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viernes, agosto 18, 2017

Zumbido de abejas llega al Congreso chileno


Melisa Pizarro es vocera de APIValpo, la organización que nuclea a los apicultores de la región de Valparaíso.  Ovacionada por centenares de apicultores que marcharon desde la plaza Victoria hacia el Congreso, ella entregó un claro mensaje el pasado 16 de agosto al cierre: “Año tras año caen muertas las abejas. Chile es un basurero donde se vierte a destajo lo que en otros países está prohibido.  Es necesario prohibir el uso de los agrotóxicos  que matan las abejas. Que lo sepa Chile entero, queremos una ley que nos haga tener  apicultura sustentable, para que podamos trabajar.”  
 
Hace poco, Melissa vivió en carne propia el desastre, en Petorca: una fumigación aérea con plaguicidas dejó muertas de inmediato a 100 de sus colmenas de abejas y dañó a otras 200.  Ella y otras apicultoras de la región, como María Inés Carvallo y Pía Castro, dijeron “basta” a la falta de fiscalización y de regulación, y convocaron desde las bases a la histórica manifestación, replicada en Temuco por ApiNovena. En la apicultura, las mujeres son mayoría, y la organización de la marcha, la primera de este tipo, reafirmó su liderazgo en medio de la crisis que enfrenta el sector. El SAG ha negado persistentemente que en Chile sea parte del síndrome global de desaparición de las colmenas.
Con sus trajes blancos y sus ahumadores,  las y los apicultores marcharon por las calles de Valparaíso  coreando consignas como “Por las abejas y por la vida, No a los pesticidas” y pancartas alertando “En Chile matan las abejas” y “Protejan el bosque nativo”. Llegaron desde Queilén, Chiloé; de San Clemente (Maule), de Rancagua  (O’Higgins); de Santa Bárbara, Florida, y Lloicura (BioBio), de Melipilla y Paine (Metropolitana). Los locales, venían  de Limache, San Esteban, Petorca, Cabildo, Cartagena, San Antonio y otras localidades, y saludaron también las pancartas de la Red de Acción en Plaguicidas que exigían la prohibición de los neonicotinoides de Bayer y el glifosato de Monsanto.  

Tras la marcha los dirigentes fueron recibidos por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien junto a la Comisión de Agricultura de esa cámara,  se comprometió a organizar un encuentro formal con representantes de los apicultores de las diferentes regiones para conocer sus demandas.


Un objetivo común
Uno de los dirigentes, Roberto Halim, expresó a esta periodista:  “Nuestra gran pelea es contra el uso de pesticidas que matan a las abejas.  Lo importante es que todos estamos aquí con ese objetivo en común”.  Halim es secretario de la Asociación de Apicultores de Casablanca que preside Pía Castro. Su organización,   junto a ApiValparaíso y la Asociación de Apicultores de Petorca,  puso en pie de batalla a una multitud de apicultores.
Explica Halim: “Con las indicaciones sustitutivas firmadas por el gobierno, la ley que está en trámite no acoge lo fundamental, que es el fomento y la protección de las abejas y los polinizadores. Porque no están los artículos que prohibían los plaguicidas más peligrosos y no hay sanciones ni normativa para los que nos están perjudicando. Esta movilización surge por la reciente mortandad de abejas, pero también se venía gestando porque algunos de nosotros hemos estado haciendo seguimiento a los proyectos de ley por dos años y ahora sabemos lo mal que se hacen las leyes. Presentamos una propuesta que  no fue tomada en cuenta; las leyes sobre nosotros las hacen sin consultarnos. Nos invitaban a seminarios bien encima de las fechas, una vez fue dos días antes, pero nuestras intervenciones y las de los científicos no sirvieron de nada.”  
Halim hacía estas declaraciones mientras la masiva manifestación marchaba hacia el Congreso donde varios senadores  salieron del recinto para mostrar su súbita preocupación por las demandas de los apicultores. Los legisladores eran interrumpidas por apicultores que los interpelaban gritando “No a las leyes entre cuatro paredes, agricultores al poder”, o bien “Diga qué va a hacer en concreto” y “¿Por qué en Francia sí prohíben y aquí no?”

Participación de regiones

Para Roberto Halim una ley debería incluir los intereses de los diversos tipos de apicultores, incluyendo a los pequeños y a los trashumantes. Actualmente el gobierno sólo  escucha a los grandes, los exportadores. En la Comisión Nacional de Apicultura, al alero del  Ministerio de Agricultura, los empresarios de las semilleras y la agroindustria están sobrerepresentados, mientras que por los apicultores sólo está la Red Nacional Apícola. “Tiene que haber una participación de las diversas regiones, porque los problemas son diferentes”, sostiene. Por ello estima que debe haber una regulación interna para los distintos tipos de apicultores, pero también y sobre todo, debe haber un ordenamiento del uso del territorio nacional. En el tema del fomento, propone que se incorpore la capacitación, la capacidad de respuesta en emergencias y también “recursos para campaña de difusión  como las que se han hecho sobre la palta y el huevo, porque el consumo de miel de los chilenos y chilenas es muy bajo”.
El bosque en riesgo

