Pueblos indígenas y la Nueva Constitución

 

Un aporte orientado hacia las comunidades de pueblos originarios,  con información basada  en los artículos de la nueva constitución, en respuesta a la desinformación propalada por los grandes medios de comunicación masiva. 

 

No más colonialismo europeo: a congelar el Tratado de Asociación con la UE

A los parlamentarios europeos que nos visitan en nombre de  los negocios del empresariado europeo,  les informamos que la nueva constitución fue la respuesta ofrecida por el sistema institucional, a la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019 demandando una asamblea constituyente. El pueblo constituyente a su vez observa y participa de este proceso.  Es un alarde de colonialismo puro y duro, pretender dejar amarrada la aprobación del nuevo TLC con la Unión Europea antes que ese proceso llegue a su término y establezca las nuevas reglas. Esto ocurre además a 2 meses de una elección presidencial.

La vergonzosa injerencia de estos convidados de piedra,  desmiente desde ya el contenido  del anexo vigente  sobre Derechos Humanos del tratado de asociación con la Unión Europea. Seguir negociando en secreto y a espaldas del pueblo con el gobierno negacionista de Sebastián PIñera que violó sistemáticamente los DDHH, es una práctica inaceptable. Reiteramos que los sectores más impactados por este tipo de acuerdos jamás han sido consultados (pueblos indígenas, y campesinos).

El hermetismo que rodeó esta visita es similar al de todas las negociaciones de tratados de libre comercio, conocidos en detalle sólo tras su firma. Los llamados Cuartos Adjuntos son espacios de información dosificada, no de participación. No queremos más de eso. Sabemos que para Chile hay poca o ninguna ventaja, y en cambio para la UE esto sigue siendo un negocio redondo para sus exportaciones de automóviles, maquinarias y medicamentos y asegurar una matriz energética diferente y con electromovilidad. Los europeos verán alimentos del sur en su mesa, pero no querrán ver, en cambio,   los impactos de la extracción masiva del litio desde los salares ubicados en comunidades de pueblos indígenas, o del avellano europeo cultivado con plaguicidas peligrosos que generan cáncer y contaminación, o la celulosa y los monocultivos de palta que han secado y contaminado territorios de los pueblos a lo largo del país.  

La UE ha puesto sobre la mesa 24 propuestas con capítulos cuyos nombres son similares a los  del Tratado Transpacíifico, TPP11, y tratan dela protección de las inversiones, la solución de diferencias (controversias), la propiedad intelectual, y los obstáculos técnicos al comercio entre otros temas. Chile sólo presentó 8 propuestas. La UE reconoce en sus análisis que los beneficios serán “modestos” para la economía chilena. Y que existirán impactos en las pymes, las mujeres, sector rural, minería, construcción y turismo.

¿Nos traen trabajo?

Nos hablan de trabajo y desarrollo. Pero la  Fundación Sol estableció que el trabajo sólo existe al inicio de los proyectos,  y la curva cae junto con el patrimonio ecológico. A ello se sumará cada vez más la robotización, disminuyendo el empleo.  El 49,6% de la fuerza de trabajo en Chile ya se desempeña en zonas de sacrificio. La minería es el sector con más subcontratación y en las  actividades agrícolas, ganadería, silvicultura y pesca propiciadas por este tratado, la precarización es evidente: un 11,8% no tiene contrato de trabajo.

 ¿Cómo nos protegerán de los impactos?

En plena crisis ecológica planetaria, este tratado no incorpora ningún sistema de obligaciones para el inversor respecto de los impactos ambientales que genere y  de la consiguiente aceleración del calentamiento global y aumento de las emisiones. Sólo hay “paneles de expertos” si hay algún reclamo pero no contempla ningun mecanismo vinculante respecto de los derechos humanos ambientales y de la naturaleza. Hay un régimen global de impunidad corporativa del cual la UE se ha hecho parte.  Las y los Defensores del Territorio no son amparados por este tratado.

¿Cómo protegerán ellos sus inversiones?

De los  27 estados de la UE que son partes del Tratado, Chile ya tenía acuerdos bilaterales de inversión con 19 de ellos,  pero varios ya estaban vencidos. Este  acuerdo los renueva automáticamente.  Y los 27 estados podrán demandar a Chile en un sistema paralelo de Cortes de Inversiones, cuando se adopten normas o leyes que ellos consideren constituyen una expropiación directa o indirecta. Si se denuncia el tratado, la cláusula de salida permite a los inversores demandar por 20 años más a contar de ello.  

Teniendo presente que la Convención deberá discutir temas como la  desprivatización del agua (que puede afectar a la minería, el agronegocio y las forestales), la reforma de sistema de  pensiones, o la desprivatización de servicios públicos como la electricidad y el agua  y la estructura tributaria, entre muchos otros, queda al desnudo la intención de la visita de los legisladores europeos y la voluntad de Piñera de acelerar la firma de este y otros tratados.

El Sistema de Resolución de Controversias incorporado en el TPP, que era parte del tratado entre la UE y Estados Unidos, era altamente impopular, por lo cual la UE ideó un Sistema de Cortes de Inversión y lo vistió con un traje de seda. Pero es casi idéntico al sistema ya mencionado, que José Gabriel Palma llama “las Cortes Mickey Mouse”.  Está igualmente por encima de los tribunales nacionales e internacionales, y es un sistema paralelo que da más derechos a los inversores que los establecidos en las leyes europeas y de los países donde invierten.  Si  el inversor gana la demanda contra el Estado, deberá ser compensado por expropiación directa o indirecta al interferir con las legítimas expectativas de ganancia del inversor. Los  estados pueden legislar  como quieran, pero se tienen que atener a las consecuencias: podrán ser demandados.  

Los inversores europeos que están en Chile ya acumulan un historial de demandas en otros países: en las AFP está Plan Vital, del fondo Generali  de Italia que ya ha demandado a Panamá.  En el negocio del Agua está Secyr, empresa española que ya demandó a Panamá; en los servicios de electricidad ENEL es del grupo italiano Fortuna, que ya demandó en 2019 a Panamá por 11 millones de euros. Por su parte, Sodexo (servicios alimentarios), demandó a Hungría por expropiación indirecta, al perder la concesión de establecimientos penitenciarios. El Estado debió pagarle 73 millones de euros. Telecom (del cual es filial Movistar)  tiene historial de demandas con Argentina, México, y Colombia esta última por 394 millones de dólares por no renovarle la concesión.

Otras ventajas para la UE

Entre el 2003, fecha de inicio del Acuerdo, y el 2019,   el valor de las exportaciones de maquinarias de la gran empresa europea, subió de US$ 3.287 millones a US $10.856 millones, con un aumento anual del 7,7%. En medicamentos y agrotóxicos,  las exportaciones aumentaron en un 135%; en vehículos un 145%, y en maquinaria un 56%.

 

¿Habrá progreso con este nuevo TLC?

