Por Lucía Sepúlveda
Ruiz
Hay
políticos que hacen lobby a favor de ChileBio, la entidad corporativa
que agrupa en Chile a Monsanto y otros
productores de químicos y semillas. El candidato presidencial de RN, Andrés
Allamand, desde que era senador comenzó a promover los cultivos transgénicos.
Junto a Alberto Espina, Carlos Flores y
Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición, firmando un proyecto de
moratoria), fue uno de los autores del proyecto de Ley de Bioseguridad que
persigue la introducción de este tipo de cultivos.
En 2011, el senado aprobó la firma del Convenio de la Unión
Internacional de Protección Vegetal UPOV 91, presentado a su vez por la ex
Presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. El Convenio de
“Protección” Vegetal da garantías de prolongado royalty por las semillas
híbridas y transgénicas y entre otras aberraciones, prohíbe el libre
intercambio de semillas, asegurando su control por los denominados “obtentores”, en su
mayoría transnacionales como Monsanto, Syngenta, Pioneer/Dupont y otros socios
menores. Permite a las propias empresas demandar a quienes “pirateen” sus
semillas, tal como se hace hoy en Estados Unidos o en los países europeos.
Votaron a favor del Convenio, los
senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); los UDI Juan Antonio
Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos
de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y los
RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de
Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia),
Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). Se
abstuvieron los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins),
junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén), Andrés Zaldívar
(Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
El senado votó el convenio UPOV 91 entre gallos y medianoche, mientras se
desarrollaba en las calles la masiva manifestación contra el proyecto
HidroAysén. Pero no ha sido promulgado como
ley de la república, porque sus disposiciones contradicen la Ley 19.342,
la actual legislación sobre semillas. Chile, junto a Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y China, continúa rigiéndose por el Convenio
del año 1978. Por eso los senadores UDI y RN reflotan periódicamente el lobby
sobre el tema. Pero la movilización
social y ambiental ha impedido al gobierno de Piñera operar en el Senado, y el
tiempo ha pasado a favor de la conciencia ciudadana sobre la importancia de la
defensa de la semilla nativa, y de parar toda ley que pavimente el camino a los
cultivos transgénicos para el mercado interno.
La candidata Bachelet y el convenio UPOV 91
Fueron dos los proyectos de ley emblemáticos
para Monsanto y las transnacionales semilleras que fueron introducidos al
congreso por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet el año 2008, bajo el
“cuco” de que habría sanciones del gobierno de USA si no se aprobaba
rápidamente. El compromiso figuraba en la letra chica del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos. El proyecto de
Ley de Obtentores Vegetales y el Convenio UPOV 91, tienen que ver con la
propiedad intelectual de la semilla. Antes que se renovara la Cámara, el último
día de vigencia de su mandato, en 2010, los
Diputados aprobaron el proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, haciendo caso
omiso a las múltiples indicaciones propuestas por las organizaciones campesinas
y ambientales. El proyecto pasó entonces al Senado pero no se ha iniciado su
discusión.
La ley de Obtentores Vegetales, que las
organizaciones denominamos Proyecto de Privatización de la Semilla, proponía
derogar la actual Ley de Semillas (que permitió firmar el Convenio UPOV en su
versión del año 1978) y reemplazarla por una que fuera totalmente funcional al
convenio UPOV 91. Bachelet no aceptó ninguna reunión para discutir ese proyecto,
negándose a entrevistarse con las más de 40 organizaciones que hicieron ver su
rechazo al contenido de la iniciativa. Hoy sabemos que este proyecto de ley fue
elaborado por ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas es
decir por Monsanto, von Baer y los productores de semillas híbridas y
transgénicas, que son quienes desean asegurar un mayor lucro por la venta de
estas semillas.
