Pascual Pichún, comunicador mapuche preso en Traiguén

por Ernesto Carmona
Argenpress


El día anterior al terremoto –el 26 de febrero–, la “justicia chilena” puso de nuevo tras las rejas al comunicador mapuche Pascual Pichún Collonao, de 28 años, estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El joven, que goza de un estatus de refugiado en el país allende Los Andes, fue detenido en las calles de Temuco, cuando viajó a Chile para visitar a su padre enfermo, el lonko (jefe indígena) de Traiguén Pascual Pichún.

Ésta detención es otro jalón en una larga historia de injusticia y persecución contra la familia Pichún, alentada por el poderoso abogado y latifundista Agustín Figueroa Yávar, ex ministro de agricultura de Patricio Aylwin y ex miembro del Tribunal Constitucional, de gran influencia en la judicatura chilena. Casualmente, este mismo abogado introdujo el 10 de marzo un recurso que favorecería al club Colo Colo y a los dos grandes equipos universitarios (la Chile y la Católica), en la distribución de los 30 millones de dólares que deja como excedente el Canal del Fútbol, en detrimento de las otras 29 agrupaciones profesionales. Y para más casualidad –que nada tiene que ver con el caso Pichún–, ese mismo día los principales dueños del equipo renunciaron al directorio de la sociedad anómina que maneja el club –porque lo exige la ley–: Sebastián Piñera y su viceministro de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle, quienes asumieron sus respectivos cargos en la jornada siguiente, el 11 de marzo, justo con otro terremoto que aterrorizó a los invitados extranjeros, pero de menor intensidad.

La Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas, y otras instancias profesionales latinoamericanas y europeas, reclamó la libertad del comunicador y estudiante de periodismo, cuyo caso como víctima de derechos humanos elementales ya fue zanjado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sin que la justicia chilena acate su recomendación, como tampoco hace caso a las normas internacionales emanadas de tratados sobre las etnias indígenas que el Estado Chile se ha comprometido a respetar, convertidos en letra muerta pese a la ratificación del parlamento y el cacareo a los cuatro vientos del doble discurso del poder ejecutivo. Entretanto, el sistema judicial chileno se encuentra virtualmente colapsado por el terremoto, que derrumbó o dejó inhabitables 190 sedes, incluyendo edificaciones relativamente nuevas, como el edificio de los 30 juzgados civiles de Santiago. Muchos papeles están sumergidos entre los escombros.

Historial de persecución

En 2003, el lonko Pichún y sus hijos Pascual y Rafael fueron condenados a 5 años de cárcel, acusados de quemar un camión de Figueroa. Al cumplir 1 año recibieron el beneficio de pena remitida. Pero ante la incapacidad material de solventar una millonaria indemnización a Figueroa –atada a la condena–, fueron buscados de nuevo para pagar con cárcel. Después que, en 2006, la CIDH acogió en Washington el reclamo de la familia Pichún contra el Estado Chile, el caso está listo para pasar a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Esta instancia es relevante, aunque su fallo corra el riesgo de convertirse en otra expresión del folklórico “derecho a pataleo”, en un país que hace poco caso a las instancias internacionales.

Cuando los buscaron para pagar con cárcel, los hermanos Pichún se declararon en rebeldía. Rafael fue detenido tras permanecer prófugo durante varios meses, mientras Pascual apareció en Buenos Aires en diciembre de 2005. Allí solicitó refugio político ante el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), respaldado por instituciones de derechos humanos de Argentina, y personalidades como el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel. Su petición fue acogida a tramitación, es decir, Pascual fue reconocido como "peticionante" y quedó bajo el resguardo del Estado argentino y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mientras el CEPARE estudia su solicitud.

Aunque el trámite puede tardar un promedio de hasta 8 años, dicen que el CEPARE “es bastante riguroso a la hora de acoger o no a tramitación una petición de refugio político”. Por el sólo hecho de aceptarlo como “peticionante” significa que su caso aportó antecedentes sólidos para presumir persecución política del gobierno chileno –sea cual fuere el gobernante de turno– en contra suya y de su familia. Al acoger la tramitación, el CEPARE dictaminó que Chile no le garantiza a Pascual su derecho a un debido proceso.

El preso necesita solidaridad

Pascual no ha perdido su tiempo en los 5 años que lleva en Argentina. Además de estudiar periodismo, se ha destacado como conductor de radio con un programa semanal sobre pueblos originarios en FM Estación Sur de La Plata. Y desde 2006 también es corresponsal del periódico mapuche Azkintuwe, fue elegido delegado de su facultad ante la Federación Estudiantil de la UNLP y el 10 de febrero fue designado responsable del portal Internet del Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios de Argentina (http://www.originarios.org.ar).

Su vida transcurrió sin sobresaltos en la capital del tango, hasta que decidió ingresar legalmente a Chile para visitar en la comunidad Temulemu a su padre, el lonko Pascual Pichún, quien se encontraba delicado de salud. Y así llegó el 26 de febrero, día en que Pascual hijo se tropezó con la policía, que lo aprehendió en las calles de Temuco para enviarlo de nuevo a la cárcel de Traiguén. A causa de los destrozos del terremoto y la consiguiente paralización de la actividad judicial –no sólo en esa región llamada La Araucanía–, quién sabe cuándo Pascual será conducido ante un juez para tener entonces la oportunidad de apelar a su injusto encarcelamiento.

Entretanto, el prisionero mapuche aguarda que sus abogados puedan solicitar al tribunal que decrete la "prescripción media" de la causa, para que pueda salir en libertad, por haber transcurrido más del tiempo de su condena a 5 años en 2003. Y toda expresión de respaldo y solidaridad, de personas e instituciones, como la emitida por Ciap-Felap y la federación de estudiantes de la casa de estudios de La Plata, contribuirán a la pronta libertad del joven comunicador preso de Traiguén. Las comunicaciones solidarias pueden enviarse al correo del periódico en que escribe: azkintuwe@yahoo.es

¡Apoya a los Cinco Cubanos el 20 de marzo!

