Chile: Exijamos moratoria a los transgénicos

Campaña Pro Moratoria Transgénicos
y en defensa de la semilla nativa y de un Chile libre de Transgénicos y Plaguicidas

Santiago, marzo de 2011

Estimados amigos de RAP-AL y la Alianza por una Mejor Calidad de Vida:

Enviamos este modelo de carta para retomar con fuerza nuestra campaña contra la introducción de los transgénicos y a favor de la semilla nativa, dado que el plazo para que la Comisión de Agricultura del Senado vote las indicaciones sustitutivas enviadas por el Presidente Piñera, es el próximo 4 de abril.

Les solicitamos adherir a la Campaña por la Moratoria a los Transgénicos y en Defensa de la Semilla Nativa y de un Chile Libre de Transgénicos y Plaguicidas, que hemos llevado adelante junto a ANAMURI, OLCA, CIAL, las organizaciones de agricultores orgánicos y biodinámicos y de consumidores así como con comunidades afectadas por fumigaciones aéreas con plaguicidas de diversas partes del país, entre ellas las regiones de Coquimbo, Valparaíso y el Bío Bío.

Para rechazar activamente el proyecto Piñera, proponemos comenzar enviando esta carta a los parlamentarios y adjuntar copia a secretaria@rapal.cl para posibilitar la evaluación de la marcha de esta fase de la campaña. El proyecto de Obtentores Vegetales aún no está en tabla en el Senado pero es previsible que su trámite siga un camino similar al de la moción de bioseguridad (transgénicos). Estamos en un momento crítico para incidir en esta política pública, crear conciencia entre los parlamentarios y la ciudadanía y romper la desinformación existente.

También proponemos reproducir el folleto sobre transgénicos bajando el siguiente archivo pdf:

http://www.rap-al.org/articulos_files/Cuatriptico%20_Transgenicos_Semillas2010.pdf

¡Moratoria a los Cultivos Transgénicos!

Contacto:
Lucía Sepúlveda secretaria@rapal.cl fono 699 7375
Alonso Ovalle 1618, departamento A, Santiago

Más información en:
www.rap-chile.com / www.rap-al.org

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CARTA TIPO

Santiago de Chile (u otra ciudad o país), (día) de (mes) de 2011.

Señor(a)…
Senador(a) de la República por la Región…

Señor(a)….
Diputado(a) del Distrito…

Estimado señor(a):

Junto con saludarle, quiero expresar a nombre de la organización que represento (y/o como ciudadano) mi profunda preocupación por dos iniciativas legislativas que se están tramitando en el Parlamento con el objetivo de legalizar los cultivos de organismos genéticamente modificados (transgénicos) destinados al mercado interno. Como usted debe saber, hasta ahora en Chile sólo están permitidos los cultivos transgénicos para la producción de semillas de exportación.

Las propuestas legislativas en cuestión son la Moción de Bioseguridad sobre Vegetales Genéticamente Modificados o “ley de transgénicos” (Boletín Nº 4690-01), a la cual el gobierno del Presidente Piñera envió indicaciones sustitutivas con urgencia, y el proyecto sobre Derechos de Obtentores Vegetales, o “ley de patente de la semilla nativa” (Boletín Nº 6355-01). Ambas iniciativas se contraponen con el deber del gobierno chileno de proteger a la población de riesgos y daños, de acuerdo con el principio de precaución.

Las indicaciones sustitutivas a la Moción de Bioseguridad enviadas al Senado en marzo de 2011 fueron elaboradas con el propósito de acelerar el trámite que permita la introducción definitiva de transgénicos, y no recogen ninguna de las objeciones fundadas presentadas por organizaciones campesinas, de productores, sociales y ambientales. Están hechas a la medida de las corporaciones transnacionales agroquímicas y de la biotecnología tales como Monsanto, Syngenta, Dupont/Pioneer junto a sus socios chilenos de la Asociación Nacional de Productores de Semillas ANPROS. Erik von Baer, activo lobbyista pro transgénicos es padre de la vocera de gobierno Ena von Baer, y miembro del directorio de la citada entidad.

