domingo, abril 20, 2008
Lugo votó en Lambaré
Mucha atención a lo que pasa hoy en Paraguay donde está a punto de cambiar su historia.
CELCO SE APROPIA DE TERRITORIOS PARA INSTALAR SU DUCTO INDUSTRIAL
El pequeño pero poderoso e influyente grupo político-empresarial de la papelera CELCO dio esta quincena otro zarpazo a las economías regionales, la soberanía alimentaria costera y a la gobernabilidad y democracia chilena al obtener una franja completa de pedimentos mineros que va desde su factoría de celulosa en San José de la Mariquina hasta la costa valdiviana. Su objetivo, es asegurarse todo el trayecto para instalar su ducto de residuos industriales protegido por una cuestionable Ley Minera que tiene rango constitucional y está por sobre varias otras leyes e incluso por sobre los conceptos de propiedad privada.
A pesar que esta estrategia de CELCO, compañía dirigida por José Tomás Guzmán, había sido evidenciada hace años, este mes la Celulosa inscribió a todo el territorio de Mehuin como pedimento minero a su favor.
La estrategia minero-forestal se ejecuta mientras partidarios de esta empresa, a los cuales se les impuso un millonario contrato para facilitar la instalación del ducto industrial, han violentado la tranquilidad de la comunidad costera y el Estado de Derecho. Muchos de ellos ahora son investigados por orden de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Las nuevas solicitudes de la Papelera, cuyos vicepresidentes son Roberto Angelini y Manuel Enrique Bezanilla, fueron publicadas en el Boletín Minero el 10 de abril pasado.
Un Pedimento Minero, es una solicitud al Estado para explorar la posibilidad de extraer minerales desde cualquier lugar del territorio nacional, no importando que ese terreno pertenezca a otra persona, institución u oficina fiscal. El Estado otorga esta especie de concesión por dos años, con lo cual la persona beneficiada asegura la intervención de ese lugar, además de proteger a esa zona para que no sea solicitada por otros individuos, ni para que ese terreno sea usado para otra actividad económica.
Lo curioso de esta ley es que el dueño del terreno, debe obligatoriamente facilitarlo en servidumbre, a quién ha solicitado el pedimento minero, con lo cual queda cuestionado el concepto de propiedad privada.
La ruta del ducto de CELCO pasará por el centro de la Región de Los Ríos donde por siglos habitan comunidades Lafkenche del Pueblo Mapuche, que por siempre han reclamado esas zonas como históricos territorios de uso consuetudinario.
En anticipación de la oposición de las comunidades indígenas, CELCO solicitó pedimentos mineros en toda una franja de cerca de 70 kilómetros de largo. Ahora que las ha obtenido, la Ley Minera le da el derecho de acceso privilegiado a estas zonas, y prohíbe que ese terreno sea usado para otra actividad económica, cultural o de infrastructura.
Los recientes y/o ancestrales dueños del terreno, entonces, deben obligatoriamente facilitar las actividades de las personas que tienen estos derechos, es decir a esta compañía en cuyo directorio figuran Jorge Anduela, Jorge Bunster, Carlos Croxatto, Alberto Etchegaray, Eduardo Navarro y Timothy C. Purcell.
Diversos empresarios solicitan "pedimentos mineros", para asegurar los terrenos donde realizaran alguna actividad económica, no importando que esta sea minera o no. Cuando obtienen el "pedimento minero", bloquean la instalación de cualquier otra actividad que intenten instalarse en ese lugar.
Fuente: Ecoceanos News http://www.ecoceanos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=6137&Itemid=5
sábado, abril 19, 2008
"Re-conocer": Pacto Social por la Multiculturalidad sin quorum social ni político
La reciente propuesta de pacto social gobierno-pueblos indígenas (bajo el slogan “Re-conocernos” ver http://www.observatorio.cl/contenidos/naveg/index.php), anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet tiene escasas posibilidades de concreción, de cara a la actual realidad política y social. Sus medidas más novedosas -la representación parlamentaria y el sometimiento a evaluación del impacto en los pueblos originarios de los proyectos de inversión- requieren un apoyo parlamentario que hoy menos que nunca podrá obtener la Presidenta, e implican interlocutores que tampoco están disponibles, acuciados por urgencias judiciales y sociales. Rodrigo Egaña, el alto Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, que el 18 de abril se dio tiempo para explicar la política indígena de su gobierno a los corresponsales extranjeros acreditados en Chile, no se contactó con las comunidades mapuche en su visita a la novena región. Según La Nación digital, Egaña precisó ante los corresponsales que el gobierno no dará a los pueblos indígenas ningún tipo de autonomía territorial.
A continuación, comparto con ustedes un sucinto recuento de los hechos más significativos que han afectado en lo que va corrido de abril (hasta el domingo 20) a luchadores sociales, actores y miembros del pueblo mapuche convocado al pacto social “Re-conocer. Pacto social por la multiculturalidad”.
