Diputado Lemus votará No al TPP

 Interpelado por vecinos y campesinos, el diputado Luis Lemus (PS, distrito 9 de Coquimbo) anunció en El Maitén el 30 de octubre, que votará en contra del TPP. No forma parte de esa mayoría

que está a favor del pacto y que ya lo ha notificado al gobierno, en respuesta a una vecina,  en la reunión realizada en la sede de El Maitén, localidad del valle de El Mostazal ubicado en la comuna coquimbana de Montepatria. Allí se le interrogó por el tema, debido a que el TPP obliga a Chile a ratificar el Convenio UPOV/91 que en castellano es la Ley Monsanto de privatización de la semilla campesina e indígena. El motivo del encuentro,  convocado por  organizaciones locales, era buscar apoyo luego de las nevazones recientes que quemaron cultivos en floración, como nogales y damascos. 

Lemus representa las comunas de Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui, Salamanca (distrito 9) de la Región de Coquimbo, zona donde se encuentra el mayor porcentaje de plantaciones frutícolas del país, según un estudio de CIREN.  

En la reunión se encontraba también el Seremi de agricultura Andrés Chiang quien aportó a la discusión recordando que “el gobierno en 2014 bajó una ley que privatizaba la semilla, no recuerdo el número, pero le decían la ley Monsanto”.

Otros votantes del No

A comienzos de octubre adhirieron a la Plataforma Chile Mejor sin TPP,​ los siguientes parlamentarios: Gabriel Boric, Diputado por el distrito 60, XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; Giorgio Jackson, diputado por el distrito 22: Región Metropolitana; Alejandro Navarro, senador por la circunscripción: 12 (Biobío Costa);  Gaspar Rivas, diputado por el Distrito 11: V Región de Valparaíso, y  Camila Vallejo, Diputada por el Distrito 26: RM Región Metropolitana.

La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile inició la última semana de octubre una interpelación masiva a todos los parlamentarios respecto de su posición sobre el TPP, en paralelo con  información al público – y a los propios diputados y senadores - sobre las consecuencias del tratado negociado en secreto durante cinco años. La privatización de la semilla y del acceso al conocimiento están entre los negativos impactos de esta alianza,  que además entrega la soberanía del país, impidiendo que en el futuro el país pueda dictar nuevas leyes como la moratoria a los transgénicos, el etiquetado de ese tipo de alimentos, o la prohibición de plaguicidas cancerígenos. El tratado congela la actual legislación, ya que iniciativas posteriores al tratado, podrán ser consideradas dañinas a la inversión y los intereses de los países firmantes, en especial Estados Unidos que encabezó la negociación.  Hasta la fecha ni  ciudadanos ni  parlamentarios conocen el contenido total del tratado cuya aceptación fue comunicada oficialmente por la presidenta Bachelet. Sólo conocemos el capítulo sobre Propiedad Intelectual filtrado por Wikileaks, y luego confirmado en su contenido por el gobierno.

Nota: la grabación citada incluye la pregunta (fundamentada) y la respuesta de Lemus (breve y clara).

INFORMAR Y DENUNCIAR A QUIEN VOTE SI AL TPP

Iniciamos a partir de ahora un despliegue comunicacional y ciudadano destinado a informar, movilizar y denunciar expresando nuestro rechazo al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Nos proponemos alinear a los parlamentarios en el rechazo a este tratado secreto cuya aprobación fue anunciada por la Presidenta Bachelet. Tal como hicimos con éxito en 2014 cuando el Senado debatía la Ley Monsanto, denunciaremos (funa!) a los parlamentarios que tácita o expresamente estén a favor del TPP, dado que en su trámite por el Congreso sólo podrán votar sí o no. El Sí significará la aprobación de la Ley Monsanto/Convenio UPOV 9 1.

 Nos declaramos en estado de movilización y alerta junto a todas las organizaciones ciudadanas que a nivel nacional y también global, en especial en Perú y México, defienden sus derechos frente a esta imposición del gobierno y las transnacionales. Este es  un tratado secreto inaceptable en democracia. El gobierno no ha podido  demostrar ningún beneficio para Chile derivado de este acuerdo. Por el contrario hay impactos negativos para la soberanía del país, para la agricultura, la salud, el derecho a la comunicación, la información y los derechos humanos.