Este sábado, día 20 de marzo, a siete años del inicio de la criminal invasión a Irak, tendrá lugar en Washington, D.C., San Francisco, Los Ángeles, y otras ciudades en EE.UU., una manifestación en contra de la ocupación de Irak, Afganistán, y Palestina. Convocamos a todos los que se solidarizan con la causa de los Cinco, a unirse en estas acciones a los contingentes por los Cinco Cubanos, para recordarle al mundo que la crueldad de la política exterior de los EUA se está mostrando no solo en el extranjero, sino en Estados Unidos en las prisiones federales en California, Colorado, Indiana, Kentucky, y Florida, donde los Cinco Cubanos están injustamente encarcelados.

Desde el día de las invasiones a Afganistán en 2001 y a Irak en 2003, la Coalición A.N.S.W.E.R. ha sido el instrumento para organizar la oposición a esas guerras y ocupaciones, y durante ese tiempo, esas manifestaciones le han dado al Comité de Estados Unidos para la Liberación de los Cinco Cubanos la oportunidad de llegar a millones de personas con el mensaje sobre los Cinco y sobre la guerra de terror con que los EUA y sus agentes han estado haciendo la guerra contra Cuba por más de 50 años. Una vez más, este año, los oradores hablarán en las concentraciones acerca de los Cinco y de su lucha por la libertad.

Desde Chile, nos unimos al clamor por la libertad de los Cinco y el repudio a las invasiones de Afganistán e Irak.

Pehuenches acusan al Estado

Uno de los problemas que deberá enfrentar Sebastián Piñera a partir del 11 de marzo, es la respuesta que dará como gobierno a la acusación presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDHH por la aprobación ambiental dada por el Estado chileno a la construcción en el río BioBio de una tercera central hidroeléctrica, llamada Angostura. El hecho es considerado por los reclamantes como una violación del denominado “acuerdo amistoso” suscrito en 2003 entre el Estado de Chile –entonces presidido por Ricardo Lagos- esa entidad, y las familias mapuche-pehuenche, para destrabar la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el Alto BioBio. Piñera se ha pronunciado siempre a favor de los megaproyectos energéticos, en tanto que el tema indígena, ausente de su discurso público le saltará a la cara ahora, porque el Estado chileno se comprometió entonces a no autorizar nuevos megaproyectos en tierras indígenas del Alto Biobio. Pero con el descaro habitual, en febrero de este año la empresa Colbun ya inició los trabajos de tala de árboles y faenas en los cerros sin que nadie diga nada.
La negociación citada ante la CIDHH permitió a Endesa llevar adelante su proyecto, que había generado un prolongado conflicto entre el gobierno del ex presidente Lagos, el mundo indígena y los ambientalistas. En tiempos de Ralco, Endesa tenía proyectada esta central, que llamaba Huequecura y vendió el proyecto a su socio Colbún, del grupo Matte, que lo rebautizó como Angostura. Su construcción tendría un serio impacto social y ambiental. La cuenca del río Bío-Bío contiene al 41% de las especies nativas de peces de Chile, con un total de 19 especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Recursos escasos como el agua y únicos, como estos peces, serán negativamente afectados por el megaproyecto energético, y el reclamo indígena resonará con fuerza en el ámbito internacional.
En suspenso
El abogado Roberto Celedón, que participó en el citado acuerdo, aceptó llevar el proceso a la Corte Interamericana por encargo de los afectados actuales y por los firmantes de entonces, Berta Quintreman, Rosario y Mercedes Huenteao y Aurelia Marihuan, que se sienten traicionados. La denuncia a la entidad interamericana por incumplimiento, presentada a fines de 2008, se reactivó a comienzos de 2010, luego de la aprobación del proyecto por la Corema (Comisión Regional de Medio Ambiente) de la región del BioBio en noviembre del año pasado. En la actualidad Angostura se encuentra suspendido por una reclamación presentada ante Conama por Freddy Nolberto Pérez Sanhueza en representación de la organización Aguas Libres, opositora al proyecto, además de Juana del Carmen Méndez Curriao, y René Renato Flores Arévalo, por las familias que serían desplazadas.
A la lucha contra el proyecto Angostura de Colbún se unieron también organizaciones medioambientales y sociales de Santiago, como la Red de Justicia Ambiental, el Observatorio de Conflictos Ambientales, Ecosistemas, Codeff, Feministas Autónomas, el Colectivo No a Pascua Lama, el Centro Ecoceanos, la Liga por la Justicia Climática, y el movimiento Patagonia Sin Represas. Las organizaciones fueron informadas de la situación por Freddy Pérez (Aguas Libres de Quilaco) y Ronny Leiva del Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, en una reunión ampliada.

