Protestan en Chile por tratado que firmará Bachelet con EEUU.ALERTA CHILEEn distintas ciudades de Chile, organizaciones sociales y la plataforma Chile Mejor Sin TPP, manifestaron un rechazo masivo a la adhesión que concretará Chile el próximo 4 de febrero, a través de la firma de Michelle Bachelet, al polémico e inconsulto acuerdo de asociación de libre comercio, promovido por Estados Unidos y que incluye a México y Perú. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio multilateral que se negocia en secreto.Fuertemente promovido por Estados Unidos, el tratado involucra también a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile.En sus más de 26 capítulos de negociación, el acuerdo busca regular un gran número de temáticas, que van desde el comercio de lácteos, hasta la regulación laboral, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente.Las negociaciones del TPP comenzaron en marzo del 2010 y han sido hechas de espalda a la comunidad de los países afectados. Hoy, todo lo que sabemos al respecto, es gracias a filtraciones de los textos oficiales, como las realizadas por Wikileaks entre noviembre de 2013
Posted by Prensa opal chile on sábado, 23 de enero de 2016
sábado, enero 23, 2016
Video de marcha en Santiago contra el TPP
lunes, enero 04, 2016
Por twitter diputado Fuad Chahin anuncia que votará contra el TPP
Diputado Fuad Chahin votará contra el TPPi
El anuncio es la respuesta a una interpelación hecha por organizaciones sociales, ambientales e indígenas de la Araucanía en carta fechada el pasado 31 de diciembre, en la que dieron un plazo de 10 días a todos los parlamentarios de su regiónpara definirse en este tema.
Nos alegra la decisión del diputado, a quien saludamos con entusiasmo y felicitamos a quienes siguieron el camino de hacer ver a diputados y senadores que su deber es representar al pueblo y no a las transnacionales.
Nos alegra la decisión del diputado, a quien saludamos con entusiasmo y felicitamos a quienes siguieron el camino de hacer ver a diputados y senadores que su deber es representar al pueblo y no a las transnacionales.
domingo, diciembre 20, 2015
El Acuerdo Transpacífico TPP o Cómo privatizar la semilla y sumar biopiratería
¡De repente nos encontramos ad portas del
gobierno directo de las transnacionales! Corporaciones como Monsanto, las
farmacéuticas, los fabricantes de automóviles y otras corporaciones elaboraron
en secreto junto a una elite de negociadores de la casta empresarial/estatal de
doce países, una ley para todos sus
habitantes. Denominaron el resultado como “Acuerdo Transpacífico” (TPP), y la
Presidenta Bachelet lo firmará en febrero – cuando Chile está en “receso”
vacacional - para recién entonces enviársela al parlamento. A partir de marzo
senadores y diputados deberán decir sí o no. Hasta ayer no más, ellos tampoco
tenían idea de qué iban a contener los 30 capítulos, sus anexos y demases
porque sólo a fines de octubre se hicieron públicos los contenidos y aún no son
definitivos los textos ni sus traducciones. A partir de marzo podrán
reivindicar o no su rol como representantes electos por los y las ciudadanas, o
elegirán ser comparsa nacional de las transnacionales y sus socios chilenos. Están
en la mira de sus electores.
Son
muchos los impactos negativos del Tratado, presentado como el acuerdo comercial
más importante firmado hasta ahora, que se aboca a todos los temas imaginables
y de lo que menos habla es de comercio. Aquí sólo nos referiremos a qué pasará con la
semilla campesina e indígena y con la biodiversidad, si se aprueba este tratado.
Resucitan la “Ley Monsanto”
Hasta
el año 2013, el negociador de temas agrícolas del tratado por Estados Unidos
fue Islam Siddiqui, ex lobbysta de Monsanto.
Se retiró tras asegurar en la redacción los intereses de la
transnacional productora de híbridos, transgénicos y plaguicidas. El capítulo 18, de Propiedad intelectual, en
su párrafo.7.2., letra d) obliga a Chile ratificar el Convenio UPOV 91 (de
propiedad intelectual de las semillas).Eso implica derogar la actual ley de
semillas y aprobar el proyecto de Ley de Obtentores, que es la traducción al castellano del
Convenio UPOV 91.
