Atajar la impunidad, a 42 años de la "Operación Colombo"

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Argentina fue parte de la Operación Colombo, preludio de Condor,  armada por la DINA chilena en coordinación con sus pares de los servicios secretos trasandinos y de Brasil. En “Lea”, una publicación creada en Buenos Aires para la ocasión, se publicó por primera vez la Lista de los 119, con la cual la dictadura buscaba encubrir las detenciones de luchadores antidictatoriales y aterrar al pueblo.

42 años después, en Mendoza, Argentina, culminó el “juicio a los jueces” llevado a cabo durante 3 años, con condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, para cuatro ex magistrados: Luis Francisco Miret, Otilio Romano, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. La información se publicó en el diario argentino La Nación el  26 de julio, pero es ignorada por la prensa chilena. Se vienen juicios similares en Córdoba y posteriormente en San Luis, sin importar la edad de los acusados, en el marco de la doctrina internacional de derechos humanos. En cambio, a este lado de la cordillera, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, junto a parte de la clase política y de la Iglesia, se han confabulado para liberar por razones de “edad” a criminales, autores y perpetradores de delitos de lesa humanidad, y respaldan un proyecto de ley en ese sentido. Ya están libres cuatro criminales que habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad, acogidos a beneficios carcelarios en este país de cárceles-boutique como Punta Peuco, pensiones privilegiadas para los uniformados, y violación y muerte para los niños y niñas pobres en hogares del Estado.

Verdad, justicia y lucha social

El domingo 31 de julio, en la ex Casa de Tortura de calle José Domingo Cañas 1367, en Santiago, madres, esposas y familiares de los 119 chilenos y chilenas desaparecidos en la Operación Colombo renovaron su compromiso de lucha por verdad y justicia, rodeados ahora por artistas, jóvenes, y colectivos de derechos humanos que las ayudan  a sostener ese anhelo, vinculado cada vez más a las demandas sociales de hoy. Al inicio del acto  se pidió a los presentes firmar en apoyo al machi Celestino Córdoba, preso político mapuche, que está solicitando a Gendarmería permiso por 2 días para ir a su rehue (altar) y reencontrarse con la energía de su pueblo para recuperar su salud.   Entre las primeras en firmar estuvieron Luz Encina, que ya tiene 96 años, madre de Mauricio Jorquera, el joven estudiante de sociología y ex alumno del Instituto Nacional;  Mina Antequera, de 86, madre de los hermanos Andrónicos, tocopillanos detenidos cuando trabajaban para armar una radio para la Resistencia,  y Ana Molina, la anciana madre de Pedro Merino, el joven sastre llevado a Colonia Dignidad y desaparecido desde Cuatro Alamos.

Un sobrino de Mina llevó a sus amigos al acto, a rapear por los 119. Una emocionada audiencia se unió a Berta Valdebenito, esposa de Teobaldo Tello y torturada como él en ese recinto, para  aplaudir a su hijo, autista, que bailó su dolor desplegando una tela blanca.   Mónica Pilquil, la esposa de Darío Chávez, el actor y estudiante de leyes desaparecido en la Operación Colombo cantó junto al conjunto del Colectivo 119, que interpretó, entre otros, un poema de Oscar Hahn musicalizado por Bodenhoffer. “El  hueso es un héroe de la Resistencia” decía al final la canción “El Hueso”, resonando en el silencio de esa sala poblada de mujeres que han buscado por cuatro décadas a sus seres queridos y son testigos de los  hallazgos de restos en otros casos de detenidos desaparecidos, pero nunca de los suyos. 

 “Curiosa es la persistencia del hueso/su obstinación en luchar contra el polvo/ su resistencia a convertirse en ceniza”, partía el poema de Hahn. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos recordó en el acto que el vecino del ex recinto de tortura, empresario dueño de Rochet (El Castillo del Jueguete) llevó adelante la demolición de esa casa  donde fueron torturados muchos de los desaparecidos en la Operación Colombo, ante la impotencia de Laurita Moya y de quienes junto a ella se habían organizado para convertir el lugar en una Casa de Memoria. El objetivo se alcanzó parcialmente, partiendo literalmente desde el polvo de la demolición, ya que desde el 2002 la casa es Monumento Nacional.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Claveles rojos y velas fueron depositados al aire libre al atardecer del 31 de julio, bajo las fotos de los 119 compañeros y compañeras atadas al tope de varas en la explanada donde antes estaban las salas usadas para torturar a 28 de ellos:  Jorge y Juan Carlos Andrónico, Francisco Aedo, Jacqueline Binfa, Sonia Bustos, Mario Calderón, Cecilia Castro, Bernardo de Castro, Jorge D´Orival, Jacqueline Drouilly, (embarazada de 3 meses), Modesto Espinoza, Luis Fuentes, Carlos Gajardo, José Jara, Mauricio Jorquera, Néstor Gallardo, María Cristina López,  Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Vicente Palominos, Carlos Pérez, Carlos Salcedo, Ariel Salinas,  Marcelo Salinas, Sergio Lagos, Sergio Reyes, y Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga. El recinto fue comandado entre otros por Marcelo Moren Brito, quien murió en el Hospital Militar en 2015, el día que debía ser notificado de la condena por el secuestro de Rodolfo Marchant, uno de los 119.  Ese juicio se cerró sin condenas a nadie, demostrando que la justicia tardía es sinónimo de impunidad.   

Renuncia de Oviedo 

Muchos de los asistentes al acto participaron también en la marcha realizada el 28 de julio en Santiago por organizaciones de derechos humanos y sociales,  para rechazar la impunidad en curso. En la Plaza de Armas, al finalizar la movilización los manifestantes ovacionaron  a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos por  exigir asimismo la renuncia del comandante en jefe del Ejército, General Humberto Oviedo que presionó por la libertad de los criminales en presencia de altas autoridades de la república. Recalcó también Alicia Lira que también demandan justicia por los crímenes cometidos en democracia como la desaparición de José Huenante, y las muertes de Nelson Quinchillao y Manuel Gutiérrez, entre otros luchadores sociales.

 Las escandalosas pensiones de “invalidez postraumática” de que gozan criminales de lesa humanidad, unidas a las pensiones también millonarias de los perpetradores recluidos en Punta Peuco, y  la huelga de hambre de los ex presos políticos en demanda de reparación, fueron el telón de fondo de la movilización.

