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miércoles, octubre 14, 2015
Día de la Soberanía Alimentaria: Ha llegado carta para ministro C. Furche de Agricultura, C. Castillo de Salud y Leporati (Achipia)
Continúa...
(sólo en texto:
Sra. Carmen Castillo, ministra de Salud
Sr. Carlos Furche, ministro de Agricultura
Sr. Michel Leporati, director de ACHIPIA
En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria nos dirigimos a Uds. para entregarles nuestra visión sobre los alimentos que estamos consumiendo mayoritariamente, lo cual nos aleja de la soberanía alimentaria. Hoy no podemos decidir qué producimos y qué comemos de acuerdo a nuestra cultura y necesidades. Para cambiar la realidad que aquí describimos, demandamos que su gobierno adopte políticas públicas al servicio de los consumidores y de los campesinos y campesinas que producen nuestros alimentos.
Al contrario de lo que pregonan autoridades de gobierno y la agroindustria, gran parte de nuestra alimentación es de mala calidad, producida utilizando hormonas, preservantes, colorantes y grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, muchos de ellos altamente peligrosos, que dañan nuestra salud y la de quienes producen estos cultivos. Al mismo tiempo, cada vez hay más supermercados repletos de transgénicos no etiquetados, muchos de ellos alimentos procesados a la venta allí, que también constituyen un riesgo para la salud.
Las ferias libres, y las ferias locales, en cambio, permiten acceder a verduras y hortalizas con menores riesgos para la salud. Pero los alimentos sanos integralmente, producidos a nivel local, con métodos agroecológicos, orgánicos o biodinámicos, sin plaguicidas, patentes ni fertlizantes, no llegan sino a una pequeña cantidad de los chilenos y chilenas. En general, esos productores no tienen canales adecuados de comercialización, y carecen del apoyo y estímulos estatales garantizados a la agroindustria.
La vista gorda con el glifosato
Este gobierno y particularmente los Ministerios de Agricultura y de Salud han escogido hasta ahora hacer la vista gorda ante el hecho que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha reclasificado el herbicida glifosato y otros plaguicidas asociándolos al cáncer. Los estudios presentados por la industria para lograr la aprobación de plaguicidas y transgénicos, no arrojan conclusiones válidas porque sólo analizan efectos del muy corto plazo, ocultando así su real peligrosidad. Esto quedó en evidencia con la resolución de la IARC/OMS y ya había sido demostrado en el estudio del equipo del científico francés Gilles Eric Séralini, de dos años de duración.
Pero no es necesario ir muy lejos para comprobar en terreno los efectos de la agricultura fomentada por la agroindustria biotecnológica. En Argentina la organización denominada “Médicos de Pueblos Fumigados” encabezó un equipo desplegado en terreno, que encontró un alarmante aumento de cánceres y malformaciones congénitas en la localidad de Monte Maíz, Córdoba. Allí se utiliza ampliamente el glifosato y otros venenos peligrosos, también registrados y en uso en Chile.
Aunque el programa de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud se plantea “eliminar o controlar los agentes que representen riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan influir de manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad, ” este ministerio no realiza una vigilancia epidemiológica específica relacionada con cáncer y exposición a plaguicidas ni desagrega por comuna la información pública relacionada con la morbilidad por cáncer y la presencia de malformaciones congénitas en las regiones de O´Higgins y del Maule, u otras. En esos territorios la agroindustria esparce cada año miles de toneladas de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos. Así se esconde la relación existente entre el uso de estos venenos y el sufrimiento de muchas familias campesinas. Estos costos ocultos de la agroindustria son una verdad incómoda que es mejor disfrazar con estadísticas generales.
Escandaloso apoyo a Monsanto y ChileBio
El Estado entregó nuevamente financiamiento a Monsanto y las transnacionales productoras de transgénicos para realizar investigaciones orientadas a facilitar la aprobación de leyes que introduzcan esos cultivos para el mercado interno. Según un boletín de ChileBio (el gremio de los productores de transgénicos), ejecutor del proyecto FONDEFF IDEA N° 13I10173 de Corfo junto a INIA, “los resultados de ese proyecto serán clave a la hora de legislar para la introducción de transgénicos en el país” y ya son publicitados por ChileBio en la revista Plant Biotechnology. En la revista, Miguel Ángel Sánchez, de Monsanto y ChileBio, se identifica como jefe del proyecto “Internet para el desarrollo agrícola de Chile: servicio público para estimar el impacto de coexistencia de especies vegetales genéticamente modificadas, convencionales y orgánicas”.
