Los hechos de Puerto Choque: la otra colusión

La historia se repite: en la foto, fuerzas policiales y fiscales utilizando como centro de operaciones el camping Los Castanos de Santos Jorquera, un ex colaborador de la DINA y CNI en tiempos de dictadura.


Incomunicados en la cárcel de El Manzano (Concepción) hasta el lunes 20 de abril quedaron los comuneros José Huenuche, Ramón Llanquileo y el estudiante Jonathan Huillican luego de ser interrogados por el fiscal militar Fernando Grandón en la capital penquista. La esposa de José Huenuche –trabajador a jornal y nochero en Cañete- Millaray Paillalef, denunció que se está aplicando una doble sanción por una misma causa. Los detenidos ya habían sido formalizados en Cañete –junto a otros ocho mapuche, también arrestados el pasado 11 de abril- por los mismos hechos, su presunta participación en la emboscada al fiscal que se dedica con exclusividad a perseguir a los luchadores mapuche en la provincia de Arauco, Mario Elgueta. Las detenciones practicadas en marzo y abril han aumentado a un número cercano a la cincuentana el número de presos políticos mapuche en Chile, que en enero de este año eran 32. Una colusión en derechos humanos entre policía y empresas forestales que no ocupa los titulares de prensa.

Nueve meses de prisión preventiva
Millaray Paillalef agregó que la madre del estudiante Huillican –que reside en Lonquimay y viajó a Lebu a verlo- no logró visitarlo. Para todos los familiares el traslado de los presos a Concepción representa un castigo adicional pues ellos viven en Cañete o Tirúa, a más de costosas cuatro horas de viaje. Todos permanecerán en prisión los nueve meses que decretó la jueza para la investigación.
“El defensor público, Egon Matus no puede solicitar la libertad de ellos porque la carpeta de investigación es secreta por un lapso de 40 días, lo que nos parece muy mal”, agregó Millaray. Como en otras oportunidades, existen supuestos testigos cuyas identidades son secretas y la defensa desconoce por completo las pruebas que acreditarían las acusaciones de la fiscalía.

“El allanamiento realizado para detener a José fue muy violento”, explicó Millaray, embarazada de siete meses, entrevistada telefónicamente por esta periodista. “Yo vivo en Cañete. Derribaron la puerta de mi casa, y me sacaron en ropa interior, sin presentar orden judicial, lo mismo hicieron en las comunidades.”
Interrogada acerca de qué se llevó la la policía, responde: “Libros, películas, cámaras fotográficas, celulares y otras cosas que incluso pertenecen a mi mamá y tienen que ver con su trabajo”.
Torturas
Ella agrega que dos de los presos requiere urgente atención médica: Segundo Ñeguey tiene incrustados varios perdigones en la rodilla, y Jonathan resultó con graves lesiones en el oído medio como resultado de los golpes en la cabeza que le dio la policía en Temuco luego de la detención. También fue amenazado con que le aplicarían corriente y tomarían represalia con su familia si no cooperaba.

-¿Ha presentado la familia una denuncia por torturas?
“No, ellos aún no han podido verlo pues viajaron desde Lonquimay a Lebu pero cuando llegaron, a su hijo lo trasladaron a Concepción. Los gendarmes están tratando de intimidar a los familiares y a los presos. A nosotros nos dijeron que si hacíamos protesta afuera de la cárcel, ellos dispararían a matar adentro.

-¿Cuál es la vinculación del estudiante con los comuneros detenidos?
“Aquí en el verano llegan muchos estudiantes, esta es una zona turística, por el lago, y los jóvenes hacen amistad muy pronto, vienen a ayudar en la cosecha”.

A Huenuche, Llanquileo y Huillican, y a otros ocho detenidos Segundo Ñeguey, los hermanos Juan, Norberto y César Parra Leiva, Luis Menares Chamilao, Juan Muñoz Huenuman, Alcides Pilquiman, Richard Ñeguey y Javier Navarro, se les acusa de homicidio frustrado en contra de un fiscal y dos carabineros, además de robo con intimidación y asociación ilícita terrorista. El gobernador Rodrigo Daroch presentó el requerimiento para que se aplique la legislación antiterrorista que data de tiempos de dictadura. El gobierno de Michelle Bachelet está aplicando esta ley, criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, en el caso de Miguel Tapia Huenulaf, detenido en Santiago el 13 de febrero de este año en un episodio denunciado ante James Anaya, relator de Naciones Unidas como un montaje policial. También se juzgó por ley antiterrorista a Jonathan Vega y Fénix Delgado, estudiantes universitarios simpatizantes de la causa mapuche en Temuco detenidos en octubre de 2008.