Los apicultores tienen conciencia de la importancia del bosque nativo. Algunos de los manifestantes representaron esa inquietud. Andrea Figueroa, pequeña apicultora  de Florida, usuaria de INDAP, se vio obligada a convertirse en apicultora trashumante este año. “En mi parcela yo tenía de todo para mis abejas, pero con el incendio se quemó este verano el bosque  de boldo, arrayán y mañío que tenía y ahora tengo que trasladar mis abejas.”
Por su parte, Cristina Miranda, apicultora de Queilén, y miembro de Chiloé orgánico se mostró feliz de estar defendiendo las abejas que son su sustento. “Mis abejas están en el campo hibernando, resistiendo la nieve y también los plaguicidas porque nosotros no echamos plaguicidas a los ajos chilotes, pero muchos sí lo hacen. Este invierno ha sido duro, hubo dos nevazones, dicen los antiguos que hace 40 años era así... Nuestra miel es de calidad porque tenemos bosque nativo, pero las forestales siguen avanzando y poniendo en peligro  nuestra actividad.”.
 “Salvemos las abejas de Chile”, el lema de la marcha, quedó zumbando en el aire de un soleado agosto, cuando precisamente comienza la temporada en que aumenta el uso de plaguicidas en frutales y hortalizas.








lunes, abril 11, 2016

En Paine Monsanto ataca de nuevo


Desde la radio La Voz de Paine, sus habitantes preparan la defensa

Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Monsanto ingresó este mes un proyecto de expansión de su planta de tratamiento de semillas transgénicas e híbridas, ubicada en Paine, al sur de Santiago,  en el  Servicio de Evaluación de Ambiental, bajo la figura de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La industria no entregó un estudio de evaluación de los impactos de la programada expansión, asegurando que no son importantes. Esta es una táctica habitual en los megaproyectos, que en ocasiones es descubierta a tiempo por los afectados y/o por el Estado. Los habitantes de la localidad desconocen el proyecto, al que los ciudadanos comunes no logran acceder en la web del servicio ambiental, ideada para uso por técnicos más que por cualquier interesado.

Con una reputación cada vez peor en Europa,  la transnacional no logró imponer allí los cultivos transgénicos  y ve cuestionado en Francia y Alemania su producto estrella, el cancerígeno herbicida glifosato. Por eso, esta  industria productora de agrotóxicos y transgénicos pretende utilizar América Latina como cabeza de playa para recuperar sus ganancias, que vienen cayendo en los últimos meses. Aquí cuenta con el apoyo de las autoridades de turno. En el primer semestre del año pasado, Monsanto ganó 810 millones de dólares, un 51,4% menos que en igual período del año anterior, y aunque en el segundo trimestre mejoró,  su caída llegó a un 25,4% menos de ganancia, según informó recientemente Europa Press.  En Chile, los cultivos  de semillas transgénica de exportación des bajaron considerablemente en los últimos años, llegando en la temporada 2015-2016    a ocupar tan sólo  9.582 hectáreas, lo que podría de estar relacionado con estas pérdidas. En los años dorados de la transgenia, se llegó a cifras por sobre las 25.000 hectáreas. Pero hoy, los países informados y con ciudadanía activa,  vienen de vuelta del boom de los cultivos transgénicos y la demanda parece haber bajado.
Participación ciudadana
Las organizaciones y ciudadanos de la localidad campesina de Paine, tienen plazo hasta el viernes 15 de abril para solicitar ser incluidos en el proceso de participación ciudadana sobre el proyecto de expansión de la planta de Monsanto ubicada en su territorio.  En sus estudios, la radio La Voz de Paine está inscribiendo, de 10.30 a 18 horas, a todas las organizaciones y personas que deseen formular observaciones a la iniciativa de la industria.  En el proceso buscarán establecer los daños a la salud y el ambiente ya generados por el funcionamiento de las instalaciones actuales, una suerte de línea de base de lo que ya se ha perdido. En los consultorios locales existe preocupación por la alta incidencia de problemas de salud mental, cáncer y malformaciones congénitas en usuarios ligados directa o indirectamente a la planta de Monsanto, donde se selecciona y acopia la semilla de maíz transgénico que se exporta como grano, previo tratamiento con agrotóxicos.
La DIA es un proceso muy rápido y que no contempla legalmente participación ciudadana, la cual es obligatoria sólo en los casos en que un proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Monsanto contrató una firma consultora para implementar la
participación ciudadana  y convencer a los habitantes de las “bondades” del proyecto. A través de la consultora, La Voz de Paine tuvo las primeras noticias sobre un proyecto que  para los más informados, no presagia nada bueno.  En Paine Monsanto tiene más de 40 hectáreas, desde luego ubicadas lejos de  la plaza del pueblo, la cual pertenece  a Lucía Hiriart y su “emprendimiento” CEMA Chile.  Pero en Paine funcionan también una Cooperativa de Productores Agroecológicos y paralelamente varios productores orgánicos que forman parte del PRODESAL local. El alcalde Diego Vergara y el Concejo Municipal  no han dicho nada hasta ahora y se ignora cuáles son los compromisos que se han establecidos desde que  en el año 2013 la municipalidad firmó un convenio con la empresa.
Las debilidades de la participación ciudadana a nivel legal quedan de manifiesto frente a este proyecto, donde hay una notoria asimetría entre las partes involucradas respecto del acceso a la información y los tiempos requeridos para analizar complejos proyectos de inversión.
Existe preocupación en Paine porque se desconoce el verdadero carácter del proyecto de expansión de Monsanto. En  Argentina esta  industria, ya conocida por el impacto negativo de Roundup, su cancerígeno producto estrella,   no logró construir  una planta anunciada como "la más grande de América Latina" en el barrio Malvinas Argentinas, de Córdoba. Los terrenos del proyecto fueron ocupados por decididos pobladores del lugar, que establecieron un “acampe”  y demandas judiciales que impidieron su avance. Un eventual traslado de ese proyecto a Paine  no se descarta. Monsanto calla.


