Guía de Alimentos Sanos y Seguros

En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria, la Red de Acción en Plaguicidas, RAP-Chile, da a conocer la Guía para Encontrar Alimentos Sanos y Seguros. Su objetivo es informar a los consumidores sobre los puntos de distribución y venta de productos agroecológicos y orgánicos, disponibles en ferias, mercados y negocios de once regiones de Chile.

La comercialización es uno de los mayores problemas que enfrentan los productores de alimentos sin plaguicidas ni transgénicos ni patentes, y/o cultivados a partir de semillas tradicionales. En general, el Estado no entrega a estos productores el apoyo que sí otorga través de subsidios,  fondos públicos y obras de riego, a la agroindustria y a las transnacionales dueñas de los semilleros transgénicos. Chile Bio, el gremio de la industria biotecnológica encabezada por Monsanto y Syngenta, publicita que desde 1991, su sector ha recibido 16.2 millones de dólares destinados a la investigación de cultivos transgénicos. La cifra incluye en estas cifras al INIA,  Instituto de Investigación Agropecuaria, receptor del  51,4% de estos recursos, según la misma fuente. No es posible cuantificar los montos que INDAP gasta en la compra de semillas híbridas, fertilizantes y plaguicidas, el paquete tecnológico destinado a la agricultura familiar campesina y vendido por la industria. Su glosa presupuestaria es general y cubre todos los insumos, pero la cifra es elevadísima y constituye un subsidio a la industria semillera y distribuidora de agrotóxicos. Por otra parte, costosas obras de riego tales como embalses y entubamiento de canales, por lo general, benefician a quienes concentran en regiones la propiedad de derechos de agua, constituyendo otro subsidio encubierto que beneficia a los productores agrícolas convencionales y vulnera los intereses de los pequeños agricultores.

La Guía para Encontrar Alimentos Sanos y Seguros incluye las razones para adoptar esta opción alimentaria, que apunta al fortalecimiento de las economías locales y la agricultura familiar campesina, y también a la defensa de la semilla tradicional y la soberanía alimentaria. Entre las razones para optar por alimentos libres de plaguicidas y transgénicos, están la protección de nuestra salud y la de los productores rurales; la defensa de aguas, suelos y semillas tradicionales al igual que la protección de las abejas, chinitas y la biodiversidad. Los alimentos proporcionados por la agricultura convencional y la agroindustria se basan en monocultivos y variedades “mejoradas” (registradas) de alto rendimiento y costo, e incorporan un uso excesivo de fertilizantes y agrotóxicos de la categoría de “Plaguicidas Altamente Peligrosos” (PAP o HHP por sus siglas en inglés). Estos plaguicidas tienen importantes efectos negativos sobre el ecosistema, la salud humana y animal. Entre ellos se destaca el herbicida glifosato, (nombre comercial Roundup de Monsanto) considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, que en Chile tiene etiqueta “verde” y se vende sin ninguna restricción. El gobierno de la presidenta, la doctora Michelle Bachelet se ha negado a prohibir esta sustancia tóxica, y por otra parte mantiene su apoyo al Tratado Transpacífico TTP que busca someter a Chile a las normas sobre comercio, transgénicos, semillas y conocimiento ancestral, dictadas por las corporaciones.

Nuestro trabajo de difusión y promoción de la agroecología se inserta en el desarrollo de las sesiones  del Tribunal internacional contra Monsanto  que se espera finalice en La Haya el 16 de octubre. La corporación transnacional Monsanto ha sido  acusada de cometer delitos como ecocidio y genocidio. Siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional, académicos como el ex relator por el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas  Olivier de Schutter, científicos como Gilles Eric Seralini, Vandana Shiva y otros juristas y especialistas en ambiente conocerán los testimonios de representantes de organizaciones campesinas y sociales, entre ellas una numerosa delegación argentina que incluye a Médicos (Damián Verzeñassi) y Comunidades de Pueblos Fumigados. Se darán a conocer los dañinos impactos producidos por esta transnacional en Argentina, donde se registra un alarmante aumento de cánceres y malformaciones congénitas asociados a los cultivos transgénicos de soya, que utilizan Roundup.  RAP-Chile y la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile se une a los participantes en las Asambleas Populares que se realizaron en forma paralela al juicio, para rechazar y denunciar las prácticas que buscan controlar globalmente la alimentación, especialmente ahora que se anuncia la fusión de Monsanto con Bayer. 

En este contexto nacional y global, llamamos a los parlamentarios a rechazar el Tratado Transpacífico, que es un freno para toda legislación que proteja el ambiente y la salud, y demandamos  del gobierno la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos y los neonicotinoides que matan a las abejas, la promoción efectiva de la agroecología, el etiquetado de los alimentos transgénicos, y la puesta en marcha de una política de compras públicas de alimentos sanos y seguros para escolares y hospitales públicos.

Bajar la Guía en http://rap-al.org/news_files/GUIA%20DE%20ALIMENTOS%20SANOS_RAPCHILE16OCT.pdf

Y ver en: https://www.scribd.com/document/327683381

Red de Acción en Plaguicidas Chile, RAP-Chile /Alianza por una Mejor Calidad de Vida/OLCA/ANAMURI/CIAL

Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile

Alonso de Ovalle N°1618, oficina A, Santiago Centro /  226997375/ 9-8858227/ rap-al@terra.cl/ 

En Paine Monsanto ataca de nuevo

Desde la radio La Voz de Paine, sus habitantes preparan la defensa

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Monsanto ingresó este mes un proyecto de expansión de su planta de tratamiento de semillas transgénicas e híbridas, ubicada en Paine, al sur de Santiago,  en el  Servicio de Evaluación de Ambiental, bajo la figura de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La industria no entregó un estudio de evaluación de los impactos de la programada expansión, asegurando que no son importantes. Esta es una táctica habitual en los megaproyectos, que en ocasiones es descubierta a tiempo por los afectados y/o por el Estado. Los habitantes de la localidad desconocen el proyecto, al que los ciudadanos comunes no logran acceder en la web del servicio ambiental, ideada para uso por técnicos más que por cualquier interesado.

