5.- Víctor Llanquileo Pilquimán Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, sector San Ramón, Tirúa. Detenido el 25 de noviembre de 2009 en su trabajo de soldador en Mejillones.
6.- Luis Menares Chamilao, Comunidad Nalcahue, de CholChol, menor de edad detenido el 11 de abril de 2009. Como tenía doble procesamiento (justicia civil y militar) fue absuelto por partida doble.
7.- Eduardo César Painemil Peña (18 años) comunidad Pascual Coña, sector Huentelolén, Cañete, detenido el 15 de agosto de 2009 (12 abril 2009), procesado por ley antiterrorista.
8.- Carlos Muñoz Huenuman, comunidad de Puerto Choque, Tirúa, se presentó voluntariamente en mayo de 2009. Procesado por ley antiterrorista.

9.- Juan Manuel Muñoz Huenuman, procesado por ley antiterrorista.

10.- Segundo Ñeguei Ñeguei, detenido el 11 de abril de 2009 Comunidad Benancio Ñeguei, Puerto Choque, Tirúa. Procesado por ley antiterrorista.

12.- Marco Mauricio Millanao Mariñán, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de octubre. Aun debe enfrentar juicio acusado de ataque a tres camiones y un bus en Bypass Temuco (29 de julio de 2009). procesado por ley antiterrorista.

15.- Juan Carlos Millanao Painemil, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de agosto de 2009, en Nueva Imperial.
16.- César Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009 comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. Procesado por ley antiterrorista.

17.- Juan Carlos Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. procesado por ley antiterrorista.

18.- Nolberto Fidel Parra Leiva, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. comunero del sector Puerto Choque (Tirúa) Pasó en prisión preventiva más de un año. procesado por ley antiterrorista.

19.- Leonel Carilao Liencura, presidente de la comunidad Venancio Ñehuey de la localidad de Puerto Choque, Tirúa, detenido en agosto de 2009 y formalizado por cargos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado contra el fiscal Elgueta y robo con intimidación. Procesado por ley antiterrorista.

20 .- Jorge Andrés Santi Leal, comunidad Pascual Coña, detenido el 15 de agosto y formalizado por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista de un camión grúa, una cabaña y un galpón el 8 y 9 de agosto de 2009. Estuvo más de medio año en prisión.
21.- Simón Eras Millas Paillan detenido el 17 de agosto de 2009, comunidad Pascual Coña. Procesado por Asociación ilícita terrorista y de incendio terrorista. Estuvo más de medio año en prisión.
Richard Ñehuei Pilquiman detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Beñancio Ñehuey, Puerto Choque no se presentó al juicio. Se suicidó. Procesado por ley antiterrorista. (hasta aquí absueltos en el juicio oral llevado a cabo en Cañete).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
• Otras absoluciones en juicios orales
22.- José Pedro Millacheo Ñanco, recapturado el 21 de enero de 2010, werken de la Comunidad Newen Mapu de Chequenco (Ercilla), hijo del lonko de la comunidad Juan Ciriaco Millacheo, y miembro del Parlamento Autónomo de Malleco. Absuelto en julio de 2010 de la acusación de ataque incendiario a camión forestal (26 abril 2008, Pidima, Ercilla).
23.- Fernando Millacheo Marín, de la comunidad Newen Mapuche de Chequenco, Ercilla. Detenido el 2 de junio de 2010. Absuelto de acusación de ataque incendiario a camión forestal. Pero aún espera juicio por otras acusaciones.
24.- Luis Tralcal Quidel de la Comunidad Mariano Lleubul, sector Yeupeko, fue absuelto en juicio oral realizado en Temuco en julio de 2010 de los cargos de incendio al fundo Las Praderas de Cholchol.
25.- Eduardo Osses Moreno, procesado por supuesta participación en la quema de dos camiones, hecho ocurrido en septiembre del 2009 en la cercanía de la localidad de Pidima, en la carretera 5 sur. Fue absuelto por el Tribunal de Angol el 4 de noviembre, después de permanecer preso por un año y medio, procesado por ley antiterrorista.

• Menores absueltos
26.- Bania Edith Queipul Millanao (15 años), absuelta el 16 de junio de 2010 de la acusación de daños simples por participación en protesta de liceanos de Ercilla el 13 de agosto de 2009, por la muerte del comunero Mendoza Collio. El fiscal César Chibar pidió anular el juicio pero la absolución quedó a firme en agosto de 2010.

(Extractado del capítulo “Prisión política, despojo y criminalización de las comunidades y luchadores sociales mapuche” del Informe 2011 sobre Tortura (Editorial Quimantú), publicado en junio de este año por la Comisión Etica Contra la Tortura, Editorial Quimantú

sábado, abril 16, 2011

Comida chatarra y huelga de hambre en Angol




¿Cuál es la dieta alimentaria que un mapuche preso político debe seguir para conseguir que la justicia y la sociedad lo escuchen en Chile? ¿Cuál es el peso adecuado al que deben llegar luchadores sociales que defienden su derecho a recuperar tierras ancestrales, hoy en manos de las forestales? La huelga de hambre se ha convertido en la única respuesta frente a la extrema sordera del Estado y la sociedad chilena respecto del conflicto mapuche-Estado-forestales, como ha quedado claro en los últimos meses y años.
Mientras en Santiago el Senado se ve obligado a discutir sobre la obesidad que afecta a nuestros niños y a los chilenos (as) en general, fenómeno ligado directamente al marketing de las grandes empresas nacionales y transnacionales de la alimentación, en el sur de Chile, en la cárcel de Angol, cuatro luchadores sociales mapuche en huelga de hambre líquida, perdieron en 30 días más de 10 kilos cada uno. Pero eso no es suficiente para que pase nada en relación a sus demandas. En la capital, el lobby de Nestlé y la SOFOFA una vez más entra en acción. El ministro de Salud Jaime Mañalich asume la defensa de la comida chatarra y considera una falta de respeto que diputados le representen que está subido de peso. Mientras los mapuche siguen bajando de peso, Alejandro Peña, un fiscal del ministerio público que aprendió la metodología usada en el sur contra los mapuche y la aplicó en Santiago para “resolver” el caso bombas, prefirió pasar a trabajar directamente en el Ministerio del Interior y evitarse el costo de que su montaje fuera desbaratado en un juicio oral.

Nulidad del juicio oral
Los familiares de los presos políticos mapuche Héctor Llaitul, José Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo se proponen ir a hablar con Milton Juica, presidente de la Corte Suprema para fundamentar la petición de nulidad del juicio oral realizado en Cañete que culminó con sentencias que suman 85 años de prisión. Los abogados de la defensa ya presentaron el recurso que apunta a la realización de un nuevo juicio, ahora ajustado a las normas del debido proceso. Es el único camino legal ante una sentencia avalada por los jueces Jorge Díaz y Carlos Muñoz, considerados prevaricadores por observadores internacionales, y cuestionados por la Defensora Penal Pública, Paula Vial, por haber utilizado como pruebas declaraciones obtenidas bajo tortura o emitidas por testigos secretos no contemplados en la legislación chilena. En Cañete, la jueza Paola Schisiano emitió el voto de minoría en el aberrante fallo que condenó a los cuatro comuneros por intento de homicidio al fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, un episodio que los comuneros caracterizan como una acción colectiva de autodefensa ante un allanamiento hecho por fuerzas policiales y el fiscal en la madrugada. Para la jueza disidente el atentado contra Elgueta fue un homicidio simple frustrado, porque los comuneros no atacaron directamente al fiscal, sino que dispararon a la caravana.
Los argumentos de los familiares
La defensa de los comuneros mapuche sostiene que pese al acuerdo obtenido con el gobierno en la anterior huelga de hambre, que establecía que no se utilizaría en el juicio la ley antiterrorista, el tribunal de Cañete validó el uso de la figura del testigo secreto contemplada sólo por esta ley, y el abogado que representaba al gobierno estuvo de acuerdo con ello. La defensa fue impedida de contrainterrogar en forma directa a los testigos, que estaban en una sala contigua y declaraban a través de un circuito cerrado de televisión. Las declaraciones de los testigos secretos número 26 y número 8 fueron citadas en la sentencia como base para la convicción de los jueces respecto de la culpabilidad de los imputados.
Otra de las pruebas aceptadas por dos de los tres jueces del Tribunal Oral de Cañete tiene relación con declaraciones hechas por Jonathan Huillical después de haber sido torturado, citadas de oídas por Alfredo Espinoza ex jefe de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la Policía de Investigaciones de Talcahuano. Esas declaraciones fueron prestadas luego de 16 horas de arresto, sin que Huillical hubiera tenido acceso a un abogado defensor, y sin que se le leyeran sus derechos. El posteriormente se querelló por tortura contra los funcionarios policiales que intervinieron en su detención. Sin embargo la querella fue archivada sin ser investigada en Temuco.

