Elena Varela venció

La documentalista y directora de orquestas infantiles Elena Varela fue declarada inocente por la unanimidad del tribunal oral, al concluir el jueves 22 de abril, el juicio iniciado el pasado martes 13 en Villarrica, presidido por el magistrado Oscar Viñuelas junto a las juezas Claudia Sánchez, y Alejandra Rosas. Las siete jornadas del juicio fueron filmadas por el equipo de producción de la documentalista y ahora constituirán la parte final del documental “Newen Mapu Che”, abortado con su detención,. El caso se había convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión, ya que todos los materiales fílmicos y archivos de Elena Varela –ganadora del FONDART 1997 para la citada obra- fueron secuestrados sin devolución al momento de su detención, el 7 de mayo de 2008 en Licanray. Parte del material audiovisual del juicio podrá verse en las próximas horas en www.libertadaelenavarela.blogspot.com
La sentencia es una gran victoria para la libertad de expresión y una flagrante derrota para el Fiscal Servando Pérez y su equipo ligado a la Agencia Nacional de Inteligencia ANI que a lo largo del proceso cometieron enormes irregularidades no corregidas hasta ahora por la justicia chilena.
También fueron absueltos de los cargos de asociación ilícita y robo con violencia los co-imputados Kenny Sánchez, ex preso político mirista retornado de Suecia, y Sergio Reyes, técnico forestal y ex empleado de forestal Mininco. Sánchez y Reyes pasaron dos años en la cárcel de alta seguridad de Rancagua y luego en Santiago, en durísimas condiciones de reclusión. Elena Varela estuvo tres meses detenida y fue luego liberada con reclusión nocturna, gracias a una intensa campaña de apoyo nacional e internacional desarrollada por intelectuales y defensores de los derechos humanos. Un montaje mediático y policial calificó de terroristas a los tres imputados, involucrándolos en el asalto al BancoEstado de Loncoche el año 2004, y en el robo con homicidio en una plaza de pagos del INP en Machalí ocurrido el año 2005.
Los magistrados consideraron que la fiscalía no habían acreditado las pruebas y dejaron en libertad a los tres acusados, para quienes se habían pedido penas de 15 y 20 años de cárcel respectivamente. Según la Fiscalía, Varela había planificado el delito, mientras que Kenny Sánchez y Sergio Reyes habrían facilitado los medios de escape.
Kenny Sánchez fue condenado lateralmente a medidas cautelares (firma quincenal en su domicilio de la localidad de Ercilla) por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Se trata de armas antiguas, de colección, sin inscripción que se hallaban en su domicilio, donde él fue detenido.
El juicio tuvo lugar en Villarrica a unos 780 km al sur de Santiago, aproximadamente a una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía, luego de haber sido aplazado en cinco oportunidades.
Al borde de las lágrimas
En el juicio, Elena Varela pudo comprobar que en los últimos seis años, cada detalle de su vida profesional y sentimental estuvo bajo la mira policial, ya que estuvo sometida a vigilancia permanente. Sufrió robos de equipos en su domicilio, que había atribuido a delincuencia pero tenían relación con esa vigilancia que había comenzado antes de la fecha de los asaltos, cuando ella ya se había trasladado a la zona sur del país, investigando temas relacionados con las recuperaciones de tierras por líderes sociales mapuche. El pasado miércoles, con la sala colmada de público formado por emocionados familiares, cineastas, periodistas y cercanos a los co-imputados, la documentalista ejerció su derecho a hacer una última intervención en el juicio, expresando con la voz desgarrada: “Tengo mucho dolor. Es terrible todo lo escuchado en este juicio. Yo hago películas. Esto es horrible para mí y para esta sociedad. Lo que se está exponiendo aquí no tiene nada que ver con eso. Estos dos años de proceso judicial han destrozado una parte muy importante de mí, de mi vida, de mi familia. No solamente eso. Esto ha un impactado dentro de toda la comunidad que me rodea, artistas, amigos de siempre. A tal grado ha llegado esto que en un momento determinado cuando quedé libre (condicional), tuve que viajar a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, para exponer este atropello grande que se hizo ante mí y por extensión a todos los documentalistas chilenos. Como ser humano y como mujer siento que he sido violentada en mis derechos. Se ha expuesto mi vida íntima como persona y sobre eso se ha construido una historia, una ficción. Con todo el dolor que tengo dentro lo único que espero es que se haga justicia como corresponde y se imponga la verdad en todo lo que ha pasado aquí.”
Como el fiscal no pudo probar que el documental “Newen Mapu” era parte de las tareas de esta supuesta estructura guerrillera encabezada por Elena, debió apelar a la breve vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien Servando Pérez identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Elena Varela tuvo que relatar en el juicio todas las características de su relación con “Civitarese” que incluyó un doloroso testimonio relativo a la atención médica que tuvo cuando sufrió una pérdida. En esa circunstancia, “Civitarese” le presentó a Andrea Muñoz, la testigo protegida de la fiscalía, que trabajaba en un laboratorio médico.
Para la defensa es claro que el tribunal se sorprendió por la escasa calidad de las pruebas aportadas por la fiscalía representada por Servando Pérez, el perseguidor de Elena Varela, luego de seis años de investigación contra la artista y los otros dos coimputados. En contraparte, el documentalista Ignacio Agüero (“El Diario de Agustín”) fue uno de los testigos más destacados de la defensa de Elena Varela, así como un destacado músico de la Filarmónica que había sido también involucrado inicialmente en la causa y otros entrevistados por la documentalista, como Víctor Ancalaf y otras personalidades.
La testigo protegida
En cambio no se presentó a declarar ante el tribunal la testigo protegida Andrea Muñoz Gaete, viuda de uno de los verdaderos integrantes del grupo armado que cometió los asaltos imputados a estos tres acusados. El fiscal Servando Pérez le pidió al tribunal que la obligaran a comparecer, pero la petición fue denegada. Andrea Muñoz era pieza clave de la acusación pues fue ella quien inicialmente acusó a Elena y el resto de integrar la organización junto a su marido, que murió en el asalto. Su testimonio sólo consistía en decir que había escuchado a su marido comentarios acerca de los tres imputados pero ello constituyó la base del montaje y la justificación del operativo simultáneo de detención por fuerzas conjuntas de los tres acusados y otras personas dos años atrás, en mayo de 2008. La defensa sostuvo que ese testimonio calificado por el inspector de Investigaciones Juan Reyes como “de escuchas”, se hizo aun más indirecto ahora cuando esos dichos de oídas fueron narrados al tribunal.