• 18 de Abril
Postergado juicio a dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco
En Nueva Imperial (Región de la Araucanía) fue postergada para el 2 de mayo próximo la audiencia en que debía fijarse la fecha y composición del tribunal que llevará a juicio oral al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor LLaitul, y al comunero Roberto Painemil. La razón de la nueva dilación del proceso es técnica, según el tribunal: el (curioso) daño que se produjo en la cinta que contenía la declaración grabada de Roberto Painemil denunciando haber inculpado a Llaitul bajo los efectos de la tortura, afirmando no conocerlo y negándose a ratificar la declaración inicial. Se trata de una pieza clave para la jueza Claudia Sánchez puesto que Llaitul había sido inicialmente inculpado por Roberto Painemil, y en esa primera declaración hoy refutada, reside todo el “peso” de la causa de la fiscalía contra el dirigente de la CAM y del propio Painemil. Ambos luchadores mapuche llevan más de un año y tres meses en “prisión preventiva”, encarcelados sin juicio. Sólo se les notificó de acusación formal en marzo de este año aunque de hecho están purgando una condena anticipada por el atentado incendiario contra maquinaria de Forestal Mininco, ocurrido en el fundo Las Praderas el 25 de Diciembre de 2006. Los querellantes son la representante de la Presidenta Bachelet, la Intendenta Nora Barrientos, y Forestal Mininco. La fiscal Vania Arancibia ha solicitado nueve años de prisión para ambos formalizados, acusándolos de los supuestos delitos de incendio y porte de armas. El ex Juez Juan Guzmán (Centro de Derechos Humanos Universidad Central) y el director de la fundación Laura Rodríguez, abogado de derechos humanos Juan Enrique Prieto, asesorarán a la defensoría penal mapuche en el proceso contra los dos mapuche inculpados.
17 de abril
Werken de Temucuicui se entrega en Collipulli
Víctor Queipul, werken (mensajero) de la comunidad de la sitiada comunidad de Temucuicui (comuna de Ercilla, Región de la Araucanía) se entregó voluntariamente al Tribunal de Garantía de la ciudad de Collipulli donde era requerido en tres causas por el juez Julio Sandoval. Entrevistado por Elías Paillán, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, en las afueras del tribunal, expresó: “Yo no soy delincuente, ni terrorista y estoy acá por reivindicar mi territorio, mi cultura y por la justicia de mi pueblo
Me entrego porque mi comunidad me necesita, para hacer guillatún, para hacer trabajos de siembra, por eso me entrego y porque soy inocente de los cargos que me imputan, desórdenes públicos y agresión al ex director de CONADI. En este momento no tengo abogado, yo creo que si tuviera plata, él estaría conmigo, pero como no tengo, estoy solo acá.”
Su comunidad declaró: “Desde que la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la prisión preventiva de nuestro werken, lo han buscado en diferentes y violentos allanamientos y también en la emboscada que nos hicieron los carabineros a fines del año 2006, cuando nuestros comuneros regresaban en un bus a la comunidad. En dicha ocasión carabineros baleó a mucha de nuestra gente, pero ahora, sin embargo ¡son los heridos nuestros quienes están siendo condenados por desorden público! Para los políticos, particulares y tribunales de justicia nuestro werken Víctor Queipul es un delincuente. Para nuestra comunidad, él es un luchador que ha trabajado por la tierra, justicia y libertad, velando por que se respeten nuestros derechos y se restituyan nuestras tierras ancestrales, hoy en manos del particular Rene Urban, dueño de los fundos La Romana y Montenegro.”
• 16 de abril
Duro informe de Asociación Americana de Juristas
Se dio a conocer en la sala Ercilla de la Biblioteca Nacional de Santiago, el “Informe sobre la Represión y Criminalización del pueblo Mapuche” emitido por la Misión Internacional Conjunta de la Asociación Americana de Juristas (ramas chilena y argentina), y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina. La visita in situ de la misión a la Región de la Araucanía tuvo lugar entre el 27 y el 30 de enero de este año. Los abogados recorrieron comunidades y cárceles de la región donde están recluidos hombres y mujeres mapuche. La misión, encabezada por la abogada Graciela Alvarez, Presidenta de la filial chilena de la entidad, se refirió en duros términos las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso y describió la militarización del territorio de las comunidades que defienden sus tierras ancestrales. Hacen presente, entre otras consideraciones, la indefensión en materia legal que viven los presos políticos y las comunidades, sus familias y en especial los niños mapuche, frente a la violencia desplegada en su contra por agentes del Estado en los constantes allanamientos de que son objeto. La Asociación Americana de Juristas tiene estatus consultivo en las Naciones Unidas y representación permanente en sus sedes de Nueva York y Ginebra.
• 16 de abril
Detienen a mapuche buscado por “incendio terrorista”Luego de seis años de persecución, Luis Catrimil Huenupe (60 años) fue detenido por carabineros en la comunidad Tricauco, comuna de Ercilla. Era buscado por su presunta participación en el atentado incendiario al fundo Poluco-Pidenco (diciembre de 2001) y será sometido a juicio oral. En 2003 la fiscalía de Collipulli formalizó a once personas por ello, y siete fueron condenadas bajo la ley antiterrorista, (con testigos pagados y sin rostro), a penas de presidio de hasta 10 años. Entre ellas están Patricia Troncoso Robles, que debió pasar más de 100 días de huelga de hambre para acceder a los beneficios carcelarios que le correspondían por haber cumplido más de la mitad de su pena de diez años y un día, y el dirigente José Huenchunao. Si se cumplen las instrucciones de la Presidenta Bachelet, a Catrimil y a los otros presos políticos mapuche acusados de incendio, no se les podría aplicar la legislación antiterrorista utilizada en el gobierno del ex Presidente Lagos para lograr las citadas condenas. La primera mandataria ha reiterado que no hará uso de esa legislación para este tipo de delitos, antes calificados como “incendio terrorista”, aunque no ha tomado iniciativa alguna respecto de quienes padecen las consecuencias de haber sido condenados bajo esa ley.
