Vídeo de La Via Campesina sobre el 17 de Abril, día de la lucha campesina

Vídeo de La Via Campesina sobre el 17 de Abril, día de la lucha campesina

Escándalos por apropiación indebida de agua: Cámara de Diputados hará sesión especial sobre el agua el 20 de abril

El 20 de abril, a las 16 horas, la Cámara de Diputados realizará una sesión especial para tratar el problema del agua, iniciativa impulsada por el diputado René Alinco y patrocinada por 40 parlamentarios. Hasta ahora el tema fue analizado por la Comisión de Derechos Humanos, en presencia de miembros del Movimiento por el acceso a la Tierra y el Agua y la Defensa del Medio Ambiente MODATIMA que concurrieron para denunciar la crítica situación que se vive en La Ligua, Cabildo y Petorca y el aprovechamiento ilícito de drenes generado por privados. La comparecencia ante la comisión de ddhh fue el pasado 6 de abril y concurrieron también los alcaldes de las comunas mencionadas.
Las propuestas enviadas a la comisión posteriormente fueron elaboradas por MODATIMA junto a los Alcaldes, e incluyen la construcción de los embalses, eliminación de los Drenes, revisión de todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados por la DGA, y formación de una comisión investigadora respecto de la apropiación indebida del recurso por latifundistas de la zona vinculados al poder.
En representación del Gobierno asistieron a esa sesión el Ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac y el Director Nacional de la DGA, Matías Desmadryl.
La sesión fue presidida por el Diputado Sergio Aguiló. El ministro se refirió al manejo sustentable del agua, el desarrollo de nuevas fuentes hídricas, el uso eficiente y la mejor gestión de los recursos hídricos, agregando que el uso de agua para bebida esta garantizado en la legislación, al finalizar sostuvo que las variaciones en la disponibilidad de agua estaba determinado por el cambio climático y el crecimiento de la población.
Por su parte el director nacional de la DGA señaló que las cuencas de los ríos Ligua y Petorca estaban sobreexplotadas, que a propósito de la sequía se había decretado zona de escasez hídrica, y que en materia de denuncias por usurpación de aguas, estas ascendían a 12.

Modatima señala al respecto al evaluar la reunión: "En las intervenciones de los representantes del poder ejecutivo no hubo ni una sola reflexión acerca de los problemas de fondo. Cuando el Diputado Aguiló nos concedió la palabra, a pesar de la oposición de los Diputados de la UDI, señalamos que los drenes en la provincia de Petorca, eran el reflejo de un problema estructural, es decir, la vigencia del código de aguas, formulado durante el régimen militar, código que se había encargado de privatizar un recurso considerado un derecho humano esencial, señalamos que las cuencas de los ríos Petorca y Ligua estaban declaradas agotadas desde los años 97 y 2004 respectivamente, y que a pesar de esta condición se habían continuado concediendo derechos de aprovechamiento de aguas, lo que a juicio de los diputados de la UDI, constituyó una interpelación a la autoridad. Debemos señalar que el presidente de la comisión, Diputado Aguiló, concordó absolutamente con nuestra opinión, que el Diputado René Alinco leyó el documento oficial de la declaración de cuencas agotadas, que el Diputado Tucapel Jiménez se hizo cargo de nuestras preguntas a la autoridad, repitiendo las mismas interrogantes, que los Alcaldes de La Ligua y Petorca, actuaron con todo el decoro del mundo al sostener que el problema principal era la privatización de un recurso natural considerado un derecho humano.
En la síntesis final, nos quedó la sensación que para los diputados Hasbún y Salaberry, nosotros éramos ciudadanos de segunda, que los Diputados Aguiló, Jiménez, Alinco, son aliados solidarios, pero que sus facultades y energías tienen los límites propios de una constitución que exige mayorías para reformar el código de aguas, mayorías imposibles, toda vez que al interior del propio congreso existen fuerzas retrógradas interesadas en mantener el estado de cosas actual, es decir, mantener a las aguas como propiedad privada, y por ende como una fuente directa de acumulación de poder y capital.El parlamento es un escenario más de lucha, en él, existen algunos Diputados con Valor y Decoro, en limpio que hemos sacado, por lo menos remover las conciencias, ya hay dos iniciativas parlamentarias que buscan reformar el código de aguas,