También hay nuevos fondos estatales entregados al Consorcio BioFrutales para el desarrollo de uva transgénica y luego, de duraznos y carozos transgénicos. Se trata de tres proyectos recientemente adjudicados por InnovaChile y Fondef por $5.800 millones, por 10 años.
El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos. Los supermercados nos venden alimentos procesados importados, que contienen ingredientes transgénicos, sin que exista etiquetado que permita optar por otros alimentos. El ministerio de Salud está a contrapelo de la tendencia mundial, que respalda el derecho de los consumidores a saber qué estamos comiendo. El reglamento sanitario fue modificado en 2003 a petición de la industria, para que Chile se guiara por un criterio inventado por las transnacionales agroquímicas y de la biotecnología, la llamada “equivalencia sustancial” que pretende calificar un alimento transgénico como idéntico a uno producido convencional u orgánicamente. SERNAC y MINSAL se amparan en ello para mantenernos desinformados sobre los alimentos que contienen transgénicos.
Más fondos para el agronegocio
Los fondos para investigación del Estado en agricultura, no se ocupan en estudiar cómo producir más sano. Discriminan a favor de la llamada “tecno ciencia”, la ciencia aplicada a resultados de innovación vinculados a los cultivos transgénicos o el desarrollo de híbridos o alimentos funcionales o a complicados sistemas tecnológicos para beneficio de la agroindustria.
Este gobierno proclama su apoyo a la agricultura familiar campesina, pero órganos del Estado como INIA, FIA, la CNR y otros, así como la mayor parte de las políticas y presupuesto del ministerio de agricultura, continúan al servicio de la agroindustria. Por ejemplo, se han entregado fondos importantes para que estas instituciones desarrollen proyectos de generación de semilla “mejorada”. Los resultados de ese trabajo sin duda mejorarán los ingresos de la agroindustria, orientados a la exportación de semillas “mejoradas” o plantas de maíz, pimiento, alcachofa, o cerezo, y últimamente de la quínoa y el pepino dulce. Esas nuevas variedades, con propiedad intelectual registrada en el SAG, por su costo no estarán al alcance de los pequeños campesinos. Este tipo de “mejoramiento” genético tampoco tiene como objetivo satisfacer al consumidor sino al comercializador. Un ejemplo típico es el tomate que consumimos hoy mayoritariamente, de “larga vida” para el supermercado y los transportistas, pero sin olor ni sabor; o la sandía cuadrada para facilitar su transporte.
Los cultivos desarrollados con la semilla campesina tradicional no se incentivan con ese mismo ímpetu ni con fondos generosos; no hay políticas de entrega de semilla tradicional a la agricultura familiar campesina, ni hay campañas públicas orientadas a mostrar las cualidades nutricionales de estos productos. Mientras los plaguicidas entran con arancel cero, no existen subsidios para la agricultura orgánica, Tampoco se apoya financieramente los procesos de transición de producción convencional a producción agroecológica. El Estado no está preocupado de abastecer a los comedores escolares y hospitales públicos con verduras y hortalizas sanas producidas localmente, como ocurre en Brasil y Bolivia. En Chile sólo interesa mejorar la productividad y orientar todo hacia la exportación.
El gobierno también promueve la continuidad del decreto 701 de subsidio a los monocultivos de pino y eucaliptus que han dejado sin agua a las comunidades indígenas y campesinas. No es coherente apoyar la agricultura familiar campesina y continuar expandiendo estos monocultivos rechazados por su negativo impacto en el ambiente.