Chile en estos 20 años siguió exportando lo mismo a Europa: materia prima sin mayor valor agregado, de los sectores minero, frutícola, vitivinícola y forestal que representan el 90% de las exportaciones. Este tratado incorpora nuevas normas de propiedad intelectual que harán más difícil la producción oportuna de medicamentos genéricos y para enfermedades raras. El UPOV 91, convenio sobre la protección de los obtentores y privatizadores de la semilla, también contemplado en este tratado, amenaza la recuperación y protección de la semilla campesina porque facilita aun más el registro  (un tipo especial de patente) a los obtentores de las semilleras, y criminaliza el libre intercambio de semillas. Las normas del tratado favorecen el agronegocio de exportación, con uso intensivo de plaguicidas peligrosos y de semilla industrial y perjudican la agricultura familiar campesina e indígena y los cultivos agroecológicos, obstaculizando el camino para la soberanía alimentaria, tan necesaria en tiempos de crisis.  No incorpora normas de protección al ambiente y la salud que impidan a empresas como Bayer/Monsanto o Syngenta exportar a Chile agrotóxicos que están prohibidos en Europa. Contraloría ya ha hecho evidente que esto ocurre, y el tratado no lo impedirá, dañando entre otros seres vivos a las abejas, cuya población ha disminuido considerablemente por los monocultivos y efecto de los plaguicidas neonicotinoides producidos por Bayer entre otros.

¿Qué buscan? 

 Ya tienen arancel cero para el litio. Pero su punto es cambiar su matriz energética,  modificando el status de material estratégico del litio en Chile, que impide concesionarlo a extranjeros. Lograrían así una UE con electromovilidad en tanto que en Chile, visibilizado en la práctica como colonia proveedora,  las comunidades atacameñas serían expulsadas de su territorio por el  despojo del agua, en tanto que los salares y los ecosistemas serán destruidos.

¿Nos traen trabajo?

Nos hablan de trabajo y desarrollo. Pero la  Fundación Sol estableció que el trabajo sólo existe al inicio de los proyectos,  y la curva cae junto con el patrimonio ecológico. A ello se sumará cada vez más la robotización, disminuyendo el empleo. El 49,6% de la fuerza de trabajo en Chile ya se desempeña en zonas de sacrificio. La minería es el sector con más subcontratación y en las  actividades agrícolas, ganadería, silvicultura y pesca propiciadas por este tratado, la precarización es evidente:  un 11,8% no tiene contrato de trabajo.

¿Y el capítulo sobre las mujeres?

El Tratado se dirige a las mujeres en tanto empresarias, es sobre” Mujeres y Comercio” y no es vinculante.  Las trabajadoras no están. Las temporeras que trabajan en los packing del agronegocio  y cuyas comunidades están afectadas por cáncer, saqueo de sus aguas y contaminación, no son mencionadas acá. Las mujeres campesinas e indígenas tampoco.

Los empleos de los sectores abarcados en el tratado tienen una participación de mujeres no mayor del  24% (en el sector de agricultura),  y bajan hasta llegar a un 7%  en otros sectores.  Para las mujeres, los tratados de libre comercio sólo han traído mayor precarización y subcontratación, además de aumentar las tareas de cuidado, por los impactos en la salud de los plaguicidas peligrosos y el despojo de las aguas por diversos tipos de proyectos extractivistas.

 

José Luis Ysern Mensajero de la Liberación

_{por Lucía Sepúlveda Ruiz}

El padre José Luis Ysern,  ha partido hoy  en un último viaje desde Chillán,  a los 86 años.  Luego de visitar  España tiempo atrás, este “chileno nacido en Valencia” (en sus palabras)  intuyendo su fin, decidió retornar para  que allí concluyera su fecunda vida. Repaso ahora una parte de sus últimas homilías, que enviaba por correo cada semana, en palabras que resuenan con la fuerza de su mensaje de siempre: “Los pobres de Chile, más que los libros, me han enseñado que la fe proporciona una fuerza invencible. Lo puede todo, lo vence todo. Vence nuestros miedos y nuestros mecanismos de defensa y nos convierte en hombres nuevos y mujeres nuevas. Jesús no se desanima ante el "fracaso" sufrido en su pueblo y continúa su misión. Tú y yo revisemos la calidad de nuestra fe.” 

_{Todos vivimos momentos complejos en la tarea de alcanzar las metas planteadas. José Luis tenía una clave:   “En esta misión de liberación,  el fracaso es posible, puede ser que no nos quieran escuchar y nos digan que nuestro plan de fraternidad, justicia, igualdad, es una quimera utópica que no corresponde a la sociedad de hoy. No importa: seguiremos con nuestro testimonio de vida sencilla, sin arredrarnos y apoyándonos siempre en la comunidad”. Y eso fue su vida, en rigor, una vida del todo diferente a la de curas y miembros de jerarquía actual  mencionados algunos en las noticias como abusadores sexuales o cómplices   y otros acomodados con el sistema, que   no levantan la voz ante la violencia sistemática de los derechos humanos que hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante.}

_{José Luis,  padrino de mi hija Eva María, es una  figura central en mi historia y formación como joven parralina, así como en la de centenares de jóvenes de por lo menos cinco  generaciones de Chillán,  a quienes contribuyó incluso en estos, sus últimos años,  a formar  en una visión de servicio a la comunidad y de búsqueda de la felicidad como un objetivo ligado siempre a lo colectivo y social. Estuvo siempre ligado a las y los jóvenes o a los marginados, y su vocación sacerdotal fue totalmente inclusiva en su desempeño, llegando a distintos sectores sociales.}

_{Lo conocí como estudiante secundaria, padeciendo  la vida de internado en el Instituto Santa María a fines de los años sesenta. Ese colegio de monjas alemanas de Chilllán,  fue su primera destinación como docente. El era  parte de un grupo de curas españoles que aceptaron la invitación de ejercer en Chile sus  tareas. En el colegio, su figura fue la antítesis de la rigidez establecida por las monjas, respecto de cómo entender la religión, la vida, y las relaciones humanas, basadas siempre en el respeto de la diversidad de opiniones.    Fundó la Juventud de Estudiantes Católicos,  que en nuestro colegio fue una organización no autorizada, prácticamente clandestina. Al misionar junto al cura  en territorios rurales, muchas de las niñas de entonces  salimos también de la burbuja para conocer mundos, pobrezas y precariedades que habían estado fuera de nuestra mirada.}

_{Con paciencia infinita y una generosidad notable, José Luis guió mi rebeldía adolescente  y sin duda la de muchos y muchas, volcando mi mirada y mi ser hacia los demás, hacia la pobreza, la enfermedad, la soledad o el dolor.  Fue la semilla necesaria para entender más tarde la teología de la liberación y orientarme hacia las comunidades cristianas en mis años universitarios y también la base de mi compromiso posterior con el socialismo y el MIR.   Ha sido mi más importante maestro en este largo camino recorrido.}

_{Bautismo secreto en la Catedral}

_{En tiempos de dictadura, cuando muchos optaban por  eludir toda vinculación con la resistencia,  retomamos el contacto y la amistad, y no vaciló en apoyarme cuando solicité en 1980  su ayuda para poder “legalizar” a mi hija, que no estaba inscrita en el Registro Civil debido a que su padre, Augusto Carmona, dirigente del MIR  y yo éramos buscados. Tras el asesinato de Augusto el 77 por la CNI, yo no contaba con ningún documento legal para probar la filiación de Eva María y su existencia legal, lo que la colocaba en total vulnerabilidad si yo caía detenida. José Luis no dudó y junto con bautizar a Eva María en una ceremonia emocionante (y privada) en la Catedral de Chillán,  inscribió en su certificado de bautismo los nombres de Augusto,  y el mío, y los guardó en un archivo especial del Obispado. ¡Además, fue el padrino!  También lo hizo posteriormente con la guagua de otro compañero.  Suena como algo sencillo pero en el contexto de dictadura, eran  gestos de compromiso notable con los perseguidos. Tal como nos apoyó y alentó, lo hizo con las madres y esposas de detenidos desaparecidos y ejecutados de Ñuble, arriesgando su seguridad y colocándose en el ojo del huracán de una ciudad conservadora cuyos mandos eclesiásticos no compartían su visión amplia de la misión cristiana como un servicio y su opción preferencial por los pobres.  En esos años fue capellán de la Cárcel de Chillán y muy cercano a la Vicaría de la Solidaridad local, que estaba a cargo del padre Raúl Manríquez. Con ambos compartí  relajados almuerzos y sobremesas de mucha amistad y relevancia en esos tiempos difíciles.}  