Diversos actos conmemorativos de los 42 años de la Operación Colombo, como un conversatorio en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se suceden en estos días.   

El montaje, los medios y las pensiones

En el acto se recordó como los medios chilenos  encubrieron la desaparición de 119 luchadores antidictatoriales (19 de los cuales eran mujeres) detenidos entre el 8 de julio de 1974 y el 20 de enero del 75,  "informando" en grandes titulares de sus muertes “por vendettas internas”.Reprodujeron notas de  Lea y O Dia, revistas  creadas para ese fin en Argentina y Brasil.  La Segunda inició la maniobra, con su escalofriante titular de portada del 24 de julio de 1975: “Exterminados como ratas”. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial del montaje. Entre los secuestrados, 94 eran militantes del MIR, 9 eran socialistas 7 comunistas, y 1 del MAPU.  Había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Cuando desaparecieron, la mitad de ellos tenía entre 18 y 25 años. La mayoría eran de Santiago, pero algunos de los detenidos habían llegado a la capital huyendo de la represión desatada en sus regiones de origen (Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, BioBio, Maule, Araucanía).

Viejos criminales

Sólo en algunos de los 36 secuestros fallados hasta hoy por la Corte Suprema, los criminales que perpetraron la Operación Colombo cumplen prisión efectiva, porque 12 de las sentencias fueron irrisorias (ver cuadro 1). Dos de los responsables máximos de esta siniestra trama, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff han estado ad portas de abandonar el penal de Punta Peuco para irse a su casa, postulando a beneficios carcelarios, apoyados en la campaña que recubre la impunidad con canas y certificados médicos. En el juicio que se sigue por la desaparición de Germán Moreno, funcionario del hospital San Borja, y estudiante de Derecho en la U, la Corte de Apelaciones rebajó de 8 a 3 años la condena que se había impuesto a Krassnoff. Los integrantes de la cuarta sala, ministros Cristóbal Mera, M. Rosa Kittsteiner y Pedro Advis de esta manera posibilitaban la salida de Krassnoff puesto que sólo se cumplen en forma efectiva las penas de 5 años y un día.

Sin embargo este año Krassnoff había recibido nuevas condenas en primera instancia. El Ministro Crisosto lo sentenció a 20 años por los secuestros de Francisco Aedo, los hermanos Andrónicos Antequera, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Agustin Fiorasso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes, Gilberto Urbina e Ida Vera. Asimismo fue sentenciado en forma separada a 15 años por Martín Elgueta y María Inés Alvarado; otros 15 por María Cristina López y nuevamente, por Roberto Chaer. Por Carlos Cubillos deberá cumplir 10 años, por Manuel Villalobos, 8 y por Mónica Llanca, 7 años.  Por eso es que requieren una ley especial; las nuevas condenas les impiden  salir.

Krassnoff ,  experto en montajes,  fue condenado a otros 20 años en el fallo definitivo por el caso de la Rinconada de Maipú que significó la masacre de la familia Gallardo (hechos ocurridos entre el 18 y 19 de noviembre), y a 10 años por el asesinato de Augusto Carmona, presentado también como “enfrentamiento”. De todas formas, seguirá recibiendo su jugosa pensión de $ 2.489.658.  

En el caso de Iturriaga, el criminal enfrenta nuevas condenas por Arturo Barría (7 años), Eugenia Martínez (15 años) y 20 años por los 14 casos investigados por el juez Crisosto. En la llamada “cárcel boutique” de Punta Peuco, Iturriaga recibe mensualmente una pensión de $2.143.977. Pero el 9 de enero de este año,  el 29° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda civil por daño moral presentada por cuatro hijos del poblador de Arrieta,  Modesto Espinoza,  uno de los 119,  detenido el 23 de agosto de 1974, en la Región Metropolitana. Su esposa también fue detenida y hostilizada y debió marchar al exilio con sus niños en 1982. En el juicio por reparación civil, la magistrada María Morales aplicó la prescripción, acogiendo los argumentos del Estado de Chile. La familia tampoco obtiene aun la sentencia definitiva en el juicio penal.  El tiempo corre a favor de los perpetradores, no de quienes sufren por la impunidad que ha regido por décadas.

Complicidad de la Suprema

Respecto de los 119 secuestros y desapariciones, la  Corte Suprema apenas dictó 4 sentencias a firme entre julio de 2016 a julio 2017.  Así terminó la espera para los familiares de la ex funcionaria del registro civil Mónica Llanca, los del estudiante de sociología Manuel Villalobos, el dirigente poblacional de Lo Hermida Carlos Cubillos, y el estudiante de medicina Jorge Ortiz Moraga. En cambio la impunidad es total  para los familiares tras las desapariciones del albañil del sector de Las Rejas Sur, Eduardo Alarcón;  del activista de la lucha de los mapuche en Lautaro, Ramón Labrador; y de la  secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile, la actriz Violeta López. Lo mismo ocurre en los casos del comerciante Juan Bautista Maturana, del dirigente sindical de la Corporación de Mejoramiento Urbano CORMU, Edgardo Morales Ch;  del futbolista de barrio en Lo Valledor, Leopoldo Muñoz; del estudiante de la Universidad de Santiago Ramón Núñez,  y del estudiante de sociología de la Chile, Carlos Salcedo. No hay absolutamente ningún avance en los juicios entablados para condenar a los responsables de su desaparición.

 Son sólo 36 los casos con sentencias a firme. Hay 55 casos con sentencia de primera y segunda instancia.  A este ritmo (ver cuadro 2) muchos  criminales seguirán muriendo antes de que se les sentencie o bien zafarán de prisión con la venia y complicidad de los jueces, terminando sus días impunemente en sus domicilios particulares. El Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, ha dado a entender que los delitos de lesa humanidad son como cualquier otro delito, y por tanto a los condenados en Punta Peuco se les debiera permitir abandonar el penal por su avanzada edad. La interminable espera de justicia tiene terribles costos sicológicos y morales para los demandantes. Muchas de las madres y familiares han fallecido de cáncer en estos años.  Armados de dignidad y amor por los suyos y por su pueblo, y organizados en distintos espacios los familiares, amigos y compañeros de los 119 siguen alzando su voz contra la impunidad, porque la impunidad del pasado garantiza la injusticia de hoy.    

