La Ley Monsanto y el Acuerdo de las Transnacionales TPP

 "La Ley Monsanto y el Acuerdo de las Transnacionales TPP 

La Ley Monsanto renació, mal parida por el Acuerdo de las Trasnacionales TPP, que exige la ratificación del convenio UPOV91, de privatización de la semilla. El senado nunca llegó a votar ese proyecto de nombre críptico: “Ley de Derechos de Obtentores Vegetales”  (traducido como Ley Monsanto), que viabilizaba la adscripción al convenio internacional UPOV 91 dictado por las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas.

En marzo de 2014, se produjo  la retirada de la Ley Monsanto por el recién asumido gobierno de Bachelet “para su revisión por atentar contra la biodiversidad y la soberanía alimentaria.” Esa fue la  primera medida de la presidenta, dada a conocer a través de la entonces secretaria de gobierno y ex senadora, Ximena Rincón.

El gobierno miente cuando argumenta que Chile ya ratificó el Convenio UPOV 91. Sin Ley de Obtentores, o sea sin una nueva Ley de Semillas, el gobierno no pudo implementar la ratificación del Convenio UPOV 91 ya votada por el Congreso, pues ello requiere una ley nacional sobre el tema. Por tanto hasta la fecha el país sigue rigiéndose por la versión 1978 de ese convenio, como se puede comprobar en la sección Members de   www.upov.org/portal/index.html
Se requirieron seis años de lucha para atajar la “Ley Monsanto”  firmada por Michelle Bachelet en 2008, su primer gobierno, e impulsada luego por Sebastián Piñera. El proyecto garantizaba más lucro para las transnacionales de la biotecnología a costa de la privatización de la semilla, y de la consiguiente destrucción de la agricultura familiar campesina y la biodiversidad. Bachelet fue interpelada duramente en actos de su campaña electoral en Limache y Temuco, tras lo cual prometió “revisar” el proyecto.

En 2008, pocos sabían que Monsanto controla el mercado global de semillas transgénicas y con sus empresas Anasac Chile y Seminis, es la principal “obtentora” (dueña) de semillas híbridas. En 2016 Monsanto intenta fortalecer su presencia en Chile con un proyecto de expansión de su  planta de semillas trasngénicas de Paine, muy resistido por la comunidad. Años atrás, la gente tampoco asociaba el cáncer y las enfermedades crónicas, con la agricultura intensiva en uso de plaguicidas ni con los alimentos transgénicos. Fue clave la visita a Chile de la documentalista francesa Marie Monique Robin el 2009, invitada por la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) a lanzar su célebre video “El Mundo Según Monsanto”.
Ahora con la Plataforma Chile Mejor sin TPP, que agrupa a más de cien organizaciones del país,  quienes luchamos hace poco contra la Ley Monsanto, seguiremos trabajando contra su nueva versión, porque necesitamos semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas. Nuestro desafío es asegurar el libre flujo de la semilla campesina e indígena, mediante políticas públicas de apoyo a la agroecología y la agricultura familiar campesina.

El triple pack pro transgénicos
Monsanto, Syngenta, Dupont-Pioneer, Bayer y  sus socios chileno, entre los cuales está el clan von Baer, buscan avanzar hacia la legalización de los cultivos transgénicos, dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas. Hoy están autorizados sólo para la exportación. El Acuerdo de las Transnacionales TPP ayudará a Monsanto, ya que considera “obstáculos al comercio” todas las medidas que atenten contra sus expectativas de ganancia, como una moratoria, o el etiquetado de alimentos transgénicos o las multas por contaminación.
Empresas y gobiernos idearon hace tiempo un “triple pack” cuya primera parte era lograr la aprobación del Convenio UPOV 91 de propiedad intelectual sobre la semilla. La segunda era derogar la actual ley de semillas y remplazarla por la Ley Monsanto. La fase tercera incluía retomar la discusión de la Ley de Transgénicos (llamada de Bioseguridad). La movilización social de los últimos años desbarató ese plan. El UPOV91 aprobado en 2011 por el senado, sólo era válido si se aprobaba la Ley Monsanto.

Como RAP-AL estuvimos el 2010 en la Cámara de Diputados, junto a Agricultores orgánicos del Biobio y Chiloé, ANAMURI, Grain, Biodinámicos, CET y el obispo emérito de Chiloé Juan Luis Ysern.  Alertamos sobre el real significado del proyecto de ley de Obtentores Vegetales, que propinaría un golpe mortal a la agricultura familiar campesina, El entonces presidente de la comisión de agricultura, Marco Enríquez-Ominami, se mostró receptivo a nuestros planteamientos, sin embargo su ingreso a la carrera presidencial dejó un vacío en la interlocución, y en marzo de 2010 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Obtentores Vegetales, un día antes que asumiera el presidente Piñera y el nuevo parlamento. Pero aún faltaba el voto en el Senado.

Un año después, en 2011 el Senado puso en tabla sorpresivamente  el Convenio UPOV 91 y lo aprobó entre gallos y medianoche. “Senado chileno vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena” fue el titular de inicio de una serie de artículos que publicamos sobre el tema y que aun circulan en redes sociales. La petición formulada después al Tribunal Constitucional por 17 senadores apoyados por organizaciones campesinas, indígenas, y sociales de declarar ilegal ese convenio, fue denegada.