• 15 de abril :Forestal Masisa contra Lonko Víctor Marilao
Víctor Marilao, lonko (jefe) de la comunidad “Juan Quintremil” de Huichahue (una localidad precordillerana próxima a Padre Las Casas, muy cercana a Temuco) compareció ante una jueza de Temuco, por hechos vinculados a la lucha de su comunidad contra la forestal Masisa (ex Millalemu- Terranova) del holding "Nueva" del magnate suizo Stephan Schmidheiny. Junto a la Intendencia, Masisa acusa a Marilao de “provocar desórdenes con barricadas” en el Km. 11 de Huichahue. El lonko fue a la audiencia acompañado por Aucán Wilkaman, cabeza del Consejo de Todas las Tierras, y dirigentes de las comunidades Necul y Huinculche. Marilao se negó a declararse culpable de las imputaciones, reiterando ante la prensa: “¡Soy Autoridad Mapuche. No soy delincuente. Y esta lucha es por la recuperación de las tierras mapuche usurpadas a nuestra comunidad Juan Quintremil por parte de la forestal,desde la época de la dictadura de Pinochet!. La causa continuará el jueves 15 de mayo. Las tierras en conflicto estaban en comodato hasta el año pasado, en que la trasnacional suiza – que curiosamente está adscrita al compromiso de “Responsabilidad Social” de las empresas - impidió con resguardo policial el ingreso de los comuneros mapuche a la tierra después de la tala del bosque. Así lo denunció en su oportunidad Aucán Wilkaman en Naciones Unidas.(ver más en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=60486)
9 de abril
Denuncia de Mujer mapuche en Conferencia sobre Salud Reproductiva
En Bélgica, Bruselas, la dirigenta mapuche María Inés Colimil, representante de la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda de Chile se dirigió a los participantes en la Conferencia Sobre Salud Reproductiva, denunciando la doble discriminación que viven las mujeres mapuche y agregando: “Sin tener un poder notarial, pero en mi condición de dirigente mapuche, asumo como deber moral decirle al mundo que en mi país no se respeta el derecho del pueblo mapuche y demás pueblos originarios, el gobierno de Chile vulnera la libertad de nuestros dirigentes y muy en especial el de las mujeres mapuches, por el solo delito de luchar por nuestra Autonomía y Territorio, conservación de nuestra Cultura Milenaria Los llamo a solidarizar con ellas y ellos, los que día a día en mi pueblo sufren los atropellos a todos sus derechos por el solo hecho de existir”.
• 3 de abril
Nueva detención y maltrato a Waikilaf Cadin
El joven dirigente de la comunidad Juan Paillalef, Waikilaf Cadin (hijo de la lonko Juana Calfunao (que tiene al resto de su familia en prisión) detenido el 3 de abril frente a la Intendencia de Temuco, se querelló contra carabineros por violencia innecesaria y lesiones leves. La detención tuvo lugar luego de la marcha realizada al cumplirse 3 meses del asesinato de Matías Catrileo por la fuerza policial. El joven comunero y estudiante de derecho sólo alcanzó a disfrutar de tres meses de libertad luego de pasar más de un año de prisión bajo condiciones inhumanas en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. La demanda incluyó abundante evidencia audiovisual, ya que la detención fue filmada por la televisión local, evidenciándose la nula culpabilidad del detenido y el maltrato de que fue objeto por la policía. La querella y el recurso de amparo preventivo fueron acogidos por la corte de Temuco. A la fecha de este informe habían prestado declaración los uniformados y el tribunal esperaba el informe de la intendenta Nora Barrientos, contra quien está también dirigida la querella.
• 2 de abril
Defensa del mar y poblado lafkenche
Más de cien individuos contratados por Celco (empresa que pretende instalar un ducto para verter desechos tóxicos de su planta de celulosa en el mar territorial lafkenche) atacaron a mapuches en la caleta de Mississipi (Región de los Lagos), dejando herida a una mujer. Los hechos afectaron a los habitantes de las comunidades de pescadores y mapuches que integran el Comité de Defensa del Mar. El objetivo de la incursión era sacar las redes colocadas por los defensores para impedir la realización de los estudios de impacto ambiental de dicha empresa. Los invasores cortaron el suministro eléctrico, dejando sin luz a toda la comunidad de las caletas de Mehuín y Mississippi. El escaso contingente policial se vio sobrepasado por los acontecimientos. El episodio gatilló el repunte de las movilizaciones contra CELCO, que recibieron apoyo de más de 80 organizaciones sociales y ambientales. Organizaciones de la costa valdiviana viajaron a Santiago a informar la situación en la sede de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, detallando la ilegalidad de las acciones del grupo de individuos que apoyan a CELCO. Los dirigentes se enteraron con estupor que el pueblo de Mehuin y la caleta Mississipi forman parte de las 5.790 hectáreas de concesión minera entregadas a CELCO, según anuncia el Boletín Minero 5981, de fecha 10 de abril de este año. El mapa de las concesiones del subsuelo minero se extiende precisamente por sobre estos pueblos de pescadores y mapuche lafkenche.
• 22 de abril
Formalizarán a lonko Avelino Meñaco
Ese día se realizará en Cañete (Región del BíoBío) la audiencia contra el lonko Avelino Meñaco de la comunidad Pascual Coña, detenido en la cárcel de Lebu desde fines del año pasado. No es primera vez que él enfrenta la cárcel. El lonko estuvo en las luchas que permitieron la recuperación de las tierras de su comunidad, usurpadas por el empresario Osvaldo Carvajal, parte de las cuales fueron compradas por CONADI para un sector de esa co munidad. Se le acusa de incendiar unas cabañas aledañas al lago Lleulleu, en las movilizaciones de este año a raíz de la huelga de hambre de Patricia Troncoso y los presos de Angol. Su hijo Luis Meñaco fue detenido en la comunidad de Huentelolén el 14 de abril de este año. Sindicado por la prensa como miembro de la nueva dirigencia de la Coordinadora Arauco Malleco, se le acusa de dirigir un corte de ruta efectuado en apoyo a la huelga de hambre de Patricia Troncoso, hecho en el que resultó quemado el vehículo de un periodista.