Ante
la presión social, al inicio de su mandato, la Presidenta Bachelet había suspendido la
tramitación final por el Senado de la “Ley Monsanto” (proyecto de Ley de
Obtentores Vegetales) por sus implicancias en la soberanía alimentaria y la
biodiversidad. Por eso no pudo promulgar el Convenio UPOV 91, aprobado el año 2011 por el Senado. Reponer la Ley Monsanto a través del TPP,
significa impedir el ejercicio del derecho ancestral al libre intercambio de semillas, y extender el registro de semillas a todas las
variedades vegetales, encareciendo aún más el costo de la semilla. El resultado
será aumentar más la emigración
campo-ciudad, por el colapso de la agricultura familiar campesina, generando
así el espacio físico requerido para la expansión de los cultivos transgénicos
y de la contaminadora industria forestal. Sin agricultura familiar campesina,
que actualmente abastece las ferias libres y otros espacios de venta de frutas
y verduras, los consumidores dependerán
exclusivamente de los supermercados, más caros. La agroindustria además, orientada a la
exportación dejará en el país sólo lo no exportable y las “cadenas cortas”
consumidor – productor que se presentan como alternativas nuevas y
saludables, abortarán por disminución de
la oferta de productores rurales.
Biopiratería legal
En
este mismo capítulo 18, en el párrafo 16.d hablando de “cooperación” el TPP impulsa
además la formación de expertos en el registro de patentes de conocimiento
(ancestral) indígena sobre plantas. Obviamente eso indica que los expertos
patentarán conocimientos ancestrales, un procedimiento rechazado ampliamente
por las organizaciones de los pueblos originarios que habitan Chile y cuyo
patrimonio genético y conocimientos ancestrales ya han sido víctimas de la
biopiratería desde hace rato. Este Tratado sigue alentando la biopiratería y
nada dice respecto de nuevos protocolos internacionales referidos a estos
asuntos.
Nueva Zelanda negoció excepciones a favor de
sus pueblos indígenas derivadas del Tratado de Waitangi. En cambio Chile ni
siquiera prevé la Consulta Indígena según ha afirmado la Cancillería, ignorando
las disposiciones del Convenio 169.
Tratados
anteriores con USA y la Unión Europea ya exigían a Chile ratificar el Convenio
UPOV 91. La diferencia es que ahora, si el Estado no cumple, cualquiera de las
empresas inversoras de los 11 países miembros del tratado puede llevar a Chile a tribunales
internacionales (CIADI) cuyas sentencias – inapelables- en forma
mayoritaria son en contra de los países en desarrollo, y de
altísimo costo.
Tutela sobre leyes
Las
disposiciones del TPP afectan la soberanía nacional, ya que su maraña de disposiciones genera una
suerte de camisa de fuerza respecto de nuevas normas. El capítulo 2 sobre
Trato Nacional y Acceso a Bienes, en su párrafo 27.10 establece un
Grupo de Trabajo sobre Biotecnología que analizará
“las leyes,
reglamentos y políticas nacionales, existentes y propuestos”. Cualquier regulación que pretenda
proteger nuestra salud y el ambiente, por ejemplo a través de la moratoria a
los cultivos transgénicos y el etiquetado de alimentos transgénicos, o
políticas públicas que regulen la existencia de
compras públicas de alimentos agroecológicos/orgánicos para comedores
escolares u hospitales podrían ser consideradas como un obstáculo al comercio y
quedarían “congeladas”. Porque existe el capítulo 15 sobre Compras del Sector
Público y un Capítulo 8 sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Estas normas podrían ser vistas como acciones
que van en contra de las “expectativas razonables de ganancias” de los
inversores de la agroindustria, definidas sólo por la empresa. El Estado no se arriesgará
a posibles demandas porque firmó el Capítulo
28 sobre Resolución de Controversias (tribunales internacionales con fallos
inapelables y sesgados); y el Capítulo 9 sobre inversiones que regula estos
temas. El tratado opera como un candado a normas rigurosas que permitan mayor
protección de nuestra salud y de la biodiversidad.
Contaminación sin castigo
En el ya citado capítulo 2, su párrafo 29 se cuida de asegurar la exportación
ininterrumpida de transgénicos sin penalizar la contaminación, aplicando normas
más débiles que las del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biodiversidad o las del Codex Alimentario.
Desoyendo las demandas ambientalistas Chile, alineado con Estados
Unidos, lleva décadas negándose a ratificar este Protocolo que regula la
exportación de transgénicos. Estados
Unidos, Canadá, Chile y Australia, no firmantes del Protocolo de Cartagena,
impusieron su criterio respecto de aplicar normas más bajas que los estándares
internacionales frente a la contaminación de embarques con niveles bajos de
transgénicos, y no cuantificar el nivel
de contaminación a permitirse.