_{Posteriormente, el año 85, José Luis fue prácticamente “relegado” por la jerarquía al Seminario de Concepción,  interrumpiéndose su labor de formación con los jóvenes universitarios que realizaba en la entonces sede Ñuble de la Universidad de Chile, hoy  Universidad del  Bío-Bío. Hasta esas aulas había llegado su palabra liberadora  como docente de la Facultad de Educación y Humanidades, donde contribuyó  a la  formación de diversas generaciones,  cada vez con mayor especialización como sicólogo. A lo largo de los tiempos,  él permaneció fiel al mensaje de  una iglesia ligada al pueblo y fiel a los pobres,  y tras doctorarse en sicología en la U de Salamanca,  fue el año 2006 el primer director de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bío-Bío  en Chillán,  que lo nominó en 2013 como profesor Emérito.}   

_{Muy conectado con los desafíos del presente, señalaba asimismo en noviembre de 2020:  “…Vivimos además un momento clave de desafío sociopolítico especial ante el proceso constituyente que ahora nos ocupa. Los cristianos hemos de estar a la altura de las circunstancias y responder en forma inteligente, valiente y creativa, a las exigencias del momento. Hemos de ser los primeros en promover los cambios que sean necesarios para que los pobres, migrantes, cesantes, enfermos, ancianos, escolares, etc. sean atendidos como merece su sagrada dignidad.”}

 

 

Indignación global por plan de FAO de aliarse con CropLife Int. = Bayer/Monsanto, Syngenta y otras

Hoy 19 de noviembre, cientos de organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas interpelaron a esta agencia de las Naciones Unidas, demandando que renuncie a su alianza anunciada con Crop Life International. 350 organizaciones de 63 países que representan a cientos de miles de agricultores, pescadores, trabajadores agrícolas y otras comunidades, así como instituciones de derechos humanos, religiosas, de justicia ambiental y económica, entregaron una carta al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Qu Dongyu instándole a detener los planes anunciados recientemente para profundizar la colaboración con CropLife International.

CropLife es una asociación comercial internacional que representa los intereses de las empresas productoras y promotoras de los plaguicidas, incluyendo aquellos que son altamente peligrosos (PAP o HHPs por su nombre en inglés). Según la carta, los PAP “son responsables por un amplio rango de devastadores daños a la salud de agricultores, trabajadores rurales y familias campesinas de todo el mundo” y estas sustancias químicas han “diezmado las poblaciones de polinizadores y también están causando estragos a la diversidad y los frágiles ecosistemas”.

“Esta alianza propuesta es profundamente inapropiada y sabotea directamente los objetivos de FAO de apoyar sistemas alimentarios que sean saludables, resilientes y productivos al tiempo que se salvaguarda la sostenibilidad del medio ambiente”, dice Sarojeni Rengam, directora de Pesticide Action Network (PAN) Asia Pacífico. “El propósito de CropLife, por otro lado, es abogar por el uso continuo de los plaguicidas que venden sus miembros. Estas soluciones químicas peligrosas y anticuadas plantean obstáculos mortales para la transición que se necesita con urgencia hacia enfoques innovadores e intensivos en conocimientos ecológicos para la agricultura “.La Sra. Rengam entregó la carta hoy en nombre de PAN International, otras diez organizaciones y redes copatrocinadoras y cientos de signatarios.

La carta destaca un análisis reciente de los archivos de la industria el cual establece que sus compañías miembros: CropLife, Basf, Bayer Crop Science, Corteva Agriscience, FMC y Syngenta, generan más de un tercio de sus ingresos vía las ventas de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), que son los plaguicidas más dañinos para la salud de los seres humanos y el ambiente. La proporción de ventas de PAP es aún más alta en los países en desarrollo, según denuncia la carta, lo que no ocurre en aquellos países cuyas regulaciones de seguridad son a menudo menos robustas y los daños a la salud de seres humanos y el ambiente son mayores.

“Muchos de nuestros niños yaquis han muerto y sufrido discapacidades de por vida por la exposición a plaguicidas tóxicos que fueron prohibidos por los países que los exportaron para ser utilizados en nuestros territorios”, dijo Mariano Ochoa Millán, ex miembro de la Junta del Consejo Internacional de Tratados Indios de Rio Yaqui Sonora, México. Millán, quien falleció por COVID-19 el 31 de agosto, hizo esta declaración en respuesta a la declaración del 9 de julio de 2020 del Relator Especial de la ONU sobre Tóxicos en la que pedía a las naciones ricas que detuvieran la práctica de exportar pesticidas prohibidos. Muchas de las empresas miembros de CropLife son firmes defensores de esta práctica.

La carta tuvo el patrocinio conjunto de una importante cantidad de organizaciones internacionales y redes globales de amplia base: La Alianza Africana por la Soberanía Alimentaria, (Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA), el Centro por una Legislación Ambiental Internacional (Center for International Environmental Law,CIEL); FIAN Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, Friends of the Earth International), el Instituto para Políticas de Agricultura y Comercio (Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP), el Consejo Internacional de Tratados Indios (International Indian Treaty Council, IITC), la Red Internacional por la Eliminación de Contaminantes International (Pollutants Elimination Network IPEN), Asociaciones Internacionales de Sindicatos de Alimentación, trabajadores rurales, de la hotelería, restoranes, catering, tabaco y sindicatos unidos (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations IUF), la Red de Acción en Plaguicidas Internacional, (Pesticide Action Network PAN), Ojo Público Internacional (International, Public Eye) y Red del Tercer Mundo (Third World Network).

Marcia Ishii, científica senior de PAN Norteamérica, explicó las serias implicaciones de la colaboración propuesta: “La decisión de la FAO de iniciar una asociación formal con CropLife es una mala noticia para los millones de agricultores cuya salud y sustento han sido devastados por los plaguicidas altamente peligrosos fabricados por empresas miembro de CropLife.”

Desafortunadamente, desde la llegada del Sr. Qu a la FAO, la institución parece estar abriéndose a una colaboración más profunda con las empresas de plaguicidas, que probablemente explotarán esa relación para hacer un lavado de imagen, influir en el desarrollo de políticas y mejorar el acceso a los mercados mundiales. No es de extrañar que la Directora General Adjunta recientemente nombrada por la FAO, Beth Bechdol, llegue a la FAO con un historial de estrechos vínculos financieros con Corteva (anteriormente Dow / DuPont), un miembro de Croplife con sede en el estado natal de Bechdol, Indiana, EE. UU.