“Señor Colbún”
La palabra de Pedro Suárez, de Malla Malla, werken del Lof Newen Mapu del Alto BioBio llegó a ellos a través de un video filmado en terreno que muestra un momento único: la visita técnica a terreno de una comisión gobierno – empresa, en la que irrumpieron los campesinos. El dirigente pehuenche reaccionó así:
“Yo le digo al señor representante de la empresa, al señor de gobierno, de CONAMA acá, nuevamente están atropellándonos, están en ese camino de genocidio. … Antes que nada deberían conversar con nosotros, que somos los dueños de esta tierra quieran o no quieran(…) Si acá está Falabella, si acá está tal persona particular, ellos sabían que esta tierra era de nosotros, que lo hayan comprado es problema del mismo Estado … yo le digo, señor Colbún, usted debe entrar en una conversación con el pueblo pewenche del Alto y Bajo Bío Bío. Tenemos muchos niños estudiando afuera, en cualquier accidente si se rompe cualquier represa va a haber una tragedia muy grande. A mucha gente no mapuche y mapuche no le importa nada, simplemente porque han perdido el tema del valor humano. Quizás los tiene locos el asistencialismo o el mismo sistema de vida que hoy se vive. Y por eso mismo yo, quiero dejar bien claro acá, al señor gobierno de CONAMA, que aquí no solo existe un Kuel. Para nosotros ¡Todos los lugares son sagrados! No solo ha muerto gente aquí por un solo régimen de persecución, aquí hay mucha gente de nuestro pueblo bañada en sangre, en este lugar y de todos los lugares del sur. Entonces que ustedes hoy día sin considerarnos a nosotros, lleguen y hagan las cosas, caminen por allá por acá y filmen, hagan lo que sea, ese es un atropello a nuestro derecho. Yo pienso que deben conversar y agendar desde ya una reunión con Colbún pero en forma, como pueblo mapuche, ¡No como comuna Alto Bío Bío! Porque a nosotros eso no nos representa. Ustedes mismos saben que esa es una estructura del Estado Chileno, nosotros somos aparte y seguimos vivos y por eso decimos no a la represa, no se construye aquí la represa”.
Dos veces desplazados
El proyecto está ubicado en la confluencia de los ríos BioBio y Huequecura, que para los pehuenche marca la entrada al territorio ancestral mapuche-pehuenche del Alto BioBio. La empresa sostiene que no hay indígenas en el sector porque no existen comunidades reconocidas por CONADI, pero la realidad es diferente. Son más de 40 las familias indígenas que viven en los tres lugares que serán inundados: Los Notros, Lo Nieve y Los Nogales (comuna de Santa Bárbara) y la localidad de San Ramón (comuna de Quilaco). Entre los afectados hay 5 personas que fueron relocalizados en Los Notros a raíz de la construcción de la central Ralco. La escuela G 967 de Los Notros, y tres campings que se encuentran en el área serán inundados también. En el área de influencia del proyecto, la mayoría de los habitantes siguen sin tener luz ni agua potable y en Quilaco la electricidad es más cara que en Los Angeles. Para ellos no hay ventajas sino la pérdida irreparable de un hábitat que aman por su paisaje, historia y diversidad.
En el área impactada directamente hay un sitio de significación cultural y religiosa denominado Kuel ( en mapudungun,“que sostiene la creación”), un centro ceremonial emplazado en lo alto de un sitio desde donde se domina toda el área, de impresionante belleza. En ese lugar, en la década de los 90 y a principios de 2000, el fallecido Lonko Antolin Curriao realizó rogativas en el contexto de la lucha contra los megaproyectos Pangue y Ralco. El kuel –ubicado en la localidad de Los Notros, a una media hora de la comuna de Santa Bárbara- es una construcción natural de roca en forma de pirámide, con senderos naturales y una escalera de piedra. Explica Roni Leiva: “Un kuel es un lugar de sabiduría, está ahí para que podamos aprender de él y es parte de nuestro patrimonio espiritual como pueblo, esto ha sido incluso reconocido por Conadi en el oficio 578 del año 2008”. El frente mapuche-chileno de oposición al proyecto ha realizado varias vigilias en este espacio de espiritualidad ancestral mapuche, algunas presididas por un machi, como parte de la retoma de posesión del lugar y fortalecimiento espiritual para una lucha que requerirá de mucha energía.
Impacto en la cuenca
La aprobación dada por Corema al proyecto desestimó importantes objeciones ambientales, en una decisión política y no técnica. El estudio presentado por la empresa no tomó en consideración el impacto acumulativo de esta nueva central en el entorno ya afectado por Pangue y Ralco e ignoró que el área es una cuenca y un ecosistema. Colbún presentó una línea de base incompleta criticada por el Centro Eula de la Universidad de Concepción y por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca, que hizo observaciones sobre la fauna del río Huequecura, que tiene 32 km de largo.
Para este servicio, los datos generados durante el período de seguimiento de las centrales existentes en Alto Bío Bío establecen que la comunidad íctica de la cuenca del río Bío-Bío contiene un total de 19 especies de peces nativos. Tres de las especies representadas, el tollo, el pez gato o bagrecito y carmelita de Concepción están en categoría de peligro de extinción. La construcción de la presa que inundará 641 hectáreas, embalsando 100 millones de metros cúbicos, va a dejar aisladas las poblaciones de peces de la zona alta de los ríos Huequecura y Queuco, con el consiguiente impacto sobre la variabilidad genética de sus poblaciones.
Por otra parte, las centrales hidroeléctricas generan también un impacto en el cambio climático y las emisiones. La inundación de áreas completas con seres vivos, llamados técnicamente "materia orgánica", genera metano, lo que contribuye al calentamiento global, echando por tierra la propaganda oficial acerca de que las megacentrales hidroeléctricas son "energía limpia" que contribuye a evitar las emisiones.

Se necesitan millares de Rosas

Rosa con Juan y mi nieto Víctor el año 2001.