Al contrario de lo que afirma el gobierno avalado por el senador Alberto Espina y el diputado Ramón Barros respecto de la supuesta inocuidad de los transgénicos y la inexistencia de investigaciones sobre sus impactos negativos, actualmente se dispone de reputados estudios científicos y de suficiente documentación sobre experiencias realizadas en otros países, que demuestran en forma creciente que los cultivos transgénicos no sólo implican riesgos para la salud humana y el medio ambiente, sino que también profundizan problemas socioeconómicos, como el desempleo, la expulsión de pequeños y medianos campesinos de sus tierras.

Desde el punto de vista sanitario, está comprobado que todos los cultivos transgénicos producen nuevas sustancias que en los seres humanos pueden causar alergias, toxicidad, alteraciones de las funciones celulares, y daños en la salud de las comunidades vecinas a los cultivos, debido a las fumigaciones aéreas.
Los daños al ambiente son graves y muchos de ellos irreversibles, como la contaminación genética -prácticamente incontrolable- de los cultivos naturales, sean convencionales u orgánicos, provocando la pérdida de cultivos tradicionales y especies autóctonas, y el cierre de mercados que priorizan por alimentos libres de transgénicos y plaguicidas. Este atentado contra la biodiversidad comprende, además, la desaparición de plantas e insectos benéficos, como las abejas. La contaminación genética se extiende al agua, a los suelos, a los alimentos y a las personas.

Además, los cultivos transgénicos con plaguicidas incorporados en sus genes para hacerlos resistentes a determinadas plagas –comoBT, el Bacillus thuringiensis- contribuyen al desarrollo de súper malezas y súper insectos que obligan a usar mayor cantidad de plaguicidas. Esas intensivas fumigaciones han generado poderosos movimientos de defensa de las comunidades en Argentina y Paraguay.

Si usted, senador(a) (o) diputado(a)….., apoya los proyectos de ley mencionados estará atentando contra la biodiversidad y la salud de las personas. Al mismo tiempo, estará contribuyendo a consolidar el control corporativo de las transnacionales agrobiotecnológicas sobre el sistema agroalimentario de nuestra patria. Por eso, y por todas las razones expuestas, lo(a) llamamos a rechazar con su voto el proyecto de ley que el gobierno pretende aprobar en forma “express” para introducir de cultivos transgénicos en nuestro país.

Lo saluda atentamente,
(firma)

Colusión de gobierno y jueces para avalar tortura en Chile denunció Comisión Etica Contra la Tortura en su 10ª aniversario