El gobierno de Piñera envió en 2011 al Senado indicaciones para el proyecto de BioSeguridad/Transgénicos, pero no pudo avanzar. La movilización estudiantil copó la agenda, dándonos tiempo para compartir con comunidades campesinas e indígenas y asambleas estudiantiles, de Iquique a Chiloé, con ayuda de “Chile, la semilla campesina en peligro”, mi libro reportaje, el primero referido a las guardadoras de semillas, y a las leyes relacionadas con el tema.
Nace la campaña YNQT

Ese año 2011 nació la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, en cuya fundación participó RAPAL junto a BioBio Orgánico, la Red SocioAmbiental de Valparaíso (que formó ahora “Yo NO Quiero TPP en la V Región”), la Asamblea Social del Limarí, la Red Ambiental del Norte, Chiloé Orgánico, Tierra Nueva, la Revolución de la Cuchara, OLCA, Consumidores Conscientes de Valdivia, Linares y Ancud, y Permacultores de la BioRegión del Maipo, entre muchos otros colectivos. Se multiplicaron las actividades de difusión que incluyeron un video de la campaña (seguido por un documental de los “Transgeniales”) y más adelante, fotos con Vandana Shiva, Manu Chao y Natalia Contesse adhiriendo a la causa. Hicimos cabildos en Chillán con BioBio Orgánico y publicamos la Guía de Alimentos que Pueden Contener Transgénicos; desarrollamos talleres y acciones de autoetiquetado de alimentos transgénicos en supermercados de Santiago y regiones.
En 2012, el testimonio de apicultores en una audiencia pública convocada por el Consejo para la Transparencia, visibilizó por primera vez el daño causado por  Monsanto, Syngenta y otras semilleras: polen contaminado por el maíz transgénico. Los apicultores exigían saber quién los contaminó. El significativo fallo del Consejo, que puso fin al secreto en la ubicación de los cultivos transgénicos, fue la respuesta a una demanda presentada por RAP-AL en 2009, cuando se promulgó la Ley de Transparencia.
Poco después, la entonces senadora Ximena Rincón y el senador Juan Pablo Letelier, entre otros,  presentaron un proyecto de moratoria a los transgénicos y etiquetado de los alimentos con ingredientes de ese tipo. Sin embargo la iniciativa  nunca fue discutida en comisión alguna del senado. Ese año, un estudio del científico francés Gilles Séralini evidenció daños en pulmón e hígado y enormes tumores en ratas alimentadas toda su vida con maíz transgénico y Roundup de Monsanto, lo que alertó a sectores cada vez más amplios de la población que estos alimentos no son sanos ni seguros.
En 2013 el gobierno de Piñera puso urgencia a la Ley de Obtentores Vegetales, y la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile la rebautizó como Ley Mosanto, aludiendo a su mayor beneficiario. En ese marco nació también la Red de Semillas Libres que hoy juega un importante rol en la defensa de la semilla tradicional.

Argumentamos entonces en la Comisión de Agricultura del Senado, que la Ley Monsanto era –y sigue siendo- innecesaria. Las empresas registran todos los meses sus híbridos en  el Registro de Semillas (dependiente del SAG), nacido en 1996 al amparo de la actual ley de Semillas y del Convenio UPOV del año 1978, y obtienen enormes ganancias por su venta. Dijimos que los países ricos en biodiversidad NO han firmado el convenio UPOV 91 y tampoco lo han hecho países como Canadá, Nueva Zelanda e Italia que están entre los principales registrantes de semillas en Chile. La novedad es que Canadá firmó el UPOV 91 este año. Nueva Zelanda no lo ha hecho y sus pueblos indígenas rechazan el Acuerdo de las Transnacionales TPP porque su gobierno no los consultó al respecto.
Alertamos en el senado y en la calle que el intercambio de semillas, una práctica ancestral, sería criminalizada y los campesinos y campesinas ya no podrían disponer libremente de la semilla.
Explicamos que la ley generaría pérdida de biodiversidad por erosión genética y porque las semillas nativas, así como las locales campesinas e indígenas no tienen protección legal. Podrían ser registradas mediante cambios cosméticos obtenidos en laboratorio a fin de ser “distintas” de otras variedades. Chile no tiene catastro de su patrimonio fitogenético ni ha firmado los tratados internacionales de Naciones Unidas que protegen esos bienes (el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología: los Protocolos de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados; y de Responsabilidad y Compensación por Daño). Con el Acuerdo de las Transnacionales TPP la situación es peor: puede ser patentado además todo el conocimiento ancestral que no esté registrado. Y en Chile no existe registro alguno de conocimiento ancestral.

Sin consulta indígenaDenunciamos entonces que los pueblos indígenas no habían sido consultados según dispone el Convenio 169. Y tampoco serán consultados ahora con el TPP respecto de este y otros asuntos relevantes para sus derechos y sus territorios, ya que las inversiones que el Acuerdo de las Transnacionales defiende y asegura, estarán sin duda ubicadas en territorios indígenas. Señalamos que los consumidores dependeríamos de los supermercados y de la agroindustria porque los pequeños campesinos al no poder pagar todos los años semillas caras, migrarían a la ciudad y en sus territorios, los monocultivos transgénicos remplazarían los cultivos alimentarios. Las tierras que hoy ocupan los pequeños agricultores serán copadas por las forestales y los semilleros transgénicos de raps (canola). Lo dijimos en el Senado y lo gritamos en la calle, en marchas, velatones, intercambios de semilla y ferias.
Con mensajes viralizados en redes sociales, los senadores sintieron la funa ciudadana expresada en las listas “verde” y “roja” en Internet  sobre su postura frente a esta ley. Y nuestro lobby constante, junto al esfuerzo de muchos y muchas personas, colectivos y organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, logró que 21 senadores comprometieran públicamente (antes de las elecciones y cuando el proyecto estaba en tabla de votación en el Senado) su rechazo al proyecto de “Ley Monsanto”. También lo hicieran los candidatos presidenciales alternativos al sistema binominal. El entonces presidente Piñera retiró la urgencia al proyecto.

 Ahora, la historia se repite, TPP mediante, con una Ley de Obtentores “revisada” pero que en lo esencial garantiza lo que ya rechazamos como ciudadanos: la privatización de la semilla, por la vía de la ratificación del Convenio UPOV 91.  Con la Plataforma Chile Mejor sin TPP que agrupa a más de  cien organizaciones del país, las organizaciones ambientales, sociales y campesinas que luchamos entonces contra la Ley Monsanto, seguiremos trabajando contra su nueva versión, para disponer de  semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas. Nuestro desafío es asegurar la protección de la semilla mediante políticas públicas diferentes, de apoyo a la agroecología, la agricultura familiar campesina y la biodiversidad.