Tácticas de la Fiscalía Antimapuche
El caso de César Parra, de la comunidad Esteban Yebilao, del sector Puerto Choque - escenario de importantes recuperaciones de tierras del fundo La Puntilla usurpadas por las forestales Mininco y Volterra, y de escaramuzas con la policía que corresponden a intentos de desalojo - es ilustrativo de la táctica que está utilizando la fiscalía antimapuche. Ello consiste en buscar por todos los medios mantener en prisión “preventiva” a los dirigentes y activistas sociales mapuche, y cuando salen liberados por falta de pruebas, formular nuevas acusaciones.César Parra alcanzó a estar apenas unos días en libertad, pues desde el 17 de octubre de 2007 permanecía recluido en El Manzano acusado de atacar con una motosierra a carabineros, en junio de ese año. La propia Fiscalía Militar le dio la libertad condicional el 2 de abril. Parra había resultado herido en el supuesto ataque y en cambio el carabinero que lo acusaba, no pudo acreditar lesión alguna.
Persecución a la CAM
La policía pretendía también que regresara a prisión Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, absuelto en Temuco en un juicio oral en mayo de 2008, luego de pasar más de un año en prisión. Según Richard Curinao, de la web Werken Kvrvf, http://werkenkvrvf.blogspot.com más de 30 efectivos de la PDI, la mayoría encapuchados, llegaron a su domicilio de San Ramón, Tirúa, encañonando a sus tres hijos menores de edad y obligándolos a salir de la casa. Pero su padre no dormía en casa esa noche.
En marzo el tribunal oral de Angol dictó condenas a cinco años de cárcel efectiva a Luis Millacheo Ñanco, y a 4 años remitidos para Andrés Licán Licán y Juan Licán Melinao, considerados por el tribunal culpables de incendiar un camión forestal en Pidima, Ercilla. Otros dos comuneros, Fernando y José Guillermo Millacheo, fueron absueltos luego de pasar varios meses en prisión. Sin embargo la táctica de la fiscalía no resuelve el denominado “conflicto mapuche.” El 6 de abril de 2008, 18 comuneros de ese mismo sector de Pidima, fueron formalizados por “usurpación”, luego de participar en un intento de recuperación de tierras.

Puerta giratoria
La comunidad mapuche autónoma Temucuicui acaba de denunciar una nueva faceta de esta táctica, una suerte de “puerta giratoria” entre la fiscalía y los juzgados orales. Ellos recusaron al juez Andrés Villagra, pidiendo se le inhabilite en el juicio que el 28 de mayo próximo enfrentarán Jaime Huenchullan Cayul y Julio Caihuan Nahuelpi. Sostienen los dirigentes que Andrés Villagra fue fiscal adjunto de Collipulli entre los años 2000 y 2002. En el ejercicio de esas funciones imputó a varios integrantes de su comunidad en supuestos hechos en contra del latifundista René Urban, de los cuales han sido absueltos posteriormente, una y otra vez. Sostienen que además, como juez se ha pronunciado directamente ante ellos considerando culpables a los comuneros antes de realizarse los juicios respectivos y adelantando que se les condenaría “como sea”.

Colaboradores de la policía
La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas, una práctica que posiblemente no tiene asidero legal. Pero el mismo día que los abogados intentaban infructuosamente conocer los testigos y las pruebas montadas por la fiscalía, en Santiago, El Mercurio informaba que el fiscal nacional Sabas Chahuán “propuso una modificación a la ley contra conductas terroristas, de manera de usar incluso agentes encubiertos o informantes en esas causas.” Este ya es el caso del informante y colaboarador Santos Jorquera, dueño del camping “Los Castaños”, reconocido en la zona de Tirúa como cómplice de la DINA y la CNI, donde fueron detenidos miembros de las comunidades de Choque, Ranquilhue y Miquihue. Su casa es actualmente el centro de operaciones de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que lo usa también como centro de detención e interrotgatorio cuando detiene a mapuche en caminos interiores y de acceso a la comunidad de Choque.A los doce detenidos el 12 de abril en Puerto Choque se les acusa precisamente de “agresión a Santos Jorquera”.