En Chile, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes constituyen una práctica cotidiana de carabineros, que se realiza cotidianamente en respuesta a las movilizaciones sociales, en las cárceles y en comunidades mapuche y se extiende también a instructores del personal de las fuerzas armadas dentro de la más completa impunidad, ante la inexistencia de mecanismos de investigación y prevención de ese flagelo. La conclusión es de la Comisión Etica Contra la Tortura al revisar la situación del país, y se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en la sede de Amnistía Internacional, a propósito del décimo aniversario de su nacimiento como entidad de defensa y promoción de los derechos humanos.
El académico Hervi Lara, Coordinador de la entidad, junto al Dr. José Venturelli en representación de la sección europea de la entidad y María Cecilia Aguilar, familiar de Mario Oviedo, un joven que falleció como resultado de las torturas, exigieron hoy al gobierno la puesta en práctica del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura como una forma de impedir estos hechos, entre las que se cuentan además los casos recientes: las muertes de Franco Coronado (a golpes en Cabrero), y de dos jóvenes en los “entrenamientos” de la Escuela de Carabineros, y el episodio de un menor mapuche que fue colgado de un helicóptero para que revelara información sobre dirigentes de su comunidad.
Rechazo total al indulto a criminales
Interrogados sobre las declaraciones del Presidente Piñera y del comandante en jefe del Ejército Comandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuentealba, a favor de una amnistía a ex uniformados que cumplen condenas por crímenes cometidos en dictadura, Hervi Lara rechazó los “dimes y diretes” referidos a todo intento de indulto abierto o encubierto a los violadores de derechos humanos de ayer y hoy, reiterando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía alguna. Recordó que apenas hay unas decenas de detenidos de entre miles de criminales, afirmó que Chile vive en una inmoralidad colectiva con miles de torturadores libres por las calles, y recalcó que los criminales cumplen sus condenas en condiciones altamente ventajosas y favorables.
Tortura con avales
Los representantes de la Comisión Etica Contra la Tortura sostuvieron que en Chile existe una colusión de poderes que permite la extensión de la práctica de la tortura y la avala en ocasiones a través de los fiscales del Ministerio Público y los jueces. El juicio que concluyó en Cañete en febrero de este año ilustra estas afirmaciones, según Venturelli –observador en el juicio- ya que allí se negó la tortura inflingida a los presos políticos y sus comunidades, y más aún, se reconoció como válida una declaración obtenida por tortura formulada por Jonathan Huillical y que fue refutada por Huillical durante el juicio. Sin embargo el estudiante resultó condenado por sus dichos y también lo fueron otros tres comuneros mencionados en su declaración inicial como resultado de las torturas al momento de su detención. Agregó Venturelli que dos de los testigos secretos presentados por el ministerio público –los hermanos Viluñir Calbul - fueron torturados (colgados del puente Lanalhue) para que implicaran a otros comuneros en los hechos investigados, pero cuando su abogado defensor, Nelson Miranda, denunció la tortura, el fiscal de la causa se querelló contra el abogado. Recordó Venturelli que la jurista Mireille Fanon calificó como “prevaricador” al juez Jorge Díaz que presidió ese tribunal oral, por la forma que condujo el juicio, totalmente ajena al debido proceso. La Comisión considera que el Estado chileno desarrolla una política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, aplicando en forma arbitraria la ley antiterrorista cuyo objetivo final es la defensa de los intereses de los dueños de las tierras reivindicadas por estos pueblos, tras los cuales están grupos económicos nacionales y transnacionales.
El código penal y la impunidad
Para estos defensores de los derechos humanos, cuyo lema es “no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto, y en nombre de nada”, el Estado debe incorporar la definición de tortura al Código Penal, requerida por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos. Hervi Lara instó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a hacerse parte activa de la investigación de los hechos citados. Cecilia Aguilar, a su vez, hizo un llamado a los familiares de quienes han muerto a causa de torturas a acercarse a la Comisión Etica y luchar contra la impunidad, porque estos hechos son inaceptables. Su familia está impidiendo ahora que la fiscalía cierre el caso y consagre la impunidad.
Respecto de los detenidos por el llamado caso bombas, exigieron un juicio justo, denunciaron las circunstancias de su detención y consideraron que la cárcel de alta seguridad, con medidas como el encierro por 22 horas constituye un primer e inaceptable paso a la tortura.
La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) es una entidad de defensa y promoción de los derechos humanos. Nació en el 2001 con la finalidad de exigir del Estado de Chile la creación de una instancia de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de tortura de la dictadura militar. La persistente campaña desplegada por la Comisión Etica contra la Tortura (CECT), apoyada por personalidades nacionales e internacionales, posibilitó en el 2004 la implementación de la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.



A continuación, el texto completo de la declaración de la Comisión Etica Contra la Tortura:

1º Las autoridades de Chile aún no han puesto en práctica el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y que, entre otros aspectos, implica la construcción de un mecanismo nacional de investigación y prevención de este flagelo, no obstante las acciones desarrolladas para ello por la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) y otras organizaciones de derechos humanos. La plena vigencia de esta institucionalidad habría permitido evitar las muertes de personas acaecidas en los últimos años, tras atropellos infligidos por agentes del Estado.

2º La práctica de la tortura se ha extendido a tal punto que los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una práctica cotidiana de la policía hacia las personas detenidas en movilizaciones sociales. Se suma a esto el tratamiento dado a los presos de las cárceles por parte de Gendarmería de Chile, así como también los montajes político-jurídicos y sus secuelas realizados por el Ministerio Público.

3º De manera especial, se debe mencionar la política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, transgrediéndose tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, lo que se expresa en la forma arbitraria de aplicación de la “Ley Antiterrorista”, que persiste en los procesos, a pesar de las promesas en contrario formuladas por el gobierno. A modo de corolario, se favorecen los intereses de terratenientes y de empresas transnacionales y grupos económicos nacionales que les son afines y que cuentan con el resguardo de las instituciones destinadas a la defensa de la ciudadanía y de la soberanía nacional.

4º A lo anterior, deben sumarse las denuncias públicas emitidas por integrantes del Cuerpo de Carabineros, del Ejército y de la Fuerza Aérea, en relación al entrenamiento que dichos organismos entregan a sus miembros y que atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recientemente, en medio de los citados entrenamientos, han fallecido dos jóvenes aspirantes de la Escuela de Carabineros. Hasta el momento, la opinión pública desconoce el desarrollo y el resultado de los procesos administrativos y penales pertinentes.