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer dimos el último adiós a la compañera Rosa Rubilar, incansable luchadora por los derechos humanos y el socialismo que falleció luego de una prolongada enfermedad en Santiago de Chile. Mientras en el país, con la agenda copada por las urgencias del terremoto, la triste noticia de su partida no llegó a aparecer en los medios, sí reaccionaba desde Bélgica la periodista Patricia Parga: “Se va una de las imprescindibles. ¡¡Una Rosa ha partido, dejando su semilla de ternura y consecuencia germinando en todas nosotras!! La conocí y me inspiraba su fuerza, su carisma, su coraje y su mirada siempre crítica y certera. Tristona por tu partida, Rosita, estoy a la vez feliz de haberme cruzado contigo en el camino de la vida. Qué este 8 de marzo renazcan millares de Rosas Rubilares en todas nosotras!”
Sin duda a lo largo de Chile miles de mujeres, heroínas tan anónimas y de bajo perfil como lo fue Rosa en vida, están hoy en la primera fila de la solidaridad con el pueblo afectado por el terremoto. Y así como Rosa en dictadura ayudó a todos los que luchaban por recuperar la democracia, y puso su energía, su alegría y su coraje al servicio de la causa libertaria sin aspavientos, es seguro que en muchos rincones de Chile muchas nuevas Rosas florecen, y mujeres de fuego, desconocidas gigantes, se rompen enteras por ayudar a los más abandonados, a los más pobres, a aquellos a quienes nadie les tiende una mano, lejos de las luces oficiales, de la televisión y de la preocupación de los burócratas de turno.
Rosa, militante del Partido Socialista, de una familia sureña y campesina, fue fundadora de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Traía ya con ella una historia de lucha y compromiso desde sus tiempos de estudiante de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad en Valdivia, y luego con su trabajo de tiempo completo en el Partido Socialista como encargada del trabajo campesino, en tiempos de la reforma agraria. También portaba el desgarro sin fin provocado por la desaparición de su pareja, Octavio Boettiger, dirigente socialista, detenido en 1976, a quien buscó incansablemente ligando su lucha a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la Agrupación de Ejecutados Políticos.
Fundadora de la Comisión Chilena
Desde 1973 Rosa trabajaba en tareas de solidaridad junto a Clotario Blest en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Posteriormente, en la institución que dirigía Jaime Castillo Velasco, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, creada en 1978, Rosa fue a la vez alma y motor de la entidad, elaborando el Boletín Mensual de Derechos Humanos que denunciaba –con importante repercusión internacional- las desapariciones y crímenes de la dictadura, en tiempos en que aun no existía la prensa de oposición. En su funeral, Gonzalo Taborga, actual Presidente de la Comisión, rindió tributo al compromiso, la inteligencia, visión política y claridad de Rosa afirmando que de ella surgían las iniciativas que desarrollaba la entidad en distintos planos, aunque siempre ella evitaba la figuración pública. Sus compañeros de trabajo en la Comisión la respetaban y querían y hasta hoy veían como una verdadera maestra a Rosa “Rubi-rosa”.
Durante los largos años de dictadura Rosa visitaba cada domingo las cárceles y contribuía a atender las necesidades materiales de las familias de los presos políticos. Encargada nacional del trabajo a favor de este sector, movilizaba no sólo a los profesionales y allegados a la Comisión o al partido socialista sino a vastos sectores de su medio.
Rosa era eso pero también mucho más. La Comisión, inspirada en los principios de la Declaración Universal por los Derechos Humanos había sido creada por personalidades ligadas fundamentalmente a la democracia cristiana y otros partidos no marxistas, y se marginaba de la defensa de los presos políticos miristas, separando aguas respecto de la lucha armada. Sólo en 1980, luego del nacimiento del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU encabezado por Fabiola Letelier, hubo un espacio de acogida para esos casos. Sin embargo a Rosa esa definición de la Comisión Chilena nunca le importó, porque ella tenía su propia visión política. La Comisión Chilena representaba sólo una parte de su accionar, que según recuerdan sus compañeros y amigos era amplio, no sectario y “compartimentado”, porque a lo largo de los 17 años de dictadura su solidaridad se hizo extensiva a todo el abanico de luchadores antidictatoriales: socialistas, comunistas, miristas, lautaristas y miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue siempre fiel a su ideario guevarista que en los 60 la llevó a colaborar con quienes desde Chile apoyaron la guerrilla del Che en Bolivia.

Una epopeya festiva
Por eso fuimos tantos y tantas quienes conocimos de cerca o más lejos, su solidaridad y su entrega, una suerte de festiva epopeya de lucha realizada mientras criaba a tres hijos - Francisca y los mellizos René y Andrea - flanqueada en su hogar por Yolanda Abarca, también militante socialista. Yolita la respaldaba en todo y mantenía la casa funcionando en medio del caos del activismo y la lucha antidictatorial.

Para su hija Andrea Marcel, lo que define a su madre es la pasión volcánica que inundó toda su vida (“decir que me parezco a ella en lo apasionada, es el mejor piropo que he oído”, expresó en el velatorio con una semisonrisa). Y recordó que hace poco cantó con Rosa a coro la canción aquella canción de Joaquín Sabina que termina diciendo “ Y morirme contigo si te matas/y matarme contigo si te mueres/porque el amor cuando no muere mata/ porque amores que matan nunca mueren.” Esa era también nuestra Rosa, una mujer que definitivamente amó mucho pero no tuvo suerte en el amor. Como recordaba alguien al momento del último adiós, ella, que tanto cuidó de los otros, no pudo o no supo cuidar de sí misma. Y lentamente se consumió de pena y desamor.
Exonerada
Rosa, socialista como el Presidente Allende, se negó sistemáticamente a encajar en el molde neoliberal post dictadura administrado por la Concertación que incluso la exoneró de la oficina del Programa de Reconocimiento de Exonerados Políticos, desde donde hasta hace muy pocos años, había ayudado a centenares de compañeros y compañeras a optar a ese beneficio legal. En 2004, Patricio Orellana Vargas, académico de la Universidad de Chile dedicó su libro “Probidad en Chile” (acerca de la corrupción, modernización del Estado, ética pública y burocracia) a Rosa Rubilar, Octavio Boettiger (desaparecido) y Eduardo Charmé (ejecutado político) “en la esperanza de que estos apuntes estén inspirados en sus ideas e ideales”. Y justamente la roja bandera del PS de la seccional “Eduardo Charmé” cubrió el féretro de Rosa, tapizado de claveles y rosas rojas y con sus camaradas socialistas rindiéndole homenaje.
Ella estaba hondamente decepcionada de otros antiguos compañeros de lucha y sobre todo de quienes ocupaban altos puestos en el gobierno de la Concertación. Algunos de ellos frente a sus críticas optaron incluso por quitarle el saludo.

