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| Joel González luego de interpelar a Bachelet en Limache |
por Lucía Sepúlveda Ruiz
(encargada del área de semillas y transgénicos de RAP-Chile y vocera de Yo No Quiero Transgénicos en Chile)
publicado originalmente en Le Monde Diplomatique, mayo de 2014
La retirada
de la Ley Monsanto-von Baer fue la primera medida del gobierno de la presidenta
Bachelet, a través de la ministra secretaria de gobierno y ex senadora, Ximena
Rincón. El senado se aprestaba a votar ese proyecto de nombre críptico: “Ley de
Derechos de Obtentores Vegetales” . Se
requirieron seis años de lucha para atajar la iniciativa firmada por Michelle
Bachelet en 2008 e impulsada por Sebastián Piñera, que garantizaba más lucro
para las transnacionales semilleras a costa de la agricultura familiar
campesina y la biodiversidad. Interpelada duramente en actos de campaña
electoral en Limache y Temuco, la entonces candidata había prometido “revisar”
el proyecto.
En 2008, pocos sabían que
Monsanto controla el mercado global de
semillas transgénicas y con sus empresas Anasac Chile y Seminis, es la
principal “obtentora” (dueña) de semillas híbridas. La gente tampoco asociaba el cáncer y las enfermedades crónicas,
con la agricultura intensiva en uso de plaguicidas ni con los alimentos
transgénicos. Fue clave la visita a Chile de la documentalista francesa Marie
Monique Robin el 2009, invitada por la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) a lanzar su célebre video “El Mundo Según Monsanto”.
En el
escenario actual, seguiremos trabajando por semillas libres de patentes,
transgénicos y plaguicidas. Nuestro desafío es asegurar la protección de la
semilla mediante los instrumentos legales internacionales que Chile no ha
ratificado, y contribuir a la elaboración de una ley que resguarde la
biodiversidad y asegure la libre disposición
y comercialización de la semilla local y del agua para la producción
agroecológica, garantizando mecanismos
de comercialización para las y los productores de la agricultura familiar
campesina.
El triple pack pro transgénicos
Monsanto,
Syngenta, Dupont-Pioneer, Bayer y su socio chileno, el clan von Baer,
buscan avanzar hacia la legalización de
los cultivos transgénicos, dañinos para el medio ambiente y la salud de las
personas, autorizados sólo para la exportación.
Empresas y
gobiernos idearon un “triple pack” cuya primera parte era lograr la aprobación
del Convenio UPOV 91 de propiedad intelectual sobre la semilla. La segunda era
derogar la actual ley de semillas y remplazarla por la Ley Monsanto. La fase 3
incluía retomar la discusión de la Ley de Transgénicos (llamada de
Bioseguridad). La movilización social desbarató ese plan. El UPOV91 aprobado en
2011 por el senado, sólo era válido si se aprobaba la Ley Monsanto.
Como RAP-AL
estuvimos el 2010 en la Cámara de Diputados, alertando sobre el real significado
del proyecto de ley que propinaría un golpe mortal a la agricultura familiar
campesina, junto a agricultores orgánicos del Biobio y Chiloé, ANAMURI, Grain, Biodinámicos,
CET y el obispo emérito de Chiloé Juan
Luis Ysern. El entonces presidente de la comisión de agricultura, Marco
Enríquez-Ominami, se mostró receptivo a
nuestros planteamientos, sin embargo su ingreso
a la carrera presidencial dejó un vacío en la interlocución y en marzo de 2010
la Cámara aprobó el proyecto de Obtentores Vegetales, un día antes que asumiera
el presidente Piñera y el nuevo parlamento.
Un año
después, el Senado aprobó entre gallos y medianoche el Convenio UPOV 91.
“Senado chileno vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena” fue el
titular de inicio de una serie de artículos que publicamos sobre el tema. El
Tribunal Constitucional se negó a declarar ilegal ese convenio, solicitud
formulada por 17 senadores apoyados por organizaciones campesinas, indígenas, y
sociales.
El gobierno
de Piñera envió en 2011 al Senado indicaciones para el proyecto de BioSeguridad/Transgénicos,
pero no pudo avanzar: ya se dibujaba otro paisaje social. La movilización
estudiantil copó la agenda, dándonos
tiempo para compartir con comunidades campesinas e indígenas y estar en debates
estudiantiles, de Iquique a Chiloé, con
ayuda de “Chile, la semilla campesina en peligro”, mi libro reportaje, el primero referido a las guardadoras de semillas, y a las leyes
relacionadas con el tema.
Nace la campaña YNQT
Ese año 2011 nació la campaña Yo No Quiero Transgénicos en
Chile, en cuya fundación participó RAPAL junto a BioBio Orgánico, la Red
SocioAmbiental de Valparaíso, la Asamblea Social del Limarí, la Red Ambiental
del Norte, Chiloé Orgánico, Tierra Nueva, la Revolución de la Cuchara, OLCA,
Consumidores Conscientes de Valdivia, Linares y Ancud, y Permacultores de la
BioRegión del Maipo, entre otros colectivos. Se multiplicaron las actividades
de difusión que incluyeron un video de la campaña (seguido por un documental de
los “Transgeniales”) y más adelante, fotos con Vandana Shiva, Manu Chao y Natalia Contesse adhiriendo a la
causa. Hicimos cabildos en Chillán con BioBio Orgánico y publicamos la Guía de Alimentos que Pueden Contener Transgénicos; desarrollamos talleres y acciones de autoetiquetado de alimentos transgénicos en supermercados de
Santiago y regiones, con la iniciativa Exige Vivir Sano.
En 2012, el
testimonio de apicultores en una audiencia pública convocada por el Consejo
para la Transparencia, visibilizó por primera vez el daño causado por las
semilleras: polen contaminado por el maíz transgénico. El significativo fallo
del Consejo, que puso fin al secreto en la ubicación de los cultivos transgénicos,
fue la respuesta a una demanda presentada por RAP-AL en 2009.
En brazos de la pujante campaña, la senadora
Ximena Rincón presentó un proyecto de moratoria a los transgénicos y etiquetado
de los alimentos con ingredientes de ese tipo. Un estudio del científico
francés Gilles Séralini evidenció daños en pulmón e hígado y enormes tumores en
ratas alimentadas toda su vida con maíz transgénico y Roundup de Monsanto, lo
que alertó a sectores cada vez más amplios de la población que estos alimentos
no son sanos ni seguros.
En 2013 el
gobierno de Piñera puso urgencia a la Ley de Obtentores, y la campaña la rebautizó como Ley Mosanto, aludiendo a su mayor beneficiario, junto a las
empresas semilleras. Nació la Red de Semillas Libres.
Argumentamos en la
Comisión de Agricultura del Senado, que era una ley innecesaria. Las empresas
registran todos los meses sus híbridos en el Registro de Semillas (dependiente
del SAG), nacido al amparo de la actual ley de Semillas y del Convenio UPOV del
año 1978, y obtienen enormes ganancias
por su venta. Dijimos que los países
ricos en biodiversidad NO han firmado el convenio UPOV 91 y tampoco lo han
hecho países como Canadá, Nueva Zelanda e Italia que están entre los
principales registrantes de semillas en Chile. Denunciamos que el intercambio
de semillas, una práctica ancestral, sería criminalizada y los campesinos y
campesinas ya no podrían disponer libremente de la semilla. Explicamos que
generaría pérdida de biodiversidad por erosión genética y porque las semillas
nativas, así como las locales campesinas e indígenas no tienen protección legal.
Podrían ser registradas mediante cambios cosméticos obtenidos en laboratorio a
fin de ser “distintas” de otras variedades. Chile no tiene catastro de su
patrimonio fitogenético ni ha firmado los tratados internacionales de Naciones
Unidas que protegen esos bienes (el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la
Biotecnología: los Protocolos de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en
los Beneficios Derivados;
y de Responsabilidad y Compensación por Daño;
el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos). Denunciamos que los pueblos indígenas no habían
sido consultados según dispone el Convenio 169. Señalamos que los consumidores
dependeríamos de los supermercados y la agroindustria porque los campesinos al
no poder pagar todos los años semillas caras, migrarían a la ciudad y en sus
territorios los monocultivos
transgénicos remplazarían los cultivos alimentarios.
Lo dijimos
en el Senado y lo gritamos en la calle, en marchas, velatones, intercambios de
semilla y ferias. Con mensajes viralizados en redes sociales, los senadores sintieron
la funa ciudadana expresada en las listas “verde” y “roja” sobre su postura
frente a esta ley. Y nuestro lobby
constante, junto al esfuerzo de muchos y muchas personas, colectivos y
organizaciones logró que 21 senadores comprometieran públicamente su rechazo al
proyecto de “Ley Monsanto” y también lo hicieran los candidatos presidenciales
alternativos al binominal. La presidenta Bachelet entendió el mensaje. Por
ahora...