5º En este marco, la comisión Etica contra la Tortura (CECT) reitera que, en el año 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU, ha recomendado al Estado de Chile el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la ratificación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

6º Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha planteado al Estado de Chile la necesaria integración de la definición de tortura al Código Penal, de tal manera que se ajuste a la Convención de la ONU con el fin de garantizar la investigación imparcial.

7º La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) formula un llamado a los familiares de quienes han sido víctimas de abusos policiales, que hayan sufrido acosos y torturas, que han perdido la vida a manos de agentes policiales y militares, y a las personas y organizaciones sociales que han sido víctimas de montajes de parte de funcionarios del Estado en complicidad con la prensa ligada a los dueños del poder económico, a denunciar estos hechos ante los tribunales nacionales y organismos internacionales de derechos humanos, para identificar y sancionar a los victimarios, pidiendo FIN A LA TORTURA, así como también la investigación de las acciones violentas que han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, especialmente de quienes son hoy objeto de “montajes”, como es el caso de los presos políticos mapuche y de los presos del llamado “Caso bombas” que se encuentran en huelga de hambre desde hace varias semanas.

8º La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) otorga su irrestricto respaldo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y le insta a hacerse parte, investigar y colaborar con la Justicia, a fin de que los hechos denunciados dejen de permanecer en la impunidad y entre en vigencia el mecanismo de prevención de la tortura, con la instauración de la Comisión Nacional de Prevención, tal como lo señala el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

9º Coherentemente con lo antes señalado, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) rechaza, categóricamente, todo intento de indulto, abierto o encubierto, a los violadores de derechos humanos de la dictadura militar y de la actualidad.

10º Tras diez años de existencia, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) reafirma su compromiso hacia el futuro, ratificando como principio básico un “no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada”.
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA (CECT).
Santiago de Chile, 15 de marzo de 2011.
www.contralatortura.cl.
correo@contralatortura.cl.

Chile se opone a los transgénicos en la Plaza de la Constitución (11-3-11)

-Allí estuvimos el viernes 11 de marzo. La campaña contra la ley Piñera de transgénicos recién comienza:

Abogado Alberto Espinoza:crudo análisis de juicio a mapuche en Cañete

Una justicia en tela de juicio

Alberto Espinoza Pino, Abogado.

Después de tres meses de Juicio Oral, con declaraciones de testigos secretos, personas ebrias y sordas presentadas como testigos de oídas, analfabetos ratificando declaraciones escritas, fiscales y policías víctimas testimoniando en calidad de investigadores, el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Cañete ha adquirido su convicción, se presume mas allá de toda duda razonable, que los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, ellos, los dirigentes, son los culpables del delito de robo con intimidación denunciado por el ex agente de la dictadura, acusado de torturador y usurpador de tierras mapuche, José Santos Jorquera y, coincidentemente, los mismos cuatro también son los culpables del denominado atentado al fiscal Elgueta. No obstante, son culpables por una simple y cuestionable mayoría de votos, dos contra uno,porque la Jueza Paola Schisano Pérez fue de la opinión de absolver.

Si bien, ninguno de esos delitos ha sido calificado por la simple mayoría de los jueces como terrorista y trece comuneros mapuche, también juzgados por el Tribunal de Cañete, fueron absueltos de todos los cargos por delitos terroristas, contenidos en la acusación del Ministerio Público, todos sin excepción, condenados y absueltos, fueron investigados como consecuencia de la Formalización de la Investigación conforme al procedimiento establecido por la LeyAntiterrorista. Dicha situación, procesalmente, se manifestó en el secreto de los registros de la investigación, entrega parcial y desordenada de los antecedentes, por parte de la fiscalía, a los defensores al término de la investigación y la prolongada prisión preventiva como medida cautelar, en la mayoría de los casos, desde la detención hasta el Juicio Oral.

Doce comuneros enfrentaron el juicio como si fueran culpables, la mayoría de ellos sufrieron la interceptación de sus comunicaciones, una técnica investigativa de la cual se hizo uso y abuso, todos sufrieron la incautación de cosas de su propiedad que fueron objeto de dudosos peritajes, sus domicilio fueron violentados y descerrajados con gran despliegue de fuerza policial, helicópteros, carros blindados y un gran poder de fuego de una infantería numerosa, en allanamientos masivos realizados en las diversas comunidades mapuche afectando a niños(as), mujeres y ancianos(as).