Cuando yo la conocí, a comienzos de los 80, Rosa se había casado por segunda vez y estaba en una etapa muy plena de su vida. A mediados de los años 70, en la zona Matta había funcionado una Bolsa de Trabajo ligada a la Vicaría, allí llegaban ex presos políticos cesantes y sus familias. Todos los años, con apoyo de la Comisión, Rosa organizaba un paseo a la costa, a Punta de Tralca (un lugar de retiro de la iglesia) donde se vivían momentos de alegría y esparcimiento. Allí la conoció Juan, mi compañero, y a comienzos de los años 80 me presentó a Rosa, que se constituyó en una inagotable fuente de información y apoyo para mí.
En 1986, para evitar una inminente detención o ejecución, debí partir a Argentina porque habíamos sido detectados por la CNI, y activamos un sistema que teníamos para dejar a Rosa encargada de la seguridad de mi hija Eva María, cuyo padre, el periodista Augusto Carmona, dirigente del MIR , había sido asesinado por la dictadura en 1977. La niña, entonces de 13 años, no podía salir de Chile porque para ello necesitaba autorización notarial de su madre. Por razones de seguridad no era yo legalmente su madre, pues ella había sido inscrita por otra persona. “Mi niñita”, le dijo Rosa desde entonces a mi hija, porque para Rosita todos los hijos de los compañeros y compañeras eran en verdad hijos suyos. Y se encargó de conseguirle alojamiento a Eva María con su red de amigos, pues no era seguro, obviamente que se quedara en su casa. Cuando al cabo de un tiempo que para mí fue eterno, se logró conseguir la autorización notarial de esa tercera persona para que Eva pudiera viajar, Rosa ¡envió a dos de sus propios hijos, también adolescentes, a dejar a mi hija a Argentina! Así de generosa e impulsiva era Rosa, mi amiga y compañera, que tanto hizo por compañeros y compañeras del MIR, perseguidos o presos políticos. La recuerdo con sus ojos brillando de entusiasmo al describir con el mismo calor alguna acción exitosa de protesta o resistencia, o una anécdota de la cárcel, o una receta de comida; la veo preparando apetitosas comidas y la escucho riéndose de todo el mundo un poco, sin tomarse ella misma en serio.
Un caluroso lunes de marzo dijimos adiós a Rosa Rubilar, esta desconocida heroína de la lucha antidictatorial, “cantando al sol como la cigarra”, entonando esa canción de María Elena Walsh que era su favorita, “después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivientes que vuelven de la guerra” …y allí estábamos algunos, de nuevo sobreviviendo, después de la dictadura, ahora al terremoto, en el Día Internacional de la Mujer. Nada es casual, tampoco esta partida.

“Ofertón” de los fiscales y montajes en zona mapuche

En la foto, Andrés Cruz, fiscal de Cañete (gentileza de www.paismapuche.org)