DIRECTIVA MODATIMA

8 de Abril 2011

En suspenso firma de Convenio UPOV 91 por Chile

El gobierno del Presidente Piñera y los obtentores vegetales (nombre de fantasía de la transnacional semillera y agroquímica Monsanto y otros) esperaban que el martes 5 de abril el Senado terminara de aprobar la adscripción de Chile al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), sin embargo por amplia mayoría de quince votos contra 4, y una abstención, los senadores acordaron escuchar primero la opinión de la ciudadanía.
Por tanto el proyecto (Boletín Nº 6426-10) que estaba en segundo trámite constitucional luego de su aprobación por la Cámara de Diputados en 2010, deberá ser analizado por la Comisión de Agricultura. Transversalmente los senadores Ximena Rincón, Andrés Zaldívar, José García Ruminot, Hosaín Sabag, Guido Girardi, Antonio Horvath, Alejandro Navarro y Ximena Rincón plantearan dudas sobre sus consecuencias para los productores agrícolas nacionales.
Lucha social y lobby
La reacción parlamentaria es la respuesta a la movilización desarrollada por organizaciones sociales y ambientales ante la reposición de la ley de transgénicos y su avance simultáneo con los proyectos de privatización de la semilla nativa y de firma del convenio UPOV91. El Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo (2 de abril), en que participaron más de 40 organizaciones locales, regionales y nacionales presididos por el alcalde de la comuna, Felipe Aylwin y por la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de BioBio, acordó solicitar al parlamento el rechazo de todas las leyes que pongan en peligro la semilla campesina, por la vía del otorgamiento de nuevos “derechos de obtentor” y la introducción de los transgénicos. Los derechos de obtentor son una suerte de patente que ahora se pretende validar por 20 o 25 años, para hacer dependientes a los campesinos y productores agrícolas de las corporaciones del negocio de la semilla transgénica y los agrotóxicos.
Las demandas del Cabildo de Chillán Viejo al Senado –suscritas por organizaciones campesinas, productores orgánicos, exportadores, consumidores y profesionales- están siendo dadas a conocer a todos los parlamentarios y fueron entregadas directamente a Ximena Rincón y Alejandro Navarro frente a La Moneda, cuando la senadora depositaba allí una maciza carta sobre el mismo tema dirigida al Presidente Piñera. Así confluyeron dos iniciativas ciudadanas antitransgénicos y en defensa de la semilla campesina, desde el sur y centro del país. En la misiva la senadora demandó el retiro del proyecto de transgénicos y el inicio de un amplio debate respecto de todos los proyectos relacionados con el patrimonio genético por la vía de entregar el control de la semilla y los alimentos, a empresas que sólo buscan aumentar sus ganancias. El documento suscrito por organizaciones como la red Socio Ambiental de Valparaíso, Tierra Nueva, la red social Chile sin Transgénicos, RAP-Chile, ANAMURI, OLCA, y Tierra Viva Agricultores Orgánicos entregó antecedentes sobre lo que ocurre en otros países con los monocultivos transgénicos, detallando los gravísimos impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas derivados de este cambio en el modo de producción campesino.
En la sesión del Senado, la senadora Rincón mencionó que "el gobierno le ha otorgado urgencia a varios proyectos sobre obtentores vegetales y hemos concurrido junto al senador Navarro a La Moneda para pedirle al gobierno que nos dé tiempo para transparentar e informar a la ciudadanía sobre el alcance de estas iniciativas". El senador Alejandro Navarro afirmó que el hecho que Chile haya firmado tratados de libre comercio no debe impedir el debate en el Parlamento sobre las implicancias de este tipo de Convenios. Informó que "este instrumento ha sido suscrito por 68 países, pero países vecinos como Argentina, Brasil y Bolivia solo adhirieron al instrumento anterior, no a sus modificaciones, porque tienen serias y profundas observaciones". Chile es firmante del convenio UPOV 1978 y al igual que los citados países, podría continuar rigiéndose por ese convenio.
Senador Larraín desinformado