Presidenta Bachelet ignoró recomendaciones sobre Derechos Humanos y TPP

Victoria Tauli-Corpus, relatora Derechos Pueblos Indígenas 

Presidenta Bachelet ignoró recomendaciones sobre TPP

 formuladas por expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas

por Lucía Sepúlveda Ruiz

En los meses finales de negociación del Tratado Transpacífico TPP, un grupo de relatores de Naciones Unidas, entre otros quienes cautelan los derechos a la Alimentación y los de Pueblos Indígenas, formuló críticas sobre los alcances del Tratado en relación a los derechos humanos y pidió enmendar rumbos.  Luego del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet  sobre la adscripción al Tratado, 50 organizaciones chilenas solicitaron la intervención de estos expertos para que el Estado chileno no lo ratifique. Esa petición entregada en Ginebra el 13 de noviembre por la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, detalla las transgresiones a los derechos humanos contenidas en el tratado, y ahora está recibiendo masiva adhesión a través de  petición en Avaaz 

En la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, es relevante citar la declaración de junio de los relatores y expertos  con las recomendaciones y prevenciones que el Estado de Chile hasta ahora ha escogido ignorar. Ello  confirma los aspectos negativos del Tratado para la vigencia de los derechos sociales, culturales, económicos y políticos que el Estado se ha comprometido a respetar.  Particularmente importante son las consecuencias del TPP respecto del derecho a la salud,  por la expansión del plazo de patentes para los medicamentos genéricos, y la privatización de la semilla a través de la obligación de ratificación del  convenio UPOV 91, la versión internacional de la llamada “Ley Monsanto”  que había abortado por la presión social. Asimismo, la criminalización de las descargas digitales libres es privatización del conocimiento y daño a la privacidad. Los impactos son graves en relación a la soberanía y la posibilidad de generar nuevas leyes y políticas públicas dada la posibilidad de que el Estado de Chile sea llevado a sistemas de tribunales internacionales (capítulo de solución de controversias)  en los que como ya señaló el Premio Nóbel Joseph Stiglitz en entrevista publicada por El Mercurio, nuestro país no tiene posibilidades reales de ganar la demanda. Los relatores agregan que aunque los inversionistas pueden demandar al Estado chileno, NO se puede hacer lo contrario, es decir los estados parte del TPP no pueden demandar a los inversionistas. Es un ejemplo claro de a quiénes benefician estos tratados.

Aquí la declaración de los relatores:

Ginebra 2 Junio de 2015 -  Se está negociando varios acuerdos de libre comercio e inversión, tales como el Tratado Transpacífico (TPP) y el Acuerdo de Comercio e Inversión (TTIP).

Un grupo de expertos* de Naciones Unidas han dado a conocer la siguiente declaración para expresar su preocupación sobre el secretismo de la discusión y negociación de muchos de estos acuerdos y los impactos potencialmente adversos de estos acuerdos en los derechos humanos:

“Aunque los tratados de comercio e inversión pueden crear nuevas oportunidades para la economía, llamamos la atención sobre el impacto potencial negativo que estos tratados y acuerdos pueden tener en el goce de los derechos humanos (ya sea civiles, culturales, económicos, políticos o sociales) como está establecido en los instrumentos legalmente vinculantes. Nuestras preocupaciones se relacionan con los derechos a la vida, a la alimentación, al agua y la sanidad, a la vivienda,  a una educación, ciencia y cultura, el mejoramiento de los estándares laborales,  una justicia independiente, un ambiente limpio y el derecho a no ser sometido a un desplazamiento forzoso. 

Como también se subraya en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

, los estados deben asegurar que los acuerdos comerciales y de inversión no afecten su capacidad de cumplir sus obligaciones en derechos humanos (Principio Rector N 9).

Protección de la salud y alimentación

A los observadores les preocupa que estos tratados y acuerdos puedan tener ciertos efectos regresivos en la protección y promoción de los derechos humanos, al bajar el umbral de la protección de la salud, de la seguridad alimentaria y los estándares laborales, cautelando los intereses comerciales de los monopolios farmacéuticos y extendiendo la protección de la propiedad intelectual.

Hay una legítima preocupación que tanto los trataos bilaterales de inversión (BITs por su sigla en inglés) como los acuerdos de Libre Comercio (FTAs) puedan agravar el problema de la extrema pobreza, poner en peligro la renegociación justa y eficiente de la deuda externa y afectar los derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad y otras personas que viven en situación de vulnerabilidad.

Sin duda que la globalización y muchos tratados de Inversión Bilaterales y Tratados de Libre Comercio pueden tener impactos positivos pero también negativos para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo que requiere solidaridad práctica internacional.

La solución de controversias

En estos tratados, los capítulos de resolución de diferencias (ISDS por su sigla en inglés) entre inversores y Estados están también siendo muy problemáticos dada la experiencia de décadas de arbitrajes conducidos ante este tipo de tribunales. La experiencia demuestra que la función regulatoria de muchos Estados y su capacidad para legislar de acuerdo al bien público han sido puestos en riesgo.

Creemos que el problema ha sido agravado por el efecto “congelador” que han tenido las sentencias de estas cortes invasivas, cuando los Estados han sido castigados penalmente por adoptar regulaciones, por ejemplo para proteger el ambiente, la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos genéricos y esenciales y la reducción del tabaquismo (como se requiere según la convención de OMS sobre el Control del Tabaco) o por subir el salario mínimo.

Los capítulos ISDS constituyen una anomalía porque entregan protección a los inversores pero no a los Estados ni a sus habitantes. Permiten a los inversores demandar a los Estados pero no permiten lo contrario. La adopción en 2014 de la Convención de Naciones Unidas sobre “Transparencia en el Arbitraje Inversor-Estado basado en un Tratado” es un paso importante para enfrentar el problema de la naturaleza generalmente confidencial y no participativa de los acuerdos Inversor-Estado. Una mayor transparencia debería servir para reparar la falta de coherencia entre las actuales formas de inversión y las consideraciones de derechos humanos. 