Cacería de mapuches
El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad considera los hechos descritos en esta nota como una verdadera cacería de mapuches, y rechazó en un artículo publicado en Clarín de Chile, las expresiones del ministro del Interior subrogante que se congratuló públicamente de los operativos. Expresa Roberto Avila en una carta pública:
“A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada
y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de
poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas
actualmente en trámite, el Ministro considera a los imputados ya como
culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’.
El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son
personas sino un ‘cuarteto’, de ciudadanos queda poco o nada. ¿Qué
garantías procesales de un debido proceso tiene ese “cuarteto”, si ya
el ministro del interior los condenó públicamente como delincuentes?
El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de
resoluciones judiciales sino una verdadera cacería.”

Justicia en Perú enc aso Fujimori,

POsteo un artículo de César Hildebrandt que destaca cómo la justicia peruana se reivindicó, al revés de lo que ocurrió en Chile. Allá el dictador y criminal Fujimori fue condenado, en cambio aquí Pinochet zafó de todo gracias a la "in"justicia chilena.

La rabia de la derecha - Cesar Hildebrandt
La condena a 25 años de Alberto Fujimori no sólo es una obra maestra del derecho y de la lógica, una construcción mental de impecable claridad y un encadenamiento irrefutable de hechos, documentos y testimonios.

La condena al hombre que confederó los vicios de la república y las peores flaquezas de la sociedad peruana, es un momento histórico pero también, y fundamentalmente, una manera de recuperar la decencia nacional.

Somos bastante mejores como país desde el día de ayer. El fujimorismo gutural quería que siguiéramos siendo, en muchos sentidos, una tribu sin ley que festejara la infamia y que sólo tuviera por norma la conveniencia de su cabecilla.

La sala penal que ha juzgado y condenado al usurpador de nombre Alberto Fujimori nos devuelve al mundo civilizado. Podemos decir ahora que, a diferencia de Chile, hemos aplicado la ley a quien jamás la acató. Porque si Pinochet sufrió ciertos aprestos judiciales -infligidos sobre todo gracias al juez español Garzón y al fuero londinense- murió, sin embargo, de larga vida y muchas muertes y jamás fue condenado.

Fujimori, en cambio, podrá ahora apelar a las instancias políticas de la siempre intervenida Corte Suprema, pero la condena de ayer lo marca para siempre y marca un antes y un después en la historia judicial peruana.

La historia del Poder Judicial en el Perú ha sido una historia de corrupción general y de muy pocas grandezas. La mayor de esas escasas grandezas, la grandeza mayúscula, ha ocurrido ayer. Y gracias a estos jueces con vocación de historia, tendremos que mirar de un modo distinto a la judicatura.

La corrupción no es inexorable. Los jueces paradigmáticos que ayer le han lavado el rostro al Perú demuestran que, al final, la elección entre el honor y la sordidez será siempre un asunto personal. Y que las personas dignas, más allá de las presiones y las turbas amenazantes, producirán siempre actos dignos.

Frente a tantos años de canalla abogadil y jueces no sólo sin rostro sino también sin honra, la sala penal presidida por César San Martín e integrada por los vocales Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo nos reconcilia con la esperanza: los jefes de Estado no son impunes, la democracia también es depuración y limpieza, no es una fatalidad aceptar el crimen ni resignarse ante la inmundicia.

Si hubo un San Martín importado y amable que juró la independencia en 1821, ayer ha habido un San Martín nacional que nos ha librado de una dominación tan indeseable como la que España impuso en estas tierras: la dominación del deshonor.

Fujimori es la interpretación más cabal y el resumen biográfico más perfecto del deshonor. No hubo deshonor que le fuera ajeno ni traición que lo asqueara ni felonía que le mereciese algún reparo.