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Las movilizaciones generadas alrededor de estos hechos continuarán sin duda, mientras por otra parte, se mantiene la expectativa ante la dilatada promulgación por la Presidenta Bachelet del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas. Diversas organizaciones de pueblos originarios han denunciado que el texto iría acompañado de una inaceptable “declaración interpretativa”. Según el comisionado Rodrigo Egaña el Tribunal Constitucional ya informó positivamente el convenio y sólo faltaría su ratificación por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)l para que la presidenta Bachelet lo promulgue como ley.
El imperio de CELCO. Ahora el ducto de celulosa Nueva Aldea pasará por la población René Schneider de Coelemu
La COREMA (Comisión de Medio Ambiente de la región del Bío Bio) dio luz verde al paso del ducto de celulosa Nueva Aldea por la población René Schneider de Coelemu, sin necesidad de hacer un Estudio de Impacto Ambiental. Indignados están los coelemanos que asistieron a la sesión y que anunciaron que no se quedarán de brazos cruzados.
Claudia Vergara, madre de dos niños, habitante de la población René Schneider de Coelemu no pudo contener su indignación cuando por unanimidad los integrantes de la Comisión Regional de Medio Ambiente del Bío Bío decidieron que el nuevo trazado del ducto de residuos industriales de Celco Nueva Aldea no requiere ser ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Los quince consejeros presentes en la sesión ordinaria de este lunes 14, concordaron así con lo expuesto por cuatro servicios públicos además de la Municipalidad de Coelemu, en cuanto a que las modificaciones no ameritaban un estudio de impacto ambiental, como lo quería la comunidad afectada.
“¿Cómo no va a ser necesario un estudio de impacto ambiental si somos nosotros los afectados?”, reclamaba Claudia tras escuchar la decisión de la Corema. Y no fue la única en reaccionar airadamente. Joaquín Cisternas, vocero del Movimiento de Ciudadanos por la Defensa de la Vida de Coelemu, estaba más molesto aún y con evidente impotencia aseguraba que “las autoridades perdieron los estribos. ¿Por qué privilegian siempre a una minoría? ¿Qué está pasando?”, se preguntaba.
Todo había comenzado pasadas las 16 horas, cuando se dio inicio a la sesión ordinaria de la Corema, presidida por la intendenta María Angélica Fuentes.
Primero se dio la posibilidad de que representantes de la comunidad hablaran del tema antes de conocer el informe de la CONAMA. Habló Claudia Vergara por los habitantes de la René Schneider. Con voz algo nerviosa, expresó: “Mi casa queda colindante con el nuevo trazado del ducto y que atraviesa la parte urbana de mi pueblo. En estos días junto a los vecinos hemos vivido horas angustiosas ya que la celulosa Celco sin ninguna autorización está perforando los sitios y haciendo las zanjas por donde espera pasar las inmensas tuberías de 1,2 metros de diámetro dejando casas a punto de derrumbarse con trabajos con maquinaria pesada. Tenemos temor por nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos, ya que los respiraderos del ducto que se instalarán estarán ubicados cerca de muchos hogares y de uno de los colegios más grandes de la ciudad. Somos gente humilde, que nos ganamos el pan con mucho sacrificio pero que estamos felices de vivir en una comuna sin contaminación. Parece que esto se acabó, a pesar que nosotros no elegimos vivir cerca ni al lado de la celulosa…”
Tras sus palabras, expuso el arquitecto oriundo de Coelemu, Antonio Zelada, quien habló del impacto en la calidad de vida que tendrá el emisario cruzando la zona urbana. “Si a una empresa se le ocurre pasar sus riles por la trama urbana de un pueblo, lo que hace es deteriorar la imagen de ese pueblo, que tiene un nivel de vida que hay que cuidar. Ese impacto no se considera”, señaló.
El último en intervenir fue Genaro Muñoz, residente del sector de Meipo, donde Celco ya construyó parte del emisario. Sus breves palabras fueron para expresar su aprobación pues afirmó “que a nosotros el ducto nos ha traído beneficios”, aunque no los detalló.
“Cambios no son de consideración”
Sonia Acevedo, profesional de CONAMA fue la encargada de exponer las consideraciones de los organismos técnicos que analizaron el tema. Partió recordando que este proyecto fue calificado ambientalmente en 2006, que comprende un ducto terrestre y submarino de un total de 50,4 kilómetros, que considera un by pass en Coelemu, un cruce por el río en el sector de Meipo y el uso de la faja vial y ferroviaria.
Las modificaciones al trazado, que originalmente cruzaba por terrenos situados fuera del radio urbano, considera un total de 2.370 metros de extensión, de los cuales 1.100 usan la faja ferroviaria y otros 1.100 metros propiedades públicas y privadas. Esto implica extender la longitud original del ducto en 0.47 kilómetros, totalizando 50,8 kilómetros.
Detalló que los servicios consultados para estos efectos fueron La Municipalidad de Coelemu, la Seremi de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero de Bulnes, la Seremi de Vivienda y la Dirección Regional de Vialidad.
Resumidamente, el Sag señaló que los cambios propuestos no son de consideración; mientras que Vialidad indicó que las modificaciones son menores y no requieren Estudio de Impacto Ambiental.
En tanto la Municipalidad de Coelemu afirmó que el nuevo trazado no implica mayor impacto ambiental pues éste pasa por sitios de alta intervención antrópica y que se utilicen las calles no produce mayor impacto.