El TPP y la semilla

Aun disfruta Monsanto la ratificación del Tratado Transpacífico TPP por la Presidenta Bachelet , que por esa vía aseguró a la empresa la aprobación de la Ley Monsanto (de obtentores vegetales) retirada del Senado en 2014. El TPP, en cuya redacción participaron Monsanto y los lobbystas de la industria biotecnológica, obliga a Chile a ratificar el convenio UPOV 91, para lo cual el gobierno deberá resucitar esa ley que había sido abortada por la presión social y está asociada al Convenio UPOV91.  Pero la transnacional no descansa. Siempre quiere más y ya no disimula, alentada porque de aprobarse el TPP, estaremos en realidad bajo su gobierno, el de las transnacionales. Uno de los artículos del proyecto establece un comité especial de inversores que supervigilará los proyectos de ley actuales y futuros relacionados con el comercio agrícola.  La expansión de la planta  permitirá que Monsanto se haga más fuertes en sus cuarteles graneleros de Paine.

Pero en la localidad, la comunidad ya logró detener en 2014 un proyecto que también empezó con una declaración de impacto ambiental que ocultaba los verdaderos alcances de la iniciativa impulsada por la CCU: una planta que amenazaba su suministro de agua .  La declaración de impacto ambiental de la empresa del grupo Luksic fue rechazada por el Servicio Ambiental. Los habitantes de esta ciudad, organizados en el Comité “No a la CCU” exigieron la realización de un estudio de impacto ambiental,  y lograron detener el proyecto de esa empresa del grupo Luksic mostrando una gran capacidad de organización y lucha. Ahora, en su reacción contra la expansión de Monsanto que los convertiría en una nueva zona de sacrificio,  sin duda recogerán las lecciones aprendidas de esa experiencia y serán apoyados por los defensores de la semilla campesina y del buen vivir.



jueves, diciembre 03, 2015

En Chile se venden sin restricciones plaguicidas cancerígenos y altamente peligrosos


Este año, en esta fecha enfatizamos nuestra demanda al gobierno sobre  la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, como el glifosato, probable cancerígeno y los insecticidas neonicotinoides que matan las abejas.


El 3 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL POR EL NO USO DE PLAGUICIDAS para hacer un llamado de atención, especialmente a las autoridades, sobre los graves problemas sanitarios y ambientales que genera el uso de agrotóxicos a nivel global y nacional.
​



Esta fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 500.000 personas intoxicadas y más de 16.000 personas fallecidas esa noche en Bophal, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del  gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas.  Actualmente, más de 100.000 personas sufren enfermedades crónicas producto de esta catástrofe. Los muertos llegan  a más de 25.000.

Este y muchos otros graves accidentes siguen ocurriendo en el mundo desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agrotóxicos. Se ha contaminado el aire, suelos, aguas y alimentos causando profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos.


El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas, como también a quienes consumimos, sin saberlo, alimentos con residuos de agrotóxicos, muchos de ellos persistentes en el ambiente, bioacumulables en los organismos,  y altamente peligrosos.



En América Latina el uso de plaguicidas ha intoxicado a millones de personas y ha cobrado miles de víctimas, muchos de ellos niños. Sin embargo, nadie ha asumido la responsabilidad por estos crímenes que permanecen impunes. Sólo en Brasil hay más de un millón y medio de trabajadores rurales intoxicados crónicos por esta causa.



En Chile, hay registrados plaguicidas con efectos cancerígenos que se venden sin restricciones, y su uso causa  malformaciones congénitas y alteraciones de los sistemas nervioso, reproductivo e inmunológico. También se registran y usan los insecticidas neonicotinoides que matan las abejas y otros insectos benéficos. En 2015, además de la producción nacional, entre enero y octubre se importaron 16.089 toneladas de agrotóxicos, con una variación de 3,8 % respecto al mismo periodo de 2014.