En
los últimos años, las exportaciones de maíz convencional de LimaGrain se han
visto afectadas por contaminación de transgénicos y en más de diez oportunidades
fueron devueltas a Chile desde Alemania, que las rechazó. La falta de control
de la contaminación por transgénicos será una amenaza creciente para la
exportación de alimentos a países con tolerancia cero a los transgénicos
(Alemania, Rusia) o con tolerancia cero a los no aprobados (entre otros,
Francia, Malasia, China) ya que si adoptan medidas como el rechazo, también
podrían ser demandados por las transnacionales.
Por
Lucía Sepúlveda R. Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, vocera para la RM de
la campaña nacional Yo NO Quiero Transgénicos en Chile.
Fuentes
a consultar para saber más:
Sobre
la Obligación de ratificar el Convenio UPOV 91 y consecuencias
Declaración del Diálogo Sur sobre Leyes de
Semillas, 25 de noviembre de 2015 http://reddesemillaslibresdecolombia.ning.com/
Cóm Cómo atajamos la Ley Monsanto
Sobre el Candado impuesto a nuevas legislaciones
frente a amenaza de demandas por inversores
Informe
para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los efectos adversos Por Alfred de Zayas (Estados Unidos), en español.
htt
Sobre punto 3
de normas frente a Niveles Bajos de Contaminación por Transgénicos
El
TPP asegura la contaminación ilegal de nuestros alimentos (Lim Li Lin y
Lim Li Ching, Red del Tercer Mundo, en inglés), diciembre de 2015
Santiago
de Chile, 20 de diciembre de 2015
martes, diciembre 08, 2015
Presidenta Bachelet ignoró recomendaciones sobre Derechos Humanos y TPP
 |
| Victoria Tauli-Corpus, relatora Derechos Pueblos Indígenas |
Presidenta Bachelet ignoró recomendaciones sobre TPP
formuladas por expertos en
Derechos Humanos de Naciones Unidas
por Lucía Sepúlveda Ruiz
En los meses finales de negociación del
Tratado Transpacífico TPP, un grupo de relatores de Naciones Unidas, entre otros
quienes cautelan los derechos a la Alimentación y los de Pueblos Indígenas,
formuló críticas sobre los alcances del Tratado en relación a los derechos
humanos y pidió enmendar rumbos. Luego
del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet sobre la adscripción al Tratado, 50
organizaciones chilenas solicitaron la intervención de estos expertos para que
el Estado chileno no lo ratifique. Esa petición entregada en Ginebra el 13 de
noviembre por la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, detalla las
transgresiones a los derechos humanos contenidas en el tratado, y ahora está
recibiendo masiva adhesión a través de petición en Avaaz
En la víspera del Día Internacional de los
Derechos Humanos, es relevante citar la declaración de junio de los relatores y
expertos con las recomendaciones y
prevenciones que el Estado de Chile hasta ahora ha escogido ignorar. Ello confirma los aspectos negativos del Tratado
para la vigencia de los derechos sociales, culturales, económicos y políticos
que el Estado se ha comprometido a respetar. Particularmente importante son las
consecuencias del TPP respecto del derecho a la salud, por la expansión del plazo de patentes para
los medicamentos genéricos, y la privatización de la semilla a través de la
obligación de ratificación del convenio
UPOV 91, la versión internacional de la llamada “Ley Monsanto” que había abortado por la presión social. Asimismo,
la criminalización de las descargas digitales libres es privatización del
conocimiento y daño a la privacidad. Los impactos son graves en relación a la
soberanía y la posibilidad de generar nuevas leyes y políticas públicas dada la
posibilidad de que el Estado de Chile sea llevado a sistemas de tribunales
internacionales (capítulo de solución de controversias) en los que como ya señaló el Premio Nóbel
Joseph Stiglitz en entrevista publicada por El Mercurio, nuestro país no tiene
posibilidades reales de ganar la demanda. Los relatores agregan que aunque los
inversionistas pueden demandar al Estado chileno, NO se puede hacer lo
contrario, es decir los estados parte del TPP no pueden demandar a los
inversionistas. Es un ejemplo claro de a quiénes benefician estos tratados.
Aquí la declaración de los relatores:
Ginebra 2 Junio de 2015 - Se está
negociando varios acuerdos de libre comercio e inversión, tales como el Tratado
Transpacífico (TPP) y el Acuerdo de Comercio e Inversión (TTIP).