Los celulares
La otra pieza esencial de la fiscalía estaba constituida por los peritajes hechos por las compañías a celulares de alguna manera ligados a los tres imputados, con los que se quería mostrar que los tres imputados se habían comunicado y apoyado los días en que había ocurrido el asalto. Compareció como testigo un perito en telecomunicaciones, de apellido Bustamante, que leyó una extensa acusación al respecto. Pero ante el asombro del juez y de la sala, al ser contrainterrogado y no poder responder sobre detalles técnicos, el testigo debió reconocer que el informe que estaba leyendo había sido redactado por un equipo de inteligencia y que él se limitaba a leerlo para el juicio.
El chantaje a Sergio Reyes
Uno de los momentos más intensos del juicio fue la declaración del ex empleado de forestal Mininco Sergio Reyes Matus, quien aseguró que en 2008 firmó bajo presión una confesión luego de su detención, que desconoció totalmente en el juicio. La policía y funcionarios de inteligencia lo amenazaron con detener a su mujer- recién salida de un hospital por depresión endógena - al igual como habían detenido a la esposa de Kenny Sánchez. Reyes Matus agregó que no tiene cómo probar los apremios sufridos para su detención que lo forzaron a firmar la confesión redactada por sus aprehensores, pero sí puede probar, a través de Gendarmería de la Cárcel de Alta Seguridad, que el fiscal Servando Pérez en dos oportunidades lo visitó el año 2009 junto a su propio defensor público Cristián Godoy, para ofrecerle que inculpara a Elena Varela y a Kenny Sánchez a cambio de su propia libertad. En el libro de ingreso de Gendarmería está registrada la visita de Servando Pérez, quien allí se presentó como abogado y no como fiscal. La última oferta rechazada por el técnico forestal y ex empleado de Mininco, consistía en quedar libre tan sólo con firma semanal por cinco años a cambio de inculpar a Varela y Sánchez. En ese momento Sergio Reyes desahució a su defensor público y desde entonces su defensa la asumió el abogado de derechos humanos Nelson Miranda.
Las armas del montaje y el secuestro de materiales
Elena Varela fue interrogada por el juez acerca de si las armas de juguete y las banderas del MIR con que la policía la presentó en los medios después de la detención eran las mismas que aparecen en su documental. La artista respondió afirmativamente, y en el mismo juicio los magistrados pudieron ver los trailers de los dos documentales en que trabajaba ella cuando fue detenida: “Sueños del comandante” y Newen Mapu Che. El presidente del tribunal también se interesó en indagar si los materiales fílmicos habían sido devueltos, respondiendo la documentalista que sólo una ínfima parte había sido restituida y que con ello había perdido cinco valiosos años de investigación sobre temas vinculados a la historia de la guerrilla de Neltume (1980), el paso de la Caravana de la Muerte por el sur (1973) y el acoso policial a los mapuche que luchan por la recuperación de tierras ancestrales (1990 en adelante).
Irregularidades de la policía
Uno de los testigos de la fiscalía era el inspector Juan Reyes Gutiérrez, quien junto a su colega Luis Albornoz Urrutia, (ambos de Rancagua) dirigió oficialmente la investigación. Para sorpresa de los jueces, Reyes reconoció haber interrogado a Elena Varela a las dos de la madrugada siguiente a su detención sin la presencia del Fiscal Pérez, que se encontraba en el recinto. Sostuvo que no consideraba trascendental llamar al fiscal para que se hiciera presente en el interrogatorio, lo que llamó poderosamente la atención de los presentes, dada la gravedad de los delitos de terrorismo por los que se estaba imputando a la documentalista. La policía de Investigaciones sostuvo siempre que estuvo a cargo de la detención. En cambio para los tres imputados y su defensa, la detención se hizo por parte de personal no identificado de inteligencia, al viejo estilo de la Central Nacional de Inteligencia CNI de tiempos de dictadura. Esto quedó en evidencia cuando el abogado Jaime Madariaga, defensor de Elena Varela contrainterrogó al inspector Reyes solicitándole que dijera quién firmó el acta de materiales requisados en el domicilio de Elena Varela, domicilio que era a la vez la sede de su productora fílmica. Reyes sostuvo que lo hizo la hija de Elena Varela, lo que era falso pues la niña estaba en clases cuando ocurrieron los hechos y no estaba presente en el domicilio.
El abogado Jaime Madariaga, que encabezó la defensa de la documentalista, sostuvo ante el tribunal: “No cuestionamos que el Ministerio público haga la investigación penal. Lo que cuestionamos es que la investigación se haga sin apego a la ley, faltando a la verdad, ocultando la verdad, sabiendo que se está persiguiendo a una persona inocente.” El tribunal tuvo en esta oportunidad oído receptivo a esos argumentos.

Colegio de Periodistas denuncia represión a comunicador mapuche

El Colegio de Periodistas y organismos de Derechos Humanos reclaman la devolución de las herramientas de trabajo del comunicador social mapuche Richard Curinao requisadas por Investigaciones, luego de difundir información sobre la Coordinadora Arauco Malleco, y denuncian violaciones a la libertad de expresión en otros medios.

Por orden del fiscal Sergio Moya de Temuco, personal de Investigaciones requisó el 10 de febrero discos duros, implementos electrónicos para almacenar información y documentos del comunicador mapuche Richard Curinao, sin que se le haya informado concretamente los motivos del procedimiento.