Invitamos a los Estados a revisar los tratados que se están negociando y asegurar que ellos protejan y no obstaculicen los derechos humanos. Si los tratados en cuestión incluyen un capítulo sobre resolución de diferencias inversor-Estado, los términos de referencia de los árbitros deben ser diseñados de manera que no se permita interferencia en la regulación nacional del presupuesto, las políticas relativas a la salud, el ambiente y otras políticas públicas.

Más aun, los tribunales de arbitraje deberían permitir una revisión pública y sus sentencias deberían ser apelables ante la Corte Internacional de Justicia o una Corte Internacional de Inversión especialmente creada para trabajar en forma transparente y que rinda cuenta de sus actos. Debe haber un equilibrio justo entre la protección entregada a los inversores y la responsabilidad del estado de proteger a todas las personas que están bajo su jurisdicción

Recomendamos que:

Todas las negociaciones actuales de los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e inversión deberían ser llevadas adelante en forma transparente, con consulta y participación de todas las partes interesadas, incluyendo sindicatos, organizaciones de consumidores, grupos de protección ambiental y profesionales de la salud.

Se debería publicar todos los borradores de modo que los parlamentarios y la sociedad civil tengan tiempo suficiente para revisarlos y sopesar los pro y los contras de una forma democrática.

Se debería desarrollar una evaluación con respecto a evaluación de los impactos anteriores y posteriores en los derechos humanos de  los actuales tratados bilaterales de  libre comercio e inversión y de los que se están proponiendo. 

Las Partes deberían detallar cómo cumplirán sus obligaciones de derechos humanos si ellos ratifican estos tratados de libre comercio y de inversión que se están negociando.

Dada la amplitud y el ámbito de los acuerdos que actualmente se están discutiendo, deben incorporarse fuertes salvaguardas para asegurar la total protección y disfrute de los derechos humanos.”

FIN

(*) Los expertos: Mr Alfred de Zayas, Experto Independiente en la promoción de un orden internacional democratico y equitativo; Ms Catalina Devandas Aguilar, Relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Mr Dainus Puras, Special Relator Especial en el derecho de todos al disfrute de los más altos estándares de salud física y mental; Ms Farida Shaheed, Relatora especial en el campo de los derechos culturales; Ms Gabriella Knaul; Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados; Ms Hilal Helver, Relatora Especial sobre el derecho a la Alimentación, Mr Juan Bohoslavsky, Experto Independiente en los efectos de las deudas externas y otras obligaciones financieras internacionales sobre el total disfrute de todos los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, Mr Léo Heller, Relator Especial sobre el derecho humano a agua potable y sanitización, Ms Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ms Virginia Dandan, Experta independiente en los derechos Humanos y la Solidaridad Internacional.

Traducción: Lucía Sepúlveda para Yo No Quiero Transgénicos en Chile y Chile Mejor sin TPP.     

- Más información: http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E#sthash.WDQXUW9K.dpuf

Diputado Lemus votará No al TPP

 Interpelado por vecinos y campesinos, el diputado Luis Lemus (PS, distrito 9 de Coquimbo) anunció en El Maitén el 30 de octubre, que votará en contra del TPP. No forma parte de esa mayoría

que está a favor del pacto y que ya lo ha notificado al gobierno, en respuesta a una vecina,  en la reunión realizada en la sede de El Maitén, localidad del valle de El Mostazal ubicado en la comuna coquimbana de Montepatria. Allí se le interrogó por el tema, debido a que el TPP obliga a Chile a ratificar el Convenio UPOV/91 que en castellano es la Ley Monsanto de privatización de la semilla campesina e indígena. El motivo del encuentro,  convocado por  organizaciones locales, era buscar apoyo luego de las nevazones recientes que quemaron cultivos en floración, como nogales y damascos. 

Lemus representa las comunas de Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui, Salamanca (distrito 9) de la Región de Coquimbo, zona donde se encuentra el mayor porcentaje de plantaciones frutícolas del país, según un estudio de CIREN.  

En la reunión se encontraba también el Seremi de agricultura Andrés Chiang quien aportó a la discusión recordando que “el gobierno en 2014 bajó una ley que privatizaba la semilla, no recuerdo el número, pero le decían la ley Monsanto”.

Otros votantes del No

A comienzos de octubre adhirieron a la Plataforma Chile Mejor sin TPP,​ los siguientes parlamentarios: Gabriel Boric, Diputado por el distrito 60, XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; Giorgio Jackson, diputado por el distrito 22: Región Metropolitana; Alejandro Navarro, senador por la circunscripción: 12 (Biobío Costa);  Gaspar Rivas, diputado por el Distrito 11: V Región de Valparaíso, y  Camila Vallejo, Diputada por el Distrito 26: RM Región Metropolitana.

La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile inició la última semana de octubre una interpelación masiva a todos los parlamentarios respecto de su posición sobre el TPP, en paralelo con  información al público – y a los propios diputados y senadores - sobre las consecuencias del tratado negociado en secreto durante cinco años. La privatización de la semilla y del acceso al conocimiento están entre los negativos impactos de esta alianza,  que además entrega la soberanía del país, impidiendo que en el futuro el país pueda dictar nuevas leyes como la moratoria a los transgénicos, el etiquetado de ese tipo de alimentos, o la prohibición de plaguicidas cancerígenos. El tratado congela la actual legislación, ya que iniciativas posteriores al tratado, podrán ser consideradas dañinas a la inversión y los intereses de los países firmantes, en especial Estados Unidos que encabezó la negociación.  Hasta la fecha ni  ciudadanos ni  parlamentarios conocen el contenido total del tratado cuya aceptación fue comunicada oficialmente por la presidenta Bachelet. Sólo conocemos el capítulo sobre Propiedad Intelectual filtrado por Wikileaks, y luego confirmado en su contenido por el gobierno.

Nota: la grabación citada incluye la pregunta (fundamentada) y la respuesta de Lemus (breve y clara).