Los senadores se mostraron abiertos a conocer opiniones de agricultores y comunidades indígenas sobre el tema. Por su parte, según se informó en la web del senado, los senadores Hernán Larraín y Carlos Kuschel señalaron que este acuerdo responde a los compromisos adquiridos por Chile tras la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Evidenciando su desconocimiento del tema, afirmaron que este convenio permitirá que las invenciones nacionales puedan patentarse, ignorando que en Chile ya hay 600 variedades registradas, entre ellas el boldo, por ejemplo, la mayoría por empresas extranjeras, pero algunas también por entidades chilenas. Las organizaciones campesinas quieren evitar que ese proceso de privatización de la semilla continúe avanzando en detrimento de la pequeña agricultura y en paralelo con la planeada introducción de los transgénicos.
Evidenciando su total ignorancia acerca del convenio que se discutía, el senador Larraín Fernández afirmó que "este convenio no guarda relación con los transgénicos. Se trata de patentar semillas o vegetales”. Justamente lo que se patenta son las llamadas “variedades nuevas” de semillas híbridas o transgénicas, es decir manipuladas genéticamente a partir de las variedades existentes y que forman parte de la biodiversidad. El lobby en favor de este proyecto lo han desarrollado las transnacionales, Chile Bio (Monsanto) y la Asociación Nacional de Productores de Semillas que agrupa a los exportadores de semilla transgénica, un cultivo que sí es legal en Chile y que ellos pretenden extender para el consumo interno.
Otros planteamientos
El senador Zaldívar en cambio, reconoció la implicancia que tiene este convenio con la producción de transgénicos. El senador García Ruminot expresó que le gustaría dimensionar el costo que este convenio tendría para los agricultores, en tanto que el senador Sabag se sumó a las aprensiones por esos efectos en pequeños y medianos agricultores que "no saben de patentes".
El Presidente del Senado, Guido Girardi, sostuvo que el tema de fondo es que "el acervo genético de la humanidad no es patentable y debería ser devuelto a la ciudadanía". Estimó también que la Comisión de Medio Ambiente debe igualmente analizar el convenio porque “tiene que ver con la obtención de semillas, los transgénicos y eso significa que hay muchos pequeños agricultores y comunidades indígenas cuyas especies van a ser patentadas".
El senador Antonio Horvath por su parte opinó que se debe "hacer partícipes de este Convenio a los probables afectados. Chile tiene una gran cantidad de especies y si uno ve el futuro tenemos capacidad de competir por calidad y sello origen con nuestros productos y no por volumen". En cambio para el senador Kuschel el proyecto “conviene a nuestros pequeños productores e instancias que investigan la obtención de semillas.”
La situación actual
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización integrada por gobiernos pero que responde a los intereses de las transnacionales semilleras. Chile es parte de UPOV desde 1996, cuando adhirió a este acuerdo según los términos que lo regían el año 1978 (UPOV 78), creando un registro nacional de variedades protegidas que depende del SAG.
Lo que hoy se iba a votar, es decir que Chile adhiera al Acta 1991 (UPOV91) requiere primero modificar los criterios legales actuales sobre protección vegetal, puesto que la nueva versión del Convenio le da aún más derechos a las transnacionales y obtentores. La ley Nº 19.342, promulgada en 1994 y aun vigente, creó el registro de variedades protegidas y estableció las normas que lo rigen, permitiendo que el país firmara el UPOV78.
Si los términos de esa ley fueran los mismos que los contenidos en el convenio UPOV 91, Chile no tendría para qué modificarla y no tendría razón de ser el nuevo proyecto de Obtentores Vegetales que se discute en el Senado con trámite de urgencia, ni se estaría pidiendo derogar la ley 19.342.
Por eso las organizaciones ciudadanas, junto a los senadores Rincón y Navarro han pedido al gobierno detener la urgencia en el análisis del proyecto de Ley de Obtentores (de privatización de la semilla nativa) de manera que exista un debate informado y previo a la votación respecto del convenio UPOV 91, íntimamente ligado a ese proyecto de ley, ampliamente rechazado por las organizaciones campesinas, de consumidores y ambientales