La Seremi de Salud, a su vez, indicó también que no se trata de modificaciones de consideración, pero hizo consultas sobre las emisiones de ruido. Finalmente el Ministerio de Vivienda considera que los eventuales impactos ambientales en el área urbana de la comunidad están controlados por lo que no se requiere de una nueva evaluación ambiental.
También se explicó que concejales y organizaciones hicieron llegar sus observaciones y comentarios a este nuevo trazado.
Con estos antecedentes a la vista, el Comité Técnico que este nuevo trazado no amerita un estudio de ambiental pues no cumple los requisitos que se requiere para ello.
Luego de consultas de varios consejeros, se votó la propuesta del Comité Técnico, que fue aprobada en forma unánime por los 15 integrantes de la Corema presentes.
Eso sí hubo algunas consideraciones, como aumentar la frecuencia de las fiscalizaciones cada quince días durante la fase de construcción y de operación para dar mayor tranquilidad y seguridad a la población.
Pero eso no bastó y apenas terminó de verse este tema, los ciudadanos coelemanos presentes en la sesión lanzaron duros epítetos en contra de los integrantes de la Corema. La indignación era mayúscula y mayor aún la sorpresa por esta decisión.
Por lo mismo, tanto los concejales Juan Escalona, Angélica González y Leopoldo Silva opositores a la iniciativa, anunciaron que estudiarán las acciones a seguir, lo mismo que la agrupación ciudadana Coelemu en marcha. Estas se avisarán en los próximos días.
“No es una carta blanca para la empresa”
Mientras los indignados coelemanos esperaban la salida de los miembros de la Corema para hacerles una funa, el secretario ejecutivo del organismo, Bolívar Ruiz explicaba a la prensa qué había sucedido en la sesión.
“Hay un proyecto que fue evaluado y fue aprobado bajo ciertas condiciones por la Corema, y lo que hoy se estaba viendo es si una modificación parcial del trazado de ese proyecto ya aprobado y con condiciones de seguridad establecidas desde hace dos años, ameritaba el ingreso nuevamente al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Existen consideraciones técnicas evaluadas por la dirección nacional de CONAMA que permiten dilucidar cuándo una modificación de proyecto amerita o no ingresar al sistema. Verificado ese análisis por cinco organismos públicos competentes se llegó a la conclusión que no ameritaba y en definitiva esa propuesta técnica fue la que aprobó por unanimidad la Corema”.
Recordó que tras la aprobación del complejo Nueva Aldea y a instancias de la propia comunidad, la Corema le exigió a la empresa un nuevo estudio para construir un sistema de evacuación de riles al mar debido a que la comunidad aledaña no quería que se siguieran descargando en el río Itata.
Frente a la resolución de este lunes, Ruiz aclaró que “no es cuestión que la Corema le da carta blanca a la empresa, no es eso, lo que tiene que hacer la empresa es construir el trazado de acuerdo a la normativa municipal, de acuerdo a las autorizaciones que tiene que darle la municipalidad de Coelemu, a las visaciones que tiene que darle la autoridad sanitaria respecto a la seguridad ambiental y laboral de quienes están construyendo. La Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene que establecer un plan de monitoreo porque se trata de residuos industriales que deben cumplir una normativa. Por tanto aquí en ningún caso es una carta blanca, sino que se está aplicando la normativa vigente en Chile”.
Consultado si podía garantizar que no habría emanaciones de malos olores desde el ducto en su trazado por el pueblo, el secretario ejecutivo de la Corema reconoció que no estaba en condiciones de afirmar eso. “Jamás una empresa va a tener un cien por ciento de seguridad en cuanto a emisión de olores ni en el manejo de sus riles, siempre hay un margen que escapa a la normativa y protocolos de manejo de incidencias. Lo que sí podemos afirmar es que vamos a hacer cumplir la ley y que vamos a cubrir la condición relevante, que no se tomó en cuenta por la gente, y que planteó la Corema en cuanto a aumentar las fiscalizaciones cada quince días para dar mayor seguridad y tranquilidad a la población que hoy se siente con legítima inquietud”.
Y si bien la sensación de amargura e impotencia de este grupo de coelemanos fue grande, anticiparon que no se quedarán de brazos cruzados y trabajarán en la nueva estrategia que diseñarán para enfrentar esta situación que a todas luces los dejó disconformes y molestos.
Por María Eliana Vega
TRIBUNA DEL BIO BIO
Concepción, 14 de abril de 2008. En www.elciudadano.cl
Claudia Vergara, madre de dos niños, habitante de la población René Schneider de Coelemu no pudo contener su indignación cuando por unanimidad los integrantes de la Comisión Regional de Medio Ambiente del Bío Bío decidieron que el nuevo trazado del ducto de residuos industriales de Celco Nueva Aldea no requiere ser ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Los quince consejeros presentes en la sesión ordinaria de este lunes 14, concordaron así con lo expuesto por cuatro servicios públicos además de la Municipalidad de Coelemu, en cuanto a que las modificaciones no ameritaban un estudio de impacto ambiental, como lo quería la comunidad afectada.
“¿Cómo no va a ser necesario un estudio de impacto ambiental si somos nosotros los afectados?”, reclamaba Claudia tras escuchar la decisión de la Corema. Y no fue la única en reaccionar airadamente. Joaquín Cisternas, vocero del Movimiento de Ciudadanos por la Defensa de la Vida de Coelemu, estaba más molesto aún y con evidente impotencia aseguraba que “las autoridades perdieron los estribos. ¿Por qué privilegian siempre a una minoría? ¿Qué está pasando?”, se preguntaba.