Achipia aboga por normativas laxas
Por su parte ACHIPIA, el nuevo órgano dependiente del ministerio de agricultura, que por definición debiera preocuparse de la calidad integral de los alimentos, está actuando en la práctica como portavoz de la agroindustria exportadora, orientado a convencer al público y el mercado externo que todo lo que Chile produce es de calidad. Aunque Achipia define la inocuidad de un alimento como “la garantía de que no causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine”, en 2012, la entidad no mostró ninguna preocupación por factores como los plaguicidas, que inciden en la salud de los consumidores. El funcionario de Achipia Eduardo Aylwin (actualmente asesor en temas de plaguicidas), al discutirse los LMR en alimentos, es decir los límites máximos de residuos de plaguicidas reconocidamente cancerígenos según la UE, USEPA, IARC, se opuso a que se aplicara la normativa más rigurosa.
Actualmente incluso las semillas de hortalizas se recubren con venenos –insecticidas neonicotinoides- de carácter sistémico. Además de contribuir a la mortandad de abejas y a la merma de la apicultura, esas sustancias tóxicas van a estar presentes también en los alimentos. No existe norma sobre residuos de plaguicidas en miel.
Las normas sobre residuos que existen no son garantía de calidad por la escasa fiscalización existente,
pero sobre todo, como hemos visto en las comisiones respectivas público-privadas, han sido dictadas
para ser lo más laxas posible, como resultado de la intensa presión de la industria productora de
agrotóxicos, apoyados por académicos integrados a la industria.
Llamamos al gobierno a prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, promover efectivamente la agroecología, etiquetar los alimentos transgénicos, retirar el proyecto de extensión del Decreto 701, y generar una política de compras públicas de alimentos sanos para escolares y hospitales públicos.
Red de Acción en Plaguicidas Chile, RAP-Chile /Alianza por una Mejor Calidad de Vida/OLCA/ANAMURI/CIAL
Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile
Alonso de Ovalle N°1618, oficina A, Santiago Centro / 22 6997375/ 9-8858227/ rap-al@terra.cl/
martes, julio 16, 2013
Prohíben en USA cultivo de canola/raps en valle semillero del estado de Oregon
Organizaciones de productores agrícolas celebran proyecto
de ley del Senado del estado de Oregon que prohíbe hasta 2019 la producción de
canola en el valle Willamette
En Chile hay 4.369 hectáreas de canola transgénica (SAG, temporada 2012-2013)
En Chile hay 4.369 hectáreas de canola transgénica (SAG, temporada 2012-2013)
- El proyecto que contradice la ley sobre canola del Departamento de Agricultura de Oregon fue aprobado por las dos cámaras con apoyo de los dos partidos
Oregon,
Center for Food Safety, 1º de Julio
Hoy el senado del estado de Oregon aprobó un proyecto de ley de prohibición de la producción de canola (raps) hasta el año 2019 en las 3 millones de hectáreas del distrito protegido llamado Valle Willamette, una de las regiones más importantes del mundo para la producción de semillas.
La ley 2.227 que en el Senado obtuvo una votación de 18 contra 12 votos, luego de ser aprobada por la cámara de diputados de Orego la semana pasada por 37 contra 22, se remite a una controvertida política pública adoptada por el Departamento de Agricultura de Oregon en Febrero de 2013, que habría permitido que se plantaran 25.000 acres de canola (sinónimo de raps o colza) en la próxima década en una región donde desde el año 2005 se ha prohibido los semilleros de canola.
Hoy el senado del estado de Oregon aprobó un proyecto de ley de prohibición de la producción de canola (raps) hasta el año 2019 en las 3 millones de hectáreas del distrito protegido llamado Valle Willamette, una de las regiones más importantes del mundo para la producción de semillas.
La ley 2.227 que en el Senado obtuvo una votación de 18 contra 12 votos, luego de ser aprobada por la cámara de diputados de Orego la semana pasada por 37 contra 22, se remite a una controvertida política pública adoptada por el Departamento de Agricultura de Oregon en Febrero de 2013, que habría permitido que se plantaran 25.000 acres de canola (sinónimo de raps o colza) en la próxima década en una región donde desde el año 2005 se ha prohibido los semilleros de canola.
