La Comisión Etica Contra la Tortura ante la tramitación de la ley que sanciona las manifestaciones públicas, declara lo siguiente:
1.- Con el impulso de este proyecto de ley en el Parlamento, el Gobierno del Presidente Piñera y, en particular el Ministro del Interior Sr. Rodrigo Hinzpeter, le coloca una mordaza a la democracia y declara prohibición del derecho a reunión, expresión, asociación, manifestación, similar al que establece la instalación del estado de sitio cuyo sentido es el control total de los cuerpos sociales y su inmovilidad ante acciones represivos.
2.- Con este proyecto de ley que ya ha sido aprobado en la cámara de diputados y que hoy ha sido visto en la Comisión de ciudadanía antes de su paso final en el Senado, serán objeto de sanción los organizadores de toda manifestación social y quienes participen en ellas. Piñera pretende aprobar esta ley durante estos meses de verano, para aplicarla a partir de marzo próximo, entendiendo que le movimiento estudiantil y sindical ya ha señalado que no detendrán las movilizaciones por la conquista de mayor democracia y justicia social. Pero ¿Sólo se busca amedrentar?
3.- La opinión pública tiene que saber que las penas de prisión que se proponen van de 541 días (un año y medio) a 3 años de cárcel para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza que importe paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; usar capuchas que dificulten su identidad; causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular y consagra la actuación policial sin orden previa para la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes a “esclarecer” hechos que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas, entre otras.
4.- Con esta norma, el Estado y el Gobierno chileno, colocan a la ciudadanía por debajo de los estándares que exige la normativa internacional de Derechos Humanos relacionada con los instrumentos que consignan los Derechos Civiles y Políticos y masifica la aplicación a la sociedad y a sus movimientos sociales de una especie de ley antiterrorista, que de aprobarse, sus negativas consecuencias nos colocarían como país, entre los más aberrantes desde el punto de vista del Derecho y del acceso a la Justicia.
5.- Alertamos a la sociedad organizada y movilizada que estamos frente a un nuevo diseño represivo que busca desarticular e inmovilizar toda expresión del campo social que lucha por la conquista de sus derechos en uno de los países más desiguales, donde la obscena brecha entre ricos y pobres resulta a estas alturas, infranqueable.
6.- Llamamos a los parlamentarios a no aprobar este aberrante proyecto de ley y convocamos a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a informar a las diferentes organizaciones sociales sobre esta grave situación a fin que expresen su más rotundo rechazo.
POR LA LIBERTAD DE EXPRESION, ASOCIACION, REUNION, MANIFESTACION Y RECLAMO DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL, NO A LA LEY DE CRIMINALIZACION, NO A LA LEY MORDAZA !
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
Santiago, 7 de enero 2012
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