Todo había comenzado pasadas las 16 horas, cuando se dio inicio a la sesión ordinaria de la Corema, presidida por la intendenta María Angélica Fuentes.
Primero se dio la posibilidad de que representantes de la comunidad hablaran del tema antes de conocer el informe de la CONAMA. Habló Claudia Vergara por los habitantes de la René Schneider. Con voz algo nerviosa, expresó: “Mi casa queda colindante con el nuevo trazado del ducto y que atraviesa la parte urbana de mi pueblo. En estos días junto a los vecinos hemos vivido horas angustiosas ya que la celulosa Celco sin ninguna autorización está perforando los sitios y haciendo las zanjas por donde espera pasar las inmensas tuberías de 1,2 metros de diámetro dejando casas a punto de derrumbarse con trabajos con maquinaria pesada. Tenemos temor por nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos, ya que los respiraderos del ducto que se instalarán estarán ubicados cerca de muchos hogares y de uno de los colegios más grandes de la ciudad. Somos gente humilde, que nos ganamos el pan con mucho sacrificio pero que estamos felices de vivir en una comuna sin contaminación. Parece que esto se acabó, a pesar que nosotros no elegimos vivir cerca ni al lado de la celulosa…”
Tras sus palabras, expuso el arquitecto oriundo de Coelemu, Antonio Zelada, quien habló del impacto en la calidad de vida que tendrá el emisario cruzando la zona urbana. “Si a una empresa se le ocurre pasar sus riles por la trama urbana de un pueblo, lo que hace es deteriorar la imagen de ese pueblo, que tiene un nivel de vida que hay que cuidar. Ese impacto no se considera”, señaló.
El último en intervenir fue Genaro Muñoz, residente del sector de Meipo, donde Celco ya construyó parte del emisario. Sus breves palabras fueron para expresar su aprobación pues afirmó “que a nosotros el ducto nos ha traído beneficios”, aunque no los detalló.
“Cambios no son de consideración”
Sonia Acevedo, profesional de CONAMA fue la encargada de exponer las consideraciones de los organismos técnicos que analizaron el tema. Partió recordando que este proyecto fue calificado ambientalmente en 2006, que comprende un ducto terrestre y submarino de un total de 50,4 kilómetros, que considera un by pass en Coelemu, un cruce por el río en el sector de Meipo y el uso de la faja vial y ferroviaria.
Las modificaciones al trazado, que originalmente cruzaba por terrenos situados fuera del radio urbano, considera un total de 2.370 metros de extensión, de los cuales 1.100 usan la faja ferroviaria y otros 1.100 metros propiedades públicas y privadas. Esto implica extender la longitud original del ducto en 0.47 kilómetros, totalizando 50,8 kilómetros.
Detalló que los servicios consultados para estos efectos fueron La Municipalidad de Coelemu, la Seremi de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero de Bulnes, la Seremi de Vivienda y la Dirección Regional de Vialidad.
Resumidamente, el Sag señaló que los cambios propuestos no son de consideración; mientras que Vialidad indicó que las modificaciones son menores y no requieren Estudio de Impacto Ambiental.
En tanto la Municipalidad de Coelemu afirmó que el nuevo trazado no implica mayor impacto ambiental pues éste pasa por sitios de alta intervención antrópica y que se utilicen las calles no produce mayor impacto.
La Seremi de Salud, a su vez, indicó también que no se trata de modificaciones de consideración, pero hizo consultas sobre las emisiones de ruido. Finalmente el Ministerio de Vivienda considera que los eventuales impactos ambientales en el área urbana de la comunidad están controlados por lo que no se requiere de una nueva evaluación ambiental.
También se explicó que concejales y organizaciones hicieron llegar sus observaciones y comentarios a este nuevo trazado.
Con estos antecedentes a la vista, el Comité Técnico que este nuevo trazado no amerita un estudio de ambiental pues no cumple los requisitos que se requiere para ello.
Luego de consultas de varios consejeros, se votó la propuesta del Comité Técnico, que fue aprobada en forma unánime por los 15 integrantes de la Corema presentes.
Eso sí hubo algunas consideraciones, como aumentar la frecuencia de las fiscalizaciones cada quince días durante la fase de construcción y de operación para dar mayor tranquilidad y seguridad a la población.
Pero eso no bastó y apenas terminó de verse este tema, los ciudadanos coelemanos presentes en la sesión lanzaron duros epítetos en contra de los integrantes de la Corema. La indignación era mayúscula y mayor aún la sorpresa por esta decisión.
Por lo mismo, tanto los concejales Juan Escalona, Angélica González y Leopoldo Silva opositores a la iniciativa, anunciaron que estudiarán las acciones a seguir, lo mismo que la agrupación ciudadana Coelemu en marcha. Estas se avisarán en los próximos días.
“No es una carta blanca para la empresa”
Mientras los indignados coelemanos esperaban la salida de los miembros de la Corema para hacerles una funa, el secretario ejecutivo del organismo, Bolívar Ruiz explicaba a la prensa qué había sucedido en la sesión.
“Hay un proyecto que fue evaluado y fue aprobado bajo ciertas condiciones por la Corema, y lo que hoy se estaba viendo es si una modificación parcial del trazado de ese proyecto ya aprobado y con condiciones de seguridad establecidas desde hace dos años, ameritaba el ingreso nuevamente al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Existen consideraciones técnicas evaluadas por la dirección nacional de CONAMA que permiten dilucidar cuándo una modificación de proyecto amerita o no ingresar al sistema. Verificado ese análisis por cinco organismos públicos competentes se llegó a la conclusión que no ameritaba y en definitiva esa propuesta técnica fue la que aprobó por unanimidad la Corema”.