INFORMAR Y DENUNCIAR A QUIEN VOTE SI AL TPP

Iniciamos a partir de ahora un despliegue comunicacional y ciudadano destinado a informar, movilizar y denunciar expresando nuestro rechazo al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Nos proponemos alinear a los parlamentarios en el rechazo a este tratado secreto cuya aprobación fue anunciada por la Presidenta Bachelet. Tal como hicimos con éxito en 2014 cuando el Senado debatía la Ley Monsanto, denunciaremos (funa!) a los parlamentarios que tácita o expresamente estén a favor del TPP, dado que en su trámite por el Congreso sólo podrán votar sí o no. El Sí significará la aprobación de la Ley Monsanto/Convenio UPOV 9 1.

 Nos declaramos en estado de movilización y alerta junto a todas las organizaciones ciudadanas que a nivel nacional y también global, en especial en Perú y México, defienden sus derechos frente a esta imposición del gobierno y las transnacionales. Este es  un tratado secreto inaceptable en democracia. El gobierno no ha podido  demostrar ningún beneficio para Chile derivado de este acuerdo. Por el contrario hay impactos negativos para la soberanía del país, para la agricultura, la salud, el derecho a la comunicación, la información y los derechos humanos.

Como campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile y organizaciones ambientales, sociales y de consumidores defensoras de la semilla, la agroecología y la soberanía alimentaria, centraremos nuestra denuncia en los impactos negativos del TPP al patrimonio genético del país, y el consiguiente daño a la soberanía alimentaria. Asimismo a través de “TPP Abierto” y de la “Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP”  unimos nuestras demandas a las de quienes se enfocan en las otras materias que abarca el tratado, y cuya adopción implicará la violación de derechos humanos y de los pueblos originarios que el Estado está obligado a resguardar. Nos preocupa especialmente la privatización de la semilla y del conocimiento. Hay una limitación  del acceso a la información por Internet a quienes pueden pagar por ello y fuerte penalización de las infracciones. En un contexto de secretismo del Estado chileno y las empresas sobre información relacionada con la salud, está amenazada además la investigación periodística y de sectores interesados en develar los daños al ambiente y el patrimonio genético.

 

La Ley Monsanto vía TPP

El tratado, en su artículo QQA.O punto 2c, exige a Chile ratificar el Convenio UPOV 91, que es la versión internacional de la Ley Monsanto de privatización de la semilla, tal como lo filtró Wikileaks. Los términos del Convenio UPOV 91 se repiten tal cual en la Ley Monsanto. Esta exigencia la constatamos en la reunión del llamado Cuarto Adjunto, un tardío espacio abierto por el gobierno para que la sociedad civil conozca los contenidos del tratado secreto. El proyecto de ley Monsanto = UPOV 91 fue retirado en marzo de 2014 de la discusión en el Congreso por la presión social, con lo cual Monsanto y las transnacionales biotecnológicas sufrieron una derrota. El gobierno no pudo entonces suscribir el convenio UPOV 91 que impide el libre intercambio de semillas, pone en riesgo el patrimonio genético, y genera condiciones para la expansión de los cultivos transgénicos. Pero ahora este tratado, que defiende los intereses del agronegocio y las corporaciones, forzará la aprobación de la ley Monsanto para cumplir con la exigencia de ratificación del Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla campesina e indígena. 

Asociamos la inclusión del UPOV 91 y de diversos mecanismos que benefician al agronegocio a la tarea desarrollada desde el inicio por Islam Siddiqui, el negociador (hasta 2013) del gobierno de Estados Unidos para temas de agricultura. Siddiqui se desempeñaba anteriormente como lobbista de Monsanto y vicepresidente de Crop Life, que agrupa también a Syngenta, Dupont/Pioneer y Dow.

La privatización de  la semilla y del acceso a información ocupa mucho espacio a lo largo del tratado en diversos capítulos, sin embargo sobre el acceso libre a la semilla o a un bien, en  QQ.B.x:l sólo hay 2 frases destinadas a reconocer en forma general y no vinculante  el dominio público. No hay garantías tampoco para asegurar que las semillas registradas vuelvan al dominio público y estén disponibles efectivamente una vez terminado el tiempo de registro acordado por la normativa.

Conocimiento tradicional

El capítulo referido a la propiedad intelectual  incluye también párrafos sobre el conocimiento tradicional (ancestral) llamando en el punto QQ.B.xx:d) a establecer “cooperación” para capacitar en la entrega de  patentes relacionadas con conocimiento tradicional asociado a semillas (para ellos recursos genéticos), tema sobre el cual Chile NO tiene legislación alguna. Esto es un nuevo estímulo para la biopiratería y un desconocimiento de la obligación legal  de consultar a los pueblos indígenas sobre estas materias, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169. Por el contrario nuestra posición es el rechazo absoluto a las patentes a plantas las cuales son un patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas al servicio de la humanidad, según la definición de Vía Campesina.   

Protección a transnacionales

La escasa información entregada por  el jefe de los negociadores chilenos, señor Felipe Lopehandía (del ministerio de Relaciones Exteriores)  aclara que a partir de la vigencia del tratado se aplicará un freno para nuevas  leyes de protección efectiva  nuestro derecho a una alimentación sana y libre de transgénicos y agrotóxicos. Es decir Monsanto y las transnacionales lograron, entre otros,  eliminar el peligro de una futura ley de etiquetado de transgénicos o una moratoria a los cultivos transgénicos. La actual normativa chilena sigue el modelo norteamericano impidiendo que los consumidores ejerzan el derecho a saber lo que comen.

Se “congelará” de esta manera toda iniciativa que pueda orientar a las madres y familias,  beneficiar a los consumidores y campesinos, si esta es contraria a los intereses de la industria alimentaria y biotecnológica tradicional. Sin moratoria, y con Ley Monsanto habrá nuevos estímulos legales para expandir el negocio de los transgénicos al mercado interno y de paso ahogar la agricultura familiar campesina y la agroecología.  Seguirán las empresas impunemente fumigando los campos chilenos con plaguicidas cancerígenos como el glifosato y usando  insecticidas neonicotinoides que matan las abejas e insectos benéficos. Toda normativa contraria sería objetada en tribunales especiales de arbitraje, externos al país, y denunciada por este tratado como obstáculos al comercio y la inversión. La agroecología no será una opción estimulada por el Estado, y tanto la agricultura orgánica como la biodinámica y la agroecología encontrarán serios obstáculos para poder desarrollarse en este contexto que extenderá la contaminación y el deterioro de suelos, aguas y biodiversidad.

Secreto pero no para Monsanto

Este  tratado fue negociado en secreto durante más de cinco años por un bloque de 12 países encabezado por Estados Unidos. Ahora sólo falta la firma de la Presidenta Bachelet  y una votación tipo plebiscito (Sí o No) por el Congreso para su ratificación.

Las reglas del proceso incluían no informar a los ciudadanos y sus organizaciones mientras se negociaba, y tampoco a los respectivos congresos. Pero al mismo tiempo permitían la participación oficial de unos 600 asesores de Comités Comerciales (Trade Advisors) de Estados Unidos, en representación de sus corporaciones transnacionales. La publicación del texto completo del tratado  se hará en inglés en una fecha desconocida, para luego presentarse la versión en español concordada con Perú y México, los otros países hispano parlantes involucrados en el TPP. Las referencias previas provienen sólo de Wikileaks, es decir son filtraciones, la única alternativa de información.

Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam acordaron este tratado  a espaldas de sus pueblos pues las negociaciones han sido secretas incluso para los respectivos Congresos. Chile de esta manera da carta blanca  a Estados Unidos para el intento de Barak Obama de retomar el deteriorado liderazgo norteamericano en la región y el mundo.

El pueblo chileno no acepta ser un instrumento de los intereses de Estados Unidos, de Monsanto y  las transnacionales. Por tanto llamamos al Congreso a rechazar este tratado. En Santiago, Valparaíso, Ovalle, La Serena, Curicó, Talca, Concepción, Temuco,Valdivia y  localidades de todo Chile,  la tarea es informar, movilizar y funar (denunciar), para defender nuestra soberanía y nuestros derechos.     

Chile, Octubre de 2015

Campaña Yo No Quiero  Transgénicos en Chile; Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, Red de Semillas Libres,  Nación Aymara, Consejo Territorial de Chapiquiña, Coordinadora Yo No Quiero TPP (V Región), Cooperativa Verde, Red SocioAmbiental del Maule, Colectivo de Mujeres de Curicó, Cabildo en Rebeldía, Colectivo MapuExpress, Red SocioAmbiental de Talca, Asociación de Consumidores de Valdivia ACOVAL.

“Yo No Quiero Transgénicos en Chile” es una alianza de carácter horizontal creada en 2011, que articula redes sociales y ambientales de Arica a Chiloé,  así como a independientes, organizaciones no gubernamentales, comunidades e instituciones que trabajan por una agricultura, ganadería, acuicultura y alimentación sanas y seguras. Por tanto, promovemos la participación y la información de la ciudadanía y la sociedad civil organizada para impedir la introducción de transgénicos y defender el derecho a alimentos, forraje, cultivos, ganado y peces, libres de transgénicos

Nota: El diputado Daniel Núñez se comprometió públicamente a rechazar el TPP, gesto que valoramos altamente.  Los parlamentarios del Maule acaban de ser interpelados por organizaciones socio ambientales y ciudadanas de su región, y se espera la respuesta en los próximos días. NO descansaremos hasta generar suficiente presión social para que el voto sobre el TPP se convierta en un dilema nacional!

RAP-Chile reafirma su rechazo a la Ley Monsanto y a todo mecanismo funcional a su aprobación

Comunicado de prensa

Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile

16 de enero de 2015

“El estudio  sobre alternativas de protección jurídico-normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, dado a conocer esta semana por ODEPA (Oficina de Planificación Agraria) y realizado por docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile junto a otros académicos, es una propuesta funcional a la reactivación del proyecto de  Ley Monsanto (Ley de Obtentores Vegetales). No aborda el convenio UPOV 91, la principal amenaza  legal que se cierne sobre la semilla,  la agricultura familiar campesina y la biodiversidad”, afirma María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.  Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas de la organización agrega: “No vamos a legitimar ningún truco del gobierno que esté orientado a ocultar o maquillar los verdaderos objetivos de la Ley de Obtentores Vegetales. Seguiremos adelante con la campaña de defensa de la semilla campesina e indígena, junto a todos los consumidores que buscan contar con alimentos sanos y quieren alimentar a sus familias con alimentos libres de transgénicos, patentes y plaguicidas.”

El tema de la semilla y su efectiva protección no ha sido una preocupación del Estado chileno en sucesivas administraciones.  Pero la campaña ciudadana contra la Ley Monsanto obligó a la Presidenta Bachelet a suspender en marzo de 2014 la tramitación del  cuestionado proyecto e iniciar  la búsqueda de diferentes mecanismos para viabilizar ley, tales como el estudio [1]que comentamos y la redacción de indicaciones al proyecto original, dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura en un proceso unilateral  que no ha tenido carácter nacional ni ha significado una rectificación de las ideas centrales del proyecto. Tampoco lo ha hecho coherente con la soberanía alimentaria, objetivo que había señalado la propia mandataria durante su campaña electoral. 