El propio Curinao comentó que los hechos se produjeron luego que difundiera información acerca de la Coordinadora Arauco Malleco en un programa de radio y en un blog sobre el pueblo mapuche y sus demandas.

“El fiscal Sergio Moya de Temuco, emanó una orden de incautación en mi contra por difundir información de la Coordinadora Arauco Malleco. No me encuentro formalizado, no hay nada claro, no se me ha entregado información del caso. Por la información que tengo creo que se enmarca dentro de las investigaciones de la ley antiterrorista”, agregó Curinao.

Sin embargo, estos comunicados son recibidos también por otros periodistas y medios de comunicación, como en el caso de radio Bío Bío, donde también llegan funcionarios de la PDI a pedir copias de los discos duros de los computadores de la emisora, pero nunca se llevan los implementos, lo que resulta una discriminación odiosa.

A juicio del Colegio de Periodista y el representante de su Consejo Metropolitano, Manuel Holzapfel, estos hechos son una grave violación a la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informados veraz y oportunamente en una sociedad.

“Solicitamos a las autoridades nacionales que pongan fin a las situaciones de hostigamientos a los periodistas y comunicadores sociales, quienes en el ejercicio de su trabajo investigan y difunden situaciones que afectan al pueblo mapuche y reivindicaciones asociadas a sus derechos como pueblo originario”, señaló Holzapfel.

Por su parte, Paulina Acevedo del Observatorio Ciudadano, indicó que a la situación de Richard Curinao, se suma a otros casos como el de documentalista Elena Varela, a quien se le sigue un juicio por los asaltos a plazas de pago del INP, pero que al momento de ser detenida se le requisó todo su material filmográfico para un documental acerca del conflicto mapuche y que tampoco se le ha devuelto. Esto configura un cuadro preocupante, precisó Acevedo, por lo que hizo un directo emplazamiento al gobierno frente a los derechos que se están vulnerando.

“Que se defina cuál va a ser su postura respecto a investigar estos casos de detenciones y deportaciones de comunicadores nacionales y extranjeros. Y que también respondan qué van a hacer con la ley antiterrorista”, señaló Acevedo.

Chile tiene que dar cuenta de estas observaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instancia de la cual es vicepresidente, por aplicar la ley antiterrorista a integrantes de una etnia, lo que contraviene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por nuestro país.

Respecto al caso de Richard Curinao, las organizaciones no descartaron presentar los antecedentes ante instancias internacionales de derechos humanos, mientras reclaman la inmediata restitución de todos los implementos requisados.

Fuente: Raúl Martínez, radio U. de Chile, sábado 17 de abril de 2010http://radio.uchile.cl/noticias/64443/

Elena Varela en la hora sexta

Flor Domínguez, esposa de Kenny Sánchez y sus hijos Francisca, Pablo y Diego




La tortura de esperar la libertad

¿Cómo se siente un acusado que cinco veces esperó ser declarado inocente en un juicio oral, para sólo regresar a casa a cumplir la reclusión nocturna (Elena Varela) o a la Cárcel de Alta Seguridad (Kenny Sánchez y Sergio Reyes), sin saber si pasará 15 o 20 años en prisión? Esto trae a la memoria los simulacros de fusilamientos de la época de dictadura. Los fallos no se dictan sobre la base de sentimientos, pero quizás el nuevo tribunal podrá considerar que las vidas de la documentalista Elena Varela, del retornado y artesano Kenny Sánchez y el ex chofer de Mininco, Sergio Reyes quedaron suspendidas en el tiempo en la madrugada del 7 de mayo de 2008, cuando en un violento operativo simultáneo realizado en las sureñas localidades de Licán Ray y Ercilla, fuerzas conjuntas de seguridad los detuvieron violentamente al estilo de la policía secreta de Pinochet, requisando todo el material fílmico de la realizadora de “Newen Mapu”, Elena Varela y –en Ercilla- las pertenencias de Sánchez y Reyes. “Fui torturada”, acusará Elena al declarar sobre lo que ha vivido.
Por quinta vez se postergó su juicio oral el lunes 12 de abril en Villarrica. “No lo podíamos creer, nos mirábamos y era insólito” exclama la documentalista Elena Varela al relatar lo vivido en la sala. Errores jurídicos y de procedimiento no atribuibles a la defensa encabezada por el ex juez Guzmán, fueron la razón de tres de las suspensiones. Cada postergación significa para la defensa recontactar a los testigos, y reordenar el caso. Para la fiscalía, todo es más fácil pues tienen garantizado el traslado de sus peritos y testigos con costo para el erario público. La cuarta razón para la suspensión fue telúrica: el terremoto.
La furia de la tierra y el mar
Villarrica está ubicada a unos 780 km al sur de Santiago, aproximadamente a una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía), La fecha fijada era el 2 de marzo, cuando la tierra todavía mostraba temblorosa su enojo y en la zona, corazón del pueblo mapuche, comenzaban especialmente en la zona costera (lafkenche) pero no sólo allí, los nguillatun (rogativas) para aplacar la furia del mar que según sus creencias se levanta cuando los seres humanos no lo han respetado. Ahora, el presidente del tribunal, magistrado Jorge González, no pudo acudir a cumplir su misión debido al fallecimiento de su madre, y se determinó su reemplazo por la jueza de Angol, Claudia Sánchez, que cumplirá su tarea junto a otra magistrada, Alejandra Rosas (de Villarrica) y Oscar Viñuela de Temuco. Elena, confiada en su inocencia, apuesta a que la nueva composición del tribunal con mayoría de jueces mujeres, sea un signo de un juicio justo en el que se escuche a sus testigos y se valoren las pruebas que permitan deconstruir el montaje armado por el fiscal Servando Pérez y la policía para inculparla de diversos delitos. La investigación, desarrollada durante largos años con seguimientos, intervenciones telefónicas y al menos un testigo protegido, ha significado para el Estado chileno un enorme gasto de dinero y recursos humanos de personal policial, por lo que están empeñados en lograr la condena de los tres imputados.