Con alguna frecuencia se están conociendo denuncias sobre el comportamiento de los fiscales del ministerio público en causas relacionadas con el conflicto mapuche/Estado chileno/forestales. Los familiares de los presos políticos mapuche sostienen que para evitar el derrumbe de determinados montajes, a falta de pruebas los fiscales ofrecen la libertad o ciertas granjerías a un detenido en prisión preventiva, a cambio de inculpar a otros presos. Previo al ofrecimiento, los presos han sido presionados sicológicamente y/o sometidos a tortura por funcionarios de la policía. Los tres casos que aquí se reseñan son aquellos en que la maniobra ha sido rechazada por los prisioneros interpelados. No es posible cuantificar la situación contraria.
El fiscal Jorge Granada
Desde Lautaro, comuna ubicada 32 km al norte de Temuco, en la región de la Araucanía, el denominado Lof Muko denunció el 7 de enero de 2009 que un fiscal local, Jorge Granada, le ofreció al detenido Angel Reyes Cayupan (20 años) obtener rebaja de condena, cambio de identidad, traslado a otra región, casa y trabajo, si firmaba una confesión en la que involucrara como autores de la quema de un galpón en el fundo San Leandro , en enero de 2009, a su primo, el menor Cristian Cayupan Morales (18 años) y a otros miembros de su comunidad. Reyes Cayupan y su pariente habían sido detenidos el día 27 de noviembre. Según esta denuncia difundida por la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago - publicada en www.mapuexpress.net el 7 de enero - , Reyes Capupan fue sometido a tortura e intensas presiones psicológicas en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Lautaro, como parte del interrogatorio previo a la oferta. Luego se le trasladó incomunicado a la cárcel de Temuco, donde el 10 de diciembre el fiscal y el defensor público, abogado Ricardo Cáceres Setien, habrían reiterado el ofrecimiento. Cristian Cayupan fue enviado luego al centro de reclusión de menores de Cholchol distante unos 62 km de Lautaro, donde –por otras acusaciones- permanece recluido también el baleado menor Leonardo Quijon, de la comunidad José Guiñón de Ercilla, sin recibir atención médica. A través de dos cartas públicas ambos han reiterado su adolorida inocencia: “Nos trataron de inculpar con amenazas y golpes de parte de Investigaciones de Chile (PDI). Como no tienen prueba ahora salieron con testigos protegidos que no sabemos verdaderamente si existen o no….Pero no podrán callar nuestra voz por la injusticia que se comete contra nuestro pueblo por parte de un gobierno tan cobarde y traicionero y nos tienen aquí injustamente. Entonces, ¡cómo quieren que creamos en ellos, si cada día alimentan nuestros corazones con rabia y dolor!”
Una oferta similar a la recibida por Angel Reyes Cayupan, hizo la policía con otro comunero del lof Muko, Elvis Millan, víctima de la tortura conocida como “submarino” en el mismo cuartel de Investigaciones, después de haber sido llevado a constatar lesiones. Millan fue detenido el 3 de diciembre.
El 31 de diciembre el lof Muko fue allanado violentamente por fuerzas policiales, un hecho que se repite periódicamente y en el que la policía suele dejar heridos a bala, desde que en septiembre de 2009 los comuneros retomaron un proceso de recuperación del fundo Tres Luces, reivindicando tierras que consideran usurpadas por Pablo Herdener Truan. El lof Muko se presenta a sí mismo como “una comunidad autónoma que lucha por la liberación nacional mapuche, camino por el que transitan nuestros weichafe (luchadores) que no pertenecen ni están vinculados a partidos políticos ni a organizaciones legalistas funcionales a intereses propios del Estado”.
Los ofertones no son la única irregularidad en este proceso, ya que otros dos inculpados, Andrés Gutiérrez Coña y Miguel Angel Tapia cumplen ya once meses de prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia sin ser llevados a juicio, habiéndose sobrepasado el plazo legal fijado para la investigación. Pero además, Cristián Cayupan, Elvis Millan, junto a Eliseo Ñirripil Cayupan y Daniel Canio Traical fueron formalizados por segunda vez, acusados además por el “incendio terrorista” del fundo Brasil ocurrido el 11 de septiembre en Vilcún. La jueza María Teresa Villagrán acoagió la postura del fiscal Miguel Angel Velásquez, alargando aun más su prisión preventiva. Esta es una modalidad que se está imponiendo en el último tiempo, como un recurso adicional a los ofertones de los persecutores.
El fiscal Andrés Cruz
Por otra parte, según informa el 12 de enero el sitio www.paismapuche.org el fiscal Andrés Cruz, de Cañete, envió un emisario a la cárcel de Lebu, comuna ubicada a más de 140 km de Concepción, en la región del BioBio. A Eduardo César Painemil Peña, detenido el 15 de agosto de 2009 le ofrecieron “excarcelación inmediata, dinero, casa, trabajo y cambio de identidad para que declare e inculpe a dos de los comuneros inculpados junto a él por la quema de un camión grúa y cabañas en el lago Lleu Lleu”. Los afectados iban a ser Mauricio Millanao y Juan Carlos Millanao Painemil, también detenidos el 15 de agosto. Los tres son miembros de la comunidad Pascual Coña sin tierra. Pero Eduardo Painemil rechazó el ofertón, por lo que el fiscal encontró otra forma de mantenerlos en prisión y/o condenarlos: la reformalización. El 27 de enero obtuvo del juez de garantía John Landeros, 35 días más para investigar y agregó como cargo la asociación ilícita terrorista, incorporando además otros cinco incendios “terroristas” ocurridos en cabañas de veraneo de la provincia de Arauco en los últimos cuatro años. La táctica de formular nuevos cargos diferenciados por grupos, se empleó contra los 23 comuneros de la zona del Lleu Lleu procesados inicialmente por la supuesta emboscada al fiscal Mario Elgueta en Puerto Choque. El juicio oral se realizaría recién en mayo o junio, lo que extendería la prisión preventiva a más de un año.
Por su parte, los abogados defensores Pelayo Vial, Adolfo Montiel y Nelson Miranda, aseguraron que más que una reformalización con cargos que desconocían hasta la fecha y de los cuales no podían defender a los imputados, el juez debería haber procedido a absolverlos de los cargos, ya que terminado el plazo de investigación no existían pruebas por parte de la fiscalía.
El fiscal Andrés Cruz paralelamente ha estado a cargo de una investigación sobre posibles vinculaciones de ETA con el conflicto mapuche, con indicios tales como la presencia en la zona de Arauco, tiempo atrás, de activistas de la ONG independentista vasca Askapena.
El fiscal Servando Pérez
El tercer caso conocido corresponde al fiscal de Rancagua, Servando Pérez, en el proceso contra la documentalista Elena Varela y los co-imputados Kenny Sánchez y Sergio Reyes, relacionado con el tema mapuche por el secuestro del su material fílmico sobre la lucha por recuperación de tierras. En carta enviada desde la prisión de alta seguridad por el ex chofer de Mininco Sergio Reyes, difundida recientemente por radio BioBio, el detenido afirma que el fiscal Pérez le habría presionado para inculpar a Elena Varela y al artesano y ex preso político mirista Kenny Sánchez, de participación en un robo con homicidio, un robo con violencia y asociación ilícita. Esos son los delitos que Servando Pérez intenta probar desde que en mayo detuvo en un mediático operativo a estas tres personas y otras cinco que debió liberar posteriormente. La autenticidad de la misiva de Reyes fue corroborada a esta periodista por Susana Sánchez, hermana de Kenny Sánchez, en tanto que el abogado de Varela, Jaime Madariaga declaró que la denuncia confirmar algo que ya se conocía.
Sergio Reyes afirma en su carta: “En una oportunidad fui avisado que tenía visita, estaba el abogado de la defensoría en compañía del Fiscal Servando Pérez quien me dice: ‘Reyes, le vengo a ofrecer un trato; le doy una condena de 7 años si se inculpa como cómplice e inculpa a Kenny Sánchez y Elena Varela’…Más adelante agrega Reyes que en una segunda visita el fiscal sostuvo: ‘Sr. Reyes, yo necesito de usted y usted de mí; le ofrezco 5 años firmando en su casa, acusarlo como encubridor, pero usted tiene que declarar en contra de Kenny y Elena’.
Continúa Reyes expresando:
“De golpe, se me aclaró la razón del porqué yo fui detenido por funcionarios de la A.N.I., se aclararon las presiones que ejercieron sobre mí en relación a mi esposa, se me aclaró por qué me amenazaban con delitos como la fuga de una persona de la cárcel de Temuco, con supuestas bombas y reuniones en el extranjero, con conocer a personas que por lógica, yo no había conocido, como es Mauricio Hernández (preso desde hace muchos años), delitos por los cuales debí haber sido formalizado por lo menos y eso nunca ocurrió. La razón estaba ahí, ante mis ojos y yo nunca la vi… Y es que la investigación de la Fiscalía era tan mala que no tenían pruebas, no podían tenerlas y necesitan de mí para poder probar una culpabilidad inexistente. Obviamente, me negué.”
Reacción de documentalistas
Al conocer la carta de Reyes Matus, los colegas de Elena Varela y miembros de la Asociación de Documentalistas de Chile, ADOC reaccionaron expresando públicamente “preocupación e indignación ante la posibilidad de que las presiones denunciadas resulten ser efectivas, puesto que ello significaría la vulneración de las normas que rigen el Estado de Derecho y el debido proceso en nuestro país. Exigimos a las autoridades que Elena Varela tenga un juicio justo, con total e irrestricto apego a las normas internacionales en estas materias, y que se investigue la veracidad de las graves denuncias realizadas por el señor Sergio Reyes Matus. De lo contrario se están vulnerando sus derechos ciudadanos y los de todos nosotros.” La declaración está firmada por Ignacio Agüero, María Paz González, Flor Rubina, Pachi Bustos, Alejandra Carmona, Paola Castillo, Paola Coll, Soledad Cortés, Pedro Chaskel, Vivi Erpel, Pablo Fernández, Lorena Giachino, María Paz González, Andrea Henríquez, Pablo Insunza, María Teresa Larraín, Tatiana Lorca, Germán Liñero, Magali Meneses, Patricio Muñoz, Carmen Luz Parot, Pablo Rosenblatt, Marcela Said, PaulaTalloni, y Dauno Tótoro.
Hostigamiento a Kenny Sánchez
La percepción de familiares de Kenny Sánchez, el otro afectado por la maniobra inculpatoria del fiscal Servando Pérez, es que existe un cerco comunicacional que dificulta denunciar nuevas fórmulas utilizadas para sostener las graves imputaciones. En enero, Sánchez expresó a su vez en carta pública: “Nuevamente debo señalar que la denegación de los medicamentos y las amenazas veladas ocurridas durante la semana pasada, están íntimamente relacionados a los golpes recibidos por mi persona el día 16 de diciembre en el transcurso de otro allanamiento al Módulo Nº 1, así como al montaje de las supuestas amenazas que yo habría proferido a un funcionario de gendarmería. Todo ello encadenado al montaje original de la fiscalía de Rancagua y a mi actitud de no transar principios y no callar ante las graves arbitrariedades cometidas tanto en la detención inicial como al interior del penal de Rancagua.
Una vez más debo advertir la gravedad de esta situación en tanto este penal se ha ido destacando por los malos tratos a los internos y, a pesar de visitas que las instancias de garantía ha realizado al recinto, los malos tratos continúan a la orden del día.
Reitero que la situación en que me encuentro es realmente peligrosa, que ha tendido a escalar y que no son descartables otras formas de hostigamiento, como la aparición entre mis pertenencias de elementos prohibidos, supuestos intentos de fuga o lisa y llanamente nuevas agresiones físicas.”
En el caso de Elena Varela, Kenny Sánchez y Sergio Reyes, detenidos en mayo de 2008 el juicio oral ya tiene fecha definitiva en Villarrica, en plena zona mapuche. El margen de maniobra del fiscal Servando Pérez sólo se extiende hasta el 2 de marzo. Con los ojos del país y buena parte del mundo vueltos en esos días hacia La Moneda, a la espera de la entrada triunfal de los herederos de la dictadura, en Villarrica estarán nuevamente a la orden del día la defensa de los derechos humanos, el debido proceso y la libertad de expresión.
En cambio, los más de 50 presos políticos mapuche que esperan llegar a juicio oral lo harán varios meses después de la toma de posesión de Piñera y cía. Mientras, en las últimas semanas se han reiniciado las recuperaciones de terreno y acciones en contra de forestales y latifundistas. “Nada que celebrar”, coreaban los mapuche el pasado 12 de octubre refiriéndose al publicitado Bicentenario. Sin duda tampoco habrán de celebrar el próximo 11 de marzo.