Traicionó a la democracia que juró respetar, a la Constitución que debía cumplir, a la esposa que lo catapultó, a los evangelistas a quienes debía la victoria, a los apristas a quienes había amado tanto, a los tontos que lo creyeron “populista”.

Y cuando la ola de podre lo salpicó, traicionó a los traidores Montesinos y Hermoza Ríos, lo que es un refinamiento no sé si romano o delicadamente oriental.

Y cuando la cobardía lo ensilló por enésima vez -porque la cobardía es madre de la crueldad, según Michel de Montaigne, y Alberto Fujimori fue cruel hasta con los cadáveres-, cuando la cobardía lo azuzó, digo, perpetró la que sería la traición más transoceánica de su historia personal: renunció a la presidencia desde Tokio (“porque temía por mi vida”, diría después), se hizo japonés extrayendo la nacionalidad secreta que siempre había negado tener, se vinculó a círculos mafiosos y fascistas de la política del Japón, apareció de pronto en Chile creyendo que en el Perú lo esperaban las masas y, cuando la policía chilena lo detuvo, candidateó sin éxito al Parlamento nipón para blindarse.

Esa trayectoria ha terminado ayer con una condena que nos enaltece como país. Y esa condena se yergue ahora como un aporte de los jueces peruanos al derecho internacional y a la lucha que Latinoamérica ha librado en contra de la barbarie.

Sendero Luminoso y el MRTA le declararon la guerra al país. Pero, como lo demostró Antonio Ketín Vidal, enfrentarse al salvajismo marxista de Sendero y del MRTA no implicaba convertirnos en gentuza que celebrara en una playa militar una fiesta borracha tras el asesinato de nueve estudiantes y un profesor.

Fujimori vivió a sus anchas cuando Sendero y el MRTA le permitieron actuar como si todo le estuviese permitido. La captura relativamente precoz de Guzmán, debida al GEIN y no a los sicarios mandados desde Palacio, lo desconcertó.

Pronto, sin embargo, encontraría nuevos motivos para continuar su campaña destinada a “prolongar” la guerra todo lo que fuera posible. Un país normalizado no era conveniente porque podía permitir que la gente mirara el otro lado de la luna: el masivo latrocinio del presupuesto militar, las coimas grandiosas que irían a parar a Suiza y a la banca sucia del Caribe, la venta mafiosa de las empresas públicas, la compra de tractores chinos sobrevaluados y de aviones de guerra que costaban la mitad de lo que se decía que costaban, el uso de dineros públicos para comprar a los congresistas tránsfugas y sostener la prensa de estercolero dedicada a denigrar a “los enemigos”.

En estos días hemos visto y oído al fujimorismo, en todos sus matices, expresarse con plena libertad. Desde las objeciones de Valle Riestra, ese tribuno de “La Tribuna” y ese primer ministro goloso de la dictadura, hasta la señora Keiko Fujimori, que hasta ahora no nos dice cuándo devolverá el dinero sucio que recibió de su padre, pasando por Jaime Bayly, ese fujimorista que salió del clóset para anunciar que votará por quienes siempre lo asustaron y a los que siempre aduló.

Fujimori condenado. Las turbas que Raffo recolecta entre el lumpen harán lo suyo. “La Razón” gritará lo previsto. Martha Chávez, Martha Hildebrandt, Luz Salgado y Carmen Losada de Gamboa regurgitarán sus viejos argumentos. Valle Riestra usará, más que nunca, la corbata del luto por sí mismo. Los canales que le deben a la Sunat lo que la Sunat jamás permitiría a otros que se le debiera, seguirán reciclando chicharrones de prensa.

Pero todo eso será episódico. Desde ahora, el condenado Fujimori ya no es la víctima de una persecución que sus parásitos jamás pudieron demostrar. Desde ayer, Fujimori es un reo. Y el Perú ha amanecido distinto. El Perú ha jalado la cadena.

Es importante no olvidar algo que podría ser fundamental. No sólo los Saravá están de duelo. Están también de duelo, aunque quisieran aparentar lo contrario, los empresarios que apostaron todo por Fujimori.