El trato recibidos por los comuneros mapuche fue el trato que en una guerra se le da al enemigo, todo ello al amparo de la Ley Antiterrorista.

Para colmo de males ante la mirada indiferente, insensible y claudicante del poder jurisdiccional, del Juez de Garantía, que cada vez que tuvo que pronunciarse acerca de las garantías y derechos de los imputados, para evitar o poner fin a la prisión preventiva, para que se les reconociera la presunción de inocencia, para no ser tratados como culpables, para asegurarles el debido proceso, esos jueces y los ministros de la cortes superiores, simplemente, renunciaron a su deber cautelar.

Hicieron la vista gorda frente al poder del Ministerio Público, fueron aliados de los fiscales, opusieron nula resistencia a las actuaciones abusivas de estos y no cuestionaron en ningún momento la aplicación de la Ley Antiterrorista. Abandonaron, notablemente, la esencia misma de la jurisdicción, dejando a los imputados en el más absoluto desamparo.

Bastó la mera Formalización por Ley Antiterrorista para darle manga ancha al fiscal durante la investigación, con absoluto desprecio a los derechos de los imputados. La sola Formalización se transformó durante todo el tiempo, en que estuvieron en prisión preventiva, en una verdad incuestionable y adquirió para todos los jueces el valor de la cosa juzgada, que se le asigna a las resoluciones judiciales, olvidando que el Ministerio Público no ejerce funciones jurisdiccionales.

Un procedimiento sustanciado bajo la normativa legal de la Ley Antiterrorista, es un procedimiento viciado, incapaz de producir, en el marco de un debido proceso, una convicción condenatoria, ni siquiera por delito común, el honorable voto de minoría señala expresamente en el veredicto “que la prueba incorporada al juicio por los acusadores, no reúne los estándares suficientes como para dar por acreditada la participación de los acusados”.

En la hora de la Sentencia es exigible a los jueces, que decidieron condenar, la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas que, perentoriamente, establece que “en caso de aplicar sanciones a los miembros de estos pueblos, se debe tener especial consideración las características económicas, sociales y culturales y deben preferirse las sanciones que no sean privativas de libertad (artículo 10º). La aplicación del Convenio 169 es un imperativo ético y jurídico, cuya inobservancia compromete al Estado de Chile en el contexto internacional de los derechos humanos.

La libertad de los comuneros mapuche que aun están encarcelados debe ser resuelta por razones de estado. El Convenio 169 obliga por igual a todos los poderes. Si el poder jurisdiccional renuncia a la aplicación del Convenio 169, la responsabilidad recaerá en el poder ejecutivo o en el poder legislativo, quienes deberán adoptar las medidas administrativas o legislativas conducentes a reparar lo que el poder judicial no supo resolver.

Santiago, Marzo 11 de 2011

Jueces de Cañete y su infundada sentencia contra 4 pp mapuche

Héctor Llaitul, uno de los condenados en el juicio en Cañete.
A continuación, un análisis tomado de wichaninfoaldia.blogspot.com que deja en claro que la sentencia es política y no se ajusta al debido proceso.

Homicidio Frustrado a Fiscal del Ministerio Público (por Wichan)

Este es el principal delito por el cual han sido condenados cuatro militantes de la CAM. Delito específico que como tal nace hace sólo algunos años, en el marco de la Reforma Procesal Penal.

Veredicto: “ha quedado demostrado, que un grupo de sujetos, premunidos de armas de fuego del tipo escopeta, y con la intención de causar la muerte de un Fiscal del Ministerio Publico, procedieron a disparar en contra de aquel, resultando lesionado…”

Para hacer efectiva dicha Calificación Jurídica, cuya gravedad es prácticamente similar a la de un delito establecido en la Ley Antiterrorista, el Tribunal o al menos dos de los jueces, tuvieron que llegar a la convicción de que los mapuche no sólo sabían que el Fiscal Elgueta iba a Choque esa noche, sino que también conocían su ubicación exacta dentro de la caravana y las características del vehículo en que se desplazaba, entonces…

¿Quién avisó a los mapuche del viaje del Fiscal Elgueta a Choque y sus detalles?