Senadora Rincón y diversas organizaciones demandan retiro de proyecto transgénicos y fin de urgencia al proyecto de obtentores vegetales

Santiago, 2 de abril de 2011. Flanqueada por miembros de organizaciones sociales y ambientales, la senadora Ximena Rincón entregó hoy una carta al Presidente Sebastián Piñera en La Moneda pidiéndole al gobierno que dé el tiempo necesario para desarrollar un debate a fondo de las iniciativas legales relacionadas con la introducción de los cultivos transgénicos y con sus impulsores, los llamados “obtentores vegetales”. En concreto, se le pide que retire la moción sustitutiva a la ley de transgénicos y quite urgencia a la tramitación del proyecto de obtentores.

Junto al senador Alejandro Navarro y a representantes de la Red Socio Ambiental de Valparaíso; la organización Tierra Nueva, de Limache; la Alianza por una Mejor Calidad de Vida RAP-Chile (OLCA y ANAMURI); Tierra Viva Agricultores Orgánicos; MODATIMA, y Chile sin Transgénicos, la senadora sostuvo que el proyecto de ley de transgénicos sólo beneficia a las corporaciones ligadas al negocio de la semilla y los plaguicidas. A su juicio, su aprobación tendría consecuencias tan trascendentes para la salud de las personas y la biodiversidad, que resulta impresentable legislar sobre ello sin darse el tiempo necesario para estudiarlo y debatir.

Al mismo tiempo, frente a la prensa, los senadores Navarro y Rincón recibieron el texto de la Moción pro Moratoria de Transgénicos aprobada por el Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo, realizado el 2 de abril en esa comuna. El alcalde Felipe Aylwin y más de 40 organizaciones campesinas, ambientales, de productores orgánicos de la región y del país que acudieron a la convocatoria del propio edil junto a la Asociación Gremial de Productores Orgánicos del BioBio, demandan de los parlamentarios la moratoria a los transgénicos que podrá ser revisada en cinco años. Esto, siempre que a en esa fecha se cuente con investigaciones independientes que prueben de manera fehaciente que los vegetales genéticamente modificados no generan impactos negativos de significación en la salud de las personas, en el ambiente y en la producción campesina convencional, agroecológica y orgánica. Y siempre que en ese plazo el Estado de Chile haya suscrito el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica.

Otra indicación plantea que los titulares de semilleros de VGMs para exportación, y los consorcios nacionales y transnacionales de investigación de carácter privado existentes en Chile deberán elaborar un plan de cierre y abandono de sus actividades empresariales y/o de investigación, respectivamente. Este plan deberá cumplir con medidas de bioseguridad, biomonitoreo y remediación de impactos de la contaminación transgénica, determinadas en un reglamento elaborado por un Grupo Especial de Trabajo conformado por un representante de los ministerios de Salud, Ambiente, y Agricultura, junto a tres representantes de organizaciones de la sociedad civil y tres académicos independientes.

Las características y plazos del plan de cierre y abandono se publicarán en el Diario Oficial y la web del Gobierno de Chile.

Finalmente la voluntad ciudadana expresada en el Cabildo demanda el etiquetado de alimentos transgénicos importados y el fin de las importaciones de ese tipo de alimentos por la JUNAEB, exigiendo que los alimentos para los comedores escolares provengan de países que no tengan cultivos transgénicos.

De esta manera, dos zonas del país envían una potente señal al poder ejecutivo y al Parlamento respecto de estos proyectos. La carta que la senadora Rincón entregó en representación de los grupos ciudadanos que hoy la acompañaron en la manifestación insiste en el derecho a saber, considerando imposible que en los plazos definidos la ciudadanía y los parlamentarios se informen adecuadamente de todas las implicancias de la indicación sustitutiva presentada recientemente por el gobierno al proyecto de bioseguridad y del proyecto de obtentores vegetales, que tiene 30 días para su discusión.

La senadora expresa que no desea que Chile “entre al tristemente célebre grupo de no más de 30 países en el mundo que hoy se lamentan de los daños producidos por los transgénicos en sus tierras y buscan desesperadamente que sus autoridades pongan freno a esta catastrófica situación.”

Más adelante cita a Olivier De Schutter, relator de la ONU que advirtió recientemente: “El gran problema de los transgénicos es la fuerte dependencia económica (de los pequeños productores) y el hecho de que el poder esté concentrado en una multinacional”.

Desde el punto de vista ambiental y de la exposición a plaguicidas, agrega la carta: “Quisiéramos poner en su conocimiento, señor Presidente, que en la vecina República de Argentina y en conjunto con Estados Unidos se produce el 84% de las semillas transgénicas sembradas, pero con más herbicida (veneno) que el que nunca se había usado en ningún país del mundo: 165 millones de litros (330 mil tanques) por hectárea. Demás está decirle las consecuencias que estas sustancias tienen para la salud humana, situación que empeora por la alta resistencia a las plagas que se produce tras un tiempo de aplicación de agrotóxicos, lo que redunda en el uso en dosis cada vez mayores de plaguicidas casi en desuso por su extrema toxicidad, tales como 2,4 D y paraquat, como ha venido ocurriendo en Argentina los últimos años, además de herbicidas como el glifosato o insecticidas como el endosulfán (que ya ha sido prohibido en más de 70 países), entre muchos otros”.

La carta se refiere también a estadísticas oficiales del gobierno argentino respecto de que en los últimos diez años se ha registrado un aumento de 300% de malformaciones congénitas, 400% de abortos espontáneos y 300% de aumento en la aplicación de plaguicidas en las zonas agrícolas donde se cultivan transgénicos.