No sólo en “La Razón” -el diario que justifica la masacre de Gaza tanto como la matanza de Barrios Altos- están de duelo. También lloran como viudas y viudos repentinos en “Eisha”, en la Confiep servil, en las oficinas de Dionisio Romero, en las gerencias de Saga y Ripley.

Porque Fujimori no fue sólo Barrios Altos y La Cantuta. Fujimori fue también la ejecución del consenso de Washington y del liberalismo en dosis de caballo.

El liberalismo no llegó a América Latina demandado por los pobres, como dicen los pobres diablos. El liberalismo llegó a Chile de la mano ensangrentada de Pinochet y a Argentina de la zarpa de Rafael Videla.

El Perú no podía ser distinto. Una política de persecución de los derechos adquiridos por los trabajadores, de supresión de los sindicatos, de ajuste para los de abajo y ganancias excepcionales para los de arriba y para las corporaciones que los de arriba muchas veces representan, sólo podía ejecutarse en medio del estado de excepción, la Constitución suspendida y la democracia quebrada.

La condena a Fujimori tiene connotaciones políticas. Pero no son las que el fujimorismo pretenderá esgrimir estos días. El sustrato político en todo esto es que la condena de ayer no sólo alcanza al autor mediato de crímenes abominables y al cómplice encumbrado de asesinos sombríos, sino al operador de una política que hoy, con la crisis mundial desatada, se muestra no sólo como injusta sino también como insostenible en el largo plazo.

La derecha llora por Fujimori. ¿Quién dijo que los cocodrilos no lloraban de verdad?

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/la-rabia-de-la-derecha_36300.html

Elena Varela con James Anaya Relator especial sobre Pueblos Indígenas

"Soy Elena Varela, presa política" declaró la cineasta chilena ante James Anaya, relator especial sobre pueblos indígenas para Naciones Unidas, el domingo pasado, en reunión sostenida en Amnistía Internacional. La documentalista denunció que intentan condenarla a 15 años de prisión con un burdo montaje cuyo fin es impedir que sus documentales puedan dar a conocer en todo el mundo la criminalización de las luchas del pueblo mapuche.
Ella habló cuando concluía la reunión del relator con organizaciones indígenas autoconvocadas en Santiago, que se extendió por casi tres horas. Los testimonios más importantes fueron de los padres de Matías Catrileo, el estudiante asesinado en enero de 2008 mientras participaba en una recuperación de tierras, de la madre de Miguel Tapia Huenulaf, detenido bajo acusaciones de "terrorismo" y enviado a la cárcel de alta seguridad de Valdivia, y de Carolina Cadin, hija de la lonko Juana Calfunao (comunidad Juan Paillalef) quien dijo que era la única integrante de su familia que permanece en libertad. Asimismo se denunció una desaparición forzosa ocurrida en 2008: el caso de José Huenante, un joven detenido en Puerto Montt por carabineros cuyos familiares no han podido dar con su paradero.
Anaya escuchó con atención y respeto las intervenciones que también denunciaron problemas de salud (inexistencia de consejerías para SIDA al pueblo huilliche en Chiloé y resto del país), injusticia y discriminación ambiental por la instalación de vertederos en comunidades, inexistencia de apoyo real a la educación intercultural y falta absoluta de consulta respecto de supuestas leyes que benefician según el gobierno a los indígenas.
El relator -apache por origen, abogado de profesión- partió señalando: "No tengo poder para cambiar las cosas. Pero sí puedo llevar la voz de los pueblos indígenas a los ámbitos de gobierno, hacer que ellos escuchen sus problemas, aspiraciones y desafíos. También eso puede contribuir a ampliar los espacios para estas discusiones".
Además de la reunión en Santiago -a la que tuve el privilegio de asistir- el relator sostuvo otra con organizaciones mapuche en Temuco, pero no visitó a los presos políticos.
Le escuché ezplicar que su viaje fue una decisión excepcional, pues luego del informe del anterior relator, Rodolfo Stavenhagen, no estaba agendada otra visita a Chile. Sin embargo él prefirió hacer un seguimiento directo de las recomendaciones formuladas por Stavenhagen, aunque fuera en un plazo muy breve como efectivamente ocurrió.
Habrá que esperar a conocer su evaluación final, mañana hay anunciada una conferencia de prensa de la que no espero gran cosa, pues ya se ve que tiene un lenguaje diplomático. Los relatores hablan por sus informes. Eso es lo que hay que esperar.
Su aspecto no lo hacía en nada diferente a cualquiera de los otros miembros de pueblos originarios presentes. De hecho cuando llegó, muchos no sospechamos que era la persona que todo el mundo estaba esperando! Pienso que algo positivo saldrá de este viaje. Apache y mapuche terminan en che...¿Sincronicidad? ¿Armonía? Ojalá.