Un grupo internacional de 286 científicos e investigadores también están expresando su preocupación por la alianza anunciada, entregando una carta al Director General Q hoy, e instándole a no profundizar la colaboración con CropLife.

Shiney Varghese, analista senior de políticas del Instituto de Política Agrícola y Comercial, señala que, si bien la FAO dice que quiere minimizar los daños de los plaguicidas en todo el mundo, los miembros de CropLife obtuvieron más de un tercio de sus ingresos de la venta de plaguicidas altamente peligrosos en 2018. “En el contexto de esta asociación propuesta entre la FAO y CropLife, lo que es aún más importante es que muchas de esas ventas se realizaron a agricultores de países de ingresos bajos y medios como Brasil, India y Tailandia, mientras que solo el 27 por ciento se realizaron en países de ingresos altos. No es sorprendente que CropLife International quiera tener una asociación, pero ¿por qué la FAO querría poner en riesgo a estos países de ingresos bajos y medianos? “

“Necesitamos una FAO fuerte, independiente de la industria de plaguicidas y libre de los intereses de mercado de las corporaciones globales, comprometida con alimentos seguros y saludables y sistemas agrícolas sostenibles para el beneficio de todas las personas”, dice Susan Haffmans de PAN Alemania. Con este compromiso con la agroecología, la FAO se ha embarcado en este camino sustentable. La FAO no debe poner en peligro sus éxitos en agroecología ni su integridad cooperando precisamente con esa rama de la industria que es responsable de la producción de plaguicidas altamente peligrosos y cuyos productos contribuyen a envenenar a las personas y su entorno en todo el mundo “.

“En América Latina, necesitamos políticas que apoyen la eliminación gradual de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y la ampliación de la agroecología. La asociación propuesta entre la FAO y CropLife socavaría este objetivo “, dijo Fernando Bejarano, coordinador de la Oficina de IPEN para América Latina y el Caribe, quien ha supervisado varios informes sobre la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en países de la región.

Nuevas incógnitas de una Fake News del año 75: la Operación Colombo

Mina Antequera y Magdalena Navarrete (foto de Amenie Calderón) 

Mina es  madre de Juan Carlos y Jorge Elías Andrónico Antequeras, y Magdalena, lo es  de Sergio Ruiz Navarrete. Junto al colectivo 119 Familiares y Amigos, ellas han  dedicado su vida a la búsqueda de justicia. Mina falleció este 31 de octubre, sin que llegara la esperada sentencia judicial . Dedicó la mitad de su vida, 45 años a buscar a sus hijos y lograr justicia. Sólo hay 67 sentencias impartidas, y no se ha recuperado ningún cuerpo de las y los 119.  A ella y a todas las madres, dedico esta investigación que resalta el nefasto rol de la justicia chilena, con sentencias tardías o inexistentes. Este artículo fue publicado por primera vez por CIPER, el 21 de octubre pasado. 

La Operación Colombo incluyó un elaborado montaje periodístico para ocultar la desaparición de 119 opositores a la dictadura. Una noticia falsa publicada en una revista argentina creada especialmente para ese fin y en un diario brasileño que reapareció solo para difundir esa información, indicaba que las víctimas habían sido ajusticiadas por sus compañeros. La nota fue reproducida por Agencia UPI, La Tercera, El Mercurio y La Segunda. En este reportaje que publica CIPER se hace un detallado recuento de los avances de la investigación en materia de condenas. Solo 64 casos cuentan con sentencias definitivas. En los últimos dos años la Corte Suprema apenas dictó nueve fallos. Quedan 55 casos pendientes y, de ellos, en 11 no ha habido movimiento judicial alguno.

En julio de 2020 se cumplieron 45 años de la “Operación Colombo”, la brutal operación de fake news ideada y ejecutada por la DINA, la policía secreta de Pinochet, para encubrir el asesinato y la desaparición de 19 mujeres y 100 hombres, la mayoría jóvenes, todos los cuales integraban la resistencia a la dictadura. El montaje mediático que se armó con la lista de 119 personas -detenidas entre mayo de 1974 y febrero de 1975- aseguraba que todos ellos habían muerto en diversos países del extranjero, asesinados entre ellos mismos por rencillas internas. Con esa operación de inteligencia se apuntó a enlodar a la izquierda e infundir terror a quienes continuaban resistiendo.

Esa información falsa fue publicada en la revista argentina “Lea” y el diario “O Dia” de Brasil, creada la primera y hecha reaparecer la segunda especialmente para este fin, y reproducida por la Agencia UPI. Además, esas publicaciones fueron precedidas de una serie de artículos que daban cuenta de un supuesto avance de guerrilleros desde Argentina hacia Chile y anuncios sobre muertes de chilenos izquierdistas en el exterior. Era el clima necesario para hacer “creíble” la noticia de que todos esos ciudadanos a quienes en Chile se denunciaba en tribunales como detenidos por los servicios represivos de la dictadura, eran en realidad guerrilleros que se asesinaban entre ellos mismos.

El 19 de julio de 1975, el diario La Tercera publicó un despacho de la UPI con el título: “Entre ellos se eliminan los extremistas chilenos”. El artículo mencionaba la muerte en Francia “hace unas semanas” (9 de junio 1975) del conocido periodista Eugenio Lira Massi, ex redactor del diario Puro Chile, quien “sería una de las víctimas” de vendettas de la izquierda, según la revista Lea, citada por la Agencia UPI.

 

Cuatro días después (23 de julio), El Mercurio publicó la primera lista parcial de los nombres que conocemos ahora con el encabezado: “Identificados 60 miristas asesinados”. En la bajada se leía: “Ejecutados por sus propios camaradas”. En tanto, La Segunda, ideó un escalofriante titular de portada que publicó el 24 de julio de 1975: “Exterminados como ratas”, lo que fue acompañado de una nota que agregó otros 59 nombres.

La “Operación Colombo” fue, en rigor, la antesala de la “Operación Cóndor”, la criminal alianza de las dictaduras latinoamericanas para eliminar opositores más allá de sus fronteras. En ese contexto fueron asesinados el general Carlos Prats y su señora Sofía Cuthbert, en Argentina; y el ex canciller Orlando Letelier junto a la investigadora Ronnie Moffit, en Washington (Estados Unidos), así como los dirigentes del MIR Edgardo Enríquez y Jorge Fuentes, entre otros militantes comunistas y del progresismo.

En cuanto a la “Operación Colombo”, la batalla por la memoria ha restablecido la verdad histórica y hoy es claro que fue un montaje de la DINA. Pero sigue pendiente la verdad judicial. Solo 64 de los casos cuentan con sentencias definitivas emitidas por la Corte Suprema que, en lugar de abordar este episodio criminal como un montaje, decidió hacerlo caso a caso para la mayoría de las víctimas involucradas. Así, selló una práctica de justicia tardía, desigual e ineficiente.

La excepción la constituye la causa principal de la “Operación Colombo”, un cuaderno caratulado “Francisco Aedo y otros”, que investiga 33 secuestros y está aún detenido en la antigua Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. En ningún caso de los ya fallados la justicia chilena ha reconocido que se trata de delitos perpetrados por una organización criminal, una asociación ilícita, incluso de tipo internacional, un agravante legal a la hora de fijar las penas.