Según el Ministerio de Salud, en 2012 hubo 849 intoxicaciones agudas; en 2013, fueron 552. En 2014 suben a 825, y a al mes de junio de 2015,  hay 224 casos notificados y confirmados de intoxicaciones agudas por plaguicidas. A estas cifras  hay que agregar 3  casos de intoxicación masiva recientes; uno de ellos ocurrió el 30 de octubre de 2015 y afectó a 24 personas, entre ellos un bebé. A raíz de este incidente, doce alumnos y cuatro  profesores del Liceo Parroquial Teresita de Los Andes fueron derivados al hospital San Camilo de San Felipe. El segundo caso reciente ocurrió el 15 de noviembre en la comuna de Rinconada de los Andes, donde resultó intoxicada una familia de seis personas, entre ellos una mujer embarazada y tres niños. Un tercer caso ocurrió el 16 de noviembre en el sector de Víctor Koërner, limítrofe entre las comunas de Los Andes y Calle Larga afectando a un número indeterminado de vecinos del sector. Pero los incidentes de este tipo en realidad suman entre 3.500 y 4.000 casos anuales,  porque se estima que en el país sólo se notifica 1 de cada 5 casos de intoxicación aguda. En relación a la intoxicación crónica, no hay estadísticas ni vigilancia epidemiológica.



Por un Chile  libre de plaguicidas, transgénicos, y por una alimentación sana, exigimos que se prohíba el uso de los PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS (PAP) por sus efectos agudos y crónicos (según la OMS y FAO) y  se lleven a cabo políticas públicas que apoyen la producción orgánica y agroecológica para avanzar hacia sistemas alimentarios inclusivos, con producción de alimentos saludables y protección de las y los trabajadores agrícolas, personas, flora, fauna y ecosistemas.

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/

RAP-Chile / ANAMURI/ OLCA/ CIAL.                                                              

Red de Acción en Plaguicidas y sus  Alternativas para América Latina  (RAP-AL

miércoles, octubre 14, 2015

II Ha llegado carta para ministros Salud, Agricultura y director Agencia Inocuidad Alimentaria

(ver posteo anterior para páginas 1 y 2 de la Carta Abierta a ministros enviada por YNQT y RAP-Chile en el marco del Día de la Soberanía Alimentaria.)

Día de la Soberanía Alimentaria: Ha llegado carta para ministro C. Furche de Agricultura, C. Castillo de Salud y Leporati (Achipia)

