miércoles, julio 10, 2013

Niegan en India patente solicitada por Monsanto para planta transgénica resistente a la sequía



Informa Vandana Shiva: Monsanto perdió apelación por patente de planta resiliente rechazada por Oficina de Patentes de Gobierno de la India.
Fuente: http://occupymonsanto360.org/blog/monsanto-patent-rejected-by-indian-government-and-rejection-upheld-saving-small-farmers/
India, 9 de julio de 2013
Una patente de Monsanto de una planta resiliente al clima fue rechazada por la Oficina de Patentes. La decisión fue confirmada por la Comisión de Apelaciones de Propiedad Industrial
por la doctora  Vandana Shiva, Research Foundation for Science,Technology and Ecology

El 5 de Julio, el Honorable Praha Sridevi, Presidente de la Comisión de Apelaciones de Propiedad Industrial de la India y el Honorable Shri DPS Parmar, miembro técnico de la misma, desestimaron la apelación de Monsanto en contra del rechazo de su solicitud de patente en la Oficina de Patentes sobre “Métodos de aumento de la tolerancia al stress en plantas y métodos vinculados” El título de la patente fue después modificado como: “Método de producción de una planta transgénica con una mayor tolerancia al calor, a la sequía y a la salinidad”
La Oficina de Patentes rehusó  dar la patente ya que se encontró que la solicitud carecía de un paso “inventivo” en vista de lo siguiente:
(i)                 Willimsky Gerald Journal of bacteriology Vol.174, No 20, 1992, -6335, (ii) WO 90/09447and US 5470971;
(ii)                (ii) Las solicitudes de derechos no definen ninguna invención según la sección 2 (1)(ja) de la Ley de Patentes de 1970, ya que la estructura y función de una proteína sometida a un golpe de frío, era ya conocida en el estado del arte citado anteriormente y dado que  hacer plantas transgénicas es obvio para las personas capacitadas: (iii) Esto no es más que la aplicación de lo ya conocido: que proteínas tratadas con golpes de frío producen plantas tolerantes a los golpes de frío, y tolerantes al calor, salinidad y condiciones de sequía, cayendo esta petición  de derechos dentro del ámbito de la Sección 3 (d) de la Ley de Patentes de 1970.(iv)
La Oficina de Patentes decidió que no es patentable según 3(j)  ya que las peticiones de derechos también incluyen  procesos biológicos esenciales de regeneración y selección, los cuales involucran el cultivo de una planta en condiciones específicas de stress.
La Ley de Patentes de India de 1970, excluyó las patentes en agricultura y medicina.  La Ley tuvo que ser actualizada cuando la India firmó el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio OMC, que incluía los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC dentro de OMC, TRIPS por su nombre en inglés.
 Sin embargo, debido a fuertes movimientos sociales, se dio énfasis a cláusulas como la 3 que describen “Qué no es una invención”.  El artículo 3(d) excluye como invenciones “el mero descubrimiento de una nueva propiedad o nuevo uso de una substancia conocida”.
Este fue el artículo de acuerdo al cual  se rechazó la solicitud de patentes de Novartis para una droga para el cáncer que ya era conocida.  Novartis trató de apelar por este artículo en la Corte Suprema, pero perdió.
Comparación con el caso Novartis
Lo que el caso de Novartis es respecto del Derecho de Salud,  lo es en el caso de Monsanto respecto del Derecho a  la Alimentación y los Derechos de los campesinos a  las Semillas y a su Sustento.
270.000 campesinos se han suicidado en India en los últimos quince años.  La mayoría de estos suicidios provienen de la franja de cultivos de algodón.  Monsanto controla el 95% de la oferta de semilla a través de su algodón transgénico bt, y los derechos de propiedad intelectual asociados. Los costos de la semilla de algodón subieron en un 8000% con la introducción del algodón bt.
Al definir “la semilla” como su creación e invención, las corporaciones como Monsanto dieron forma a las Leyes Globales de Propiedad Intelectual y a Leyes de Patentes, de modo que pudieran impedir que los campesinos guarden y compartan la semilla, forzándolos a ser dependientes de sus semillas transgénicas.  Así fue como  nacieron los Acuerdos de la Organización Internacional del Comercio.
Hay registro de que un representante de  Monsanto afirmó que al imponer el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPS por su nombre en inglés,  ellos fueron el paciente, el encargado del diagnóstico y el médico, todo en uno. 
El artículo clave para el rechazo
El artículo 27.3(b) de los Acuerdos  sobre los ADPIC afirma:
“Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:
b) las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente   biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean
procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán
protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema
eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones
del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC.”
Nuevamente, esta protección sobre las variedades de plantas  es precisamente lo que prohíbe el libre intercambio de semillas entre campesinos, amenazando su subsistencia y capacidad para guardar e intercambiar semillas entre ellos.
La cláusula ADPIC  sobre las patentes de seres vivos fue objeto de una revisión obligada por ley en 1999.  India afirmó en su presentación: “Claramente, hay un deber de reexaminar la necesidad de patentar organismos vivos en cualquier parte del mundo.  Hasta que tales sistemas no estén afinados, puede ser aconsejable a) Excluir las patentes sobre cualquier forma de vida”.
La Oficina de Patentes también usó el Artículo 3(j) para rechazar la solicitud de derechos y la apelación (ante la Comisión de Apelaciones de la Propiedad Industrial) mantuvo ese rechazo.  El artículo 3(j) excluye de la patentabilidad a “plantas y animales como un todo o en cualquiera de sus partes, que no sean  microorganismos, pero incluyendo las semillas, variedades y especies, y los procesos biológicos  esenciales para la producción o propagación de plantas y animales.”
Falsa dicotomía
Monsanto intentó crear una falsa e irrelevante dicotomía entre la producción natural de plantas versus aquella basada en la intervención humana. Esto es falso porque los métodos campesinos de reproducción, así como y los métodos convencionales también involucran una importante intervención humana. La Oficina de Patentes y la Comisión de Apelaciones en forma correcta rechazaron este argumento, y enfatizaron que la solicitud de Monsanto no era un invento sino que estaba basada en muchos pasos genéricos que son esencialmente biológicos, tomados en secuencia, pero que siguen siendo esencialmente biológicos.”
Esta decisión tendrá un impacto de largo alcance en la biodiversidad de la India, en los derechos de los campesinos y la seguridad alimentaria.
La solicitud de patente se basaba en los rasgos resilientes de tolerancia al frío, tolerancia  a la salinidad y a la sequía, rasgos que nuestros campesinos han ayudado a evolucionar a lo largo de milenios, aplicando sus conocimientos de reproducción de plantas.  Los rasgos de resiliencia al clima cobrarán una importancia creciente en épocas de inestabilidad climática.
Plantas resilientes obtenidas por campesinos
A lo largo de las áreas costeras, los campesinos de India han generado variedades tolerantes a las inundaciones y a la salinidad en variedades de arroz tales como Bhundi, Kalambank, Lunabakada, Sankarchin, Nalidhulis, Ravana, Seulapuni Dhosarakhuda.
Cultivos tales como el Mijo, han evolucionado hacia la tolerancia a la sequía, y proveen seguridad alimentaria en zonas secas y en años de sequía.
Biopiratería de cultivos resilientes
Corporaciones como Monsanto y otras han sacado 1500 patentes en  cultivos resilientes al clima. La Fundación para la Investigación en Ciencias, Tecnología y Ecología “Navdanya”  ha publicado la lista en su informe: “Biopiratería de cultivos resilientes al clima: Gigantes de la Ingeniería Genética  Roban Innovación de los Campesinos”
Con estas amplias patentes, corporaciones como Monsanto pueden impedir el acceso a las semillas resilientes después de desastres climáticos, porque una patente tiene un derecho exclusivo para  producir, distribuir y vender el producto patentado.
Después del súper ciclón de Orissa, Navdanya pudo distribuir arroz tolerante a la salinidad a los campesinos porque nosotros lo habíamos conservado como un bien de propiedad común en nuestro banco comunitario de semillas dirigido por Kusum Mishra y el Dr Ashok Panigrahi en Balasore, Orissa.
Pudimos entonces donar dos camionadas de semillas tolerantes a la salinidad,  a campesinos que no podían plantar arroz debido a la sal acumulada en sus campos.  Ahora nos estamos preparando para distribuir semillas tolerantes al frío y a la sequía a las víctimas del desastre climático de Uttarakhand.
Necesitamos proteger la libertad de nuestra semilla, la soberanía de la semilla y la biodiversidad que está siendo saboteada por las patentes de semillas.  Esta es la razón por la cual Navdanya ha comenzado el Movimiento de Semillas Libres. (www.navdanya.org ) (www.seedfreedom.in)
Aplaudimos la decisión de la Oficina de Patentes y de la Comisión de Apelaciones y la informaremos al mundo entero, de forma que otros países la puedan usar para proteger a los campesinos, la biodiversidad y la soberanía de las semillas.
Y estamos listos para intervenir  si Monsanto lleva el caso a la Corte Suprema.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducción: Olga Larrazábal para campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile
Edición y subtítulos, Lucía Sepúlveda

lunes, julio 08, 2013

En audiencia en ex Senado sembramos la Comisión de Agricultura con semillas libres