Recordó que tras la aprobación del complejo Nueva Aldea y a instancias de la propia comunidad, la Corema le exigió a la empresa un nuevo estudio para construir un sistema de evacuación de riles al mar debido a que la comunidad aledaña no quería que se siguieran descargando en el río Itata.
Frente a la resolución de este lunes, Ruiz aclaró que “no es cuestión que la Corema le da carta blanca a la empresa, no es eso, lo que tiene que hacer la empresa es construir el trazado de acuerdo a la normativa municipal, de acuerdo a las autorizaciones que tiene que darle la municipalidad de Coelemu, a las visaciones que tiene que darle la autoridad sanitaria respecto a la seguridad ambiental y laboral de quienes están construyendo. La Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene que establecer un plan de monitoreo porque se trata de residuos industriales que deben cumplir una normativa. Por tanto aquí en ningún caso es una carta blanca, sino que se está aplicando la normativa vigente en Chile”.
Consultado si podía garantizar que no habría emanaciones de malos olores desde el ducto en su trazado por el pueblo, el secretario ejecutivo de la Corema reconoció que no estaba en condiciones de afirmar eso. “Jamás una empresa va a tener un cien por ciento de seguridad en cuanto a emisión de olores ni en el manejo de sus riles, siempre hay un margen que escapa a la normativa y protocolos de manejo de incidencias. Lo que sí podemos afirmar es que vamos a hacer cumplir la ley y que vamos a cubrir la condición relevante, que no se tomó en cuenta por la gente, y que planteó la Corema en cuanto a aumentar las fiscalizaciones cada quince días para dar mayor seguridad y tranquilidad a la población que hoy se siente con legítima inquietud”.
Y si bien la sensación de amargura e impotencia de este grupo de coelemanos fue grande, anticiparon que no se quedarán de brazos cruzados y trabajarán en la nueva estrategia que diseñarán para enfrentar esta situación que a todas luces los dejó disconformes y molestos.
Por María Eliana Vega
TRIBUNA DEL BIO BIO
Concepción, 14 de abril de 2008. En www.elciudadano.cl
viernes, abril 18, 2008
Postergan nuevamente juicio a Héctor Llaitul
En Nueva Imperial (Región de la Araucanía) fue postergada para el 2 de mayo próximo la audiencia en que debía fijarse la fecha y composición del tribunal que llevará a juicio oral al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor LLaitul, y al comunero Roberto Painemil. La razón de la nueva dilación del proceso es técnica, según el tribunal: el (curioso) daño que se produjo en la cinta que contenía la declaración grabada de Roberto Painemil denunciando haber inculpado a Llaitul bajo los efectos de la tortura, afirmando no conocerlo y negándose a ratificar la declaración inicial. Se trata de una pieza clave para la jueza Claudia Sánchez puesto que Llaitul había sido inicialmente inculpado por Roberto Painemil, y en esa primera declaración hoy refutada, reside todo el “peso” de la causa de la fiscalía contra el dirigente de la CAM y del propio Painemil. Ambos luchadores mapuche llevan más de un año y tres meses en “prisión preventiva”, encarcelados sin juicio. Sólo se les notificó de acusación formal en marzo de este año aunque de hecho están purgando una condena anticipada por el atentado incendiario contra maquinaria de Forestal Mininco, ocurrido en el fundo Las Praderas el 25 de Diciembre de 2006.
Refuerzos para defensoría mapuche
Los querellantes son la representante de la Presidenta Bachelet, la Intendenta Nora Barrientos, y Forestal Mininco. La fiscal Vania Arancibia ha solicitado nueve años de prisión para ambos formalizados, acusándolos de los supuestos delitos de incendio y porte de armas. En la práctica, ellos tenían una nula defensa legal pues a lo largo de todo el año 2007, los abogados de la Defensoría Pública Mapuche (Ricardo Cáceres y Jaime Löpez) nunca solicitaron su libertad bajo fianza, ni impugnaron la declaración por la cual Painemil inculpó a Llaitul en el hecho investigado. Ahora la situación es diferente, ya que el abogado de Derechos Humanos Juan Enrique Prieto (de la Fundación Laura Rodríguez, vinculada al Partido Humanista) y el ex Juez Juan Guzmán (Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central) están apoyando a los defensores públicos en el tema. A pedido de la organización de Familiares de Presos Políticos de la Coordinadora, que teme la orquestación de un montaje en contra de los inculpados, se harán presente en el juicio asimismo observadores de organizaciones de derechos humanos de Chile y el extranjero.
Duro informe de Asociación Americana de Juristas
Las irregularidades de este y otros procesos fueron denunciadas por los presos políticos mapuche de la región a una delegación internacional de la Asociación Americana de Juristas, que realizó en enero de este año una visita in situ a la Novena Región, visitando comunidades y cárceles en que están recluidos hombres y mujeres mapuche. La misión, encabezada por la abogada Graciela Alvarez, Presidenta de la filial chilena de la entidad, emitió un duro informe esta semana en Santiago de Chile, con un recuento de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. El informe se hace eco de las denuncias de militarización del territorio de todas las comunidades que defienden sus tierras ancestrales y hace presente, entre otras consideraciones, la indefensión en materia legal que afecta a los presos políticos y a las comunidades, sus familias y en especial sus niños frente a la violencia desplegada en su contra por agentes del Estado en los constantes allanamientos de que son objeto.