UPOV 91 es lo central

Al revés de los consultores que realizaron este estudio, las organizaciones sociales, campesinas y ambientales tenemos  muy claros los objetivos centrales del proyecto de ley de Obtentores Vegetales: promulgar el convenio UPOV 91 que cercena derechos fundamentales de los y las campesinas e indígenas, amenaza la biodiversidad y pavimenta el camino para la expansión de los transgénicos y su introducción al mercado interno. Así quedan a disposición de los obtentores (las grandes transnacionales) todas las semillas tradicionales que podrán ser “puestas a punto” o “descubiertas” para  luego ser registradas a nombre de las empresas.  Todos los agregados que se hagan a esta ley pretendiendo resguardar los derechos campesinos serán letra muerta frente a la preeminencia  del convenio internacional, como ha ocurrido en otros países. La decisión del gobierno de eludir la consulta indígena respecto de la Ley Monsanto y de realizar reuniones sobre las modificaciones a la ley sólo en Santiago, agravan la situación. La consultoría por su parte, de la que participa el vicedecano de la Facultad de Agronomía, Carlos Muñoz, Presidente del Comité de FitoMejoradores creado por ANPROS en 2008, limitó su investigación a un estrecho universo con baja participación campesina (un total de unos 60 participantes en dos talleres en Santiago y uno en Temuco,)   que excluyó  a organizaciones campesinas históricas como ANAMURI  y a otras organizaciones ambientales con investigación y trabajo en el tema como RAP-AL.

RAP-AL ha manifestado públicamente que no se necesita una ley de obtentores e hizo entrega en cambio, en esta oportunidad, a la directora de ODEPA, Claudia Carbonell de las propuestas de políticas públicas a favor de la agroecología  elaboradas por  organizaciones campesinas, ambientales y de consumidores de todo el país en un taller realizado con ese fin en Santiago en agosto de 2014.

Privatización de la semilla

Las propuestas del estudio encargado por ODEPA  apuntan  en lo central a fortalecer formas de protección intelectual de la semilla, como son los registros de semillas tradicionales,  y son consistentes con el contenido de la versión 2 del proyecto de Ley Monsanto  que el gobierno chileno reactivará en forma pronta, al parecer  sin realizar la consulta indígena. Otras propuestas de este mismo estudio, van en sentido contrario y apuntan a resguardar los derechos de los campesinos a vender, usar e intercambiar libremente la semilla,  pero estas buenas intenciones pierden todo sentido si se promulga el convenio UPOV 91. La Ley Monsanto, al ser promulgada precisamente derogaría la actual ley de semillas que los consultores proponen modificar. Los académicos hacen recomendaciones sobre varios instrumentos internacionales como el Protocolo de Nagoya y el TIRFA (sobre Recursos Fitogenéticos, de FAO) pero no se pronuncian sobre el UPOV 91 ni sobre el Protocolo de Cartagena, pese a mencionar el Convenio de Biodiversidad. Cuando en 2011 el Tribunal Constitucional analizó –a pedido de 21 senadores- la legalidad del convenio UPOV 91 aprobado por el Senado, entre quienes defendieron la privatización de la semilla estuvo Carlos Muñoz, en representación del Comité de Fitomejoradores ligado a ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas.

Transgénicos y centros de origen

El estudio licitado por ODEPA aborda la relación entre la existencia de cultivos transgénicos y la protección de la semilla campesina, y de forma implícita avala la coexistencia entre estas dos formas antagónicas de cultivo. Las consecuencias de la adscripción al Convenio UPOV 91 incluyen en la práctica la expulsión de los campesinos de su territorio, facilitando la expansión de los cultivos transgénicos y su introducción al mercado interno.  

La contaminación de los cultivos tradicionales o convencionales por transgénicos, es un riesgo real y los daños están comprobados en Chile y otros países.  Sin embargo ,los consultores y agrónomos Ricardo Pertuzé,  Carlos Muñoz  y Dinko Covacevich no consideran que sea necesario exigir al SAG que monitoree la posible contaminación genética de los cultivos emparentados con maíz transgénico. Esa propuesta de protección fue presentada en el estudio  en forma separada por M. Isabel Manzur (Chile Sustentable), Salvador Millaleo (experto en derecho indígena)  y Blanche Magarinos-Rey (abogada francesa de la ong Kokopelli), quienes también integraron el equipo consultor.  Los citados académicos de la Facultad de Agronomía  de la Universidad de Chile se manifiestan contrarios a que los nuevos cultivos transgénicos se sometan un estudio de impacto ambiental, propuesta apoyada por los consultores  disidentes. Esto, por lo demás, es parte de la actual legislación aunque no se ha elaborado el reglamento respectivo.  Muñoz, Pertuzé y Covacevich sostienen que sólo el Ministerio de Agricultura debe intervenir en las autorizaciones, haciéndolo caso a caso y sin Evaluación de Impacto Ambiental.

El estudio también incluye un análisis de la legislación comparada pero omite mencionar la moratoria a los transgénicos vigente en Perú como medida de protección a la semilla. El equipo consultor no incluye la moratoria a los transgénicos entre las propuestas a ser consideradas o incorporadas y dedica  escaso espacio a la relación entre la semilla y la ingeniería genética y a las consecuencias de ello.

En el curso de la presentación de esta consultoría ante la sociedad civil, la directora de ODEPA, Claudia Carbonell, confirmó que los consultores conocieron   la versión 2 de la Ley de Obtentores Vegetales (Ley Monsanto), elaborada por Hugo Martínez, asesor del ministro Furche, cuyo contenido ya fue rechazado por organizaciones ambientales y campesinas en las reuniones en que se presentaron estos agregados. No entregó fechas para el reinicio de la tramitación en el Senado de la Ley Monsanto pero afirmó que el estudio y la revisión de la ley habían sido procesos paralelos.

RAP-Chile, junto a la campaña YNQT en Chile llama a las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de consumidores a mantenerse unidas y alerta frente a este nuevo intento de aprobar una ley que sólo beneficia a las transnacionales del agronegocio,  y que constituye una amenaza para la biodiversidad,  la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria,  vulnerando también el derecho a la alimentación sana que  todos y todas tenemos.

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[1] http://www.odepa.cl/estudio/estudio-alternativas-de-proteccion-juridico-normativa-y-de-otra-indole-para-semillas-y-practicas-tradicionales-relacionadas-con-la-agricultura-utilizadas-y-mantenidas-por-agricultoras-y-agri/

Se calienta el debate sobre transgénicos: lanzan libro sobre mitos y verdades

 Un libro escrito por científicos, que derriba los mitos sobre los transgénicos propalados por la industria biotecnológica, será presentado en Santiago el 14 de octubre por La Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile y la campaña Yo No Quiero Transgénicos. La obra "Transgénicos: Mitos y Verdades", de Michael Antoniou, Claire Robinson y John Fagan será lanzada a las 18.30  en el Café Literario del Parque Balmaceda ubicado en Providencia 410.  En forma recurrente personeros de Monsanto y la industria biotecnológica sostienen que las posturas anti-transgénicos difundidas en las redes sociales carecen de base científica. Este libro demuestra todo lo contrario.

 La obra, editada por Quimantú y RAP-Chile, y traducida por Lucía Sepúlveda, será presentada por  Camilo Rodríguez Beltrán, master en ciencias post-genómicas y  Director de Innovación de la  Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, junto al agrónomo Guillermo Riveros, presidente de BioBio Orgánico, María Elena Rozas coordinadora nacional  de  RAP-Chile y la editorial Quimantú.  Habrá música, con  Natalia Contesse y  un vino de honor, que se garantiza ha sido producido “sin agrotóxicos ni transgénicos”. La actividad se enmarca en el llamado a la acción lanzado por Vandana Shiva http://seedfreedom.in/events/lanzamiento-en-chile-del-libro-transgenicos-mitos-y-verdades/  y la Vía Campesina, en defensa de la Semilla, al acercarnos al Día Mundial de la Alimentación, el próximo 16 de octubre  http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/2267-16-de-octubre-dia-de-accion-global-por-la-soberania-alimentaria-en-contra-las-corporaciones-transnacionales

 El libro “Transgénicos: Mitos y Verdades”  (título original: GMOS Myths and Truths),  examina las proclamas sobre seguridad y eficacia de los cultivos manipulados genéticamente. Fue publicado originalmente en forma virtual por Earth OpenSource, en 2012. Michael Antoniou, uno de los autores, es biotecnólogo en el King’s College London School of Medicine, de Londres. Claire Robinson es directora de investigación de Earth Open Source y editora de GMWatch, y John Fagan es médico y biólogo molecular, experto en bioseguridad y certificación de transgénicos. Lucía Sepúlveda Ruiz, la traductora, es periodista de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, y vocera de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. El libro es de la Editorial Quimantú y se distribuirá a las comunidades y organizaciones de todo el país.

 Un tema censurado

Sin importar si viven en el campo o en la ciudad, muy pocos chilenos y chilenas saben de qué hablamos cuando hablamos de transgénicos. No existe en nuestro país ningún libro que aborde el tema con esta profundidad y actualidad. Científicos y ciudadanos discuten globalmente con intensidad acerca de los cultivos transgénicos.  Pero en Chile este debate no es tal y sólo se publican  los comunicados de relaciones públicas de las empresas transnacionales vinculadas a este lucrativo y dañino negocio, que son grandes avisadores en los medios  de comunicación.

 El prólogo del libro se ocupa del caso chileno, sosteniendo que aún estamos a tiempo para detener los cultivos transgénicos. Entrega información al día sobre los semilleros transgénicos, sus negativos impactos, el apoyo del Estado a este tipo de cultivos y las regiones más dañadas por el impacto combinado de plaguicidas y transgénicos. También analiza las iniciativas legales vinculadas directa o indirectamente a los transgénicos, como el proyecto de “Ley Monsanto” y el de Bioseguridad/Transgénicos, pronunciándose a favor de una moratoria a los cultivos transgénicos y etiquetado a los alimentos que lo contienen.

  En siete capítulos esta obra (323 páginas e ilustraciones) aborda los aspectos centrales relacionados con el debate de los transgénicos, con un lenguaje preciso y accesible a todo público.  Derriba uno a uno los mitos planteados por los amigos de los transgénicos, entre ellos dos de los más difundidos por esa propaganda: que  la ingeniería genética no es más que una extensión del mejoramiento natural y que la manipulación genética es precisa y los resultados son predecibles.

Con argumentos sólidos demuestra  que  la manipulación genética es muy diferente del mejoramiento natural, presenta riesgos específicos, y además es tosca e imprecisa, por lo cual sus resultados son impredecibles.

El efecto crónico

 En los primeros capítulos encontramos la explicación rigurosa y didáctica de la técnica de manipulación genética, para luego enfocarse en el tema desde la ciencia y los reguladores que toman decisiones al respecto en cada país, y en el capítulo tres, analizar los riesgos para la salud planteados por los alimentos transgénicos. En este capítulo, sin duda uno de los más polémicos e importantes de la obra,  se incluye un apéndice actualizado a 2014, referido al estudio del investigador francés Gilles-Eric Séralini sobre el efecto crónico de la alimentación con maíz transgénico y herbicida Roundup, que ha sido objeto de un intenso debate académico y ciudadano.  El capítulo siguiente se refiere al herbicida glifosato (nombre comercial Roundup) de Monsanto, el más utilizado en el mundo y Chile, examinando los peligros que presenta para  la salud. Los tres últimos capítulos se refieren a los impactos en el campo y el ambiente de los cultivos transgénicos; al cambio climático y el uso de la energía y al dilema planteado frente a la necesidad de que la agricultura pueda alimentar efectivamente al mundo. Señala claramente de qué forma se puede lograr aquello.  Cada uno de los siete capítulos, incluye notas con referencia a fuentes de los estudios científicos más relevantes. A modo de ejemplo, el capítulo 5 tiene 191 notas con sus respectivas fuentes.

“Mitos y Verdades” está dirigido a los más amplios sectores de la sociedad y grupos de interés, incluidos parlamentarios y funcionarios que toman decisiones de políticas públicas. Constituye un hito importante en el debate de las políticas públicas relacionadas con la agricultura y la alimentación y  apunta a  develar las falsedades que las corporaciones agrobiotecnológicas  que lucran con las semillas manipuladas genéticamente, difunden en Chile y en  todo el mundo.