La Comisión de Agricultura del Senado escuchó por cerca de dos horas y media las exposiciones de organizaciones sociales y ambientales sobre el proyecto de Ley de Obtentores, en una sesión en que también estuvieron los gremios involucrados en la producción y uso de semillas patentadas. Entre los asistentes estaban representantes de ANAMURI, Grain, Chile Sustentable y la ONG Natural Solutions Foundation, de Estados Unidos. A favor del proyecto se plantearon voceros del consorcio Biofrutales, de INIA, Fedefruta, Viveros Frutales y la Facultad de Agronomía de Chile. 
A continuación, la intervención de Lucía Sepúlveda, de  la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, al cierre de la sesión del 8 de julio, realizada en el ex Senado de la República.
Una  ley innecesaria y peligrosa para la biodiversidad
La fundamentación del proyecto de Obtentores Vegetales se relaciona con la supuesta obligación de promulgar el convenio UPOV 91, cuyo texto es la base para la formulación de esta ley.  A nivel global, sin embargo, los países más ricos en biodiversidad y con economías agrarias más importantes, NO han firmado el citado convenio ni tampoco reformado sus leyes de semillas. En América Latina es el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, México, Nicaragua y  Paraguay. A nivel global, China, Kenya, Noruega, Nueva Zelanda,  Portugal, y Sudáfrica tampoco lo han suscrito. La mayoría se mantienen como firmantes del convenio UPOV 78 resistiendo las presiones de Estados Unidos.

Este proyecto tiene una relación directa con “obtenciones” de la biotecnología desarrolladas a partir de los recursos genéticos del país, pero jurídicamente el proyecto no cautela la protección de ese patrimonio. Chile no cuenta aún con una Ley de Biodiversidad y aunque signatario del Convenio de Biodiversidad, es uno de los dos países latinoamericanos que no ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Tecnología. Tampoco ha ratificado  el Protocolo Suplementario de Nagoya (2010) sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados. Chile incluso es punto focal de este tratado, con Javier García como representante del Ministerio de Medio Ambiente en este Protocolo sobre acceso, de carácter suplementario al de Cartagena. No ratificarlo es grave porque el proyecto que analizamos, aumenta las facilidades para el ejercicio de la biopiratería.

Cualquier planta medicinal y/o de uso tradicional por comunidades campesinas e indígenas, podría ser registrada fácilmente por un obtentor si no es  comercialmente conocida, no está inscrita en un registro oficial y  se  le introduce un cambio cosmético. Posteriormente el dueño del registro podrá  impedir el uso de esa planta medicinal por la comunidad, alegando que es una variedad derivada esencialmente de la anterior o que no  es claramente distinta de la que él ha manipulado (artículos 5, 6 y 7). 

Chile  tampoco ha firmado un segundo Protocolo Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Tecnología, llamado Protocolo de Nagoya/Kuala Lampur Sobre Responsabilidad y Compensación, cuyo objetivo es “contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, proporcionando normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación con los organismos vivos modificados”. Este último instrumento ya fue firmado por Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú, entre otros (http://bch.cbd.int/protocol/parties/).


Situación actual del Registro de Obtentores
Desde el año 1996 Chile ya cuenta con un registro de obtentores vegetales y a la fecha existe un total de 707 variedades de especies agrícolas, frutales, ornamentales y forestales registradas, según SAG. Un examen del registro permite afirmar que los obtentores son en su gran mayoría empresas extranjeras. Es así como del total de 141 variedades protegidas de especies agrícolas, Semillas SZ (de varias empresas holandesas)  ha registrado 27 variedades. Monsanto ha registrado 22,  en tanto que ANASAC detenta 14 registros para empresas propietarias también extranjeras, de Nueva Zelanda, Francia, y Australia.  Monsanto obtiene royalties por distintos tipos de arvejas, cebollas, cilantro, frejol, lechuga, melón, pepino y tomate. Las variedades de ANASAC son para forraje: ballicas, pastos y tréboles, más trigo harinero. Semillas SZ por su parte ha registrado 22 variedades de papas.