La acusación
Elena Varela está acusada de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). Entre las pruebas que debió desechar la fiscalía estaban el “material de guerra” utilizado para la producción de “Sueños del Comandante”, documental que relata entre otros temas, la frustrada experiencia guerrillera de Neltume (1980). Botas militares, armas de juguete y vestimentas para la nieve eran descritas entre las especies requisadas, que incluyeron las entrevistas de Varela a dirigentes mapuche encarcelados y a “clandestinos” que en realidad eran actores. El secuestro del material fílmico y la condena mediática a Varela como terrorista sobre la base de ese tipo de “pruebas”, convirtieron el caso en un emblema de la lucha por la libertad de expresión. El documental sobre las recuperaciones de tierras ancestrales de los mapuche quedó inconcluso.
El fiscal no pudo probar que “Newen Mapu” era parte de las tareas de esta supuesta estructura guerrillera encabezada por Elena, y debió apelar a lo único con que cuenta: la breve vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien Servando Pérez identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Para los otros dos chilenos co-imputados, detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión. Sergio Reyes ha denunciado que el fiscal Pérez lo visitó para ofrecerle inculpar a Kenny Sánchez y a Elena Varela a cambio de lograr para él cinco años de pena remitida. No existen tampoco pruebas concluyentes contra estos imputados.
Con más de 150 testigos, el juicio – heredado del gobierno de la Presidenta Bachelet a la nueva administración que ya ha mostrado predilección por la represión contra los conflictos sociales y escaso respeto por los derechos humanos - se extenderá por semanas y será seguido con atención por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos y por otras que apoyan la causa mapuche en Chile y el mundo, entre ellas Enlace Mapuche Internacional. Elena explicó personalmente su caso en Naciones Unidas en la sesión en que se analizaba el desempeño de Chile en materia de derechos de los pueblos indígenas, y denunció la persecución y represión de que ha sido objeto en España, Francia –acompañada por el documentalista Patricio Guzmán (La Batalla de Chile)- Bélgica y Argentina, lo que ha fortalecido la campaña por su libertad iniciada desde su reclusión en Rancagua en la Cárcel de Alta Seguridad.
La solidaridad global
La televisión de Vancouver entrevistó recientemente a Elena y anunció que difundirá el reportaje mientras se realiza el juicio oral. Entre tanto en Buenos Aires en un ciclo de cine latinoamericano realizado en la sala “Somos Viento” se lanzó el 11 de abril un documental sobre Elena Varela de la realizadora Malena Bystrowicz, como un gesto especial de contribución a la campaña por su libertad, que ha tenido continuidad y un gran impulso en Argentina, de la mano de la DOCA, que nuclea a los documentalistas de esa nación.
“Yo no habría logrado mi libertad condicional sin la solidaridad de mis colegas documentalistas en Chile y de las organizaciones a nivel internacional”, comentaba Elena. Entre las personalidades que han manifestado públicamente su apoyo están personeros de Amnistía Internacional de Francia, Reino Unido, y Chile; la Fundación France Libertés que preside Danielle Miterrand; SoldePaz Pachakuti (Asturias) y Rafael Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación; la diputada Celine Delforge (Bélgica), Benoit Hellings (senador, Bélgica), el eurodiputado Joe Higgins (Irlanda), y músicos como Max Berrou, Francisco “Pancho”Sazo, y Manuel Sánchez.
En Chile, cuenta con el apoyo, entre otros de la Fundación Víctor Jara, la fundación Liberar; la Comisión Etica Contra la Tortura, el Taller Sol, la Compañía Gran Circo Teatro, Generación G80, la Asociación de Documentalistas ADOC, la Radio 1º de Mayo y la Señal 3, ambas de La Victoria; Canal 3 de Pichilemu, Mapuexpress, el Centro de Comunicaciones Mapuche Jvken Mapu, entre otros. A ello se agrega la Asociación de Medios Comunitarios Libres de Venezuela; y en Francia, la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos (Francia), Kakiñé, IntiFrance, Pueblo, Colectivo por los Derechos Humanos, Reporteros sin fronteras, Comité de Solidaridad con los indígenas de América, Code, Fedach, France Amérique Latina, Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los pueblos, Información y apoyo al pueblo mapuche, Survival internacional, Asociación Tierra de Fuego. En Bélgica han suscrito el apoyo el Colectivo Mapuche, al que se agrega el Colectivo para la Autonomía del pueblo mapuche de Montreal, y Six Nations Iroquois de Quebec, en Canadá; y también están apoyando la Comisión de Apoyo a los Pueblos originarios, la Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos, y el Movimiento por la Cooperación internacional, de Suiza; el Comité de Trabajadores Chilenos Exiliados y Wenuykan, de Italia; el Grupo de apoyo al Pueblo Mapuche, y la Red de Apoyo a los Pueblos Indígenas de Noruega, así como la Radio Región 14, de Suecia,
A los documentalistas Fernando Birri, Humberto Rios, Liliana Mazure, Alejandro Fernández , Ana Pollak, Carmen Castillo, Angel Palacios se agregan decenas de colegas del medioaudiovisual latinoamericano, junto a centenares de trabajadores de la comunicación y las artes y estudiantes de Chile y países como Italia, Francia, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, México, Guatemala, Panamá, Japón, Noruega, Canadá, Suiza. Varios de ellos estarán filmando el juicio e incorporarán el desenlace al balance de los primeros meses del gobierno del Presidente Piñera, dueño del Canal de TV ChileVisión.