Un grupo de expertos* de Naciones
Unidas han dado a conocer la siguiente declaración para expresar su
preocupación sobre el secretismo de la discusión y negociación de muchos de
estos acuerdos y los impactos potencialmente adversos de estos acuerdos en los
derechos humanos:
“Aunque los tratados de comercio e inversión pueden
crear nuevas oportunidades para la economía, llamamos la atención sobre el
impacto potencial negativo que estos tratados y acuerdos pueden tener en el
goce de los derechos humanos (ya sea civiles, culturales, económicos, políticos
o sociales) como está establecido en los instrumentos legalmente vinculantes.
Nuestras preocupaciones se relacionan con los derechos a la vida, a la
alimentación, al agua y la sanidad, a la vivienda, a una educación, ciencia y cultura, el
mejoramiento de los estándares laborales,
una justicia independiente, un ambiente limpio y el derecho a no ser sometido
a un desplazamiento forzoso.
Como también se subraya en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
, los estados deben asegurar que los acuerdos comerciales y de inversión no afecten su capacidad de cumplir sus obligaciones
en derechos humanos (Principio Rector N 9).
Protección de la
salud y alimentación
A los observadores les preocupa que estos tratados
y acuerdos puedan tener ciertos efectos regresivos en la protección y promoción
de los derechos humanos, al bajar el umbral de la protección de la salud, de la
seguridad alimentaria y los estándares laborales, cautelando los intereses
comerciales de los monopolios farmacéuticos y extendiendo la protección de la
propiedad intelectual.
Hay una legítima preocupación que tanto los trataos
bilaterales de inversión (BITs por su sigla en inglés) como los acuerdos de
Libre Comercio (FTAs) puedan agravar el problema de la extrema pobreza, poner
en peligro la renegociación justa y eficiente de la deuda externa y afectar los
derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad,
las personas de la tercera edad y otras personas que viven en situación de
vulnerabilidad.
Sin duda que la globalización y muchos tratados de
Inversión Bilaterales y Tratados de Libre Comercio pueden tener impactos
positivos pero también negativos para la promoción de un orden internacional
democrático y equitativo que requiere solidaridad práctica internacional.
La solución de
controversias
En estos tratados, los capítulos de resolución de
diferencias (ISDS por su sigla en inglés) entre inversores y Estados están
también siendo muy problemáticos dada la experiencia de décadas de arbitrajes
conducidos ante este tipo de tribunales. La experiencia demuestra que la
función regulatoria de muchos Estados y su capacidad para legislar de acuerdo
al bien público han sido puestos en riesgo.
Creemos que el problema ha sido agravado por el
efecto “congelador” que han tenido las sentencias de estas cortes invasivas,
cuando los Estados han sido castigados penalmente por adoptar regulaciones, por
ejemplo para proteger el ambiente, la seguridad alimentaria, el acceso a
medicamentos genéricos y esenciales y la reducción del tabaquismo (como se
requiere según la convención de OMS sobre el Control del Tabaco) o por subir el
salario mínimo.
Los capítulos ISDS constituyen una anomalía porque
entregan protección a los inversores pero no a los Estados ni a sus habitantes.
Permiten a los inversores demandar a los Estados pero no permiten lo contrario.
La adopción en 2014 de la Convención de Naciones Unidas sobre “Transparencia en
el Arbitraje Inversor-Estado basado en un Tratado” es un paso importante para
enfrentar el problema de la naturaleza generalmente confidencial y no
participativa de los acuerdos Inversor-Estado. Una mayor transparencia debería
servir para reparar la falta de coherencia entre las actuales formas de
inversión y las consideraciones de derechos humanos.
Invitamos a los Estados a revisar los tratados que
se están negociando y asegurar que ellos protejan y no obstaculicen los
derechos humanos. Si los tratados en cuestión incluyen un capítulo sobre
resolución de diferencias inversor-Estado, los términos de referencia de los
árbitros deben ser diseñados de manera que no se permita interferencia en la
regulación nacional del presupuesto, las políticas relativas a la salud, el
ambiente y otras políticas públicas.
Más aun, los tribunales de arbitraje deberían
permitir una revisión pública y sus sentencias deberían ser apelables ante la
Corte Internacional de Justicia o una Corte Internacional de Inversión especialmente
creada para trabajar en forma transparente y que rinda cuenta de sus actos.