Falsa inhabilidad de investigador
Una nueva irregularidad denunciada es que el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Concepción
José Luis López Leiva, y su adjunto Sergio Agueda, que supuestamente eran las víctimas del intento de homicidio por el que fueron condenados los comuneros mapuche, estuvieron directamente a cargo de la investigación de los hechos, según declararon sus subalternos ante el tribunal. Esos dichos están en abierta contradicción con lo que afirmaban sus superiores respecto de que se habían inhabilitado de la investigación citada. El oficial Espinoza obtuvo un ascenso en su carrera funcionaria, siendo nombrado Jefe de Asuntos Públicos de la PDI en Santiago, después del juicio oral en Cañete.
Juicios paralelos por un mismo delito
Los familiares también hacen notar el hecho de que los cuatro comuneros fueron juzgados al mismo tiempo por la justicia civil y la militar. Ramón Llanquileo Pilquiman, Jonathan Huillical Méndez, José Huenuche Ramimán y Héctor Llaitul Carrillanca fueron absueltos en Valdivia por el Tercer Juzgado Militar por los hechos ocurridos el 16 de octubre del 2008, pero el juicio en Cañete siguió adelante, sin considerar los hechos como cosa juzgada. En ese juicio se analizó la misma prueba que en Cañete, ya que el testigo secreto Nº 26 de Cañete era el testigo Nº 1 de Valdivia. Para el tribunal militar, la prueba aportada por el testigo Nº 1 no ameritaba dictar sentencia condenatoria. Para enredar aún más las cosas, esta sentencia absolutoria de Valdivia, está siendo revisada ahora por la Corte de Apelaciones de Concepción, debido a la modificación al código militar que tuvo lugar en diciembre de 2010 y llevó las causas contra civiles a un tribunal civil.
Rigoberta Menchú y Manu Chao
Aunque en Chile la huelga de hambre no ocupa espacios en la prensa, una vez más la solidaridad internacional comienza a manifestarse y se multiplican los pronunciamientos de apoyo a las demandas de juicio justo con un tribunal independiente, competente e imparcial, y sin la aplicación de la Ley Antiterrorista.

En ese sentido se han pronunciado dos premios Nobel, Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel junto a centenares de intelectuales de diversos países del globo. Entre ellos destacan Eduardo Galeano, artistas como Manu Chau y el grupo musical Aterciopelados, y académicos como el sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein, el portugués Boaventura de Sousa Santos, el mexicano Pablo González Casanova, y el brasileño Emir Sader.

El Presidente Piñera que en la negociación con los huelguistas de hambre pareció prestar atención a las demandas mapuche respecto de la ley antiterrorista, en los hechos borró ese acuerdo mediante la actuación del abogado querellante en el proceso. Ha quedado clara la posición del ejecutivo. Ahora las miradas están puestas en la Corte Suprema y la resolución que adopte respecto del recurso planteado por la defensa de los comuneros mapuche, miembros de la Coordinadora Arauco Malleco CAM.

miércoles, marzo 23, 2011

Repudio total a fallo justicia contra luchadoresmapuche

(vamos a seguir luchando, dice la foto, de la última marcha en Santiago del 12 de octubre).

Por Elías Paillan, Observatorio Ciudadano miércoles 23 de marzo de 2011

Diversas reacciones de rechazo -tanto de familiares, abogados, así como de organizaciones de derechos humanos e indígenas- se produjeron tanto en Chile como en el extranjero ante las duras penas a 25 y 20 años de prisión que dictaminó ayer el Tribunal Oral de Cañete respecto de cuatro comuneros mapuche integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco.

Lo anterior, producto de la aplicación de la ley antiterrorista, que permite una serie de irregularidades al debido proceso; como el uso de testigos secretos, interceptaciones telefónicas, incomunicación de imputados, mayor atribución a los fiscales y a las policías, existiendo incluso denuncias de aplicación de torturas para obtener testimonios incriminatorios, como se dio cuenta por parte de testigos encubiertos de la fiscalía en el contexto de este juicio oral. Es por ello que los abogados defensores han anunciado que solicitarán a la Corte Suprema la nulidad del juicio.

Familiares: “ellos están firmes”


Natividad LLanquileo, vocera de los comuneros, tras reunirse con su hermano condenado, Ramón Llanquileo, expresó que “ellos están tranquilos, con mucha fuerza y ganas de seguir luchando. No están de rodillas como los quieren ver y estén donde estén, van a seguir luchando”. Hizo además un llamado a la iglesia a pronunciarse, debido al conocimiento que tienen respecto de las irregularidades que se cometieron a lo largo de este juicio, lo que gatilló finalmente las altas condenas.

En cuanto al condenado José Huenuche -quien es padre de dos hijas, de 2 y 5 años-, en la audiencia estuvo presente su madre, Juana Reiman Reuca de la comuna de Lumaco, quien criticó la sentencia señalando que “es tan mala, que ni siquiera los jueces leyeron las razones del por qué lo acusan. Si él no ha matado, no ha hecho nada y lo acusan injustamente, es una señal clara de que estamos frente a un mal fallo”, expresó con voz firme y actitud serena.