Forestales, gobierno y universidades abordan negocio de árboles transgénicos

Funa a Tecno-Ciencia reunida en Concepción

       

Por Lucía Sepúlveda

(Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile/ Red de Acción en Plaguicidas Chile)

Legitimar  las plantaciones de árboles transgénicos en Chile como respuesta al cambio climático,  parece el objetivo de la alianza vigente en la región del BioBio entre el Estado y las forestales, a la que también concurren universidades, dada su dependencia de los privados para investigar, por no contar con recursos propios.  Así, el gobierno regional del BioBio auspició el evento internacional  IUFRO 2017 de investigación sobre árboles transgénicos (4 al 9 de junio),  en conjunto con la Universidad de Concepción y la Universidad de Talca.  Patrocinadores son la Forestal Arauco, depredadora del territorio de esa región, Futura Gene, execrada a nivel socio-ambiental como responsable de plantaciones de transgénicos y monocultivos en Sao Paulo (Suzano); Gondwana Genomics (de Australia, experta en mejoramiento  vía marcadores genéticos), ArborGen (Estados Unidos, Brasil, eucaliptus transgénicos) y FONDECYT (fondo público chileno de investigación).

A nivel nacional el gobierno de Bachelet se empeña en seguir promoviendo nuevos tratados de libre comercio y servicios que piden “armonizar” legislaciones, omiten cualquier alusión al riesgo inherente y no consideran el principio de precaución al mencionar aspectos medioambientales. El Tratado Transpacífico y aquel que lo suceda en futuro, con o sin Estados Unidos,  incluirá capítulos sobre la propiedad intelectual como cláusula de garantía para los transgénicos, puesto que obligan a los firmantes a establecer convenios, leyes y normas que los autoricen, so pena de ser consideradas  normas que son  obstáculos al libre comercio.

Riesgos ocultos

Los riesgos de los árboles transgénicos fueron señalados a nivel latinoamericano en la Declaración de Asunción (http://globaljusticeecology.org/asuncion-declaration-resounding-global-no-ge-trees/) , poco después que en 2015 Brasil dio luz verde a los eucaliptus transgénicos. Las organizaciones allí reunidas, entre ellas Global Justice Ecology Project, Coalición Mundial por los Bosques y Viento Sur, de Chile, recordaron algo obvio: los árboles pueden vivir durante siglos y han evolucionado para difundir sus semillas y el polen a grandes distancias. Por ello  la contaminación genética de los bosques nativos por  los árboles transgénicos, está prácticamente garantizada, con impactos impredecibles en los  ecosistemas. La intensidad  del daño dependerá de factores que ahora se sabe no son controlables, dado que las secuencias de genes insertadas o editadas  no son exactas. Dan como resultado mutaciones y cambios impredecibles y/o muchas veces no esperados, en el genoma del árbol transgénico.

Por otra parte, continúa la citada declaración,  las comunidades de las regiones afectadas, verán amenazada su soberanía. Científicos brasileños han estudiado que el eucaliptus consume más agua durante los primeros años de crecimiento y la cosecha de la planta transgénica se haría dentro de cinco años y no a partir de siete como ahora. Ello implicará más sequía, con alto riesgo para las huertas, plantas medicinales y cultivos de subsistencia en los nuevos territorios de la expansión transgénica. Los árboles a los que se incorporó genes Bt (bacilum thuringensis) para prevenir una plaga determinada, producirán cada día ese insecticida, afectando a abejas y otros insectos benéficos, dañando gravemente la apicultura. Hay estudios que demuestran eso ocurre en los cultivos de maíz Bt. Aquellos árboles “tolerantes” al Roundup de Monsanto (nombre comercial del herbicida de Monsanto)  destruirán en su entorno toda la avifauna y las flores y hierbas medicinales, puesto que morirán por la constante fumigación aérea de los monocultivos. 

Enfermedades como cáncer y malformaciones congénitas se extenderán en las familias de los y las trabajadores y habitantes de áreas cercanas, ya que el glifosato  es considerado posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Por esto último, el uso y venta del herbicida de Monsanto en Bélgica, Francia, e Italia, se está restringiendo este año a nivel doméstico y se  prohíbe en áreas públicas como parques, caminos y jardines.

En Brasil

Diversos científicos y académicos brasileños opuestos a la introducción de la variedad transgénica de eucaliptus, alertaron acerca de que habrá mayor consumo de agua en el período de crecimiento, lo que puede alterar el equilibrio hídrico del ecosistema de la región donde se localicen los cultivos. Según denuncian, este árbol, que normalmente  consume 30 litros de agua por día  provoca sequía en el norte de Espiritu Santo y el sur de Bahía. En Brasil las mujeres campesinas han liderado la resistencia a los árboles transgénicos. En 2015, A pocas horas del Día Internacional de la mujer, ellas se movilizaron (https://youtu.be/M7K-xJyvek8) para destruir un vivero de eucaliptus transgénicos de la empresa biotecnológica Suzano-FuturaGene, en la comuna de Itapetininga, del estado de Sao Paulo.

 IUFRO= Tecno-ciencia

 No hay peor sordo que el que no quiere oír. El Estado de Chile no escuchó el crepitar de pinos y eucaliptus ardiendo este verano y arrasando también a  localidades sin agua, dependientes de camiones aljibe, debido a los insaciables monocultivos.  Las autoridades   sólo   oyen  la voz de Arauco y Mininco, formulando sus demandas tras los escritorios de científicos. Los investigadores sumidos en proyectos  que operan bajo la modalidad de fondos “público-privados”,  trabajan  con millonario financiamiento público para  aumentar las ganancias de las empresas forestales, a costa del medio ambiente y la salud de las personas, quizás sin saberlo o tomar conciencia de ello.  El destacado investigador argentino Andrés Carrasco (UBA/CONYCIT), ya fallecido, denominaba este fenómeno  como    “tecnociencia”, una ciencia orientada a obtener resultados y productos funcionales a las necesidades de la industria, de espaldas a las necesidades de las grandes mayorías.