¿Quién nos defiende del Ministerio Público?

Lorenzo Morales- abogado, asesor jurídico de la Municipalidad de La Ligua - ha defendido solidariamente por decisión personal, a la lonko Juana Calfunao y a su familia, a Waikilaf Cadin (su hijo) y a Avelino Meñaco, entre muchos otros...también al werken José Cariqueo de la comunidad José Guiñón. En general y con muy contadas excepciones, los presos políticos mapuche sólo cuentan con defensores públicos. No existe hoy una defensoría del pueblo, y los defensores del Estado cumplen un pobrísimo papel por negligencia y desinterés. No llegan a las formalizaciones, no se entrevistan con sus defendidos, no presentan pruebas, no piden la excarcelación...
Y estamos hablando de medidas cautelares que fijan prisión preventiva de seis meses y a veces se han extendido a más de un año!

Existen organismos y organizaciones mapuche que se preocupan de denunciar la criminalización de las luchas mapuche, pero en rigor las defensas legales efectivas caen en terreno de nadie. Por eso es comprensible la indignación de este abogado, que es la de muchos de los presos políticos mapuche y de causas vinculadas a sus luchas, sin defensor privado ni medios para resolver el problema. Los honorarios de un profesional son elevadísimos (sobre los 3 millones de pesos, en algunos casos). Enfrentados a montajes policiales, los presos políticos mapuche -y quienes han sido encarcelados por apoyar esas luchas- ven con exasperación que el aparato del Estado prepara tranquilamente sus condenas.

Esta es la reflexión de Lorenzo Morales:

"Un amigo, un buen amigo, ha sufrido desde hace un buen tiempo la persecución del Ministerio Público. Por ejemplo, acusación por secuestro, de la que salió ABSUELTO; de lesiones graves, ABSUELTO, etc. Este amigo es Waikilaf Cadin. Ocurre que tengo la mala costumbre de generar con mis "clientes" amistades, en uno de sus casos él afrontaba más de 16 años por diferentes delitos que existían sólo en las mentes de los Fiscales, pero esto se redujo a 500 días. En la sentencia no tuvo beneficios, teniendo derecho a ello, yo me intrigué y le pregunte en OFF a uno de los jueces el por qué de esa actitud. El me respondió: “Pero niño, te las dimos todas, esto es como la Copa Libertadores te damos una pero no todas…”

Me gustó enterarme de que los jueces tengan gusto futbolístico, pero no sabía que actuaban como los árbitros saqueros de la confederación sudamericana...

En fin, desde el 2005 han acusado reiteradamente a mi amigo de diferentes "delitos", de los cuales ha salido absuelto. Pero ahora las cosas tiene un nuevo componente, lo acusan por una bomba que estalló. Yo no creo en la inocencia perenne de mis "clientes"(lo escribo entre comillas ya que los clientes generalmente le pagan algo a sus abogados), pero en este caso, sé de los métodos de mi amigo. El puede, por defensa propia golpear a un policía o desafiar a la autoridad por diferentes razones más o menos obvias...se me olvidaba aclarar que mi amigo es mapuche, y no es partidario de los métodos que incluyan bombas, ni por formación ni por respeto a su etnia. Lo que me motivó a escribir esta nota es que tras caer detenido por este asunto se le incautaron un conjunto de elementos personales: entre ellos una libreta barbie color rosado con calcomanías de monitos, unos zapatos que le había regalado yo, pero eran de mi padre, tazas, platos, etc, todos elementos del delito...Después de esto me he quedado en la oscuridad- saberlo le pedí plata a mi padre para ir, (era parte para el postgrado, pero también para ir. En mi trabajo me pagan siempre con varios días o meses de retraso, pero creo que al igual como otras veces la verdad tiene que imponerse, pese a recorrer 1.000 kilómetros en bus de Santiago a Temuco, dormir mal y afrontar un alegato de media hora frente a tres fiscales del Ministerio Público.

Pero la amistad no tiene remilgos, no existen en esto medias actitudes sino que actitudes y predisposiciones enteras. El está preso injustamente. Ojalá pueda lograr darle la libertad mientas las ONG de mapuches que reciben dinero por ello se cuelguen de la noticia, para que los abogados que reciben dinero por hacer este trabajo se cuelguen de la noticia, para que los benefactares en busca de financiamiento se cuelguen de la noticia.

Y ante la acusación del Ministerio Público, mi pregunta es quién nos salva de ellos, de estos niños maravillas que sueltan a sus perros sabuesos en busca de culpables, pero con los métodos antiguos ahora revestidos de un marco de legalidad. ¿Quien nos salva del Ministerio Público? "Sepa la bola" (frase de la película Los Olvidados de Luis Buñuel).

Disculpen la rapidez de este escrito que debo seguir estudiando."
Lorenzo Morales Cortés

Correr por la vida en Maratón de ayer domingo

Maratón contra Pascua Lama:
(por Javier Karmy)
En una nueva muestra del compromiso por la vida, los opositores al proyecto minero Pascua Lama, sostuvieron épicamente la bandera blanca y verde de vida del valle del Huasco junto a un lienzo de protesta contra la minería transnacional.
Durante más de 20 kilómetros y en medio de los más de 16 mil corredores que cruzaron Santiago en la Maratón 2009, los épicos corredores por la vida izaron la bandera en el centro de la capital, frente al Palacio de Gobierno.
Con el sudor bajo el sol, los integrantes de la Coordinadora Contra Pascua Lama – Stgo, junto a miembros de la Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social (RAJAS), se reunieron para correr por la vida, por el agua y, una vez más, decir no a Pascua Lama y a la minería transnacional.
Luego de correr por más de dos horas, la épica entrada al sector de la meta en plena Alameda y frente al Palacio Presidencial, suscitó aplausos del público por la consecuencia de quienes alzaban la bandera y sostenían firme una vez más el no a Pascua Lama.
Esta corrida por el agua y contra el proyecto aurífero, se enmarca en medio de los últimos anuncios de los gobiernos de Chile y Argentina para avanzar en lo que se refiere a las trabas tributarias que el Tratado de Integración y Cooperación Minera firmado en 1997 por Eduardo Frei y Carlos Menem que permiten la explotación minera en la frontera entre ambos países, en el cual se enmarca el proyecto binacional de la canadiense Barrick Gold.

La consigna se remitía a un simple “corre por tu vida”, que resumía el sinsentido que implica destruir las reservas de agua a cambio de la extracción de oro, que dicho sea de paso, mayoritariamente se usa para alhajas y joyas. Además se refirieron al eslogan de esta Maratón 2009 que era “la ciudad es nuestra”, para dejarlo en “el agua es nuestra” sobretodo luego de ver que los corredores necesitaban hidratarse cada tantos metros avanzados.

Tal como lo explicó uno de los corredores que sostenía la bandera, “la idea no es interrumpir a los deportistas ni el evento atlético de nivel internacional, sino difundir el conflicto Pascua Lama, resaltar nuestra forma de manifestación creativa y sencilla, pero sobretodo, decir que sin agua no se vive”, y agregó que “acá todos toman agua para seguir en carrera, por eso decimos ‘corre por tu vida’, o sea, que si no hacemos algo ahora, nos quedaremos sin agua para nuestras vidas”.