Como campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile y organizaciones ambientales, sociales y de consumidores defensoras de la semilla, la agroecología y la soberanía alimentaria, centraremos nuestra denuncia en los impactos negativos del TPP al patrimonio genético del país, y el consiguiente daño a la soberanía alimentaria. Asimismo a través de “TPP Abierto” y de la “Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP”  unimos nuestras demandas a las de quienes se enfocan en las otras materias que abarca el tratado, y cuya adopción implicará la violación de derechos humanos y de los pueblos originarios que el Estado está obligado a resguardar. Nos preocupa especialmente la privatización de la semilla y del conocimiento. Hay una limitación  del acceso a la información por Internet a quienes pueden pagar por ello y fuerte penalización de las infracciones. En un contexto de secretismo del Estado chileno y las empresas sobre información relacionada con la salud, está amenazada además la investigación periodística y de sectores interesados en develar los daños al ambiente y el patrimonio genético.

 

La Ley Monsanto vía TPP

El tratado, en su artículo QQA.O punto 2c, exige a Chile ratificar el Convenio UPOV 91, que es la versión internacional de la Ley Monsanto de privatización de la semilla, tal como lo filtró Wikileaks. Los términos del Convenio UPOV 91 se repiten tal cual en la Ley Monsanto. Esta exigencia la constatamos en la reunión del llamado Cuarto Adjunto, un tardío espacio abierto por el gobierno para que la sociedad civil conozca los contenidos del tratado secreto. El proyecto de ley Monsanto = UPOV 91 fue retirado en marzo de 2014 de la discusión en el Congreso por la presión social, con lo cual Monsanto y las transnacionales biotecnológicas sufrieron una derrota. El gobierno no pudo entonces suscribir el convenio UPOV 91 que impide el libre intercambio de semillas, pone en riesgo el patrimonio genético, y genera condiciones para la expansión de los cultivos transgénicos. Pero ahora este tratado, que defiende los intereses del agronegocio y las corporaciones, forzará la aprobación de la ley Monsanto para cumplir con la exigencia de ratificación del Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla campesina e indígena. 

Asociamos la inclusión del UPOV 91 y de diversos mecanismos que benefician al agronegocio a la tarea desarrollada desde el inicio por Islam Siddiqui, el negociador (hasta 2013) del gobierno de Estados Unidos para temas de agricultura. Siddiqui se desempeñaba anteriormente como lobbista de Monsanto y vicepresidente de Crop Life, que agrupa también a Syngenta, Dupont/Pioneer y Dow.

La privatización de  la semilla y del acceso a información ocupa mucho espacio a lo largo del tratado en diversos capítulos, sin embargo sobre el acceso libre a la semilla o a un bien, en  QQ.B.x:l sólo hay 2 frases destinadas a reconocer en forma general y no vinculante  el dominio público. No hay garantías tampoco para asegurar que las semillas registradas vuelvan al dominio público y estén disponibles efectivamente una vez terminado el tiempo de registro acordado por la normativa.

Conocimiento tradicional

El capítulo referido a la propiedad intelectual  incluye también párrafos sobre el conocimiento tradicional (ancestral) llamando en el punto QQ.B.xx:d) a establecer “cooperación” para capacitar en la entrega de  patentes relacionadas con conocimiento tradicional asociado a semillas (para ellos recursos genéticos), tema sobre el cual Chile NO tiene legislación alguna. Esto es un nuevo estímulo para la biopiratería y un desconocimiento de la obligación legal  de consultar a los pueblos indígenas sobre estas materias, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169. Por el contrario nuestra posición es el rechazo absoluto a las patentes a plantas las cuales son un patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas al servicio de la humanidad, según la definición de Vía Campesina.   

Protección a transnacionales

La escasa información entregada por  el jefe de los negociadores chilenos, señor Felipe Lopehandía (del ministerio de Relaciones Exteriores)  aclara que a partir de la vigencia del tratado se aplicará un freno para nuevas  leyes de protección efectiva  nuestro derecho a una alimentación sana y libre de transgénicos y agrotóxicos. Es decir Monsanto y las transnacionales lograron, entre otros,  eliminar el peligro de una futura ley de etiquetado de transgénicos o una moratoria a los cultivos transgénicos. La actual normativa chilena sigue el modelo norteamericano impidiendo que los consumidores ejerzan el derecho a saber lo que comen.