Secreto y engaño por nuevas técnicas

En Chile hoy no existe fiscalización alguna  a la experimentación sobre árboles transgénicos, por ejemplo del proyecto Genómica de Resistencia a Fusarium Circinatum en Pinus Radiata, del consorcio Genómica Forestal en la Región del BioBio. Así lo reconoció el  Servicio Agrícola y Ganadero SAG en respuesta a una detallada consulta formulada por transparencia en 2014 por OLCA , organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile y la Coalición Mundial por los Bosques. Desde entonces diversas líneas de investigación en árboles transgénicos han avanzado en el más completo secreto. La estrategia de científicos y empresarios para eludir el rechazo ciudadano y evitar entramparse en leyes de “bioseguridad” que en Chile nunca han podido avanzar, se apoya en el uso de nuevas formas de manipulación de genes. Estas técnicas aun no están reguladas. Entre ellas están la Tecnología de Nucleasas de Dedos de Zinc (ZFN-1/2/3), la Mutagénesis Dirigida por Oligonucleótidos (ODM), la Cisgénesis/Intragénesis, la Metilación de ADN dependiente de ARN (RdDM); el Injerto (sobre un patrón modificado genéticamente);  el Mejoramiento Inverso (RB); y/o la  Agro-infiltración (tanto Agro-infiltración "sensu stricto" como Agroinoculación. La Unión Europea – reticente a los cultivos transgénicos, excluidos de la mayor parte de su territorio - está en la actualidad analizando estas metodologías para adoptar las medidas regulatorias que considere relevantes.  Los  riesgos de estas técnicas son de la misma naturaleza que los surgidos al insertar genes foráneos, puesto que, por ejemplo, “cortar y pegar” segmentos de ADN  para suprimir una función, altera la cadena  y el resto de complejas funciones, muchas de ellas totalmente desconocidas, generando reacciones impredecibles y efectos no objetivo.

Funa al Centro de Biotecnología UDEC

El secretismo vigente en proyectos relativos a árboles transgénicos en  Chile, ya sean tolerantes a herbicidas o al estrés del frío o a la sequía, impide saber cuál o cuáles de estas técnicas son las que están usando los investigadores chilenos.  El Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción, “funado” en una manifestación estudiantil el miércoles pasado, en repudio por su rol en estos proyectos que permitirán expandir los monocultivos ahora con transgénicos,   negó las acusaciones de la manifestación convocada por la Federación de Estudiantes de su universidad y de la Red de Defensa de Territorios, sin aportar ninguna información relevante sobre las investigaciones  que desarrolla.

En tiempos de campaña electoral, es tiempo de presionar a favor de una legislación que avale sus resultados – que serán presentados como no transgénicos y simple “mejoramiento” - permitiendo  a la industria expandir los monocultivos, ahora con eucaliptus y/o pinos transgénicos,  productores de menos lignina (para obtener más pulpa o biomasa) o que se puedan plantar en lugares más fríos y sean resistentes a las enfermedades.

Ya conocemos los efectos depredadores de los monocultivos. Si estos son transgénicos, el listado de daños sólo puede empeorar. Con cero posibilidad de fiscalización y nula evaluación previa de riesgo, lo único que cabe plantear es la moratoria a esta tecnología en Chile sobre la base del principio de precaución, y también hacerlo a nivel global, a través de mecanismos del Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas. El destacado genetista canadiense David Suzuki, ex académico de la Universidad de British Columbia, y uno de los primeros científicos en alertar sobre los riesgos de la transgenia, sostiene: "La prisa por aplicar las ideas de la ingeniería genética es absolutamente peligrosa, porque no tenemos idea de cuál será el impacto a largo plazo de esas manipulaciones”.  Es muy probable que los alumnos y académicos del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción no conozcan  a este genetista, galardonado con el premio Right Livelihood Award (el Nöbel alternativo) en 2009. Y no lo mencionará tampoco la expositora de IUFRO Sally Aitken, una de las expositoras del evento científico, quien sin embargo viene de la Universidad de British Columbia,  en la que el reputado académico enseñó hasta la pasada década. 

Justicia 40 años después

Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo,  cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años,  fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial. Eva María y Alejandra, su otra hija, crecieron sin él. Sus seis nietos  irán conociendo la verdad histórica, aun cuando ello no borrará el dolor de la ausencia.  

Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto  había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.

La querella interpuesta en 2003  para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres.  Era  lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”:  El año 2006 muere  Pinochet sin pagar por este ni ningun otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños...No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.  

Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”.  Sin embargo viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe  el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras.  La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.

Privilegios de criminales  

En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a10 años y 1 día  a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado,  pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de  $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.

En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad.  Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff - quien dirigió todos los operativos contra el MIR -   bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.

Periodista de trinchera

Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972 intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar,  él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”,  comenzó a organizar la red  de  periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y  testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado  de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.  

Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que  era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las  conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión  y creatividad, cambiando su aspecto físico  y reduciendo sus salidas para eludir la persecución.  La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.

El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”.  Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.

En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo,  así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo. 

Delito de lesa humanidad
La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.

 La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos.  Los ministros Haroldo Brito,  Milton Juica y Jorge Dahm,  respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los  ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta.  Siguieron así  la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch,  similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones. 

La trampa mortal

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el  tribunal los testigos –entre los que se cuenta  el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día - declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.  

La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el Pelao había  intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que éste contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche,  cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.

Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.

El cartel de la DINA/CNI

Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen,  había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.

El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El  se especializó en el exterminio del MIR.   Según información  del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros  de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo   (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz,  Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva,  Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de  Diana Aaron, Luis Arias,  Alvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún,  Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y  Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aun está procesado por muchos otros secuestros.

Krassnoff no  ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario reivindica sus crímenes.Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”.  La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y  a  4 años por asesinato del coronel Huber.  Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del el ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.

Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue  condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés,  y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una  pensión de $1.653.952.

Basclay  Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos,  M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por  los secuestros y desapariciones de Alvaro Barrios,  Carmen Díaz, Elsa Leuthner,  Antonio Llidó, Iván Monti,  José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.

Luis Torres Méndez  (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una  sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo, (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros  de militantes comunistas en calle Conferencia.
José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona,  está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió  en libertad una “condena” por el  secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.

La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria pero también y sobre todo,  a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula.  ¡Hagámoslo ya!

Tuniche, semillera transgénica, ahora va por el agua de Nahuelbuta

La empresaTuniche, exportadora de semillas de maíz transgénico, híbridos y de fruta - como Tunichefruits - se apropió de las aguas de  los habitantes de la cordillera de Nahuelbuta, según denuncian esas comunidades. A través de su filial EFG SPA, Tuniche  ya eliminó los avellanos nativos  para plantar  los primeros 25.000 cerezos, en 20 hectáreas  del sector Junta de las Aguas. Uno de los mallines vecinos a la extracción de aguas subterráneas en sus predios, de unas 5 hectáreas, se secó,  con lo que murieron los canelos, árboles sagrados del pueblo mapuche. El video muestra la zona donde está la plantación de cerezos.