Debe haber un equilibrio justo entre la protección entregada a los inversores y
la responsabilidad del estado de proteger a todas las personas que están bajo
su jurisdicción
Recomendamos que:
Todas las negociaciones actuales de los acuerdos
bilaterales y multilaterales de comercio e inversión deberían ser llevadas
adelante en forma transparente, con consulta y participación de todas las
partes interesadas, incluyendo sindicatos, organizaciones de consumidores, grupos
de protección ambiental y profesionales de la salud.
Se debería publicar todos los borradores de modo
que los parlamentarios y la sociedad civil tengan tiempo suficiente para
revisarlos y sopesar los pro y los contras de una forma democrática.
Se debería desarrollar una evaluación con respecto
a evaluación de los impactos anteriores y posteriores en los derechos humanos de
los actuales tratados bilaterales de libre comercio e inversión y de los que se
están proponiendo.
Las Partes deberían detallar cómo cumplirán sus
obligaciones de derechos humanos si ellos ratifican estos tratados de libre
comercio y de inversión que se están negociando.
Dada la amplitud y el ámbito de los acuerdos que
actualmente se están discutiendo, deben incorporarse fuertes salvaguardas para
asegurar la total protección y disfrute de los derechos humanos.”
FIN
(*) Los expertos: Mr Alfred de Zayas, Experto Independiente en la promoción de un
orden internacional democratico y equitativo; Ms Catalina Devandas Aguilar, Relatora especial sobre los derechos
de las personas con discapacidad; Mr
Dainus Puras, Special Relator Especial en el derecho de todos al disfrute
de los más altos estándares de salud física y mental; Ms Farida Shaheed, Relatora especial en el campo de los derechos
culturales; Ms Gabriella Knaul; Relatora
Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados; Ms Hilal Helver, Relatora Especial sobre el derecho a la
Alimentación, Mr Juan Bohoslavsky, Experto
Independiente en los efectos de las deudas externas y otras obligaciones
financieras internacionales sobre el total disfrute de todos los derechos
humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, Mr Léo Heller, Relator Especial sobre
el derecho humano a agua potable y sanitización, Ms Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, Ms Virginia
Dandan, Experta independiente en los derechos Humanos y la Solidaridad
Internacional.
Traducción: Lucía Sepúlveda para Yo No Quiero Transgénicos
en Chile y Chile Mejor sin TPP.
- Más información:
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E#sthash.WDQXUW9K.dpuf
jueves, diciembre 03, 2015
En Chile se venden sin restricciones plaguicidas cancerígenos y altamente peligrosos
Este año, en esta fecha enfatizamos nuestra demanda al gobierno sobre la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, como el glifosato, probable cancerígeno y los insecticidas neonicotinoides que matan las abejas.
Esta fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 500.000 personas intoxicadas y más de 16.000 personas fallecidas esa noche en Bophal, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas. Actualmente, más de 100.000 personas sufren enfermedades crónicas producto de esta catástrofe. Los muertos llegan a más de 25.000.
Este y muchos otros graves accidentes siguen ocurriendo en el mundo desde que se impuso la agricultura de monocultivos con uso intensivo de agrotóxicos. Se ha contaminado el aire, suelos, aguas y alimentos causando profundos desequilibrios en los ecosistemas, graves impactos en la biodiversidad, deforestación y pérdida de la fertilidad de los suelos.
El mayor costo social son las muertes y las intoxicaciones agudas y crónicas que afectan a trabajadores/as agrícolas y a la población expuesta a plaguicidas, como también a quienes consumimos, sin saberlo, alimentos con residuos de agrotóxicos, muchos de ellos persistentes en el ambiente, bioacumulables en los organismos, y altamente peligrosos.
En América Latina el uso de plaguicidas ha intoxicado a millones de personas y ha cobrado miles de víctimas, muchos de ellos niños. Sin embargo, nadie ha asumido la responsabilidad por estos crímenes que permanecen impunes. Sólo en Brasil hay más de un millón y medio de trabajadores rurales intoxicados crónicos por esta causa.
En Chile, hay registrados plaguicidas con efectos cancerígenos que se venden sin restricciones, y su uso causa malformaciones congénitas y alteraciones de los sistemas nervioso, reproductivo e inmunológico. También se registran y usan los insecticidas neonicotinoides que matan las abejas y otros insectos benéficos. En 2015, además de la producción nacional, entre enero y octubre se importaron 16.089 toneladas de agrotóxicos, con una variación de 3,8 % respecto al mismo periodo de 2014.