Continúa...
(sólo en texto: Sra. Carmen Castillo, ministra de Salud Sr. Carlos Furche, ministro de Agricultura Sr. Michel Leporati, director de ACHIPIA En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria nos dirigimos a Uds. para entregarles nuestra visión sobre los alimentos que estamos consumiendo mayoritariamente, lo cual nos aleja de la soberanía alimentaria. Hoy no podemos decidir qué producimos y qué comemos de acuerdo a nuestra cultura y necesidades. Para cambiar la realidad que aquí describimos, demandamos que su gobierno adopte políticas públicas al servicio de los consumidores y de los campesinos y campesinas que producen nuestros alimentos. Al contrario de lo que pregonan autoridades de gobierno y la agroindustria, gran parte de nuestra alimentación es de mala calidad, producida utilizando hormonas, preservantes, colorantes y grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, muchos de ellos altamente peligrosos, que dañan nuestra salud y la de quienes producen estos cultivos. Al mismo tiempo, cada vez hay más supermercados repletos de transgénicos no etiquetados, muchos de ellos alimentos procesados a la venta allí, que también constituyen un riesgo para la salud. Las ferias libres, y las ferias locales, en cambio, permiten acceder a verduras y hortalizas con menores riesgos para la salud. Pero los alimentos sanos integralmente, producidos a nivel local, con métodos agroecológicos, orgánicos o biodinámicos, sin plaguicidas, patentes ni fertlizantes, no llegan sino a una pequeña cantidad de los chilenos y chilenas. En general, esos productores no tienen canales adecuados de comercialización, y carecen del apoyo y estímulos estatales garantizados a la agroindustria. La vista gorda con el glifosato Este gobierno y particularmente los Ministerios de Agricultura y de Salud han escogido hasta ahora hacer la vista gorda ante el hecho que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha reclasificado el herbicida glifosato y otros plaguicidas asociándolos al cáncer. Los estudios presentados por la industria para lograr la aprobación de plaguicidas y transgénicos, no arrojan conclusiones válidas porque sólo analizan efectos del muy corto plazo, ocultando así su real peligrosidad. Esto quedó en evidencia con la resolución de la IARC/OMS y ya había sido demostrado en el estudio del equipo del científico francés Gilles Eric Séralini, de dos años de duración. Pero no es necesario ir muy lejos para comprobar en terreno los efectos de la agricultura fomentada por la agroindustria biotecnológica. En Argentina la organización denominada “Médicos de Pueblos Fumigados” encabezó un equipo desplegado en terreno, que encontró un alarmante aumento de cánceres y malformaciones congénitas en la localidad de Monte Maíz, Córdoba. Allí se utiliza ampliamente el glifosato y otros venenos peligrosos, también registrados y en uso en Chile. Aunque el programa de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud se plantea “eliminar o controlar los agentes que representen riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan influir de manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad, ” este ministerio no realiza una vigilancia epidemiológica específica relacionada con cáncer y exposición a plaguicidas ni desagrega por comuna la información pública relacionada con la morbilidad por cáncer y la presencia de malformaciones congénitas en las regiones de O´Higgins y del Maule, u otras. En esos territorios la agroindustria esparce cada año miles de toneladas de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos. Así se esconde la relación existente entre el uso de estos venenos y el sufrimiento de muchas familias campesinas. Estos costos ocultos de la agroindustria son una verdad incómoda que es mejor disfrazar con estadísticas generales. Escandaloso apoyo a Monsanto y ChileBio El Estado entregó nuevamente financiamiento a Monsanto y las transnacionales productoras de transgénicos para realizar investigaciones orientadas a facilitar la aprobación de leyes que introduzcan esos cultivos para el mercado interno. Según un boletín de ChileBio (el gremio de los productores de transgénicos), ejecutor del proyecto FONDEFF IDEA N° 13I10173 de Corfo junto a INIA, “los resultados de ese proyecto serán clave a la hora de legislar para la introducción de transgénicos en el país” y ya son publicitados por ChileBio en la revista Plant Biotechnology. En la revista, Miguel Ángel Sánchez, de Monsanto y ChileBio, se identifica como jefe del proyecto “Internet para el desarrollo agrícola de Chile: servicio público para estimar el impacto de coexistencia de especies vegetales genéticamente modificadas, convencionales y orgánicas”. También hay nuevos fondos estatales entregados al Consorcio BioFrutales para el desarrollo de uva transgénica y luego, de duraznos y carozos transgénicos. Se trata de tres proyectos recientemente adjudicados por InnovaChile y Fondef por $5.800 millones, por 10 años. El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos. Los supermercados nos venden alimentos procesados importados, que contienen ingredientes transgénicos, sin que exista etiquetado que permita optar por otros alimentos. El ministerio de Salud está a contrapelo de la tendencia mundial, que respalda el derecho de los consumidores a saber qué estamos comiendo. El reglamento sanitario fue modificado en 2003 a petición de la industria, para que Chile se guiara por un criterio inventado por las transnacionales agroquímicas y de la biotecnología, la llamada “equivalencia sustancial” que pretende calificar un alimento transgénico como idéntico a uno producido convencional u orgánicamente. SERNAC y MINSAL se amparan en ello para mantenernos desinformados sobre los alimentos que contienen transgénicos. Más fondos para el agronegocio Los fondos para investigación del Estado en agricultura, no se ocupan en estudiar cómo producir más sano. Discriminan a favor de la llamada “tecno ciencia”, la ciencia aplicada a resultados de innovación vinculados a los cultivos transgénicos o el desarrollo de híbridos o alimentos funcionales o a complicados sistemas tecnológicos para beneficio de la agroindustria. Este gobierno proclama su apoyo a la agricultura familiar campesina, pero órganos del Estado como INIA, FIA, la CNR y otros, así como la mayor parte de las políticas y presupuesto del ministerio de agricultura, continúan al servicio de la agroindustria. Por ejemplo, se han entregado fondos importantes para que estas instituciones desarrollen proyectos de generación de semilla “mejorada”. Los resultados de ese trabajo sin duda mejorarán los ingresos de la agroindustria, orientados a la exportación de semillas “mejoradas” o plantas de maíz, pimiento, alcachofa, o cerezo, y últimamente de la quínoa y el pepino dulce. Esas nuevas variedades, con propiedad intelectual registrada en el SAG, por su costo no estarán al alcance de los pequeños campesinos. Este tipo de “mejoramiento” genético tampoco tiene como objetivo satisfacer al consumidor sino al comercializador. Un ejemplo típico es el tomate que consumimos hoy mayoritariamente, de “larga vida” para el supermercado y los transportistas, pero sin olor ni sabor; o la sandía cuadrada para facilitar su transporte. Los cultivos desarrollados con la semilla campesina tradicional no se incentivan con ese mismo ímpetu ni con fondos generosos; no hay políticas de entrega de semilla tradicional a la agricultura familiar campesina, ni hay campañas públicas orientadas a mostrar las cualidades nutricionales de estos productos. Mientras los plaguicidas entran con arancel cero, no existen subsidios para la agricultura orgánica, Tampoco se apoya financieramente los procesos de transición de producción convencional a producción agroecológica. El Estado no está preocupado de abastecer a los comedores escolares y hospitales públicos con verduras y hortalizas sanas producidas localmente, como ocurre en Brasil y Bolivia. En Chile sólo interesa mejorar la productividad y orientar todo hacia la exportación. El gobierno también promueve la continuidad del decreto 701 de subsidio a los monocultivos de pino y eucaliptus que han dejado sin agua a las comunidades indígenas y campesinas. No es coherente apoyar la agricultura familiar campesina y continuar expandiendo estos monocultivos rechazados por su negativo impacto en el ambiente. Achipia aboga por normativas laxas Por su parte ACHIPIA, el nuevo órgano dependiente del ministerio de agricultura, que por definición debiera preocuparse de la calidad integral de los alimentos, está actuando en la práctica como portavoz de la agroindustria exportadora, orientado a convencer al público y el mercado externo que todo lo que Chile produce es de calidad. Aunque Achipia define la inocuidad de un alimento como “la garantía de que no causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine”, en 2012, la entidad no mostró ninguna preocupación por factores como los plaguicidas, que inciden en la salud de los consumidores. El funcionario de Achipia Eduardo Aylwin (actualmente asesor en temas de plaguicidas), al discutirse los LMR en alimentos, es decir los límites máximos de residuos de plaguicidas reconocidamente cancerígenos según la UE, USEPA, IARC, se opuso a que se aplicara la normativa más rigurosa. Actualmente incluso las semillas de hortalizas se recubren con venenos –insecticidas neonicotinoides- de carácter sistémico. Además de contribuir a la mortandad de abejas y a la merma de la apicultura, esas sustancias tóxicas van a estar presentes también en los alimentos. No existe norma sobre residuos de plaguicidas en miel. Las normas sobre residuos que existen no son garantía de calidad por la escasa fiscalización existente, pero sobre todo, como hemos visto en las comisiones respectivas público-privadas, han sido dictadas para ser lo más laxas posible, como resultado de la intensa presión de la industria productora de agrotóxicos, apoyados por académicos integrados a la industria. Llamamos al gobierno a prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, promover efectivamente la agroecología, etiquetar los alimentos transgénicos, retirar el proyecto de extensión del Decreto 701, y generar una política de compras públicas de alimentos sanos para escolares y hospitales públicos. Red de Acción en Plaguicidas Chile, RAP-Chile /Alianza por una Mejor Calidad de Vida/OLCA/ANAMURI/CIAL Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile Alonso de Ovalle N°1618, oficina A, Santiago Centro / 22 6997375/ 9-8858227/ rap-al@terra.cl/