En su web, Tunichefruits.cl informa que cumple las normas de la certificación internacional Global Gap  “desde las actividades pre-cosecha hasta la manipulación del producto post-cosecha, el empaque y almacenamiento”, pero sin duda no ha considerado estas normas en el inicio de los monocultivos de cerezos en la novena región. A futuro, esto puede generarle graves problemas, al menos para su relación con los mercados europeos, cuyos consumidores rechazan los productos que dañan el medio ambiente. Los predios de Tuniche están ubicados en la región de la Araucanía - el Walmapu para los mapuche, habitantes originarios de las regiones ubicadas más allá del río Bio Bio- donde existe un pujante movimiento plurinacional de defensa del agua y los territorios. Quizás en unos años más, las cosechas de cerezas no sean lo esperado por la empresa extractivista. 

Tuniche opera través de su  empresa Sociedad Agrícola EFG SPA, adquiriendo varios predios para monocultivo frutícola en la parte alta de la cordillera. En el sector Junta de las Aguas,  como indica su nombre, confluyen los esteros Cabrería, Las Minas y Los Toldos, dando origen al río Purén, que a su vez descarga en el río Lumaco y luego en el río Imperial. Ello afecta a campesinos y pequeños propietarios mapuche y no mapuche de las comunas de Purén y Lumaco, en la Novena Región, justo al límite con la región del BioBío. Las comunidades han iniciado la defensa de su derecho a contar con agua para su sustento y el de sus animales y seguir adelante con su sistema de vida. Entregaron a las autoridades su Carta Pública por la Defensa y Protección de las Aguas de la Cordillera de Nahuelbuta, solicitando al mismo tiempo una entrevista al Intendente de la Araucanía, Miguel Hernández,  y al Seremi de Agricultura, Alberto Hofer Meyer,  entre otras autoridades regionales.

Defensa de sus aguas

En una carta pública fechada en Purén, en abril de 2017, representantes de las comunidades afectadas por esta situación, identificados con sus nombres y RUT como habitantes del sector Junta de las Aguas y de la comuna de Purén,  hacen un llamado “a la conciencia social y ecológica de todos los mapuche y chilenos para que juntos frenemos la depredación de la naturaleza, la apropiación de las aguas, el perjuicio y empobrecimiento de los habitantes y el intento de despoblar las zonas afectadas.” Ellos asimilan lo que viven con el ya conocido daño provocado por las plantaciones forestales.

Desde diciembre de 2016, sólo en la hoya hidrográfica del estero Cabrería la empresa EFG cuenta legalmente con derechos de aguas superficiales para un caudal superior a 300 litros/segundo,  durante los meses de abril a diciembre. Pero además tienen derechos de aguas subterráneas de 6 litros/segundo durante todo el año (permanente y continuo),  de carácter consuntivo. Todo ello es posible porque constitucionalmente, el agua es una mercancía que se transa al mejor postor como establece la constitución pinochetista que rige el país, al compás del código de aguas  que reglamenta la privatización de este bien común. Los campesinos usaron esa agua ancestralmente y jamás pensaron en inscribir sus derechos como hizo recientemente la empresa extractivista. 

Un caudal de 6 litros/segundo como el conseguido por Tuniche, explican los campesinos en su carta, equivale al consumo de 2.600 personas. Es decir,  2.600 habitantes de la zona de los ríos Purén, Lumaco e Imperial, ya no cuentan con agua para su consumo. Además la empresa  construyó grandes depósitos de acumulación de agua que ponen en peligro las viviendas de aguas abajo.

Sin embargo el caudal de 6 litros/segundo con que cuenta legalmente EFG SPA  es insuficiente para regar el extenso monocultivo, por lo que los vecinos estiman que la extracción de agua subterránea por el sondaje existente, es muy superior al caudal señalado. Tienen pruebas: ya han desaparecido los caudales superficiales existentes y  se han secado mallines y vertientes ubicados aguas arriba de la plantación de cerezos.

Impacto en animales y aves

Por otra parte los vecinos deben soportar el ruido permanente producido por el  potente generador utilizado por la empresa para el riego de los 25.000 cerezos. El aparato funciona a diario, y a veces lo hace durante las 24 horas. A varios kilómetros de distancia se escucha el ruido, lo que  ha generado el alejamiento de animales y aves, y altera el descanso de los lugareños.

Los afectados tienen claro que esto es sólo el comienzo del negocio de  de monocultivos de cerezos de Tuniche en la zona, lo que conllevará mayor extracción de agua de otras fuentes de agua, como ya sucede con el estero Los Toldos de la comuna de Los Sauces.  Su pronóstico es sequía y desabastecimiento de agua en toda la zona que depende de  los cauces mencionados. En cambio en http://www.tunichefruits.cl/fruits/nuestra-empresa/  Tuniche exporta preferentemente al mercadoasiático su cereza marca “Lucila” y  se considera protector del medio ambiente: ““Creemos en un trabajo en equipo comprometido y profesional, que cuide el medio ambiente y que genere relaciones sólidas, duraderas y de confianza con nuestros clientes y proveedores.”

Catástrofe anunciada

La carta de los despojados del agua, concluye señalando: “No estamos en contra de los emprendimientos. Sólo defendemos los recursos para que estos permanezcan y sean aprovechados por nuestros hijos y nietos. En este caso se trata de una empresa cuyo objetivo final son las ganancias económicas, no el cuidado del entorno y del medio ambiente. Así como tampoco el respeto por los vecinos. Debemos recordar la catástrofe que ha significado y sigue significando la instalación de plantaciones forestales. Situación similar se nos viene encima, son monocultivos de origen foráneo. Los casos son iguales, mientras mayores son las ganancias para la empresa, mayor es el deterioro de la naturaleza y el perjuicio para los habitantes del sector.”

Asimismo los afectados señalan: “ No debe aceptarse que ninguna empresa, ni privada ni pública, ni nacional ni transnacional, que no trae desarrollo alguno al sector y sus habitantes, se enriquezca a costa del empobrecimiento de miles de personas y se les impida vivir como siempre lo han hecho, en forma modesta, pacífica y comunitaria. Hacemos un llamado a la conciencia social y ecológica de todos los mapuche y chilenos para que juntos frenemos la depredación de la naturaleza, la apropiación de las aguas, el perjuicio y empobrecimiento de los habitantes y el intento de despoblar las zonas afectadas.”