Según el Ministerio de Salud, en 2012 hubo 849 intoxicaciones agudas; en 2013, fueron 552. En 2014 suben a 825, y a al mes de junio de 2015, hay 224 casos notificados y confirmados de intoxicaciones agudas por plaguicidas. A estas cifras hay que agregar 3 casos de intoxicación masiva recientes; uno de ellos ocurrió el 30 de octubre de 2015 y afectó a 24 personas, entre ellos un bebé. A raíz de este incidente, doce alumnos y cuatro profesores del Liceo Parroquial Teresita de Los Andes fueron derivados al hospital San Camilo de San Felipe. El segundo caso reciente ocurrió el 15 de noviembre en la comuna de Rinconada de los Andes, donde resultó intoxicada una familia de seis personas, entre ellos una mujer embarazada y tres niños. Un tercer caso ocurrió el 16 de noviembre en el sector de Víctor Koërner, limítrofe entre las comunas de Los Andes y Calle Larga afectando a un número indeterminado de vecinos del sector. Pero los incidentes de este tipo en realidad suman entre 3.500 y 4.000 casos anuales, porque se estima que en el país sólo se notifica 1 de cada 5 casos de intoxicación aguda. En relación a la intoxicación crónica, no hay estadísticas ni vigilancia epidemiológica.
Por un Chile libre de plaguicidas, transgénicos, y por una alimentación sana, exigimos que se prohíba el uso de los PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS (PAP) por sus efectos agudos y crónicos (según la OMS y FAO) y se lleven a cabo políticas públicas que apoyen la producción orgánica y agroecológica para avanzar hacia sistemas alimentarios inclusivos, con producción de alimentos saludables y protección de las y los trabajadores agrícolas, personas, flora, fauna y ecosistemas.
Alianza por una Mejor Calidad de Vida/
RAP-Chile / ANAMURI/ OLCA/ CIAL.
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL
jueves, noviembre 19, 2015
TPP denunciado en Naciones Unidas por transgresión a derechos humanos en Chile
Organizaciones socio-ambientales e
indígenas de Chile presentaron el 13 de noviembre en Ginebra una Petición de
Acción Urgente sobre el TPP, entregada a
Baskut Tunkat, relator de Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos, por Lucía
Sepúlveda (RAP-AL), mientras participaba en la consulta sobre Derechos Humanos y
Sustancias Peligrosas realizada en esa sede de Naciones Unidas el 12 y 13 de Noviembre.
La petición (adjunta a este boletín) fue entregada además en las oficinas de la
sra. Victoria Tauli-Corpuz, relatora de
Pueblos Indígenas, el viernes 20 de noviembre, por Flor Calfunao, representante
de la Misión Mapuche en Naciones Unidas, y asimismo se hizo llegar a los relatores David Kaye (derecho a la libertad de
expresión), e Hilal Elver (derecho a la alimentación) como también a Michael
Addo, del Grupo de Trabajo sobre DDHH y empresas transnacionales y a Aldred de Zayas (experto en promoción de un
orden internacional democrático). Esta petición lleva al plano internacional el
creciente rechazo al TPP manifestado por una gran diversidad de organizaciones
que realizan campañas orientadas a impedir la ratificación de ese acuerdo
impuesto por el gobierno, cuando se lleve a votación por el Congreso. Informar, movilizar y denunciar a los
parlamentarios que voten a favor del tratado que viola los derechos humanos de
los ciudadanos son los ejes de esta
campaña.
Luego de describir el secretismo con
que se negoció el tratado y denunciar cómo constituye una amenaza a los
derechos ciudadanos, la petición
insta a los citados personeros de Naciones Unidas a recomendar al gobierno
chileno la no ratificación del tratado dado que este acuerdo amenaza los
derechos de todos sus habitantes y poblaciones; también les solicita requerir
al Estado que cumpla con hacer la Consulta Indígena y que proteja los
conocimientos tradicionales y lugares sagrados de los Pueblos Indígenas.
El mecanismo de “Acción
Urgente” se utiliza ante violaciones a los derechos humanos que requieren una
respuesta rápida. Su uso se acordó el pasado 7 y 8 de noviembre, por organizaciones participantes en el encuentro
AguANte la Vida, realizado en Santiago y convocado por el Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA. En el encuentro participaron
organizaciones de todo el país que desarrollan acciones en defensa del agua, de
la alimentación sana y de sus territorios amenazados por el extractivismo y los
megaproyectos mineros o energéticos,
trabajando en redes.