La transnacional Bayer tiene 6 obtenciones de alcachofa, a través de la semillera Nunhems. Junto a Monsanto forma parte de ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas que ha desarrollado un intenso lobby a nivel parlamentario y de la prensa a favor de este proyecto de ley. 


En el rubro de las especies ornamentales no hay obtentores chilenos. De las 99 variedades registradas, 93 lo son por Holanda. Entre ellas está la alstroemeria, obtenida a partir de una especie nativa chilena, sin que ello signifique para el país ningún tipo de royalty.
Los obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo el ex presidente de ANPROS  Erick von Baer, cuya empresa sigue siendo miembro de la directiva de los semilleros, quien registra el mayor número de variedades: de cebada, avena, quinoa, entre otros. El INIA y Fundación Chile son las únicas entidades públicas que figuran en el registro actual, el primero con apenas 10 obtenciones, y Fundación Chile con 1.  Agric. Panam Seed Service detenta 7 variedades de maíz, Alliance Semillas tiene 2 de frejol y Anasac una de trébol rosado.

En frutales, que concentra el mayor número de variedades (461) hay sólo 23 variedades en manos de empresas o entidades chilenas.   Casi la mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y universidades norteamericanas. Entre la decena de países  que registran variedades en Chile, están  Nueva Zelanda (40), España (30), Francia (23), Israel (20). La frutilla, de la cual Chile es centro de origen, está registrada por empresas de Estados Unidos (24) y España (3 obtenciones). Como se ve, unos pocos países del norte global monopolizan el negocio de los registros y sus respectivos royalties.

Es llamativo que en el registro actual del SAG no figuren las plantas medicinales, lo cual explicaría el lobby empresarial para cambiar la ley e incluir también este tipo de especies, junto a otros aspectos que aseguran una mayor renta para este negocio que ya es una próspera realidad. La extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas citadas y asegurar la expansión de los monocultivos a costa de la pequeña agricultura familiar campesina.
Este proyecto de ley contradice las nuevas políticas de la FAO que a partir de la declaración de 2014 como “Año de la Agricultura Familiar Campesina” está impulsando en América Latina y el mundo, iniciativas de respuesta al problema del hambre y a los desafíos planteados por el cambio climático a realizarse con comunidades de la agricultura familiar.


Promoción de farmocultivos
Este proyecto de ley no exige inocuidad para las nuevas obtenciones, y en su mensaje de introducción (Artículo 1) sostiene que  generará condiciones para el desarrollo de cultivos que actúen “como biorreactores generadores de vacunas”, es decir para la producción  de farmocultivos a partir de especies alimentarias. Este tipo de cultivos transgénicos a campo abierto están prohibidos en la mayor parte de los países del mundo por el riesgo de que contaminen los cultivos de la misma variedad alimentaria. En Chile el  Departamento de Genética de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Santiago  está desarrollando experimentos de tomate transgénico como vacuna contra la hepatitis y el cólera, proyecto que este tipo de ley viabiliza. Hay que recordar que Chile es centro de origen del tomate que se usaría como vacuna, y exporta productos derivados de este cultivo. Según ODEPA (Boletín“La Industria de la pasta de tomate”) el año 2013 el país exportó US $ 108.274.354 (valor FOB) en productos derivados del tomate. La expansión de este tipo de cultivos transgénicos significaría un riesgo para ese tipo de exportaciones alimentarias dado el peligro de contaminación de las variedades no transgénicas por la variedad (farmocultivo o vacuna) que incluiría toxinas peligrosas.

La mayor rentabilidad del negocio entregada por este proyecto puede atraer inversión en este tipo de farmocultivos  con efectos altamente negativos para el conjunto de la agroindustria exportadora, similares a lo ocurrido con la miel. Es útil recordar que los consumidores de los países desarrollados adoptan en forma creciente patrones alimentarios que incluyen el rechazo de este tipo de alimentos por los riesgos que conllevan a la salud (efecto crónico ligado a cánceres y otras enfermedades).