Waikilaf: le dieron 5 meses de prisión preventiva en Cárcel de Alta Seguridad en Isla TEja, Valdivia

Cinco meses de prisión "preventiva" en la cárcel de alta seguridad ubicada en Isla Teja, de Valdivia deberá cumplir Waikilaf CAdin Calfunao mientras se investiga lo que le imputa el fiscal Sergio Moya - la colocación de una bomba de ruido. Moya es conocido por su persecución a los luchadores mapuche. En la foto, Waikilaf cuando estaba preso en la CAS de Santiago, luego de sufrir torturas y múltiples irregularidades que ahora se repiten.
El detenido, ex estudiante de derecho consagrado a la lucha por la defensa del territorio de su comunidad, es hijo de la lonko Juana Calfunao y el werken Antonio Cadin, que se encuentran recluidos en la cárcel de Temuco. En el módulo de alta seguridad de Valdivia se encuentran también Andrés Gutiérrez Coña,detenido en Nueva Imperial, y Miguel Angel Tapia Huenulaf, arrestado en Santiago y acusado de "terrorista" por el fiscal Moya en un caso denunciado como un nuevo montaje policial.
A continuación, la declaración de miembros de su comunidad sobre los hechos:

Hoy día, viernes 27 de marzo de 2009, alrededor de las tres de la madrugada, efectivos de la policía de investigaciones irrumpieron violentamente en el domicilio del Comunero Waikilaf Cadin Calfunao, ubicado en la ciudad de Temuco. Como ya es costumbre en estos operativos realizados en este “estado de derecho”, el allanamiento se baso simplemente en una orden oral del Fiscal Moya. Además es necesario denunciar que los efectivos policiales esperaron a que el comunero se encontrara totalmente solo en la vivienda, método que utilizan para así evitar la presencia de testigos que puedan denunciar luego las irregularidades del procedimiento, recordemos que muchas veces se fabrican evidencias puestas por los mismos policías. También les sirve para poder robar impunemente, documentos escritos, audiovisuales, así como equipos computacionales y de almacenamiento de información. Esto es importante para ellos ya que son todos elementos que dejan en evidencia el verdadero rostro del “estado de derecho” que vivimos tanto en el territorio Mapuche como a lo largo de chile. Un estado en donde se violan flagrantemente los derechos fundamentales del hombre, las normativas medioambientales y los derechos propios de los pueblos originarios.

El allanamiento se produce en el marco de una investigación realizada acerca de la explosión de una bomba de ruido producido en el supermercado Unimarc ubicado en el sector de Amanecer, Temuco. Estos hechos se habrían producido el día 29 de diciembre del año 2008 y la única prueba que existe por parte de la fiscalía es el testimonio de un guardia que habría reconocido a Waikilaf, entre otras personas, cuando arrancaban del lugar.

Por esta razón queremos dejar bien claro que una vez más nos encontramos frente a un miserable espectáculo ofrecido por los organismos policiales y de inteligencia del Estado chileno, en donde solo basta con el testimonio de un guardia para dejar en prisión a un comunero Mapuche y en donde se le declara como responsable vulnerando un aspecto fundamental de la legislación que es la presunción de inocencia. Esa es la justicia que se vive en este país, en donde la igualdad es una fantasía que nunca ha existido ya que ni siquiera existe un reconocimiento constitucional al Pueblo Nación Mapuche. De esta forma han logrado por el momento secuestrar a Waikilaf Cadin, trasladándolo a la Cárcel de Alta seguridad de Valdivia en donde permanecerá recluido en prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación es decir, cinco meses. Esto último está sujeto a cambio ya que se hará todo lo necesario para obtener su libertad lo antes posible.

Hacemos un llamado general a mantenerse informados sobre la situación, a difundir y denunciar por todos los medios que sea posible. La noticia del secuestro está en desarrollo por lo que debemos mantenernos alerta.

WAIKILAF CADIN CALFUNAO de nuevo en prisión

Ahora lo acusan de poner bombas en Temuco. Denuncia hostigamiento permanente, ya conoce las prisiones de Temuco, Valparaíso, Angol y la CAS de Santiago. Ahora lo enviaron a Valdivia. Su madre, la lonko Juana Calfunao está en prisión. Su hermana pequeña está tramitando asilo político en Suiza.
Lo entrevisté cuando estaba en la CAS. Es un weichafe, un guerrero a la usanza mapuche, lucha por su tierra y no tiene nada que ver con bombazos urbanos.