Antonio Molpeceres, que encabeza el PNUD
y es encargado del Sistema de Naciones Unidas en Chile, se comprometió a distribuir esta petición de Acción Urgente
sobre el TPP a las autoridades de
Naciones Unidas vinculadas con esta
temática en nuestro país.
 Los firmantes de esta petición son: ADEMA Putú, Agrupación de Regantes y No Regantes del Río Mostazal – Valle del Limarí, Campaña Agua 100% Chilena – Araucanía, Alerta 244, Asamblea por el Agua del Guasco Alto – Atacama, Biblioteca Mapuche Autogestionada de Temuco, C.A.C, Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, Campaña Yo No Quiero TPP 5° Región, Centro Cultural La Ventana, Centro de Estudio Social Buen Vivir –CCO, Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo, Colectivo de Comunicaciones Mapuexpress, Colectivo La Savia, Colectivo Mujeres de Curicó, Comité Ecológico Parque Natural Gómez Carreño, Comunidad Mapuche Trai Traiko – Panguipulli, Coordinadora Chorera de Talcahuano, CORSAP, Escuela Asamblea Constituyente, Fundación Habitar, Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, Huerto La Berenjena, Movimiento Juntos por el Agua. San Pedro de Melipilla, Ñuble Libre, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Pacto Mundial Consciente, Parlamento Mapuche de Koz Koz, Programa Radial Semillas de Agua, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina RAP-AL, Red de Acción por los Derechos Ambientales de la Araucanía RADA, Red Defensa de los Territorios (Araucanía), Grupo Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos, Red Metropolitana No Alto Maipo, Unión Comunal de Juntas de Vecinos Teno, Valles en Movimiento (Limarí,) y Vive Curacautín (Región Araucanía). |
||||||||||||||||
Contacto:
Lucía Sepúlveda (RAP-Chile) 226 99 7375, cel: 900 23 729 lusr20@gmail.com
Lucio Cuenca, Observatorio Conflictos Ambientales l.cuenca@olca.cl
Alfredo Seguel, Grupo Trabajo Mapuche por los Derechos
Colectivos coordinacionmapuche@gmail.com
Más información en
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miércoles, noviembre 04, 2015
Maule demanda a parlamentarios definirse sobre TPP de cara a sus votantes
Senadores y diputados de la Región del Maule
fueron interpelados a rechazar el TPP, en carta pública firmada a comienzos de
noviembre por una decena de organizaciones
socio-ambientales de la región del Maule. En la misiva, las organizaciones
señalan: “Nos preocupa especialmente que la ratificación
del TPP forzará la aprobación de la Ley de Obtentores Vegetales para cumplir
con la exigencia de ratificación del Convenio UPOV 91, lo que pone en riesgo el
patrimonio genético al privatizar la semilla campesina e indígena, generando
condiciones para la expansión de los cultivos transgénicos con su paquete
tecnológico de agroquímicos tóxicos, afectando
gravemente la alimentación, la salud de las personas y los ecosistemas”. La carta lleva las
firmas de la Red Socioambiental Semillas (Talca), Colectivo de Mujeres
(Curicó), Feria Eco Alternativa (Curicó), Organización Conscientes (Universidad
de Talca), Huertos Urbanos (Talca), Asamblea Constituyente (Curicó), Red de economía social y solidaria (Talca),
Red del Buen Vivir (Talca), Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna
(Talca), Agrupación Ecológica Nawen (Llico) y Consejo
Ecológico Comunal de Molina (Molina).
Luego de analizar otros
impactos negativos del tratado que sigue siendo secreto hasta ahora, el mensaje concluye
afirmando: “No queremos dejar el futuro económico de nuestro país en manos de
mercados internacionales; no queremos ser gobernados por EEUU; no queremos
vender nuestra semilla indígena nativa; no queremos ser alimentados con cáncer;
no queremos ser vulnerados en nuestros Derechos Fundamentales. Queremos pedirle
especialmente que en este tema actúe de
cara a la ciudadanía a la que representa, manifestando abiertamente su
postura al respecto (a través de una respuesta al correo electrónico
redsocioambientalsemillas@gmail.com),y haciéndonos partícipes de la decisión
que se tome, ya que antes del lobista, del economista, del empresario, usted
representa a cada hombre y cada mujer de esta Región, quienes han confiado en
usted las decisiones que configuran el destino futuro de Chile.”