Todos con Elena Varela y la libertad de expresión el lunes 12

El lunes 12 de abril se iniciará en Villarrica el juicio oral contra la documentalista Elena Varela, en un clima enrarecido por el endurecimiento de la represión a los mapuche en los inicios del gobierno del Presidente Piñera. Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos que consideran el caso un símbolo de la defensa de la libertad de expresión asistirán al juicio, que presidirá el magistrado Jorge González Salazar, junto a los jueces Oscar Viñuela Aller y Alejandra Rosas. Sólo la jueza es de Villarrica; los dos magistrados vendrán desde Temuco, la capital regional. El juez González se ganó una reputación antimapuche cuando 2003 juzgó por segunda vez a los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, absueltos en un primer juicio, y los condenó a cinco años por “amenazas terroristas” al latifundista y político Juan Agustín Figueroa. Redactó asimismo en 2007 una de las sentencias condenatorias a la lonko Juana Calfunao –que aun permanece en prisión- pero la absolvió de algunas de otras acusaciones. El fiscal pide 15 años de prisión para la realizadora.
Además de Elena Varela, serán juzgados por este tribunal el artesano Kenny Sánchez –comerciante, ex preso político mirista en dictadura, retornado desde Suecia en 1988, padre de cinco hijos y hoy militante socialista- y el ex supervisor forestal Sergio Reyes. Ellos llevan más de dos años resistiendo en prisión efectiva, bajo continuo acoso de gendarmería en la cárcel de alta seguridad de Rancagua. Reyes ha denunciado la oferta de “tratos” de parte de fiscalía, para que inculpen falsamente a Elena Varela a cambio de garantías procesales. Ambos enfrentan posibles condenas a veinte años de cárcel y han tenido serias dificultades para contar con defensa legal efectiva. Kenny Sánchez pertenece a una familia histórica de la combativa población La Victoria de Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Conversamos con Elena mientras ella revisa las cartas de apoyo dirigidas a la realizadora de “Newen Mapu, la fuerza del Pueblo Mapuche” (FONDART 2007) en respuesta a una amplia campaña que exige su libertad y un juicio justo.
-¿Cómo te sientes a las puertas del juicio en Villarrica, en el Chile post terremoto y post Concertación?

Me siento extraña, llena de incertidumbre, es como caminar sin poder respirar nunca. Para mí este cambio político, si bien es cierto da cierta continuidad a los caminos anteriores, favorece la persecución de las ideas revolucionarias y de la lucha social.

- ¿Consideras que los continuos aplazamientos de tu juicio han sido beneficiosos o dañinos para tu sueño de libertad?

Creo que nadie merece estar en la situación por la que he vivido, más aun después de una inmensa acusación donde en su campaña y montaje me hacían aparecer como parte de una guerrilla y de varios asaltos, así han querido silenciarme. Es por eso que se ha extendido tanto, sin tener verdades a la vista, sólo a base de prejuicios y falsas pruebas. Para mí esto ha sido una gran tortura de vida, ha dañado lo único que tengo, mis seres amados, pero no ha logrado bajar las esperanzas de mis amigos y compañeros que creen en la verdad y tampoco ha mutilado mis propias esperanzas. Pues yo quiero vivir en Chile y seguir creando. Espero que la verdad y la justicia se impongan.

-¿Qué esperas de la solidaridad nacional e internacional, cuánto crees que eso puede pesar en el juicio?
- Tengo la esperanza que me transmiten aquellos que ven con enorme asombro las injusticias que ocurren en Chile y que han marcado este proceso. Sé que todos quienes han solidarizado conmigo, desde la persona más sencilla a las organizaciones gubernamentales internacionales saben de qué se trata esta persecución y el porqué de las acusaciones. Y saben que a pesar que Chile ha avanzado en DDHH aún falta que esto se transforme en una conducta social que comience en los tribunales de justicia. Me sostengo en esta solidaridad que ha sido tan importante, para tener fuerza y esperar que se realice un juicio justo que no dé la espalda de la comunidad nacional e internacional, que estará observando atentamente lo que ocurra en este “nuevo” Chile.


-¿Cómo va tu película? ¿Se ha comunicado contigo Paulina Urrutia, la ex ministra de Cultura responsable del FONDART que ganaste, o alguien de la antigua administración en relación a tu documental o a tu juicio?

La película se sigue desarrollando, con mucho esfuerzo, también con manos solidarias, con profesionales que están dispuestos a terminar esta obra, esperando mi libertad. El personal de la administración del antiguo gobierno siempre está presente en todas las gestiones y creo que por sobre las ideas personales, entienden que aquí se ha atacado la libertad de expresión y los DDHH.


- ¿Porqué piensas que este juicio es emblemático para la libertad de expresión, hay hechos recientes que muestren que hay una política de censura avanzando a paso raudo?

- Creo que sí, también es un juicio político. Se busca transformar la imagen de una mujer creadora que tiene una mirada crítica ante las injusticias y que denuncia las violaciones a los DDHH, y mostrarla como una delincuente, que pertenece a un grupo criminal. Esto es inaceptable para quienes laboramos en las distintas expresiones artísticas e intelectuales o para quienes luchan por una sociedad más justa. Porque este gobierno de Piñera habla de la libertad de expresión refiriéndose a otros países e interviniendo incluso para pedir la libertad de supuestos luchadores y presos políticos, desconociendo que hoy día en Chile se ha violado una y mil veces la libertad de expresión, sometiendo a juicios donde quienes pensamos distinto y luchamos por demandas o acompañamos luchas del pueblo, somos tratados como cualquier delincuente.