Quién gana con la ley
Este proyecto beneficia fundamentalmente a los obtentores de semillas híbridas y transgénicas, un negocio cuyas reglas han sido abordado por el Congreso en un paquete de tres leyes relacionadas entre sí: el convenio UPOV 91, ya aprobado, la Ley de Obtentores, y la ley de Bioseguridad que de ser aprobada, sancionaría la expansión del negocio de los transgénicos hacia el mercado interno.
No es casual que sea ANPROS la principal agrupación gremial interesada en la aprobación de esta ley y de las otras dos. Su interés es asegurar mayores ganancias y garantías para ese sector, en desmedro de otras actividades agrícolas expuestas a la contaminación de sus productos por los cultivos transgénicos.  La  publicidad de ANPROS busca convencer al parlamento y a la sociedad de que el negocio de exportación de semilla es sumamente importante para la economía del país, en circunstancia que en realidad alcanza aproximadamente a los 400 millones de dólares anuales, una cifra muy  menor en relación a las exportaciones totales del sector silvoagropecuario, que en 2012, alcanzaron a los US$12.315  miles de millones (ODEPA, Panorama 2012).
ANPROS ha expuesto en la Comisión de Agricultura a favor  del convenio UPOV 91, y ha estado en dos oportunidades  presionando por la aprobación de la ley de obtentores. Las tres leyes mencionadas favorecen al mismo sector ya mencionado y su efecto a largo plazo impactará negativamente en el sector agroexportador que hoy día tiene una importancia central en el país.

Quién pierde con la ley
En la temporada 2011-2012 se certificaron en Chile un total de 111.218 hectáreas orgánicas (Odepa, Agricultura Orgánica 2011-2012). Las exportaciones de este sector están creciendo pero la consolidación del sector exportador de semillas transgénicas representa un peligro evidente para el desarrollo de este tipo de agricultura, que por definición no utiliza insumos químicos (agrotóxicos) ni semilla transgénica.  También afecta la exportación de semilla convencional.

En  e l artículo 1 del  mensaje de introducción a esta ley se menciona  que este instrumento legal permitirá trabajar en la obtención de variedades orientadas al estrés hídrico, lo cual no se ha logrado en ningún país, a pesar de décadas de ensayos. Pero la transnacional Syngenta no necesitó de esta ley y ya está desarrollando este tipo de experimentos con maíz transgénico en el  valle de Azapa  Esos cultivos, sumados a los semilleros de exportación de maíz transgénico existentes en las regiones VI y VII  ya están poniendo en riesgo la integridad de las razas de maíz propias de este país y en general, de los cultivos convencionales de maíz.
Alemania rechazó recientemente una partida de maíz exportado desde Chile,  por estar contaminado con maíz transgénico NK603 (2/05/2013), que se exportaba como maíz convencional, lo cual fue informado por la prensa alemana. http://www.schleswigholstein.de/MELUR/DE/Service/Presse/PI/2013/0513/MELUR_130502_Saatgut.html

No fue la primera vez, esto también ocurrió en 2001, 2005, 2009, 2010, 2011.  Este tipo de incidentes impactan negativamente en las exportaciones agrícolas de Chile, y existe el peligro de que se comiencen a exigir certificaciones europeas, como ha sido el caso en la miel.

Por otra parte, este proyecto de ley no ha sido discutido por los pueblos originarios de Chile, como dispone el Convenio 169.  El Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre el convenio UPOV 91 observó que corresponde al Congreso llevar adelante ese proceso, cuestión que no se ha cumplido hasta el momento, aunque muchas organizaciones indígenas ya se han pronunciado en contra. Citaremos entre otras, la Red de de Semillas Libres del WallMapu, de la zona de la Araucanía, y organizaciones aymara del norte.

En síntesis, este proyecto de ley apunta a fortalecer un sector productivo de tipo monopólico y altamente contaminante porque utiliza agrotóxicos y semillas transgénicas, en desmedro de los productores orgánicos, agroecológicos y convencionales, y en detrimento del patrimonio genético de Chile y particularmente de sus comunidades campesinas e indígenas. Esta ley operará teniendo como elemento auxiliar el mercado y las instituciones del agro, que con su accionar aseguran en la práctica el desplazamiento de las semillas campesinas y locales y su reemplazo por las alternativas certificadas, ya sea híbridas o transgénicas para la exportación.