La Carta Pública por la Defensa y Protección de las Aguas de la Cordillera de Nahuelbuta está firmada por los habitantes del sector Junta de las Aguas: Osvaldo de Jesús Araneda Navarrete RUT 11.583.321-9 - Segundo Raimundo Araneda Navarrete RUT 9.276.120-7 - Jorge Alberto Ugarte Elgueta RUT 4.014.611-3 - José Mario Badilla Rivera RUT 4.968.215-8 - José Santos Navarrete Ibarra RUT 15.226.747-9 - José Belarmino Díaz Paz RUT 7.029.663-2 - Bernardo Gavilán Rozas RUT 8.704.912-4 - Baltazar Washington Vásquez Fonseca RUT 11.603.557-K - Sonia del Carmen Castillo Navarrete RUT 14.481.828-8 – María Isabel González Carrasco RUT 5.614.193-0 - Gabriela Eliana Unda Navarrete RUT 5.672.246-5 - Luis Humberto Castro Saravia RUT 5.300.306-0 - José Raúl Espinoza Venegas RUT 6.959.624-K - Joel Juvenal Henríquez Sepúlveda RUT 6.278.303-9 --- Juan Godoy Flores RUT 2.325.776-9

Y por los habitantes de Purén: Blanca Catrileo Nahuelpán RUT 11.450.566-8 Presidente Comunidad 411 Juana Carrimán viuda de Paillao – Miriam Ancal Leviqueo RUT 12.066.493-K Presidente Comunidad 1785 Juan Puen Caupolicán RUT 65.074.485-3 – Hugo René Trangulao Huenupi RUT 8.644.008-3 Presidente Comunidad 359 Pascual Huenupi – Angélica Nahuelpán Campos RUT 11.000.131-2 – Sandra Campos Férnandez RUT 14.921.068-7 Presidente Comunidad 1697 Domingo Paillao – Miriam Paillalí Reyes RUT 16.708.114-2 Secretaria Comunidad 411 Juana Carrimán viuda de Paillao – Baleriet Campos Fernández RUT 10.082.035-8 – Marilyn Campos Salas RUT 18.644.373-K .

A continuación, el texto completo de la carta.

CARTA PÚBLICA

POR LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS

DE LA CORDILLERA DE NAHUELBUTA

A las autoridades, a los amigos, vecinos y hermanos, estamos ante una grave situación de apropiación de aguas y eliminación de la vegetación nativa en la cordillera de Nahuelbuta.

En el sector Junta de las Aguas, ubicado en las comunas de Purén, Angol y Los Sauces, confluyen los esteros Cabrería, Las Minas y Los Toldos. Estos esteros, y otros sin nombre situados en ese sector, son los que dan origen al río Purén, éste a su vez descarga en el río Lumaco y luego en el río Imperial. Son todos estos cauces los que históricamente y desde hace siglos, han permitido la vida de personas y animales abasteciéndolos de agua de bebida, y que han utilizado para el riego de los cultivos de todos los habitantes que se ubican en esa zona, desde la parte alta de la cordillera de Nahuelbuta hasta los sectores bajos del valle.

La empresa de producción frutícola SOCIEDAD AGRICOLA EFG SPA, RUT 76.381.577-3, que pertenece al grupo TUNICHE, de gran tamaño y con importantes conexiones internacionales, cuyo rubro principal es la producción de semillas transgénicas y fruta, ha ido adquiriendo predios de diverso tamaño y ubicación, dentro del mismo sector de Junta de las Aguas, en la parte alta de los cauces.

Aprovechándose de que no existían derechos de aguas legalizados por los vecinos, los ha solicitado a la DGA del Ministerio de Obras Públicas quien se los otorgó. El objetivo específico de este proyecto empresarial es instalar una gran plantación de cerezos con fruta de exportación. Es así que a partir de diciembre de 2016, sólo en la hoya hidrográfica del estero Cabrería la empresa EFG tiene aprobados derechos de aguas superficiales para un caudal superior a 300 litros/segundo durante los meses de abril a diciembre, y derechos de aguas subterráneas de 6 litros/segundo durante todo el año (permanente y continuo), todos ellos de carácter consuntivo. Vale la pena destacar que un caudal de 6 litros/segundo equivale al consumo de 2.600 personas. Es decir, por este solo hecho, son 2.600 habitantes de la zona de los ríos Purén, Lumaco e Imperial, que ya no cuentan con agua para su consumo. La empresa consulta la plantación de otros sectores. Su proyecto de expansión es de gran envergadura y ha arrendado y comprado varios otros predios en el sector con la misma finalidad, para cuyo desarrollo necesariamente necesita de grandes cantidades de agua, construyendo grandes depósitos de acumulación poniendo en peligro las viviendas de aguas abajo. Los recursos de que dispone la empresa sobre el estero Cabrería son de una magnitud absolutamente desproporcionada para las actuales condiciones del estero. Pero nada impide a la empresa, tal como lo ha hecho durante el año 2016, extraer un caudal mayor, y tal vez mucho mayor, a los caudales que tiene aprobados, provocando la sequía de cauces que provienen del Parque Nacional Nahuelbuta.

A la fecha, esta empresa ha instalado una plantación de cerezos en el predio rol 2273-55. Son 20 hectáreas con 1.250 plantas/hectárea, en total son 25.000 cerezos. Todos estos terrenos estaban plantados con avellanos. Estos avellanos, que son una especie protegida, fueron destroncados para dar cabida a los cerezos. Para lograr sus objetivos, la empresa debe contar con terrenos despejados (de ahí la eliminación de los avellanos) y con agua, mucha agua. Por este motivo está apropiándose de las aguas del sector, las que, como se señaló, históricamente han sido usadas por sus habitantes para su sustento y el de sus animales. El caudal de 6 litros/segundo es absolutamente insuficiente para regar 25.000 plantas, es fácil concluir que la extracción de agua del sondaje existente es superior al caudal señalado.