La causa
El proceso contra Elena Varela se inició en mayo de 2008 bajo el gobierno de Michelle Bachelet. La documentalista que aboga por los derechos del pueblo mapuche sufrió tortura, fue sentenciada por los medios como terrorista y enviada a prisión en una cárcel de alta seguridad, seguida por reclusión nocturna. Su material fílmico fue secuestrado junto a su libertad de desplazamiento, y nunca le fue restituido.
El juicio en Villarrica (a unos 780 km al sur de Santiago y distante alrededor de una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía), el primero que concitará interés internacional luego de la llegada de la derecha empresarial a La Moneda, muestra una de las cara más negras de la Concertación, que por una parte premió a la artista con el FONDART 2007 - el más importante concurso de fondos públicos para el cine, para el documental“Newen Mapu, mapuche, la Fuerza de la Tierra” - y por otra, la encarceló y requisó sus entrevistas a líderes de las luchas recientes por recuperación de esa tierra ancestral.
La acusación
Elena Varela está acusada de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). El fiscal se basa en la breve vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Para los otros dos chilenos co-imputados, detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión.
Con más de 150 testigos, el juicio podría extenderse por casi una semana. El renombrado documentalista argentino Fernando Birri se ha hecho presente junto a dirigentes de la DOCA y la ADOC, entidades que agrupan a los documentalistas argentinos y chilenos, respectivamente y que filmarán el juicio.
Entre los 30 testigos a favor de la documentalista están los directores Ignacio Agüero (“El Diario de Agustin”), Dauno Tótoro (“El Despojo”), Francisco Gedda (“Sur del Mundo”, “Frutos del País”), e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El juicio iba a realizarse el pasado 2 de marzo, y fue postergado debido al terremoto.

Pascual Pichún, comunicador mapuche preso en Traiguén

por Ernesto Carmona
Argenpress


El día anterior al terremoto –el 26 de febrero–, la “justicia chilena” puso de nuevo tras las rejas al comunicador mapuche Pascual Pichún Collonao, de 28 años, estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El joven, que goza de un estatus de refugiado en el país allende Los Andes, fue detenido en las calles de Temuco, cuando viajó a Chile para visitar a su padre enfermo, el lonko (jefe indígena) de Traiguén Pascual Pichún.

Ésta detención es otro jalón en una larga historia de injusticia y persecución contra la familia Pichún, alentada por el poderoso abogado y latifundista Agustín Figueroa Yávar, ex ministro de agricultura de Patricio Aylwin y ex miembro del Tribunal Constitucional, de gran influencia en la judicatura chilena. Casualmente, este mismo abogado introdujo el 10 de marzo un recurso que favorecería al club Colo Colo y a los dos grandes equipos universitarios (la Chile y la Católica), en la distribución de los 30 millones de dólares que deja como excedente el Canal del Fútbol, en detrimento de las otras 29 agrupaciones profesionales. Y para más casualidad –que nada tiene que ver con el caso Pichún–, ese mismo día los principales dueños del equipo renunciaron al directorio de la sociedad anómina que maneja el club –porque lo exige la ley–: Sebastián Piñera y su viceministro de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle, quienes asumieron sus respectivos cargos en la jornada siguiente, el 11 de marzo, justo con otro terremoto que aterrorizó a los invitados extranjeros, pero de menor intensidad.

La Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas, y otras instancias profesionales latinoamericanas y europeas, reclamó la libertad del comunicador y estudiante de periodismo, cuyo caso como víctima de derechos humanos elementales ya fue zanjado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sin que la justicia chilena acate su recomendación, como tampoco hace caso a las normas internacionales emanadas de tratados sobre las etnias indígenas que el Estado Chile se ha comprometido a respetar, convertidos en letra muerta pese a la ratificación del parlamento y el cacareo a los cuatro vientos del doble discurso del poder ejecutivo. Entretanto, el sistema judicial chileno se encuentra virtualmente colapsado por el terremoto, que derrumbó o dejó inhabitables 190 sedes, incluyendo edificaciones relativamente nuevas, como el edificio de los 30 juzgados civiles de Santiago. Muchos papeles están sumergidos entre los escombros.

Historial de persecución

En 2003, el lonko Pichún y sus hijos Pascual y Rafael fueron condenados a 5 años de cárcel, acusados de quemar un camión de Figueroa. Al cumplir 1 año recibieron el beneficio de pena remitida. Pero ante la incapacidad material de solventar una millonaria indemnización a Figueroa –atada a la condena–, fueron buscados de nuevo para pagar con cárcel. Después que, en 2006, la CIDH acogió en Washington el reclamo de la familia Pichún contra el Estado Chile, el caso está listo para pasar a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Esta instancia es relevante, aunque su fallo corra el riesgo de convertirse en otra expresión del folklórico “derecho a pataleo”, en un país que hace poco caso a las instancias internacionales.

Cuando los buscaron para pagar con cárcel, los hermanos Pichún se declararon en rebeldía. Rafael fue detenido tras permanecer prófugo durante varios meses, mientras Pascual apareció en Buenos Aires en diciembre de 2005. Allí solicitó refugio político ante el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), respaldado por instituciones de derechos humanos de Argentina, y personalidades como el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel. Su petición fue acogida a tramitación, es decir, Pascual fue reconocido como "peticionante" y quedó bajo el resguardo del Estado argentino y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mientras el CEPARE estudia su solicitud.

Aunque el trámite puede tardar un promedio de hasta 8 años, dicen que el CEPARE “es bastante riguroso a la hora de acoger o no a tramitación una petición de refugio político”. Por el sólo hecho de aceptarlo como “peticionante” significa que su caso aportó antecedentes sólidos para presumir persecución política del gobierno chileno –sea cual fuere el gobernante de turno– en contra suya y de su familia. Al acoger la tramitación, el CEPARE dictaminó que Chile no le garantiza a Pascual su derecho a un debido proceso.

El preso necesita solidaridad

Pascual no ha perdido su tiempo en los 5 años que lleva en Argentina. Además de estudiar periodismo, se ha destacado como conductor de radio con un programa semanal sobre pueblos originarios en FM Estación Sur de La Plata. Y desde 2006 también es corresponsal del periódico mapuche Azkintuwe, fue elegido delegado de su facultad ante la Federación Estudiantil de la UNLP y el 10 de febrero fue designado responsable del portal Internet del Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios de Argentina (http://www.originarios.org.ar).