Por su parte Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, agregó que hechos como estos solo pasan en Chile, donde no hay estado de derecho para quienes no tienen recursos. “Para la gente pobre y oprimida, no existe estado de derecho, y por lo tanto aquí se abusó y se va a seguir abusando de la gente, mientras no haya mayor denuncia y lucha”. Hizo un llamado a su vez a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que sigan apoyando, sobre todo ahora, que los condenados se encuentran en huelga de hambre y han tomado la decisión de continuarla hasta que hayan cambios.
Pezoa, tras el término de la audiencia pudo entrar y conversar brevemente con su marido, y aunque confiesa que “entré con mucha pena (sollozos), ellos estaban con ánimo, con actitud, la misma que han tenido todo este tiempo y en realidad se nos aplacó todo al verlos a ellos”.
Consultada respecto de sus hijos y cómo recibirán esta triste noticia, expresó que “ellos son también parte de este proceso de lucha mapuche, ellos han nacido y crecido en la comunidad y han acompañado a Héctor en las reuniones, en las ceremonias y van a seguir creciendo también como luchadores mapuche”.
Presente también en la audiencia estaba Eduardo Painemil, de la comunidad Pascual Coña e imputado por incendios a cabañas cerca del Lago LLeulleu, pero absuelto en esta causa y en libertad tras 18 meses preso en la cárcel de Lebú. Painemil denunció que ahora están siendo perseguidos en el campo, “nos siguen los policías y estamos siendo investigados, parece que no hemos salido de la cárcel”, acusa. Denunció además que constantemente es perseguido por las calles, como cuando viajó a Temuco, donde todo el tiempo me fueron cuidando carabineros de civil. Por lo mismo, dice sentirse intimidado, junto a su esposa e hijo de tan solo 6 años.

Abogados esperan que la corte suprema revierta

El abogado defensor de Héctor LLaitul, Pablo Ortega, lamentó que los jueces no hayan dado a conocer las razones por las cuáles se les condenó a los comuneros. Del mismo modo, destacó la constante negación a las peticiones de la defensa por parte del tribunal. Ahora deberán esperar las notificaciones por correo electrónico, sin saber si llegarán efectivamente, “lo que trasunta en una nueva limitación del derecho a la defensa”. Ortega calificó este escenario de limitación al debido proceso de “muy grave”, por lo que intentarán impugnar ante la Corte Suprema la resolución. Recalcando que en términos jurídicos, debe primar el derecho y no los prejuicios.
Por su parte el abogado defensor Adolfo Montiel, señaló que tenía esperanzas de que la pena no fuera tan alta, y ahora espera que la Corte Suprema revierta esta situación. Sobre todo por el delito contra el fiscal, en que -según el profesional- no se logró acreditar quienes participaron en esos hechos y todas las imputaciones se basaron en testigos protegidos. En caso de anularse el juicio, advierte el profesional, se conocería solo los dos delitos por los que fueron condenados: robo con intimidación y homicidio frustrado contra el señor Elgueta.
Organizaciones se manifiestan