”Tampoco es casualidad que en el vecino país y tras la irrupción transgénica, se verifique una disminución de un 27% en la producción lechera (hoy importada desde Uruguay) y que se haya producido un fenómeno similar en la producción de arroz y carne. ¿Queremos para nuestro país el mismo mal negocio que hizo el Estado argentino con los transgénicos?

”Respecto de los impactos en la salud derivados de la alimentación con transgénicos, estudios de científicos tales como los de Seralini (Universidad Caen, Francia), Alexander Surof (Instituto Surov de Ecología y Evolución de la Academia de Ciencias Rusa) y los efectuados por la Asociación Nacional para la Seguridad Genética del Instituto de Ecología y Evolución, y la Asociación Americana de Medicina Ambiental de Estados Unidos, entre otras muchas investigaciones independientes, llaman a no consumir transgénicos y advierten de alteraciones que éstos han generado en ratas y cobayas, como: alteraciones del hígado, páncreas, sangre, riñón, aparato reproductivo, etc.

”Teniendo en cuenta los planteamientos aquí expuestos, sabiendo que no está comprobada la inocuidad de estos productos y amparados en el principio de precaución, es que solicitamos concurra a nuestros requerimientos. Esto es: que se retire la urgencia al proyecto de ley de obtentores vegetales para que se desarrolle un análisis detallado y serio, y que se suspenda la tramitación del proyecto de ley de vegetales genéticamente modificados, con el objeto de discutir como país y con el debido tiempo requerido las implicancias que este tipo de productos podrían generar en las futuras generaciones de chilenos y chilenas”.

Por Lucía Sepúlveda,
RAP-Chile

Federación Campesina Ñuble contra los transgénicos

Importante presencia campesina en el Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo.

Moción aprobada por el Cabildo Abierto sobre transgénicos

Representantes de sindicatos campesinos, productores(as) orgánicos, biodinámicos, de la permacultura; organizaciones de consumidores y comercio justo; profesionales de la salud, apicultores, dueñas de casa, periodistas, portuarios, profesores, maestras de yoga, estudiantes y ambientalistas; jóvenes y adultos mayores, acordaron hacer presente la moción aprobada por el Cabildo de Chillán Viejo, a los legisladores de la zona y en especial a la senadora Ximena Rincón, de la vecina región del Maule. El lunes 4 de abril – último día en que se pueden presentar indicaciones a esta ley en el senado – la senadora entregará en La Moneda un petitorio junto a miembros de la sociedad civil convocados por el mismo tema.
La moción:
Los ciudadanos participantes en el Cabildo Abierto de Chillán Viejo realizado el 2 de abril de 2011 en la Casa de Cultura de la Municipalidad de esa comuna histórica apoyamos una moratoria total a la introducción de los transgénicos en Chile y el establecimiento de etiquetado para los productos finales importados que son transgénicos.
Rechazamos toda disposición jurídica que implique la autorización de la introducción total de siembra de cultivos transgénicos en el país, poniendo en peligro todas las exportaciones agrícolas y la biodiversidad, por tanto demandamos al Parlamento rechazar las indicaciones sustitutivas enviadas por el Presidente Piñera para acelerar el despacho de la Moción de Bioseguridad que se tramita en el Senado. Proponemos remplazar esas indicaciones sustitutivas por las siguientes nuevas indicaciones, también de carácter sustitutivo a la Moción de Bioseguridad:

1.- Moratoria
“Se declara una moratoria temporal a toda actividad nueva relacionada con vegetales genéticamente modificados, incluyendo la introducción al ambiente con fines de investigación, cultivo para el mercado interno, reproducción, manipulación, almacenamiento, comercialización, conservación y transporte. Esta moratoria podrá ser revisada al cumplirse los cinco años de su puesta en marcha, si se contare con investigaciones independientes que prueben de manera fehaciente que los vegetales genéticamente modificados no generan impactos negativos significativos en la salud de las personas, en el ambiente y en la producción campesina convencional, agroecológica y orgánica, y siempre que en ese plazo el Estado de Chile haya suscrito el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica.”