Jorge Martin retornó a prisión justo 20 años después de fugarse de la cárcel

A Jorge, un compañero digno y consecuente, lo conocí en Madrid en noviembre del año pasado y doy fe de su amor por Chile, de su constante interés por lo que pasa en este país y su necesidad de retornar, por supuesto que sin perder su libertad. Pero Jorge no se aguantó más,porque no es verdad que veinte años no es nada! Me regaló un libro sobre la fuga que es excelente y que aún debo reseñar, también estoy en deuda con ellos...
Con la Comisión Etica Contra la Tortura y otras organizaciones hemos presentado cartas a la Presidenta Bachelet (en distintos momentos de su período) pidiéndole actuar en el tema del exilio prolongado de estos compañeros condenados a un cuasi eterno extrañanamiento. Pero no hubo respuesta. El "no retorno" de Bachelet a este tipo de peticiones explica la distancia de las organizaciones de derechos humanos y luchadores sociales respecto de la supuestamente popular futura ex mandataria. Podría ella despedirse ahora con un último gesto digno amnistiando a estos compañeros. Pero quizás eso es esperar demasiado de quien junto a la Concertación abrió paso a Piñera y le entregará La Moneda, lo único que les faltaba a los herederos de Pinochet.
A continuación, reproduzco el artículo de Clarín publicado por la G80 sobre el retorno a la cárcel de Jorge.

Decidió terminar con el extrañamiento
A 20 AÑOS DE LA ''GRAN FUGA'' DETIENEN A JORGE MARTÍN AL REGRESAR A CHILE

Hoy 29 de enero de 2010 se cumplen 20 años de la fuga de medio centenar de presos políticos de la cárcel pública de Santiago de Chile por un túnel que 24 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del PC, excavaron a lo largo de un año y medio con herramientas como cucharas y tenedores.

En ese grupo no sólo se encontraban importantes dirigentes comunistas y socialistas sino que también vieron la luz de la libertad militantes de base social del PC, como Jorge Martín, chileno de 53 años que vive en Madrid escondido de la justicia chilena.

El miércoles, en el aeropuerto de Santiago, ha sido detenido el ciudadano español chileno Jorge Martin Martínez e hijo de exiliado español que llegó en el barco Winnipeg. “Su delito es haber luchado contra la dictadura de Pinochet”, explicó su hermana Matilde a Eurolatinpress.com.

Asimismo, Matilde explicó que “cuando los asesinos de nuestra familia campean libremente por las calles del país, a los luchadores de la democracia se les encarcela y se les prohíbe volver a su país”.
Jorge Martín tiene un proceso que lleva 20 años en la Corte Marcial, acusado de asociación ilícita desde 1986 y hasta hoy dia no ha podido lograr el sobreseimiento. Además, su familia tiene otro juicio estancado, desde la misma fecha, por la muerte de dos hermanas y un sobrino a manos de la represión de la dictadura de Augusto Pinochet, en la Calle Mamiña 150. Hasta ahora los inculpados caminan sin problemas por las calles de Chile.

Y pese a lo que muchos pueden creer, Jorge Martín no se siente libre caminando por las calles de la capital española sino que vive en una cárcel interna. No puede volver a su tierra, ni tomarse unas cervezas con sus amigos o presentarle su hija española a sus parientes. Él es parte de los cien chilenos que todavía viven clandestinos en Chile o en exilio. Una de las peores penas que se pueden imponer al ser humano.

El exilio forzado y el extrañamiento fueron impuesto por decreto por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) contra los opositores y también aplicado al llegar de la democracia por tribunales militares durante el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) contra activistas que buscaban el juicio contra los violadores de DD.HH o no dejaron las armas.

“Yo tengo dos procesos acumulados. El primero es por el asesinato de mi familia y el segundo, es por mi detención el 30 de junio del 86 en calle Mamiña 150, en la comuna de La Cisterna. Fue muy sonada la primera situación por la brutalidad con que se metieron en mi casa y asesinaron a mi familia”, explica Jorge Martín.

Bajo el mando del Mayor Benimellis, quien murió más tarde producto de una bomba caza bobos, tanto el director del GOPE, teniente coronel Sergio Gajardo Giadach como José Ricardo Luna García fueron identificados por el expediente de 1987 / 1843-87 a cargo de la fiscal María Angélica Granifo como autores de los asesinatos de Margarita Eliana Martín Martínez (43), María Paz Martín Martínez (30) e Isidro Salinas Martín (20), ocurridos en la comuna de La Cisterna, calle Mamiña 150 el 1 de julio de 1986.

Si bien el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, informó que el teniente coronel Gajardo era inocente porque así lo había dictaminado la justicia militar en 2002, la fiscal Granifo determinó que la detención de Jorge Martín Martínez como el allanamiento realizado que se facultaba para la detención de este y sus parientes, se infringieron las normas contempladas en el párrafo 3 del título III del libro de II del Código de Procedimiento Penal, infracciones que exceden la falta que contempla el nº5 del artículo 22 del reglamento de Disciplina de Carabineros y configura delitos contemplados en los artículos 148 y 155 del Código Penal.

En resumen, se alteró el lugar del suceso, no se informó de la armas ni las balas utilizadas en el lugar del hecho. No se revisaron las armas de los policías, entre otras graves faltas de Carabineros.

“Me cogen preso a mí y liquidaron a gran parte de la familia, dos hermanas y un sobrino. La CNI (policía secreta de Pinochet) me tuvo detenido durante días y me torturaron a mansalva. Luego me trasladaron a la Penitenciaria. Me tienen en el Parque O’Higgins casi dos años y después nos llevaron a la cárcel pública. Si bien ya veníamos manejando una fuga desde la ‘Peni’, esta la llevamos a efecto cuando trasladaron a todos los compañeros del Partido Comunista a la cárcel pública”, recuerda Martín.

Jorge Martín comenta que muchos de los fugados decidieron salir de Chile por que no creían en el cambio de política que se estaba gestando en los 90. El tiempo les daría la razón. “El 29 de enero fue la fuga y en 1990 ya había ganado Patricio Aylwin pero en marzo asumía. Salimos por la Estación Mapocho e hicimos infraestructura externa con coches y casas de seguridad. Yo decidí salir al extranjero porque tenía nacionalidad española. Aunque salí de Chile con identificación clandestina hacia Argentina donde conseguí mi nacionalidad española por parte de mi padre, que era un refugiado republicano español que llegó en el Winnipeg a Chile. Luego de ahí escapé a Paraguay porque en la Argentina habían muchos agentes secretos de la CNI”.

“Nosotros luchamos para obtener una democracia y ¿por qué ahora la democracia nos da la espalda y nos esta condenando por luchar contra la dictadura. ¿Por qué no se ha resuelto este problema con La Concertación?. Ellos no ha tenido sensibilidad y sólo se agarran al poder”, reflexiona Jorge Martín.

Sin duda la exitosa transición a la democracia chilena, que se vende por los partidos y líderes de la Concertación, tiene muchas contradicciones y deudas para estos ciudadanos nacionales. En virtud de la ley de reparación promulgada este invierno, las víctimas de la dictadura recibirán 112.000 pesos (120 euros) por lo que el Estado los reconoce como víctimas, pero si vuelven a Chile, pueden ser detenidos y juzgados.

Martín recibe este dinero pero a él no le interesa. Sólo quiere volver a su país y limpiar su hoja de antecedentes ya que la Fiscalía le acusa de asociación ilícita y robo con intimidación . Ya han pasado más de 20 años desde que Martín dejó Chile por obligación y el proceso contra el debería haber sobreseído y prescrito pero la Fiscalía quiere retener su proceso. Él no pierde la esperanza que termine pronto esta pesadilla de 20 años y lucha en grupo con otros exiliados junto al “Comité Chile Vuelvo”, una organización creada recientemente para terminar con el exilio y el extrañamiento político, que presentó un manifiesto hace unos días a la presidenta Michelle Bachelet.

Hace unos meses, la abogada especialista en DD.HH, Alejandra Arriaza, explicó que el comité surgió a raíz de la llegada a Chile de Jorge Escobar Díaz el pasado 26 de marzo, tras quince años expatriado en Noruega.

Según informaron agencias, Escobar, fue autorizado a ingresar a Chile para visitar a su madre, enferma de un cáncer terminal. Miembro del “Mapu Lautaro”, movimiento que siguió armado tras llegar la Democracia a Chile, luego de ver a su progenitora fue invitado a salir de nuevo.

“Este es mi país, un país que quiero, y no importa cuánto tiempo voy a estar fuera, esto no va a suplir el estar con mis compañeros y mi familia”, indicó Escobar, que aún debe cumplir cinco años de su pena de destierro.
fuente: www.elclarin.cl