Declaración Pública
Santiago, 11 de marzo
Como Plataforma Chile
Mejor sin TLC, hacemos un llamado al Consejo de Estados Miembros de la Unión
Europea; a su órgano ejecutivo, la Comisión, y al Parlamento Europeo que representa a los
ciudadanos y ciudadanas, a hacer valer el respeto a los DD.HH. y detener
inmediatamente la negociación de la modernización del Acuerdo de Asociación entre
la Unión Europea y Chile en vigor desde 2003, solicitada en La Moneda el pasado
4 de marzo por el Presidente Piñera a los embajadores de la UE
en Chile . En esa conversación
se ignoró el macizo reporte de la delegación del Parlamento europeo que visitó
Chile en octubre de 2019 elaborado a partir de la información recogida en intensas reuniones con representantes de
organizaciones de DD.HH., y organizaciones sociales y políticas en Santiago y
Valparaíso. La sexta reunión de las partes se realizó en noviembre de 2019, sin
importar el estallido social. A la fecha de la reunión de marzo, ya eran
públicos los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ACNUDH, y del
Instituto Nacional de DD.HH., acerca de las ininterrumpidas y gravísimas
violaciones a los derechos humanos en curso. Los asesores ocultaron otro dato
relevante: hoy los tratados de libre comercio son ampliamente cuestionados por
las y los movilizados en la revuelta popular, dada la inexistencia de una
evaluación integral de sus impactos y su carácter de pilar del modelo
neoliberal impuesto por la constitución pinochetista que aún rige Chile. Como ejemplo, citamos la campaña virtual en curso "Chile, ¿Agua o
Aguacates?" sobre los costos de la agroexportación. La campaña es global y pide
firmar por la derogación del Código de Aguas (1981), la restricción al cultivo
de paltas y acceso al agua potable y de riego para las comunidades de Petorca,
Chile.
Violación sistemática de los DD.HH.
La Fiscalía Nacional
registraba a fines de enero 31 muertos en el contexto de protestas. Los últimos
meses la cifra de muertos ha seguido aumentando. El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de
DD.HH. para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de
febrero de 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439
mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes)y 411 traumas oculares. De las 2.122 heridas por
disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa
identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195
querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por
torturas. La Coordinadora por la
Libertad de las y los Presos Políticos de la revuelta, cifra en más de 2000 los
detenidos, muchos de ellos menores de edad.
El proceso de renegociación del Tratado
con la UE se inició en noviembre de 2017, con la habitual falta de transparencia. Los
negociadores de la Unión Europea abocados a la tarea, no
pueden alegar hoy desconocimiento de la crisis de derechos humanos que se vive en Chile. Tras conocer el completo
informe elaborado por la delegación del Parlamento Europeo que visitó Chile en
octubre en pleno estado de emergencia y con los militares en la calle, 40
diputados de la entidad dirigieron una carta a la entonces Alta Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini
(cuyo puesto ocupa hoy Joseph Borrell), solicitándole entre otras medidas, “que en el marco
del diálogo político, la UE …solicite una reunión urgente con la Embajada
de Chile ante la UE…y haga valer la cláusula de democracia del
Acuerdo de Asociación que mantiene la Unión con Chile (Acuerdo de Asociación
Económica, AAE), donde se establece el respeto de los derechos humanos
fundamentales, el desarrollo económico y social sostenible; y compromete además
a las partes con la buena gobernanza.” Demandaron asimismo los diputados que, de no haber
cambios en la situación denunciada por las organizaciones sociales y de
derechos humanos de Santiago y Valparaíso reunidas con la misión europea, la UE
debe aplicar “la cláusula de suspensión del acuerdo en razón de incumplimiento
de la cláusula de democracia.” Como
ocurre en los tratados con todos los puntos que no tienen que ver directamente
con el comercio, el capítulo de derechos humanos no es vinculante para los
Estados, como sí son los capítulos sobre propiedad intelectual o resolución de
controversias, entre otros. Sin embargo la UE tiene ahora la posibilidad de
actuar en consonancia con sus principios y su propia legislación de Derechos
Humanos.
A su
vez, el 30 de octubre la vocera de la Comunidad Europea para Asuntos
internacionales y Negociaciones, Maja Kocijancic declaró sobre el caso chileno:
“Deploramos la pérdida de vidas y rechazamos cualquier tipo de violencia. Debe
investigarse debidamente toda violación de los derechos humanos, que deben
respetarse en todas las circunstancias.”