Los productores agrícolas de Oregon, especialmente
los que están ligados a la industria de semillas y a la producción orgánica,
cuyas ventas anuales sobrepasan los 50 millones de dólares, han estado en total
desacuerdo con permitir que en el Valle de Willamette se plante canola, una
planta de semilla oleoginosa de la familia de las brassicas. La canola
desarrolla muy rápidamente polinización cruzada con otros cultivos de semilla
de esa familia, tales como el brócoli, la col y el zapallo; disemina
enfermedades y plagas a las semillas y cultivos de brassicas, y puede
contaminar lotes puros de de semillas y de trébol, dejándolos fuera del mercado
a nivel nacional e internacional. Las variedades transgénicas de canola
resistentes a herbicidas pueden además desarrollar polinización cruzada con
malezas, creando nuevas especies invasivas ya que los rasgos de resistencia a
herbicidas se extienden a las poblaciones de malezas nativas.
Los
legisladores han mandado una potente señal de que necesitamos proteger nuestra
valiosa industria semillera del Valle de Willamette. El Departamento de
Agricultura de Oregon se había apresurado a dejar entrar la canola al Distrito Protegido de Willamette, y el
parlamento ha establecido nuevas salvaguardas para asegurar que la industria
semillera, los cultivos orgánicos y otras industrias agrícolas no resulten dañadas”,
dijo Ivan Maluski, Director de Políticas Públicas de Amigos de la Agricultura
Familiar.
“Nos congratulamos que los legisladores de Oregon hayan pasado por sobre la acción ilegal del Departamento de Agricultura que habría permitido que se cultivaran peligrosas plantaciones de canola en el Valle de Willamette. Este es un triunfo de los productores agrícolas de Oregon y del medio ambiente”, dijo George Kimbrell, el asesor legal del Centro para la Seguridad Alimentaria.
“Nos congratulamos que los legisladores de Oregon hayan pasado por sobre la acción ilegal del Departamento de Agricultura que habría permitido que se cultivaran peligrosas plantaciones de canola en el Valle de Willamette. Este es un triunfo de los productores agrícolas de Oregon y del medio ambiente”, dijo George Kimbrell, el asesor legal del Centro para la Seguridad Alimentaria.
Traducción: Lucía Sepúlveda Ruiz para RAP-Chile y
Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.
Nota de la Traductora
Esta noticia tiene mucho que ver con Chile, que también tiene una industria semillera y 100.000 hectáreas de agricultura orgánica certificada. El raps común (cuya semilla fue manipulada genéticamente para convertirse en la actual canola) se conoce en Chile como "yuyo", y aún hoy forma parte de la alimentación tradicional del pueblo mapuche. En nuestro país, según SAG, en la temporada 2012-2013 se cultivaron 4.369 hectáreas de semilla de canola
(raps transgénico) para exportación.
La mayor parte del cultivo de canola está en la Región del BioBio,
que es también la zona del país donde hay más cultivos transgénicos. En un
seminario público realizado en Chillán años atrás, una funcionaria de SAG se
refirió a los problemas de contaminación ocasionados por los cultivos de raps
transgénicos. Aquí reproduzco artículo
que publicamos sobre el tema en nuestra web, en http://www.rap-chile.com/news_view.php?id=185
en 2011.
Avance descontrolado de raps transgénico
|
(09/09/2011)
|
Chillán,
9 de septiembre de 2011. El diario La Discusión de Chillán tituló el 7 de septiembre:
“Seminario sobre transgénicos dejó en evidencia fuga de raps modificado”,
explicando que una fiscalizadora del SAG dijo que se están reproduciendo
espontáneamente plantas transgénicas en predios donde antes hubo semilleros
destinados a la reproducción de semillas para la exportación.
Estas declaraciones las hizo en un debate sobre transgénicos que tuvo lugar el martes 6 de septiembre en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción (Campus Chillán). En esa ocasión una funcionaria del SAG de apellido Briceño, a cargo del área de transgénicos de la Región del Bío Bío refutó los dichos de Miguel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio (Monsanto) respecto de que los cultivos transgénicos disminuyen el uso de plaguicidas. La especialista del SAG regional sostuvo se usaban herbicidas en exceso en los cultivos de raps (conocido también con el nombre de canola), que se cultivan en predios arrendados por un año para ese efecto. Y agregó que al año siguiente del cultivo transgénico la canola transgénica persiste, incluso con manejo técnico realizado para que no salga en forma involuntaria, pues ya no se ha sembrado en el lugar. Dijo que el raps o canola reaparece hasta el quinto año en forma involuntaria. El artículo publicado en el diario La Discusión señala que esto “transgrede el sentido de la legislación, que en Chile sólo permite producir semillas agrícolas modificadas genéticamente para la exportación”. Las repercusiones de estas declaraciones fueron inmediatas y comenzaron las presiones contra la funcionaria desde el nivel nacional del SAG, argumentándose que por el sistema de reproducción del raps no era posible que aparecieran plantas transgénicas involuntarias. Es el razonamiento de las transnacionales de la transgenia, ya conocido. Sin embargo este hecho está documentado en varios países. La denuncia más reciente fue publicada en http://newswire.uark.edu/article.aspx?id=14453, y remite a una investigación realizada por un equipo encabezado por la doctora en biología Cynthia Sagers, de la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. Esta investigación fue premiada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) y se extiende por los próximos dos años para hacer un seguimiento a los estados cercanos. Se analizaron muestras del raps (canola) “fugado” y los resultados mostraron que en esas plantas existía el transgen que confiere resistencia al Roundup (raps de Monsanto) o el transgen que da resistencia al herbicida Liberty (raps de Bayer), o bien plantas que contenían incluso ambos transgenes, una inserción genética nueva que se presentaba por primera vez. La llamada “revolución verde” Durante el debate realizado en Concepción el representante de los semilleros transgénicos, Miguel Ángel Sánchez y la académica Sofía Valenzuela, del Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción, sostuvieron que estos cultivos resolverán el problema del hambre en el mundo, lo cual fue rebatido también por Guillermo Riveros, Presidente de la Asociación de Agricultores Orgánicos del Bío Bío con cifras respecto de la dimensión que tiene el flagelo del hambre hoy, a pesar que el mundo ya está plagado de cultivos transgénicos. El dirigente gremial llamó a la audiencia a recordar los efectos de la llamada “revolución verde” de los años 50, publicitada entonces como “la solución” para ese problema a través del uso de agroquímicos, con nefastas consecuencias para la salud humana y el ambiente. La revolución verde fue impuesta en nombre de la ciencia, como ahora se quiere hacer con los transgénicos, descalificando los argumentos ambientales y sociales. A su vez, en el diálogo con el público, Luis Meléndez, de la certificadora BCS, descartó de plano que el vino orgánico sea vinculado con los transgénicos, increpando a Sánchez por asegurar éste que el vino orgánico se produce con transgénicos. Melendéz aseguró que en Chile no se usa levadura transgénica y se cumplen todas las normas de certificación fiscalizadas por el SAG, respecto del cultivo orgánico de las vides. La versión “oficial” del SAG El asunto no quedó ahí. En la edición del 9 de septiembre, el diario La Discusión publicó las respuestas a un cuestionario escrito que fue contestado por Rodrigo Ther Alarcón, encargado regional de Protección Agrícola y Forestal del SAG donde, según el diario, “se refirió con extrema cautela a la eventual fuga de canola transgénica que se estaría produciendo en la región”. En respuesta al diario La Discusión, el funcionario del SAG regional dijo que no existían “argumentos científicos” que avalen una “fuga” de canola transgénica y se limitó a describir las funciones burocráticas que cumple –o debería cumplir- este servicio, restringidas a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la importación y reproducción de semillas transgénicas para su posterior exportación. Según Rodrigo Ther, el SAG tampoco se ha dado por enterado sobre la existencia de miel contaminada con polen de plantas transgénicas. En síntesis, en este cuestionario escrito escabulló todos los temas de fondo. |
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Yo no quiero Transgénicos
jueves, junio 30, 2011
Valdivia y la Campaña Yo no quiero Transgénicos en Chile
(foto de El Naveghable)
Ayer 29 de junio, en la tarde desde 19.30 y hasta casi las 10 de la noche, expuse sobre Obtentores y UPOV 91 ante un centenar de jóvenes, académicos, y ciudadanos en general convocados por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia ACOVAL. Hubo debate con algunos de los académicos presentes (aunque ninguno había aceptado la invitación a participar en el panel y el SEREMI agricultura también declinó a última hora estar, aduciendo que se sometería a una intervención quirúrgica ese día. El público estaba ansioso de informarse, participar y organizarse para frenar estas leyes dañinas para los intereses de las mayorías de este país.
Estábamos en el Club de la Unión y el diálogo fue mayoritariamente con jóvenes muy inquietos, algunos viajaron desde otras comunas lejanas para tener información directa sobre estos temas censurados en la prensa. Hicimos traducción del equívoco y críptico lenguaje de estas iniciativas legales, contando por ejemplo quiénes son la inmensa mayoría de los obtentores: Monsanto y sus socios locales; y qué significa en realidad la "protección vegetal" de la que habla el Convenio UPOV 91, que no es otra cosa que la protección del bolsillo de los obtentores.
Estábamos en el Club de la Unión y el diálogo fue mayoritariamente con jóvenes muy inquietos, algunos viajaron desde otras comunas lejanas para tener info sobre estos temas censurados en la prensa. Hicimos traducción: obtentores=Monsanto y socios locales; "protección vegetal"= protección del bolsillo de obtentores.
Hablamos también de la papa nativa de Chiloé y hubo críticas a Andrés Contreras (académico de la U Austral) por haber ido al Tribunal Constitucional a defender el UPOV 91 aunque también algunos asistentes lo defendieron y sostuvieron que no ha hecho nada en provecho personal. El profesor Contreras ha participado de la investigación sobre la papa nativa, y variedades de papa nativa de Chiloé han sido registradas por la Universidad Austral. Yo comenté que en Ancud me habían dicho que ellos no han sacado ningun provecho de ese trabajo. Acá se dijo que quien está actualmente comercializando las variedades registradas integran una Cooperativa campesina que se afirmó era la única que enviaba papas chilotas a los chef en Santiago. Error: les conté que Cecilia Guineo, de la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Chiloé también envía sus papas a chef de Santiago.
Analicé brevemente fallo del Tribunal Constitucional que se lavó las manos y le tiró al Senado la pelota de defender el patrimonio indígena...destaqué el digno voto de minoría del que participó Hernán Vodanovic, que me mencionaron anteriormente tenía lazos con Valdivia. El voto de minoría sostuvo que debió haberse consultado a los pueblos indígenas de acuerdo a lo que dispone el convenio 169, y esa era una de las causales de inconstitucionalidad. Desde ya, ACOVAL se integró a la campaña Yo no quiero Transgénicos en Chile que desarrollamos como RAP-Chile en coordinación con el recién formado Movimiento por la Soberanía Alimentaria, junto a diversas redes socio ambientales y organizaciones de todo el país.
Y hoy 30 de junio volví a ver algunos rostros de los jóvenes que estuvieron en el foro,y pude marchar junto a ellos y muchos profesores y académicos, universitarios, secundarios y básicos por la Educación Pública. Tuve también la alegría de reencontrarme con Debbi Guerra, académica de la Universidad Austral y ex presidenta del Colegio de Antropólogos. Quedó de hacernos el pase para que su organización se involucre en el tema de la semilla.
Excelente movilización la de esta mañana, muy concurrida, alegre, convocada por el colegio de profesores y la CONFECH bajo el lema Paro Ciudadano por la educación pública. ("A ver a ver quién lleva la batuta, el gobierno de Piñera, o el pueblo en lucha", "Y va a caer, y va a caer, el sucesor de Pinochet", eran algunas de las muchas y festivos cantos).
Las consignas eran por democracia en las escuelas, institutos y universidades, no más endeudamiento y desmunicipalizar sin privatizar. Marchamos por Picarte hasta la plaza del centro de Valdivia. Allí en un balcón jóvenes estudiantes (hombres y mujeres) mostraban que la U los tiene “en pelotas” y así mismo estaban ellos. Gran valor!
Linda experiencia esta pasada por Valdivia en lucha, estimulante como todo lo que está ocurriendo en estas últimas semanas.
Ayer 29 de junio, en la tarde desde 19.30 y hasta casi las 10 de la noche, expuse sobre Obtentores y UPOV 91 ante un centenar de jóvenes, académicos, y ciudadanos en general convocados por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia ACOVAL. Hubo debate con algunos de los académicos presentes (aunque ninguno había aceptado la invitación a participar en el panel y el SEREMI agricultura también declinó a última hora estar, aduciendo que se sometería a una intervención quirúrgica ese día. El público estaba ansioso de informarse, participar y organizarse para frenar estas leyes dañinas para los intereses de las mayorías de este país.
Estábamos en el Club de la Unión y el diálogo fue mayoritariamente con jóvenes muy inquietos, algunos viajaron desde otras comunas lejanas para tener información directa sobre estos temas censurados en la prensa. Hicimos traducción del equívoco y críptico lenguaje de estas iniciativas legales, contando por ejemplo quiénes son la inmensa mayoría de los obtentores: Monsanto y sus socios locales; y qué significa en realidad la "protección vegetal" de la que habla el Convenio UPOV 91, que no es otra cosa que la protección del bolsillo de los obtentores.
Estábamos en el Club de la Unión y el diálogo fue mayoritariamente con jóvenes muy inquietos, algunos viajaron desde otras comunas lejanas para tener info sobre estos temas censurados en la prensa. Hicimos traducción: obtentores=Monsanto y socios locales; "protección vegetal"= protección del bolsillo de obtentores.
Hablamos también de la papa nativa de Chiloé y hubo críticas a Andrés Contreras (académico de la U Austral) por haber ido al Tribunal Constitucional a defender el UPOV 91 aunque también algunos asistentes lo defendieron y sostuvieron que no ha hecho nada en provecho personal. El profesor Contreras ha participado de la investigación sobre la papa nativa, y variedades de papa nativa de Chiloé han sido registradas por la Universidad Austral. Yo comenté que en Ancud me habían dicho que ellos no han sacado ningun provecho de ese trabajo. Acá se dijo que quien está actualmente comercializando las variedades registradas integran una Cooperativa campesina que se afirmó era la única que enviaba papas chilotas a los chef en Santiago. Error: les conté que Cecilia Guineo, de la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Chiloé también envía sus papas a chef de Santiago.
Analicé brevemente fallo del Tribunal Constitucional que se lavó las manos y le tiró al Senado la pelota de defender el patrimonio indígena...destaqué el digno voto de minoría del que participó Hernán Vodanovic, que me mencionaron anteriormente tenía lazos con Valdivia. El voto de minoría sostuvo que debió haberse consultado a los pueblos indígenas de acuerdo a lo que dispone el convenio 169, y esa era una de las causales de inconstitucionalidad. Desde ya, ACOVAL se integró a la campaña Yo no quiero Transgénicos en Chile que desarrollamos como RAP-Chile en coordinación con el recién formado Movimiento por la Soberanía Alimentaria, junto a diversas redes socio ambientales y organizaciones de todo el país.
Y hoy 30 de junio volví a ver algunos rostros de los jóvenes que estuvieron en el foro,y pude marchar junto a ellos y muchos profesores y académicos, universitarios, secundarios y básicos por la Educación Pública. Tuve también la alegría de reencontrarme con Debbi Guerra, académica de la Universidad Austral y ex presidenta del Colegio de Antropólogos. Quedó de hacernos el pase para que su organización se involucre en el tema de la semilla.
Excelente movilización la de esta mañana, muy concurrida, alegre, convocada por el colegio de profesores y la CONFECH bajo el lema Paro Ciudadano por la educación pública. ("A ver a ver quién lleva la batuta, el gobierno de Piñera, o el pueblo en lucha", "Y va a caer, y va a caer, el sucesor de Pinochet", eran algunas de las muchas y festivos cantos).
Las consignas eran por democracia en las escuelas, institutos y universidades, no más endeudamiento y desmunicipalizar sin privatizar. Marchamos por Picarte hasta la plaza del centro de Valdivia. Allí en un balcón jóvenes estudiantes (hombres y mujeres) mostraban que la U los tiene “en pelotas” y así mismo estaban ellos. Gran valor!
Linda experiencia esta pasada por Valdivia en lucha, estimulante como todo lo que está ocurriendo en estas últimas semanas.
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