En la práctica y desde hace más de un año esta empresa está regando los cerezos plantados con aguas que extrae a través de sondajes construidos en su predio. Esto ha generado la disminución y desaparición de caudales superficiales que han secado mallines y vertientes ubicados aguas arriba de la plantación de cerezos, donde viven campesinos de la zona que están viendo mermados sus recursos poniendo en riesgo sus animales y plantas. De hecho – sólo con

el funcionamiento de un solo sondaje en el predio señalado - ya hay un mallín de canelos, de aproximadamente 4 hectáreas, que se encuentra seco. Esta situación sólo se agravará en el futuro. Por otro lado, para regar los cerezos están utilizando un generador de una gran potencia. Este aparato funciona todos los días, a veces durante las 24 horas. El permanente ruido que produce se escucha a varios kilómetros de distancia alterando y dañando el medio ambiente, ha generado el alejamiento de animales y aves, e impide un adecuado descanso a los habitantes del sector. Naturalmente esto sólo trae perjuicio para los vecinos y habitantes del sector que utilizan solamente las aguas necesarias para el consumo familiar y de animales y cultivos domésticos, ya mermadas por la situación mundial de sequía. Hay un número reducido de personas que han sido beneficiadas por la empresa la que ha aprovechado la situación precaria de estas personas ofreciéndoles trabajo temporal, las que inevitablemente se verán, en forma tardía, igualmente perjudicadas.

Esto es sólo el comienzo. La extracción de los recursos hídricos aumentará. Las aguas serán extraídas desde otras fuentes superficiales y subterráneas en los esteros cercanos, como ya está sucediendo en el sector ubicado al sur del estero Los Toldos en la comuna de Los Sauces. Lo que pasará entonces es que en los próximos años esta disminución de los recursos hídricos golpeará y provocará sequía y desabastecimiento de aguas en las zonas abastecidas por estos cauces.

No estamos en contra de los emprendimientos. Sólo defendemos los recursos para que estos permanezcan y sean aprovechados por nuestros hijos y nietos. En este caso se trata de una empresa cuyo objetivo final son las ganancias económicas, no el cuidado del entorno y del medio ambiente. Así como tampoco el respeto por los vecinos. Debemos recordar la catástrofe que ha significado y sigue significando la instalación de plantaciones forestales. Situación similar se nos viene encima, son monocultivos de origen foráneo. Los casos son iguales, mientras mayores son las ganancias para la empresa, mayor es el deterioro de la naturaleza y el perjuicio para los habitantes del sector. No debe aceptarse que ninguna empresa, ni privada ni pública, ni nacional ni transnacional, que no trae desarrollo alguno al sector y sus habitantes, se enriquezca a costa del empobrecimiento de miles de personas y se les impida vivir como siempre lo han hecho, en forma modesta, pacífica y comunitaria.

Hacemos un llamado a la conciencia social y ecológica de todos los mapuche y chilenos para que juntos frenemos la depredación de la naturaleza, la apropiación de las aguas, el perjuicio y empobrecimiento de los habitantes y el intento de despoblar las zonas afectadas.

Por los habitantes del sector Junta de las Aguas: Osvaldo de Jesús Araneda Navarrete RUT 11.583.321-9 - Segundo Raimundo Araneda Navarrete RUT 9.276.120-7 - Jorge Alberto Ugarte Elgueta RUT 4.014.611-3 - José Mario Badilla Rivera RUT 4.968.215-8 - José Santos Navarrete Ibarra RUT 15.226.747-9 - José Belarmino Díaz Paz RUT 7.029.663-2 - Bernardo Gavilán Rozas RUT 8.704.912-4 - Baltazar Washington Vásquez Fonseca RUT 11.603.557-K - Sonia del Carmen Castillo Navarrete RUT 14.481.828-8 – María Isabel González Carrasco RUT 5.614.193-0 - Gabriela Eliana Unda Navarrete RUT 5.672.246-5 - Luis Humberto Castro Saravia RUT 5.300.306-0 - José Raúl Espinoza Venegas RUT 6.959.624-K - Joel Juvenal Henríquez Sepúlveda RUT 6.278.303-9 --- Juan Godoy Flores RUT 2.325.776-9

Por los habitantes de Purén: Blanca Catrileo Nahuelpán RUT 11.450.566-8 Presidente Comunidad 411 Juana Carrimán viuda de Paillao – Miriam Ancal Leviqueo RUT 12.066.493-K Presidente Comunidad 1785 Juan Puen Caupolicán RUT 65.074.485-3 – Hugo René Trangulao Huenupi RUT 8.644.008-3 Presidente Comunidad 359 Pascual Huenupi – Angélica Nahuelpán Campos RUT 11.000.131-2 – Sandra Campos Férnandez RUT 14.921.068-7 Presidente Comunidad 1697 Domingo Paillao – Miriam Paillalí Reyes RUT 16.708.114-2 Secretaria Comunidad 411 Juana Carrimán viuda de Paillao – Baleriet Campos Fernández RUT 10.082.035-8 – Marilyn Campos Salas RUT 18.644.373-K

Purén, abril de 2017.

Doctora española: alimentos tradicionales son más nutritivos

El jueves 19 de enero, la doctora María Dolores Raigón, ingeniero agrónomo y doctora  por la Universidad Politécnica de Valencia, España, expondrá sobre Nutrición, Alimentos Tradicionales y Agroecología en la Universidad Academia Humanismo Cristiano, ubicada en Condell 343. La actividad es convocada por la Red de Acción en Plaguicidas RAP- Chile, el Proyecto Biodiversidad de la Provincia del Huasco y la Cooperativa Verde, de 9.15 horas a 13.30 horas, con acceso libre. “Esta es una oportunidad única para aprender qué es lo que nos falta para contar con alimentación de calidad que además sea accesible a toda la población”, afirma María Elena Rozas, coordinadora de RAP-Chile.

La doctora Raigón es una autoridad global en el área de alimentos ecológicos y ha publicado investigaciones sobre el valor nutraceútico de estos alimentos y los beneficios de su consumo. La más reciente distinción que recibió  fue el Premio Verde de la fundación española José Navarro, en la categoría ciencia, en medio de un incesante trabajo de difusión y participación en congresos internacionales sobre estos temas.

Respecto del debate sobre la calidad de los alimentos que impone  hoy la agroindustria, y los criterios imperantes en la agricultura convencional,  que incluyen el uso de plaguicidas tóxicos y semillas híbridas y/o transgénicas, señala la doctora Raigón: “La producción de alimentos ha de realizarse atendiendo a dos factores fundamentales: el respeto al entorno natural y el producir alimentos de elevada calidad y valor nutricional. La producción de alimentos de origen vegetal no implica sólo obtener  altos rendimientos agronómicos, sino la confección de alimentos que contengan proteínas, carbohidratos, aceites, enzimas, vitaminas, fibras, minerales, sustancias ricas en antioxidantes y agua que sean por sí mismos suficientes para la nutrición y por tanto para mantener y mejorar la vida humana”.