Con una reputación cada vez peor en Europa,  la transnacional no logró imponer allí los cultivos transgénicos  y ve cuestionado en Francia y Alemania su producto estrella, el cancerígeno herbicida glifosato. Por eso, esta  industria productora de agrotóxicos y transgénicos pretende utilizar América Latina como cabeza de playa para recuperar sus ganancias, que vienen cayendo en los últimos meses. Aquí cuenta con el apoyo de las autoridades de turno. En el primer semestre del año pasado, Monsanto ganó 810 millones de dólares, un 51,4% menos que en igual período del año anterior, y aunque en el segundo trimestre mejoró,  su caída llegó a un 25,4% menos de ganancia, según informó recientemente Europa Press.  En Chile, los cultivos  de semillas transgénica de exportación des bajaron considerablemente en los últimos años, llegando en la temporada 2015-2016    a ocupar tan sólo  9.582 hectáreas, lo que podría de estar relacionado con estas pérdidas. En los años dorados de la transgenia, se llegó a cifras por sobre las 25.000 hectáreas. Pero hoy, los países informados y con ciudadanía activa,  vienen de vuelta del boom de los cultivos transgénicos y la demanda parece haber bajado.

Participación ciudadana

Las organizaciones y ciudadanos de la localidad campesina de Paine, tienen plazo hasta el viernes 15 de abril para solicitar ser incluidos en el proceso de participación ciudadana sobre el proyecto de expansión de la planta de Monsanto ubicada en su territorio.  En sus estudios, la radio La Voz de Paine está inscribiendo, de 10.30 a 18 horas, a todas las organizaciones y personas que deseen formular observaciones a la iniciativa de la industria.  En el proceso buscarán establecer los daños a la salud y el ambiente ya generados por el funcionamiento de las instalaciones actuales, una suerte de línea de base de lo que ya se ha perdido. En los consultorios locales existe preocupación por la alta incidencia de problemas de salud mental, cáncer y malformaciones congénitas en usuarios ligados directa o indirectamente a la planta de Monsanto, donde se selecciona y acopia la semilla de maíz transgénico que se exporta como grano, previo tratamiento con agrotóxicos.

La DIA es un proceso muy rápido y que no contempla legalmente participación ciudadana, la cual es obligatoria sólo en los casos en que un proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Monsanto contrató una firma consultora para implementar la

participación ciudadana  y convencer a los habitantes de las “bondades” del proyecto. A través de la consultora, La Voz de Paine tuvo las primeras noticias sobre un proyecto que  para los más informados, no presagia nada bueno.  En Paine Monsanto tiene más de 40 hectáreas, desde luego ubicadas lejos de  la plaza del pueblo, la cual pertenece  a Lucía Hiriart y su “emprendimiento” CEMA Chile.  Pero en Paine funcionan también una Cooperativa de Productores Agroecológicos y paralelamente varios productores orgánicos que forman parte del PRODESAL local. El alcalde Diego Vergara y el Concejo Municipal  no han dicho nada hasta ahora y se ignora cuáles son los compromisos que se han establecidos desde que  en el año 2013 la municipalidad firmó un convenio con la empresa.

Las debilidades de la participación ciudadana a nivel legal quedan de manifiesto frente a este proyecto, donde hay una notoria asimetría entre las partes involucradas respecto del acceso a la información y los tiempos requeridos para analizar complejos proyectos de inversión.

Existe preocupación en Paine porque se desconoce el verdadero carácter del proyecto de expansión de Monsanto. En  Argentina esta  industria, ya conocida por el impacto negativo de Roundup, su cancerígeno producto estrella,   no logró construir  una planta anunciada como "la más grande de América Latina" en el barrio Malvinas Argentinas, de Córdoba. Los terrenos del proyecto fueron ocupados por decididos pobladores del lugar, que establecieron un “acampe”  y demandas judiciales que impidieron su avance. Un eventual traslado de ese proyecto a Paine  no se descarta. Monsanto calla.

El TPP y la semilla

Aun disfruta Monsanto la ratificación del Tratado Transpacífico TPP por la Presidenta Bachelet , que por esa vía aseguró a la empresa la aprobación de la Ley Monsanto (de obtentores vegetales) retirada del Senado en 2014. El TPP, en cuya redacción participaron Monsanto y los lobbystas de la industria biotecnológica, obliga a Chile a ratificar el convenio UPOV 91, para lo cual el gobierno deberá resucitar esa ley que había sido abortada por la presión social y está asociada al Convenio UPOV91.  Pero la transnacional no descansa. Siempre quiere más y ya no disimula, alentada porque de aprobarse el TPP, estaremos en realidad bajo su gobierno, el de las transnacionales. Uno de los artículos del proyecto establece un comité especial de inversores que supervigilará los proyectos de ley actuales y futuros relacionados con el comercio agrícola.  La expansión de la planta  permitirá que Monsanto se haga más fuertes en sus cuarteles graneleros de Paine.