2 Cierre, biomonitoreo y mitigación
Los titulares de semilleros de VGMs para exportación, y los consorcios nacionales y transnacionales de investigación de carácter privado existentes en Chile deberán elaborar un plan de cierre y abandono de sus actividades empresariales y/o de investigación, respectivamente. Este plan deberá cumplir con medidas de bioseguridad y remediación determinadas en un reglamento elaborado por un Grupo Especial de Trabajo conformado por un representante del Ministerio de Salud, uno del Ministerio de Ambiente, uno del Ministerio de Agricultura junto a tres representantes de organizaciones de la sociedad civil y tres académicos independientes. Las características y plazos del plan de cierre y abandono se publicarán en el Diario Oficial y la web del Gobierno de Chile.
Se establecerá un sistema de biomonitoreo de los impactos generados por los semilleros de exportación, acompañado de medidas tendientes a mitigar y revertir la contaminación transgénica provocada por esta actividad. Sus características serán definidas en un reglamento publicado 60 días después de la promulgación de esta ley.

3.- Etiquetado de transgénicos
Los alimentos transgénicos importados o que contengan algún ingrediente o aditivo de esta naturaleza, deberán indicar en el listado de ingredientes con caracteres destacados el ingrediente transgénico u OGM seguido de un asterisco.

Los alimentos transgénicos importados que se vendan a granel o no envasados deberán incorporar en ellos una identificación o sello que diga "transgénico", o, en caso de tener pequeño tamaño, "OGM". De no ser posible lo anterior, en el lugar de venta deberá ponerse un letrero de fácil lectura y percepción que señale el nombre del alimento seguido de la palabra:"transgénico".

Los alimentos y forraje que contengan más de un 0,9 de transgénicos deben ser etiquetados. Corresponderá a la autoridad sanitaria velar por el cumplimiento de las disposiciones del etiquetado obligatorio, aplicando las sanciones correspondientes en caso de infracciones. La autoridad fiscalizará el cumplimiento de esta disposición en el marco de sus atribuciones o podrá actuar a pedido de organizaciones de consumidores, SERNAC u otras organizaciones de la sociedad civil.

Las compras que realiza la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a través de licitación pública, deberán ser de alimentos certificados como no transgénicos o provenir de países donde no existen cultivos de VGMs.

Rechazo a la Ley de Obtentores Vegetales
Al mismo tiempo, los ciudadanos apoyamos las demandas de las organizaciones campesinas y de los agricultores orgánicos para lograr un apoyo efectivo a la producción de alimentos libres de plaguicidas y transgénicos y demandamos del Estado asegurar el libre acceso a las semillas y la continuidad de la práctica tradicional del intercambio de semillas entre agricultores. Llamamos a los Senadores a rechazar el proyecto de Ley de Obtentores que se discute actualmente e implica patentar las semillas y privatizar nuestro patrimonio genético.

Apoyamos las demandas de las organizaciones que agrupan a los consumidores y del conjunto de la sociedad que exige pleno derecho a la información, que en estas materias se ve absolutamente vulnerado, y emplazamos a los parlamentarios a defender los intereses reales de la ciudadanía en lugar de los intereses económicos de las empresas transnacionales.

Chillán Viejo, 2 de abril de 2011

Cabildo de Chillán Viejo demandó moratoria a los transgénicos

- Alcalde comunal selló alianza con campesinos, consumidores, vecinos y ambientalistas

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

El Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo, presidido por el Alcalde de la comuna, Felipe Aylwin y el presidente de BioBio Orgánico, Guillermo Riveros, acordó el sábado 2 de abril demandar a los parlamentarios asumir nuevas indicaciones al proyecto de ley sobre transgénicos que se tramita en el Senado (Moción de Bioseguridad), ahora referidas a una moratoria total a la introducción de los transgénicos en Chile, y al etiquetado de los alimentos transgénicos importados. Al mismo tiempo, la propuesta paralela del cabildo a este planteamiento de rechazo a las indicaciones del gobierno que buscan legalizar esos cultivos – desde electores de una zona netamente campesina con la mayor producción orgánica y agroecológica del país - es fortalecer desde todos los ámbitos y quehaceres, el desarrollo de la agricultura orgánica y agroecológica para lograr la soberanía alimentaria, asegurar el derecho de los productores a escoger sus cultivos, preservar el libre acceso a la semilla, y garantizar a los consumidores la opción de comer alimentos sanos, culturalmente apropiados, y libres de plaguicidas y transgénicos.