Como Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas consideramos que esta ley debe ser rechazada, porque  los intereses de los obtentores vegetales ya están suficientemente protegidos por la actual Ley de Semillas, Nº 19.234. Llamamos a Uds., como parlamentarios y miembros de la Comisión de Agricultura del Senado, a discutir y aprobar leyes a favor de la biodiversidad y la agricultura sustentable, y a impulsar la ratificación de convenios como los protocolos ya citados, emanados de Naciones Unidas, con el objetivo de proteger la biodiversidad y el valioso patrimonio genético del país, y de asegurar el derecho de los campesinos e indígenas a contar con semillas tradicionales, libres de patentes, transgénicos y plaguicidas,  y a producir nuestros alimentos en forma sana y segura, con métodos agroecológicos.

Lucía Sepúlveda Ruiz, encargada del área de Semillas y Transgénicos de RAP-Chile
María Elena Rozas, Coordinadora Nacional Red de Acción en Plaguicidas Chile

Valparaíso, 8 de julio de 2013

jueves, julio 04, 2013

Comisión Etica denuncia torturas de hoy y premia a luchadores sociales. Informe 2013 “en la senda de la memoria, los derechos y la justicia”




La Comisión Etica Contra la Tortura dio a conocer el 3 de julio, su informe de Derechos Humanos 2013: “En la Senda de la Memoria, los Derechos y la Justicia: 1973-2013, Cuarenta años de lucha, resistencia y construcción”, publicado por Editorial Quimantú, que enfatiza en la práctica de la tortura como respuesta a las demandas del movimiento estudiantil y del pueblo mapuche en su recuperación de tierras ancestrales y defensa contra megaproyectos. Memoria, denuncia, canto y acción se dieron la mano en el lanzamiento, que también homenajeaba a quienes hoy exigen en democracia el fin del lucro en la educación, a luchadores cuyas vidas están entroncadas con la defensa de los derechos humanos, y al canto libre que ha acompañado esos combates.
La actividad tuvo lugar en el auditórium de la Radio Universidad de Chile, en Santiago, premiando a luchadores sociales con las medallas “Obispo Fernando Ariztía” (co-fundador de la Vicaría de la Solidaridad); “Danielle Mitterrand”; “Juan Pablo Jiménez” (obrero y sindicalista asesinado en 2013); “José Huenante Huenante”, detenido desaparecido (2005); “Olof Palme” (Ex Primer Ministro Sueco), “Manuel Gutiérrez” (asesinado en agosto 2011) y “Enrique Pérez Rubilar” (ícono de la lucha por los ddhh en la Araucanía, fallecido en 2012).
Los galardonados fueron  la Hermana María Inés Urrutia, quien fue parte del Movimiento Sebastián Acevedo en dictadura y vive en la población La Victoria; Diego Vela, Presidente de la FEUC; Andrés Fielbaum, Presidente de la FECH;   Enrique Núñez, destacado miembro de la CECT de Valparaíso;  la dirigente secundaria Eloísa González; el Conjunto Illapu, en la persona de Roberto Márquez; y Martín Almada, luchador por los DDHH de Paraguay.
Emocionada, Ximena Acevedo,  la viuda de  Juan Pablo Jiménez dirigente  de la empresa Azeta,  entregó la medalla a Enrique Núñez señalando que  la familia Jiménez y el país han pagado un precio muy alto para lograr que la gente despierte ante los abusos. “El quería un mundo mejor y nos dejó una huella marcada con sangre”. Agradeció a los estudiantes que junto a la Comisión Etica, se han hecho parte de su llamado por justicia y verdad ante ese asesinato. “La memoria duele, pero obliga a la acción”, sostuvo a su vez Núñez, recordando que es la ética la que debe impulsar al ser humano a rechazar la impunidad. Roberto Márquez, de Illapu, enarboló su guitarra para agradecer la premiación, y llamó con su canto a “abrir al sol todas las puertas, vamos, hay que andar!!” La dirigente  secundaria Eloísa González aseguró que la medalla recibida de manos de Gerson, el hermano del joven Manuel Gutiérrez asesinado en una protesta, era para el propio Manuel y todos los secundarios movilizados, mencionando especialmente a quienes han sufrido secuestro y tortura en los últimos tiempos. Calificó los últimos episodios represivos como “el desalojo de nuestra democracia” y llamó a construir un camino de lucha junto a estudiantes, profesores, padres, y trabajadores y el conjunto del pueblo chileno.
El macizo informe (de más de 200 páginas) fue comentado por el Académico de la Universidad de Chile, historiador Sergio Grez Toso y por Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo y director de la Radio Universidad de Chile. Fue calificado por Sergio Grez como “instrumento de combate”, mientras que Cárdenas afirmó que su lectura “aumentaba la vergüenza de vivir en un país que queremos, pero en el que se prolonga la aplicación de la tortura”. Sergio Grez se refirió a la construcción de los movimientos sociales destacando que hay elementos como la solidaridad que están volviendo a aparecer en forma germinal, junto con ciertas incursiones en la desobediencia civil. Ambos panelistas  se refirieron a la ilegalidad de la actual constitución. “Se requiere voluntad política y liderazgo para cambiar la Constitución”, precisó Grez, luego que sostuvieran que el panorama descrito en el informe arranca de la permanencia de la herencia de la dictadura en todos los planos.
El informe
La Comisión Etica pasa revista al estado de los derechos humanos en los 40 años transcurridos desde el golpe militar, señalando que en pleno siglo XXI hay nuevos testimonios de  la práctica de tortura. Considera urgente tipificar este crimen en las leyes chilenas y poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención contemplado por el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional Contra la tortura ratificada por Chile en 1988. Plantea que ello debiera hacerse con medidas dirigidas a grupos etáreos, de género, pueblos originarios y zonas de aislamiento geográfico, todo ello con participación de la sociedad civil en los mecanismos que se diseñen en esta política pública. Rechaza la criminalización de los movimientos sociales, destacando que la lucha por el derecho a la educación, contra el lucro  y en defensa del territorio y los recursos naturales, es la nueva cara de los derechos humanos. Por ello llama a los movimientos sociales al autocuidado y a afianzar los lazos de solidaridad entre sí y con los distintos grupos movilizados.  Una plataforma de lucha por la justicia y contra la impunidad es el remate del editorial. Juana Aguilera, coordinadora de la Comisión Etica Contra la Tortura concluye señalando que “son 40 años de lucha, pero también son 40 años de Resistencia y de construcción por un Chile que se levanta desde la Memoria, por los Derechos y la Justicia”, 

En ese marco, el informe dedica un capítulo completo a la represión y tortura al movimiento estudiantil, elaborado por Defensa Secundarios, organización de estudiantes de la Universidad de Chile que cumplen roles de Observadores de Derechos Humanos y Defensores de los estudiantes secundarios movilizados. Once relatos de episodios de violencia policial dirigida a menores o participantes en sus marchas son presentados aquí.  
Dos capítulos están dedicados a sendas ponencias sobre el despojo de los recursos naturales. El antropólogo Raúl Contreras G. analiza la lucha contra el extractivismo minero en Atacama, en tanto que el investigador en arqueoastronomía  Patricio Bustamante D., documenta  la experiencia de la comunidad de Caimanes, también en el norte del país.
La represión al pueblo mapuche
Al igual que en otros años, el grueso del informe de Derechos Humanos documenta la represión en territorio mapuche y exige la libertad de los luchadores sociales mapuche. Un artículo denominado “La lucha de resistencia de la comunidad socioespiritual”,  del académico mapuche Jorge Calbucura, de la  Mid Sweden University,  Coordinador del Centro de Documentación Ñuke Mapu, ahonda y contextualiza el significado de la detención en este período de cuatro machis (sanadoras tradicionales y autoridades espirituales), en tanto que otro capítulo,  detalla la violencia institucional hacia la niñez mapuche, documentada por la Fundación ANIDE. Un listado de 29 prisioneros políticos mapuche, con información adicional sobre  absueltos tras larga prisión y juicios orales, precedido por una crónica sobre el rol de los fiscales y la extensión hacia el sur de la lucha por territorio, de Lucía Sepúlveda R., preceden a una pormenorizada cronología de un año de violencia policial contra el pueblo mapuche registrada y sistematizada por el profesor Manuel Andrade,  de mayo de 2012 a mayo de 2013.

La Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) agrupa a diversas organizaciones y personalidades que desarrollan acciones de defensa y promoción de los derechos humanos en Chile. Fue creada en marzo de 2001, para exigir al Estado la creación de un instancia de Verdad, Justicia y Reparación, y continuó accionando frente a las gruesas insuficiencias de los logros obtenidos a ese respecto y la permanencia en el tiempo de la tortura. La Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) está integrada, entre otras, por Amnistía Internacional; el Observatorio por el Cierre dela Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Chile); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad conlos Pueblos de América (SICSAL); la Coordinación Nacional de ex Presos Políticos; la Agrupación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Cuenta además con representantes en Canadá, Italia, Bélgica, México, Alemania, Francia y Suiza.