PRESCRIPCIÓN Y SENTENCIAS TARDÍAS

En la lógica de la impunidad que ha marcado al país desde el inicio de la transición, nunca hubo confesiones de los criminales ni de sus cómplices que permitieran encontrar los restos de los 119 desaparecidos. En 2009, la Corte Suprema aplicó la prescripción, absolviendo a todos los perpetradores del secuestro y desaparición de Jacqueline Binfa (28 años, estudiante de Trabajo Social, militante del MIR).

En 2016, en el juicio por el secuestro de Rodolfo Marchant (PS, dirigente sindical de la Empresa Nacional de Frigoríficos, Enafri), no hubo condenados. La sentencia absolvió a Pinochet y al ex director de la DINA, Manuel Contreras, por haber ambos fallecido. Y Marcelo Moren Brito, el único de los enjuiciados por el secuestro de Marchant vivo en 2015, murió cuando iba a ser notificado de la sentencia.

Entre los años 2008 – 2013, según el abogado de DD.HH. Francisco Bustos, el 75% de las condenas en materia de Derechos Humanos fueron penas remitidas (sin prisión efectiva), por aplicación de la media prescripción lo que, en los hechos, significó rebajar condenas a los criminales.

Las consecuencias de dicha impunidad se evidenciaron masivamente a partir del estallido social, en la práctica sistemática de la mutilación y la tortura por agentes del Estado en las manifestaciones. Ello, sumado a la violencia político-sexual ejercida contra mujeres, y el negacionismo oficial sobre las violaciones a los derechos humanos, mostró la huella letal dejada por la impunidad.

 

Figura de Bárbara Uribe, 2005. 

ÚLTIMOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA

Entre julio del 2018 y julio del 2020, la Corte Suprema solo dictó nueve fallos relativos a la llamada “Operación Colombo”. Lo hizo respecto de los secuestros y desapariciones de María Angélica Andreoli, María Cristina López y Bárbara Uribe, a los que se agregan los casos de Miguel Ángel Acuña, Arturo Barría, Bernardo de Castro, Vicente Palominos, Edwin van Yurik y Héctor Zúñiga Tapia, cuyos perfiles detallamos más abajo.

Como están pendientes 55 casos, a este ritmo, si tomáramos una media generosa de cuatro sentencias por año, los juicios concluirían con criminales absueltos por muerte y después del fallecimiento de madres y familiares directos de los desaparecidos. Puede ocurrir que estemos ante una espera sin fin, porque hay 11 casos en la más completa impunidad, sin movimiento judicial alguno.

Quizás, para compensar la denegación de justicia, en este último tramo las sentencias han sido algo más contundentes y, salvo en el caso del profesor Barría, no validaron el truco de la prescripción en estos delitos de lesa humanidad.

Por el secuestro y desaparición de María Cristina López, la plana mayor de la DINA, encabezada por los ex oficiales de Ejército Pedro Espinoza, César Manríquez y Miguel Krassnoff, fue sentenciada a 15 años; en tanto, por haber hecho desaparecer a María Angélica Andreoli, recibieron 13 años Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga (jefe del Departamento Exterior de la DINA). A ese trío de victimarios hay que sumarle similar condena por los secuestros de Vicente Palominos y de Miguel Ángel Acuña. En cambio, por los secuestros de Bárbara Uribe y Edwin van Yurik, así como por los de Héctor Zúñiga y Bernardo de Castro, las penas para la plana mayor de la policía secreta de Pinochet fueron solo de 10 años de prisión; y por el secuestro del profesor Barría, apenas 6 años y un día.

El fallo contra Krassnoff, Nelson Paz y César Manriquez (10 años) y Ricardo Lawrence (5 años y 1 día), como responsables del secuestro y desaparición de Bárbara Uribe, establece que “se encuentra justificado en el proceso que dentro de los apremios de que fue objeto, se ejerció en diversas oportunidades violencia de índole sexual en su contra”, diferenciando ese delito de la tortura, también mencionada. Es la primera vez que el delito de violencia sexual se menciona en una sentencia de la Corte Suprema.

Sin embargo, en la causa de María Angélica Andreoli, quien fue violada, torturada y hecha desaparecer después de estar prisionera en Londres 38, solo fueron condenados a 13 años los jefes de la DINA, siendo absueltos Ricardo Lawrence (oficial de Carabineros, jefe de los grupos “Águila” y “Caupolicán”), Risiere del Prado y Gerardo Urrich (quien acaba de fallecer por Covid-19 en Punta Peuco), reconocidos criminales e identificados en la causa como cómplices o autores por el ministro en visita Hernán Crisosto.

Si bien el juez investigó acuciosamente toda la red y la participación de todos los agentes en los delitos, la Corte Suprema adujo que estos “no confesaron y señalan no haberla conocido” (a María Angélica Andreoli), un razonamiento contradictorio con centenares de condenas anteriores de perpetradores, ya que son casi inexistentes los criminales que han aceptado conocer a alguno de los desaparecidos.

Los jueces aplican un criterio de presunción, perfectamente legal según el sistema penal vigente para los casos de Derechos Humanos, donde son ellos quienes dirigen las investigaciones. Los criminales siempre declaran haber sido “analistas” o “guardias”, jamás torturadores. Esta jurisprudencia es contraria a la aplicada por la justicia en Alemania para centros de exterminio nazi, donde se entendió que todas las personas que allí laboraron eran fundamentales y prestaron labores de apoyo para cumplir los hechos que se persiguen.

María Cristina López 

TARDÍA JUSTICIA PARA 9 DE LOS 119

María Angélica Andreoli Bravo fue detenida en su casa de calle Bilbao, el 6 de agosto de 1974, traicionada por una ex compañera convertida en delatora (Marcia Merino). Tenía 27 años y hasta el Golpe de Estado estudió para ser nutricionista en la Universidad de Talca. Después, interrumpió sus estudios y entró a trabajar de secretaria en Sigdo Koppers. Fue miembro del equipo de apoyo a la Comisión Política del MIR, y a Miguel Enríquez, su secretario general. Los agentes la llevaron a la cárcel secreta de la DINA ubicada en Londres 38, donde otras prisioneras escucharon su voz por varios días, resistiendo.

María Cristina López Stewart, 21 años, estudiante de Historia en el Pedagógico de la U. de Chile y militante del MIR, fue detenida el 22 de septiembre de 1974, durante el operativo que desplegó la DINA para apresar a Miguel Enríquez. La joven estudiante, de cabellos color miel y pequeña estatura, dirigía una parte de la estructura de informaciones del MIR y durante el gobierno de la UP le correspondió gestionar la búsqueda, recolección y sistematización de datos relacionada con los movimientos golpistas de algunos sectores políticos, así como de uniformados.

A sus 16 años, María Cristina escribió en su diario de vida: “Yo no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a dejar de vivir”. Estudió en el Liceo 7, donde hizo amistades entrañables. Leía, estudiaba, escuchaba a Los Beatles y jugaba con su perrita Jenny. Su rebeldía y su búsqueda de igualdad de derechos la llevaron a negarse a asistir a la graduación al fin de sus estudios secundarios. ¿La razón?: algunas de sus compañeras no podrían asistir por no poder costear el traje para la ocasión. El juez Juan Guzmán inició en 2004 la investigación de su secuestro, pero la sentencia final llegó sólo en 2020.

Bárbara Uribe Tamblay tenía 20 años cuando fue detenida el 10 de julio de 1974, el mismo día que su marido, Edwin van Yurik, con quien se casó en diciembre del ’73. Estudió en los liceos 7 de Niñas y 9 de Macul y allí luchó por todas las causas justas, egresando el ’72. Lo de Bárbara y Edwin fue amor a primera vista: se conocieron en el local de la Federación de Estudiantes Nocturnos, como activos miembros del FER, estructura estudiantil ligada al MIR y ella tomó la iniciativa. Emotiva, sensible, le gustaba la música y el canto y le aburrían las lecturas pesadas. Muy bella, le aconsejaron ser modelo, pero optó por hacer un curso de secretariado. Ingresó al MIR tras participar en los trabajos voluntarios en apoyo al movimiento campesino y obrero en Talca. Trabajó políticamente en los campamentos de  Nueva Habana y Lo Hermida donde se esforzó por ayudar a los perseguidos, pero en ese último campamento conoció de cerca al entonces dirigente poblacional Osvaldo Romo, quien después del Golpe se reveló que era un agente de la DINA. Romo fue quien la detuvo y vejó. Ni Romo ni Basclay Zapata, otro de sus violadores, cumplen sentencia: murieron antes de que se emitiera el fallo. Bárbara y Edwin permanecen desaparecidos y unidos para siempre.

Miguel Ángel Acuña, 19 años, ex dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), fue detenido el 8 de julio de 1974. Tras ser hecho desaparecer, fue objeto de una segunda fake new. Orlando Manzo Durán, oficial de Gendarmería (ya muerto) quien también fue agente de la DINA, utilizó bajo tortura a un joven que tenía el mismo nombre y apellidos de Miguel Ángel y que fue detenido en 1975 en Temuco, para hacerlo firmar un documento diciendo que él había salido a Argentina y regresado. Es decir, no estaba detenido ni en condición de desaparecido. La madre de Miguel Ángel Acuña informó entonces en tribunales que recibió una carta oficial diciendo que su hijo había sido liberado. Cuando ella acudió a la dirección que le había informado su hijo en que se encontraba, constató que Miguel Ángel seguía desaparecido, pues se trataba de otra persona que tenía el mismo nombre.

En julio de 2002, la Corte de Apelaciones confirmó los procesamientos dictados por la jueza María Inés Collin contra los perpetradores, pero la sentencia final llegó con 18 años de retraso, cuando Contreras, Moren Brito y Romo ya estaban muertos, y Manzo -aunque nunca fue inculpado- también había fallecido.

Arturo Barría tenía 38 años, era comunista, docente y dirigente gremial.  Profesor de música en el Liceo Darío Salas, era concertista en piano y docente universitario. Fue detenido el 27 de agosto de 1974 junto a su alumno de cuarto medio, Roberto Meneses y otras profesoras del mismo liceo, tras participar en el funeral de un estudiante donde junto a los asistentes cantó La Internacional y gritó consignas. Prisionero en Tres Álamos, protegió al joven estudiante detenido y formó un coro para alentar a los presos. El periodista Mario Aguilera, quien sobrevivió a la cárcel y a la tortura, relató en su declaración judicial que el 12 de septiembre el profesor cantó el Ave María de Schubert en homenaje a las Marías detenidas. El salón de actos del aguerrido Liceo Darío Salas lleva el nombre de su profesor de música. La investigación de su desaparición la desarrolló el ministro en visita Hernán Crisosto, quien condenó a un grueso número de perpetradores, pero el fallo final cambió radicalmente la sentencia.

Bernardo de Castro, 36 años, dibujante técnico de profesión, fue detenido el 14 de septiembre de 1974. Descrito por uno de sus tres hijos como “militante del PS/MIR, artista, dirigente sindical, locutor radial y jugador de fútbol”, pocos días antes de su detención sus compañeros habían lanzado volantes con la imagen del presidente Allende. Bernardo los había dibujado y luego él mismo había hecho la matriz para su reproducción. La investigación de su detención y desaparición la inició el juez Juan Guzmán en 2004 y solo tuvo el fallo definitivo 16 años después.

Edwin van Yurik tenía 20 años, estaba casado con Bárbara Uribe, de quien era su “polo opuesto”. La amaba profundamente. Descrito por uno de sus compañeros como “tranquilo, reflexivo, comprometido, de lo mejor del MIR del Manuel de Salas”, militaba en la estructura de informaciones. Fue detenido el 10 de julio de 1974, presumiblemente cerca de Irarrázaval. Llevado inicialmente a la cárcel secreta de la DINA de Londres 38, luego lo trasladaron a otra cárcel secreta: Villa Grimaldi. Allí, como resistía la tortura y se negaba a delatar a sus compañeros, le pasaron una camioneta por encima de sus pies. Las heridas no sanaban y debieron amputarle una de sus piernas. El horror no terminó allí. Debió presenciar la violación de su esposa Bárbara por el agente Basclay Zapata (el “Troglo”) y, según su hermano – testigo, porque sobrevivió-, Edwin los escupió con la propia sangre que brotaba de su cuerpo por los golpes recibidos.

Héctor Zúñiga Tapia tenía 27 años, era casado y tenía una hija. Había estudiado Química y Farmacia en la Universidad de Concepción, pero tras el golpe se vino a Santiago. Vivía en la Villa Kennedy, en la casa de su hermano. Fue detenido el 16 de septiembre, el mismo día que su amigo Vicente Palominos, 30 años, profesor de Química, exonerado de la Universidad de Chile. Ambos eran del MIR y con sus conocimientos lograron armar un taller de fotografía con el que hacían cédulas de identidad para los militantes clandestinos. También reproducían documentos en microfilms, con orientaciones para el trabajo político de la resistencia.

En el campo de concentración de Cuatro Álamos, destinado a los incomunicados, ellos compartieron la pieza N° 13, tras haber pasado por el centro de detención y tortura de José Domingo Cañas. Los sobrevivientes de ese campo han declarado que a Héctor y Vicente los apodaron “los matemáticos”, pues les hacían clases a los detenidos. La investigación de estos dos casos la inició el juez Juan Guzmán Tapia quien en 2004 encargó reos a 16 oficiales en retiro por estos y otros secuestros. Pero la sentencia final demoró 16 años en llegar.

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Bernardo de Castro 

SENTENCIAS DE LA CORTE DE APELACIONES

En los dos últimos años la Corte de Apelaciones de Santiago dictó otras 18 sentencias por los secuestros y desaparición de María Inés Alvarado, Carmen Bueno, Rubén Arroyo, Francisco Bravo, Juan Chacón, Darío Chávez, Martín Elgueta, Héctor Garay, Néstor Gallardo, Isidro Labrador, Eduardo Lara, Zacarías Machuca, Juan Carlos Perelman, Teobaldo Tello, Enrique Toro, Rodrigo Ugas, José Villagra y Humberto Ziede.

En estos mismos dos años se han mantenido varadas en la Corte de Apelaciones de Santiago las sentencias emitidas por la detención, torturas y desaparición de Sonia Bustos, Víctor Arévalo, Bladimir Arias, Modesto Espinoza, Antonio Cabezas, Carlos Gajardo y Carlos Pérez V.

SIN SENTENCIAS NUEVAS DE PRIMERA INSTANCIA

Entre 2018 y 2020 no se dictó ninguna sentencia de primera instancia para hacer justicia con las víctimas de la “Operación Colombo”. Están a la espera de su revisión por la Corte de Apelaciones, 18 sentencias de primera instancia dictadas entre 2017/2018 y que se refieren al secuestro y desaparición de: Cecilia Castro, Francisco Aedo, los hermanos Juan y Jorge Andrónico Antequera, Jaime Buzio, Mario Calderón, Roberto Chaer, Rodolfo Espejo, Albano Fiorasso, Luis Fuentes, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Alejandro Olivares, Pedro Poblete, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes y Gilberto Urbina. (Nota de la autora: el 1 de Noviembre de 2020,  falleció la madre de los hermanos Andrónico, sin tener siquiera una sentencia de primera instancia por el doble secuestro y desaparición).

En las demandas por los secuestros de Ariel Salinas y Gary Olmos hay acusación formulada en 2017, pero no hay sentencia. Entre los casos que desde 2018 tienen hechores procesados, pero sin acusación, están: Asrael Retamales, Jorge Antonio Herrera y Sergio Lagos. Sin procesados está el caso del albañil de Las Rejas Sur, Eduardo Alarcón. Y en la impunidad total permanecen los secuestros y desaparición de Violeta López (secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile), Juan Bautista Maturana (comerciante), Edgardo Morales (dirigente sindical de la Corporación de Mejoramiento Urbano CORMU), Leopoldo Muñoz (futbolista del barrio Lo Valledor), Ramón Núñez (estudiante de la ex UTE hoy USACH) y Carlos Salcedo (estudiante de Sociología).

Las sentencias que aquí se informan se han logrado por el trabajo de los abogados de Derechos Humanos y la constante presión y movilización del “Colectivo 119” integrado por familiares y compañeros de las víctimas, junto a otras organizaciones de Derechos Humanos que han impactado positivamente en el Poder Judicial, forzándolo a nominar ministros especiales encargados de las causas de Derechos Humanos. Pero la impunidad sigue hoy y en el horizonte y no solo por los criminales que han sido liberados desde Punta Peuco.

LOS “PAPERS” DE LA DINA

La “Operación Colombo” aun esconde muchos secretos. De hecho, permanecen en la impunidad otros crímenes asociados según consta en los únicos “papers” de la DINA conocidos hasta ahora, descubiertos en Buenos Aires, como recordó  la periodista Mónica González en julio pasado en el conversatorio “45 años de la ‘Operación Colombo’. Discusiones desde la actualidad”. En esa actividad fue organizada por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho y la Facultad de Filosofía de la U. de Chile. Fui una de las panelistas,  junto al abogado Francisco Bustos, la académica Carla Peñaloza y la periodista Mónica González, quien trabajó como periodista de investigación en dictadura en las desaparecidas revistas Cauce y Análisis. En el conversatorio,  Mónica rememoró sus hallazgos del año 1986 en Argentina.

Investigando el asesinato del General Prats, encontró un expediente judicial del que fuera jefe de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel (asesinado en esa ciudad en abril de 2011) y que prueban cómo se gestó la “Operación Colombo” y su participación en ella. Mónica González logró – “por majadera” según su testimonio – que un juez transandino le diera acceso al Archivo Judicial donde se conservaban tres cajas de documentos que se le incautaron a este agente al ser detenido y acusado de espía el 4 de noviembre de 1978, durante el grave conflicto limítrofe entre ambas dictaduras.

Estos son los únicos archivos secretos de la DINA conocidos hasta ahora. Arancibia Clavel había conservado esos documentos como garantía de autodefensa ante la justicia argentina: para demostrar llegado el momento que no era un espía, sino un importante eslabón en la colaboración de los servicios de Inteligencia de ambos países para “eliminar disidentes”. Allí hay notas a mano y otras que describen desde su inicio la “Operación Colombo”, algunas escritas a mano por el general (r) Raúl Iturriaga Neumann, hoy preso en Punta Peuco y aspirante a ser liberado. Un peritaje caligráfico determinó la autoría de Iturriaga respecto de esas notas.

Arancibia Clavel (Luis Felipe Alemparte era su chapa en la DINA) declaró a las autoridades argentinas que se contactó con el entonces mayor Iturriaga en junio de 1975. Los documentos que Mónica descubrió y grabó en ese juzgado bonaerense, fueron solicitados en 1992 a la justicia argentina por el ministro instructor de la Corte Suprema chilena, Adolfo Bañados, e incorporados en el proceso por el asesinato del Orlando Letelier para ilustrar las conexiones internacionales de la DINA.

En esos documentos hay listas de desaparecidos que incluyen algunos nombres y cédulas de identidad de personas que no figuran en la Lista de los 119.  En el conversatorio de julio pasado, Mónica González reveló que incluso en estos días, está declarando ante la justicia argentina por casos relacionados con fotos de víctimas mencionadas en el marco de la “Operación Colombo” que hasta hoy no han sido identificadas, y cuyos cuerpos aparecieron quemados en Argentina.

Un proceso abierto recientemente busca identificar a los responsables de la desaparición y muerte de dos jóvenes socialistas, Jaime Robotham (que sí figura en la lista de los 119) y Claudio Thauby (mencionado en los DINA papers). Familiares de ambos, hoy jóvenes abogados, son quienes abrieron estos procesos.

La “Operación Colombo”, según los archivos de la DINA en poder de Enrique Arancibia Clavel, se inicia con maniobras para encubrir el asesinato y desaparición del ingeniero comunista David Silbermann, gerente general de Chuquicamata durante el gobierno de Allende (quien no figura en la lista de los 119).

En una de las listas en poder del agente DINA, Arancibia Clavel, figuran los nombres de 21 detenidos desaparecidos, entre ellos el de mi prima, Marcela Soledad Sepúlveda Troncoso. Su nombre no figura en la lista de los 119 pero su secuestro y desaparición, obra de Osvaldo Romo entre otros, permanece hasta hoy en la más absoluta impunidad.

Marcela Sepúlveda tenía 18 años cuando fue detenida el 26 de junio de 1974 por Osvaldo Romo y otros agentes de la Dina. Todo sucedió cuando ella esperaba a su padre en el cruce de Santa Rosa, un camino de la localidad rural de Lampa, al norte de Santiago. Debían irse juntos a la parcela donde se refugiaron tras la detención de su mamá, Blanca Troncoso, quien permanecía detenida y torturada en Londres 38, pero Marcela nunca llegó a la casa amiga. A la mañana siguiente, sus secuestradores la llevaron hasta el domicilio de la familia que la acogía en Lampa y se llevaron su máquina de escribir Olivetti y varios esténciles, materiales usados entonces por la Resistencia para hacer volantes de denuncia de los crímenes. En una primera serie de fake news, Romo confundió a la familia de Marcela dando información falsa: les aseguró que ella estaba a salvo. Ello demoró las gestiones de denuncia, las que solo se iniciaron tras la expulsión y exilio de la madre de Marcela.

La joven era originaria de Parral y estudiaba Educación Diferencial en la U. de Chile. Sus estudios secundarios los hizo en el Liceo 7 de Providencia donde participó en actividades del Frente de Estudiantes Revolucionarios. Marcela integró una delegación de la Federación de Estudiantes Secundarios que tuvo una audiencia con el presidente electo, Salvador Allende, en su casa de Guardia Vieja, pocos días antes que él asumiera su cargo. La joven trabajaba políticamente en el MIR junto a Eduardo Ziede (detenido 11 días antes que ella), y posiblemente también con Víctor Villarroel, secuestrado un día antes que Marcela (Eduardo y Víctor sí son parte de la Lista de los 119). No hay testimonios de la permanencia de la estudiante en prisión, por lo que es viable suponer que fue torturada tempranamente hasta morir. En 2002, su madre interpuso una nueva querella ante el juez Juan Guzmán, sin resultado alguno hasta ahora para esta víctima de la “Operación Colombo”.