Su vida transcurrió sin sobresaltos en la capital del tango, hasta que decidió ingresar legalmente a Chile para visitar en la comunidad Temulemu a su padre, el lonko Pascual Pichún, quien se encontraba delicado de salud. Y así llegó el 26 de febrero, día en que Pascual hijo se tropezó con la policía, que lo aprehendió en las calles de Temuco para enviarlo de nuevo a la cárcel de Traiguén. A causa de los destrozos del terremoto y la consiguiente paralización de la actividad judicial –no sólo en esa región llamada La Araucanía–, quién sabe cuándo Pascual será conducido ante un juez para tener entonces la oportunidad de apelar a su injusto encarcelamiento.

Entretanto, el prisionero mapuche aguarda que sus abogados puedan solicitar al tribunal que decrete la "prescripción media" de la causa, para que pueda salir en libertad, por haber transcurrido más del tiempo de su condena a 5 años en 2003. Y toda expresión de respaldo y solidaridad, de personas e instituciones, como la emitida por Ciap-Felap y la federación de estudiantes de la casa de estudios de La Plata, contribuirán a la pronta libertad del joven comunicador preso de Traiguén. Las comunicaciones solidarias pueden enviarse al correo del periódico en que escribe: azkintuwe@yahoo.es

¡Apoya a los Cinco Cubanos el 20 de marzo!

Este sábado, día 20 de marzo, a siete años del inicio de la criminal invasión a Irak, tendrá lugar en Washington, D.C., San Francisco, Los Ángeles, y otras ciudades en EE.UU., una manifestación en contra de la ocupación de Irak, Afganistán, y Palestina. Convocamos a todos los que se solidarizan con la causa de los Cinco, a unirse en estas acciones a los contingentes por los Cinco Cubanos, para recordarle al mundo que la crueldad de la política exterior de los EUA se está mostrando no solo en el extranjero, sino en Estados Unidos en las prisiones federales en California, Colorado, Indiana, Kentucky, y Florida, donde los Cinco Cubanos están injustamente encarcelados.

Desde el día de las invasiones a Afganistán en 2001 y a Irak en 2003, la Coalición A.N.S.W.E.R. ha sido el instrumento para organizar la oposición a esas guerras y ocupaciones, y durante ese tiempo, esas manifestaciones le han dado al Comité de Estados Unidos para la Liberación de los Cinco Cubanos la oportunidad de llegar a millones de personas con el mensaje sobre los Cinco y sobre la guerra de terror con que los EUA y sus agentes han estado haciendo la guerra contra Cuba por más de 50 años. Una vez más, este año, los oradores hablarán en las concentraciones acerca de los Cinco y de su lucha por la libertad.

Desde Chile, nos unimos al clamor por la libertad de los Cinco y el repudio a las invasiones de Afganistán e Irak.

Pehuenches acusan al Estado

Uno de los problemas que deberá enfrentar Sebastián Piñera a partir del 11 de marzo, es la respuesta que dará como gobierno a la acusación presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDHH por la aprobación ambiental dada por el Estado chileno a la construcción en el río BioBio de una tercera central hidroeléctrica, llamada Angostura. El hecho es considerado por los reclamantes como una violación del denominado “acuerdo amistoso” suscrito en 2003 entre el Estado de Chile –entonces presidido por Ricardo Lagos- esa entidad, y las familias mapuche-pehuenche, para destrabar la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el Alto BioBio. Piñera se ha pronunciado siempre a favor de los megaproyectos energéticos, en tanto que el tema indígena, ausente de su discurso público le saltará a la cara ahora, porque el Estado chileno se comprometió entonces a no autorizar nuevos megaproyectos en tierras indígenas del Alto Biobio. Pero con el descaro habitual, en febrero de este año la empresa Colbun ya inició los trabajos de tala de árboles y faenas en los cerros sin que nadie diga nada.
La negociación citada ante la CIDHH permitió a Endesa llevar adelante su proyecto, que había generado un prolongado conflicto entre el gobierno del ex presidente Lagos, el mundo indígena y los ambientalistas. En tiempos de Ralco, Endesa tenía proyectada esta central, que llamaba Huequecura y vendió el proyecto a su socio Colbún, del grupo Matte, que lo rebautizó como Angostura. Su construcción tendría un serio impacto social y ambiental. La cuenca del río Bío-Bío contiene al 41% de las especies nativas de peces de Chile, con un total de 19 especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Recursos escasos como el agua y únicos, como estos peces, serán negativamente afectados por el megaproyecto energético, y el reclamo indígena resonará con fuerza en el ámbito internacional.
En suspenso
El abogado Roberto Celedón, que participó en el citado acuerdo, aceptó llevar el proceso a la Corte Interamericana por encargo de los afectados actuales y por los firmantes de entonces, Berta Quintreman, Rosario y Mercedes Huenteao y Aurelia Marihuan, que se sienten traicionados. La denuncia a la entidad interamericana por incumplimiento, presentada a fines de 2008, se reactivó a comienzos de 2010, luego de la aprobación del proyecto por la Corema (Comisión Regional de Medio Ambiente) de la región del BioBio en noviembre del año pasado. En la actualidad Angostura se encuentra suspendido por una reclamación presentada ante Conama por Freddy Nolberto Pérez Sanhueza en representación de la organización Aguas Libres, opositora al proyecto, además de Juana del Carmen Méndez Curriao, y René Renato Flores Arévalo, por las familias que serían desplazadas.
A la lucha contra el proyecto Angostura de Colbún se unieron también organizaciones medioambientales y sociales de Santiago, como la Red de Justicia Ambiental, el Observatorio de Conflictos Ambientales, Ecosistemas, Codeff, Feministas Autónomas, el Colectivo No a Pascua Lama, el Centro Ecoceanos, la Liga por la Justicia Climática, y el movimiento Patagonia Sin Represas. Las organizaciones fueron informadas de la situación por Freddy Pérez (Aguas Libres de Quilaco) y Ronny Leiva del Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, en una reunión ampliada.