El Ministerio Publico tendría que haber explicado, a lo menos, como una información tan compartimentada, tan específica y tan relevante llegó al conocimiento de los mapuche.

De acuerdo a la información entregada durante el Juicio Oral por los distintos testigos del Ministerio Publico, sólo había cuatro personas que sabían de la ida del Fiscal Elgueta a Choque:

· El propio Fiscal Elgueta (conductor de la camioneta)

· El Comisario de la PDI José López Leiva (copiloto de la camioneta)

· El Prefecto de Carabineros Coronel Darío Golberg Jiménez

· El Subprefecto de Carabineros Coronel Jorge Ávila Corbalán.

Si analizamos que los dos primeros eran el objetivo y víctimas de la “supuesta emboscada”, podríamos concluir que el cómplice de la CAM para asesinar a un Fiscal seria, nada más ni nada menos, que el Alto Mando de Carabineros.

Crónica de una “Emboscada” Anunciada

Recordemos que el propio Elgueta, denuncio el año 2005, que el fallecido general Bernales le advirtió de un plan de la CAM destinado a atentar en contra de su vida “y ello nos motivó a decretar medidas de seguridad a su favor…” (La Segunda 19 Abril 2009).

El 27 de diciembre, 2007 surge una iniciativa de ley (Ley Nº 20.236) que tiene por objetivo establecer normas especiales, tendientes a sancionar en forma más severa los atentados y amenazas contra los Fiscales del Ministerio Público y a los Defensores Penales Públicos, cuando son víctima de esas conductas ilícitas mientras se encuentran en ejercicio de sus funciones.

En la tarde del 15 de Octubre de 2008, en las afueras de la Comisaria de Cañete, se produce un fuerte incidente entre el Fiscal Elgueta y el Coronel Golberg, en el que este último, le advierte que un operativo a esa hora de la noche podría ser considerado una provocación para la comunidad mapuche y seria correr un riesgo innecesario.

Si Elgueta pensaba “que lo querían matar” y el Alto Mando de Carabineros le advirtió del riesgo al que se exponía, ¿por qué insistió en ir?

La llamada fantasma

De acuerdo a declaraciones públicas del propio Fiscal Cruz, existió una llamada que avisaba a los mapuche del viaje de Elgueta a Choque escuchada, como él dice, “gracias a la intervenciones previas de celulares”.

Sin embargo, esta llamada clave, nunca fue presentada como prueba al Tribunal, pese a dicha intervención y cuyas conversaciones fueron grabadas en su totalidad. Estamos hablando de más de cinco mil escuchas telefónicas pero, extrañamente, la escucha que objetivamente habría configurado éste delito, no fue presentada.

De acuerdo a la declaración del Testigo Secreto Nº26 “los mapuche reciben una llamada en la cual le avisan de la ida del Fiscal Elgueta a Choque alrededor de las 15:00 hrs.

Sin embargo, el propio Fiscal Elgueta señala que “Chalo, el hijo de Santos Jorquera le avisa del asalto a su casa alrededor de las 18:00 hrs.”.

Es decir, que los mapuche sabían que Elgueta iba a Choque antes que él mismo supiera que iba a ir.

Si los jueces nunca conocieron dicha llamada y menos aun comprobaron quien la efectuó ¿En qué pruebas basaron los Jueces tan grave Calificación Jurídica?

Veredicto: “Asimismo, se estima a partir de los dichos del testigo con identidad reservada Nº 26, como así también, del propio contexto de los graves sucesos que precedieron a estos hechos, y de las características del ataque, que los participes en este hecho sabían que atentaban en contra de la persona de un Fiscal del Ministerio Publico…”

Es decir, en la declaración de un “testigo secreto” (Nº26), que esta vez, sirvió como “testigo de oídas”, que escuchó que alguien llamó para avisar de la ida del Fiscal Elgueta.

De hecho la resolución del Tribunal ni siquiera recoge los peritajes balísticos, calificados como pruebas científicas, uno de los cuales contradice la versión de la Fiscalía, en cuanto a distancia y posición de los tiradores, lo que confirma la tesis del montaje.

Con estándares de prueba bajísimos, que caen en el ridículo, el Tribunal Oral de Cañete condenó a José Huenuche, Héctor LLaitul, Ramón Llanquileo, y Jonathan Huillical.