Pero en la localidad, la comunidad ya logró detener en 2014 un proyecto que también empezó con una declaración de impacto ambiental que ocultaba los verdaderos alcances de la iniciativa impulsada por la CCU: una planta que amenazaba su suministro de agua .  La declaración de impacto ambiental de la empresa del grupo Luksic fue rechazada por el Servicio Ambiental. Los habitantes de esta ciudad, organizados en el Comité “No a la CCU” exigieron la realización de un estudio de impacto ambiental,  y lograron detener el proyecto de esa empresa del grupo Luksic mostrando una gran capacidad de organización y lucha. Ahora, en su reacción contra la expansión de Monsanto que los convertiría en una nueva zona de sacrificio,  sin duda recogerán las lecciones aprendidas de esa experiencia y serán apoyados por los defensores de la semilla campesina y del buen vivir.

Video de marcha en Santiago contra el TPP

Protestan en Chile por tratado que firmará Bachelet con EEUU.ALERTA CHILEEn distintas ciudades de Chile, organizaciones sociales y la plataforma Chile Mejor Sin TPP, manifestaron un rechazo masivo a la adhesión que concretará Chile el próximo 4 de febrero, a través de la firma de Michelle Bachelet, al polémico e inconsulto acuerdo de asociación de libre comercio, promovido por Estados Unidos y que incluye a México y Perú. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio multilateral que se negocia en secreto.Fuertemente promovido por Estados Unidos, el tratado involucra también a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile.En sus más de 26 capítulos de negociación, el acuerdo busca regular un gran número de temáticas, que van desde el comercio de lácteos, hasta la regulación laboral, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente.Las negociaciones del TPP comenzaron en marzo del 2010 y han sido hechas de espalda a la comunidad de los países afectados. Hoy, todo lo que sabemos al respecto, es gracias a filtraciones de los textos oficiales, como las realizadas por Wikileaks entre noviembre de 2013
Posted by Prensa opal chile on sábado, 23 de enero de 2016

El Acuerdo Transpacífico TPP o Cómo privatizar la semilla y sumar biopiratería

       

 ¡De repente nos encontramos ad portas del gobierno directo de las transnacionales! Corporaciones como Monsanto, las farmacéuticas, los fabricantes de automóviles y otras corporaciones elaboraron en secreto junto a una elite de negociadores de la casta empresarial/estatal de doce países,  una ley para todos sus habitantes. Denominaron el resultado como “Acuerdo Transpacífico” (TPP), y la Presidenta Bachelet lo firmará en febrero – cuando Chile está en “receso” vacacional - para recién entonces enviársela al parlamento. A partir de marzo senadores y diputados deberán decir sí o no. Hasta ayer no más, ellos tampoco tenían idea de qué iban a contener los 30 capítulos, sus anexos y demases porque sólo a fines de octubre se hicieron públicos los contenidos y aún no son definitivos los textos ni sus traducciones. A partir de marzo podrán reivindicar o no su rol como representantes electos por los y las ciudadanas, o elegirán ser comparsa nacional de las transnacionales y sus socios chilenos. Están en la mira de sus electores.

Son muchos los impactos negativos del Tratado, presentado como el acuerdo comercial más importante firmado hasta ahora, que se aboca a todos los temas imaginables y de lo que menos habla es de comercio. Aquí  sólo nos referiremos a qué pasará con la semilla campesina e indígena y con la biodiversidad,  si se aprueba este tratado.

Resucitan la “Ley Monsanto”

Hasta el año 2013, el negociador de temas agrícolas del tratado por Estados Unidos fue Islam Siddiqui, ex lobbysta de Monsanto.  Se retiró tras asegurar en la redacción los intereses de la transnacional productora de híbridos, transgénicos y plaguicidas.  El capítulo 18, de Propiedad intelectual, en su párrafo.7.2., letra d) obliga a Chile ratificar el Convenio UPOV 91 (de propiedad intelectual de las semillas).Eso implica derogar la actual ley de semillas y aprobar el proyecto de Ley de Obtentores,  que es la traducción al castellano del Convenio UPOV 91.

Ante la presión social, al inicio de su mandato,  la Presidenta Bachelet había suspendido la tramitación final por el Senado de la “Ley Monsanto” (proyecto de Ley de Obtentores Vegetales) por sus implicancias en la soberanía alimentaria y la biodiversidad. Por eso  no  pudo promulgar el Convenio UPOV 91,  aprobado el año 2011 por el Senado.  Reponer la Ley Monsanto a través del TPP, significa impedir el ejercicio del derecho ancestral al  libre intercambio de semillas, y extender  el registro de semillas a todas las variedades vegetales, encareciendo aún más el costo de la semilla. El resultado será aumentar más la  emigración campo-ciudad, por el colapso de la agricultura familiar campesina, generando así el espacio físico requerido para la expansión de los cultivos transgénicos y de la contaminadora industria forestal. Sin agricultura familiar campesina, que actualmente abastece las ferias libres y otros espacios de venta de frutas y verduras,  los consumidores dependerán exclusivamente de los supermercados, más caros. La  agroindustria además, orientada a la exportación dejará en el país sólo lo no exportable y las “cadenas cortas” consumidor – productor que se presentan como alternativas nuevas y saludables,  abortarán por disminución de la oferta de productores rurales.  

Biopiratería legal

En este mismo capítulo 18, en el párrafo 16.d hablando de “cooperación” el TPP impulsa además la formación de expertos en el registro de patentes de conocimiento (ancestral) indígena sobre plantas. Obviamente eso indica que los expertos patentarán conocimientos ancestrales, un procedimiento rechazado ampliamente por las organizaciones de los pueblos originarios que habitan Chile y cuyo patrimonio genético y conocimientos ancestrales ya han sido víctimas de la biopiratería desde hace rato. Este Tratado sigue alentando la biopiratería y nada dice respecto de nuevos protocolos internacionales referidos a estos asuntos.