El
22 de enero de 2020 expusieron en la Subcomisión de DDHH de la UE sobre la situación en Chile, el académico Claudio
Nash, director de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y
Patricia Parga, por el comité de DD.HH. 18.10 de la red “Chile Despertó
Internacional”, creada por chilenos expatriados. Nash sostuvo en su
intervención que “ las violaciones descritas
configuran un cuadro
de graves, masivas y
sistemáticas violaciones de
derechos humanos. …Además, el
Gobierno se ha empeñado en una agenda legislativa que busca criminalizar
la protesta ciudadana y el Parlamento
chileno no ha sido capaz de controlar y
limitar dicha criminalización.” Patricia Parga por su parte recordó que Chile
fue el primer país de América Latina que firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero
agregó “¿Qué sentido tiene incluir una
cláusula sobre DD.HH., creada especialmente
para ser aplicada en contextos como el señalado… que
no obliga a las partes a respetarla?” Concluyó llamando a las instituciones
europeas a dejar su silencio cómplice y condenar las graves, masivas y
sistemáticas violaciones a los
derechos humanos cometidas por el Estado chileno.
Modelo
al desnudo
El
estallido social detonado el 18 de octubre evidenció la enorme desigualdad
existente a nivel social pero también desnudó el modelo económico neoliberal,
sostenido por el extractivismo y los tratados de libre comercio. Al calor de la
revuelta, ambos factores han sido reconocidos como determinantes en el
deterioro ambiental y la vulneración de derechos básicos a la educación, la
previsión, la salud, entre otros. Ya en 2018 alertábamos que Chile no puede
seguir teniendo relaciones de tipo colonial con la UE, y llamábamos la atención sobre los impactos negativos
que preveíamos respecto de la continuidad del Tratado de Asociación con la UE.
El nuevo texto ahora con acento en la energía y la propiedad intelectual, acentúa el rol proveedor de Chile de materias
primas como cobre, litio (en que Chile es el principal proveedor para la
industria automotriz europea), frutas, salmón, semillas, profundizando así el saqueo de los bienes
comunes, la depredación de territorios y el despojo de comunidades en el área
minera. En materia de resolución de controversias, los riesgos son similares a
los que presenta el TPP11 ya que las medidas adoptadas para elevar estándares
ambientales, por ejemplo, o que tengan que ver con condicionar la inversión a entrega
de tecnología, pueden ser consideradas
como obstáculos al comercio y llevar a Chile a ser demandado en paneles
internacionales que no cumplen con las reglas del debido proceso. En
cuanto a género, un tema de carácter no vinculante presente en los nuevos TLC y
en el nuevo tratado UE-Chile, una
economía basada en la exportación de monocultivos alimentarios y forestales
(celulosa), sólo traería más impactos
negativos en las mujeres temporeras, afectadas por cánceres (por uso de agrotóxicos)
y en su salud reproductiva (niños con malformaciones), y por otra parte la
multiplicación de centrales hidroeléctricas de paso o de salmonicultura
seguiría contribuyendo a dejar a las
comunidades campesinas e indígenas sin agua para las huertas de
autosubsistencia de las mujeres campesinas e indígenas y su provisión de yerbas
medicinales. Plaguicidas altamente peligrosos, como el herbicida Paraquat,
prohibido en Europa, ya se usan ampliamente en cultivos de exportación
incluidos los de avellanos europeos, base para la elaboración de la nutella del
desayuno europeo. Estas graves vulneraciones al derecho humano a la salud
integral, y al derecho a la alimentación, se suman potencialmente a las
violaciones a los derechos humanos en el curso de la revuelta popular.
Un
informe de la DIRECON del 2015 indicaba
que mientras las exportaciones a la UE crecían anualmente en 11%, las
importaciones de maquinaria y productos industriales, aumentaban un 13% anual.
En 2015, la balanza comercial ya arrojó 800 millones de dólares de déficit para Chile. Estas objeciones sin duda
no son consideradas válidas por el gobierno chileno, que continúa apegado a un
fracasado concepto de desarrollo.
En
numerosos documentos, incluidos aquellos con los que inició la renegociación
del Acuerdo de Libre Comercio con Chile, la Unión Europea se presenta ante la
sociedad civil con una sólida adscripción a los derechos humanos. Los
principios, sin embargo, deben ser coherentes con la práctica. Por ello, con la
autoridad que nos confiere un pueblo consciente de sus derechos y con el dolor
de nuestros caídos y caídas en la revuelta popular, demandamos a la Comisión Europea, órgano
ejecutivo de la UE, en su misión de
defensa de los tratados de la Unión, y al Consejo de la UE, que instruyan el
cese inmediato de la renegociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Chile, cumpliendo así con la legislación de DD.HH. de la UE, la
Declaración de DD.HH. de la UE y el Tratado de Lisboa, y aplicando el mismo
estándar para su socio comercial. El Parlamento Europeo está llamado a
controlar que la Comisión Europea lo haga. Asimismo, llamamos a los chilenos y chilenas del
Comité18.10 a apoyar esta demanda para aislar
al gobierno del Presidente Piñera, que escogió el camino de la criminal
represión a su pueblo y pretende seguir imponiendo nuevas leyes y tratados como si contara con respaldo ciudadano.