“Señor Colbún”
La palabra de Pedro Suárez, de Malla Malla, werken del Lof Newen Mapu del Alto BioBio llegó a ellos a través de un video filmado en terreno que muestra un momento único: la visita técnica a terreno de una comisión gobierno – empresa, en la que irrumpieron los campesinos. El dirigente pehuenche reaccionó así:
“Yo le digo al señor representante de la empresa, al señor de gobierno, de CONAMA acá, nuevamente están atropellándonos, están en ese camino de genocidio. … Antes que nada deberían conversar con nosotros, que somos los dueños de esta tierra quieran o no quieran(…) Si acá está Falabella, si acá está tal persona particular, ellos sabían que esta tierra era de nosotros, que lo hayan comprado es problema del mismo Estado … yo le digo, señor Colbún, usted debe entrar en una conversación con el pueblo pewenche del Alto y Bajo Bío Bío. Tenemos muchos niños estudiando afuera, en cualquier accidente si se rompe cualquier represa va a haber una tragedia muy grande. A mucha gente no mapuche y mapuche no le importa nada, simplemente porque han perdido el tema del valor humano. Quizás los tiene locos el asistencialismo o el mismo sistema de vida que hoy se vive. Y por eso mismo yo, quiero dejar bien claro acá, al señor gobierno de CONAMA, que aquí no solo existe un Kuel. Para nosotros ¡Todos los lugares son sagrados! No solo ha muerto gente aquí por un solo régimen de persecución, aquí hay mucha gente de nuestro pueblo bañada en sangre, en este lugar y de todos los lugares del sur. Entonces que ustedes hoy día sin considerarnos a nosotros, lleguen y hagan las cosas, caminen por allá por acá y filmen, hagan lo que sea, ese es un atropello a nuestro derecho. Yo pienso que deben conversar y agendar desde ya una reunión con Colbún pero en forma, como pueblo mapuche, ¡No como comuna Alto Bío Bío! Porque a nosotros eso no nos representa. Ustedes mismos saben que esa es una estructura del Estado Chileno, nosotros somos aparte y seguimos vivos y por eso decimos no a la represa, no se construye aquí la represa”.
Dos veces desplazados
El proyecto está ubicado en la confluencia de los ríos BioBio y Huequecura, que para los pehuenche marca la entrada al territorio ancestral mapuche-pehuenche del Alto BioBio. La empresa sostiene que no hay indígenas en el sector porque no existen comunidades reconocidas por CONADI, pero la realidad es diferente. Son más de 40 las familias indígenas que viven en los tres lugares que serán inundados: Los Notros, Lo Nieve y Los Nogales (comuna de Santa Bárbara) y la localidad de San Ramón (comuna de Quilaco). Entre los afectados hay 5 personas que fueron relocalizados en Los Notros a raíz de la construcción de la central Ralco. La escuela G 967 de Los Notros, y tres campings que se encuentran en el área serán inundados también. En el área de influencia del proyecto, la mayoría de los habitantes siguen sin tener luz ni agua potable y en Quilaco la electricidad es más cara que en Los Angeles. Para ellos no hay ventajas sino la pérdida irreparable de un hábitat que aman por su paisaje, historia y diversidad.
En el área impactada directamente hay un sitio de significación cultural y religiosa denominado Kuel ( en mapudungun,“que sostiene la creación”), un centro ceremonial emplazado en lo alto de un sitio desde donde se domina toda el área, de impresionante belleza. En ese lugar, en la década de los 90 y a principios de 2000, el fallecido Lonko Antolin Curriao realizó rogativas en el contexto de la lucha contra los megaproyectos Pangue y Ralco. El kuel –ubicado en la localidad de Los Notros, a una media hora de la comuna de Santa Bárbara- es una construcción natural de roca en forma de pirámide, con senderos naturales y una escalera de piedra. Explica Roni Leiva: “Un kuel es un lugar de sabiduría, está ahí para que podamos aprender de él y es parte de nuestro patrimonio espiritual como pueblo, esto ha sido incluso reconocido por Conadi en el oficio 578 del año 2008”. El frente mapuche-chileno de oposición al proyecto ha realizado varias vigilias en este espacio de espiritualidad ancestral mapuche, algunas presididas por un machi, como parte de la retoma de posesión del lugar y fortalecimiento espiritual para una lucha que requerirá de mucha energía.
Impacto en la cuenca
La aprobación dada por Corema al proyecto desestimó importantes objeciones ambientales, en una decisión política y no técnica. El estudio presentado por la empresa no tomó en consideración el impacto acumulativo de esta nueva central en el entorno ya afectado por Pangue y Ralco e ignoró que el área es una cuenca y un ecosistema. Colbún presentó una línea de base incompleta criticada por el Centro Eula de la Universidad de Concepción y por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca, que hizo observaciones sobre la fauna del río Huequecura, que tiene 32 km de largo.
Para este servicio, los datos generados durante el período de seguimiento de las centrales existentes en Alto Bío Bío establecen que la comunidad íctica de la cuenca del río Bío-Bío contiene un total de 19 especies de peces nativos. Tres de las especies representadas, el tollo, el pez gato o bagrecito y carmelita de Concepción están en categoría de peligro de extinción. La construcción de la presa que inundará 641 hectáreas, embalsando 100 millones de metros cúbicos, va a dejar aisladas las poblaciones de peces de la zona alta de los ríos Huequecura y Queuco, con el consiguiente impacto sobre la variabilidad genética de sus poblaciones.
Por otra parte, las centrales hidroeléctricas generan también un impacto en el cambio climático y las emisiones. La inundación de áreas completas con seres vivos, llamados técnicamente "materia orgánica", genera metano, lo que contribuye al calentamiento global, echando por tierra la propaganda oficial acerca de que las megacentrales hidroeléctricas son "energía limpia" que contribuye a evitar las emisiones.