En esta primera visita a Chile, la doctora Raigón ha recorrido zonas del norte y sur del país y compartido con comunidades campesinas e indígenas para conocer de primera fuente cómo nos estamos alimentando los chilenos y chilenas y qué se viene a futuro, compartiendo generosamente sus saberes, con charlas en Freirina, Curarrehue, y  la Universidad de la Frontera, en Temuco.

Contacto:

María Elena Rozas (RAP-Chile) fono 99885 8227    

Paula Muñoz  (Cooperativa Verde) fono +56 9 77676561

Mujeres y el uso de plaguicidas en el Día Internacional por el No Uso

El 3 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL POR EL NO USO DE PLAGUICIDASpara hacer un llamado de atención, especialmente a las autoridades, sobre los gra es problemas sanitarios y ambientales que genera el uso de agrotóxicos a nivel global y nacional.

 Los impactos en salud humana son particularmente preocupantes en las mujeres y niñas, sobre lo cual alertaron miembros de las sociedades de Endocrinología existentes en Estados Unidos y Rusia. Con el fin de conocer el estado de la ciencia en la materia, María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, asistió a las conferencias sobre los impactos de los alteradores del sistema endocrino  impartidas por Andrea Gore (Universidad de Texas), Heather Patisaul (Universidad de North Carolina) y Oleg Sergeyev (Rusia), miembros de las Sociedades de Endocrinología de sus respectivos países. Las disertaciones tuvieron lugar en la reunión global sobre un Futuro Libre de Tóxicos organizada por IPEN entre el 14 y el 18 de noviembre de 2016 en San Francisco, California.

El 3 de diciembre es una conmemoración que fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 500.000 personas intoxicadas y más de 16.000 personas fallecidas esa noche en Bophal, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del  gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas.  Actualmente, más de 100.000 personas sufren enfermedades crónicas producto de esta catástrofe. Los muertos llegan a más de 25.000.

Desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agrotóxicos, los accidentes  y muertes son recurrentes. Además se ha contaminado el aire, suelos, aguas y alimentos causando profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos. El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas. En el rubro agrícola, las mujeres (temporeras) representan la fuerza laboral más importante. Sin embargo no se ha prestado suficiente atención a los impactos de carácter crónico derivados de la exposición a plaguicidas.

Enfoque de género

Cuando se denuncia la violencia contra la mujer, no se considera este tipo de violencia. La violencia ambiental hacia las mujeres ocurre cuando los gobiernos permiten a las corporaciones continuar contaminando a pesar de contar con evidencia clara de que sus actividades contaminantes causan graves daños a la salud y a la reproducción en mujeres y niñas.

Las mujeres y las niñas tienen una particular vulnerabilidad a plaguicidas que alteran la función endocrina (tales como clorpirifos, captan, cipermetrina, tebuconazole, lambdacialotrina), causan daño al desarrollo neurológico, deterioro reproductivo, cánceres y defectos de nacimiento. Las mujeres son particularmente vulnerables durante las etapas críticas del desarrollo: en el útero, la primera infancia, la adolescencia, el embarazo, la lactancia y la menopausia. A nivel oficial, en Chile no existen estudios de salud laboral que alerten sobre alteraciones de la función endocrina o de cáncer  en mujeres. En cuanto a intoxicaciones agudas, según la Red de Vigilancia Epidemiológica REVEP, en el período comprendido entre enero y septiembre de 2016, más de la mitad de los casos  –52,6% -   afectaron a mujeres y en los casos que la intoxicación ocurrió en el trabajo, las mujeres fueron las más afectadas, con un 60%.  Otro grupo vulnerable son los menores y adolescentes. En el período citado este grupo representó un 27,1%  de los casos, lo que incluye a menores de 15 años (22%) y adolescentes, de 15 a 19 años (5,1%). Entre enero y  septiembre se registraron 369 casos de intoxicaciones agudas,  pero el peak anual de intoxicaciones se inicia en septiembre. Al año la media es de 800 casos, cifra que debe multiplicarse por cinco ya que según REVEP por cada caso notificado, hay cinco sin notificar.

En el primer semestre de 2016, las incidencias más elevadas de intoxicación aguda (en general) se dieron en las regiones de Coquimbo, debido a la notificación de 6 brotes; Arica y Atacama (en las poblaciones pequeñas con variación de casos, aumenta la tasa de afectados por cada cien mil habitantes) y O´Higgins, que ocupa el cuarto lugar, en incidencia (porcentaje) pero el segundo en cantidad de casos.

Entre enero y octubre de 2016 se registró un aumento equivalente al 7% en las cifras de importación de plaguicidas, en relación al mismo período del año 2015. Ingresaron al país este año 41.334 toneladas de plaguicidas, mientras que el año pasado la cifra fue de 38.640 toneladas. Hay una constante tendencia de aumento en el uso de plaguicidas, incluidos los Altamente Peligrosos por su efecto crónico.

Por último queremos valorar el incesante trabajo que en Chile y en toda América Latina realizan los médicos, profesionales de la salud y los abogados de los pueblos fumigados, las mujeres de los diferentes movimientos sociales, los miembros de las asociaciones civiles que nos oponemos a un modo de producción agrícola contaminante y extractivista. A todos los que abogan por la instauración de sistemas y comunidades agroecológicas y contra la expansión de los monocultivos y su paquete de plaguicidas y agrotóxicos asociado, los invitamos a enriquecer y acrecentar nuestras acciones en este 3 de diciembre.

Por una agricultura que contribuya a enfrentar el cambio climático y a proteger la salud de chilenos y chilenas con cultivos agroecológicos y semillas libres de plaguicidas, patentes y transgénicos, exigimos que se prohíba el uso de plaguicidas Alteradores del Sistema Endocrino (EDCs por sus siglas en inglés), los reconocidos como cancerígenos y de la categoría de PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS, por sus efectos agudos y crónicos (según la OMS y FAO). Necesitamos políticas públicas preventivas que apoyen la producción orgánica y agroecológica para avanzar hacia sistemas alimentarios inclusivos, con producción de alimentos saludables y protección de las y los trabajadores agrícolas, consumidores, flora, fauna y ecosistemas.

3 de diciembre de 2016

Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile)

Alianza por una Mejor Calidad de Vida

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL)