La Comisión de Agricultura del Senado escuchó por cerca de dos horas y media las exposiciones de organizaciones sociales y ambientales sobre el proyecto de Ley de Obtentores, en una sesión en que también estuvieron los gremios involucrados en la producción y uso de semillas patentadas. Entre los asistentes estaban representantes de ANAMURI, Grain, Chile Sustentable y la ONG Natural Solutions Foundation, de Estados Unidos. A favor del proyecto se plantearon voceros del consorcio Biofrutales, de INIA, Fedefruta, Viveros Frutales y la Facultad de Agronomía de Chile.
A continuación, la intervención de Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, al cierre de la sesión del 8 de julio, realizada en el ex Senado de la República.
Una
ley innecesaria y peligrosa para la biodiversidad
La fundamentación
del proyecto de Obtentores Vegetales se relaciona con la supuesta obligación de
promulgar el convenio UPOV 91, cuyo texto es la base para la formulación de
esta ley. A nivel global, sin embargo,
los países más ricos en biodiversidad y con economías agrarias más importantes,
NO han firmado el citado convenio ni tampoco reformado sus leyes de semillas.
En América Latina es el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela,
Uruguay, Brasil, México, Nicaragua y
Paraguay. A nivel global, China, Kenya, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, y Sudáfrica tampoco lo han suscrito.
La mayoría se mantienen como firmantes del convenio UPOV 78 resistiendo las
presiones de Estados Unidos.
Este proyecto tiene una relación directa con “obtenciones” de la
biotecnología desarrolladas a partir de los recursos genéticos del país, pero
jurídicamente el proyecto no cautela la protección de ese patrimonio. Chile no
cuenta aún con una Ley de Biodiversidad y aunque signatario del Convenio de
Biodiversidad, es uno de los dos países latinoamericanos que no ha ratificado
el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Tecnología. Tampoco ha
ratificado el Protocolo Suplementario de
Nagoya (2010) sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y
Equitativa en los Beneficios Derivados. Chile incluso es punto focal de este
tratado, con Javier García como representante del Ministerio de Medio Ambiente
en este Protocolo sobre acceso, de carácter suplementario al de Cartagena. No
ratificarlo es grave porque el proyecto que analizamos, aumenta las facilidades
para el ejercicio de la biopiratería.
Cualquier planta medicinal y/o de uso tradicional por comunidades
campesinas e indígenas, podría ser registrada fácilmente por un obtentor si no
es comercialmente conocida, no está
inscrita en un registro oficial y
se le introduce un cambio
cosmético. Posteriormente el dueño del registro podrá impedir el uso de esa planta medicinal por la
comunidad, alegando que es una variedad derivada esencialmente de la anterior o
que no es claramente distinta de la que
él ha manipulado (artículos 5, 6 y 7).
Chile tampoco ha firmado un
segundo Protocolo Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de
la Tecnología, llamado Protocolo de Nagoya/Kuala Lampur Sobre Responsabilidad y
Compensación, cuyo objetivo es “contribuir a la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana, proporcionando normas y procedimientos internacionales en
la esfera de la responsabilidad y compensación en relación con los organismos vivos
modificados”. Este último instrumento ya fue firmado por Brasil, Colombia,
México, Panamá y Perú, entre otros (http://bch.cbd.int/protocol/parties/).
Situación actual
del Registro de Obtentores
Desde el año 1996 Chile ya cuenta con un registro de obtentores
vegetales y a la fecha existe un total de 707 variedades de especies agrícolas,
frutales, ornamentales y forestales registradas, según SAG. Un examen del
registro permite afirmar que los obtentores son en su gran mayoría empresas
extranjeras. Es así como del total de 141 variedades protegidas de especies
agrícolas, Semillas SZ (de varias empresas holandesas) ha registrado 27 variedades. Monsanto ha
registrado 22, en tanto que ANASAC
detenta 14 registros para empresas propietarias también extranjeras, de Nueva
Zelanda, Francia, y Australia. Monsanto
obtiene royalties por distintos tipos de arvejas, cebollas, cilantro, frejol,
lechuga, melón, pepino y tomate. Las variedades de ANASAC son para forraje:
ballicas, pastos y tréboles, más trigo harinero. Semillas SZ por su parte ha
registrado 22 variedades de papas.
La transnacional Bayer tiene 6 obtenciones de
alcachofa, a través de la semillera Nunhems. Junto a Monsanto forma parte de ANPROS, la
Asociación Nacional de Productores de Semillas que ha desarrollado un intenso
lobby a nivel parlamentario y de la prensa a favor de este proyecto de
ley.
En el rubro de las especies ornamentales no hay obtentores chilenos.
De las 99 variedades registradas, 93 lo son por Holanda. Entre ellas está la
alstroemeria, obtenida a partir de una especie nativa chilena, sin que ello
signifique para el país ningún tipo de royalty.
Los obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo el ex
presidente de ANPROS Erick von Baer, cuya
empresa sigue siendo miembro de la directiva de los semilleros, quien registra
el mayor número de variedades: de cebada, avena, quinoa, entre otros. El INIA y
Fundación Chile son las únicas entidades públicas que figuran en el registro
actual, el primero con apenas 10 obtenciones, y Fundación Chile con 1. Agric. Panam Seed Service detenta 7
variedades de maíz, Alliance Semillas tiene 2 de frejol y Anasac una de trébol
rosado.
En frutales, que concentra el mayor número de variedades (461) hay
sólo 23 variedades en manos de empresas o entidades chilenas. Casi la
mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y universidades
norteamericanas. Entre la decena de países
que registran variedades en Chile, están Nueva Zelanda (40), España (30), Francia (23),
Israel (20). La frutilla, de la cual Chile es centro de origen, está registrada
por empresas de Estados Unidos (24) y España (3 obtenciones). Como se ve, unos
pocos países del norte global monopolizan el negocio de los registros y sus
respectivos royalties.
Es llamativo que en el registro actual del SAG no figuren las plantas
medicinales, lo cual explicaría el lobby empresarial para cambiar la ley e
incluir también este tipo de especies, junto a otros aspectos que aseguran una
mayor renta para este negocio que ya es una próspera realidad. La extensión de
la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e
intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al
obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas
registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas
citadas y asegurar la expansión de los monocultivos a costa de la pequeña
agricultura familiar campesina.
Este proyecto de ley contradice las nuevas políticas de la FAO que a
partir de la declaración de 2014 como “Año de la Agricultura Familiar
Campesina” está impulsando en América Latina y el mundo, iniciativas de
respuesta al problema del hambre y a los desafíos planteados por el cambio climático
a realizarse con comunidades de la agricultura familiar.
Promoción de
farmocultivos
Este proyecto de ley no exige inocuidad para las nuevas obtenciones, y
en su mensaje de introducción
(Artículo 1) sostiene que generará
condiciones para el desarrollo de cultivos que actúen “como biorreactores
generadores de vacunas”, es decir para la producción de farmocultivos a partir de especies
alimentarias. Este tipo de cultivos transgénicos a campo abierto están
prohibidos en la mayor parte de los países del mundo por el riesgo de que contaminen
los cultivos de la misma variedad alimentaria. En Chile el Departamento de Genética de Ciencias
Biológicas de la Universidad Católica de Santiago está desarrollando experimentos de tomate
transgénico como vacuna contra la hepatitis y el cólera, proyecto que este tipo
de ley viabiliza. Hay que recordar que Chile es centro de origen del tomate que
se usaría como vacuna, y exporta productos derivados de este cultivo. Según
ODEPA (Boletín“La Industria de la pasta de tomate”) el año 2013 el país exportó
US $ 108.274.354
(valor FOB) en productos
derivados del tomate. La expansión de este tipo de cultivos transgénicos
significaría un riesgo para ese tipo de exportaciones alimentarias dado el
peligro de contaminación de las variedades no transgénicas por la variedad
(farmocultivo o vacuna) que incluiría toxinas peligrosas.
La mayor
rentabilidad del negocio entregada por este proyecto puede atraer inversión en
este tipo de farmocultivos con efectos
altamente negativos para el conjunto de la agroindustria exportadora, similares
a lo ocurrido con la miel. Es útil recordar que los consumidores de los países
desarrollados adoptan en forma creciente patrones alimentarios que incluyen el
rechazo de este tipo de alimentos por los riesgos que conllevan a la salud
(efecto crónico ligado a cánceres y otras enfermedades).
Quién gana con
la ley
Este proyecto beneficia fundamentalmente a
los obtentores de semillas híbridas y transgénicas, un negocio cuyas reglas han
sido abordado por el Congreso en un paquete de tres leyes relacionadas entre
sí: el convenio UPOV 91, ya aprobado, la Ley de Obtentores, y la ley de
Bioseguridad que de ser aprobada, sancionaría la expansión del negocio de los
transgénicos hacia el mercado interno.
No es casual que sea ANPROS la principal
agrupación gremial interesada en la aprobación de esta ley y de las otras dos.
Su interés es asegurar mayores ganancias y garantías para ese sector, en
desmedro de otras actividades agrícolas expuestas a la contaminación de sus
productos por los cultivos transgénicos.
La publicidad de ANPROS busca
convencer al parlamento y a la sociedad de que el negocio de exportación de
semilla es sumamente importante para la economía del país, en circunstancia que
en realidad alcanza aproximadamente a los 400 millones de dólares anuales, una
cifra muy menor en relación a las
exportaciones totales del sector silvoagropecuario, que en 2012, alcanzaron a
los US$12.315 miles de millones (ODEPA, Panorama 2012).
ANPROS ha expuesto en la Comisión de
Agricultura a favor del convenio UPOV
91, y ha estado en dos oportunidades
presionando por la aprobación de la ley de obtentores. Las tres leyes
mencionadas favorecen al mismo sector ya mencionado y su efecto a largo plazo
impactará negativamente en el sector agroexportador que hoy día tiene una
importancia central en el país.
Quién
pierde con la ley
En la temporada 2011-2012 se
certificaron en Chile un total de 111.218 hectáreas orgánicas (Odepa,
Agricultura Orgánica 2011-2012). Las exportaciones de este sector están
creciendo pero la consolidación del sector exportador de semillas transgénicas
representa un peligro evidente para el desarrollo de este tipo de agricultura,
que por definición no utiliza insumos químicos (agrotóxicos) ni semilla
transgénica. También afecta la
exportación de semilla convencional.
En e l artículo 1 del mensaje de introducción a esta ley se
menciona que este instrumento legal
permitirá trabajar en la obtención de variedades orientadas al estrés hídrico,
lo cual no se ha logrado en ningún país, a pesar de décadas de ensayos. Pero la
transnacional Syngenta no necesitó de esta ley y ya está desarrollando este
tipo de experimentos con maíz transgénico en el
valle de Azapa Esos cultivos,
sumados a los semilleros de exportación de maíz transgénico existentes en las
regiones VI y VII ya están poniendo en
riesgo la integridad de las razas de maíz propias de este país y en general, de
los cultivos convencionales de maíz.
Alemania rechazó recientemente una partida de maíz
exportado desde Chile, por estar contaminado con maíz transgénico NK603 (2/05/2013), que se
exportaba como maíz convencional, lo cual fue informado por la prensa alemana. http://www.schleswigholstein.de/MELUR/DE/Service/Presse/PI/2013/0513/MELUR_130502_Saatgut.html
No fue la primera vez, esto también ocurrió en 2001, 2005,
2009, 2010, 2011. Este tipo de incidentes impactan negativamente en
las exportaciones agrícolas de Chile, y existe el peligro de que se comiencen a
exigir certificaciones europeas, como ha sido el caso en la miel.
Por otra parte, este proyecto de ley no ha sido discutido por los pueblos
originarios de Chile, como dispone el Convenio 169. El Tribunal Constitucional, al pronunciarse
sobre el convenio UPOV 91 observó que corresponde al Congreso llevar adelante
ese proceso, cuestión que no se ha cumplido hasta el momento, aunque muchas
organizaciones indígenas ya se han pronunciado en contra. Citaremos entre
otras, la Red de de Semillas Libres del WallMapu, de la zona de la Araucanía, y
organizaciones aymara del norte.
En síntesis, este proyecto de ley apunta a fortalecer un sector
productivo de tipo monopólico y altamente contaminante porque utiliza
agrotóxicos y semillas transgénicas, en desmedro de los productores orgánicos,
agroecológicos y convencionales, y en detrimento del patrimonio genético de
Chile y particularmente de sus comunidades campesinas e indígenas. Esta ley
operará teniendo como elemento auxiliar el mercado y las instituciones del
agro, que con su accionar aseguran en la práctica el desplazamiento de las
semillas campesinas y locales y su reemplazo por las alternativas certificadas,
ya sea híbridas o transgénicas para la exportación.
Como Red de Acción en
Plaguicidas y sus Alternativas consideramos que esta ley debe ser rechazada, porque
los intereses de los obtentores
vegetales ya están suficientemente protegidos por la actual Ley de Semillas, Nº
19.234. Llamamos a Uds., como parlamentarios y miembros de la Comisión de
Agricultura del Senado, a discutir y aprobar leyes a favor de la biodiversidad
y la agricultura sustentable, y a impulsar la ratificación de convenios como
los protocolos ya citados, emanados de Naciones Unidas, con el objetivo de
proteger la biodiversidad y el valioso patrimonio genético del país, y de
asegurar el derecho de los campesinos e indígenas a contar con semillas tradicionales,
libres de patentes, transgénicos y plaguicidas,
y a producir nuestros alimentos en forma sana y segura, con métodos
agroecológicos.
Lucía Sepúlveda Ruiz,
encargada del área de Semillas y Transgénicos de RAP-Chile
María Elena Rozas,
Coordinadora Nacional Red de Acción en Plaguicidas Chile
Valparaíso, 8 de julio
de 2013