Representantes de sindicatos campesinos, productores(as) orgánicos, biodinámicos, de la permacultura; organizaciones de consumidores y comercio justo; profesionales de la salud, apicultores, dueñas de casa, periodistas, portuarios, profesores, maestras de yoga, estudiantes y ambientalistas; jóvenes y adultos mayores, acordaron hacer presente estos acuerdos a los legisladores de la zona y en especial a la senadora Ximena Rincón, de la vecina región del Maule. El lunes 4 de abril – último día en que se pueden presentar indicaciones a esta ley en el senado – la senadora entregará en La Moneda un petitorio junto a miembros de la sociedad civil convocados por el mismo tema. Entre las indicaciones que el Cabildo pide incluir para sustituir las indicaciones del gobierno, está solicitar que los términos de referencia de las licitaciones públicas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB incluyan como requisito el origen no transgénico de los alimentos o la procedencia de países donde esos cultivos no estén autorizados. Ello sería coherente- se comentaba en los pasillos- con la campaña nacional que desarrolla el gobierno por alimentos sanos publicitada en la televisión, ya que actualmente la dieta de escolares incluye soya transgénica importada de Argentina y no se ha logrado nunca que una municipalidad acepte abastecerse al menos parcialmente con productos locales producidos en forma sana. En el cabildo se denunció la actuación del alcalde de El Carmen que ha negado esa posibilidad. Se mencionaba que en países como Bolivia, Ecuador o Venezuela la agricultura orgánica cuenta con apoyo estatal que asegura alimentación sana para los menores abasteciendo a los comedores con esos productos.

Lo nuevo en Chillán Viejo
“Abro las puertas de Chillán Viejo para construir ese mundo, para refundar un nuevo país, en conjunto con ustedes desde esta comuna que es la cuna de la Patria, pero también la cuna de lo nuevo, de un mundo diferente que queremos para todos, en el cual se respete las semillas que Dios puso aquí, para lograr que lo natural siga existiendo”, expresó el alcalde Aylwin (independiente) al inaugurar el cabildo, mientras Guillermo Riveros abría el debate dando la bienvenida a todos y especialmente a los representantes de las federaciones Ñuble y Ranquil. Por primera vez se unían en un frente común los productores orgánicos y biodinámicos con los pequeños productores campesinos que practican la agroecología y defienden la soberanía alimentaria, hasta ahora ausentes en el incipiente debate sobre transgénicos.

En el cabildo sostuvo el edil chillanvejano: “Necesitamos la unión de todos para impedir el avance de los transgénicos, porque detrás de este proyecto sólo hay ambiciones personales para aumentar la exportación. A los grandes intereses económicos representados por las transnacionales, no les interesa cuidar nuestro patrimonio. Los que estamos aquí estamos tomando conciencia de los posibles efectos de esta tecnología, estamos haciéndonos más conscientes de lo que sucede con nuestras vidas, con nuestro cuerpo y con la sociedad por la forma que estamos viviendo y alimentándonos, que no se corresponde con el mandato de la naturaleza. Hoy estamos fijando una ruta para el futuro, para impedir que de los cultivos transgénicos se pase a la autorización de mutaciones genéticas para lograr la selección de personas, a partir de criterios como qué es o no hermoso y qué es lo mejor para hacer negocio. ”

Al mediodía el alcalde había compartido impresiones en la feria de productores orgánicos, donde degustó jugos de arándonos, compró vino orgánico para su señora y recibió de obsequio el libro “Chile: La Semilla Campesina en Peligro”, de Lucía Sepúlveda. Así los vecinos y las productoras agroecológicas del sector Rinconada de la comuna de El Carmen, de la Federación Campesina Ñuble, y miembros de la Unión comunal de Juntas de Vecinos de Chillán conocieron a un alcalde vegetariano y defensor de los derechos de los animales, que impulsa la plantación de árboles nativos en las calles y escuelas de su comuna y está dispuesto a convertir Chillán Viejo en una comuna agroecológica que apoye decididamente la producción limpia y se convierta en un referente para otras municipalidades del país.

Intervinieron en el cabildo ciudadanos provenientes, de diversas comunas de Ñuble, Linares, Concepción y Talcahuano así como representantes de redes y organizaciones que van desde las regiones de Valparaíso y Maule hasta el sur de Chile, luego de informarse sobre el proyecto de ley que el gobierno impulsa y cuyo debate se iniciaría esta semana en la Comisión de Agricultura del Senado. El debate se extendió al proyecto de ley de privatización de la semilla nativa –o Derechos de Obtentores Vegetales- también en discusión en el Senado. A las documentadas presentaciones relativas al impacto de los transgénicos en la agricultura campesina, a cargo de Gabriel Riveros (Federación Campesina Ñuble); en la apicultura, de Patricio Ortiz (CET Sur), y en el comercio, desarrollada por Héctor Ramírez (Gaia), siguió un análisis del proyecto del gobierno, las indicaciones sustitutivas a la Moción de Bioseguridad, presentado por Lucía Sepúlveda (Alianza por una Mejor Calidad de Vida).

El proyecto “express” del gobierno
El proyecto de gobierno fue descrito como una vía rápida o express para la aprobación de los transgénicos en medio de la desinformación ciudadana y sin garantías de protección a la biodiversidad, violando el derecho ciudadano a saber y beneficiando solamente a las autoras/beneficiarias del proyecto, las transnacionales productoras de semillas transgénicas (Monsanto, Syngenta y DuPont/Pioneer) y de plaguicidas que acompañan ese paquete tecnológico. La iniciativa deja las decisiones sobre autorizaciones (artículo 27) en manos del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, un servicio sin competencia ni capacidad instalada para una tarea nacional de esa complejidad y trascendencia. Incoherencias como el hecho de que la ley enuncie como objetivo (artículo 1) la regulación de los alimentos transgénicos y en cambio sólo contenga un etiquetado voluntario sujeto a sanciones para los alimentos no transgénicos (artículo 17), provocaron la hilaridad de la concurrencia.
La ley implícitamente respalda el criterio de la “equivalencia sustancial” de los alimentos transgénicos con los convencionales, una teoría añeja, sin respaldo científico, desechada en los países europeos con que Chile comercia, donde el etiquetado de los transgénicos es obligatorio. También se aludió al “Sí pero No”, para graficar que el articulado del proyecto sostiene que no habrá cultivos transgénicos en centros de origen de especies o en áreas protegidas, pero en las líneas siguientes habla de que el SAG sí podrá autorizarlos discrecionalmente en casos excepcionales; o que se suprima de la antigua Ley de Medio Ambiente (Nº19.300) la Evaluación de Impacto Ambiental para los transgénicos, pero nada se diga de la nueva Ley de Medio Ambiente que mantiene esa medida. Se calificó como una farsa el tipo de participación ciudadana contenido en el proyecto, sin acceso asegurado a la información sobre la autoevaluación de riesgo del proponente (conflicto de interés), ni a las características del transgénico o al lugar en que se localizarán los cultivos (artículos 7,10 y 15). También hubo críticas a que la ley no se refiera al riesgo de contaminación irreversible de cultivos orgánicos y convencionales por los transgénicos ni contemple compensaciones por ello, y se llamó la atención al hecho de que se impone de hecho la coexistencia entre ambos tipos de cultivos, opción que se ha demostrado como imposible en España, México o Canadá (caso de la linaza) donde la coexistencia ha sido sinónimo de contaminación encareciendo los costos de los productores convencionales y orgánicos. Todo ello constituye, según se expresó, un pésimo negocio para Chile tanto por la amenaza a la biodiversidad y a la salud de las personas como por los efectos económicos, dado el peso de las exportaciones de la agroindustria, que perderán su denominación de origen como país libre de transgénicos, por ejemplo en el caso del vino y la uva de mesa.

Curadoras de semillas
Concluyeron los presentes asimismo en la Casa de Cultura chillanvejana que los proyectos analizados constituyen una amenaza a nuestro patrimonio genético custodiado por los campesinos y especialmente por las mujeres rurales e indígenas, y a la salud de las personas por el mayor uso de plaguicidas que acompaña estos monocultivos, como ya se ha visto en Argentina. Jacqueline Arriagada, de Quillón, dirigenta de ANAMURI, intervino a nombre de la Red de Mujeres Protectoras de la Biodiversidad relatando que como parte de la resistencia que llevan adelante contra estas leyes, están realizando escuelas de curadoras de semillas. Aludió a la experiencia vivida en Brasil donde las mujeres presentes en la cumbre de los pueblos paralela a la Conferencia de las Partes COP 8, lograron que se mantuviera la moratoria a la semilla Terminator, una semilla estéril que las transnacionales trataban de imponer. Sostuvo finalmente que aquí es necesario construir una alianza campo-ciudad para que el movimiento social tenga también esa fuerza e imponga en los hechos la moratoria. “Tenemos que volver a mirarnos, y sumar fuerzas” dijo la dirigenta que garantizó que las mujeres seguirán manteniendo la semilla en poder de los pueblos originarios, los campesinos y campesinas, y la compartirán con quienes ellas decidan.