El Observatorio Ciudadano, manifestó también su preocupación por las penas a las que fueron condenados los comuneros, las que califica de “desproporcionadas y excesivas”, considerando que ninguno de los delitos significó la pérdida de vidas humanas, calificando la decisión de la justicia como “de falta de imparcialidad”. Agregan en su declaración pública dada a conocer ayer, que lo anterior “contrasta con la impunidad en que han quedado delitos similares y más graves, como el homicidio cometido en contra de personas mapuche por agentes policiales del estado, que se han verificado en el marco de los conflictos por tierras en el sur del país”.
También critica al Tribunal de Cañete, que no tomó en cuenta el artículo 10 del Convenio 169 de la OOT cuyo número 1 señala que: “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; y en el 2 dice: “Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. Por lo que espera el un tribunal competente “restablezca el Imperio del Derecho, absolviendo a los imputados o decretando la realización de un nuevo proceso en el que efectivamente se respeten las normas del Debido Proceso”.
En tanto, 20 organizaciones de Colombia, Francia, Suiza y Estados Unidos, rechazan la política chilena de criminalizar las reivindicaciones de los pueblos originarios, y en tres puntos manifiestan su inquietud frente a la manera en la que este proceso fue llevado con "ley antiterrorista", y que a solo dos días de cierre del juicio el gobierno haya pedido recalificar sin esta ley, cosa que no tuvo ningún efecto, los expertos internacionales no dejarán de subrayarlo, manifiestan.
Critican la actitud del Estado chileno que a pesar de numerosas críticas y recomendaciones de la comunidad internacional, incluido de las agencias y de Las comisiones de las Naciones Unidas y del BIT, el Estado chileno persiste en llevar una política agresiva. Del mismo modo solidarizan con los pueblos originarios de Chile, especialmente mapuche cuyas reivindicaciones se articulan a un desarrollo sustentable y justo, en el respeto de los criterios ecológicos; el respeto de las particularidades de las minorías en el seno de una sociedad multicultural ; y a un sistema político y administrativo realmente descentralizado. Finalizan solicitando la libertad de los presos mapuche.
Finalmente la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por la seguridad, por la integridad personal y por la situación jurídica de los prisioneros mapuche ayer condenados, quienes al ser líderes de la CAM la OMCT teme que su condena pueda enmarcarse dentro de una persecución política. Cabe destacar además el hecho que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades, a lo largo del proceso y que aunque el Gobierno aceptó retirar las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, lo hizo tardíamente.
La OMCT vuelve a señalar que la aplicación de la legislación antiterrorista a los mapuches juzgados por hechos de protesta social ha sido cuestionada, ya que esta ley no garantiza adecuadamente el debido proceso porque, entre otras, establece una elevada penalidad, que en varios casos duplica la penalidad establecida en la legislación ordinaria. Del mismo la OMCT llama al gobierno de Chile a que cese todo tipo de represión y de violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales contra los miembros de la comunidad mapuche y contra las personas que apoyan la causa mapuche en la defensa de la tierra, finalizan.

martes, marzo 15, 2011

Colusión de gobierno y jueces para avalar tortura en Chile denunció Comisión Etica Contra la Tortura en su 10ª aniversario




En Chile, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes constituyen una práctica cotidiana de carabineros, que se realiza cotidianamente en respuesta a las movilizaciones sociales, en las cárceles y en comunidades mapuche y se extiende también a instructores del personal de las fuerzas armadas dentro de la más completa impunidad, ante la inexistencia de mecanismos de investigación y prevención de ese flagelo. La conclusión es de la Comisión Etica Contra la Tortura al revisar la situación del país, y se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en la sede de Amnistía Internacional, a propósito del décimo aniversario de su nacimiento como entidad de defensa y promoción de los derechos humanos.
El académico Hervi Lara, Coordinador de la entidad, junto al Dr. José Venturelli en representación de la sección europea de la entidad y María Cecilia Aguilar, familiar de Mario Oviedo, un joven que falleció como resultado de las torturas, exigieron hoy al gobierno la puesta en práctica del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura como una forma de impedir estos hechos, entre las que se cuentan además los casos recientes: las muertes de Franco Coronado (a golpes en Cabrero), y de dos jóvenes en los “entrenamientos” de la Escuela de Carabineros, y el episodio de un menor mapuche que fue colgado de un helicóptero para que revelara información sobre dirigentes de su comunidad.
Rechazo total al indulto a criminales
Interrogados sobre las declaraciones del Presidente Piñera y del comandante en jefe del Ejército Comandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuentealba, a favor de una amnistía a ex uniformados que cumplen condenas por crímenes cometidos en dictadura, Hervi Lara rechazó los “dimes y diretes” referidos a todo intento de indulto abierto o encubierto a los violadores de derechos humanos de ayer y hoy, reiterando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía alguna. Recordó que apenas hay unas decenas de detenidos de entre miles de criminales, afirmó que Chile vive en una inmoralidad colectiva con miles de torturadores libres por las calles, y recalcó que los criminales cumplen sus condenas en condiciones altamente ventajosas y favorables.
Tortura con avales
Los representantes de la Comisión Etica Contra la Tortura sostuvieron que en Chile existe una colusión de poderes que permite la extensión de la práctica de la tortura y la avala en ocasiones a través de los fiscales del Ministerio Público y los jueces. El juicio que concluyó en Cañete en febrero de este año ilustra estas afirmaciones, según Venturelli –observador en el juicio- ya que allí se negó la tortura inflingida a los presos políticos y sus comunidades, y más aún, se reconoció como válida una declaración obtenida por tortura formulada por Jonathan Huillical y que fue refutada por Huillical durante el juicio. Sin embargo el estudiante resultó condenado por sus dichos y también lo fueron otros tres comuneros mencionados en su declaración inicial como resultado de las torturas al momento de su detención. Agregó Venturelli que dos de los testigos secretos presentados por el ministerio público –los hermanos Viluñir Calbul - fueron torturados (colgados del puente Lanalhue) para que implicaran a otros comuneros en los hechos investigados, pero cuando su abogado defensor, Nelson Miranda, denunció la tortura, el fiscal de la causa se querelló contra el abogado. Recordó Venturelli que la jurista Mireille Fanon calificó como “prevaricador” al juez Jorge Díaz que presidió ese tribunal oral, por la forma que condujo el juicio, totalmente ajena al debido proceso. La Comisión considera que el Estado chileno desarrolla una política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, aplicando en forma arbitraria la ley antiterrorista cuyo objetivo final es la defensa de los intereses de los dueños de las tierras reivindicadas por estos pueblos, tras los cuales están grupos económicos nacionales y transnacionales.
El código penal y la impunidad
Para estos defensores de los derechos humanos, cuyo lema es “no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto, y en nombre de nada”, el Estado debe incorporar la definición de tortura al Código Penal, requerida por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos. Hervi Lara instó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a hacerse parte activa de la investigación de los hechos citados. Cecilia Aguilar, a su vez, hizo un llamado a los familiares de quienes han muerto a causa de torturas a acercarse a la Comisión Etica y luchar contra la impunidad, porque estos hechos son inaceptables. Su familia está impidiendo ahora que la fiscalía cierre el caso y consagre la impunidad.
Respecto de los detenidos por el llamado caso bombas, exigieron un juicio justo, denunciaron las circunstancias de su detención y consideraron que la cárcel de alta seguridad, con medidas como el encierro por 22 horas constituye un primer e inaceptable paso a la tortura.
La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) es una entidad de defensa y promoción de los derechos humanos. Nació en el 2001 con la finalidad de exigir del Estado de Chile la creación de una instancia de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de tortura de la dictadura militar. La persistente campaña desplegada por la Comisión Etica contra la Tortura (CECT), apoyada por personalidades nacionales e internacionales, posibilitó en el 2004 la implementación de la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.



A continuación, el texto completo de la declaración de la Comisión Etica Contra la Tortura:

1º Las autoridades de Chile aún no han puesto en práctica el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y que, entre otros aspectos, implica la construcción de un mecanismo nacional de investigación y prevención de este flagelo, no obstante las acciones desarrolladas para ello por la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) y otras organizaciones de derechos humanos. La plena vigencia de esta institucionalidad habría permitido evitar las muertes de personas acaecidas en los últimos años, tras atropellos infligidos por agentes del Estado.

2º La práctica de la tortura se ha extendido a tal punto que los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una práctica cotidiana de la policía hacia las personas detenidas en movilizaciones sociales. Se suma a esto el tratamiento dado a los presos de las cárceles por parte de Gendarmería de Chile, así como también los montajes político-jurídicos y sus secuelas realizados por el Ministerio Público.

3º De manera especial, se debe mencionar la política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, transgrediéndose tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, lo que se expresa en la forma arbitraria de aplicación de la “Ley Antiterrorista”, que persiste en los procesos, a pesar de las promesas en contrario formuladas por el gobierno. A modo de corolario, se favorecen los intereses de terratenientes y de empresas transnacionales y grupos económicos nacionales que les son afines y que cuentan con el resguardo de las instituciones destinadas a la defensa de la ciudadanía y de la soberanía nacional.

4º A lo anterior, deben sumarse las denuncias públicas emitidas por integrantes del Cuerpo de Carabineros, del Ejército y de la Fuerza Aérea, en relación al entrenamiento que dichos organismos entregan a sus miembros y que atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recientemente, en medio de los citados entrenamientos, han fallecido dos jóvenes aspirantes de la Escuela de Carabineros. Hasta el momento, la opinión pública desconoce el desarrollo y el resultado de los procesos administrativos y penales pertinentes.

5º En este marco, la comisión Etica contra la Tortura (CECT) reitera que, en el año 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU, ha recomendado al Estado de Chile el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la ratificación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

6º Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha planteado al Estado de Chile la necesaria integración de la definición de tortura al Código Penal, de tal manera que se ajuste a la Convención de la ONU con el fin de garantizar la investigación imparcial.

7º La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) formula un llamado a los familiares de quienes han sido víctimas de abusos policiales, que hayan sufrido acosos y torturas, que han perdido la vida a manos de agentes policiales y militares, y a las personas y organizaciones sociales que han sido víctimas de montajes de parte de funcionarios del Estado en complicidad con la prensa ligada a los dueños del poder económico, a denunciar estos hechos ante los tribunales nacionales y organismos internacionales de derechos humanos, para identificar y sancionar a los victimarios, pidiendo FIN A LA TORTURA, así como también la investigación de las acciones violentas que han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, especialmente de quienes son hoy objeto de “montajes”, como es el caso de los presos políticos mapuche y de los presos del llamado “Caso bombas” que se encuentran en huelga de hambre desde hace varias semanas.

8º La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) otorga su irrestricto respaldo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y le insta a hacerse parte, investigar y colaborar con la Justicia, a fin de que los hechos denunciados dejen de permanecer en la impunidad y entre en vigencia el mecanismo de prevención de la tortura, con la instauración de la Comisión Nacional de Prevención, tal como lo señala el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

9º Coherentemente con lo antes señalado, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) rechaza, categóricamente, todo intento de indulto, abierto o encubierto, a los violadores de derechos humanos de la dictadura militar y de la actualidad.

10º Tras diez años de existencia, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) reafirma su compromiso hacia el futuro, ratificando como principio básico un “no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada”.
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA (CECT).
Santiago de Chile, 15 de marzo de 2011.
www.contralatortura.cl.
correo@contralatortura.cl.

domingo, enero 09, 2011

Documental sobre juicio a dictadura en Francia martes 11

El martes 11 de enero, a las 18 horas, en la librería Le Monde Diplomatique (San Antonio 434, local 14) se exhibirá un DOCUMENTAL que abrirá un DEBATE sobre el juicio en Francia a la dictadura chilena
Participarán personas que asistieron al juicio.
La entrada es liberada.

La película es del realizador Nicolas Joxe sobre este proceso (40 minutos)
Entre los presentadores se contarán Franck Gaudicheau, historiador francés especializado en Chile y Latinoamérica, Roberto Garretón, Abogado de DDHH, testigo en el juicio de Paris,Carmen Hertz, Abogada de DDHH, testigo en el juicio de Paris.

Por confirmar, la participación de Natalia Chanfreau, testigo en el juicio de Paris, hija de Alfonso Chanfreau, uno de las cuatro detenciones-desapariciones juzgadas por los tribunales franceses, y de Erika Henning testigo en el juicio de Paris, esposa de Alfonso Chanfreau.
También estará Ricardo Parvex, presidente de la Asociaicon de Ex presos políticos chilenos (de Francia), parte querellante en el juicio de Paris.

martes, octubre 05, 2010

El escritor vasco Asel Luzurraga: adiós a Chile


6 October, 2010 (él fue presentado a los medios como terrorista y salió en libertad libre de esa acusación. Lo condenaron a 220 días que ya vivió en prisión y los jueces no tuvieron el coraje de desmontar el montaje que le hicieron. No podrá vivir en Chile).
Carta a los medios de Chile

Son muchas las razones que llevan a hombres y mujeres a viajar, acercarse a unas realidades y alejarse de otras. No son pocas las que hasta ahora me habían llevado por el mundo de un lado a otro, generalmente con el horizonte de, tras conocer realidades que me interesaban, regresar a casa. En otros tiempos mi casa significaba una sola, aquí en el País Vasco. Sin embargo, Chile ha dado una vuelta completa a todo ello. La decisión de acercarme a esas tierras la tomé por amor a la que desde entonces sería mi compañera (la mejor que podría haber imaginado). Allá, en el corazón del Wallmapu, tuve por primera vez otro lugar que sentí como mi casa, mi otra casa. Y, por encima de todo, fue el miedo el que me forzó a abandonar un lugar donde me sentía feliz, algo que nunca había vivido hasta conocer de cerca una realidad de persecución política sin precedentes en mis anteriores experiencias. Al menos, pude partir por propia voluntad, sin que la expulsión que desde un principio se buscaba llegara a efectuarse.