 Nueva Zelanda negoció excepciones a favor de sus pueblos indígenas derivadas del Tratado de Waitangi. En cambio Chile ni siquiera prevé la Consulta Indígena según ha afirmado la Cancillería, ignorando las disposiciones del Convenio 169.

Tratados anteriores con USA y la Unión Europea ya exigían a Chile ratificar el Convenio UPOV 91. La diferencia es que ahora, si el Estado no cumple, cualquiera de las empresas inversoras de los 11 países miembros del tratado  puede llevar a Chile a tribunales internacionales (CIADI) cuyas sentencias – inapelables-  en forma  mayoritaria son en contra de los países en desarrollo,  y  de altísimo costo.

Tutela sobre leyes

Las disposiciones del TPP afectan la soberanía nacional,  ya que su maraña de disposiciones genera una suerte de camisa de fuerza respecto de nuevas normas. El capítulo  2  sobre Trato Nacional y Acceso a Bienes, en su párrafo 27.10  establece un  Grupo de Trabajo sobre Biotecnología que  analizará   “las  leyes, reglamentos y políticas nacionales, existentes y propuestos”. Cualquier regulación que pretenda proteger nuestra salud y el ambiente, por ejemplo a través de la moratoria a los cultivos transgénicos y el etiquetado de alimentos transgénicos, o políticas públicas que regulen la existencia de  compras públicas de alimentos agroecológicos/orgánicos para comedores escolares u hospitales podrían ser consideradas como un obstáculo al comercio y quedarían “congeladas”. Porque existe el capítulo 15 sobre Compras del Sector Público y un Capítulo 8 sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.   Estas normas podrían ser vistas como acciones que van en contra de las “expectativas razonables de ganancias” de los inversores de la agroindustria, definidas sólo por la empresa. El Estado no se arriesgará a posibles demandas  porque firmó el Capítulo 28 sobre Resolución de Controversias (tribunales internacionales con fallos inapelables y sesgados); y el Capítulo 9 sobre inversiones que regula estos temas. El tratado opera como un candado a normas rigurosas que permitan mayor protección de nuestra salud y de la biodiversidad.

Contaminación sin castigo

 En el ya citado capítulo 2,  su párrafo 29 se cuida  de asegurar la exportación ininterrumpida de transgénicos sin penalizar la contaminación, aplicando normas más débiles que las del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biodiversidad o las del Codex Alimentario.  Desoyendo las demandas ambientalistas Chile, alineado con Estados Unidos, lleva décadas negándose a ratificar este Protocolo que regula la exportación de transgénicos.  Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia, no firmantes del Protocolo de Cartagena, impusieron su criterio respecto de aplicar normas más bajas que los estándares internacionales frente a la contaminación de embarques con niveles bajos de transgénicos, y no cuantificar el nivel de contaminación a permitirse. 

En los últimos años, las exportaciones de maíz convencional de LimaGrain se han visto afectadas por contaminación de transgénicos y en más de diez oportunidades fueron devueltas a Chile desde Alemania, que las rechazó. La falta de control de la contaminación por transgénicos será una amenaza creciente para la exportación de alimentos a países con tolerancia cero a los transgénicos (Alemania, Rusia) o con tolerancia cero a los no aprobados (entre otros, Francia, Malasia, China) ya que si adoptan medidas como el rechazo, también podrían ser demandados por las transnacionales.

Por Lucía Sepúlveda R. Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, vocera para la RM de la campaña nacional Yo NO Quiero Transgénicos en Chile.

Fuentes a consultar para saber más:

Sobre la Obligación de ratificar el Convenio UPOV 91 y consecuencias

Declaración del Diálogo Sur sobre Leyes de Semillas, 25 de noviembre de 2015 http://reddesemillaslibresdecolombia.ning.com/

Cóm                              Cómo atajamos la Ley Monsanto por Lucía Sepúlveda

Sobre el  Candado impuesto a nuevas legislaciones frente a amenaza de demandas por inversores

Informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas   sobre los efectos adversos  Por Alfred de Zayas (Estados Unidos), en español.

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Sobre  punto 3  de normas frente a Niveles Bajos de Contaminación por Transgénicos

El TPP asegura la contaminación ilegal de nuestros alimentos  (Lim Li Lin y  Lim Li Ching, Red del Tercer Mundo, en inglés), diciembre de 2015

 ht El TPP asegura la contaminación de nuestros alimentos

Santiago de Chile, 20 de diciembre de 2015

TPP denunciado en Naciones Unidas por transgresión a derechos humanos en Chile

Organizaciones socio-ambientales e indígenas de Chile presentaron el 13 de noviembre en Ginebra una Petición de Acción Urgente sobre el TPP, entregada  a Baskut Tunkat, relator de Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos, por Lucía Sepúlveda (RAP-AL),   mientras participaba en  la consulta sobre Derechos Humanos y Sustancias Peligrosas realizada en esa sede de Naciones Unidas  el 12 y 13 de Noviembre.

La petición (adjunta a este boletín)  fue entregada además en las oficinas de la sra. Victoria Tauli-Corpuz,  relatora de Pueblos Indígenas, el viernes 20 de noviembre, por Flor Calfunao, representante de la Misión Mapuche en Naciones Unidas,  y asimismo se hizo llegar a los relatores  David Kaye (derecho a la libertad de expresión), e Hilal Elver (derecho a la alimentación) como también a Michael Addo, del Grupo de Trabajo sobre DDHH y empresas transnacionales y a  Aldred de Zayas (experto en promoción de un orden internacional democrático). Esta petición lleva al plano internacional el creciente rechazo al TPP manifestado por una gran diversidad de organizaciones que realizan campañas orientadas a impedir la ratificación de ese acuerdo impuesto por el gobierno, cuando se lleve a votación por el Congreso.  Informar, movilizar y denunciar a los parlamentarios que voten a favor del tratado que viola los derechos humanos de los  ciudadanos son los ejes de esta campaña. 