lunes, marzo 23, 2015

RAP-AL llama a prohibir glifosato en América Latina sin más trámite



Informe IARC/OMS marzo 2015

¡Por un mundo sin plaguicidas y favoreciendo las producciones agroecológicas!

El glifosato es considerado como posible cancerígeno, no lleguemos tarde a tomar las decisiones 

Es histórica la lucha llevada a cabo por miembros de las comunidades afectadas por las pulverizaciones con glifosato, así como las evidencias que se fueron aportando desde las investigaciones en laboratorio o los monitoreos epidemiológicos comunitarios en las cuales se mostraba la relación existente entre la exposición a glifosato y el desarrollo de diferentes tipos de cánceres, la aparición de enfermedades relacionadas con la disrupción endocrina y otros problemas vinculados con el aparato respiratorio.

Ahora, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que  los plaguicidas Glifosato (nombre comercial Roundup),  Diazinon y  Malation son de  Probable efecto carcinógeno (grupo 2A) en humanos, mientras que otros dos,  Parathion y tetraclorvinfos  son de Posible efecto carcinógeno  (grupo 2B). La agencia ha publicado un informe con las evaluaciones finales en la revista The Lancet Oncology en el que se detallan los hallazgos producto de las investigaciones realizadas.

El herbicida glifosato es el plaguicida de mayor venta en muchos países de América Latina. Las investigaciones que hemos realizado en Argentina, donde glifosato es el herbicida más vendido, detectan su utilización en las producciones de cereales y oleaginosas, nogales, manzanas, tabaco, hortalizas, naranjas, yerba mate, cultivo de pinos y eucaliptos. También se utiliza en ámbitos urbanos a fin de controlar hierbas en vías férreas, banquinas, zanjas, terrenos baldíos y en las mismas veredas de zonas densamente pobladas. Asimismo hemos documentado como se incrementó el uso de glifosato en relación a la expansión de la superficie agrícola con soya transgénica y a la aparición de resistencias a este herbicida entre las plantas silvestres.  Se verifica una elevación de las dosis junto a una mayor frecuencia en la aplicación.
Lamentablemente el herbicida glifosato se ha transformado en un químico de amplio uso por parte de los agricultores como de habitantes de zonas urbanas siendo comercializado al público en general, en químicas, comercios de agrotóxicos hasta en supermercados y negocios de venta de alimentos para mascotas, sin mediar ningún tipo de restricción.
Es bien documentada la utilización de glifosato en las campañas para eliminar los cultivos de uso ilícito y de cómo esto afectó a las comunidades de Ecuador y Colombia, ya en su salud socio ambiental como en la soberanía alimentaria.

Desde RAPAL apoyamos el cambio en la categorización respecto a la probabilidad del glifosato de producir cáncer, pero manifestamos la necesidad de actuar con más premura; en muchos casos la búsqueda de mayores evidencias puede implicar un retraso en la toma de medidas urgentes. Por ello abogamos la aplicación del principio de precaución en la prohibición de productos químicos relacionados con la salud humana aunque no tengamos suficientes certezas.
La certeza puede llegar demasiado tarde para las personas expuestas directamente o indirectamente al glifosato, como a otros plaguicidas, porque ya han desarrollado enfermedades que comprometen la posibilidad de desarrollar una vida plena.   
  
Asimismo llamamos a los miembros de los Ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente de América Latina, así como a todos los tomadores de decisión a fin de encarar las medidas pertinentes que protejan la salud humana y lleven a la prohibición del uso del herbicida glifosato en la región y todo el mundo.
Cordialmente
Javier Souza Casadinho, Coordinador regional RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina)
Contacto en Chile: María Elena Rozas, Coordinadora Nacional RAP-Chile, cel 98858227
 

lunes, agosto 05, 2013

Monsanto y el “desembarco” de los transgénicos



En Punto Final Nº 786 (26 de julio al 8 de agosto)
Por Lucía Sepúlveda Ruiz

El académico Andrés E. Carrasco  no tiene problemas para exponer los negativos efectos generados por los cultivos transgénicos en su país, Argentina, donde Monsanto levanta tres gigantescas plantas de procesamiento de semillas transgénicas en Córdoba y Tucumán. El doctor Carrasco dirige el laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Conicet, la Comisión de Investigación Científica y Técnica.  Disertó sobre agronegocios, extractivismo y tecnociencia en la universidad de  Bogotá, y luego participó activamente en la jornada que realizó a fines de mayo en ese país la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, RALLT. Allí lo entrevistó Punto Final. 
¿Qué pasó después que usted  en 2009 decidió dar a conocer los resultados de sus experimentos sobre el glifosato, y la relación con malformaciones congénitas que se presentan en fetos humanos expuestos a ese herbicida?
“Las madres afectadas,  organizadas en Córdoba y localidades vecinas a los cultivos de soja, comenzaron a buscarme para entender más de lo que les estaba ocurriendo con las fumigaciones aéreas con glifosato. Desde los círculos oficiales fui objetado porque di a conocer  esos resultados antes de que salieran en una revista científica. Yo soy médico, e investigo para la gente, porque esto afecta a la gente y deben saberlo cuanto antes. Desde entonces he estado vinculado a la lucha de esas madres y cuando el año 2012 se realizó un juicio inédito en Ituizangó, Córdoba, por las fumigaciones aéreas con glifosato, fui uno de los testigos que explicó al tribunal la relación entre las malformaciones,  el cáncer y las aspersiones aéreas con glifosato. Las Madres de Ituizango obtuvieron un fallo a su favor, que reconoció que esas fumigaciones eran un delito.
Luego de una charla en Alemania sobre el glifosato, hubo funcionarios que viajaron tratando sin éxito  de desmentirme. Ese primer estudio -Herbicidas basados en Glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del acido retinoico - (Glyphosate-based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signaling)   fue publicado en 2010 en la revista científica Chemical Research Toxicology. En 2013 junto a un equipo publiqué en  la revista Advances in Molecular Toxicology una Revisión de los Efectos de los Plaguicidas Usados en los Cultivos Transgénicos en América Latina, (Pesticides Used in South American GMO-Based Agriculture: a Review of their effects on Humans and Animal Models).  
Científico polémico
El profesor Andrés E.Carrasco no para de investigar y de informar. Durante la reunión de la RALLT sus estudiantes  le informaron por twitter que habían hecho importantes hallazgos sobre toxicidad del glufosinato de amonio, un herbicida utilizado en cultivos transgénicos, y él resplandecía. “Estoy feliz de trabajar con ellos, hay una nueva generación de científicos con otra mirada. Creo que me lo merezco”, dijo a PF. Tiene dos hijos, uno es diseñador gráfico y la hija , actriz. El doctor Carrasco además revela verdades en su programa semanal de radio, “Silencio Cómplice”, en FM Tribu. Cuando sus hallazgos incomodaron al oficialismo renunció voluntariamente al cargo de subsecretario de Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa, que ocupó en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.  
¿Qué evidencias puede citar sobre efectos nocivos de los agroquímicos?
“A partir de entonces se han generado diversos estudios en el mundo y en Argentina. Uno de los más recientes,  mayo de 2012, “Relación entre el uso de agroquímicos y el estado sanitario” fue liderado por Mirta Liliana Ramírez, investigadora del Conicet. Documenta el aumento de cáncer y malformaciones en zonas sojeras y arroceras de  la provincia del Chaco, con  uso intensivo de los plaguicidas endosulfan, glifosato, paraquat y cipermetrina, entre otros. El informe fue entregado al Ministerio de Salud, pero no tuvo respuesta. Se realizaron 2.500 encuestas y revisión de datos oficiales, concluyendo que por ejemplo en Avia Terai, una localidad  rodeada de cultivos de soja y girasol fumigados entre diez y doce veces al año, el 31,3 por ciento de la población relevada declara haber tenido algún familiar con cáncer. Los muy altos índices de cáncer, y también de discapacidad, se repitieron en otras tres ciudades cercadas por campos transgénicos: Campo Largo, Napenay y La Leonesa.  Además, una investigación de la Facultad de Medicina de Rosario, encabezada por el doctor  Damián Verzeñassi comprobó en la localidad agroindustrial de Bovril, Entrerríos,  un notable incremento de los casos de cáncer. En la última década pasó a ser la principal causa de muerte. La incidencia de cáncer allí es de 236,78 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa media en Argentina para el año 2008 era de 206 por cada cien mil habitantes.”
¿Y las malformaciones congénitas?
“Hay 10 millones de personas que viven en los territorios ocupados por cultivos transgénicos, que son 23.5 millones de hectáreas, de las cuales un 40% está en manos de tan sólo un 3% de productores. Está probado que en diez años las malformaciones en ese territorio han aumentado en un 400%. La doctora Trombotto, del Hospital de Obstetricia y Neonatología de  la Universidad Nacional de Córdoba estudió en 111 mil recién nacidos la prevalencia de malformaciones congénitas mayores (MCM) de tipo craneofacial, gastroschisis (defecto en la pared abdominal anterior a través del cual los contenidos abdominales sobresalen libremente) y extremidades, concluyendo que en 1991 la tasa era de 16.2 por cada 10.000 nacidos y en 2003, subió a 37.1 por cada diez mil nacidos.”


¿Por qué dice que no hay que hablar por separado de transgénicos y plaguicidas?
“Porque cuando en la discusión se separa los plaguicidas de los transgénicas, hay una pérdida de consistencia en las raíces del problema. Es como si unos vieran los agrotóxicos sólo por sus efectos en los insectos, otros sobre las malezas y otros sobre los alimentos, por separado. Cuando un problema es así de complejo, no es una sumatoria. Todos tienen un tronco común geopolítico. Siguiendo el pensamiento de Aníbal Quijano podemos decir que en América no hubo  descolonización cultural y predomina una obediencia epistémica  a la manera europea. Con el genocidio colonial se destruyeron también las formas de pensar, los códigos y miradas de la naturaleza que fueron  remplazados por la mirada europea. Para encarar los problemas de hoy no podemos seguir en esa misma lógica. Observo un despertar de pueblos originarios. En algunos lugares hay miradas que permiten ver de otra manera lo que ocurre cuando los imperios quieren recuperar el control para utilizar los recursos naturales, que para nosotros son los bienes comunes.  Para descolonizar el poder,  tenemos que pensar  desde América.
EL CASO DE CHILE
¿Qué juicio le merecen las evaluaciones  de riesgo que hacen las empresas?
Las empresas manejan también nuestra discusión. Las corporaciones mineras, farmacéuticas y biotecnológicas son redes de poder que expresan las tendencias de dominación de algunas sociedades sobre otras. Son los nuevos “marines”, son formas de ocupación que separan a la gente de la tierra. Generan espacios para que discutamos sobre ello, sin darnos cuenta de que hay una  ocupación literal de territorios para apoderarse de ellos. En el caso de Chile, es la minería y la producción de semillas para el hemisferio norte. Si el imperio me hace fabricar semillas transgénicas, soy un comodín en el juego global, ya no tengo identidad. El país cede y le permite un espacio de poder. Paraguay es una víctima del avance neocolonial y Honduras también. Monsanto no tiene derecho a hacer lo que quiere con  los pueblos. Eso es un acto de neocolonialismo.”
¿Y cómo salimos de esta lógica?
“Creo que las alternativas las tienen los pueblos originarios por su forma de relacionarse con la naturaleza. Hay que definirnos entre  vivir para cuidar la naturaleza o para apropiarnos de ella, por ejemplo a través de las patentes. Los conquistadores partieron haciendo la ‘taxonomía’ la clasificación del mundo vivo. “Te doy la vida” y te nombro. Hoy que ya destruyeron la tierra, pretenden crear otra Naturaleza…y sacar a la gente de los territorios. Esta es una construcción mental europea y también de Estados Unidos que heredó lo peor de ese pensamiento. Por eso entiendo la lucha contra los extractivismos, por ejemplo, de los docentes de Famatima, en La Rioja; ellos no quieren que la montaña sea destruida, vaciada por un megaproyecto minero canadiense. Los pueblos originarios sabían hacer las cosas, sabían que no podían destruir. Hemos retrocedido. 
¿Cómo llegó a adoptar esta postura frente a la ciencia?

"Ya en los años 70 la ciencia dura entró en crisis. Las preguntas que yo me hacía no me las iba a contestar la ciencia reduccionista. Por eso leo los clásicos pero también voy al pensamiento de América Latina, a Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Walter Mignolo, Iván Ilich. No me quiero anotar en la modernidad. ¡Qué certeza científica ni qué ocho cuartos! Para dominar la naturaleza se pierde trascendencia. Busco instaurar una mirada alternativa que conviva con la dominante, que haya una multipolaridad del pensamiento. No quiero que sigamos llevándonos por delante a la naturaleza, usándola como un lugar de dominación y de poder."