Ahora he vuelto a casa, a la otra, debo decir, y me siento por fin seguro. Ahora siento que puedo relajarme, dormir tranquilo, expresarme como siento y deseo, e incluso ausentarme y dejar la casa vacía sin preocuparme por quién entrará y qué llevará o dejará en ella. Porque ciertamente, desde que aquel 31 de diciembre de 2009 la policía, al dictado de algunas autoridades, decidiera hacer, de un escritor pacífico con una vida dedicada a las ideas y la palabra, un terrorista con los terribles delitos de ser de origen vasco, de convicciones anarquistas, punk y solidario con el cercado pueblo mapuche, desde que esos cuerpos policiales, coordinados por el comandante Barja, a través de la experticia del capitán de Labocar Victor Hugo Blanco maquillaran las razones reales de lo que en algún despacho se había decidido colocando sobre el ropero de mi habitación elementos de prueba que jamás vi, desde que fui acusado insistentemente a través de la prensa chilena de tener relación con bombas sucedidas en fechas incluso anteriores a mi primera entrada en el país, recuperar la tranquilidad, la sensación de seguridad, se convirtió en imposible si no era lejos. Más aún después de que, a pesar de las abundantes evidencias, tres jueces decidieran que no hay ningún problema porque el capitán Victor Hugo Blanco manipulara las fotografías tomadas en el lugar (http://www.flickr.com/photos/54445826@N07/), en especial aquella que demostraba la ausencia de los elementos antes de la entrada de la policía; tampoco por las abundantes contradicciones y mentiras, en especial las fabuladas por el miembro de Sipolcar Marcos Gaete, contrastadas documentalmente con una serie de vídeos que él afirmo unos días antes no existir (http://www.youtube.com/view_play_list?p=7CF051296F4749A0); ni por los variados testimonios exculpatorios. También decidieron que no es ningún obstáculo que la Fiscalía no fuera capaz de determinar ningún vínculo entre el acusado y los objetos imputados, salvo que “estaban allí” según el testimonio de tres policías, los únicos que testificaron haber visto personalmente las especies sobre el closet. Tampoco que los testimonios de los propios agentes revelaran que no se siguió en ningún momento el protocolo de seguridad que se supone obligatorio ante el hallazgo de un objeto supuestamente desconocido del cual se presume que pudiera ser una bomba. Nada de eso importa cuando la única meta es condenar a una persona para que pueda ser expulsada y para que todo cuadre en las versiones oficiales. Frente a los cinco años solicitados por la Fiscalía (inicialmente por encima de diez, cuando aún se pretendía aplicar la nefasta Ley Antiterrorista), esos 220 días sancionados hablan por sí solos de la inocencia que los jueces realmente percibieron y no se atrevieron a sentenciar.

Algo similar pasa cuando de lo que se trata es de criminalizar a comuneros mapuche. El mismo capitán Victor Hugo Blanco se encargará eficientemente de fabricar las pruebas que deberán ser halladas en los allanamientos. Seguramente en Santiago tienen sus pares para hacer le mismo trabajo cuando el guión apunta a los anarquistas y okupas.. Lo importante es que los “peligros para la sociedad” estén a buen recaudo. Una vez conseguido, aunque más adelante queden demostrados los montajes correspondientes, incluso si hay que ir dejando a todos libres, no importa, la gente olvida rápido y seguirá pensando que, en caso de conocer de cerca algún caso de ese estilo, se tratan de excepciones, no de prácticas habituales.

Es probable que, visto que escribir en Chile es un oficio peligroso, sobre todo para quienes obstinadamente se empeñan en plasmar la verdad, no pueda vivir de nuevo por esas tierras. Es triste, porque el pueblo chileno, la sociedad real, esa que cada día trabaja con su propio sudor y no con el ajeno, que conoce el sufrimiento diario en carne propia, que pese a todo mantiene la sonrisa, la hospitalidad, el sentido del humor y una inmensa capacidad de cariño, merece mucho más tiempo del que me han permitido dedicarle. Es triste porque, después de año y medio viviendo en el Wallmapu, no he podido siquiera conocer desde dentro una comunidad mapuche, porque el extranjero que se aproxime a la realidad de ese pueblo originario, corre inmediatamente el riesgo de ser considerado, si no terrorista, si al menos sospechoso. La desbordante hospitalidad mapuche puede costar cara.

Independientemente del resultado del recurso en marcha, que según la lógica jurídica debiera serme favorable, ahora soy libre. Un poco menos que antes, puesto que algunas personas han decidido vedarme un pedacito de este mundo que no debiera tener dueños, pero libre después de todo. Probablemente más libre que ese hermoso país que elige a diario sus propios barrotes entregando el poder a quienes no conocen la grandeza de términos como amor o libertad, salvo amor al dinero y libertad para oprimir. Y esa libertad la ejerceré, entre otras cosas, para seguir dando a conocer la verdad de lo que ha pasado en este año y medio. Sirva esa verdad para arrojar luz sobre los casos que han llevado a los hermanos mapuche a poner en riesgo su propia vida por lo que creen justo, para clarificar lo que realmente se esconde detrás de las 14 detenciones de Santiago, la represión diaria que las ideas sufren en Chile.

Si deciden publicar este texto en sus medios, si deciden por fin dedicar sus páginas o sus espacios informativos a servir a la verdad y no a otros intereses, hagan llegar con mis palabras todo el amor y el respeto a los peñi y lamgen encarcelados y perseguidos, a los y las anarquistas víctimas de otros tantos montajes fiscales y policiales, y a todas las personas que, aún con miedo, siguen dedicadas a crear otro mundo posible sin explotadores ni explotados. La linda gente que habita esa tierra bautizada como Chile merece el sacrificio.