Luego de describir el secretismo con que se negoció el tratado y denunciar cómo constituye una amenaza a los derechos ciudadanos, la petición insta a los citados personeros de Naciones Unidas a recomendar al gobierno chileno la no ratificación del tratado dado que este acuerdo amenaza los derechos de todos sus habitantes y poblaciones; también les solicita requerir al Estado que cumpla con hacer la Consulta Indígena y que proteja los conocimientos tradicionales y lugares sagrados de los Pueblos Indígenas.

El mecanismo de “Acción Urgente” se utiliza ante violaciones a los derechos humanos que requieren una respuesta rápida. Su uso se acordó el pasado 7 y 8 de noviembre, por  organizaciones participantes en el encuentro AguANte la Vida, realizado en Santiago y convocado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA. En el encuentro participaron organizaciones de todo el país que desarrollan acciones en defensa del agua, de la alimentación sana y de sus territorios amenazados por el extractivismo y los megaproyectos mineros o energéticos,  trabajando en redes.

Antonio Molpeceres, que encabeza el PNUD y es encargado del Sistema de Naciones Unidas  en Chile, se comprometió   a distribuir esta petición de Acción Urgente sobre el TPP  a las autoridades de Naciones Unidas vinculadas  con esta temática en nuestro país.

Los firmantes de esta petición son: ADEMA Putú, Agrupación de Regantes y No Regantes del Río Mostazal – Valle del Limarí, Campaña Agua 100% Chilena – Araucanía, Alerta 244, Asamblea por el Agua del Guasco Alto – Atacama, Biblioteca Mapuche Autogestionada de Temuco, C.A.C, Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, Campaña Yo No Quiero TPP 5° Región, Centro Cultural La Ventana, Centro de Estudio Social Buen Vivir –CCO, Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo, Colectivo de Comunicaciones  Mapuexpress,  Colectivo La Savia, Colectivo Mujeres de Curicó, Comité Ecológico Parque Natural Gómez Carreño, Comunidad Mapuche Trai Traiko – Panguipulli, Coordinadora Chorera de Talcahuano, CORSAP, Escuela Asamblea Constituyente, Fundación Habitar, Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, Huerto La Berenjena, Movimiento Juntos por el Agua. San Pedro de Melipilla,  Ñuble Libre, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Pacto Mundial Consciente, Parlamento Mapuche de Koz Koz, Programa Radial Semillas de Agua, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina RAP-AL, Red de Acción por los Derechos Ambientales de la Araucanía RADA, Red Defensa de los Territorios (Araucanía), Grupo Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos, Red Metropolitana No Alto Maipo, Unión Comunal de Juntas de Vecinos Teno, Valles en Movimiento (Limarí,) y Vive Curacautín (Región Araucanía).

Contacto: Lucía Sepúlveda  (RAP-Chile) 226 99 7375, cel: 900 23 729 lusr20@gmail.com Lucio Cuenca,  Observatorio Conflictos Ambientales l.cuenca@olca.cl  Alfredo Seguel,  Grupo Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos  coordinacionmapuche@gmail.com Más información en http://www.mapuexpress.org/?p=6436

II Ha llegado carta para ministros Salud, Agricultura y director Agencia Inocuidad Alimentaria

(ver posteo anterior para páginas 1 y 2 de la Carta Abierta a ministros enviada por YNQT y RAP-Chile en el marco del Día de la Soberanía Alimentaria.)

Día de la Soberanía Alimentaria: Ha llegado carta para ministro C. Furche de Agricultura, C. Castillo de Salud y Leporati (Achipia)

Continúa...