Bachelet y el No al Etiquetado de transgénicos
El lobby de Monsanto
también funcionó en el año 2000 en el gobierno del ex Presidente
Lagos. Su entonces Ministra de salud, la
doctora Bachelet y sus asesores habían
preparado una impecable normativa sobre etiquetado de alimentos GM transgénicos,
el decreto 293. La Contraloría tomó
razón del decreto el 20 de junio de ese año. Pero ese decreto nunca se promulgó
en el Diario Oficial. En lo principal, establecía un umbral de tolerancia de 1%
de contenido de transgénicos. Aquellos alimentos que superaran ese margen
debían indicar en el listado de ingredientes, “con caracteres destacados, el
ingrediente modificado genéticamente”. Los envases debían llevar, según la
norma un sello que diga “transgénico” o si eran muy pequeños, “OGM”. De manera
que hoy no tenemos etiquetado de transgénicos porque el entonces presidente
Lagos y su ministra desistieron de hacerlo. ¿Quién los “convenció”?
En el gobierno de Bachelet también
destacan dos millonarios subsidios a Syngenta y Dupont/Pioneer, que están entre
las más poderosas transnacionales semilleras y productoras de agrotóxicos. El
año 2007, CORFO le aportó 1,7 millones de dólares para la instalación de un
centro de semillas en el valle de Azapa, en Arica. Dupont recibió de CORFO casi
un millón de dólares para su Estación Experimental Agroindustrial, también en
el Valle de Azapa. A ello se agrega que durante todos los gobiernos de la
Concertación, no existió voluntad política para firmar el Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que contribuiría a la protección
del patrimonio genético del país, ni para impulsar una Ley de protección de la
Biodiversidad.
El proyecto de
Ley Monsanto
El primer proyecto de ley sobre introducción de los transgénicos
en Chile (año 2006), en que intervino Allamand, era similar al impulsado por
Monsanto en México. La injerencia de
la transnacional en ese proyecto fue ampliamente denunciada por
varios sectores de la sociedad, que entonces lo denominaron “proyecto de Ley
Monsanto”.
El gobierno de Sebastián Piñera intentó en 2010 agilizar este
proyecto, cuya tramitación estuvo detenida en tiempos de la ex presidenta
Bachelet. Piñera envió al Senado
indicaciones sustitutivas de la mayor parte del articulado, para asegurar
lo central: la introducción de los transgénicos para el mercado interno. El
gobierno actual optó porque aspectos relacionados con la bioseguridad y otras
aristas, fueran abordados después de la
aprobación de la ley, en reglamentos en los cuales no hay discusión pública posible. En una
reunión sostenida en abril de 2010 en el Ministerio de Agricultura por
organizaciones ambientales y sociales, para discutir el tema de los
transgénicos, los asesores del
entonces Ministro de agricultura José Antonio Galilea, Santiago Izquierdo y
Fernando Astaburuaga afirmaron textualmente: “Allamand y Espina nos dijeron que
la orden es que este proyecto debía estar aprobado en junio o julio de 2010.
Tiene que hacerse rápidamente.” Las
órdenes provenían probablemente de Estados Unidos, donde está la sede de
Monsanto, en Missouri.
Más
sobre el lobby empresarial
En una entrevista publicada en revista Caras
http://www.caras.cl/personajes/2012/09/jorge-schaulsohn-la-caida/),
sobre la complicada situación del lobista Jorge Schaulsohn, se informaba que Allamand y Schaulson
habían sido socios en una oficina de abogados en USA. Schaulsohn entrega al fin
de la entrevista en caras su respaldo al actual presidenciable. Es vuelta de mano: Allamand respaldó a Schaulsohn y Flores en la
fundación del partido Chile Primero, que tras abandonar la Concertación se
plegó a la Alianza. El abogado Schaulsohn, reconocido lobbista de las empresas, estuvo
íntimamente relacionado con las corporaciones agroquímicas, de la
biotecnología, la minería y el comercio. Por ejemplo, hizo lobby ante el SAG
contra la prohibición inmediata del venenoso herbicida paraquat producido por
Syngenta. La medida había sido solicitada por RAP-Chile por los evidentes daños a la salud y el
ambiente causados por la sustancia química.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario