Indignación global por plan de FAO de aliarse con CropLife Int. = Bayer/Monsanto, Syngenta y otras

Hoy 19 de noviembre, cientos de organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas interpelaron a esta agencia de las Naciones Unidas, demandando que renuncie a su alianza anunciada con Crop Life International. 350 organizaciones de 63 países que representan a cientos de miles de agricultores, pescadores, trabajadores agrícolas y otras comunidades, así como instituciones de derechos humanos, religiosas, de justicia ambiental y económica, entregaron una carta al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Qu Dongyu instándole a detener los planes anunciados recientemente para profundizar la colaboración con CropLife International.

CropLife es una asociación comercial internacional que representa los intereses de las empresas productoras y promotoras de los plaguicidas, incluyendo aquellos que son altamente peligrosos (PAP o HHPs por su nombre en inglés). Según la carta, los PAP “son responsables por un amplio rango de devastadores daños a la salud de agricultores, trabajadores rurales y familias campesinas de todo el mundo” y estas sustancias químicas han “diezmado las poblaciones de polinizadores y también están causando estragos a la diversidad y los frágiles ecosistemas”.

“Esta alianza propuesta es profundamente inapropiada y sabotea directamente los objetivos de FAO de apoyar sistemas alimentarios que sean saludables, resilientes y productivos al tiempo que se salvaguarda la sostenibilidad del medio ambiente”, dice Sarojeni Rengam, directora de Pesticide Action Network (PAN) Asia Pacífico. “El propósito de CropLife, por otro lado, es abogar por el uso continuo de los plaguicidas que venden sus miembros. Estas soluciones químicas peligrosas y anticuadas plantean obstáculos mortales para la transición que se necesita con urgencia hacia enfoques innovadores e intensivos en conocimientos ecológicos para la agricultura “.La Sra. Rengam entregó la carta hoy en nombre de PAN International, otras diez organizaciones y redes copatrocinadoras y cientos de signatarios.

La carta destaca un análisis reciente de los archivos de la industria el cual establece que sus compañías miembros: CropLife, Basf, Bayer Crop Science, Corteva Agriscience, FMC y Syngenta, generan más de un tercio de sus ingresos vía las ventas de plaguicidas altamente peligrosos (PAP), que son los plaguicidas más dañinos para la salud de los seres humanos y el ambiente. La proporción de ventas de PAP es aún más alta en los países en desarrollo, según denuncia la carta, lo que no ocurre en aquellos países cuyas regulaciones de seguridad son a menudo menos robustas y los daños a la salud de seres humanos y el ambiente son mayores.

“Muchos de nuestros niños yaquis han muerto y sufrido discapacidades de por vida por la exposición a plaguicidas tóxicos que fueron prohibidos por los países que los exportaron para ser utilizados en nuestros territorios”, dijo Mariano Ochoa Millán, ex miembro de la Junta del Consejo Internacional de Tratados Indios de Rio Yaqui Sonora, México. Millán, quien falleció por COVID-19 el 31 de agosto, hizo esta declaración en respuesta a la declaración del 9 de julio de 2020 del Relator Especial de la ONU sobre Tóxicos en la que pedía a las naciones ricas que detuvieran la práctica de exportar pesticidas prohibidos. Muchas de las empresas miembros de CropLife son firmes defensores de esta práctica.

La carta tuvo el patrocinio conjunto de una importante cantidad de organizaciones internacionales y redes globales de amplia base: La Alianza Africana por la Soberanía Alimentaria, (Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA), el Centro por una Legislación Ambiental Internacional (Center for International Environmental Law,CIEL); FIAN Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, Friends of the Earth International), el Instituto para Políticas de Agricultura y Comercio (Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP), el Consejo Internacional de Tratados Indios (International Indian Treaty Council, IITC), la Red Internacional por la Eliminación de Contaminantes International (Pollutants Elimination Network IPEN), Asociaciones Internacionales de Sindicatos de Alimentación, trabajadores rurales, de la hotelería, restoranes, catering, tabaco y sindicatos unidos (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations IUF), la Red de Acción en Plaguicidas Internacional, (Pesticide Action Network PAN), Ojo Público Internacional (International, Public Eye) y Red del Tercer Mundo (Third World Network).

Marcia Ishii, científica senior de PAN Norteamérica, explicó las serias implicaciones de la colaboración propuesta: “La decisión de la FAO de iniciar una asociación formal con CropLife es una mala noticia para los millones de agricultores cuya salud y sustento han sido devastados por los plaguicidas altamente peligrosos fabricados por empresas miembro de CropLife.”

Desafortunadamente, desde la llegada del Sr. Qu a la FAO, la institución parece estar abriéndose a una colaboración más profunda con las empresas de plaguicidas, que probablemente explotarán esa relación para hacer un lavado de imagen, influir en el desarrollo de políticas y mejorar el acceso a los mercados mundiales. No es de extrañar que la Directora General Adjunta recientemente nombrada por la FAO, Beth Bechdol, llegue a la FAO con un historial de estrechos vínculos financieros con Corteva (anteriormente Dow / DuPont), un miembro de Croplife con sede en el estado natal de Bechdol, Indiana, EE. UU.

Un grupo internacional de 286 científicos e investigadores también están expresando su preocupación por la alianza anunciada, entregando una carta al Director General Q hoy, e instándole a no profundizar la colaboración con CropLife.

Shiney Varghese, analista senior de políticas del Instituto de Política Agrícola y Comercial, señala que, si bien la FAO dice que quiere minimizar los daños de los plaguicidas en todo el mundo, los miembros de CropLife obtuvieron más de un tercio de sus ingresos de la venta de plaguicidas altamente peligrosos en 2018. “En el contexto de esta asociación propuesta entre la FAO y CropLife, lo que es aún más importante es que muchas de esas ventas se realizaron a agricultores de países de ingresos bajos y medios como Brasil, India y Tailandia, mientras que solo el 27 por ciento se realizaron en países de ingresos altos. No es sorprendente que CropLife International quiera tener una asociación, pero ¿por qué la FAO querría poner en riesgo a estos países de ingresos bajos y medianos? “

“Necesitamos una FAO fuerte, independiente de la industria de plaguicidas y libre de los intereses de mercado de las corporaciones globales, comprometida con alimentos seguros y saludables y sistemas agrícolas sostenibles para el beneficio de todas las personas”, dice Susan Haffmans de PAN Alemania. Con este compromiso con la agroecología, la FAO se ha embarcado en este camino sustentable. La FAO no debe poner en peligro sus éxitos en agroecología ni su integridad cooperando precisamente con esa rama de la industria que es responsable de la producción de plaguicidas altamente peligrosos y cuyos productos contribuyen a envenenar a las personas y su entorno en todo el mundo “.

“En América Latina, necesitamos políticas que apoyen la eliminación gradual de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y la ampliación de la agroecología. La asociación propuesta entre la FAO y CropLife socavaría este objetivo “, dijo Fernando Bejarano, coordinador de la Oficina de IPEN para América Latina y el Caribe, quien ha supervisado varios informes sobre la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en países de la región.

II Ha llegado carta para ministros Salud, Agricultura y director Agencia Inocuidad Alimentaria

(ver posteo anterior para páginas 1 y 2 de la Carta Abierta a ministros enviada por YNQT y RAP-Chile en el marco del Día de la Soberanía Alimentaria.)

Día de la Soberanía Alimentaria: Ha llegado carta para ministro C. Furche de Agricultura, C. Castillo de Salud y Leporati (Achipia)

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(sólo en texto: Sra. Carmen Castillo, ministra de Salud Sr. Carlos Furche, ministro de Agricultura Sr. Michel Leporati, director de ACHIPIA En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria nos dirigimos a Uds. para entregarles nuestra visión sobre los alimentos que estamos consumiendo mayoritariamente, lo cual nos aleja de la soberanía alimentaria. Hoy no podemos decidir qué producimos y qué comemos de acuerdo a nuestra cultura y necesidades. Para cambiar la realidad que aquí describimos, demandamos que su gobierno adopte políticas públicas al servicio de los consumidores y de los campesinos y campesinas que producen nuestros alimentos. Al contrario de lo que pregonan autoridades de gobierno y la agroindustria, gran parte de nuestra alimentación es de mala calidad, producida utilizando hormonas, preservantes, colorantes y grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, muchos de ellos altamente peligrosos, que dañan nuestra salud y la de quienes producen estos cultivos. Al mismo tiempo, cada vez hay más supermercados repletos de transgénicos no etiquetados, muchos de ellos alimentos procesados a la venta allí, que también constituyen un riesgo para la salud. Las ferias libres, y las ferias locales, en cambio, permiten acceder a verduras y hortalizas con menores riesgos para la salud. Pero los alimentos sanos integralmente, producidos a nivel local, con métodos agroecológicos, orgánicos o biodinámicos, sin plaguicidas, patentes ni fertlizantes, no llegan sino a una pequeña cantidad de los chilenos y chilenas. En general, esos productores no tienen canales adecuados de comercialización, y carecen del apoyo y estímulos estatales garantizados a la agroindustria. La vista gorda con el glifosato Este gobierno y particularmente los Ministerios de Agricultura y de Salud han escogido hasta ahora hacer la vista gorda ante el hecho que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha reclasificado el herbicida glifosato y otros plaguicidas asociándolos al cáncer. Los estudios presentados por la industria para lograr la aprobación de plaguicidas y transgénicos, no arrojan conclusiones válidas porque sólo analizan efectos del muy corto plazo, ocultando así su real peligrosidad. Esto quedó en evidencia con la resolución de la IARC/OMS y ya había sido demostrado en el estudio del equipo del científico francés Gilles Eric Séralini, de dos años de duración. Pero no es necesario ir muy lejos para comprobar en terreno los efectos de la agricultura fomentada por la agroindustria biotecnológica. En Argentina la organización denominada “Médicos de Pueblos Fumigados” encabezó un equipo desplegado en terreno, que encontró un alarmante aumento de cánceres y malformaciones congénitas en la localidad de Monte Maíz, Córdoba. Allí se utiliza ampliamente el glifosato y otros venenos peligrosos, también registrados y en uso en Chile. Aunque el programa de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud se plantea “eliminar o controlar los agentes que representen riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan influir de manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad, ” este ministerio no realiza una vigilancia epidemiológica específica relacionada con cáncer y exposición a plaguicidas ni desagrega por comuna la información pública relacionada con la morbilidad por cáncer y la presencia de malformaciones congénitas en las regiones de O´Higgins y del Maule, u otras. En esos territorios la agroindustria esparce cada año miles de toneladas de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos. Así se esconde la relación existente entre el uso de estos venenos y el sufrimiento de muchas familias campesinas. Estos costos ocultos de la agroindustria son una verdad incómoda que es mejor disfrazar con estadísticas generales. Escandaloso apoyo a Monsanto y ChileBio El Estado entregó nuevamente financiamiento a Monsanto y las transnacionales productoras de transgénicos para realizar investigaciones orientadas a facilitar la aprobación de leyes que introduzcan esos cultivos para el mercado interno. Según un boletín de ChileBio (el gremio de los productores de transgénicos), ejecutor del proyecto FONDEFF IDEA N° 13I10173 de Corfo junto a INIA, “los resultados de ese proyecto serán clave a la hora de legislar para la introducción de transgénicos en el país” y ya son publicitados por ChileBio en la revista Plant Biotechnology. En la revista, Miguel Ángel Sánchez, de Monsanto y ChileBio, se identifica como jefe del proyecto “Internet para el desarrollo agrícola de Chile: servicio público para estimar el impacto de coexistencia de especies vegetales genéticamente modificadas, convencionales y orgánicas”. También hay nuevos fondos estatales entregados al Consorcio BioFrutales para el desarrollo de uva transgénica y luego, de duraznos y carozos transgénicos. Se trata de tres proyectos recientemente adjudicados por InnovaChile y Fondef por $5.800 millones, por 10 años. El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos. Los supermercados nos venden alimentos procesados importados, que contienen ingredientes transgénicos, sin que exista etiquetado que permita optar por otros alimentos. El ministerio de Salud está a contrapelo de la tendencia mundial, que respalda el derecho de los consumidores a saber qué estamos comiendo. El reglamento sanitario fue modificado en 2003 a petición de la industria, para que Chile se guiara por un criterio inventado por las transnacionales agroquímicas y de la biotecnología, la llamada “equivalencia sustancial” que pretende calificar un alimento transgénico como idéntico a uno producido convencional u orgánicamente. SERNAC y MINSAL se amparan en ello para mantenernos desinformados sobre los alimentos que contienen transgénicos. Más fondos para el agronegocio Los fondos para investigación del Estado en agricultura, no se ocupan en estudiar cómo producir más sano. Discriminan a favor de la llamada “tecno ciencia”, la ciencia aplicada a resultados de innovación vinculados a los cultivos transgénicos o el desarrollo de híbridos o alimentos funcionales o a complicados sistemas tecnológicos para beneficio de la agroindustria. Este gobierno proclama su apoyo a la agricultura familiar campesina, pero órganos del Estado como INIA, FIA, la CNR y otros, así como la mayor parte de las políticas y presupuesto del ministerio de agricultura, continúan al servicio de la agroindustria. Por ejemplo, se han entregado fondos importantes para que estas instituciones desarrollen proyectos de generación de semilla “mejorada”. Los resultados de ese trabajo sin duda mejorarán los ingresos de la agroindustria, orientados a la exportación de semillas “mejoradas” o plantas de maíz, pimiento, alcachofa, o cerezo, y últimamente de la quínoa y el pepino dulce. Esas nuevas variedades, con propiedad intelectual registrada en el SAG, por su costo no estarán al alcance de los pequeños campesinos. Este tipo de “mejoramiento” genético tampoco tiene como objetivo satisfacer al consumidor sino al comercializador. Un ejemplo típico es el tomate que consumimos hoy mayoritariamente, de “larga vida” para el supermercado y los transportistas, pero sin olor ni sabor; o la sandía cuadrada para facilitar su transporte. Los cultivos desarrollados con la semilla campesina tradicional no se incentivan con ese mismo ímpetu ni con fondos generosos; no hay políticas de entrega de semilla tradicional a la agricultura familiar campesina, ni hay campañas públicas orientadas a mostrar las cualidades nutricionales de estos productos. Mientras los plaguicidas entran con arancel cero, no existen subsidios para la agricultura orgánica, Tampoco se apoya financieramente los procesos de transición de producción convencional a producción agroecológica. El Estado no está preocupado de abastecer a los comedores escolares y hospitales públicos con verduras y hortalizas sanas producidas localmente, como ocurre en Brasil y Bolivia. En Chile sólo interesa mejorar la productividad y orientar todo hacia la exportación. El gobierno también promueve la continuidad del decreto 701 de subsidio a los monocultivos de pino y eucaliptus que han dejado sin agua a las comunidades indígenas y campesinas. No es coherente apoyar la agricultura familiar campesina y continuar expandiendo estos monocultivos rechazados por su negativo impacto en el ambiente. Achipia aboga por normativas laxas Por su parte ACHIPIA, el nuevo órgano dependiente del ministerio de agricultura, que por definición debiera preocuparse de la calidad integral de los alimentos, está actuando en la práctica como portavoz de la agroindustria exportadora, orientado a convencer al público y el mercado externo que todo lo que Chile produce es de calidad. Aunque Achipia define la inocuidad de un alimento como “la garantía de que no causará daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine”, en 2012, la entidad no mostró ninguna preocupación por factores como los plaguicidas, que inciden en la salud de los consumidores. El funcionario de Achipia Eduardo Aylwin (actualmente asesor en temas de plaguicidas), al discutirse los LMR en alimentos, es decir los límites máximos de residuos de plaguicidas reconocidamente cancerígenos según la UE, USEPA, IARC, se opuso a que se aplicara la normativa más rigurosa. Actualmente incluso las semillas de hortalizas se recubren con venenos –insecticidas neonicotinoides- de carácter sistémico. Además de contribuir a la mortandad de abejas y a la merma de la apicultura, esas sustancias tóxicas van a estar presentes también en los alimentos. No existe norma sobre residuos de plaguicidas en miel. Las normas sobre residuos que existen no son garantía de calidad por la escasa fiscalización existente, pero sobre todo, como hemos visto en las comisiones respectivas público-privadas, han sido dictadas para ser lo más laxas posible, como resultado de la intensa presión de la industria productora de agrotóxicos, apoyados por académicos integrados a la industria. Llamamos al gobierno a prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, promover efectivamente la agroecología, etiquetar los alimentos transgénicos, retirar el proyecto de extensión del Decreto 701, y generar una política de compras públicas de alimentos sanos para escolares y hospitales públicos. Red de Acción en Plaguicidas Chile, RAP-Chile /Alianza por una Mejor Calidad de Vida/OLCA/ANAMURI/CIAL Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile Alonso de Ovalle N°1618, oficina A, Santiago Centro / 22 6997375/ 9-8858227/ rap-al@terra.cl/

FAO advierte a Uganda contra los cultivos transgénicos

(Diario Nueva Visión, Uganda, 10 de marzo de 2013, por Henry Sekanjako)

Uganda, 10 de Marzo de 2013.- La FAO, la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha advertido a Uganda contra el uso de cultivos transgénicos como forma de mejorar la producción de alimentos, afirmando que generan un impacto en el ambiente.

Esto ocurre cuando el parlamento de Uganda está analizando- desde 2012-  un proyecto de Biotecnología y Bioseguridad Nacional, cuyo objetivo incluye asegurar el desarrollo y la introducción generalizada de transgénicos en Uganda. El proyecto también contiene un marco regulatorio para facilitar el desarrollo y aplicación segura de la biotecnología.

Sin embargo, en rueda de prensa con periodistas el fin de semana, el director general de FAO, José Graziano da Silva se mostró contrario al uso de transgénicos como forma de aumentar la producción de alimentos para combatir el hambre.
“No los necesitamos ahora, no sabemos qué va a pasar con las áreas de producción y los cultivos”, dijo el director de FAO,  ex ministro extraordinariodel pasado gobierno de Lula da Silva.  para la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre,
Los alimentos transgénicos incluyen los  porotos de soya, maíz entre otros alimentos.

Graziano destacó que FAO no está contra los transgénicos, diciendo que era necesario que los países que los cultivan se aseguren de que esos alimentos son seguros para el consumo humano.
“Es riesgoso para los continentes que ya tienen cultivos transgénicos; queremos asegurarnos que se adopten medidas de seguridad adecuadas relacionadas con la contaminación ambiental. Nuestra posición como FAO no  es contra los transgénicos pero lo que afirmamos es que no los necesitamos para erradicar el hambre”, dijo Graziano.

El aconsejó que en vez de usar los transgénicos, los países deberían aplicar la tecnología que se usaba 50 años atrás, antes de la llamada “revolución verde”.

“Si usáramos esto, deberíamos ser capaces de multiplicar diez veces la producción, o más, dijo Graziano.
También destacó que en caso que se usaran transgénicos, los productos que los contengan deberían estar etiquetados para darle al consumidor el derecho a escoger si desean o no comerlos.
Sin embargo el ministro ugandés de agricultura Nyiira Zerubabel Mijumbi quien estaba junto a Graziano en la sede de FAO en Wandegeya Kampala, dijo que el gobierno estaba analizando un proyecto para regular los transgénicos agregando que debería haber aseguramiento de su calidad.

Fuente:http://www.newvision.co.ug/news/640516-fao-warns-against-genetically-modified-foods.html Traducción de Lucía Sepúlveda Ruiz para RAP-Chile y campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.