(sólo en texto: Sra. Carmen Castillo, ministra de Salud Sr. Carlos Furche, ministro de Agricultura Sr. Michel Leporati, director de ACHIPIA En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria nos dirigimos a Uds. para entregarles nuestra visión sobre los alimentos que estamos consumiendo mayoritariamente, lo cual nos aleja de la soberanía alimentaria. Hoy no podemos decidir qué producimos y qué comemos de acuerdo a nuestra cultura y necesidades. Para cambiar la realidad que aquí describimos, demandamos que su gobierno adopte políticas públicas al servicio de los consumidores y de los campesinos y campesinas que producen nuestros alimentos. Al contrario de lo que pregonan autoridades de gobierno y la agroindustria, gran parte de nuestra alimentación es de mala calidad, producida utilizando hormonas, preservantes, colorantes y grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, muchos de ellos altamente peligrosos, que dañan nuestra salud y la de quienes producen estos cultivos. Al mismo tiempo, cada vez hay más supermercados repletos de transgénicos no etiquetados, muchos de ellos alimentos procesados a la venta allí, que también constituyen un riesgo para la salud. Las ferias libres, y las ferias locales, en cambio, permiten acceder a verduras y hortalizas con menores riesgos para la salud. Pero los alimentos sanos integralmente, producidos a nivel local, con métodos agroecológicos, orgánicos o biodinámicos, sin plaguicidas, patentes ni fertlizantes, no llegan sino a una pequeña cantidad de los chilenos y chilenas. En general, esos productores no tienen canales adecuados de comercialización, y carecen del apoyo y estímulos estatales garantizados a la agroindustria. La vista gorda con el glifosato Este gobierno y particularmente los Ministerios de Agricultura y de Salud han escogido hasta ahora hacer la vista gorda ante el hecho que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha reclasificado el herbicida glifosato y otros plaguicidas asociándolos al cáncer. Los estudios presentados por la industria para lograr la aprobación de plaguicidas y transgénicos, no arrojan conclusiones válidas porque sólo analizan efectos del muy corto plazo, ocultando así su real peligrosidad. Esto quedó en evidencia con la resolución de la IARC/OMS y ya había sido demostrado en el estudio del equipo del científico francés Gilles Eric Séralini, de dos años de duración. Pero no es necesario ir muy lejos para comprobar en terreno los efectos de la agricultura fomentada por la agroindustria biotecnológica. En Argentina la organización denominada “Médicos de Pueblos Fumigados” encabezó un equipo desplegado en terreno, que encontró un alarmante aumento de cánceres y malformaciones congénitas en la localidad de Monte Maíz, Córdoba. Allí se utiliza ampliamente el glifosato y otros venenos peligrosos, también registrados y en uso en Chile. Aunque el programa de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud se plantea “eliminar o controlar los agentes que representen riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan influir de manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad, ” este ministerio no realiza una vigilancia epidemiológica específica relacionada con cáncer y exposición a plaguicidas ni desagrega por comuna la información pública relacionada con la morbilidad por cáncer y la presencia de malformaciones congénitas en las regiones de O´Higgins y del Maule, u otras. En esos territorios la agroindustria esparce cada año miles de toneladas de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos. Así se esconde la relación existente entre el uso de estos venenos y el sufrimiento de muchas familias campesinas. Estos costos ocultos de la agroindustria son una verdad incómoda que es mejor disfrazar con estadísticas generales. Escandaloso apoyo a Monsanto y ChileBio El Estado entregó nuevamente financiamiento a Monsanto y las transnacionales productoras de transgénicos para realizar investigaciones orientadas a facilitar la aprobación de leyes que introduzcan esos cultivos para el mercado interno. Según un boletín de ChileBio (el gremio de los productores de transgénicos), ejecutor del proyecto FONDEFF IDEA N° 13I10173 de Corfo junto a INIA, “los resultados de ese proyecto serán clave a la hora de legislar para la introducción de transgénicos en el país” y ya son publicitados por ChileBio en la revista Plant Biotechnology. En la revista, Miguel Ángel Sánchez, de Monsanto y ChileBio, se identifica como jefe del proyecto “Internet para el desarrollo agrícola de Chile: servicio público para estimar el impacto de coexistencia de especies vegetales genéticamente modificadas, convencionales y orgánicas”. También hay nuevos fondos estatales entregados al Consorcio BioFrutales para el desarrollo de uva transgénica y luego, de duraznos y carozos transgénicos. Se trata de tres proyectos recientemente adjudicados por InnovaChile y Fondef por $5.800 millones, por 10 años. El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos. Los supermercados nos venden alimentos procesados importados, que contienen ingredientes transgénicos, sin que exista etiquetado que permita optar por otros alimentos. El ministerio de Salud está a contrapelo de la tendencia mundial, que respalda el derecho de los consumidores a saber qué estamos comiendo. El reglamento sanitario fue modificado en 2003 a petición de la industria, para que Chile se guiara por un criterio inventado por las transnacionales agroquímicas y de la biotecnología, la llamada “equivalencia sustancial” que pretende calificar un alimento transgénico como idéntico a uno producido convencional u orgánicamente. SERNAC y MINSAL se amparan en ello para mantenernos desinformados sobre los alimentos que contienen transgénicos. Más fondos para el agronegocio Los fondos para investigación del Estado en agricultura, no se ocupan en estudiar cómo producir más sano. Discriminan a favor de la llamada “tecno ciencia”, la ciencia aplicada a resultados de innovación vinculados a los cultivos transgénicos o el desarrollo de híbridos o alimentos funcionales o a complicados sistemas tecnológicos para beneficio de la agroindustria. Este gobierno proclama su apoyo a la agricultura familiar campesina, pero órganos del Estado como INIA, FIA, la CNR y otros, así como la mayor parte de las políticas y presupuesto del ministerio de agricultura, continúan al servicio de la agroindustria. Por ejemplo, se han entregado fondos importantes para que estas instituciones desarrollen proyectos de generación de semilla “mejorada”. Los resultados de ese trabajo sin duda mejorarán los ingresos de la agroindustria, orientados a la exportación de semillas “mejoradas” o plantas de maíz, pimiento, alcachofa, o cerezo, y últimamente de la quínoa y el pepino dulce. Esas nuevas variedades, con propiedad intelectual registrada en el SAG, por su costo no estarán al alcance de los pequeños campesinos. Este tipo de “mejoramiento” genético tampoco tiene como objetivo satisfacer al consumidor sino al comercializador. Un ejemplo típico es el tomate que consumimos hoy mayoritariamente, de “larga vida” para el supermercado y los transportistas, pero sin olor ni sabor; o la sandía cuadrada para facilitar su transporte. Los cultivos desarrollados con la semilla campesina tradicional no se incentivan con ese mismo ímpetu ni con fondos generosos; no hay políticas de entrega de semilla tradicional a la agricultura familiar campesina, ni hay campañas públicas orientadas a mostrar las cualidades nutricionales de estos productos. Mientras los plaguicidas entran con arancel cero, no existen subsidios para la agricultura orgánica, Tampoco se apoya financieramente los procesos de transición de producción convencional a producción agroecológica. El Estado no está preocupado de abastecer a los comedores escolares y hospitales públicos con verduras y hortalizas sanas producidas localmente, como ocurre en Brasil y Bolivia. En Chile sólo interesa mejorar la productividad y orientar todo hacia la exportación. El gobierno también promueve la continuidad del decreto 701 de subsidio a los monocultivos de pino y eucaliptus que han dejado sin agua a las comunidades indígenas y campesinas. No es coherente apoyar la agricultura familiar campesina y continuar expandiendo estos monocultivos rechazados por su negativo impacto en el ambiente. Achipia aboga por normativas laxas Por su parte ACHIPIA, el nuevo órgano dependiente del ministerio de agricultura, que por definición debiera preocuparse de la calidad integral de los alimentos, está actuando en la práctica como portavoz de la agroindustria exportadora, orientado a convencer al público y el mercado externo que todo lo que Chile produce es de calidad. Aunque Achipia define la inocuidad de un alimento como “la garantía de que no causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine”, en 2012, la entidad no mostró ninguna preocupación por factores como los plaguicidas, que inciden en la salud de los consumidores. El funcionario de Achipia Eduardo Aylwin (actualmente asesor en temas de plaguicidas), al discutirse los LMR en alimentos, es decir los límites máximos de residuos de plaguicidas reconocidamente cancerígenos según la UE, USEPA, IARC, se opuso a que se aplicara la normativa más rigurosa. Actualmente incluso las semillas de hortalizas se recubren con venenos –insecticidas neonicotinoides- de carácter sistémico. Además de contribuir a la mortandad de abejas y a la merma de la apicultura, esas sustancias tóxicas van a estar presentes también en los alimentos. No existe norma sobre residuos de plaguicidas en miel. Las normas sobre residuos que existen no son garantía de calidad por la escasa fiscalización existente, pero sobre todo, como hemos visto en las comisiones respectivas público-privadas, han sido dictadas para ser lo más laxas posible, como resultado de la intensa presión de la industria productora de agrotóxicos, apoyados por académicos integrados a la industria. Llamamos al gobierno a prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, promover efectivamente la agroecología, etiquetar los alimentos transgénicos, retirar el proyecto de extensión del Decreto 701, y generar una política de compras públicas de alimentos sanos para escolares y hospitales públicos. Red de Acción en Plaguicidas Chile, RAP-Chile /Alianza por una Mejor Calidad de Vida/OLCA/ANAMURI/CIAL Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile Alonso de Ovalle N°1618, oficina A, Santiago Centro / 22 6997375/ 9-8858227/ rap-al@terra.cl/