Una condena que fue sólo posible gracias a la aplicación grotesca de la Ley Antiterrorista, durante todo el proceso y hasta el último día, incluyendo la investigación, el Juicio Oral y el Veredicto.

Una condena política resultado de la colusión de todos los poderes del Estado Chileno, quienes se vieron obligados a aplicar la Ley Antiterrorista para evitar la absolución de los “mapuche malos”, los integrantes de la CAM.

Una condena basada en la discriminación, es decir, en el Derecho Penal del Enemigo.

Por Wichan http://wichaninfoaldia.blogspot.com

Homenaje a brigada médica cubana en Rancagua

El 4 de marzo a las 12 horas se inaugura en Rancagua una placa de homenaje a los médicos cubanos que durante un año socorrieron a los habitantes de la ciudad después del teremoto. La brigada médica cubana "Henry Reeve" desarrolló una labor considerada inolvidable por los rancagüinos y que no ha sido suficientemente destacada en el país: son los únicos voluntarios extranjeros que permanecieron por doce meses trabajando en Chile. Al acto invitan el alcalde Eduardo Soto Romero; Danilo Jorquera Vidal, Concejal y Presidente de la Comisión Internacional
de la I. Municipalidad de Rancagua y el Comité de Solidaridad con Cuba en Rancagua. La placa se instalará en el gimnasio del Complejo Deportivo Patricio Mekis de esa ciudad, donde funcionó el hospital de campaña.
La Brigada Henry Reeve es un Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias. Surgió como parte de la ayuda humanitaria que los médicos cubanos en representación del pueblo de Cuba le ofrecían al pueblo de los Estados Unidos tras el paso del huracán Katrina por el sur de ese país el 29 de agosto de 2005. La brigada lleva su nombre por el patriota neoyorkino Henry Reeve que cayó luchando por la independencia de Cuba de los españoles.

En Chile trabajaron cirujanos, pediatras, traumatólogos, intensivistas, enfermeras, epidemiólogo, un auxiliar de laboratorio y un cocinero con dos hospitales de campaña, uno en Rancagua, y otro en Chillán. Trataron casos de traumatismos, cirugías de apendicitis y colecistitis, consultas de pediatría y de medicina interna.
Sus pacientes estaban asombrados y agradecidos por la calidez en el trato de los médicos cubanos, tremendo contraste con lo que ocurre en Chile en la mayoría de los hospitales públicos.

La edad promedio de los voluntarios se acerca a los 45 años. En el gimnasio los brigadistas no sólo atendían a los pacientes, sino también vivieron en mediaguas facilitadas por la FACH con unas carpas para que usaran de dormitorio. En los primeros cuatro meses realizaron más de 42 mil atenciones y 1.500 cirugías.

Según una crónica de La Tercera publicada tiempo atrás, en su tiempo libre los brigadistas "impartían clases de salsa a sus pacientes y colegas chilenos. A lo cubano."

Feria Agricultores Orgánicos 5 y 6 marzo en Chillán Viejo

La foto la tomé en 2009, en la primera Feria Orgánica que se hizo en Chillán. RAPAL estará exponiendo allí sobre los peligros de los transgénicos y los plaguicidas, este fin de semana. La invitación partió de la Asociación de Agricultores Orgánicos del BioBio que preside Guillermo Riveros:
"Durante dos días, la ciudad de CHILLÁN VIEJO, en su PLAZA HISTORICA albergará a agricultores orgánicos y agroecológicos de diversas regiones del país, que por segunda vez expondrán sus productos abiertamente al mercado nacional, en la Feria que se desarrollará los días 5 y 6 de Marzo de 2011. Conjuntamente con ello, en forma innovadora y participativa, se desarrollarán Foros Públicos de debate de temas que afectan directamente a todos los ciudadanos del país, como son los Transgénicos y la visión agroecológica del futuro que queremos para nuestro Chile.

El llamado a los consumidores, es de aprender de esta cultura que es ajena a los plaguicidas y químicos sintéticos en su producción, y ha consumir alimentos sanos y limpios, que aseguran un futuro mejor a las generaciones venideras. Este es el desafío para la Segunda Feria Interregional Agroecologica y Orgánica".

Este año ya se han hecho ferias similares en Chiloé y San Antonio, concitando mucho interés del público y avanzando en la unidad organizativa de los agricultores orgánicos y también de los consumidores.