Se “congelará” de esta manera toda iniciativa que pueda orientar a las madres y familias,  beneficiar a los consumidores y campesinos, si esta es contraria a los intereses de la industria alimentaria y biotecnológica tradicional. Sin moratoria, y con Ley Monsanto habrá nuevos estímulos legales para expandir el negocio de los transgénicos al mercado interno y de paso ahogar la agricultura familiar campesina y la agroecología.  Seguirán las empresas impunemente fumigando los campos chilenos con plaguicidas cancerígenos como el glifosato y usando  insecticidas neonicotinoides que matan las abejas e insectos benéficos. Toda normativa contraria sería objetada en tribunales especiales de arbitraje, externos al país, y denunciada por este tratado como obstáculos al comercio y la inversión. La agroecología no será una opción estimulada por el Estado, y tanto la agricultura orgánica como la biodinámica y la agroecología encontrarán serios obstáculos para poder desarrollarse en este contexto que extenderá la contaminación y el deterioro de suelos, aguas y biodiversidad.

Secreto pero no para Monsanto

Este  tratado fue negociado en secreto durante más de cinco años por un bloque de 12 países encabezado por Estados Unidos. Ahora sólo falta la firma de la Presidenta Bachelet  y una votación tipo plebiscito (Sí o No) por el Congreso para su ratificación.

Las reglas del proceso incluían no informar a los ciudadanos y sus organizaciones mientras se negociaba, y tampoco a los respectivos congresos. Pero al mismo tiempo permitían la participación oficial de unos 600 asesores de Comités Comerciales (Trade Advisors) de Estados Unidos, en representación de sus corporaciones transnacionales. La publicación del texto completo del tratado  se hará en inglés en una fecha desconocida, para luego presentarse la versión en español concordada con Perú y México, los otros países hispano parlantes involucrados en el TPP. Las referencias previas provienen sólo de Wikileaks, es decir son filtraciones, la única alternativa de información.

Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam acordaron este tratado  a espaldas de sus pueblos pues las negociaciones han sido secretas incluso para los respectivos Congresos. Chile de esta manera da carta blanca  a Estados Unidos para el intento de Barak Obama de retomar el deteriorado liderazgo norteamericano en la región y el mundo.

El pueblo chileno no acepta ser un instrumento de los intereses de Estados Unidos, de Monsanto y  las transnacionales. Por tanto llamamos al Congreso a rechazar este tratado. En Santiago, Valparaíso, Ovalle, La Serena, Curicó, Talca, Concepción, Temuco,Valdivia y  localidades de todo Chile,  la tarea es informar, movilizar y funar (denunciar), para defender nuestra soberanía y nuestros derechos.     

Chile, Octubre de 2015

Campaña Yo No Quiero  Transgénicos en Chile; Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, Red de Semillas Libres,  Nación Aymara, Consejo Territorial de Chapiquiña, Coordinadora Yo No Quiero TPP (V Región), Cooperativa Verde, Red SocioAmbiental del Maule, Colectivo de Mujeres de Curicó, Cabildo en Rebeldía, Colectivo MapuExpress, Red SocioAmbiental de Talca, Asociación de Consumidores de Valdivia ACOVAL.

“Yo No Quiero Transgénicos en Chile” es una alianza de carácter horizontal creada en 2011, que articula redes sociales y ambientales de Arica a Chiloé,  así como a independientes, organizaciones no gubernamentales, comunidades e instituciones que trabajan por una agricultura, ganadería, acuicultura y alimentación sanas y seguras. Por tanto, promovemos la participación y la información de la ciudadanía y la sociedad civil organizada para impedir la introducción de transgénicos y defender el derecho a alimentos, forraje, cultivos, ganado y peces, libres de transgénicos

Nota: El diputado Daniel Núñez se comprometió públicamente a rechazar el TPP, gesto que valoramos altamente.  Los parlamentarios del Maule acaban de ser interpelados por organizaciones socio ambientales y ciudadanas de su región, y se espera la respuesta en los próximos días. NO descansaremos hasta generar suficiente presión social para que el voto sobre el TPP se convierta en un dilema nacional!

II Ha llegado carta para ministros Salud, Agricultura y director Agencia Inocuidad Alimentaria

(ver posteo anterior para páginas 1 y 2 de la Carta Abierta a ministros enviada por YNQT y RAP-Chile en el marco del Día de la Soberanía Alimentaria.)

Día de la Soberanía Alimentaria: Ha llegado carta para ministro C. Furche de Agricultura, C. Castillo de Salud y Leporati (Achipia)

Continúa...