La misiva está dirigida a quienes
deberán votar el tratado secreto sin poder modificarlo, sólo con un “No” o un “Sí”. En la región del Maule, los y las ciudadanas
observarán y denunciarán si fuera necesario, a los senadores Juan A. Coloma, Andrés Zaldívar, Hernán Larraín,
Manuel A. Matta, y a los diputados Roberto León, Celso Morales, Sergio Aguiló,
Germán Verdugo, Pablo Lorenzini, Pedro P Alvarez-Salamanca, Jorge Tarud,
Romilio Gutiérrez, Guillermo Ceroni, Ignacio Urrutia. Hasta ahora ellos sólo
conocen lo que la Cancillería les informa sobre el tratado sin acceso a las
implicancias aquí denunciadas debido al secretismo de la negociación que sólo
Wikileaks ha logrado obstruir en parte.
A continuación,
el texto completo de la carta:
“Junto
con saludarle, quisiéramos manifestarle nuestra preocupación por la eventual
ratificación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido
por sus siglas en inglés, como “TPP”. La decisión sobre este tema de vital
importancia es suya, y su postura puede cambiar radicalmente el Chile en el que
vivimos y en el que vivirá nuestra descendencia.
En
primer lugar estamos muy preocupados porque la negociación de este Tratado se
ha realizado en secreto y a espaldas de
la ciudadanía, lo que nos lleva a la paradoja de que dicho tratado pueda
formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y no tengamos idea alguna de qué,
cómo, cuándo o porqué seremos afectados en nuestros Derechos como ciudadanos, y
representados. A juicio de quienes suscribimos, es fundamental que el contenido
del TPP sea transparentado y discutido abiertamente, de cara a la ciudadanía,
como siempre debió haber sido.
Si
bien el TPP ha sido negociado en secreto durante todo este tiempo, hemos tenido
acceso a él gracias a la información que se ha filtrado por internet sobre su
contenido.Nos inquieta el hecho de que los conflictos entre empresas
transnacionales y el Estado de Chile sean conocidos por mecanismos externos de
arbitraje de carácter vinculante, en los casos que se instituyan normativas que
disminuyan la rentabilidad esperada de sus inversiones; práctica que constituye
una grave violación de la soberanía
nacional.
Nos
preocupa que se viole el Derecho a la Salud de todos y todas, al extender los
precios de monopolio de los consorcios farmacéuticos extranjeros - en su
mayoría norteamericanos - a doce años, impidiendo la competencia con
medicamentes biosimilares, lo que afectará sustancialmente a los consumidores
al elevarse el precio de los medicamentos nacionales, perjudicándose el acceso a la salud de toda la sociedad, sobre todo en
los sectores económicamente más vulnerables.
Nos preocupa
especialmente que la ratificación del TPP forzará la aprobación de la Ley de
Obtentores Vegetales para cumplir con la exigencia de ratificación del Convenio
UPOV 91, lo que pone en riesgo el patrimonio genético al privatizar la semilla
campesina e indígena, generando condiciones para la expansión de los cultivos
transgénicos con su paquete tecnológico de agroquímicos tóxicos, lo que afecta gravemente la alimentación, la
salud de las personas y los ecosistemas. Esta medida viola lo dispuesto
en el Convenio 169 OIT ratificado por Chile, ya que defiende los intereses del
agronegocio y las corporaciones, y desconoce
el Derecho de las comunidades indígenas a ser escuchadas, poniendo en riesgo su
patrimonio ancestral.
“No
queremos dejar el futuro económico de nuestro país en manos de mercados
internacionales; no queremos ser gobernados por EEUU; no queremos vender
nuestra semilla indígena nativa; no queremos ser alimentados con cáncer; no
queremos ser vulnerados en nuestros Derechos Fundamentales. Queremos pedirle
especialmente que en este tema actúe de
cara a la ciudadanía a la que representa, manifestando abiertamente su
postura al respecto (a través de una respuesta al correo electrónico
redsocioambientalsemillas@gmail.com),y haciéndonos partícipes de la decisión
que se tome, ya que antes del lobista, del economista, del empresario, usted
representa a cada hombre y cada mujer de esta Región, quienes han confiado en
usted las decisiones que configuran el destino futuro de Chile.”
Curicó, Talca, Llico, Molina, Noviembre de 2015
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