En Paine, "predicando" sobre la semilla desde la glorieta del Mercado Agroecológico

Posted by Pamela Guerrero Cadegan on Sábado, 10 de octubre de 2015

RAP-Chile demanda a Bachelet prohibir el glifosato para detener la siembra de cáncer

RAP-Chile demanda a Presidenta Bachelet y SAG la prohibición inmediata del herbicida glifosato. La siembra de cáncer tiene que parar! En Chile se usa glifosato para los transgénicos (Roundup Ready), para los cultivos forestales y los convencionales. En 2013 se importaron 9.620 toneladas de herbicidas, de los cuales  la mayor parte es glifosato. Esto se usó en  las  25.040 hectáreas de maíz transgénico resistente al Roundup cultivadas en 2013 y en las 92.378 hectáreas de maíz convencional sembradas ese año, además de fumigaciones en forestales y hortalizas.

Santiago de Chile, 29 de abril de 2015/ La Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, junto a la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina RAP-AL y a la red global Pesticide Action Network,  demandaron al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y al Servicio Agrícola y Ganadero SAG  la prohibición inmediata del herbicida glifosato. La Agencia Internacional para la Investigación  del  Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente reclasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos.” La IARC concluyó que hay suficiente evidencia de que es cancerígeno en experimentos animales.

En su carta a las autoridades, RAP-Chile urgió a la Presidenta Michelle Bachelet a mostrar su voluntad política  de marcar un giro  hacia una agricultura sustentable, sana y libre de tóxicos, como ha sido demandado por las comunidades y organizaciones campesinas, las organizaciones sociales, ambientales y de consumidores.

La siembra de cáncer en Chile

Según cifras del Boletín de Insumos de ODEPA, en los años 2014 y 2013 se importaron 8.868 toneladas de herbicidas y  9.620 toneladas de herbicidas respectivamente. De esa cifra total, sabemos que la mayor parte corresponde a herbicidas que tienen en su formulación el principio activo glifosato, que  se utiliza en cultivos transgénicos pero también ampliamente en miles de hectáreas de maíz convencional, así como en plantaciones forestales, hortalizas y frutales. En Chile en la temporada 2012/2013 se cultivaron un total de 27.776 hectáreas de cultivos transgénicos resistentes al glifosato, un 83% de las cuales corresponden a semilla de maíz transgénico. El año 2013, en las regiones comprendidas entre Coquimbo y Los Lagos, se cultivaron en Chile 92.378 hectáreas de maíz convencional según cifras entregadas por ODEPA. Ese mismo año hubo 25.040 hectáreas de maíz transgénico resistente al Roundup.

“El herbicida de Monsanto, el glifosato, es peligroso para la salud de niños y adultos residentes en comunidades rurales de la Argentina”, confirmó Javier Souza, director de Pesticide Action Network  International. “Miles de personas sufren enfermedades y malestar debido al uso del glifosato, y en algunas comunidades de la Argentina  afectadas por las pulverizaciones, la tasa de personas con cáncer, es dos o cuatro veces más alta que la media normal del país.”

En Argentina se estima que unas 24 millones de hectáreas se cultivan con vegetales transgénicos, especialmente la soja,  resistente al glifosato. Allí, en 2014, cerca de trescientos millones de litros de glifosato fueron aplicados sobre el cultivo de soja y otros cultivos como hortalizas, tabaco, arboles exóticos, etc. 