(sólo en texto: Sra. Carmen Castillo, ministra de Salud Sr. Carlos Furche, ministro de Agricultura Sr. Michel Leporati, director de ACHIPIA En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria nos dirigimos a Uds. para entregarles nuestra visión sobre los alimentos que estamos consumiendo mayoritariamente, lo cual nos aleja de la soberanía alimentaria. Hoy no podemos decidir qué producimos y qué comemos de acuerdo a nuestra cultura y necesidades. Para cambiar la realidad que aquí describimos, demandamos que su gobierno adopte políticas públicas al servicio de los consumidores y de los campesinos y campesinas que producen nuestros alimentos. Al contrario de lo que pregonan autoridades de gobierno y la agroindustria, gran parte de nuestra alimentación es de mala calidad, producida utilizando hormonas, preservantes, colorantes y grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, muchos de ellos altamente peligrosos, que dañan nuestra salud y la de quienes producen estos cultivos. Al mismo tiempo, cada vez hay más supermercados repletos de transgénicos no etiquetados, muchos de ellos alimentos procesados a la venta allí, que también constituyen un riesgo para la salud. Las ferias libres, y las ferias locales, en cambio, permiten acceder a verduras y hortalizas con menores riesgos para la salud. Pero los alimentos sanos integralmente, producidos a nivel local, con métodos agroecológicos, orgánicos o biodinámicos, sin plaguicidas, patentes ni fertlizantes, no llegan sino a una pequeña cantidad de los chilenos y chilenas. En general, esos productores no tienen canales adecuados de comercialización, y carecen del apoyo y estímulos estatales garantizados a la agroindustria. La vista gorda con el glifosato Este gobierno y particularmente los Ministerios de Agricultura y de Salud han escogido hasta ahora hacer la vista gorda ante el hecho que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha reclasificado el herbicida glifosato y otros plaguicidas asociándolos al cáncer. Los estudios presentados por la industria para lograr la aprobación de plaguicidas y transgénicos, no arrojan conclusiones válidas porque sólo analizan efectos del muy corto plazo, ocultando así su real peligrosidad. Esto quedó en evidencia con la resolución de la IARC/OMS y ya había sido demostrado en el estudio del equipo del científico francés Gilles Eric Séralini, de dos años de duración. Pero no es necesario ir muy lejos para comprobar en terreno los efectos de la agricultura fomentada por la agroindustria biotecnológica. En Argentina la organización denominada “Médicos de Pueblos Fumigados” encabezó un equipo desplegado en terreno, que encontró un alarmante aumento de cánceres y malformaciones congénitas en la localidad de Monte Maíz, Córdoba. Allí se utiliza ampliamente el glifosato y otros venenos peligrosos, también registrados y en uso en Chile. Aunque el programa de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud se plantea “eliminar o controlar los agentes que representen riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan influir de manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad, ” este ministerio no realiza una vigilancia epidemiológica específica relacionada con cáncer y exposición a plaguicidas ni desagrega por comuna la información pública relacionada con la morbilidad por cáncer y la presencia de malformaciones congénitas en las regiones de O´Higgins y del Maule, u otras. En esos territorios la agroindustria esparce cada año miles de toneladas de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos. Así se esconde la relación existente entre el uso de estos venenos y el sufrimiento de muchas familias campesinas. Estos costos ocultos de la agroindustria son una verdad incómoda que es mejor disfrazar con estadísticas generales. Escandaloso apoyo a Monsanto y ChileBio El Estado entregó nuevamente financiamiento a Monsanto y las transnacionales productoras de transgénicos para realizar investigaciones orientadas a facilitar la aprobación de leyes que introduzcan esos cultivos para el mercado interno. Según un boletín de ChileBio (el gremio de los productores de transgénicos), ejecutor del proyecto FONDEFF IDEA N° 13I10173 de Corfo junto a INIA, “los resultados de ese proyecto serán clave a la hora de legislar para la introducción de transgénicos en el país” y ya son publicitados por ChileBio en la revista Plant Biotechnology. En la revista, Miguel Ángel Sánchez, de Monsanto y ChileBio, se identifica como jefe del proyecto “Internet para el desarrollo agrícola de Chile: servicio público para estimar el impacto de coexistencia de especies vegetales genéticamente modificadas, convencionales y orgánicas”. También hay nuevos fondos estatales entregados al Consorcio BioFrutales para el desarrollo de uva transgénica y luego, de duraznos y carozos transgénicos. Se trata de tres proyectos recientemente adjudicados por InnovaChile y Fondef por $5.800 millones, por 10 años. El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos. Los supermercados nos venden alimentos procesados importados, que contienen ingredientes transgénicos, sin que exista etiquetado que permita optar por otros alimentos. El ministerio de Salud está a contrapelo de la tendencia mundial, que respalda el derecho de los consumidores a saber qué estamos comiendo. El reglamento sanitario fue modificado en 2003 a petición de la industria, para que Chile se guiara por un criterio inventado por las transnacionales agroquímicas y de la biotecnología, la llamada “equivalencia sustancial” que pretende calificar un alimento transgénico como idéntico a uno producido convencional u orgánicamente. SERNAC y MINSAL se amparan en ello para mantenernos desinformados sobre los alimentos que contienen transgénicos. Más fondos para el agronegocio Los fondos para investigación del Estado en agricultura, no se ocupan en estudiar cómo producir más sano. Discriminan a favor de la llamada “tecno ciencia”, la ciencia aplicada a resultados de innovación vinculados a los cultivos transgénicos o el desarrollo de híbridos o alimentos funcionales o a complicados sistemas tecnológicos para beneficio de la agroindustria. Este gobierno proclama su apoyo a la agricultura familiar campesina, pero órganos del Estado como INIA, FIA, la CNR y otros, así como la mayor parte de las políticas y presupuesto del ministerio de agricultura, continúan al servicio de la agroindustria. Por ejemplo, se han entregado fondos importantes para que estas instituciones desarrollen proyectos de generación de semilla “mejorada”. Los resultados de ese trabajo sin duda mejorarán los ingresos de la agroindustria, orientados a la exportación de semillas “mejoradas” o plantas de maíz, pimiento, alcachofa, o cerezo, y últimamente de la quínoa y el pepino dulce. Esas nuevas variedades, con propiedad intelectual registrada en el SAG, por su costo no estarán al alcance de los pequeños campesinos. Este tipo de “mejoramiento” genético tampoco tiene como objetivo satisfacer al consumidor sino al comercializador. Un ejemplo típico es el tomate que consumimos hoy mayoritariamente, de “larga vida” para el supermercado y los transportistas, pero sin olor ni sabor; o la sandía cuadrada para facilitar su transporte. Los cultivos desarrollados con la semilla campesina tradicional no se incentivan con ese mismo ímpetu ni con fondos generosos; no hay políticas de entrega de semilla tradicional a la agricultura familiar campesina, ni hay campañas públicas orientadas a mostrar las cualidades nutricionales de estos productos. Mientras los plaguicidas entran con arancel cero, no existen subsidios para la agricultura orgánica, Tampoco se apoya financieramente los procesos de transición de producción convencional a producción agroecológica. El Estado no está preocupado de abastecer a los comedores escolares y hospitales públicos con verduras y hortalizas sanas producidas localmente, como ocurre en Brasil y Bolivia. En Chile sólo interesa mejorar la productividad y orientar todo hacia la exportación. El gobierno también promueve la continuidad del decreto 701 de subsidio a los monocultivos de pino y eucaliptus que han dejado sin agua a las comunidades indígenas y campesinas. No es coherente apoyar la agricultura familiar campesina y continuar expandiendo estos monocultivos rechazados por su negativo impacto en el ambiente. Achipia aboga por normativas laxas Por su parte ACHIPIA, el nuevo órgano dependiente del ministerio de agricultura, que por definición debiera preocuparse de la calidad integral de los alimentos, está actuando en la práctica como portavoz de la agroindustria exportadora, orientado a convencer al público y el mercado externo que todo lo que Chile produce es de calidad. Aunque Achipia define la inocuidad de un alimento como “la garantía de que no causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine”, en 2012, la entidad no mostró ninguna preocupación por factores como los plaguicidas, que inciden en la salud de los consumidores. El funcionario de Achipia Eduardo Aylwin (actualmente asesor en temas de plaguicidas), al discutirse los LMR en alimentos, es decir los límites máximos de residuos de plaguicidas reconocidamente cancerígenos según la UE, USEPA, IARC, se opuso a que se aplicara la normativa más rigurosa. Actualmente incluso las semillas de hortalizas se recubren con venenos –insecticidas neonicotinoides- de carácter sistémico. Además de contribuir a la mortandad de abejas y a la merma de la apicultura, esas sustancias tóxicas van a estar presentes también en los alimentos. No existe norma sobre residuos de plaguicidas en miel. Las normas sobre residuos que existen no son garantía de calidad por la escasa fiscalización existente, pero sobre todo, como hemos visto en las comisiones respectivas público-privadas, han sido dictadas para ser lo más laxas posible, como resultado de la intensa presión de la industria productora de agrotóxicos, apoyados por académicos integrados a la industria. Llamamos al gobierno a prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, promover efectivamente la agroecología, etiquetar los alimentos transgénicos, retirar el proyecto de extensión del Decreto 701, y generar una política de compras públicas de alimentos sanos para escolares y hospitales públicos. Red de Acción en Plaguicidas Chile, RAP-Chile /Alianza por una Mejor Calidad de Vida/OLCA/ANAMURI/CIAL Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile Alonso de Ovalle N°1618, oficina A, Santiago Centro / 22 6997375/ 9-8858227/ rap-al@terra.cl/

En Paine, "predicando" sobre la semilla desde la glorieta del Mercado Agroecológico

Posted by Pamela Guerrero Cadegan on Sábado, 10 de octubre de 2015

¡Nos vemos el 25 en el cumpleaños de la revista Punto Final!

Cáncer y malformaciones asociados a transgénicos en Chile y Argentina. Reporte de seminario internacional

Por primera vez en Chile, profesionales de la salud que asistieron al seminario internacional “Plaguicidas Altamente Peligrosos y Transgénicos: Impactos en Chile y Argentina”, conocieron por colegas y especialistas trasandinos, las consecuencias del uso masivo de plaguicidas altamente peligrosos (PAP). El seminario, realizado el 29 de agosto de 2015 en Santiago de Chile, fue organizado por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas RAP-Chile y la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. Allí se apreció el dilema de la salud, planteada como un derecho humano vulnerado por la indiferencia cómplice de autoridades marcadas por conflictos de interés. Los gobiernos de Argentina y Chile protegen los agronegocios y no la salud de las personas, haciendo oídos sordos a las denuncias y a la demanda de prohibición del glifosato (nombre comercial Rooundup), un herbicida utilizado ampliamente en América Latina y el mundo. Estas demandas surgieron tras conocerse en marzo de este año, la decisión de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrante de la Organización Mundial de la Salud, de clasificar al glifosato como probable carcinógeno en humanos (grupo 2A). Entre los casi 40 participantes del seminario –la mayoría mujeres- hubo médicos del Hospital de niños Roberto del Río (Sistema Salud Metropolitano Norte), un representante del Colegio Médico, así como profesionales de salud del CESFAM de Paine, comuna donde funciona una planta de granos de Monsanto; médicos y directivos de un SAPU y un CESFAM de Viña del Mar; médicos independientes, enfermeras, psicólogos, bioquímicos y nutricionistas. También participaron especialistas en enfoque de género y/o en salud pública; así como practicantes de terapias complementarias y estudiantes de materias relacionadas con el tema. Los panelistas En el seminario, expusieron sobre la situación en Argentina, el Dr. Medardo Avila, pediatra, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, quien se desempeña en el Hospital de Clínicas de Córdoba y fue ex subsecretario de salud de esa provincia; y el ingeniero agrónomo Javier Souza, profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, presidente de Pesticide Action Network PAN, y Coordinador regional de RAP-AL. La agrónoma cubana Nilda Pérez, experta en control biológico de plagas (Universidad Agraria de La Habana) compartió una ponencia, en tanto que la realidad chilena fue abordada por el Dr. Andrei Tchernitchin (Universidad de Chile) y la investigadora Liliana Zúñiga (Universidad Católica del Norte). Por RAP-Chile, intervinieron su coordinadora nacional, María Elena Rozas, y Lucía Sepúlveda, que también es vocera de la campaña “Yo No Quiero Transgénicos en Chile”. La jornada se realizó en Santiago de Chile, en el Hotel Cap Ducal, entre las 9 y las 19 horas. Cáncer y transgénicos El Dr. Medardo Ávila relató que en Argentina hay 24,5 millones de hectáreas de cultivos transgénicos (20 de soja y 4,5 de maíz), con 12 millones de personas afectados por el aumento sin precedentes de cánceres, abortos espontáneos, malformaciones congénitas o daños neurológicos. “Los dueños de los cultivos van a Buenos Aires a atenderse, se pueden defender”, dijo el pediatra, “pero los pobres del campo, sus niños y sus mujeres, los pequeños campesinos y los miembros de pueblos originarios, simplemente mueren”. El trabajo clínico con la población afectada en los hospitales de Córdoba, Rosario y Santa Fe es una fuente importante de datos. Información relevante ha sido recogida en trabajo en terreno en localidades como el pueblo de Monte Maíz (Córdoba), donde médicos y estudiantes encuestaron en forma inédita a la población pesquisando los casos de cáncer y malformaciones, y procesando los resultados en la Universidad de la Plata.