Paco Lira, a la derecha, en embajada de Francia

EUGENIO LIRA MASSI

El “Flaco Lira”, periodista de dilatada trayectoria en medios y la televisión, fallecido en París a los 40 años, lejos de su esposa y de sus tres hijas, es también parte de la oscura trama de la “Operación Colombo”. Fue redactor político de los diarios Clarín y Puro Chile, este último periódico creado para apoyar la candidatura de Salvador Allende. En las oficinas de Puro Chile compartimos cercanos escritorios y cafés con el “Flaco”, quien también fue conductor de La Entrevista Impertinente en Canal 13, y autor, entre otros libros, de “La Cueva del Senado y los 45 Senadores”.

La mención de Lira Massi por el diario La Tercera como “víctima” (citada al inicio de esta investigación), arranca de la falacia desarrollada en el único número de la revista argentina Lea, en el artículo “La Vendetta Chilena”. La Alianza Anticomunista Argentina Triple A y la DINA, fabricaron en Buenos Aires esta revista fantasma, que señala que el factor determinante de la denuncia de las eliminaciones entre izquierdistas fue “la extraña muerte del periodista en su departamento de París”. En el artículo se habla de “un plan de ejecución materializado en una feroz cacería a lo largo y ancho de las tres Américas y Europa”, llevado a cabo por miristas y socialistas.

 

Según los papeles de la DINA encontrados en 1978 en la casa de Enrique Arancibia Clavel en Buenos Aires, el autor de este artículo es Gerardo Roa Caballero, entonces agregado de prensa en la embajada de Chile en Brasil. Roa desarrolla esta trama apuntando a una venganza de la que habría sido víctima Lira Massi, ya que se aprestaba a publicar un libro revelando intimidades de la UP y disputas por el manejo de fondos de los exiliados en el exterior. Ello “ha determinado el inicio de acciones de limpieza y silencio realizadas en Argentina, Colombia, México y Francia”. En esa misma edición de LEA está la lista con 60 de los nombres que integran la lista de los 119 Los otros 59 aparecieron en el diario O’Día de Curitiba).

Mónica González recordó en el conversatorio ya citado, que en 1992, ya en democracia, descubrió que Gerardo Roa era el jefe de Relaciones Públicas del entonces intendente Luis Pareto; y que su secretaria era María Alicia Uribe (“Carola”), ex mirista, quien una vez que es detenida se convierte en delatora y colaboradora de la DINA y funcionaria del Ejército posteriormente. Cuando la periodista regresó para llevar a Roa a declarar ante la Comisión Rettig, como habían convenido tras el primer encuentro, el ex agente la amenazó con tomar represalias sobre sus hijas, exhibiendo sus fotografías tomadas en Francia, donde ellas residían. No logró amedrentarla: la historia fue publicada en el diario La Nación. Pero la impunidad siguió su curso a lo largo de los años. Porque Gerardo Roa siguió siendo durante un tiempo el jefe de Comunicaciones del intendente Pareto. Solo “Carola” desapareció de esas oficinas.

LA “OPERACIÓN FRANCIA”

El caso de Eugenio Lira, presentado oportunamente por su esposa, Estela Molina, a la Comisión Rettig que investigó las desapariciones y ejecuciones en tiempos de dictadura, fue declarado “caso sin convicción”. El periodista Víctor Osorio, en el libro Morir es la Noticia de Ernesto Carmona Editores, cita en su crónica sobre Lira Massi a su colega Edwin Harrington. En un artículo publicado en 1990 en la revista Nueva Voz, Harrington sostenía que el profesional “habría sido asesinado por medio de un plan denominado ‘Operación Francia’ (de la DINA) y pudo haber muerto por gas sarín –que provoca efectos neurológicos-  en relación con la llegada a París de Bernardo Conrads Salazar (cédula de identidad 4.132.356-6), un funcionario de seguridad de la dictadura. En la fecha, además, el agente Michael Townley había viajado desde Chile a París y su regreso al país fue posterior al hallazgo del cadáver”.

Francia era un importante foco de atención internacional de la DINA, ya que allí residía gran número de exiliados chilenos. Harrington cita como una de sus fuentes principales un informe del FBI, pero en 1990 el pedido de información de la familia a la embajada norteamericana sobre ese informe no tuvo ningún resultado positivo.

De los chilenos asilados en la embajada del país galo en Chile luego del golpe militar, el “Paco” Lira fue el último en obtener el salvoconducto para viajar a Francia. Había sido el primero en ingresar y contó siempre con el aprecio y apoyo del embajador Pierre de Menthon, recientemente fallecido, quien tenía claro que, para Pinochet, Lira Massi era un personaje muy odiado. El Bando N° 10 publicado el 11 de septiembre por la Junta Militar incluyó el nombre de Lira Massi entre las 95 personas que debían presentarse de inmediato al Ministerio de Defensa.

Los restos del periodista fueron cremados y traídos desde París en 1979 por monseñor Enrique Alvear, vicario de la zona Oeste del arzobispado de Santiago, para ser sepultados en el Cementerio General. Cristina Lira, prima de Eugenio, residente en Francia y varada en Chile por la pandemia, estudia la forma de abrir una investigación sobre las causas del deceso.

LA AUTOPSIA Y EL INFORME POLICIAL

Después de múltiples gestiones, hace algunos años Cristina Lira tuvo acceso al informe de la autopsia que le practicaron a Lira funcionarios del Instituto Médico Legal francés. “Tiene las firmas de los doctores Garat y Deponge. Son dos informes y un complemento. Y se agregan 18 páginas del informe policial. El informe toxicológico no revela venenos, ni contenido importante de alcohol en la sangre. En el informe se describe el color del cerebelo como rosado, lo que un médico que consulté interpreta como insuficiencia respiratoria”.

Según Cristina, en la autopsia no está explicitada la causa de muerte, pero de la lectura de los informes policiales, ella deduce que la piel estaba destruida a solo tres días de su fecha de muerte (cuando fue encontrado su cuerpo) lo que ella considera extraño. John Dinges, reputado investigador y autor de “Operación Cóndor: Una Década de Terrorismo Internacional en el Cono Sur”, con quien Cristina compartió los hallazgos de la autopsia, le comentó que el caso presenta similitudes con el crimen -también ejecutado por la DINA- del diplomático español Carmelo Soria, en julio de 1976. En 2019 tras una tenaz lucha de Carmen, la hija de Soria, por justicia, fueron condenados apenas a 6 años, los ex jefes de la DINA Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann. Habían transcurrido ya 43 años del crimen.

Concluye el mensaje de whatsapp de Cristina Lira: “El reloj de pulsera de Eugenio se paró el 8 de junio de 1975, a las 9.30 de la mañana, en París. ¡Increíble!”

Este artículo fue publicado por primera vez en  https://www.ciperchile.cl/2020/10/21/las-nuevas-incognitas-que-deja-la-operacion-colombo-la-fake-news-de-la-dina-de-1975/ . 

 

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