Monsanto es el creador tanto del herbicida cuyo nombre comercial es RoundUp (que contiene el ingrediente activo glifosato) como de las semillas de soya, maíz y algodón transgénicos, que han sido manipuladas genéticamente en laboratorio para hacerlas resistentes al glifosato.

Este herbicida se ha convertido en el plaguicida más utilizado en el mundo, entregando billones de dólares en ganancias a esta transnacional biotecnológica. En Estados Unidos, alrededor del 94% de la soja, 89% del maíz y el 91% del algodón plantado son genéticamente modificados  para resistir al glifosato. El Roundup actualmente es fabricado también por otros productores de venenos químicos en China y otros países.

“Glifosato y otros herbicidas también han sido asociados a la resistencia a antibióticos”, dijo Judy Hatcher, vice- directora de PAN Internacional. “La combinación de probable cancerígeno y resistencia a antibióticos de los plaguicidas estrella de Monsanto, constituyen un fuertísimo llamado de atención para la comunidad global. Como un tema de mayor prioridad, los  políticos deberían mantener fuera del mercado la próxima ola de semillas transgénicas resistentes al glifosato y otras sustancias  químicas antiguas y peligrosas”, agregó.

Investigadores de Nueva Zelanda hallaron que formulaciones de herbicidas que contienen glifosato, 2,4-D y dicamba,  pueden desarrollar una resistencia a antibióticos en  bacterias que causan enfermedades, tales como E.coli y Salmonella.

A nivel global Pesticide Action Network (PAN) ha marcado un compás de espera de los próximos 60 días para que los gobiernos adopten las medidas de prohibición del glifosato y  aborden las preocupaciones señaladas en los estudios recientes.

RAP-Chile reiteró asimismo su llamado al gobierno de detener la comercialización de los plaguicidas altamente peligrosos y los neonicotinoides que matan a las abejas. Demandó en cambio políticas de promoción de la agroecología y la agricultura orgánica, que protejan a los trabajadores, consumidores y el medioambiente, y que ofrezcan una vida digna a los agricultores.

Contactos:

María Elena Rozas, coordinadora nacional RAP-Chile

RAP-AL llama a prohibir glifosato en América Latina sin más trámite

Informe IARC/OMS marzo 2015

¡Por un mundo sin plaguicidas y favoreciendo las producciones agroecológicas!

El glifosato es considerado como posible cancerígeno, no lleguemos tarde a tomar las decisiones 

Es histórica la lucha llevada a cabo por miembros de las comunidades afectadas por las pulverizaciones con glifosato, así como las evidencias que se fueron aportando desde las investigaciones en laboratorio o los monitoreos epidemiológicos comunitarios en las cuales se mostraba la relación existente entre la exposición a glifosato y el desarrollo de diferentes tipos de cánceres, la aparición de enfermedades relacionadas con la disrupción endocrina y otros problemas vinculados con el aparato respiratorio.

Ahora, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que  los plaguicidas Glifosato (nombre comercial Roundup),  Diazinon y  Malation son de  Probable efecto carcinógeno (grupo 2A) en humanos, mientras que otros dos,  Parathion y tetraclorvinfos  son de Posible efecto carcinógeno  (grupo 2B). La agencia ha publicado un informe con las evaluaciones finales en la revista The Lancet Oncology en el que se detallan los hallazgos producto de las investigaciones realizadas.

El herbicida glifosato es el plaguicida de mayor venta en muchos países de América Latina. Las investigaciones que hemos realizado en Argentina, donde glifosato es el herbicida más vendido, detectan su utilización en las producciones de cereales y oleaginosas, nogales, manzanas, tabaco, hortalizas, naranjas, yerba mate, cultivo de pinos y eucaliptos. También se utiliza en ámbitos urbanos a fin de controlar hierbas en vías férreas, banquinas, zanjas, terrenos baldíos y en las mismas veredas de zonas densamente pobladas. Asimismo hemos documentado como se incrementó el uso de glifosato en relación a la expansión de la superficie agrícola con soya transgénica y a la aparición de resistencias a este herbicida entre las plantas silvestres.  Se verifica una elevación de las dosis junto a una mayor frecuencia en la aplicación.

Lamentablemente el herbicida glifosato se ha transformado en un químico de amplio uso por parte de los agricultores como de habitantes de zonas urbanas siendo comercializado al público en general, en químicas, comercios de agrotóxicos hasta en supermercados y negocios de venta de alimentos para mascotas, sin mediar ningún tipo de restricción.

Es bien documentada la utilización de glifosato en las campañas para eliminar los cultivos de uso ilícito y de cómo esto afectó a las comunidades de Ecuador y Colombia, ya en su salud socio ambiental como en la soberanía alimentaria.

Desde RAPAL apoyamos el cambio en la categorización respecto a la probabilidad del glifosato de producir cáncer, pero manifestamos la necesidad de actuar con más premura; en muchos casos la búsqueda de mayores evidencias puede implicar un retraso en la toma de medidas urgentes. Por ello abogamos la aplicación del principio de precaución en la prohibición de productos químicos relacionados con la salud humana aunque no tengamos suficientes certezas.

La certeza puede llegar demasiado tarde para las personas expuestas directamente o indirectamente al glifosato, como a otros plaguicidas, porque ya han desarrollado enfermedades que comprometen la posibilidad de desarrollar una vida plena.   

  

Asimismo llamamos a los miembros de los Ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente de América Latina, así como a todos los tomadores de decisión a fin de encarar las medidas pertinentes que protejan la salud humana y lleven a la prohibición del uso del herbicida glifosato en la región y todo el mundo.

Cordialmente

Javier Souza Casadinho, Coordinador regional RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina)

Contacto en Chile: María Elena Rozas, Coordinadora Nacional RAP-Chile, cel 98858227