Refuerzos para defensoría mapuche
Los querellantes son la representante de la Presidenta Bachelet, la Intendenta Nora Barrientos, y Forestal Mininco. La fiscal Vania Arancibia ha solicitado nueve años de prisión para ambos formalizados, acusándolos de los supuestos delitos de incendio y porte de armas. En la práctica, ellos tenían una nula defensa legal pues a lo largo de todo el año 2007, los abogados de la Defensoría Pública Mapuche (Ricardo Cáceres y Jaime Löpez) nunca solicitaron su libertad bajo fianza, ni impugnaron la declaración por la cual Painemil inculpó a Llaitul en el hecho investigado. Ahora la situación es diferente, ya que el abogado de Derechos Humanos Juan Enrique Prieto (de la Fundación Laura Rodríguez, vinculada al Partido Humanista) y el ex Juez Juan Guzmán (Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central) están apoyando a los defensores públicos en el tema. A pedido de la organización de Familiares de Presos Políticos de la Coordinadora, que teme la orquestación de un montaje en contra de los inculpados, se harán presente en el juicio asimismo observadores de organizaciones de derechos humanos de Chile y el extranjero.
Duro informe de Asociación Americana de Juristas
Las irregularidades de este y otros procesos fueron denunciadas por los presos políticos mapuche de la región a una delegación internacional de la Asociación Americana de Juristas, que realizó en enero de este año una visita in situ a la Novena Región, visitando comunidades y cárceles en que están recluidos hombres y mujeres mapuche. La misión, encabezada por la abogada Graciela Alvarez, Presidenta de la filial chilena de la entidad, emitió un duro informe esta semana en Santiago de Chile, con un recuento de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. El informe se hace eco de las denuncias de militarización del territorio de todas las comunidades que defienden sus tierras ancestrales y hace presente, entre otras consideraciones, la indefensión en materia legal que afecta a los presos políticos y a las comunidades, sus familias y en especial sus niños frente a la violencia desplegada en su contra por agentes del Estado en los constantes allanamientos de que son objeto.
jueves, abril 10, 2008
Tren de la memoria viaja de Moscú hacia la estación central de Berlín con destino a Buchenwald
"Trenes de la memoria" partieron de Bruselas y Moscú rumbo a Buchenwald, donde los jóvenes belgas y rusos rendirán tributo a las víctimas del nazismo, informó RIA Novosti de fuentes del director del Museo de la Resistencia Belga, Jean-Jacques Bouchet. Según él, los participantes del foro juvenil antifascista, cuyas labores concluyen el 13 de abril, van a representar en Buchenwald a los países de Europa del Este, Central y Occidental.
Los participantes de la acción, hecha coincidir con el 65 aniversario de la batalla de Stalingrado y el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, dirán un decidido "NO" al neonazismo, el racismo y la xenofobia, dijo.
La parada en Berlin
En Alemania se agudizó el conflicto entre la empresa estatal de ferrocarriles, Deutsche Bahn, y el Comité de Auschwitz por el llamado "Tren de la Memoria", que recorre el país como museo itinerante del genocidio, informa DW-W.
La Deutsche Bahn no quiere autorizar que el "Tren de la Memoria", dedicado a las deportaciones de víctimas durante la época nazi, haga escala en la flamante estación central de Berlín, la mayor de toda Europa, inaugurada con gran pompa hace dos años y orgullo de una capital alemana cuyas finanzas, en realidad, no le permiten muchas obras monumentales.
"Tanto los costos de circulación que nos ha impuesto la empresa ferroviaria como el cierre de determinadas estaciones para el 'Tren de la Memoria' son incomprensibles e inaceptables", puede leerse en un comunicado emitido por el Comité Internacional de Auschwitz, un organismo que representa a los supervivientes de los campos de concentración nacionalsocialistas.
El museo sobre raíles, cargado con el drama del genocidio nazi, debe poder circular también por el nudo de comunicaciones y constante tráfico de personas que es la estación central de Berlín. En este punto insisten desde hace meses los organizadores, topándose con la resistencia abierta o camuflada de la Deutsche Bahn.
El Comité de Auschwitz no quiere oír hablar de escalas en puntos alternativos, ni acepta las paradas secundarias. Y para dejar constancia de que no piensa claudicar en esta batalla, ha anunciado que el próximo sábado sus miembros y simpatizantes se manifestarán en la capital alemana frente a la Puerta de Brademburgo, desde donde iniciarán una marcha silenciosa con destino Hauptbahnhof, es decir, estación central.
Y es que el domingo llega, según lo previsto, el tren a Berlín. Sus vagones muestran fotos y fragmentos de películas en las que víctimas de la locura hitleriana hablan sobre las notificaciones de deportación, y sobre los transportes en trenes a los campos de concentración. Trenes de la Reichsbahn, antecesora de la actual Deutsche Bahn.
La factura que la Deutsche Bahn ha enviado al Comité de Auschwitz por los 6.000 kilómetros de recorrido de su museo itinerante oscila entre los 70.000 y 100.000 euros. Un precio exorbitado, consideran los organizadores. El valor justo de semejante trayecto, contraponen los dueños de las vías. Y así discurre la batalla desde hace semanas.
Hasta el ocho de noviembre ha de rodar el “Tren de la Memoria”, deteniéndose en las antiguas estaciones de las que salían los convoyes de deportados, hacinados en vagones que no en pocas ocasiones suponían el fallecimiento antes de llegar a los campos de la muerte.
El ocho de mayo, día que marca el final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, el Tren llegará a Auschwitz, en Polonia, donde los nazis habían erigido el mayor de sus centros de exterminio. Para entonces ya sabremos si la triste historia logró parar en Berlín.
Fuente: El Mercurio digital (España)
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