Agregó el Dr. Avila que cincuenta estudios de nueve países muestran un aumento de la tasa general de cualquier malformación cuando los padres han estado expuestos a plaguicidas. El médico también dio cuenta que la población afectada ha reaccionado, impidiendo que Monsanto concretara la construcción de una planta de procesamiento de granos en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba. Precisamente en esta localidad comenzó la resistencia hace más de diez años, cuando las Madres del Barrio Ituizangó se organizaron ante las muertes de niños por cáncer, llegando incluso a tribunales en 2013. Promesas no cumplidas El ingeniero agrónomo Javier Souza, por su parte, señaló que las siembra de semillas transgénicas en Argentina proliferaron décadas atrás con la promesa de reducir los costos de producción, la cantidad de agrotóxicos utilizados y las emisiones de dióxido de carbono. Pero -denunció- lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Argentina es hoy un ejemplo claro de la baja sustentabilidad, falta de equidad, degradación ecológica y cultural asociadas a estos cultivos. Debido al uso reiterado de los mismos plaguicidas, se crearon condiciones de resistencia genética, lo que incrementó la utilización de herbicidas e insecticidas con el consiguiente impacto negativo en el ambiente y en la salud de trabajadores y trabajadoras y población expuesta. En Argentina, el crecimiento de cultivos transgénicos ha significado la expansión de los monocultivos, la utilización de plaguicidas altamente peligrosos y el reemplazo de actividades agrarias tradicionales como la ganadería, la producción de maíz, hortalizas y frutas. También generó expansión de la frontera agrícola y deforestación. J. Souza citó datos oficiales sobre deforestación 2007 - 2013, que asciende a 1.893.128 hectáreas, lo que equivale a remplazar una hectárea de bosques cada dos minutos, por cultivos de soja. El mercado de agroquímicos creció de 120 millones de kilos en 1997 a 300 millones en el período 2009/2010. Indicadores de daño en Chile La investigadora Liliana Zúñiga, del laboratorio de Neurotoxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte compartió la metodología, objetivos y resultados de estudios realizados en la región de Coquimbo, sobre Biomarcadores de la exposición de temporeros a plaguicidas organofosforados, en especial clorpirifos. Explicó la importancia de contar con un indicador (un biomarcador) para medir, por ejemplo, el daño en el ADN (con el Ensayo del Cometa) o bien alteraciones fisiológicas de comportamiento tales como fallas de memoria, las que se pueden asociar a un daño o enfermedad. A partir del hecho de que la proteína de la sangre PON1 es capaz de eliminar los plaguicidas del cuerpo, la investigación evidenció que las personas que portaban el alelo Q de esa proteína, presentan una menor eficiencia para metabolizar el clorpirifos en comparación con quienes portan otra condición genética (el alelo R). Justamente quienes tienen la condición Q representan la mayoría de la población afectada. La investigación concluye proponiendo que se considere además los niveles de enzima (status PON1) como indicadores de susceptibilidad a la toxicidad de los insecticidas organofosforados. Se trata del único estudio de este tipo con trabajadores y trabajadoras agrícolas, que incluyó un centenar de personas entre afectados y grupo de control, en la comuna rural de Paihuano. Un daño diferido: el “imprinting” Sobre el “imprinting”, impacto generado durante la exposición prenatal o infantil temprana a agrotóxicos, metales pesados y otros agentes como las dioxinas, expuso el Dr. Andrei Tchernitchin, toxicólogo e investigador quien participó en representación del Colegio Médico de Chile y es presidente de su Comisión de Medio Ambiente. El imprinting por exposición hormonal (ejemplo, el DDT que presenta actividad estrogénica) genera entre otros problemas, cambios en la programación celular y en la acción de las hormonas, así como patologías que se presentan en forma diferida, años después del nacimiento. El investigador concluyó que numerosas enfermedades de los adultos pueden tener su origen en la exposición perinatal a los agentes inductores del imprinting, muchos de ellos plaguicidas. Por tanto medidas de prevención durante el período de vulnerabilidad pueden determinar “una mejoría sustantiva en las condiciones de salud para las futuras generaciones”. El omitido daño crónico María Elena Rozas, de RAP-Chile señaló que hasta hoy los organismos encargados del registro y regulación de los plaguicidas los clasifican con un antiguo criterio, es decir, únicamente por su efecto agudo, omitiendo el efecto crónico, que puede ir desde un cáncer hasta alteraciones de los sistemas inmunológico, nervioso y reproductivo, entre otros. Agregó que en Chile, Argentina y otros países de la región, los plaguicidas se venden con etiquetas sin frases de riesgo crónico lo que impide la prevención de graves enfermedades que se expresan en el mediano y largo plazo. Asimismo, destacó, que el criterio para fijar el Límite Máximo de Residuos en alimentos, LMR, viene del siglo XV y desconoce que hoy la población y los trabajadores están expuestos a múltiples plaguicidas, por lo que las dosis de los venenos no pueden calcularse aisladamente. Los daños a la salud y al ambiente se han incrementado por estos factores, a los que se suma el auge del sector agroexportador y otros problemas asociados. Esta situación, que se repite en la mayoría de los países, llevó al reconocimiento de una nueva categoría emergente, los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) que son aquellos que representan riesgos agudos o crónicos particularmente elevados para la salud o el medio ambiente. También es clara la necesidad de establecer nuevos criterios e impulsar acuerdos internacionales para avanzar en la prohibición gradual de estos plaguicidas y apoyar alternativas. Agregó que representa un gran avance el reciente llamado a formar una “Alianza mundial para la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos” realizado por gobiernos de la región africana más algunos países de América Latina, Asia, Europa del Este, junto a ONGs como PAN Internacional, RAP-AL, IPEN y la Confederación Internacional de Sindicatos de Trabajadores. Destacó que el objetivo es aumentar la conciencia de las autoridades gubernamentales y los organismos reguladores, los agricultores, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, la industria privada, los consumidores, los trabajadores, los sindicatos, especialistas y servicios de salud acerca de los efectos nocivos de los plaguicidas altamente peligrosos y la disponibilidad de alternativas seguras a los plaguicidas, para proteger la salud y el ambiente. Prohibición del glifosato Lucía Sepúlveda, de RAP-Chile y YNQT, expuso acerca de Glifosato y los Transgénicos, cultivos que siempre utilizan plaguicidas peligrosos. Informó que además del Roundup de Monsanto, SAG autoriza en Chile 38 marcas con este principio activo, y de ellas 14 son productos fabricados por China. SAG y Aduanas se han negado a revelar la cantidad de glifosato que ingresa anualmente a Chile. Sólo se sabe de su uso en las 117.418 hectáreas existentes de cultivos de maíz (convencional y semilleros transgénicos), pero no hay cifras oficiales de su extendido uso en hortalizas y especies exóticas como pino y eucaliptus. Tampoco se publica la mortalidad por cáncer y malformaciones desagregada por comunas, lo que impide visualizar claramente las áreas más impactadas. Para RAP-Chile la demanda de prohibición del glifosato y de los plaguicidas que matan a las abejas, implica una apuesta por una forma de producción diferente de nuestros alimentos, a partir del uso de semillas libres de plaguicidas, patentes y transgénicos. La propuesta no es sustituir un plaguicida por otro, sino optar por formas de producción agroecológica, respetuosas de la naturaleza y de la vida de todos los seres. Para ello llamó a apoyar las experiencias locales y sectoriales que se levantan en ese sentido y a construir una alianza socio-ambiental que incluya a profesionales de la salud, a consumidores, a campesinos y huerteros, ambientalista, estudiantes y chef que hagan realidad este nuevo paradigma. Las tendencias en Cuba La ingeniera agrónoma, Nilda Pérez, expuso sobre “Tendencias en el uso de plaguicidas y agentes de control biológico en Solanum tuberosum L., en Cuba”. Destacó que desde la década de 2000 hay una reducción de más del 75% del uso de plaguicidas en Cuba, pero en el caso de la papa se usan plaguicidas altamente peligrosos. En una evaluación realizada en la Universidad Agraria de La Habana sobre la tendencia del uso de plaguicidas y agentes de control biológico en el cultivo de la papa en el trienio 2011-2013, se identificó las regiones donde se cultiva la papa y los posibles ecosistemas estratégicos afectados en relación con el uso de plaguicidas químicos. De los 52 ingredientes activos aplicados, 16 tienen al menos un efecto negativo comprobado sobre la salud y/o ambiente; y entre los 15 que tienen posible efecto carcinógeno, destaca el mancozeb. Respecto a la cantidad de plaguicidas aplicados por tonelada de papa (kg ia/t), en el trienio en Artemisa creció 329 %, lo que significa que es 2.3 veces más alta que media nacional. Esa provincia se identificó como ecosistema vulnerable en relación con el uso de plaguicidas y prioritario para la aplicación de estrategias orientadas a la reducción de estos contaminantes y políticas preventivas en salud. Los asistentes al seminario, que promovió un amplio e inédito debate sobre estos temas, mostraron su ánimo de continuar vinculados y quedaron convocados al tercer congreso de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, a realizarse en octubre próximo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.